Introducción

La Modernización Nacional llevada a cabo en algunos países de América Latina dio lugar a dinámicas ocupacionales tales como la “modernidad Salarial” (Pérez Sáinz, 2016). Los marcos ideológicos que orientaban la práctica de algunos gobernantes se tradujeron en procedimientos estatales que desembocaron en la absorción de una gran parte de la oferta laboral por distintas instancias del sector público. De esta manera, se institucionalizó el trabajo de dicho sector como una categoría social preponderante a la que se le vincularía el estatuto de ciudadanía social –según los términos de Thomas Marshall (1997); la ciudadanía social moderna que contempla derechos sociales (educación, salud, vivienda, entre otros)– bajo la figura de empleo formal (p. 335).¹

Sin embargo, según Pérez Sáinz y Mora Salas (2004), el empleo formal, y con ello el Estado, no fue capaz de absorber toda la oferta laboral existente; se produjo un excedente estructural urbano que debió generar trabajo por cuenta propia (p. 40). Por lo tanto, los mercados laborales se vieron configurados bajo dos lógicas: una de salarización y otra de autogeneración de trabajo. Como consecuencia, se llevó a cabo lo que Pérez Saínz ha denominado “nudo de inequidades de la formalidad”: empleados formales –trabajadores asalariados vinculados al estatuto de ciudadanía social moderna– y trabajadores informales pugnaban por acaparar oportunidades de empleo formal (2016, p. 165).

Llegada la década de los ochenta, la región latinoamericana se vio atravesada por una crisis de deuda externa que produjo “el agotamiento histórico del modelo acumulativo que sustentó este conjunto de dinámicas” (Pérez Sáinz y Mora Salas, 2004, p. 41). Más aún, la crisis fue, según Pérez Sáinz (2016), al mismo tiempo la crisis del mundo del trabajo, en la medida en que los ajustes estructurales, puestos en marcha para hacerle frente, se llevaron a cabo, de manera preponderante, mediante el mercado del trabajo (pp. 162-164).

El asentamiento del neoliberalismo,² que supuso la transición desde una fuerte participación del Estado en la planificación o, por lo menos, en la intervención de la dinámica económica hacia una especie de liberalización de las trabas impuestas por dicha intervención, se puede interpretar como un cambio en la correlación de fuerzas políticas y discursivas. Por eso, la reconfiguración de los marcos hegemónicos de sentido político se materializó en una relativa mercantilización de antiguos bienes y servicios convertidos en derechos sociales,³ en un “declive relativo del empleo público, la precarización de las relaciones salariales, la empleabilidad como imperativo laboral del nuevo orden neoliberal y la emergencia del desempleo estructural y recurrente” (Pérez Sáinz, 2016, p. 165).

Las consecuencias, en la medida en que se fueron agravando, impactaron el empleo formal,⁴ desestructuraron el vínculo entre trabajo asalariado y ciudadanía social, y, con ello, difuminaron la frontera entre la formalidad y la informalidad (Pérez Sáinz, 2016). Dado el aumento de agentes desplegando prácticas laborales por cuenta propia, el trabajo informal cambió y pasó de haber estado:

Estigmatizado como categoría laboral inferior, rayando en la marginalidad, adquirió protagonismo por medio de la mistificación del término microempresa.⁵ La capacidad de emprender comenzaba a erigirse en el modelo de comportamiento laboral de cara al futuro (Pérez Sáinz y Mora Salas, 2004, p. 41).

Esta transformación de visión se articuló con el sentido común neoliberal que se iba imponiendo sobre la colectividad, “según el cual individuo y mercado iban a desplazar el antiguo discurso en el que clases sociales y Estado eran centrales” (Pérez Sáinz, 2016, p. 164).

En el caso de Nicaragua, tanto la Revolución Popular Sandinista (RPS) como el período que institucionalizó el neoliberalismo influyeron en la reconfiguración de las fronteras sociales y simbólicas en el campo del trabajo. Los procedimientos estatales llevados a cabo tras la transición neoliberal tuvieron impacto inmediato sobre la estructura y correlación de fuerzas en ese campo social. El intento de naturalizar los estragos producidos por tales procedimientos, la lejanía de los marcos legales de competencia económica por parte del gran contingente de agentes laborando en la informalidad y su “invasión” sobre los espacios públicos de la ciudad dieron génesis a una disputa material y simbólica que ha enfrentado a los agentes dominantes del campo del trabajo frente a las personas trabajadoras por cuenta propia; fue una lucha desde “arriba” –desde el campo burocrático, periodístico– y desde “abajo” –desde la vida cotidiana–.

La pregunta que orienta esta investigación es la siguiente: ¿Cómo se han reconfigurado las fronteras sociales y simbólicas que han dividido a los cuentapropistas de los demás agentes del campo del trabajo en el período de 1980-2002? Los objetivos específicos son (1.1) analizar la influencia de la RPS y el ascenso del neoliberalismo en la configuración de la estructura y correlación de fuerzas del campo del trabajo y (1.2) analizar la forma en que se han cristalizado las disputas materiales y simbólicas llevadas a cabo en el seno del campo del trabajo y lo político.

Construcción del objeto teórico

Con miras a construir un objeto teórico que oriente el objeto empírico, tal como sugeriría Pierre Bourdieu (2001a), se tratará de esbozar un marco suficientemente abstracto que evidencie la interrelación o influencia mutua de los procesos y disputas que se producen en el Estado y en los campos del trabajo dominante y subordinado. Para esta tarea se tomarán los aportes de Pérez Sáinz (2016) en torno al “campo de condiciones de explotación de fuerza de trabajo asalariado” y el “campo de condiciones de acaparamiento de oportunidades de empleo”; estos serán incorporados a la perspectiva relacional de Pierre Bourdieu, específicamente a partir de las nociones de campo social y luchas simbólicas.

Es fundamental explicitar que tanto el Estado como los campos de desigualdades propuestos por Pérez Sáinz (2016) serán concebidos como campos sociales. Por un lado, un campo social es un espacio relacional de posiciones de fuerza y poder relativamente objetivadas, cuya estructura y correlación de fuerza se encontrará determinada por la distribución desigual del capital específico que está en disputa (Bourdieu, 2001a, p. 18). En tal espacio de relaciones, los agentes serán diferencialmente situados en posiciones de dominación y subordinación, a condición del volumen y estructura del capital que detentan y sus trayectorias sociales.

Por otro lado, dicha noción hace referencia a un espacio de luchas, es decir, un campo en el cual se generan disputas materiales en torno a la apropiación del capital específico en juego; sin embargo, y de suma importancia, también se producen disputas simbólicas en torno a la manera en que se nombran, definen o clasifican conceptos, objetos, situaciones, jerarquías, eventos históricos y serie de acciones, influyendo en la forma en que tanto los agentes del campo como la colectividad social en general perciben y aprecian la realidad y, sobre todo, a los mismos agentes desigualmente distribuidos en el campo. Bajo ciertas condiciones sociales e históricas de posibilidad, las luchas podrían desembocar en la construcción y movilización de grupos sociales en pro de la conservación o transformación de la estructura y correlación de fuerzas o de todo el orden constituido del campo social correspondiente (Bourdieu, 2001a, p. 124).

