Reconsideraciones sobre orden social, poder local y conocimiento antropológico

 

 

José E. Zárate

El Colegio de Michoacán, Centro de Estudios Antropológicos, Michoacán, México

zarate@colmich.edu.mx

 

 

 

Resumen: El objetivo de este artículo es repensar dos nociones que han sido pilares en el tratamiento antropológico de la política: orden y poder local. En particular me interesa reflexionar sobre las posibilidades y limitaciones analíticas de estos conceptos en relación con el avance del neoliberalismo y sus consecuencias en la sociedad local. En particular considerando el contexto de violencia y desestructuración que las instituciones de gobierno han mostrado en las últimas décadas. Para lo cual retomé el trabajo de campo realizado en varias regiones y localidades del centro de Michoacán, México, a lo largo de los últimos años, complementado con una revisión bibliográfica de los estudios de la política local en la región. Los resultados nos muestran las posibilidades y limitaciones de los métodos antropológicos para comprender como, a pesar de la situación de crisis provocada en gran medida por la aplicación de las políticas neoliberales, se construye en la actualidad el orden desde lo local. Al final llego a la conclusión de que la importancia de repensar el utillaje conceptual en la antropología política modernas nos pude permitir captar las múltiples paradojas y contradicciones que se están generando en el mundo contemporáneo y a las cuales las sociedades locales deben dar respuesta.

Palabras clave: violencia; neoliberalismo; utillaje conceptual; reconfiguración social; crisis institucional.

 

Reconsiderations on social order, local power and anthropological knowledge

Abstract: In this article I present a rethinking of two notions that have been pillars of anthropological approaches to the study of politics; namely, order and local power. My specific interest lies in examining the analytical possibilities and limitations of these concepts in relation to the advance of neoliberalism and the consequences of this phenomenon for local society considering, in particular, two contexts: increasing violence, and the processes of destructuring that governmental institutions have undergone in recent decades. To this end, I re-examine fieldwork conducted in various regions and localities in central Michoacán, Mexico, over the past few years, complementing this material with a review of the literature on studies of local politics in the region. The results shed light on the possibilities and limitations of anthropological methods for understanding how order is being constructed from the local, despite the conditions of crisis brought on, in large part, by the implementation of neoliberal policies. The study reaches the conclusion that rethinking the discipline’s conceptual toolkit in light of current studies in political anthropology will allow us to better capture the multiple paradoxes and contradictions that are being generated in the contemporary world, to which local societies must, in some way, respond.

Keywords: violence; neoliberalism; conceptual toolkit; social reconfiguration; institutional crisis.

 

 

Introducción1

 

Repensar el utillaje conceptual en ciencias sociales, y en particular en una disciplina como la antropología, que estudia sociedades diversas y situaciones localizadas en distintas temporalidades históricas, implica, generalmente, un ir y venir entre estudios de caso e interpretaciones elaboradas en otros contextos y con distintos fines. Conlleva también revalorar los conceptos y métodos que tradicionalmente se han utilizado y confrontarlos con las nuevas evidencias empíricas para evaluar su utilidad en situaciones actuales. Por ejemplo, la relación entre orden social y poder ha cobrado un nuevo significado en el contexto neoliberal actual, donde difícilmente encontramos asideros permanentes; sin embargo, seguimos empleando los mismos términos para explicar ajustes, desajustes o cambios en esta relación.

 

Mi interés por repensar conceptos como orden social y poder local proviene de dos fuentes. Una ha sido la evidente incapacidad de las democracias liberales para dar respuestas coherentes al gran desorden creado por el modelo neoliberal de globalización económica, (mayor desigualdad y violencia), sobre todo en regiones donde se habían conformado bajo otro molde2. Otra, el colapso de las instituciones de gobierno sufrido en Michoacán y que se manifestó de manera dramática en el 2014, con la intervención del gobierno federal, el nombramiento de un comisionado que llegó a cumplir las funciones del gobernador electo; además de múltiples ayuntamientos amenazados o controlados por el crimen organizado y un gobernador interino sin capacidad de decisión y subordinado completamente al ejecutivo federal. Así planteado, se trata de un problema de carácter empírico, coyuntural, pero que no deja de tener grandes similitudes con sucedido en otros contextos. En términos de los marcos conceptuales que ha utilizado tradicionalmente la Antropología para el estudio del poder local, es claro que, después de la crisis de los grandes paradigmas, vivida en los años ochenta del siglo XX, el campo de la política se ha diversificado; es notable una multiplicación de los temas de interés, lo que también ha conducido a la intensificación del diálogo con las propuestas de otras disciplinas; además de una reconsideración de las tradiciones intelectuales en que se desarrollan los conceptos utilizados. En este sentido, “orden” y “poder local” serían artefactos intelectuales que refieren a ideales o actitudes ideales, pero que nos son útiles para medir o comparar el tránsito de una situación particular a otra, o tratar de entender y explicar los procesos de estructuración / reestructuración de una sociedad regional. Al hacerlo, pretendemos derivar reflexiones sobre el utillaje conceptual empleado en la antropología de la política y examinar su utilidad y alcance para comprender las nuevas configuraciones sociales que han aparecido en la época actual.

 

El caso del estado de Michoacán no es único, aunque luego de tres décadas de iniciada la transición política es posible hacer un recuento de sus particularidades. Durante este tiempo, hemos vivido un proceso paradójico, en el sentido de que se desmantelaban las frágiles instituciones de gobierno democráticas que estaban en construcción, así como los mecanismos e incentivos de participación social, las cualesdeberían de servir de contrapeso al avance del mercado y de contención a la competencia salvaje que podría derivar en violencia por el control de recursos. Lo particular de este ejemplo es que fue resultado de un proceso fallido de modernización política, que fue detenido y tergiversado por los mismos actores contendientes, que, en un primer momento, lo impulsaron. Me refiero a los partidos políticos y a los líderes, caudillos y personajes públicos relevantes en la política local. Nos enfrentamos ahora a una crisis de las formas institucionales de representación y hemos llegado a un momento histórico en el que no se vislumbran alternativas viables para construir una sociedad más democrática (e igualitaria), al menos por los caminos institucionales que hasta ahora se habían seguido, como la participación mediante los partidos políticos.

 

Luego de una breve descripción del proceso des-organizativo experimentado por el sistema político michoacano, expongo brevemente por qué resulta importante repensar el tema del poder local, asociándolo a la noción de orden social en las condiciones propuestas por el neoliberalismo contemporáneo. Al final de este escrito, no presento una conclusión definitiva, sino, más bien, una serie de ideas para seguir explorando esta problemática.

 

 

La construcción – deconstrucción de las instituciones democráticas en Michoacán3

 

Hasta los años ochenta, el sistema político regional se sustentaba en el corporativismo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), articulado a través de caciques y oligarcas locales quienes controlaban y se beneficiaban de los programas de desarrollo del gobierno federal4. El monopolio de los cargos de representación popular era parte del engranaje necesario para llevar a cabo los proyectos de modernización del Estado y para mantener su prestigio y legitimarse políticamente (Salmerón, 1984). No obstante, al menguar los recursos del Estado, producto de las crisis que caracterizarían a la economía mexicana a partir de los años setenta, su poder también se vio cuestionado; y la demanda por una mayor y más efectiva redistribución de los recursos generó el surgimiento y fortalecimiento de grupos opositores.

