“EL DELITO DE PORNOGRAFÍA VIRTUAL Y PSEUDO PORNOGRAFÍA EN EL CÓDIGO PENAL DE COSTA RICA”

 

“THE CRIMINAL OF VIRTUAL AND PSEUDO PORNOGRAPHY IN COSTA RICA CRIMINAL CODE”

 

MSc. Soledad Cortés Sandí[1]

 

Fecha de recepción: 18 de diciembre de 2019

Fecha de aceptación: 27 de abril de 2020

 

Resumen

 

El texto pretende abordar el tratamiento jurídico y de política criminal que se le ha dado al delito de pornografía virtual y pseudo pornografía desde su introducción en el artículo 174 bis del Código Penal costarricense, así como demostrar los vicios de constitucionalidad que presenta su redacción. Para estos fines, se reflexiona acerca de los estudios de política criminal y la técnica legislativa utilizada en la formulación de tipos penales de pornografía infantil mediante el estudio de derecho comparado con la legislación espaĖola, además de un breve análisis sobre la falta de bienes jurídicos protegidos por este numeral.

 

Palabra claves: Política criminal en delitos sexuales, política de cero tolerancia en delitos sexuales, reformas legislativas en materia de delitos sexuales en Costa Rica, pornografía infantil, pornografía virtual, pseudopornografía, pornografía técnica.

 

 

 

Abstract

 

The text aims to address the legal and criminal policy treatment that has been given to the crime of virtual pornography and pseudo-pornography since its introduction in article 174 bis of the Costa Rican Penal Code, as well as to demonstrate the constitutional flaws that its wording presents. For these purposes, this article criticizes criminal policy studies and legal techniques used in the formulation of criminal felonies of child pornography, through the study of Spanish comparative law, in addition to a brief analysis of the lack of protected legal assets by this numeral.

 

Key Words: Criminal policy in sexual felonies, zero tolerance policy, legal reforms in Costa Ricaęs sexual felonies, child pornography, virtual and pseudo pornography.

 

I.               INTRODUCCIÓN

El presente artículo tiene por finalidad estudiar el abordaje que se le ha dado en la legislación costarricense al delito de pornografía virtual, técnica y pseudopornografía, desde que se introdujo el artículo 174 bis en el Código Penal costarricense, donde se evidencia que en la práctica no existió un estudio de política criminal para la creación de estas conductas, y tampoco, el Ministerio Fiscal, definió la forma en qué se iban a perseguir este tipo de delitos.  Se trata de hacer un estudio de derecho comparado con la regulación espaĖola sobre la materia.

 

Para ello se hace un breve recorrido sobre la política criminal que permea la creación de tipos penales donde resulten ofendidos los menores de edad, y porqué los criterios moralizantes se encuentran a la orden del día ante la introducción de dichos delitos. En un segundo apartado se estudia de manera puntual los diferentes conceptos que congloban la pornografía infantil, indicando los problemas técnicos y dogmáticos que tiene la inclusión de algunas conductas donde no aparece de manera concreta un menor de edad, pero que se asemeja al mismo, y la carencia de bienes jurídicos penalmente protegidos que tienen estas conductas.

 

Para arribar a una conclusión ineludible sobre los vicios de inconstitucionalidad que presenta la redacción misma del artículo 174 bis del Código Penal costarricense, por alegarse de principios medulares que informan el proceso penal y que tienen asidero constitucional, como lo es el principio de tipicidad y lesividad.

 

II. Reflexiones sobre la política criminal en la regulación de los delitos de pornografía infantil

 

Es necesario considerar la dificultad existente en cuanto a la regulación de las libertades sexuales en cualquier sociedad, pues, confluyen una serie de aspectos que generan gran polémica, tal y como ocurre con los límites a la sexualidad de los menores, sobre todo ante la irrupción de nuevas tecnologías.

