La muerte digna en el Estado de Derecho costarricense: acercamiento al suicidio asistido.

Dignified death in the Costa Rican Rule of Law: Assisted suicide, a liberal version.

Jorge Quesada Jiménez[1]

Fecha de recepción: 23 de marzo de 2019

Fecha de aceptación: 17 de agosto de 2019

Resumen

El abordaje del suicidio asistido es tan escaso como controversial. El autor propone tratarlo desde el ámbito penal costarricense, de tal suerte que se considere su inclusión al ordenamiento jurídico, no solo librando de responsabilidad a quienes brinden colaboración, sino promoviendo una conversación abierta y una formación especializada, que deriven en el desarrollo de insumos técnicos apropiados para regular los bienes jurídicos en juego.

Palabras Clave: Suicidio asistido. Dignidad. Autonomía. Vida. Muerte. Médico. Sanción penal.

Abstract

Assisted suicide is as rare as it is controversial. The author puts it forward from the Costa Rican criminal sphere, with a liberal version, in such a way that its inclusion in the legal system is considered, not only relieving those who provide collaboration, but promoting open conversation and specialized training that allow it to be approached with the rigor that the legal rights involved require.

Key words: Assisted suicide. Dignity. Autonomy. Life. Death. Doctor. Criminal penalty.

Las siguientes líneas tienen como pretensión principal desmitificar la muerte. No se entienda por ello banalizarla, ni promoverla, sino verla como algo normal e inevitable, pero fundamentalmente, como algo propio. Bajo esa perspectiva, se propone que ciertas personas[2] puedan optar libremente por finalizar su ciclo vital, y que el Estado, como garante de derechos fundamentales, no vuelva la cara o se torne intransigente cuando entra en conocimiento de dicha elección. Lo anterior parte del respeto y la protección de la autonomía y dignidad del ser humano, e incluso, como se expondrá más adelante, de la integralidad de la vida misma. Lograr esta idea en el plano material requiere, entre otras cosas, el quitar la amenaza de una sanción penal a los médicos y médicas, así como promover la preparación para que, también desde un ámbito de libertad, se pueda ejercer dicha labor de manera idónea.

De acuerdo con lo anterior, el propósito general de estas líneas es promover la despenalización de la asistencia para suicidarse en Costa Rica -en tanto sea realizada por profesionales certificados, y bajo protocolos previamente establecidos-[3], para lo que se deberá: interpretar los bienes jurídicos que están en juego, definir si la legislación actual es proporcional, y finalmente, sintetizar las ventajas de una modificación normativa.

De previo a desarrollar los objetivos anteriormente expuestos, resulta necesario contextualizar la discusión. Así, según nota realizada en el marco del “VIII Congreso Latinoamericano de Prevención del Suicidio: El Rostro Humano del Suicidio”, efectuado en nuestro país:

“Cada año se suicidan en el mundo 800 000 personas y en Costa Rica ocurre un promedio de 318 suicidios al año. Por eso se dice que hay un suicidio al día. Sin embargo, esta cifra casi se quintuplica si se toman en cuenta los intentos suicidas, que ascendieron a 1408 en 2015, según datos del Ministerio de Salud.”[4]

Es decir, la sociedad se enfrenta a un hecho recurrente, asentado en el día a día, y sobre el que se debería reflexionar más, y principalmente, proponer más. Entonces, con base en lo anterior, se aboga por una charla abierta, objetiva y responsable sobre el suicidio, ya que como se ha señalado desde la Organización Mundial de la Salud, “El tabú, estigma, vergüenza y culpa hacen poco claro el comportamiento suicida. Dirigiendo esto proactivamente, los sistemas de apoyo de salud y la sociedad pueden prevenir el suicidio.”[5] (La traducción es propia).