Dicho lo anterior y en la medida en que se abordarán los campos dominantes y subordinados del trabajo, es menester agregar, tal y como se mencionó, que hay una estrecha influencia mutua entre los campos laborales y el Estado o, dicho de otra forma, el campo político y burocrático estatal. Esto es así en tanto que los cambios en la correlación de fuerzas políticas y discursivas en el campo político, producto de sus luchas internas, la manera en que desemboca en una determinada materialidad institucional y procedimental y la influencia en las formas colectivas de percibir y apreciar los procesos condicionan directamente la estructura y correlación de fuerzas en los campos del trabajo y viceversa. En consecuencia, no se puede aprehender lo que acontece en el mundo del trabajo sin vincularlo con las luchas en el seno del Estado. Es precisamente esto lo que se trata de abordar en el siguiente apartado.

Campo de desigualdades: campo de explotación de fuerza de trabajo asalariado y acaparamiento de oportunidades de empleo

Siguiendo las reflexiones de Pérez Sáinz (2016) se abordará una breve explicación en torno al campo de condiciones de explotación de fuerza de trabajo asalariado y su variante, en momentos de conformación de un “nudo de inequidades de la formalidad”, de campo de condiciones de acaparamiento de oportunidades de empleo. Las categorías de análisis permiten acercarse a aprehender los procesos que se despliegan en los campos del trabajo.

Por un lado, el campo de condiciones de explotación de fuerza de trabajo asalariado se constituye históricamente a través de procesos de proletarización y de salarización de la fuerza de trabajo. De esa manera, siguiendo a Pérez Sáinz (2016), lo que se encuentra en disputa en dicho campo es “trabajo frente a empleo”, esto es, desde el punto de vista del trabajo, y según la definición de Robert Castel (1999), un trabajo asalariado con estatuto de garantías no mercantiles cuyas relaciones laborales están ampliamente reguladas por el Estado a favor del trabajador y en detrimento del capital (p. 34).

El proceso de mercantilización y desmercantilización (commodification y de-commodification), como plantea Esping-Andersen (1990, p. 6), o desindividualización de la relación contractual de trabajo, como explica Castel (1999, p. 9), alejaría o acercaría más al trabajo asalariado a la condición de empleo formal, a su vinculación con lo que Thomas Marshall categorizó como ciudadanía social moderna, en tanto estatuto jurídico que provee a una determinada categoría social de personas de ciertos bienes y servicios distribuidos por el Estado bajo la forma de derechos sociales (Marshall, 1997, pp. 302-303).

Por su parte, el campo de condiciones de acaparamiento de oportunidades de empleo es una categoría analítica que se refiere a la configuración de un proceso de lo que Pérez Sáinz (2016) llamó “nudo de inequidades de la formalidad”. Fue consecuencia de la incapacidad del Estado de absorber la totalidad de la oferta laboral existente, con lo cual se generó un “excedente estructural” de fuerza de trabajo que tuvo que gestionar, por cuenta propia, la producción de su vida material. Lo anterior resultó en la configuración del mercado laboral bajo dos lógicas contrapuestas: por un lado, una de salarización de la fuerza de trabajo y su relativa inscripción en sistemas de protección social –derecho laboral y seguridad social– y, por otro lado, una lógica de generación de trabajo por cuenta propia, cuyos agentes sociales se encontraban desvinculados, aunque no completamente, del sistema de protección.

En la misma línea, es de suma importancia decir que el grado en que los agentes sociales laborales subordinados del campo del trabajo dominante –de condiciones de explotación de fuerza de trabajo asalariada– y subordinado –de condiciones de acaparamiento de oportunidades de empleo–, logren o no, a beneficio de estos, una cierta intervención del Estado en su papel regulador de la relación laboral, estará condicionado ese derecho por una suerte de relación dialéctica o correspondencia entre una correlación de fuerzas políticas y discursivas en los subcampos del trabajo y en el campo político y burocrático estatal, es decir, por la manera en que desembocan y se objetivan las luchas materiales y simbólicas en dichos campos, influyéndose mutuamente.

Sin embargo, para efectos de análisis se pueden establecer tres momentos de correspondencia. El primer momento se genera cuando hay una sincronización entre el accionar de las élites políticas históricas en el gobierno y el Estado y del capital organizado, es decir, de los agentes históricamente dominantes del campo político y del campo del trabajo dominante –campo de condiciones de explotación de fuerza de trabajo asalariada– y, por lo tanto, una correlación de fuerzas políticas y discursivas favorable para estos. Sin embargo, y en consecuencia, desfavorable para los agentes subordinados de los campos del trabajo: el trabajo asalariado o por cuenta propia.

El segundo momento de correspondencia se genera cuando hay un proceso disruptivo en el campo político, como procesos revolucionarios o reformistas, y los agentes históricamente subordinados de los campos del trabajo avanzan políticamente en su lucha organizativa, por el reconocimiento y la redistribución económica, frente al capital y el Estado; eso genera o reconfigura, en los campos mencionados, la correlación de fuerzas políticas y discursivas a favor de estos y, por consiguiente, en detrimento de las élites históricas.

El tercero es un momento de no correspondencia; asumiendo el punto de vista del trabajo, se produce cuando no hay sincronización entre el accionar de las élites políticas en el gobierno y el Estado y el trabajo asalariado y por cuenta propia organizado. Es decir, hay correlación de fuerzas políticas y discursivas en el campo político que no favorece al trabajo y correlación de fuerzas en los campos del trabajo que le favorece medianamente, en la medida en que hay cierto avance en su lucha política y organizativa.

Se podría decir que el primer momento de correspondencia describe lo acontecido tras el ascenso e institucionalización del neoliberalismo en Nicaragua en los años noventa; el segundo momento podría asociarse con lo producido tras la RPS en los años ochenta; y el tercer momento de no correspondencia con la lucha que el trabajo por cuenta propia organizado en la Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia (CTCP-FNT) está llevando a cabo frente a la colectividad social en general y el Estado nicaragüense en pro de su reconocimiento social. A continuación, se ahondará en cada uno de los procesos mencionados.

Primer momento de correspondencia

En el primer momento de correspondencia se producen dos procesos. Por un lado, en un lapso histórico de corto plazo, se genera una sincronización en las maneras que los agentes históricamente dominantes del campo político y del campo del trabajo dominante perciben, aprecian, definen, clasifican y nombran discursivamente la realidad del mundo social y, específicamente, de los campos laborales y sus divisiones objetivas, es decir, los agentes sociales diferencialmente situados en sus espacios relacionales de fuerza y poder relativamente objetivados. La sincronización, tal como sucedió tras el ascenso e institucionalización del neoliberalismo en Nicaragua, desemboca en la configuración de prácticas estatales que materializan en el Estado una definición negativa de bienestar y de los agentes sociales subordinados de los campos laborales. Objetivan un desconocimiento social de los agentes del trabajo, desvinculan la categoría social de personas trabajadoras asalariadas y por cuenta propia del componente de ciudadanía social, desregulándose estatalmente las relaciones laborales, y la excluyen de prácticas de asignación de recursos públicos bajo la forma de programas sociales gubernamentales o políticas públicas institucionalizadas en el Estado.