 

Debemos tener un punto de partida ante el análisis de este tipo de delitos, así en primera instancia, tal y como lo expresa (Sanz Mulas, pág. 259 y 260) es propio de los régimenes totalitarios buscar dirigir la conciencia y manipular el ámbito interno de las personas. Un régimen fundamentalista intentará por todos los medios imponer sus creencias (cristianismo, islamismo, hinduismo, judaísmo, etc) y como instrumento se busca incidir en la moral de cada persona para imprimir determinados patrones,  así se imponen conductas de “pudor religioso y castidad” en el marco de los delitos sexuales, donde se introducen más criterios moralizantes que bienes jurídicos de necesaria protección.

 

De ahí la importancia de que los legisladores tengan un especial cuidado, de no caer en el deliz de grabar sus propios prejuicios,  en la regulación de determinadas conductas sexuales, los cuales pueden atentar contra el propio Estado de Derecho.

 

Ahora bien, con respecto al manejo de las TICs por parte de los menores de edad, la doctrina especialmente (Livingstone, pág. 19) los reconoce desde tres esferas distintas en su relación en la Red, primeramente, como receptores de contenidos que son distribuídos por internet. Segundo, como participante de una situación interactiva que muchas veces es iniciada por un adulto, y tres, como actor de una situación interactiva, esto es, como iniciador o perpetrador de la conducta.

 

Dentro de este esquema, partimos que los menores deben ser considerados como sujetos activos en la red, y no meramente pasivos o receptores de información. De ahí, que resulte oportuno que las opiniones de los menores de edad tengan una incidencia concreta en la creación de legislación sobre la materia, esto mediante instrumentos como encuestas,  focus groups, etc, que permitan conocer de forma cercana su interacción con la red.

 

Internet es una herramiento poderosa de aprendizaje, y no permitirles utlizarla sería tan nocivo como dejarles su uso por la libre.  En ese sentido coincidimos con (Díaz Cortés, 2018, págs. 141, 142) “se puede analizar el internet de manera positiva, como una oportunidad. Por ejemplo como una herramienta que sirve para ejercer derechos como la educación respecto al aprendizaje, la libertad de información y expresión en la participación y compromiso social; la libertad de expresión en creatividad y expresión social o la libertad de asociación y expresión de la identidad y conexión social”.

 

Los elementos positivos que tiene el uso de la red deben rescatarse, debido a que en los últimos aĖos, las políticas criminales en materia de regulación de delitos sexuales en contra de los menores de edad, tanto en EspaĖa como en Costa Rica, ha sido sobre manera reactivas, muchas veces potencializando aspectos negativos de la red de lo que verdaderamente existen, o de todas las bondades que tiene para la educación de los menores de edad.

 

En Costa Rica se ha dado una expansión de tipos penales y agravación de penas en materia de delitos sexuales desde 1994. En cuanto a los tipos específicos de pornografía infantil propiamente, la ley 8590 del 18 de julio del 2007, vino a establecer sobre todo aumentos de penas. Y el delito de difusión de pornografía infantil que se instaura por primera vez en el Código Penal con la ley 8143 del 5 de noviembre del 2001. 

 

Parece que las penas previstas no eran suficientes para el legislador, debido a que con la ley 9177 del 1 de noviembre del 2013, se volvieron a reformar los artículos para aumentar de nuevo las penas y punibilizar nuevas conductas, es mediante esta reforma legal que se introduce el artículo 174 bis denominado de la pornografía virtual y la pseudopornografía, que es objeto de estudio en el presente trabajo.

 

Viendo las estadísticas brindadas por (Observatorio de Violencia de Género, Poder Judicial de Costa Rica, s.f.)dichas reformas no guardan ningún tipo de relación con la realidad, puesto, que según la entrada de casos en las Fiscalías de adultos del país (desde el 2014 al 2018) en materia de delitos sexuales, el mayor número de denuncias ingresan por violaciones, seguida por abusos sexuales conta personas menores de edad e incapaces, luego los abusos contra personas adultas. Esta tendencia la tenemos desde el 2004, donde esta gama de delitos específicamente sexuales son los que más se denuncian.