Bienes jurídicos involucrados

Estamos ante una discusión pluriofensiva o, dicho de otra forma, que puede tocar fibras sensibles de múltiples personas que estiman que hay bienes jurídicos absolutos, o al menos, irremediablemente superiores a cualquier otro. Reconociendo lo anterior, acá se intentará dejar de lado esa visión inamovible de las cosas, y se partirá de una óptica distinta: toda actividad humana que constituya el ejercicio de un derecho fundamental (incluyendo vivir), pero que afecte otros derechos (propios o ajenos) de igual jerarquía (aunque ello sea en abstracto), para ser normada o interpretada, requiere una valoración integral. Esta ponderación, nos dice la doctrina, está estrechamente ligada con la proporcionalidad:

“Es claro que la cuestión se hace más complicada en los casos de colisión entre dos o más tipos de bienes o valores jurídicos, recogidos mediante el enunciado de principios o de mandatos de optimización. En estos supuestos, Robert Alexi alega que su Teoría de los Derechos Fundamentales, en cuya virtud la mayoría de ellos han sido configurados bajo la estructura de principios o mandatos de optimización, tiene como punto de partida el principio de proporcionalidad, y sus tres contenidos.”[6]

Y es que como se verá más adelante, cuando hablamos de vida humana, dignidad y autonomía, la decisión de qué debe regir en ciertos supuestos, se torna harto compleja. Así las cosas, y antes de analizar estos tres bienes jurídicos, valga un breve resumen sobre los subprincipios del principio de proporcionalidad:

“En este sentido, y conforme a la doctrina alemana, el principio de proporcionalidad está integrado, a su vez, por tres subprincipios: el de idoneidad, el de necesidad, y el de proporcionalidad en sentido estricto. En lo que al primero de ellos se refiere, el acto emitido debe ser el adecuado para cumplir con el objetivo propuesto. Paralelamente, respecto del segundo subprincipio, la disposición tomada debe ser la menos gravosa para la esfera jurídica del derechohabiente. Por último, debe existir una justa medida entre las desventajas que los medios implican y las ventajas que se conseguirán si se cumplen los fines propuestos…”[7]

En esa línea, al ser una de las pretensiones de este trabajo determinar el lugar que ostentan en circunstancias específicas, principios como el de autonomía y dignidad humana frente a la vida, se procederá a interpretarlos, para luego efectuar un análisis desde la guía establecida en el párrafo anterior.

No obstante, previo a desarrollar lo expuesto, debemos apuntar que, en este documento, el derecho a disponer de la vida se asigna a ciertas personas en concreto, y no a todo aquel que la ostente en términos jurídico-biológicos[8]. Así, en primera instancia, se parte de una edad mínima de 15 años, misma en la que, por ejemplo, una persona menor de edad está sujeta a las más fuertes penalidades en materia penal juvenil[9], o bien, que tiene legitimidad para ser parte procesal cuando sus intereses están en juego[10]; y luego, se llega hasta un punto definido no en términos numéricos o etarios, sino a un estado de salud en el que no exista una enfermedad grave e incurable (en cuyo caso el ordenamiento jurídico nacional prevé el homicidio por piedad),[11]o una condición que impida tomar una decisión libre. El derrotero inicial (que podría ser depurado en una discusión más profunda del tema), está marcado por parámetros de objetividad normativa, y el segundo, por la idea de que el suicidio asistido, a diferencia de otras figuras que pretenden otorgar a la persona una muerte digna, no busca intervenir ante circunstancias médicas adversas, sino ante una decisión personal.

De acuerdo con lo señalado, es importante recalcar que hay situaciones particulares (incluyendo no tener capacidad de obrar o capacidad jurídica),[12] en las que decidir sobre la propia vida es materialmente imposible, o bien una idea carente de respaldo suficiente. Sobre esto último, pero referido a la eutanasia, aunque con bastante aplicabilidad al objeto de estudio, se ha dicho que:

“[…] la autonomía personal a la que se hace referencia exige una serie de condiciones: a) que sea intencional; b) que se realice con suficiente conocimiento y comprensión adecuada de la situación y de sus consecuencias previsibles; c) que se produzca con ausencia de control externo en sus diferentes grados y d) autenticidad, esto es, fidelidad sustancial con su biografía moral y su actitud general ante la vida y los demás (autocontrol de sí mismo, responsabilidad ante sí mismo y los demás, solidaridad).”[13]

No obstante, cuando esta cualidad si está presente, limitarla resulta un despropósito. A mayor abundamiento, se ha entendido la autonomía como “la regulación personal de uno mismo, libre, sin interferencias externas que pretendan controlar, y sin limitaciones personales, como por ejemplo una comprensión inadecuada, que impidan hacer una elección”[14], de cuyo respeto no está exento el Estado.