 

A finales de los años setenta se abrió la posibilidad de que las facciones y grupos inconformes, en disputa por el poder local, se articulasen con otros institutos políticos y compitieran legalmente por los puestos de representación. Lo que también permitió impugnar legalmente los procesos electorales y la divulgación (sobre todo a través de la prensa independiente) de los conflictos postelectorales5. Si bien los gobernadores tenían cierta cuota de poder que les permitía hacer algunos nombramientos y tomar ciertas decisiones, dependía prácticamente del ejecutivo federal que, después de arduas negociaciones, se reconociera el triunfo de algún partido de oposición. Las consecuencias de esta particular dinámica fueron, durante los años ochenta, movimientos de resistencia, oficinas de gobierno tomadas, luego desalojadas por la fuerza y el establecimiento, en los municipios, de gobiernos paralelos, “ayuntamientos mixtos”6. Con el tiempo, estas movilizaciones representarán una escuela de activismo que se manifestará a finales de los años ochenta.

 

La participación social para abrir el sistema autoritario fue clave en este periodo. Están bien documentadas las manifestaciones de inconformidad y demandas de modernización del sistema. Claras expresiones de esta insatisfacción eran el muy alto abstencionismo electoral7; la emergencia de movimientos sociales amplios, aglutinadores de grandes sectores sociales como el de los campesinos y las comunidades indígenas8, y el de los sindicatos obreros9. Además, las clases medias urbanas, ante la caída de sus niveles de vida, también se manifestaron en esa época, cuando la migración en el estado creció de manera exponencial. Frente a tal malestar, a finales de la década de los años ochenta, las expectativas de lograr un cambio eran muy grandes10.

 

Conflictos políticos y ayuntamientos tomados fueron la norma en el Estado en esa época11. En algunos lugares, luego del enfrentamiento y de la toma de ayuntamientos, los caciques fueron sustituidos por grupos de poder local, los cuales, anteriormente, habían sido sus aliados. En este proceso, actores y grupos que habían adquirido poder a la sombra del régimen de partido único lograron reubicarse o reposicionarse bajo otras siglas partidistas. Hay que destacar que en ese momento había cierto optimismo por lograr un cambio de gobierno que permitiera una redefinición de las políticas públicas y un reencauzamiento del gasto social12. Es esta coyuntura la que permitió el surgimiento de la disidencia al interior del sistema y en particular del partido oficial: la Corriente Democrática (CD), encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas13.

 

A finales de los años ochenta, se vislumbró la posibilidad de una efectiva participación de los grupos excluidos en la toma de decisiones del gobierno. Era claro que se rompía una forma de hacer gobierno y se apostaba por otra: la participación democrática. Empero, para esta nueva forma de gobierno que implicaba el reconocimiento de la participación efectiva, ni los críticos u opositores, formados en la escuela del partido único o en la izquierda caudillista y autoritaria, ni los que controlaban el aparato de estado estaban preparados. Entre muchos de ellos prevalecía la idea de que lo importante era vencer al contrario, tomar el control del aparato de Estado y apropiarse de los recursos públicos, antes que promover un sistema de competencia electoral abierto y competitivo y fortalecer el sistema de participación en general. La gran masa de personas que primero se sumó a la campaña del Frente Democrático Nacional (FDN) y luego al Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989 será, una y otra vez, decepcionada por el comportamiento público de los dirigentes y personajes sobresalientes de este y los otros partidos políticos que participaron en ese movimiento.

 

En la conformación de esta corriente política no solo estaba la confrontación, en términos discursivos, entre un “proyecto entreguista”, de apertura de la economía y las fronteras, y “uno nacionalista”, protector de los intereses de la nación, entendida como un cuerpo único, sino entre actores políticos concretos (con nombre y apellidos) y con intereses propios, incluso personales, que buscaban reacomodo y seguir sus carreras dentro del aparato público (a muchos no les importaban los procedimientos democráticos)14. El Estado mexicano, aunque se mantenía como el gran patrón, estaba en proceso de redefinición de su naturaleza misma. En este proceso, iba a dejar de definirse como un estado benefactor y con un claro compromiso social, para adoptar los valores del neoliberalismo, ahora preocupado por el desarrollo de la libre empresa, la protección de la economía de mercado y, en términos retóricos, las libertades civiles y políticas. No hay que menospreciar el papel de los mismos actores, pues fueron sus intereses particulares los que definieron la dinámica posterior del nuevo instituto político (PRD), que representaba en la entidad la principal fuerza opositora15. Desdibujándose en los primeros años del siglo XXI cualquier proyecto político alternativo que se hubiera tenido. Convirtiéndose, como los demás partidos, en una especie de empresa política (sea de intervención o de participación), contralada por una pesada burocracia, a la que sobre todo le importa su propia reproducción y el control del presupuesto otorgado por el Estado.

 

El proceso organizativo vivido por la sociedad michoacana a finales de los años ochenta, por la participación masiva de ciudadanos sin partido y esperanzados en el cambio, fue uno de los más importantes16. Marcó el inicio de la ruptura definitiva del sistema político tal como se había mantenido por más de medio siglo, y dio lugar a un proceso de fragmentación y recomposición continua de los grupos y sectores sociales, hasta su colapso en la segunda década del siglo XXI. Cuando se llegó al control de territorios por los grupos delincuenciales, coludidos con las autoridades locales y la intervención directa del gobierno federal, “para recuperar territorio”, como lo declaró el Presidente de la República17. Sin duda, una de las mayores crisis de gobernabilidad que haya vivido el estado de Michoacán en el último siglo. No solo se habló de un Estado fallido, también se observó el avance de la delincuencia organizada, la informalidad, la corrupción e ilegalidad en los distintos niveles de gobierno, como un destino trágico al que inexorablemente se avanza.

 

 

Momentos hacia la involución política

 

A grandes rasgos, podemos describir el proceso de involución política o desmantelamiento de la participación popular y de las demandas de apertura democrática, ocurrido a lo largo de dos décadas, de la siguiente manera: de la masiva participación popular que se aglutinó en torno a las demandas de legalidad, representatividad y justicia social (sintetizados en el reclamo de que se respete el voto, en 1989), se pasó a la institucionalización del movimiento y la formación de un partido político (el PRD) con base en las grupalidades existentes (que después ellos mismos llamarán “tribus”) y alrededor de personalidades con intereses propios. Al momento de su nacimiento contaba con la mayor representatividad en el estado de Michoacán; luego se vivió la embestida del ejecutivo federal y del partido de Estado, mediante programas sociales y el hostigamiento a los opositores, lo que incluyó el asesinato selectivo de militantes de oposición. De igual forma, en los años noventa, el gran programa clientelista de Solidaridad (Pronasol) logrará reducir el descontento de la población, mitigar el malestar que se vivía, socavar la base social de la oposición, promover la división al interior de organizaciones y movimientos políticos, y, finalmente, legitimar al ejecutivo federal (al que se acusaba de haber llegado al poder mediante un fraude electoral) y además de construir nuevas redes de apoyo del partido en el gobierno18.