 

De manera que este incremento de punibilidad en delitos de pornografía, donde se castiga desde la fabricación, producción, reproducción, el transporte o el ingreso al país de material pornográfico de menores (artículo 173), la tenencia y posesión (artículo 173 bis), la difusión (a personas menores de edad y donde aparezcan menores de edad, artículo 174) y hasta la utilización de pornografía donde no hay menores, pero hay dibujos de la cual hablaremos más adelante (artículo 174 bis). Delitos todos que cuentan con montos de penas importantes, empero, que según las estadísticas no son el núcleo del problema del país en cuanto cometimiento de delitos sexuales, y tendríamos que preguntarnos si tanta ampliación de la punición en realidad se justifica en el plano de la política criminal.

 

Esto confirma la afirmación de (Sanz Mulas, pág. 287) “cada una de las reformas penales costarricenses relacionadas con los “delitos sexuales” han integrado un elemento sancionador más fuerte, expansivo, o de derecho penal máximo en la aplicación de la ley penal; situación paradójica, porque la misma proliferacion de reformas e inclusiones de tipos penales, ponen en evidencia lo ineficaz de dicho camino para prevenir el delito, lo que inclina su orientación a la mera represeión dura (o cero tolerancia)”.

 

Dichas reformas también ponen de manifiesto la cuestión de moralidad que está detrás de estas conductas, el hecho de ver a los menores de edad como seres inmaculados, incapaces de controlar su sexualidad, vulnerables, que más bien los pone en una situación de poco control de las situación a las cuales se deben enfrentar, “discurso de inocencia que expresa un profundo contenido moralizador” (Ramos Vásquez, pág. 93).

 

Con ello se trata de sustentar la necesidad de protección obsesiva, partiendo de la idea de que todo contacto sexual entre adultos y menores causan daĖos a estos, desempoderando a los menores y causando mitos acerca de su sexualidad.

 

Este panorama invita a reflexionar sobre las conclusiones a las que arriba (Ramos Vásquez, pág. 90 y siguentes) básicamente sobre los mitos y prejuicios que rodean la regulación de los delitos sexuales en contra de personas menores de edad: en primera instancia se concluye por parte del autor que hay una idea permanente de peligro de todo lo que rodea la sexualidad de los menores y su protección no admite matices, ni pruebas en contrario.

 

El castigo de muchas de estas conductas sexuales es una construcción social ideológicamente reaccionaria, que es contraproducente para la vida de los jóvenes, pues se basa más en mecanismos de control que de protección, y agregamos, que no se busca darle herramientas necesarias a los jóvenes para que puedan ser resilientes y sepan reaccionar ante las diferentes amenazas que pueden enfrentar.

 

Además, de que existe una monstruización del pedófilo, ajeno, nos deja frente a dos mitologías: 1. El niĖo inocente (idea de pureza). 2. El monstruo sexual. Cuando las estadísticas reflejan que la mayoría de delitos se comenten por los propios familiares o personas allegadas al menor. Por tanto, más allá de intervenir en esferas on line, o espacios públicos, el énfasis debe ser el entorno del menor, su familia, grupos educativos, religiosos.

 

Las propuestas que se dan on line el nivel de ofensividad es muy baja, es decir, el paso hacia un posterior abuso es baja. Asimismo, los estudios criminológicos demuestran que el autor del delito sexual on line presenta una menor tasa de reincidencia en comparación con los delincuentes sexuales. Por tanto, la política criminal debe dirigirse más sobre el ámbito que rodea al menor, y no crear una política reaccionaria y miedosa del manejo de las redes.

 

Este panorama refleja la importancia de dotar a los jóvenes de herramientas para ser resilientes en el manejo de las TICęs, deben ser interlocutores en la materia, sin adoctrinarlos, ni incapacitarlos para experimentar o desarrollarse sexualmente con otras personas. Así, una política oportuna es enseĖarlos a navegar o utilizar las tecnologías, de forma tal que debemos acércanos más a políticas de orientación, y no de adoctrinamiento.

