Resumen
Este artículo documenta la oposición a la minería en Honduras, un país al
borde del “auge minero”, producto de la aprobación de la nueva Ley de Minería
en abril del 2013. El movimiento surgió en la primera década del siglo XXI en
respuesta al establecimiento de dos minas industriales, y enmarca el acceso
al agua no contaminada como requisito para la vida y el sustento –un cuadro
discursivo que se basa extensivamente en los impactos negativos de la operación
a cielo abierto de Goldcorp en el Valle de Siria, Honduras, donde se registran
graves problemas de salud–. Esto resuena fuertemente en las comunidades rurales,
ya que dependen del acceso al agua para la continuación de sus modos de vida. En
contraste, la industria extractiva y el Gobierno central no tienen este nivel de éxito
al intentar convencer a las poblaciones locales de los potenciales beneficios de la
minería. Debido a la falta de políticas para lograr un diálogo con el Gobierno central
desde el golpe de Estado del 2009, el movimiento antiminero se ha enfocado en la
búsqueda de oportunidades a nivel local, motivando a las comunidades a declarar
sus municipios libres de minería a través de cabildos abiertos. Sucesivamente,
donde medidas legales fallan en lograr el consentimiento de las comunidades para
proyectos mineros, frecuentemente se empuja la “frontera extractiva” a través de la
criminalización de oponentes y la amenaza de violencia.