 

La mezcla de estos nuevos ingredientes resultó en una recomposición de las redes clientelares y una redefinición de los mecanismos para formar clientelas políticas, lo que produjo, en la década de los noventa, gobiernos (del estado y municipales) de “coalición”, que se suponía ponían a salvo las instituciones democráticas; sin embargo, al sustentarse en arreglos o acuerdos personales lo que provocó fue un debilitamiento generalizado de las incipientes instituciones democráticas. Frente a gobiernos débiles, los grupos organizados impusieron la presión política como la base para legitimar a las autoridades y permitir la gobernabilidad; de tal manera que la presión y la concesión de ciertos “privilegios” de los gobiernos locales a grupos informales se generalizó a partir de la década de los noventa. El nuevo orden social será resultado de la negociación, entre grupos y actores con intereses propios, y no la construcción y fortalecimiento de las instituciones democráticas y abiertas. Con un sistema de partidos atacado por el mismo ejecutivo federal y nuevos actores contendientes, el resultado fue, a partir de mediados de los noventa, mayor fragmentación social y política, división de las elites regionales y locales y clara intervención del poder económico en las campañas y gobiernos. Se habían modificado tanto los parámetros como los mecanismos mediante los cuales se efectuaba la competencia política entre grupos de poder locales y, por consiguiente, se producía orden social.

 

En los testimonios recogidos en esos años aparece de manera clara la demanda de reconocimiento ciudadano (“que se respete el voto”), sumada a la reorientación del gasto público hacia los sectores más necesitados y que estaban, con las nuevas condiciones que imponía el capital global, entrando en una espiral de pobreza y endeudamiento creciente, (que se manifestó de manera contundente a mediados de los noventa, con el surgimiento de la organización de deudores El Barzón, luego de la devaluación de la moneda nacional). Lo importante es que, hasta principios de los años noventa, una gran parte de la población michoacana creía que mediante la participación democrática se podía modificar esta situación. Este ideal, sin duda moderno o cívico, se trastocó en la práctica tanto por la intervención de los programas asistencialistas vinculados a los gobiernos en turno, como por el comportamiento autoritario de los líderes de la oposición, quienes generalmente terminaban anteponiendo sus intereses al fortalecimiento de las instituciones democráticas.

 

La novedad a partir de los años noventa será la abierta participación de la iniciativa privada, antes sometida al partido oficial y al gobierno federal, ahora, haciendo negocios con el gobierno y alarde de independencia política19. De ahora en adelante, intervendrá de manera directa y abierta, aportará recursos a las candidaturas, publicará declaraciones y adhesiones en los medios, etc. Los candidatos de los diferentes partidos tratarán de negociar y buscar el apoyo claro de ciertos empresarios. Se introduce en la competencia política el tema de la inversión de recursos en las campañas y la búsqueda de ganancia a partir de la ocupación de un cargo público; es decir, la política como negocio. Lo que para el 2000, con la campaña presidencial de Vicente Fox y las posteriores de Felipe Calderón y Enrique Peña, se convertirá en la característica principal de lo que en la actualidad significa “hacer política” o dedicarse a la política. A principios de los años noventa, como un claro reflejo de la fragmentación que vivía el estado se conformarán gobiernos con miembros de distintos partidos e incluso personajes provenientes de la iniciativa privada. La intervención de empresarios y actores económicamente poderosos, mediante la inversión de recursos, se volverá una constante y parte de la normalidad democrática. Es decir, ya para finales de los noventa, se verá como algo normal que los empresarios inviertan y participen abiertamente en la competencia por cargos públicos, bajo las siglas de cualquier partido. Las reglas del juego por la representación pública en el estado habían cambiado. A diferencia de lo que sucedía década y media atrás, cuando solo los representantes “populares”, provenientes de las organizaciones corporativas, podían llegar a ser candidatos, o de otros sectores económicos, pero apoyados por estas organizaciones, ahora será común que los empresarios se conviertan en candidatos o apoyen abiertamente a un candidato que al llegar a ocupar un cargo les conceda algún puesto importante en el gobierno, sea del estado o municipal.

 

Con el avance del nuevo modelo económico (que ya había provocado una gran crisis financiera a finales de 1994) que privilegiaba la integración global, los sectores productivos del estado iniciaron su reestructuración y no será, sino hasta el siguiente siglo, cuando varios de ellos se integren al mercado mundial20. Este desfase, aunado a los permanentes conflictos políticos, provocará una drástica caída en los niveles de vida de grandes sectores de la población, en varias regiones del estado, y la emergencia de nuevos actores sociales, que se sentirán excluidos del sistema político formal representado por los partidos. No es casual que, a finales del siglo XX, aparecieran las primeras manifestaciones violentas del crimen organizado y que, unos años después, estas expresiones empezaran a generalizarse y desbordarse.

 

Luego del proceso electoral, para la gobernatura del estado, de 2012, en el que hubo clara intervención, al parecer en todas las campañas, de los grupos delincuenciales, la descomposición social manifiesta en el aumento de la violencia, en todos sus rubros, y el claro control de grandes zonas por el crimen organizado se aceleró, dejando en evidencia el vínculo entre las bandas de delincuentes con los diferentes niveles de gobierno21. Quedó claro que no existen en la actualidad contrapesos institucionales para abatir o controlar el desbordamiento de la violencia, más allá de los que los mismos grupos locales construyen para defenderse. La fuerza pública (incluyendo al ejército) ha sido utilizada por el gobierno federal de manera poco clara y discrecional. El ejemplo más contundente fue la actuación opaca y bastante polémica, incluso rayando en la ilegalidad, del llamado Comisionado del Gobierno Federal para la Paz, entre 2014 y 2015, nombrado por el Presidente de la República, cuya herencia fue la legalización de grupos armados, de oscuros antecedentes y prácticas totalmente irregulares e ilegales, que a la postre permitió la continuación de la violencia.