Bajo su forma neoliberal, se producen prácticas estatales, tales como procesos de compactación del Estado y de privatización de bienes y servicios, en detrimento del trabajo. Esas prácticas reconfiguran, conservan o transforman la estructura y correlación de fuerzas del campo laboral dominante y subordinado en la medida en que se produce una redistribución del capital económico en disputa. En este proceso se abre la posibilidad de resistencia y acción colectiva por parte de los agentes subordinados de los campos del trabajo y la ciudadanía en general, en oposición a las medidas o prácticas de gobierno llevadas a cabo todavía no percibidas como legítimas.

Por otro lado, en un lapso histórico de largo plazo, los agentes históricamente dominantes del campo político y del campo del trabajo dominante –las élites políticas históricas y el capital organizado– se sincronizan en su lucha por la imposición sobre la colectividad social en general de una definición y clasificación percibida como legítima de la realidad del mundo social y, específicamente, de los campos laborales y sus divisiones objetivas, produciéndose un proceso de relativa legitimación y desmovilización social. La lucha y despliegue de poder simbólico por parte de las élites políticas históricas y el capital organizado resulta en la incorporación, legitimación y el reforzamiento de una definición negativa de bienestar y de los agentes subordinados de tales campos del trabajo. Se produce una frontera simbólica que divide de manera negativa a los agentes sociales de los demás, de un desconocimiento social y estigmatización de los agentes laborales, de una desvinculación de tal categoría social de personas con el componente de ciudadanía social y, con ello, una exclusión del trabajo asalariado y por cuenta propia de prácticas de asignación de recursos públicos.

En este proceso se abre la posibilidad, como se mencionó, de que las medidas gubernamentales impuestas en un inicio se perciban y aprecien como legítimas. Esto es así dado que la colectividad social en general ha incorporado e interiorizado relativamente las maneras en que los agentes dominantes del campo político y del campo del trabajo dominante definen y clasifican la realidad del mundo social y sus divisiones.

Dicho lo anterior, es fundamental explicitar en detalle los efectos reales que produce la configuración de fronteras simbólicas (symbolic boundaries). Tal noción hace referencia a una clasificación socialmente construida y establecida y ampliamente compartida por la colectividad, en torno a los agentes situados diferencialmente, más arriba o más abajo, en el espacio de un determinado campo social (Lamont et al., 2015). Las clasificaciones se expresan en el discurso según términos categoriales (formal/informal) asociados a valoraciones jerarquizadas y oposiciones homológicas (legal/ilegal, leal/desleal, ordenado/desordenado, limpio/sucio, fijo/ambulante, cerrado/abierto, entre otros).

Lo anterior podría hacer ver a los agentes subordinados del campo del trabajo frente a la sociedad como valorados de manera negativa, como socialmente desconocidos, ilegítimos e inmerecedores de ciertas prácticas de asignación de recursos a través del Estado. Incluso, las instancias institucionales estatales podrían llevar a cabo prácticas en detrimento directo de tales agentes laborales como desalojos.

Segundo momento de correspondencia

El segundo momento de correspondencia, tal como se dijo anteriormente, se produce cuando hay un proceso de ruptura en el campo político y se lleva a cabo un cambio de élites políticas gubernamentales y estatales, lo que influye en los procesos organizativos de los agentes subordinados de los campos del trabajo: trabajadores asalariados y por cuenta propia.

En este segundo momento se generan dos procesos similares al del primer momento de correspondencia a beneficio de los agentes históricamente subordinados del campo político y laboral. Por un lado, en un lapso histórico de corto plazo, se genera una sincronización de las maneras que tanto las nuevas élites políticas y el trabajo organizado asalariado y por cuenta propia perciben, aprecian, definen, clasifican y nombran discursivamente la realidad del mundo social y, específicamente, de los campos del trabajo y sus divisiones objetivas. La sincronización, como sucedió relativamente en la RPS, produce ciertas prácticas desde el Estado que materializan institucionalmente una definición positiva de bienestar y de los agentes sociales subordinados situados en los campos del trabajo; objetivan un reconocimiento social de agentes laborales asalariados y por cuenta propia; vinculan estatalmente la categoría social de personas con el estatus de ciudadanía social y, con ello, con ciertas prácticas de asignación de recursos públicos desde el Estado.

El proceso reconfigura la estructura y correlación de fuerzas en el campo del trabajo dominante –campo de condiciones de explotación de fuerza de trabajo asalariado– y subordinado –campo de condiciones de acaparamiento de oportunidades de empleo– a favor del trabajo y en detrimento del capital, en la medida en que se produce una redistribución del capital económico en disputa. Por lo tanto, se abre la posibilidad de que se genere resistencia y acción colectiva por parte del capital organizado.

Por otro lado, en un lapso histórico de largo plazo, los agentes históricamente subordinados del campo político y de los campos del trabajo se sincronizan en su lucha por la imposición sobre la colectividad social en general, de una definición y clasificación percibida como legítima de la realidad del mundo social y de los campos laborales y sus divisiones objetivas. El despliegue de poder simbólico por parte de las nuevas élites políticas y el trabajo organizado encontrará posibilidad de que se incorpore, legitime y refuerce una definición positiva de bienestar y de los agentes sociales históricamente subordinados de los campos del trabajo, una frontera simbólica que divide de manera positiva a los agentes sociales de los demás, un reconocimiento social de los agentes laborales, una vinculación de la categoría social de personas con el componente de ciudadanía social y, por ende, con ciertas prácticas de asignación de recursos públicos.

Se abre la posibilidad de que se produzca una legitimación de las medidas gubernamentales y estatales llevadas a cabo en un inicio. Sin embargo, dado que las viejas élites políticas y el capital organizado se han configurado históricamente como los agentes dominantes del campo político y de los campos del trabajo y siguen en lucha en contra de las medidas de la nueva coalición en el gobierno y el Estado, es poca probable que los agentes históricamente subordinados de los campos avancen de manera exitosa en la disputa simbólica.

Tercer momento de no correspondencia

Como se mencionó, en el tercer momento no hay correspondencia entre el accionar de las élites políticas y el trabajo asalariado y por cuenta propia organizado. Por ello, un cambio en la correlación de fuerzas en los campos del trabajo que pueda desembocar en un cambio en el campo político será producto del grado en que avance la lucha de los agentes laborales frente al capital y el Estado. Desde el punto de vista del trabajo, sería producto del grado de avance que adquiera el trabajo organizado colectivamente en la lucha por sus reivindicaciones sindicales frente al capital. Al mismo tiempo, se consideraría su capacidad de incidir y, fundamentalmente, de fundirse, en tanto movimiento obrero o asociaciones de interés relativamente articuladas, tal como diría Philippe Schmitter (1993, p. 6), en cuanto a sus demandas y posiciones políticas, en los canales o puestos de mando institucionalizados de representación de grupos sociales y, con ello, en la desembocadura de una materialidad institucional y procedimental favorables.