 

II.              Sobre la técnica legislativa utilizada para la creación de tipos penales de pornografía virtual, técnica y la pseudopornografía

 

El presente trabajo busca realizar un análisis sobre el delito de pornografía virtual y pseudo pornografía insertos en el artículo 174 bis del Código Penal de Costa Rica, en virtud de la reforma introducida por la ley 9177 del primero de noviembre del 2013, el cual se procede a transcribir por su importancia dentro de este análisis de manera literal:

 

“Artículo 174 bis. - Pornografía virtual y pseudo pornografía. Se impondrá pena de prisión de seis meses a dos aĖos al que posea, produzca, venda, distribuya, exhiba o facilite, por cualquier medio, material pornográfico en el que no habiendo utilizado personas menores de edad (negrita no corresponde al original):

a) Emplee a una persona adulta que simule ser una persona menor de edad realizando actividades sexuales.

b) Emplee imagen, caricatura, dibujo o representación, de cualquier clase, que aparente o simule a una persona menor de edad realizando actividades sexuales”.

Ahora bien, a nivel doctrinal se ha tratado de conceptualizar los diversos tipos de pornografía existentes; dichos conceptos se han dado mediante un proceso gradual, y la inclusión normativa viene determinada a través diferentes tratados internacionales, como en el caso espaĖol que se incluye debido a las diferentes directivas europeas y de los Convenios de Lanzarote y el Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia.

 

Entonces, es neceario separarlos en dos grandes categorías, por un lado la pornografía clásica,  (Ossandon Widow, 2014) la define como “aquellas representaciones en que han intervenido menores reales, sin manipulación de imagen y en un contexto pornográfico real, aunque la representación de una actividad sexual pueda ser simulada”. En este caso se habla de la pornografía donde se utiliza un menor real en la escena con connotación sexual, sin mayores alteraciones virtuales.

 

Por otro lado tenemos la  pornografía alusiva a menores que es definida por (Ossandon Widow, 2014) “aquella en cuya elaboración no se utiliza realmente a menores de edad o, utilizándolos, se hace solo de manera indirecta”. Ahora, bien, este categoría es subdividida en tres: pornografía técnica, la pornografía virtual y la pseudopornografía.

 

Siendo que la pornografía técnicaes aquella que se consigue con participación de adultos cuya imagen es alterada para que parezcan menores de edad (suavizando sus facciones, eliminando el vello púbico o facial, usando ciertas vestimentas, etc.)”. En este caso se no se trata de menores de edad, lo cual puede traer consecuencias a nivel de la dogmática penal, pues, se trata de personas mayores de edad, que sean alusivos a personas menores. En este caso se entiende que la modificación de la imagen debe ser suficiente para que la transformación haga parecer a un niĖo.

 

La pornografía virtual o artificiales aquella generada íntegramente en el ordenador”. Debe adicionarse a esta definición, que para efectos penales sea necesario que la imagen sea realista, es decir, que aunque haya sido creada de forma virtual se asemeje en muchas características a un menor, tanto que haga dudar de si es real o creada digitalmente. 

 

La pseudopornografía, “es aquella en que se insertan las voces, fotogramas o imágenes de menores reales identificables, en contextos pornográficos”.

 

Igualmente, puede tomarse como referencia las definiciones indicadas por el Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia, que obligan a los países suscriptores a reformar su legislación para incluir algunas conductas referidas a la pornografía infantil. En este sentido tanto EspaĖa, como Costa Rica son países suscriptores de este Convenio, a saber:

 

“Por pornografía infantil se debe entender: todo material pornográfico que contenga la representación visual de: a. Un menor comportándose de una forma sexualmente explícita; b. Una persona que parezca un menor comportándose de una forma sexualmente explícita. c. Imágenes realistas que representen a un menor a comportarse de una forma sexualmente explícita” (…)

 

Debe rescatarse que el convenio indica que cada Estado puede reservarse el derecho a no aplicar en todo o en parte las letras b) y c) anteriormente descritas.