 

 

Efectos

 

Tenemos un sistema que se mueve en torno a dos polos; por un lado, la renovación de la idea patrimonialista del gobierno, que en las últimas elecciones se ha hecho más que evidente, y que es ampliamente compartida por los grupos de la delincuencia organizada, como por los grupos políticos de interés que se mantienen en cada municipio. Por otro lado, la concepción de que el orden es producto de la negociación con los grupos de presión y no del fortalecimiento de las instituciones de gobierno. Ambos principios, bastante convenientes para el buen funcionamiento de las empresas capitalistas que ahora operan, casi sin controles en la entidad. En esta coyuntura, se insertan también las actividades tanto informales como ilegales, porque el manejo de montos considerables recursos económicos, en gran medida, les permite entremezclarse y confundirse con otras actividades económicas o empresariales. Como lo señalan Comaroff y Comaroff (2006), para el caso de África, aquí también las bandas criminales, en algunas regiones, “establecen simulaciones de orden social” (p. 5). Sobre todo en un medio en que predominan las actividades agropecuarias y del sector de servicios. En estos ámbitos, la circulación de dinero en efectivo es constante y no pasa necesariamente por las instancias financieras formales; como en algunos lugares y municipios también lo ha sido el dinero de los migrantes,

 

Lo nuevo es que en las competencias electorales siempre aparece la sombra de la violencia, ya sea a través de amenazas reales o de chantajes, por los grupos contendientes, que establezcan alianzas y acuerdos con actores con gran capacidad económica, con el fin de hacer negocios y obtener grandes beneficios, en caso de que ganen, o no quedar “desprotegidos”, en caso de que resulten perdedores de la elección. En este tráfico de presiones e influencias, la circulación de dinero sucio en las campañas se ha vuelto una constante en muchas regiones y municipios. Es ampliamente aceptado que las elecciones las gana quien más dinero invierte, o como se dice popularmente “quien más lana le mete”.

 

Luego de la amplia y profunda ruptura que produjo una reorganización de la sociedad michoacana, durante dos décadas (desde fines de los ochenta hasta principios del nuevo siglo), la sociedad civil quedó más fragmentada de lo que estaba. Por una parte, a la espera de ofertas políticas que se presentan generalmente vinculadas a programas sociales o a ayudas extraordinarias (clientelismo); y, por otra, sumamente escéptica de las instituciones políticas formales, y más creyente en la persona misma y la inversión de recursos en la política. En esos términos, resulta difícil que puedan reaparecer movimientos interclasistas y una sociedad civil activa que incidan en las políticas públicas, que es la condición para que las instituciones modernas se actualicen y funcionen adecuadamente. Teóricamente, lo que permitiría el mantenimiento del orden y la contención de la violencia sería el desarrollo pleno de instituciones impersonales y abiertas que actuaran por encima de los individuos, es decir, el estado de derecho. Sin embargo, en la actualidad, lo único que unifica a la sociedad civil es la demanda de seguridad, pero no hay a la vista ningún proyecto o propuesta política para transformar las condiciones de vida de la mayoría de la población, al menos garantizar la igualdad en la impartición de justicia.

 

Las fracturas y reacomodos que experimentó la sociedad michoacana fueron básicamente en dos niveles. Por un lado, entre las elites políticas (a nivel del estado), se trató de un reacomodo de los grupos de poder locales, no solo políticos, sino económicos; primero, la división al interior del partido hegemónico o de Estado. Luego, la ruptura que se da al interior de los mismos partidos políticos, en especial del nuevo partido emergente, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), igualmente entre grupos de interés, estructurados en torno a figuras políticas regionales (Cuauhtémoc Cárdenas, Cristobal Arias y Roberto Robles Garnica, los personajes más sobresalientes en el estado)22. Aunque debemos señalar que al interior de todos los partidos hubo reacomodos en sus filas, en sus estrategias electorales y en sus formas de participación en el campo político.

 

A nivel local, se exacerbaron las disputas existentes al grado de conducir a la ingobernabilidad a varios ayuntamientos, sobre todo en los años noventa, lo que dio paso a la presencia del crimen organizado. Más que un mero reflejo de lo que ocurría a nivel del estado y entre élites políticas, en el nivel local, las divisiones, conflictos y disputas se entretejieron con la lógica de las siempre tensas relaciones de amistad, vecindad, parentesco, asociación y competencia entre vecinos23. La apertura democrática, aunada al pluralismo emergente, ofreció la posibilidad de que se pasara de un endémico conflicto faccional, bajo las siglas del partido hegemónico, a una confrontación mucho más dinámica entre grupos políticos, teniendo como trasfondo las divisiones y pleitos vecinales, familiares y, sobre todo, entre asociados (antiguos compañeros en las organizaciones corporativas) que habían caracterizado a la sociedad michoacana durante todo el siglo XX.

 

Aunque parezca paradójico, estas dos fracturas se entretejieron (o habría que decir los restos o despojos, de estas dos grandes rupturas) en los albores del nuevo siglo y durante sus primeras décadas, para incidir en la descomposición del tejido social que caracteriza al nuevo siglo XXI y a la transición política michoacana. Es notable el desajuste entre la marcada diferenciación social, cada vez más profunda, y los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana en el espacio público, bastante anquilosados, pero pretendidamente “normales”, como son los partidos políticos actuales; pródigos en la promoción de la competencia electoral e inhibidores de formas de organización y participación ciudadana que funcionen como contrapeso al poder de los grupos de interés que llegan a controlar e aparato político.

 

La discusión de los años noventa en relación con las reformas neoliberales y el tema del desmantelamiento del Estado de bienestar (por ejemplo Gledhill [2003]) se refería básicamente a las empresas sociales y a la reforma de las leyes que garantizaban el bienestar social de la población, pero no propiamente a las instituciones democráticas que no existían o estaban en proceso de construcción y que deberían servir de contrapeso a las reformas neoliberales y sus efectos empobrecedores y depredadores. Ante el posible agudizamiento del descontento social que se preveía al reformarse las instituciones sociales, que habían sido la base de su legitimidad, el Estado neoliberal mexicano propuso ciertos contrapesos institucionales para fortalecer la participación de la sociedad civil, que hasta ahora han resultado claramente insuficientes. No hay que olvidar, como los señalan Narotzky y Smith (2010), que “los neoliberales tienen tanto miedo a la anarquía como cualquiera. Así la cuestión que se plantea tiene que ver con la relación entre orden y gestión –en resumen, gobierno- y ese elemento de la sociedad es el que ahora se confía por su productividad competitiva: la sociedad civil comercializada” (p. x). Por una parte, el discurso de la aplicación de la ley o del “Estado de derecho” que abiertamente se ha visto cuestionado por la intervención de las fuerzas armadas, el crecimiento de la corrupción en el aparato de gobierno, las muestras de clara impunidad de los gobernantes, y la imposición en la práctica del estado de excepción. Por otra, la creación de organismos autónomos como el Instituto Federal Electoral (IFE, ahora Insituto Nacional Electoral, INE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI, ahora Instituto Nacional de Acceso a la Información, INAI), cuya actuación hasta la fecha ha sido bastante limitada y en algunos casos claramente acotada a las exigencias de las fuerzas de seguridad, de los grupos de presión o de los mismos partidos políticos; aunque instituciones loables y necesarias todavía se encuentran bastante controladas por intereses políticos, sea del ejecutivo federal o de los mismos partidos. Parafraseando a N. Fraser (2008), podríamos decir que se siguen utilizando marcos institucionales normales para una época anormal, como si las instituciones por sí mismas cumplieran o pudieran cumplir, con los propósitos para los cuales fueron creadas.