Los anteriores insumos permiten plantear varios cuestionamientos, pero especialmente, llevan a preguntarse cuál es la importancia que debería tener en un Estado de Derecho, el respeto a la libertad de decisión sobre lo personal. En este tema, se concuerda con Ferrajoli cuando hablando sobre el aborto, señaló que prohibirlo no es únicamente una limitación de obrar, sino una carga arbitraria de hacer:

“Es claro que todo esto contrasta con todos los principios liberales del derecho penal, en virtud de los cuales ya no se permite que el derecho penal constriña a un hacer y menos aún que imponga opciones de vida y concepciones morales, pero también con el ya recordado principio kantiano del valor de la persona como fin y no como medio para fines ajenos.”[15]

Aquí debe aclararse que, aunque no es la permisividad sobre el suicidio lo que está en discusión, puesto que una vez cometido de propia mano, no hay a quien juzgar, y en caso de ser fallido, su juzgamiento fue declarado inconstitucional,[16] lo cierto del caso es que ha quedado un remanente de moralidad difícil de comprender, que se refleja en que, cuando quien desee cometer dicho acto de forma menos violenta, acompañado y con niveles menores de sufrimiento, desee apoyo, no lo encontrará en el Estado, pues este considera que la vida, sin importar cómo se esté viviendo, es más importante que la autonomía y dignidad de las personas.

Lo anterior nos lleva a puntualizar otro gran principio en juego: la dignidad humana. Aunque normalmente la entendemos como una asignación de un valor intrínseco a cada persona, o de una cualidad otorgada por convención para el respeto de nuestros derechos fundamentales,[17] tendemos a darle más énfasis a ese valor natural que a la segunda parte de la acepción. Al final, con independencia de que sean intrínsecos o no, el tema es que nuestros derechos fundamentales nos pertenecen, y el Estado, como mínimo, no debería limitarlos irracionalmente. Sobre ello, y particularmente, sobre el concepto de muerte digna, se ha dicho que:

“El respeto a las personas implica, evidentemente, que dicho respeto se mantenga en la proximidad de la muerte. Pero, en la expresión que acabamos de mencionar, el empleo del término dignidad es signo de otra lógica. No se trata ya de afirmar el valor que se debe reconocer en toda persona, independientemente de sus particularidades, sino, al contrario, de establecer un vínculo entre la grandeza humana y ciertas capacidades y condiciones de vida. Dignidad viene de designar las capacidades de decidir y de obrar por sí mismo, lo que podemos llamar autonomía e independencia, y la calidad de imagen que se ofrece de sí a los demás”.[18]

Análisis de proporcionalidad

La interpretación hecha hasta acá tiene como intensión fundamental definir, si el no permitir a cierto grupo de médicos, debidamente autorizados y preparados, asistir un suicidio, es coherente con el principio de proporcionalidad que debe regir todo acto público.

Para ello debemos plantearnos que, aunque la ausencia de una norma que exima de responsabilidad la asistencia al suicidio, busque respetar la vida,[19] es evidente que no ha sido el medio adecuado para cumplir con el objetivo (idoneidad), pues como se vio en un inicio, las cifras son importantes, y además, van en aumento.[20] Ello tiene una relación de causalidad específica alertada por la Organización Mundial de la Salud, relativa a la dificultad de abordaje y prevención que se da cuando el tema es considerado un tabú, y consecuentemente, propio de ámbitos clandestinos. A pesar de que existan clínicas de intervención y programas de ayuda, mientras quienes valoran la posibilidad de acabar con su vida, sientan vergüenza o incluso una presión social que tacha su sentimiento de anormal, lo cierto del caso es que buscar apoyo quedará de lado.