De manera más específica, por el grado en que, producto del avance en la lucha material y simbólica de los trabajadores asalariados y por cuenta propia, los agentes sociales del campo político burocrático y la colectividad social en general reconfiguran sus formas de percibir, apreciar y, con ello, de actuar en relación con el trabajo. Esto generaría cierto reconocimiento social hacia los trabajadores –Pierre Bourdieu (2001b) diría “existir socialmente” (91)–, abriéndose la posibilidad de una relativa institucionalización de prácticas de asignación de recursos públicos cuyo objetivo –ideal, claramente– sería la disminución de las asimetrías, como afirmaría Martínez Franzoni, en torno a la capacidad desigualmente distribuida para hacer frente a la incertidumbre, a los riesgos de la vida social (2008, p. 23).

En cuanto a los trabajadores por cuenta propia específicamente, dada la manera en que llevan a cabo su trabajo –disputando espacios clasificados e institucionalizados como públicos por el Estado– y las características fundamentalmente heterogéneas de sus actividades económicas, el proceso de organización ya descrito podría adquirir un proceso más lento bajo la condición de ausencia de una organización previamente constituida y una visión que no permita un cierto reconocimiento de la capacidad económica-política de la categoría social y un cierto interés de apoyar e impulsar el proceso.

Metodología

La metodología es documental y cualitativa. Primeramente, se realizó una revisión y análisis documental para la comprensión de los procesos de configuración del campo del trabajo producto de la RPS y la transición al neoliberalismo. De igual manera, se llevó a cabo una revisión hemerográfica en diarios tales como La Prensa y El Nuevo Diario en el período de 1991-2014. Se debe recalcar que la revisión no fue exhaustiva; esta tuvo como objetivo extraer ciertas noticias en las cuales agentes dirigentes del campo burocrático o transeúntes y usuarios de las paradas de buses hacían referencia o ejercían prácticas en detrimento de los cuentapropistas. Por último, tomando en cuenta que “las formas de verbalización… constituyen… operadores semánticos de las disposiciones del habitus” (Schäfer et al., 2013, p. 12), se realizó un análisis de los discursos abordados en las noticias seleccionadas para rastrear, enmarcadas en un contexto determinado, los principios de clasificación o categorías de percepción y apreciación –expresadas en el lenguaje a través de adjetivos– mediante las cuales se ha percibido y apreciado a los cuentapropistas o “informales”.

Revolución Popular Sandinista: campo del trabajo urbano nicaragüense

Una vez en el gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desplegó una serie de procedimientos estatales que resultó en un aumento de la fuerza de trabajo en manos del sector público y en un intento de universalización de la cobertura de servicios públicos como educación, salud y seguridad social bajo la forma de derechos sociales (Evans, 1995, p. 185; Rocha, 2007, p. 5).

Aunque la ciudadanía social que contempla derechos sociales no fue exclusiva de los trabajadores del sector público, estos fueron priorizados y provistos de beneficios sociales para mantener su lealtad al régimen revolucionario.⁶ El trabajo asalariado público se constituyó en un “trabajado con estatuto de garantías no mercantiles” cuyas relaciones salariales se miraban fuertemente reguladas por el Estado. Dicho de otra forma, bajo la forma de empleo formal, la ciudadanía social más robusta fue vinculada al trabajo asalariado público y se institucionalizó bajo la forma del llamado “salario social” (Chamorro et al., 1989, p. 162; Evans, 1995, p. 184; Rocha, 2007, p. 6).

De acuerdo con Chamorro et al. (1989) dada la disminución de la inversión privada, la incapacidad del sector público de absorber el contingente de oferta laboral sobrante como excedente estructural, la situación de guerra y crisis económica que resultó en una acelerada migración campo-ciudad y un deterioro del salario real,⁷ muchos agentes sociales se adhirieron al sector informal sumando más que lo absorbido por el sector público (163) (Tabla 1). Fuera del control y regulación del Estado revolucionario, fueron categorizados como economía sumergida por la burocracia estatal. Por lo tanto, se construyó y estableció un estereotipo del sector informal urbano (SIU) “en el que éste aparecía como un mero refugio de comerciantes especuladores que atentaban contra la estrategia de sobrevivencia nacional dictada por la situación de guerra” (Chamorro et al., 1989, p. 161).

La connotación negativa que la burocracia estatal le daba al SIU se basó en marcos político-ideológicos próximos a los países socialistas. Así, los agentes que ejercían la práctica material en el SIU eran concebidos como sector improductivo en contraposición “al proletariado industrial [percibido] como la clase productiva por excelencia, como la sola creadora de valor… Por otro lado, debido a su dispersión y heterogeneidad, el SIU no [podía] tener cabida dentro de la planificación socialista” (Chamorro et al., 1989, p. 162).

Avanzada la mitad de la década de los ochenta, el proyecto revolucionario empezó a entrar en crisis producto de la agresión exterior y la crisis inflacionaria viéndose afectado la expansión de derechos sociales. Según Pérez Baltodano (2005), en 1990 como producto de la desafección que generaba la RPS en ciertos sectores sociales, la Unión Nacional Opositora (UNO) derrotó electoralmente al FSLN (6). Se abrió con la derrota la transición hacia el neoliberalismo.

Bajo el accionar de la dirigencia estatal, se impuso y legitimó un principio de clasificación de los agentes sociales situados diferencialmente en el campo del trabajo urbano nicaragüense bajo los términos de sector formal y sector informal de la economía. Estaban asociados a valoraciones como regulado y no regulado cuyo anclaje residía en la racionalidad burocrática y el marco político-ideológico del socialismo. Se plantea que el campo del trabajo urbano dominante se configuró en torno al empleo público formal y, en menor medida, por el empleo absorbido por la empresa privada.

Por otro lado, el campo del trabajo urbano subordinado se configuró en torno al trabajo sumergido en el sector informal urbano. Este, en tanto sector heterogéneo,⁸ encontró los agentes sociales que lo conformaban en dinámicas diferenciadas, compartiendo la común resistencia frente a la percepción y trato por parte del Estado. Primero, hubo unidades económicas informales con capacidad de emplear fuerza de trabajo disputando el acceso y acaparamiento del mercado. Segundo, agentes sociales empleados por unidades económicas informales pugnaron por Empleo formal. Tercero, unidades económicas informales sin capacidad de emplear fuerza de trabajo luchaban, al tiempo que pugnaban su acceso al mercado, por ciertas reivindicaciones sociales frente al Estado (salud, educación, servicios básicos), es decir, por ciudadanía social⁹ (Tabla 2).

No obstante, se plantea que en esta década revolucionaria se constituyó un “nudo de inequidad de la formalidad” de una manera diferenciada a como lo plantea Pérez Sáinz (2016, p. 165). Si se concibe el empleo formal como un trabajo –trabajo que no debe asociarse de manera evidente al trabajo asalariado– con un estatuto que provee a su detentor de ciertos derechos sociales, entonces, al verse deteriorado el salario real producto de la inflación, los agentes –más subordinados– sumergidos en el sector informal no pugnaban frente a los empleados públicos formales por el acaparamiento de empleo formal público, es decir, por ser empleados por el Estado, sino por el componente de ciudadanía social al que este estaba tejido. Estos luchaban frente al Estado, primero, por constituirse en ocupación socialmente reconocida y, segundo, por un sinnúmero de reivindicaciones, esto es, por derechos sociales.