 

 

El Estado y los procesos de integración contemporáneos

 

La implementación de las reformas neoliberales ha producido desarraigo de la población, una gran incertidumbre, la búsqueda de ganancia por cualquier medio, la expansión desbordada de la economía y de las actividades informales e ilegales y una gran violencia. La voracidad del capital financiero y de las grandes corporaciones pareciera no tener límites. Ahora que la mayoría de los estados nacionales ha sido debilitada, de que los proyectos sociales alternativos casi han desaparecido, la llamada sociedad civil resulta mucho más vulnerable. De ahí que cualquier forma de resistencia y organización para protegerse, así sea limitada al contexto local, resulta relevante. Luego de las turbulentas década de los noventa y primera del siglo actual y del desencanto generalizado con la gran movilización y las siglas partidarias de cualquier tipo, han aparecido a nivel local nuevos arreglos o proyectos de revaloración de la vida en comunidad, incluso para migrantes y profesionistas. En algunos casos, la reivindicación de formas de cooperación y colaboración, así como de la búsqueda de reconocimiento (que incluso podría llegar hasta la autonomía) de los grupos locales, representan una alternativa organizada, si bien bastante limitada; aunado a una serie de formas de organización alternas que van más allá de la política formal y que incluyen consejos, guardias comunitarias, incluso la celebración de nuevos rituales o el engrandecimiento de las festividades tradicionales que promueven la solidaridad en torno de proyectos de interés general.

 

En Michoacán, tal pareciera que es a este nivel desde donde se están construyendo las respuestas o contra propuestas al orden neoliberal y, como ocurrió en otros momentos históricos, se genera cierta organización que al menos permite la reproducción social. Sin embargo, es indudable que las sociedades locales son bastante vulnerables y que, desde hace décadas, han entrado en un agudo proceso de reconfiguración impulsadas por sus vínculos trasnacionales o traslocales. Proyectos de cierre y defensa de la comunidad como el de Cherán, que es el caso más conocido y publicitado -aunque unos años antes la comunidad de Nurío había rechazado la realización de elecciones en la localidad y recientemente otras comunidades, como Pichátaro, Sevina y Tanaco, se han organizado para reclamar el control de sus recursos y presupuesto público-, así como el movimiento de las autodefensas, que en su momento álgido, 2013-2014, instaló barricadas en la entrada de múltiples poblaciones, han recibido fuerte apoyo de los migrantes para sostenerse en distintos momentos. También es evidente que una gran cantidad de recursos de los migrantes recae en el sistema de fiestas que en muchas comunidades se ha fortalecido y ampliado gracias a la participación de estos grupos. Si bien, a raíz de la expansión de la violencia, se promovieron varias reuniones de autoridades comunales, prevalece la desconfianza en los liderazgos políticos, así como entre comunidades vecinas, lo que ha impedido la conformación de una organización regional supracomunal y se ha fortalecido la idea de que cada comunidad y sus autoridades sean las responsables de su seguridad. Se trata por lo general de proyectos de organización locales, surgidos de los mismos agrupamientos que conforman las localidades.

 

J. Gledhill (1995), y algunos otros autores como Barry Carr (xxxx), a quien Gledhill cita, al discutir el posible destino de la izquierda mexicana; a principios de los años noventa expresaban claras esperanzas y simpatía hacia la posibilidad de que, con el Tratado de Libre Comercio y la apertura de fronteras, se generaran alianzas políticas “trasnacionales”, lo que no ha ocurrido ni se ve como viable24. Solo en algunos momentos coyunturales, cuando existe un fuerte ataque a los derechos humanos en Estados Unidos, como sucedió con los derechos de los jóvenes llamados dreamers, o hace algunas décadas con las organizaciones de jornaleros mixtecos, es posible observar la emergencia de alianzas interclasistas o interétnicas que traspasan las fronteras nacionales. Sin embargo, hasta ahora la intervención de los migrantes ocurre básicamente a nivel de la comunidad ampliada o trasnacional al utilizar las redes de parentesco y amistad mediante las cuales se insertan en los circuitos migrantes y se dirigen los recursos; es decir, su intervención en la localidad, generalmente se hace a través de las redes de parientes. En las obras públicas también participan los clubes de migrantes michoacanos (mediante el programa tres por uno: estado, comunidad y migrantes), en la remodelación o construcción de las plazas públicos, caminos o de los edificios públicos, incluyendo templos.

 

Al final de su libro Neoliberalism, trasnacionalism and rural poverty, J. Gledhill (1995) pronosticaba:

 

Si la izquierda falla en aprender las lecciones de los años recientes y grandes números de mexicanos son abandonados, e interiorizan los valores del capitalismo actual sin ser capaces de compartir los frutos de un progreso económico que eventualmente se logre, los escenarios para el futuro de México pueden volverse dramáticos: violencia de baja intensidad, una mayor erosión de las relaciones sociales, y un crecimiento de las patologías sociales que afligen al mundo metropolitano (p. 221).

 

Se trató de un pronóstico certero, pero bastante moderado, porque la izquierda falló, la violencia no es de baja intensidad y en varias regiones el tejido social se ha roto casi por completo; de la misma manera, la interiorización de los valores del neoliberalismo corroe a todas las clase sociales y principalmente a los partidos políticos, incluso a los de izquierda. Gledhill no llegó a observar el proceso de desarticulación y distanciamiento en que entró la izquierda mexicana al asumir los valores del neoliberalismo. Tampoco consideraba la capacidad de resilencia o flexibilidad de ciertas comunidades para reproducirse y, en algunos casos, reconvertir o presentar propuestas alternativas a las tendencias disgregadoras del neoliberalismo contemporáneo. Si bien hay algunas localidades prácticamente desiertas, solo pobladas por algunos ancianos, como las de gran parte de la ciénaga de Chapala; otras controladas por el crimen organizado; hay también otras que han logrado fortalecerse y crecer, a la par del mantenimiento de vínculos dinámicos con su contraparte en el exterior. El uso de los medios digitales también ha dinamizado estas relaciones. Como se señaló antes, los recursos de la migración ha incidido en la reorganización del ciclo de fiestas y rituales comunales, que ahora en muchos lugares incluyen a la comunidad extralocal o trasnacional25.