Por otro lado, es importante resaltar que si bien al argumento que señala que “no existe un deber de vivir y que, incluso un tercero puede acabar con la vida de otro siempre que medie su consentimiento”[21], se le ha contrapuesto la idea de que la vida es un derecho fundamental de gran envergadura, y por consiguiente, “no se puede dejar al arbitrio de terceros”[22], debe advertirse que la crítica utiliza un concepto que hace que la objeción caiga por su propio peso. Así, si la arbitrariedad es definida como el “Acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes dictado solo por voluntad o capricho de su autor, sin un razonamiento suficiente y sin explicación bastante de las razones en que se basa o careciendo esta de cualquier fundamento serio”[23], es claro que en el caso de un médico, debidamente certificado, y que atienda a protocolos previamente establecidos, no estaríamos ante un proceder unilateral (pues sería autorizado por el titular de la vida), y tampoco carente de pensamiento, motivación o caprichoso (ya que debe atender a la lex artis).

De acuerdo con lo anterior, consideramos que dar apertura al tema, así como participación a personas con vocación de servicio para el mejoramiento integral de la salud de sus pacientes (aunque sea en el último tramo de su vida), es más idóneo que evadir lo que sucede, por cuanto habrá una valoración multidisciplinaria, científica y segura, tanto de la decisión manifestada por quien la emite, como del medio con el que se ejecute, si es que finalmente sucede.

Ahora bien, debemos preguntarnos si las disposiciones existentes son las menos gravosas para la esfera jurídica de los derechohabientes. A la anterior interrogante se debe responder, tanto desde la perspectiva de quien desea morir, como desde la posición del médico. En el caso del primero se considera que, aunque como se refirió anteriormente, la tentativa de suicidio fue despenalizada, lo cierto es que artículos como el 115 y 116 del Código Penal, constituyen una mordaza para expresar su sentir, y de ser necesario, concretarlo en situaciones donde se sienta respetado. Con la lógica existente en nuestro ordenamiento, se han establecido normas que riñen con la autonomía y la dignidad de quienes desean finalizar con su vida, pues no se les permite trasladar su consentimiento y, además, se les obliga a tomar medidas violentas como ahorcarse, lanzarse de puentes, chocar contra objetos fijos, o desangrarse, so pena de que, en caso contrario, otro ser humano tenga que cargar con las consecuencias de su deseo.

Por otro lado, en el caso de las personas profesionales en el área de la salud, la norma presenta la posibilidad de sufrir una de las mayores consecuencias que puede tener un ser humano, como lo es la pena de prisión, (que incluso puede llegar a los cinco años), y, además, les plantea un dilema ético. De esta forma, si bien el Código que regula su actuar les recuerda que la vida es inviolable,[24] y que respetarla tiene un valor espiritual,[25] lo cierto es que una somera lectura de otras normas del propio ordenamiento, entienden que la vida no es un derecho absoluto (verbigracia, la legítima defensa), y que, pese a que vivamos en un Estado confesional, la definición de políticas públicas no puede ser un asunto celestial, sino marcadamente humano. Así se ha establecido que:

“Según la ética singeriana, nadie está obligado a vivir por imperativo divino, sino que cada cual tiene el derecho de disponer de su propia vida. En principio, no se puede disponer de la vida de otro ser humano, pero sí se puede disponer de la propia vida. Cuando el cómputo de sufrimientos y de bienes que uno es capaz de evaluar resulta negativo o desfavorable para el sujeto, Singer considera que no hay ninguna razón para que deba permanecer en la existencia.”[26]

Incluso, reforzando lo anterior, nos preguntamos si es que acaso debería estar obligado el o la médico a preservar la vida, sin importar lo que la rodea. Dónde quedan otros deberes de la persona profesional, como el velar por la salud de quien acude por sus servicios, entendida como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”[27]; o es que acaso podemos hablar de una correcta actividad médica cuando hay vida forzada, y no salud.