 

En el artículo de la legislación costarricense bajo examen, encontramos una técnica legislativa que no se ajusta a los parámetros ni de lesividad, ni de una concreción real de la conducta típica que se pretende incluir. Iniciamos este recorrido exponiendo el problema conceptual presentado, el cual genera inseguridad jurídica, nótese como el artículo en su enunciado habla de la supuesta regulación de la pseudo pornografía, mientras tanto, si revisamos los dos incisos regulados, ninguno de los dos corresponde con algún concepto doctrinal de pseudo pornografía, como ya lo estudiamos. En este caso en el inciso A, estamos frente a un caso de pornografía técnica; mientras tanto,  el inciso B, se trata pornografía virtual.

 

De forma tal que nunca se reguló los casos de pseudo pornografía como lo anuncia el artículo. Cabe preguntarse si está falta de regulación genera un vacío legal, se considera con (Guadalupe OĖate, 2019) que no, debido a que si llega a comprobar durante la investigación  que la utilización de alguna imagen, voz,  representación, fotograma en contextos pornográficos reales o simuladas de un menor de edad, la conducta encaja perfectamente, en el tipo de pornografía infantil clásica debido a que se utiliza un menor de edad, por tanto, si sería punible la conducta de conformidad con el numeral 173 del Código Penal.

 

Como segundo problema identificado, es la carencia de un bien jurídico tutelado. Es menester indicar, aunque sea de manera somera, que el Código Penal costarricense, no indica de manera expresa cuál es el bien jurídico penalmente protegido, en materia de delitos sexuales en general. Limitándose a indicar en el Título III. Delitos sexuales, dividiéndose en tres secciones: I. Violación, estupro y abuso deshonesto (este último ni siquiera existe, en la actualidad, con ese nombre), II. Rapto. III. Corrupción, proxenetismo y rufianería. De forma tal que se observa una falta de técnica legislativa, y de coherencia sistemática, pues, si el legislador optó por enunciar los delitos desde el encabezado de los títulos, se debió reformar el Código para enunciar los delitos sexuales introducidos mediante las reformas.

 

Si debe decirse que a nivel jurisprudencial se ha establecido que el bien jurídico penalmente protegido en materia de delitos sexuales, tanto en los casos donde los ofendidos sean menores de edad como adultos, es la libertad sexual, por ello, para efectos de este trabajo, del criterio emanado vía jurisprudencia.

 

Los casos concretos de la pornografía infantil en su concepción virtual y la técnica, donde no se utilizan menores de edad, no queda claro qué lesión le crean a la libertad sexual, y a la libertad de cuál menor concretamente. Por ello generan una gran incertidumbre acerca de cuál bien jurídico que protegen. Debido a que si se parte del bien jurídico “libertad sexual” de las personas menores de edad, en virtud de la afectación de su adecuado desarrollo sexual, sendos tipos penales requieren la involucración de menores de edad para que sea lesionado, de manera que estaríamos en casos donde no hay antijuridicidad material de la conducta.

 

Vemos que en el caso de la pornografía virtual se trata de imágenes generadas integralmente por el ordenador, o lo que es lo mismo, se constituyen a partir de patrones irreales. En forma concreta debemos interrogarnos ante la producción de un dibujo, por ejemplo, cómo se lesiona el bien jurídico de la libertad sexual de un menor de edad concretamente.

 

La inclusión del delito de pornografía infantil virtual, se trata de justificar por sus partidarios en el fundamento de que en el futuro la creación digital de las imágenes puede ser igual al de la realidad. Por tal razón, debe requerirse por parte del tipo penal tal similitud, para tener alguna justificación de su inclusión como conducta relevante para el derecho penal, de lo contrario estamos frente a una ampliación máxima de la barrera punitiva, contraria al principio de intervención mínima. Y debe decirse el artículo en cuestión no hace tal diferenciación.