 

Ciertamente, la etapa actual del neoliberalismo se propone ser mucho más agresiva que su antecesora, con un avance incontenible del capitalismo financiero y especulativo y de prácticas depredadoras de los recursos. Si la consideramos en relación con la situación de los trabajadores michoacanos, de lo que se trata es de reducir aún más las condiciones laborales. Para un migrante michoacano, indígena o mestizo, hace una década, el “norte” era el horizonte más alto al que podía aspirar en términos salariales y de condiciones de vida, luego le seguían las oportunidades de trabajo de las ciudades del interior de la república y finalmente el empleo en el jornal, en los campos de cultivo de la tierra caliente o de las zonas agroexportadoras (Dietz, 1999; Gledhill, 2003 [1996]). Desde hace más de una década, con las políticas de criminalización y deportación de los indocumentados, el norte se ha convertido en una opción cada vez menos atractiva porque las condiciones de vida se han deteriorado bastante, no solo los salarios, también el acceso a los espacios públicos y de ocio se han restringido, por temor a ser deportados. Las narraciones de los nuevos migrantes cuentan que viven en cerrados en “trailas”, a la orilla de los campos de cultivo, sin mucha posibilidad de desplazamiento, recluidos, con miedo de que los deporten a ellos o a algún miembro de su familia. De ahí que ahora estén dispuestos a aceptar empleos en las ciudades o en los campos de cultivo con salarios ínfimos y en condiciones de vida más precarias. Esta vuelta hacia el cierre de fronteras nacionales y la criminalización de la pobreza, encarnada en los migrantes, que han adoptado países como Inglaterra, Francia y Estados Unidos, impacta a las naciones que conforman su entorno, cancelando oportunidades y generando mayor desigualdad y violencia. Curiosamente, naciones como México han reformado sus sistemas políticos para hacerlos más democráticos; lo que parecería confirmar la idea de Comaroff y Comaroff (2006, 2013) de que en estas naciones, con un pasado colonial, el avance democrático y la violencia van de la mano.

 

En un medio, como el michoacano, caracterizado por la ausencia de opciones de representación política de organizaciones de la sociedad civil y claramente amenazado por la irrupción de grupos violentos, la organización local que se construye alrededor de los cultos religiosos constituye no solo un compromiso de las personas con su comunidad, sino una posibilidad real de restablecer y fortalecer los vínculos sociales fundamentales para la reproducción de los sujetos mismos. Esto nos ha obligado a repensar el papel que el secularismo ha tenido entre la población rural michoacana26. Si bien, el ataque a la religión ocasionó conflictos violentos en la entidad, durante la primera mitad del siglo XX, no fue suficiente para lograr, en el imaginario popular, la separación tajante entre el gobierno civil y el religioso. Gonzalo Aguirre Beltrán (1981 [1953]), quien estuvo en el estado en los años cincuenta, consideraba que lo que privaba en las comunidades eran las instituciones nacionales de gobierno. No consideró la fuerte imbricación que, en términos de los imaginarios locales, tiene lo religioso y lo civil en cuanto a responsabilidad de las personas, obligaciones hacia la colectividad y vigilancia en la rendición de cuentas, todo lo cual se sintetiza en la concepción de los cargos locales.

 

En este sentido es que debemos reconsiderar el papel que las redes de parientes, vecinos y conocidos juegan en la definición de las comunidades como sociedades abiertas e interconectadas que van más allá del espacio local. Estas relaciones básicas, que se mantienen como la principal preocupación de los migrantes, cumplen un papel fundamental en la inserción de los sujetos en los mercados de trabajo internacionales y nacionales, en el flujo de recursos e información del exterior hacia las comunidades y de las comunidades hacia el exterior. Son estas redes y mecanismos de solidaridad, implicados en el intercambio de bienes y dones que se realiza durante el largo ciclo festivo de las comunidades, los que le dan consistencia a la idea de comunalidad y que permiten su reproducción a pesar de las fuertes tendencias disgregadoras. Se trata de comunidades y localidades plenamente integradas al sistema global mayor, pero que mantienen proyectos de reproducción propios, que de alguna manera defienden frente a la ausencia de opciones de participación y de integración con plenos derechos a este sistema27. La opción de avanzar sus demandas mediante los canales establecidos formalmente fue cancelada, desde los años noventa, tanto por la intervención del mismo Estado, mediante sus políticas clientelistas, como por la incapacidad de los actores contendientes para superar sus intereses personales.

 

 

Utillaje

 

Frente a este panorama, considero que mantener vigentes ciertos proyectos locales, sustentados en la solidaridad y la cooperación voluntaria en esta época, implica un acto de poder, en el sentido de que la organización se genera por la capacidad de las personas, una forma organizativa que en la actualidad es producida y se entreteje con la integración violenta y disgregadora propuesta por el capitalismo global. Se estaría hablando de poder en términos organizacionales; no de relaciones entre personas, sino entre sujetos colectivos con capacidades para interpretar y resistir los cambios ofrecidos por los grupos dominantes. Wolf (2001, p. 375) define “poder estructural” como “capacidades que fluyen desde posiciones, en un conjunto de relaciones, posiciones que están estratégicamente investidas con el poder de controlar el comportamiento mediante el acceso a recursos sociales y naturales”. No es una relación que se ejerza directamente entre sujetos, sino a través de las estructuras, instituciones y colectividades. En este sentido, la violencia sería una expresión de poder a la vez que su negación. Para M. Mann (1991), como para muchos otros autores, la violencia es “el instrumento más concentrado, si no el más contundente, del poder humano” (p. 48). Desde una perspectiva evolutiva, es claro que el ejercicio de la violencia, sobre otras especies o grupos humanos, ha sido un componente constitutivo de la especie homo (y así lo demuestran múltiples estudios de paleontólogos, antropólogos físicos, arqueólogos). De hecho, se ha considerado a la guerra como una de las fuentes primordiales del poder social (Mann, 1991), así como uno de los posibles impulsos para el surgimiento de los Estados. Para las sociedades de antaño, nos dice N. Elias (1994, p. 234) “la guerra era un estado natural”. De igual forma, se ha considerado a la cooperación (como lo proponen las investigaciones de M. Tomasello [2009], entre otros) como el impulso básico en la conformación de la especie y las instituciones sociales28. H. Arendt (2014), desde la filosofía occidental y centrada sobre todo en el papel que la creación de instituciones ha tenido para la especie humana, opone poder a violencia, definiendo a ésta como la negación del poder, en tanto destruye las capacidades organizativas de cualquier grupo social. Lo que desde la perspectiva y la evidencia antropológica resulta contradictorio, aunque no deja de ser sugerente si se le contrapone al desmantelamiento institucional de que hemos sido testigos, tanto por quienes controlan el poder político, como por quienes ejercen la violencia criminal. Por lo que, me parece, que debemos revalorar esta dimensión organizativa del poder, pero que no solo proviene de instancias como el capitalismo, (en nuestros días en su etapa neoliberal), que sin duda, como lo señaló Marx, contiene la fuerza para destruir cualquier vínculo social tradicional y proponer un nuevo sistema basado en el valor económico (la mercancía), sino también de las acciones de sujetos colectivos que generan sus propias respuestas, al modelo de integración propuesto por el neoliberalismo global.