En fin, la norma, lejos de ser la menos gravosa, pone a un grupo de profesionales que podrían abordar el tema de otra forma, entre la espada y la pared, y nos revela algo gravísimo de nuestra lógica legislativa: Está bien sacrificar la vida si existe una amenaza a la propiedad, pero nunca, si está en riesgo la dignidad o autonomía.

Lo expuesto a este punto, nos permite determinar que no existe una justa medida entre las desventajas que la penalización de la asistencia al suicidio implica, y las ventajas que se pretenden conseguir. No observamos un equilibrio entre la protección ciega de la vida, aunque conlleve el detrimento de otros derechos fundamentales, si al final los suicidios escalan. No se considera balanceado evitar que personal técnico y capacitado intervenga en una situación límite, como el deseo o la idea de morir, y a la vez promover, aunque sea de manera indirecta, el secretismo, la violencia y el dolor que suicidarse en la clandestinidad plantea. Como lo refiere Singer:

“Si se cambiaran nuestras leyes para que cualquiera pudiese llevar a cabo un acto de eutanasia, constituiría un peligro real la ausencia de una línea clara entre los casos en los que se puede matar de manera justificable y aquellos en los que no; sin embargo, esto no es lo que proponen los partidarios de la eutanasia. Si los actos de eutanasia solo se pueden llevar a cabo por un miembro de la profesión médica, con el acuerdo de un segundo médico, es poco probable que la propensión de matar se extienda de forma incontrolada por toda la comunidad. Los médicos ya poseen gran poder sobre la vida y la muerte a través de su capacidad para no aplicar un tratamiento.”[28]

Entonces, ¿por qué legalizar?

Finalmente, resta por preguntarnos qué es lo que sucede cuando ciertas conductas, que históricamente han sido invisibilizadas, encuentran regulación. ¿La experiencia de países desarrollados, o con mayores índices de desarrollos que el nuestro, respecto a figuras como el aborto, la eutanasia, o el propio suicidio asistido, ha sido negativa?

Según Aníbal Faundes, presidente del grupo de trabajo de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), y con fundamento en los datos recogidos por el médico de la OMS, Dr. Iqbal Shah:

“[…] los antecedentes de muchos países que han dejado de restringir el aborto muestran que este temor no tiene asidero en la realidad. Es el caso de Francia que, luego de 3 o 4 años de oscilación tras la legalización del aborto, disminuyó sus tasas en 20% o Italia que 20 años después de la legalización redujo sus tasas a cerca de la mitad. Otro caso es Turquía: los datos de la Encuesta de Demografía y Salud, seguidos por un periodo de 20 años, demuestran lo mismo.”[29]

Además, el texto insiste en la clandestinidad como negocio, y en la diferencia que implica que sea el Estado, mediante políticas públicas, el que pueda activamente contribuir con sus administrados y administradas:

“el aborto clandestino es comercial; quien se dedica a esto le interesa ganar dinero y parte de su negocio es que la persona regrese por un segundo aborto. Pero cuando el aborto pasa a ser institucional, el aborto deja de tener un objetivo de comercial. Al Estado, a los servicios de salud, les interesa que la mujer no regrese por un segundo o tercer aborto, sino que adopte métodos anticonceptivos. Entonces las mujeres que tienen un primer aborto reciben educación, información, anticonceptivos y seguimiento. Es decir, las mujeres adoptan la anticoncepción y no se exponen a un segundo o tercer aborto, por lo que estos se reducen. Cuando el aborto es penalizado este se multiplica y no al revés”.[30]

Extrapolando lo anterior a nuestro caso, no es entonces viable pensar en un Estado abierto a entrar en contacto con quienes desean acabar con su vida, y eventualmente, con bases científicas, entender mejor las razones de esas decisiones, valorar si son libres y consientes, dar acompañamiento, y finalmente, respetar la totalidad de bienes jurídicos en juego