Proyecto neoliberal: configuración del campo del trabajo urbano nicaragüense

En Nicaragua la imposición de la ortodoxia neoliberal se llevó a cabo a través de la administración de los gobiernos Barrios de Chamorro, Alemán y Bolaños. La visión que permeaba a los agentes dirigentes de tales administraciones se tradujo en el abrazamiento de una serie de medidas para estabilizar la economía deteriorada tras la década revolucionaria. Las primeras medidas adoptadas tras el plan de conversión ocupacional (1991) tuvieron impacto inmediato en la disminución de la fuerza de trabajo empleada por el Estado. Como consecuencia, según Rocha y Terán (1998), aumentaron el desempleo y el sector informal (p. 186). Centrando la atención en el trabajo por cuenta propia, “considerado la expresión por excelencia de la informalidad” (Pérez Sáinz, 2016, p. 125), este aumentó de un 34,6 % en 1993 a un 37 % en 2009 (Tabla 2).¹⁰

De la misma forma, se llevaron a cabo reformas al sistema de educación, salud y a la legislación laboral. Dado que antiguos derechos sociales se mercantilizaron bajo el velo de la autonomía y la descentralización y que el trabajo de manera generalizada vio desregulada sus relaciones laborales, el empleo público formal perdió vínculo con la ciudadanía social que la RPS había tratado de tejer a través del “salario social”. Esto produjo que ciertos agentes adheridos en el sector informal vieran en su estatus de ciudadanos sociales un completo vaciamiento. Es decir, el empleo formal fue testigo de la destrucción de sus fundamentos al desmantelarse la base de derechos sociales que constituía la ciudadanía social. La última, objeto de reivindicación de un contingente de agentes del sector informal, se convirtió en demanda no consumada por las vías institucionales del Estado y, más específicamente, del nuevo gobierno neoliberal.

Hubo un proceso de transición ampliamente politizado de los sectores sindicales, organizaciones populares, entre otras asociadas al FSLN y un gran contingente de agentes sociales posicionados de manera subordinada en el llamado sector informal urbano (SIU), cuyas reivindicaciones fueron incorporadas en el período de expansión del sector público 1979-1984, pero desincorporadas en la segundad mitad de la década revolucionaria. Se abrió la posibilidad de descontento y despliegue de movilizaciones populares frente al gobierno instaurado.

Por esas razones, los voceros autorizados del neoliberalismo en el Estado e instituciones aliadas abrieron un fuerte ejercicio de poder simbólico que sigue latente en la actualidad. Sus objetivos han girado en hacer parecer, frente a la colectividad social, como indiscutibles los estragos que el proyecto neoliberal ha causado, inhibir el potencial conflicto y, con ello, la adecuación de los antiguos empleados tutelados por el Estado –pero también del conjunto en general– al nuevo imperativo laboral: la empleabilidad o emprendedurismo. Acorde con la lógica mercantil, estos han tratado de imponer y ampliar un principio de visión y división de los agentes distribuidos en el campo del trabajo urbano según los términos de grandes, medianas, pequeñas y microempresas, tratando de llevar a una autoidentificación mercantil de los agentes y a la construcción de la realidad del campo según tal fundamento.

El plan de conversión ocupacional (1991) constituye la cristalización, a través de una práctica estatal, de esa visión de libre mercado que se ha tratado de imponer en la colectividad, en la medida en que trata de privatizar el bienestar mediante la conversión de trabajadores tutelados por el Estado en microempresas. El plan hacía énfasis “en que era una contribución a la reactivación de la economía por facilitar el traslado de trabajadores del sector público al sector privado donde podían establecer su propia microempresa” (Evans, 1995, p. 227). Esto es claro en las declaraciones del Doctor Guillermo Vargas Sandino, exviceministro de Trabajo, al desmentir rumores sobre supuestos despidos masivos en el sector público:

Lo que se va a poner en práctica es un proyecto de reconversión ocupacional, que consiste en darle al trabajador una cantidad de dinero para que ponga su pequeño negocio y labore de forma independiente. “Quiero aclarar que esto tendrá un carácter voluntario”, subrayó (Candia, 1991).

Dicho lo anterior, se puede plantear que la estructura material y simbólica del campo del trabajo se ha reconfigurado fruto de los ajustes y medidas puestas en práctica por el cuerpo de la burocracia estatal neoliberal y por el ejercicio de poder simbólico desde distintas esferas del poder. (1) Por un lado, en lo que respecta al campo de trabajo dominante, anteriormente constituido como “adentro” de la formalidad, la pugna sigue oponiendo al capital frente al trabajo, pero sin que medie el Estado; esto provoca que las contingentes victorias del trabajo frente al capital se den a nivel de empresa y se conviertan en casos aislados.

(2) Por otro lado, con respecto al campo de trabajo subordinado, la ciudadanía social vinculada al trabajo asalariado público fue destruida y antiguos derechos sociales se mercantilizaron. El “nudo de inequidad de la formalidad” que oponía a agentes sociales subordinados del sector informal urbano (SIU) frente al Estado por su "formalización", es decir, por constituirse en "trabajo con estatuto de garantías no mercantiles" y proveerse de derechos sociales, fue difuminado. Aunque ciertos sectores se encontraban politizados y tenían capacidad de movilización, los “ánimos se fueron reduciendo” producto del accionar del FSLN y del ejercicio de poder simbólico de la vocería autorizada neoliberal. (2.1) El aumento de agentes sociales sumergidos en el sector informal de la economía, de manera fundamental en las posiciones más subordinadas del subcampo, se ha tratado de categorizar bajo el término de microempresa. Es decir, se ha tratado de ampliar simbólicamente el espacio de autoidentificación con el juego meramente económico. Esto se ha llevado a cabo, según Pérez Baltodano (2007), mediante la imposición de una racionalidad instrumental, visión que no ve sino en la capacidad de operar con éxito en aras del mercado la única posibilidad de una vida digna y segura, Esto conllevaría, por un lado, un cese de las reivindicaciones planteadas por algunos agentes sociales en la RPS y, por otro lado, una adhesión subordinada a marcos legalmente constituidos de competencia económica por parte de nuevos y viejos agentes sumergidos en el sector informal.

Por último, de manera fundamental, las antiguas fronteras simbólicas producidas, reproducidas y jurídicamente sancionadas por la dirigencia burocrática en la RPS fueron flexibilizadas. La subsunción del Estado al mercado, la desregulación de relaciones laborales y el achicamiento de la ciudadanía social dieron lugar a una (des) institucionalización de la frontera simbólica que, sobre una base política-ideológica y también económica, separaba el sector informal urbano de los demás agentes sociales del campo del trabajo.

Luchas materiales y simbólicas en el campo del trabajo: ejercicio de poder simbólico

A pesar de los intentos neoliberales de hacer aparecer frente a los agentes sociales sumergidos en el sector informal –de manera fundamental a los situados en posiciones subordinadas– a empresas de verdad como sus iguales, el período de Barrios de Chamorro, Alemán y Bolaños fue atravesado por fuertes pugnas materiales y simbólicas desde distintas instancias de la realidad social.