 

El utillaje conceptual para el estudio del poder en la antropología ha estado vinculado a lo social y en particular al orden o, en su sentido más preciso, al gobierno desde los inicios de la práctica antropológica, a finales del siglo XIX e inicios del XX. No es casual que el término “organización social” pronto haya pasado a formar parte del bagaje antropológico (con la reformulación de W. H. R. Rivers [1914] de la obra de Morgan [1870], y luego con el trabajo clásico de Boas [1920])29. Durante un buen tiempo, asumir la existencia de una organización social, que tenía su sustento en el sistema de parentesco, prestó un gran servicio a las investigaciones de campo de la naciente disciplina. Fue utilizado de manera prolífica durante las décadas de consolidación de la Antropología como disciplina académica (Goody, 1995). Sin embargo, hacia los años sesenta, este enfoque resultó claramente insuficiente, sobre todo porque se trataba de explicar los cambios o la situación de inestabilidad que vivían algunas sociedades. Entonces, además de los modelos procesuales, se consideró que en realidad la idea de orden u organización social era un artificio de los antropólogos para explicar el tránsito de un arreglo social a otro, era más bien un “como si”, que en la realidad no existía, pero que los antropólogos construían como hipótesis para explicar la inestabilidad y el cambio social. Aunque habría que añadir que, no solo como investigadores, sino como sujetos históricos, mantenemos un ideal de orden y esperamos que las instituciones nos permitan vivir y reproducirnos en paz. Se supone, además, que, en las sociedades complejas contemporáneas, los procedimientos democráticos representan la posibilidad de apoyar o cuestionar los diferentes proyectos de sociedad ofrecidos por los grupos políticos organizados. La idea de que cualquier sociedad puede ser reconocida como tal, porque cuenta con instituciones propias (que reflejan una idea de orden) que le permiten reproducirse, ha sido parte del quehacer de las ciencias sociales por décadas y parece necesaria para repensar la reproducción social en contextos de violencia, de caos o incertidumbre generalizada y con una fuerte crisis institucional, como la presentada.

 

Pensar en la actualidad, en términos de orden social, no deja ser problemático; sin embargo necesario para entender el ejercicio de la violencia criminal y su desbordamiento. En un mundo que ha hecho del cambio, la búsqueda de ganancia, la competencia y el conflicto los pilares de su reproducción, el orden social parecería solo una lejana posibilidad. Se espera que en nuestras sociedades sean las instituciones, sobre todo jurídicas, las que ofrezcan la posibilidad de imaginar un orden social30. Digamos que son el referente sustancial para medir el desorden; aunque los ideales de orden van más allá de las instituciones y también se encuentran en las colectividades y en las personas mismas, quienes lo imaginan con características propias que pueden incluir, por ejemplo, el ejercicio de la venganza o la reproducción del resentimiento. Sobre todo cuando nos enfrentamos a situaciones de inestabilidad permanente (un fluir continuo, dirían algunos autores) y de evidente desestructuración social como la actual, es posible, e incluso necesario, imaginar otros arreglos sociales, más allá de las normas jurídicas. En este sentido, el “estado de derecho” no solo es una utopía lejana, sino inalcanzable bajo las condiciones actuales. Para la Antropología, a diferencia de la filosofía política, el institucionalismo jurídico es solo uno de los posibles pilares del orden político y en ocasiones ni siquiera el más importante. Pueden existir otros mecanismos sociales (como la venganza, las lealtades tribales o clánicas, pero también la magia, la hechicería o el fetichismo, incluso en las sociedades con Estado, como lo mostró M. Taussig [1995]) que ante la debilidad de las instituciones jurídicas pueden intervenir para producir orden y legitimidad política.

 

Desde que los pensadores ilustrados definieron a la sociedad como un ámbito (o esfera) en sí mismo, distinto de lo político-público y de lo doméstico-privado (que eran los órdenes que reconocían las civilizaciones antiguas, Arendt [2005]), lo “social” o la “sociedad” se convirtió en una herramienta fundamental para reflexionar en torno a las relaciones de dominación; en todo caso, en el centro de las preocupaciones de estos pensadores estaban la naturaleza del poder soberano y las instituciones que lo sostienen. A partir de la Ilustración, se considera que las relaciones de poder y dominio no constituyen una realidad en sí misma, legitimadas por la divinidad, sino que se encuentran inmersas o son parte de relaciones sociales de carácter más amplio31. Se abrió la posibilidad de reconocer la manera particular en que una sociedad se organiza.

 

También propició la reflexión sobre el origen y naturaleza del gobierno y, por consiguiente, dio paso al cuestionamiento sobre la necesidad y legitimidad del poder soberano, es decir del príncipe o Estado; E entonces se pudo cuestionar el origen de la legitimidad del poder del soberano. Si es en la sociedad o en “el pueblo” (otra noción que empieza a tomar auge en la ilustración) donde radica la soberanía, entonces es posible que se pueda exigir responsabilidad y rendición de cuentas a los gobernantes, lo que tiene que ver con el hecho de que estos son conscientes de que su legitimidad, en la realidad, emana de la sociedad y no de la divinidad y que la soberanía reside en el pueblo. Esta idea consolidada con las reflexiones de J. Locke [2005], sobre el gobierno civil32, presupone que es el pueblo o la sociedad civil organizada la que legitima o deslegitima al gobierno, además de que representa un auténtico contrapeso a las arbitrariedades y abusos de los gobernantes. El problema con este planteamiento es que casi en ningún país la sociedad civil está tan organizada ni comparte una ideología homogénea que le permita evaluar de una manera objetiva el comportamiento del gobierno; además, las organizaciones de la sociedad civil deberían ser ajenas a los partidos, que son el instrumento más socorrido de la representación de los ciudadanos, aunque sí deben presionarlos para que realicen reformas para el fortalecimiento de las instituciones de gobierno. No obstante, propició la discusión, sobre otro tema que resulta fundamental para entender el ideal del orden político moderno: el principio de legalidad, que implica el reconocimiento de que puede haber un cuerpo de leyes y reglamentos o acuerdos explícitos y públicos, por encima del soberano o de quien gobierna33. Este principio tiene su expresión clásica en el “contrato social” (carta magna) como fundadora del Estado nación, y, por supuesto, en la idea de que son las instituciones impersonales el sustento del orden social, ya que están por encima de las personas mismas. Sería el núcleo duro del “institucionalismo trascendental”, como le denomina Sen (2015). Desde esta perspectiva, para mantener el orden tanto la sociedad como el gobierno, deben obedecer y respetarse las leyes. El mantenimiento del orden sería resultado del “apego estricto a la ley”, lo que difícilmente se cumple en la gran mayoría de las sociedades contemporáneas. Menos aun cuando el mismo mercado, ahora protegido por los grandes poderes militares y económicos, que en su proceso expansivo busca evadir o saltarse cualquier impedimento legal y no existe (y quizá nunca pueda existir) justicia global que se lo impida. No obstante, en aquellas sociedades donde el sistema jurídico funciona con cierta eficiencia y autonomía absoluta de los otros poderes, puede representar un verdadero contrapoder a los gobernantes corruptos. Los estudios de diferentes sociedades, en distintas épocas y latitudes han mostrado que estos principios, al igual que el Estado, aparecen antes que las democracias modernas y pueden estar presentes, aunque no de manera simultánea, en sociedades tribales (Comaroff y Comaroff, 2006), autocráticas (Sen, 2007), consideradas, por el pensamiento occidental, “tradicionales” o “no modernas”. Para el pensamiento occidental es en la Ilustración cuando se logra su formulación definitiva.