Sobre el tema en estudio, un gobierno como el holandés, pionero en el respeto a los Derechos Humanos, lleva tiempo buscando dar pasos más allá:

“En la actualidad, el debate en los Países Bajos gira sobre la eutanasia en un contexto de vida completa, o lo que también se conoce como el suicidio asistido para personas cansadas de vivir. La gran diferencia con lo que se ha hecho hasta ahora es que los casos de eutanasia siempre deben tener una base médica. El cambio reconocería el derecho a morir a aquellas personas que consideran que su existencia "está completa". Esta forma de eutanasia no está regulada por la ley y el Gobierno holandés tiene ya un proyecto de ley presentado en el Parlamento que deberá ser debatido en la futura legislatura.”[31]

Consideramos que es el momento de ser coherentes con lo que promulgamos. De cumplir, más allá de los textos, con el respeto de derechos y garantías a las que nos hemos obligado. Es tiempo de enfrentar realidades sociales y humanas dejando de lado preceptos religiosos, morales o de cualquier índole subjetiva. Legislar con mayores ejercicios de ponderación, y no solo mediante cálculos o intereses. Es hora de pensar en los demás.

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World Health Organization. “Preventing suicide: a global imperative”. Luxembourg, 2014.

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[1] Licenciado en Derecho. Egresado de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica. Abogado analista del C.E.I.J.

[2] Aspecto que se delimitará más adelante.

[3] Lo que implicaría reformar el artículo 115 del Código Penal, disponible en: Asamblea Legislativa, “No. 4573: Código Penal; 04 de mayo, 1970”, artículo 116, Sistema Costarricense de Información Jurídica, http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=5027&nValor3=113014&strTipM=TC#ddown

[4] Universidad de Costa Rica, Especialistas Latinoamericanos sobre el Suicidio Analizarán Situación Regional en Encuentro en Costa Rica. Noticia, 26 de septiembre de 2018, consultada el 04 de Octubre, 2018, en https://www.ucr.ac.cr/noticias/2018/09/26/especialistas-latinoamericanos-sobre-el-suicidio-analizaran-situacion-regional-en-encuentro-en-costa-rica.html

[5] World Health Organization, Preventing suicide: a global imperative. (Luxembourg, 2014), 32.

[6] VÍCTOR EDUARDO Orozco Solano, La Ponderación como Técnica de Interpretación de las Normas sobre Derechos Fundamentales: Una Sentencia Emitida por el Tribunal Constitucional Español en Materia de Libertad Religiosa. Ubicado en Revista Judicial, Costa Rica, N° 109, 2013. Página 30. Consultado el 06 de octubre de 2018, en http://www.corteidh.or.cr/tablas/r31074.pdf

[7] Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de amparo: voto 2313-2009; 13 de febrero 2009, 13:23 horas”. NEXUS, consultado el 06 de octubre, 2018, en https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-444307

[8] A efectos del ordenamiento jurídico costarricense, y según lo apuntado en el Curso de Medicina Legal de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, impartido por el Dr. Franz Vega Zúñiga, se entiende por ello desde la anidación del producto de la concepción hasta la muerte.

[9] Asamblea Legislativa, “No. 7576: Ley de Justicia Penal Juvenil; 08 de marzo, 1996”, artículo 4, Sistema Costarricense de Información Jurídica, consultado el 09 de octubre, 2017, http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=19385&nValor3=87449&strTipM=

[10] Asamblea Legislativa, “No. 7739: Código de la Niñez y Adolescencia; 06 de enero, 1998”, artículo 108, Sistema Costarricense de Información Jurídica, consultado el 09 de Octubre, 2017, http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=43077&nValor3=107852&strTipM=TC&lResultado=5&nValor4=13&strSelect=sel

[11] Dicha figura está contemplada en el artículo 116 del Código Penal, y aunque se considera que también deberían existir modificaciones al respecto (sustituyéndola por la eutanasia), no se profundizará en ello por no ser el tema central del artículo. La norma puede consultarse en: Asamblea Legislativa, “No. 4573: Código Penal; 04 de mayo, 1970”, artículo 116, Sistema Costarricense de Información Jurídica, consultado el 09 de Octubre, 2017, http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=5027&nValor3=113014&strTipM=TC#ddown

[12] Sobre estos conceptos, LUIGI Ferrajoli, Principia Iuris Teoría del Derecho y la Democracia. Consultado en antología del curso de Medicina Legal de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, Páginas 338 a 342.