En tanto se concibe un campo donde los agentes disputan en “iguales condiciones” su acceso al mercado, la no adhesión de los agentes clasificados informales a formas jurídicamente sancionadas de ejercicio de su práctica material ha sido percibida y apreciada por los dominantes como “desleal” y fuera de la “legalidad”. Por ello, estos han tratado de imponer resignificando un principio de visión y división de los agentes distribuidos en el espacio relacional de posiciones del campo del trabajo según los términos de sector formal y sector informal. Este se ha articulado con ciertas categorías de percepción y apreciación socialmente establecidas ancladas a las siguientes esferas de actividad, universos de la práctica o estructuras del mundo social:

• a) De la estructura de clases o de la estructura del espacio social global –estructura de distribución del capital económico y cultural– donde todos los agentes sociales ocupan posiciones desiguales y cuya posición, más arriba o más abajo, impone al ocupante un conjunto de condicionamientos sociales que, de manera experiencial, le imprimen formas, maneras, estilos de percibir, apreciar y actuar, de llevar el cuerpo, estar, hablar y caminar y que, al tiempo que los convierte en clasificadores, los sitúa como blanco de clasificaciones por los puntos de vista opuestos. La posición ocupada por un agente en el espacio social global le confiere prácticas, características, bienes poseídos y opiniones expresadas diferenciadas y valoradas de manera jerarquizada.

  b) De la estructura racial en la cual rasgos biológicos o fenotípicos provistos por agentes sociales son significados en términos de superioridad e inferioridad. Como afirma Lamont et al. (2015), la racialización es el proceso “mediante el cual los marcadores sociales o diferencias biológicas y fenotípicas entre los cuerpos humanos son impregnados de significado por los actores sociales” (16).¹¹ Lo sucio y lo feo aparecen como juicios ampliamente asociados al color del cuerpo.

  c) Del campo burocrático político racionalizado, más exactamente, de las instancias municipales de planificación urbana y la policía nacional. El orden y el desorden, planificado o no planificado, regulado y no regulado son categorías de percepción y apreciación con las cuales se percibe y aprecia una gama de aspectos vinculados a la vida en colectividad.

  d) Del uso y apropiación diferenciada del espacio público por parte de diversos agentes sociales y, de manera relevante, con el sentido común de época neoliberal; esto es, con la concepción según la cual el bienestar¹² ha de gestionarse desde lo privado o familiar bajo una supuesta igualdad de condiciones de todas las personas y sin intervención del Estado. Se piensa en categorías asociadas al éxito y el fracaso.

Esto ha constituido una percepción y apreciación generalizada en torno al trabajo por cuenta propia que, expresado en un discurso articulado, se le ha asociado a lo informal, ilegal, desleal, lo delictivo, al desorden, lo sucio, lo feo. Esto ha resultado en pugnas materiales y simbólicas desde “arriba” (campo burocrático, campo del trabajo, periodístico) y desde “abajo” (de la cotidianidad de la vida).

Disputas materiales y simbólicas desde “arriba”

El mencionado discurso que articula el principio de clasificación de los agentes del campo del trabajo según los términos formal e informal a toda una serie de percepciones y apreciaciones jerarquizadas se ha impuesto y adoptado por agentes sumergidos en instancias del poder como órganos de representación empresarial, instancias de gobierno municipal. Eso derivó en diversas prácticas en detrimento de los clasificados informales. Tales categorías de percepción y apreciación son puestas en práctica por Marco Mayorga, expresidente de la Cámara de Comercio, al referirse a los vendedores ambulantes:

Perjudican a personas y al ambiente y la salud al preparar o distribuir alimentos sin previsión. Futuros comerciantes exitosos están atrapados en el círculo vicioso del desorden y la politiquería. El trabajo en desorden hoy es la única opción que observan (Mayorga, 2004).

La proliferación de cuentapropistas ejerciendo su actividad económica en los espacios públicos y el aumento de la delincuencia producto del desempleo provocaron que su ejercicio económico se asociara a prácticas delictivas y fueran sancionadas por el Estado. El desalojo fue la principal acción llevada a cabo para hacer frente a esos agentes laborales. Milena García, secretaria de un sindicato de comerciantes del Mercado Israel Lewites se refiere a los desalojos que ella y sus pares han sufrido por ser percibidos y apreciados como la causa de la suciedad de la ciudad: “Nos exigen desalojar, pero no nos garantizan un trabajo estable y digno. Lo único que expresan es que afeamos la ciudad y obstaculizamos el paso a los vehículos y peatones” (Acuña Herrera, 2004a).

Los desalojos desde el Estado no solo fueron producto de los juicios y valoraciones por parte del cuerpo de agentes que constituían la municipalidad y la Policía Nacional. Los actos de toma de posesión del poder presidencial fueron motivo para limpiar la suciedad de la ciudad que han representado tales agentes del campo del trabajo. En enero de 2002, según la noticia del diario La Prensa titulada “Desalojan a vendedores ambulantes y meretrices”, la policía nacional notificó a esos vendedores que no podrían ejercer sus actividades económicas durante ciertos días. La notificación policial llevó “como fin dar seguridad a los honorables visitantes que… [estarían] en el país para la asunción del Presidente electo, ingeniero Enrique Bolaños, el próximo 10 de enero” (Rodríguez, 2002).

Disputas materiales y simbólicas desde “abajo”

Siguiendo la misma lógica, el encuentro entre usuarios, transeúntes y cuentapropistas que usan el espacio público ha constituido un escenario de una disputa material y simbólica desde “abajo” (Figura 1). Los cuentapropistas conciben el espacio público como un lugar que han disputado históricamente en torno al derecho de ejercer su práctica económica dignamente y, por lo tanto, como su lugar de trabajo. Los usuarios y transeúntes, por su parte, conciben el espacio público como un lugar de “todos y todas” –en términos abstractos y formales– y por eso la apropiación privada es percibida de manera negativa. Más aun, los “signos de precariedad y pobreza” que acarrean los cuentapropistas “caramancheles” hechos de zinc en mal estado y vigas de madera, vestimenta malgastada, uso de delantales populares y chinelas, formas de llevar el cuerpo, de estar, hablar y caminar son percibidos y apreciados por dichos transeúntes y usuarios desde los esquemas dominantes llevándolos a categorizarlos como “delincuentes”, “desordenados”.

La percepción se traduce en un sentimiento constante de miedo y rechazo y en prácticas de evitación, de distanciamiento, de desprestigio cuando se tiene la oportunidad de hablar sobre los mismos, entre otras. En una noticia del Nuevo Diario titulada “Ventas se tragan las paradas de buses”, se hace referencia a los cuentapropistas de la siguiente manera:

Música, películas piratas, frutas, gaseosas, dulces, cigarros, caramelos y hasta accesorios de celulares se ofertan en las paradas de buses de la capital. En algunas, el comercio ha crecido tanto que da la sensación de estar en un pequeño mercado, donde incluso han instalados tramos hechos con madera y zinc (Lara, 2014).

La misma noticia prosigue:

“Sinceramente hay un enorme desorden en las paradas e incluso hay gente que se oculta en las casetas –por la noche– y hasta te roban. Debería haber una alineación y condiciones para los vendedores, para que den espacio al usuario. Además uno debe salirse a la acera para poder ver y tomar el bus”, comentó Holman Manzanares (Lara, 2014).