 

Los antropólogos decimonónicos y de principios del siglo veinte, que quizá ni siquiera sabían que estaban haciendo antropología y definiendo una nueva disciplina académica, se encontraban inmersos en el debate sobre el origen del Estado, las leyes y las instituciones mismas. Empero, su aporte fundamental radicó en discutir el llamado “estado de naturaleza” de que partían los pensadores ilustrados, para explicar la existencia del Estado, no desde una perspectiva teórica, sino con una base empírica. Establecieron de esta manera una tradición para pensar el papel de la política, que se continuará hasta nuestros días y que de hecho definirá el quehacer mismo de la Antropología. Los antropólogos de principios del siglo XX mostraron que no es necesario que exista un contrato social para evitar la guerra de todos contra todos, sino que pueden existir mecanismos sociales que permitan dirimir los conflictos y mantener cierta paz social; que ahí donde no se tiene una burocracia o cuerpo especializado de gobierno, existen personajes que sin estar separados del resto de la sociedad tienen autoridad reconocida para dirimir diferencias y, sobre todo, que los códigos de honor, venganza, pago de deudas o establecimiento de intercambios están inscritos en el sistema de tribus, clanes y linajes. Aún en la actualidad, en gran parte de África, Asia y el Medio Oriente, los linajes segmentarios siguen representando una posibilidad de organización o de construir orden, sobreponiéndose a las instituciones modernas. En las últimas décadas de gran efervescencia política en el Medio Oriente y de crisis de las instituciones modernas, son estos arreglos sociales los que cumplen sus funciones.

 

Establecieron que aun cuando no existe escritura, las sociedades llamadas “primitivas” o simples pueden tener sistemas de normas y de aplicación de justicia. Es claro que puede existir orden social, sin leyes positivas escritas y con un gobierno centralizado o con un mando difuso; también que este orden se puede lograr fuera de las instituciones formales y a través de prácticas rituales capaces de generar consenso y solidaridad social. Sin embargo, como una especie de fetiche, seguimos pensando en la vigencia de la ley y de la aplicación de la ley, cuando se ha demostrado que el neoliberalismo ha impuesto el discurso de la ley como una panacea que en la práctica no resuelve los problemas de importación de justicia elementales. En la actualidad, curiosamente, invocamos estos principios, en situaciones de violencia o de extrema corrupción de los gobernantes, y esperamos que funcionen, porque hemos asumido que la experiencia de la violencia es algo extraordinario que no debería de pasar o de estar pasándonos a nosotros. No obstante, realmente hemos vivido muy poco tiempo en paz. Nuestra idea actual de la violencia está bastante limitada, por nuestra experiencia moderna y por el imaginario de la igualdad y de los derechos humanos. Refiriéndose a la violencia y a nuestra idea de violencia, dice C. Taylor (2007) que, de alguna manera, el orden mundial construido luego de la segunda guerra mundial, nos fue alejando de la experiencia de la violencia cotidiana, tal como otras personas, incluso europeos “civilizados” lo vivieron hasta entonces34. Si hacemos una rápida revisión de la historia contemporánea de Michoacán, constatamos que han sido periodos breves los que se han vivido de una paz absoluta; lo que ha prevalecido ha sido la violencia en sus diversas manifestaciones y en algunos lugares se considera parte de su cotidianeidad. Más bien, este desconcierto proviene de que se nos prometió que esta nueva época del mundo globalizado (“unipolar”), dirigido por Estados Unidos, nos traería la paz definitiva, gracias a su eficaz combinación de mercado libre (y expansión capitalista) con democracia representativa (o pluralismo político, con órganos electorales autónomos). Esta fórmula tan amplia no excluía a nadie, o solo los autoexcluidos estarían afuera, porque ahora todas las manifestaciones políticas tendrían cabida35. En nuestro caso, la violencia actual aparece de manera clara como un resultado de la alternancia democrática y de la apertura económica y en particular de la acción de los mismos actores que han conducido estos procesos. El mercado ha terminado imponiéndose a las instituciones políticas y el debilitamiento del Estado no ha sido complementado con instituciones jurídicas globales efectivas que se antepongan a los intereses de los poderes mundiales, sean económicos o militares, ni con el fortalecimiento de la organización de la sociedad civil. Más bien, como lo mostramos para el caso de la transición michoacana, los grupos políticos organizados se encargaron de debilitar la participación popular y la intervención de la sociedad organizada en los asuntos de gobierno. Las respuestas locales, durante décadas, fueron construidas en relación con el marco del Estado y su proyecto de nación, ahora deben de hacerlo además frente al sistema global y los valores del neoliberalismo. De ahí que Fraser (2008, p. 127) considere que solo conformando organizaciones trasnacionales de la sociedad civil se podrá responder a las “estructuras de gobernación” globales.

 

Detrás de esta amplia gama de procesos de composición, recomposición y descomposición social, así como de respuestas, propuestas organizativas, está la reconsideración de aquellos conceptos clásicos como poder, organización, pero también de temas como la esperanza, la cooperación o las creencias de que echan mano los grupos locales y que pertenecen a ontologías que la Antropología ha privilegiado en su quehacer etnográfico y comparativo. Están presentes en los proyectos, si bien a pequeña escala, que las personas comunes construyen en la actualidad. Son nociones que movilizan más a los actores contemporáneos en desventaja que a los proyectos políticos de modernización política y crecimiento económico.

 

Las posibilidades que se abren a partir de estos entrecruces son múltiples, incluso en una misma región. Los proyectos locales de orden al cual nos hemos referido no constituyen en sí mismos una alternativa, solo si los consideramos según la presión ejercida por las grandes empresas y poderes trasnacionales, por controlar todos los recursos naturales y humanos del planeta. La etnografía ha sido la herramienta metodológica privilegiada por la Antropología y en la actualidad debe considerar los procesos concretos tanto de desarticulación institucional, como de negación y ataque a las organizaciones de la sociedad civil, además de la posibilidad o imposibilidad de construir orden “desde abajo”, o desde lo local; con todas las consecuencias que esto puede tener, no es la situación ideal, pero es lo único que se vislumbra en este desolador panorama. Me parece que la finalidad de repensar el utillaje conceptual en la antropología del poder debe de ser: captar las paradojas, mostrar las múltiples contradicciones y diversidad de interpretaciones de lo que entendemos por “orden social” o “poder local”, en tanto ideales que nos pueden ser útiles para comprender las nuevas configuraciones sociales, desde situaciones muy particulares, que está adoptando el mundo actual, tanto en el Sur como en el Norte global, tanto en las democracias consolidadas, como en las nuevas que están siendo desenraizadas de sus antiguos anclajes e integradas a procesos inciertos, débiles arreglos institucionales y poderosas redes de interés.

 

 

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Cuadernos de Antropología

Enero-Junio 2018, 28(2)

DOI: 10.15517/cat.v28i2.34033

Recibido: 18/09/2017 / Aceptado: 29/06/2018

 

Revista del Laboratorio de Etnología María Eugenia Bozzoli Vargas

Centro de Investigaciones Antropológicas, Escuela de Antropología, Universidad de Costa Rica

ISSN 2215-356X