 

El Convenio de Budapest, sobre ciberdelincuencia, del cual parte el legislador costarricense para realizar esta reforma, si requiere que las imágenes sean realistas, y según la Real Academia de la Lengua, significa “tratar de ajustarse a la realidad”, es decir, que esta extensión de la barrera punitiva debe tener algún tipo de contención, y ante ello debe limitarse en requerir que la imagen sea indistinguible de la realidad. Para tener algún marco de referencia se trae a Colación la (Fiscalía General del Estado de EspaĖa, 2016. )justamente, la circular 2/2015 que regula sobre este tema, indica conceptuando sobre las imágenes realistas indica:

 

“aquéllas que se aproximan en alto grado a la representación gráfica de un auténtico menor o de sus órganos sexuales. Por ello, no deberan entender incluídos dibujos animados, manga o representaciones similares, pues no serían propiamente imágenes realistas, en tanto no perseguirián ese acercamiento a la realidad”.

 

La técnica legislativa del artículo costarricense en cuestión, al mencionar que se aplica el tipo penal cuando no se utilicen menores, pero además, que sean dibujos, caricaturas, o el utilizar la frase “representaciones de cualquier clase que aparenten ser menores de edad”; resulta ser excesivamente indeterminado, no se entiende que conductas se procuran penalizar. Lo cual provoca que el mensaje de prevención general que se pretende con el castigo nunca llegue a la población, por más alta que sea la pena, lo cual encuentra sentido lógico.

 

Igualmente, llama la atención que se pretenda una condena cuando el sujeto posea pornografía virtual para su propio consumo. Un ejemplo, si un sujeto desde su ordenador crea un dibujo manga que parezca un menor, y no lo difunda, ni haya peligro de que lo haga, pero, lo tiene en su ordenador puede ser penado por posesión de pornografía virtual, a pesar, de que no existe lesividad, y antes de ello ni siquiera existe bien jurídico.

 

Debemos indicar que causa preocupación un tipo penal tan indeterminado, olvidando garantías medulares del derecho penal como el principio de tipicidad; máxime cuando el propio Convenio de Budapest puso el baremo punitivo en imágenes realistas (ya definidas), y además, dejó a criterio de cada Estado si desean penalizar la posesión privada de este tipo de material, lo cual tendría necesariamente, que ser motivo de reflexión en material de política criminal en los países donde se aplica. A modo de derecho comparado, (Fiscalía General del Estado de EspaĖa, 2016. ) la circular 2/2015 dejó claro que la Fiscalía no perseguirá este clase de conductas, manifestando lo siguiente dentro de sus conclusiones:

 

(…)”habrá de integrarse por “imágenes realistas” de modo que se aproximen en alto grado a la representación gráfica de un auténtico menor, o de sus órganos sexuales. Por ello, no deberán entenderse incluidos dibujos animados, manga o similares, pues no serían propiamente “imágnes realistas”, en el tanto no perseguirían ese acercamiento a la realidad” (negrita no corresponde al original).

 

En el ámbito costarricense el (Memorando Conjunto Nacional 02-2019)emitido por la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, donde aborda el tema de pornografía infantil, solo lo hace desde la óptica de la explotación sexual, sin indicar en qué casos estamos frente a una explotación sexual, o si es en todos los casos y de qué manera se trataría, lo cual ampliaría a un más la persecusión penal, dejando sin determinar la política criminal en cuanto a la pornografía virtual y técnica donde evidentemente, no hay utilización de menores reales, o bien, en casos internos, pues al ser una Fiscalía de Trata se enfocó mayormente, en los delitos de pornografía transnacionales.

 

En el caso de la pornografía técnica, es necesario cuestionarse los casos donde se comprueba que la persona utilizada en la producción se trata de una persona mayor de edad que ha consentido el acto, entonces, cuál es el bien jurídico lesionado en contra de la libertad sexual de los menores de edad.