[13] ANA MARÍA Marcos del Cano, A Vueltas con la Eutanacia. Consultado en antología del curso de Medicina Legal de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, Páginas 338 a 342.

[14] TOM L. Bouchamp y JAMES F. Childress, Principios de Ética Biomédica. Consultado en antología del curso de Medicina Legal de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, Páginas 113 y 114.

[15] LUIGI Ferrajoli, Principia Iuris Teoría del Derecho y la Democracia. Consultado en antología del curso de Medicina Legal de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, Páginas 337.

[16] Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Acción de inconstitucionalidad: voto 14192-2008; 24 de septiembre 2008, 10:02 horas”. NEXUS, consultado el 09 de octubre, 2018, en https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-482865

[17] La anterior definición responde a una elaboración grupal del curso de Medicina Legal de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, impartido por el Doctor Franz Vega Zúñiga.

[18] FRANCESC Torralba Roselló, citando a P. Verspieren. ¿Qué es la dignidad humana? Ensayo sobre Peter Singer, Hugo Tristram Engelhardt y John Harris. Consultado en antología del curso de Medicina Legal de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, Página 51.

[19] El delito de “Instigación o ayuda al suicidio” es parte del título del Código Penal Costarricense: Delitos contra la vida.

[20] Diario digital crhoy.com, OIJ Reporta Aumento en Cantidad de Suicidios. Noticia, 18 de Septiembre de 2018, consultada el 13 de Octubre, 2018, en https://www.crhoy.com/nacionales/oij-reporta-aumento-en-cantidad-de-suicidios/

[21] ANA MARÍA Marcos del Cano, A Vueltas con la Eutanacia. Consultado en antología del curso de Medicina Legal de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, Página 194.

[22] Íbid.

[23] Real Academia Española y Consejo General del Poder Judicial. Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. (Madrid: Santillana, 2017). Página 217.

[24] Asamblea Legislativa, “No. 39609-S: Código de Ética Médica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica; 22 de Febrero, 2016”, artículo 8, Sistema Costarricense de Información Jurídica, consultado el 09 de Octubre, 2017, http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=81421&nValor3=103834&strTipM=TC&lResultado=1&nValor4=1&strSelect=sel

[25] Íbid. Artículo1

[26] FRANCESC Torralba Rosellón. ¿Qué es la dignidad humana? Ensayo sobre Peter Singer, Hugo Tristram Engelhardt y John Harris. Consultado en antología del curso de Medicina Legal de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, Páginas 144 y 145.

[27] Organización Mundial de la Salud. Preguntas más Frecuentes. Guía, consultada el 04 de Octubre, 2018, en https://www.who.int/suggestions/faq/es/

[28]Singer, Peter. “Ética Práctica”. Consultado en antología del curso de Medicina Legal de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica. Páginas 218 y 219.

[29] Universidad de Chile, Escuela de Salud Pública. Dr. Aníbal Faundes: “Las Tasas de Aborto Bajan cuando este se Legaliza. Noticia, 13 de Noviembre de 2015, consultada el 15 de Octubre, 2018, en http://www.saludpublica.uchile.cl/noticias/117138/dr-anibal-faundes-las-tasas-de-aborto-bajan-cuando-se-legaliza

[30] Íbid.

[31] Diario El Mundo. El Suicidio Asistido Supone el 4% del Total de las Muertes en Holanda. Noticia, 14 de Abril de 2017, consultada el 15 de Octubre, 2018, en https://www.elmundo.es/sociedad/2017/04/14/58f0b29b468aebd63a8b466e.html