Figura 1
Personas trabajadoras por cuenta propia en parada de buses de la UCA
Elaboración propia. Uso de parada de buses por parte de cuentapropistas y usuarios del transporte público.

Además, en la medida en que los mencionados usuarios han incorporado, a través del discurso, los principios de clasificación dominantes, estos les otorgan un reconocimiento social o legitiman lo que se dice y se hace desde las instancias del campo burocrático y los órganos de representación empresarial. La misma noticia pone en evidencia lo dicho anteriormente:

La joven estudiante Raquel Bustos dijo que los comerciantes se han apoderado tanto de las paradas que los usuarios tienen que lanzarse sobre la calle para esperar el bus. “Creo que debe haber un ordenamiento para los vendedores”, manifestó (Lara, 2014).

El ordenamiento como acción racional es una medida ampliamente compartida tanto por expertos en el tema de urbanismo, como por la colectividad de agentes sociales en general. El principio de visión y división dominante de las divisiones objetivas del campo del trabajo –sector formal y sector informal– provisto por una gran mayoría de agentes sociales los lleva a percibir y apreciar las acciones llevadas a cabo por la municipalidad y la policía nacional como socialmente reconocidas y legítimas, en contraposición del desconocimiento e ilegitimidad atribuidos a todo lo referente a las personas “trabajadoras informales” (Figura 2).

La lucha material y simbólica emprendida desde “arriba” (campo burocrático, periodístico) constituye el fundamento de las disputas desde “abajo” (vida cotidiana), al tiempo que las últimas refuerzan y legitiman a las primeras; es decir, les otorgan la autorización para desplegar de manera recurrente un poder autorizante.

Figura 2
Puesto de venta de trabajadora por cuenta propia de la parada de buses de la UCA
Elaboración propia.

Resistencia material y simbólica: la confederación de personas trabajadoras por cuenta propia

Frente a las problemáticas que enfrentaban las personas clasificadas informales, en 2001 empezaron las primeras iniciativas para hacerles frente de manera colectiva. De esta manera, se lleva a cabo un proceso de sindicalización en lo que empezó llamándose la Asociación de Trabajadores de los Semáforos (ATS), que luego pasa, bajo la tutela del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), a nombrarse Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia. En una noticia del diario La Prensa de 2004, Adrián Martínez, actual secretario general de la CTCP-FNT, manifestaba, a pocos años de haber iniciado el proceso organizativo y aún con trabas con la municipalidad, lo siguiente:

Nosotros estamos dispuestos a defender a como sea nuestro trabajo, porque defender el trabajo es defender la vida. Ya nos corrieron de las empresas, nos hemos tenido que venir a vender chicha y caramelos para sobrevivir y nos quieren sacar (Acuña Herrera, 2004b).

Haciendo memoria de los despidos masivos producto del plan de conversión ocupacional (1991) y del plan de movilidad ocupacional (1994), ambos enmarcados en el programa de estabilización desplegado por el gobierno neoliberal de Barrios de Chamorro, llama al reconocimiento y la defensa de lo que los clasificados informales categorizan como trabajo: desplegar actividades por cuenta propia en los espacios de la ciudad como semáforos, bulevares, paradas de buses, ente otras de manera digna (“defender el trabajo es defender la vida” (Acuña Herrera, 2004b)).

Se podría decir que el proceso que da génesis a la sindicalización de las personas clasificadas informales ha tenido las siguientes principales razones: i) construir, a través de su alianza con el FNT, el brazo sindical más fuerte y beligerante leal al FSLN, una organización suficientemente fuerte en términos organizativos para hacer frente a los desalojos desplegados por instancias del Estado (Municipalidad, Policía Nacional); el agravio causado por un agente reconocible (el Estado), que afectaba de manera más directa el despliegue digno y pleno de sus actividades económicas. ii) Otro de los motivos ha sido hacer frente al ejercicio clasificatorio y estigmatizador desplegado por diversos agentes sociales, esto es luchar frente a la desposesión simbólica en la que se le ha sumido a las personas cuentapropistas urbanas. Hacer frente a la desposesión identitaria es claro en la siguiente noticia:

Según Gustavo Porras, secretario del FNT, el objetivo de organizar a este sector de trabajadores es para limpiar la imagen que se tiene de ellos. “La gente tiene miedo de comprarle a los vendedores ambulantes, porque en muchas ocasiones se han infiltrado delincuentes para asaltar a la gente” (Fernández, 2002).

iii) Dicho lo anterior, otras causas fundamentales que impulsan el proceso organizativo de las personas clasificadas informales es la construcción de una identidad propia: el trabajador o trabajadora por cuenta propia. Por tanto, se trata de construir un “nosotros” bastante politizado, dado el posicionamiento político de sus líderes sindicales y del FNT, mediante un exterior constitutivo, tal como afirma Chantal Mouffe (2010, p. 7), un “ellos”¹³ que enmarca y categoriza como “el período o los gobiernos neoliberales”. iv) Y, por último, mediante la lucha por constituirse como ocupación social socialmente reconocida, presionar el impulso de procesos de redistribución económicos.

Reapropiarse de una identidad laboral es abrir camino a, por un lado, asumir, tal como afirma Núñez Soto (2011), su condición de explotados a través del mercado. De igual manera, “conocer y reconocer” que su posición de subordinación en el campo del trabajo los restringe a competir libremente y en igualdad de condiciones frente a otras unidades económicas. Por otro lado, reivindicar el derecho laboral frente al derecho mercantil impuesto por el régimen neoliberal; es decir, luchar frente al régimen de precarización de las relaciones laborales y por la ampliación de antiguos derechos sociales ligados al trabajo.

Reflexiones finales

La RPS y la transición hacia el neoliberalismo reconfiguraron la estructura y correlación de fuerza en el campo político influyendo en las fronteras sociales y simbólicas del campo del trabajo. Se transita de un proceso de sanción jurídica –institucionalización– de las fronteras simbólicas a mano del Estado hacía una flexibilización de estas. En la RPS los principios de visión y división que permeaban la práctica política de la dirigencia sandinista devino en la objetivación de fronteras simbólicas que demarcaban al sector formal del sector informal. En el proceso que consolidó el neoliberalismo, se trata de imponer de manera generalizada una racionalidad instrumental que, al tiempo que haga legitimar el accionar del Estado y sus instancias aliadas, resulte en una autoidentificación de la colectividad con el juego meramente económico y, con ello, produzca y reproduzca el campo según su fundamento, desde la cotidianidad.

Aunque las líneas simbólicas que dividieron el campo del trabajo urbano se expresaron en ambos momentos según los términos formal e informal, han sido asociadas a significados diferenciados. En el proceso de la RPS los términos estaban anclados a la visión estatista y reguladora de la economía que permeaba la práctica de su dirigencia. Asimismo, tras el proceso de transición, las categorías sector formal y sector informal se fueron resignificando y asociando a la visión de libre mercado de la vocería autorizada del neoliberalismo, a las maneras de proceder en torno a la competencia económica.