 

(Guadalupe OĖate, 2019. Pág. 25) analiza este tema a la luz del caso espaĖol, en donde el tipo penal seĖala que el bien jurídico penalmente protegido en caso de los delitos sexuales en contra menores de edad, es la indenmidad sexual, empero, se analiza sobre los delitos de pornografía virtual y de la técnica, carencia de un bien jurídico tutelado, “no protegen menores reales, no evidencian un daĖo o un peligro a víctimas concretas, y no hay lesividad al bien jurídico determinado”. Este autor llega a la conclusión, la cual se comparte “estas conductas al no encaminarse a la protección efectiva de los menores reales, el único fin que tienen es un castigo de los autores (derecho penal de autor) conductas que no afectan a un menor en particular no hay víctimas”.

 

III. Conclusión

 

En definitiva podemos observar como en materia de delitos sexuales los criterios moralizantes permean por mucho la manera en cómo se legisla. Vivir en la sociedad del riesgo, hace que se justifique la inclusión de tipos penales como el que hemos estudiado en la legislación costarricense, donde el hecho de tener al delincuente sexual como a un enemigo social, parece ser la única razón para incluir estos tipos penales dentro de la legislación, sin incluir un verdadero estudio de política criminal.

 

Estamos frente a un claro caso donde la doctrina creada por el profesor Jünter Jakobs del Derecho Penal del Enemigo, nos invade.  Donde se crean tipos penales sin observar las garantías mínimas de la dogmática penal que debe imperar en un Estado social y democrático de derecho.

 

Asimismo, vemos la necesidad de tomar en consideración el mensaje que se pretende alcanzar con la creación de los diferentes tipos penales. Si es un mensaje preventivo especial positivo, o preventivo general. Lo cierto es que la redacción de tipos penales de forma indeterminada, no permite tener un norte claro de lo que se pretende con las conductas a castigar, y por supuesto, que por más que se incluyan tipos penales con este grado de interminación, los resultados siempre serán los mismos, pues, el mensaje preventivo nunca llegará a sus destinatarios, y mucho menos tendrá algún tipo de contención. 

 

Resta decir que el artículo 174 bis, tiene vicios de inconstitucionalidad importantes, entre ellos la violación al principio de tipicidad, pues, no se determina con claridad cuál conducta se pretende prohibir, y tampoco, existe claridad en cuanto al bien jurídico que se pretende proteger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Referencias Bibliográficas

 

Libros y artículos

 

Díaz Cortés, L. M. (2018). Menores e internet: entre las oportunidades y los riesgos. Un punto de partida para entender las políticas criminales. In A. B. Vaquero, Algunos desafíos en la protección de datos personas. Granada, EspaĖa.

 

Guadalupe OĖate, P. L. (2019). Trabajo Final de Máster. Análisis del nuevo concepto de pornografía infantil: una aproximación en su estudio en la legislación ecuatoriana y espaĖola. Salamanca.

 

Livingstone, S. (s.f). La vida online de la infancia. In M. G., & Gedisa (Ed.), Entre Selfies y Whatsapps.

 

Ossadon Widow, M. M. (2014). La técnica de las definiciones en la ley penal. Política Criminal, 9.

 

Ramos Vásquez, J. A. (s.f). Política criminal, cultura y abuso sexual de menores.

 

Sanz Mulas, N. (2017). Manual de Política Criminal. San José , Costa Rica: Editorial Jurídica Continental.

 

Páginas Web

 

Poder Judicial de Costa Rica (s.f). Observatorio de violencia de género contra las mujeres y el acceso a la justicia. Retrieved noviembre 16, 2019, from https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/soy-especialista-y-busco/estadisticas/delitos-sexuales/

 

Circulares del Ministerio Fiscal

 

Fiscalía General del Estado (2016). Circular 2/2015. Sobre los delitos de pornografía infantil tras la reforma operada por LO 1/2015. EspaĖa

 

Fiscalía Adjunta de Trata de personas (12 de junio2019). Memorando Conjunto Nacional 02-2019.



[1] Licenciada en Derecho por la UCR. Máster en Derecho Constitucional por la UNED. Máster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca. Defensora Pública.