Desplegados discursiva y prácticamente por los dominantes del campo del trabajo y burocrático del neoliberalismo, la visión y división expresada según los términos formal e informal, asociada a maneras diferenciadas de proceder en torno a la competencia económica, se ha articulado con ciertas categorías de percepción y apreciación socialmente establecidas ancladas a las siguientes estructuras del mundo social: a) de la estructura de clases o del espacio social global, b) de la estructura racial, c) del campo burocrático racionalizado, d) del uso y apropiación diferenciada del espacio público por parte de diversos agentes sociales y, de manera relevante, con el sentido común de época neoliberal.

Lo anterior ha constituido una percepción y apreciación generalizada en torno al trabajo por cuenta propia que, expresada en un discurso articulado, se le ha asociado a lo ilegal, desleal, lo delictivo, al desorden, lo sucio, lo feo. Se traduce en prácticas por parte de la municipalidad y la policía nacional, de los transeúntes y usuarios de paradas de buses y se genera reconocimiento y legitimidad de lo que se dice y se hace desde las esferas del poder. Esto ha configurado y articulado, en el marco de la frontera que divide a agentes laborales formales e informales, otras fronteras simbólicas en diversas esferas de la práctica.

Bibliografía

Acuña Herrera, María. (20 de febrero de 2004a). Vendedores de la calle podrían irse a huelga. La Prensa. http://www.laprensa.com.ni/2004/02/20/nacionales/939035-vendedores-de-la-calle-podran-irse-a-huelga

Acuña Herrera, María. (27 de febrero de 2004b). Evertz Cárcamo desilusiona a vendedores ambulantes. La prensa. http://www.laprensa.com.ni/2004/02/27/nacionales/940537-evertz-crcamo-desilusiona-a-vendedores-ambulantes

Bourdieu, Pierre. (2001a). ¿Qué significa Hablar? Akal.

Bourdieu, Pierre. (2001b). Poder, Derecho y Clases sociales. Desclée de Brouwer.

Candia, Celso Canelo. (16 de febrero de 1991). Viceministro del Trabajo desmiente rumor de despido masivo. La Prensa.

Castel, Robert. (1999). Individualismo y liberalismo. En R. Castel (Coord.), Empleo, desocupación, exclusiones (pp. 3-14). Programa de investigaciones económicas sobre tecnología, trabajo y empleo.

Castro Quezada, Douglas. (2015). Cambios en el mundo del trabajo en Nicaragua: la respuesta sindical de los cuentapropistas. Estudio de caso de la Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia (CTCP), 2002-2014 (Tesis de licenciatura). Universidad Centroamericana, Managua.

Chamorro, Amalia, et al. (1989). El debate sobre el sector informal urbano en Nicaragua (1979-1989). Informalidad urbana en Centroamérica: evidencias e interrogantes. Comp. Juan Pablo Pérez Sáinz y R. Menjívar Larin. Guatemala: FLACSO.

Esping-Andersen, Gosta. (1990). The three worlds of welfare capitalism. Cambridge: Polity press.

Evans, Trevor. (1995). Ajuste estructural y sector púbico en Nicaragua. La transformación neoliberal del sector público: ajuste estructural y sector público en Centroamérica y el Caribe. Comp. Trevor Evans. Managua: CRIES.

Fernández, Mariela. (19 de diciembre de 2002). FNT organiza a los vendedores ambulantes. La Prensa. http://www.laprensa.com.ni/2002/12/19/nacionales/851245-fnt-organiza-a-los-vendedores-ambulantes

Lamont, Michéle, et al. (2015). Symbolic Boundaries. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 23, 850-855.

Lara, Rafael. (14 de abril de 2014). Ventas se tragan las paradas de buses. El Nuevo Diario. http://www.elnuevodiario.com.ni/managua/317152-ventas-se-tragan-paradas-buses/

Marshall, Thomas. (1997). Ciudadanía y Clase Social. REIS, 79, 297-344.

Martínez Franzoni, Juliana. (2008). ¿Arañando bienestar? Trabajo remunerado, protección social y familias en América Central. Buenos Aires: CLACSO, 2008.

Mayorga, Marco. (7 de junio de 2004). Vendedores ambulantes. La Prensa. http://www.laprensa.com.ni/2004/06/07/editorial/941925-vendedores-ambulantes

Mijs, Jonathan, Bakhtiari Elyas y Lamont Michéle. (2016). Neoliberalism and Symbolic Boundaries in Europe: Global Diffusion, Local Context, Regional Variation. Socius: Sociological Research for a Dynamic World, 2, 1-8.

Mouffe, Chantal. (2010). Política agonística en un mundo multipolar. Barcelona: CIDOB.

Núñez Soto, Orlando. (2011). Primer manifiesto de los Trabajadores por cuenta propia CTC-FNT: la economía Social Solidaria en las naciones proletarizadas y el proletariado por cuenta propia en la transformación del sistema. Managua: CLACSO, 2011.

Pérez Baltodano, Andrés. (2005). Nicaragua: un experimento democrático en agonía. Nueva Sociedad, 199, 4-11.

Pérez Baltodano, Andrés. (2007). Dios y el Estado: dimensiones culturales del desarrollo político e institucional de América Latina. Nueva Sociedad, 210, 78-94.

Pérez Sáinz, Juan Pablo y Mora Salas Minor. (2004). De la oportunidad del empleo formal al riesgo de exclusión laboral. Desigualdades estructurales y dinámicas en los mercados latinoamericanos de trabajo. Alteridades, 14, 37-49.

Pérez Sáinz, Juan Pablo. (2016). Una historia de la desigualdad en América Latina: la barbarie de los mercados, desde el siglo XIX hasta hoy. Buenos Aires: XXI Editores.

Rocha, José Luis. (2007). De cómo nos convirtieron de ciudadanos-tutelados en ciudadanos-clientes y de por qué no se ven salidas. Revista Envío, 304.

Rocha, Juan y Terán Julio Cesar. (1998). Mercado laboral y pobreza en Nicaragua. Mercado laboral y pobreza en Centroamérica: ganadores y perdedores del ajuste estructural. Comp. Edward Funkhouser y Juan Pablo Pérez Sáinz. FLACSO.

Rodríguez, Juan. (5 de enero de 2002). Desalojan a vendedores ambulantes y meretrices. La Prensa. http://www.laprensa.com.ni/2002/01/05/nacionales/790771-desalojan-a-vendedores-ambulantes-y-meretrices

Schäfer, Heinrich, et al. (2013). Cambios en el campo religioso de Guatemala y Nicaragua: de 1985 a 2013. Revista Sendas, 1, 11-32.

Schmitter, P. (1993). La consolidación de la democracia y la representación de los grupos sociales. Revista Mexicana de Sociología, 55, 3-30.

Notas

Notas de autor

hmoralespon@gmail.com

Información adicional

Acerca de la persona autora: Nicaragüense. Ingeniero industrial por parte de la Universidad Centroamericana (UCA), Nicaragua. Actualmente, cursa el último año de Sociología en la misma institución. Becario investigativo del Centro de Análisis Socioculturales (CASC) de la UCA, donde fue parte de la formulación de propuestas de investigación sobre élites y regímenes de bienestar.