Introducción

Este artículo consta de tres partes. En la primera se incluyen las precisiones metodológicas del caso, las cuales presentan las características, énfasis y el tenor de este aporte interpretativo. En este sentido, se incorporan elementos conceptuales provenientes del campo de la Ciencia Política, tratando de que el ejercicio adquiera un cariz correspondiente a las nuevas propuestas inter, pluri y multidisciplinarias.

Seguidamente, se realiza una explicación que pretende presentar los criterios sobre los cuales el autor sostiene que la independencia centroamericana, realizada en 1821, hace exactamente doscientos años, revela, por su concepción y naturaleza, un carácter oligárquico. Con este fin, se presentan algunas definiciones de oligarquía según la Ciencia Política, las cuales permiten establecer, con propiedad y apego a la realidad, por qué se forjó una independencia orientada en perspectivas sectoriales, para luego definir cómo esto se plasmó en una coyuntura particular. Luego se establece el carácter de la emancipación, atendiendo a la naturaleza del pacto fundacional, que responde a los intereses de un grupo selecto que ejerció el poder económico en la región.

La segunda parte constituye un análisis sobre cómo los sectores oligárquicos condicionaron la forma en que tuvieron lugar las primeras etapas de la estatización y la construcción institucional. A partir de dicha forma, se profundiza en cómo esto tiene lugar en episodios como la anexión de Centroamérica a México, la conformación de la República Federal y el final de esta tras la ruptura del pacto que la respaldó en 1838. Finalmente, y para consolidar la propuesta de comprender el proceso de construcción de la institucionalidad, se muestra, en la fundación de la República de Guatemala y la dictadura de Rafael Carrera, la realización de los planes de perpetuación oligárquica que asomaron en el Plan Pacífico que formuló la independencia controlada en 1821.

Precisiones metodológicas

Modernamente, el estudio de la independencia centroamericana ha dejado de ser patrimonio o terreno exclusivo de las ciencias históricas. Con anterioridad, desde el inicio de la vida independiente y durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX, la historiografía y la enseñanza de la Historia fueron dos ámbitos en los que, tanto las autoridades educativas como las emergentes comunidades epistémicas, confinaron el abordaje de la emancipación a las narrativas fundacionales, derivadas de una concepción nacionalista del hito. Con el paso del tiempo, esta forma de asumir la emancipación se constituyó en un aspecto central de la Educación Cívica.

El moderno enfoque pluralista, el cual ha permitido el tratamiento de esta temática en los contextos de las ciencias humanas, políticas y sociales, ofrece una gran variedad de posibilidades hermenéuticas que amplían los horizontes de la praxis anteriormente vigente. En aquellos tiempos, las opciones existentes apuntaban a una descripción conmemorativa, abundante en detalles minuciosos que informaban el hecho; también se valoraba la crónica de una efeméride de acuerdo con el discurso historiográfico, o bien, los discursos sobre este tema se estructuraban como resultado de una crítica histórica, social, política o ideológica realizada desde un posicionamiento derivado de ellas, el cual no posee una proyección pluralista, al estilo de los discursos elaborados en la Modernidad.¹

En este artículo se procurará encontrar, con el uso de conceptos procedentes de diversos campos de las ciencias históricas, sociales y humanas (en los cuales predomina enfoque multidisciplinario), una correlación entre el perfil que tuvo la realización de la independencia del territorio de la Capitanía General del Reyno de Goathemala y los intentos de estatización desarrollados hasta el momento de la cancelación definitiva del Pacto Federal, ocurrido en 1838. El objetivo fundamental de esta exposición es encontrar hasta qué punto el carácter oligárquico de la emancipación de España, esclarecido por la gran mayoría de intérpretes de este hito, predispuso un modus operandi tanto para las élites, como para los sectores subalternos y grupos que, en el nuevo contexto, asumieron la posición emergente.

Debido a los requerimientos de esta propuesta, la secuencia o ruta metodológica a seguir arranca con una caracterización, desde el campo de la Ciencia Política, de la independencia obtenida el día 15 de septiembre de 1821, lo cual implica una lectura estratégica del suceso. De esta forma, se puede superar la comprensión de este hito como uno de otros tantos hechos convertidos en momentos neurálgicos de un desarrollo lineal, continuo, determinado a priori. Para alcanzar esto, se procurará identificar las condiciones políticas de este hecho, los intereses dominantes, los actores y mediadores que intervinieron con una perspectiva estratégica, depurando la comprensión de la independencia del apriorismo y de una actitud aséptica que no permita la objetividad. Es de esa forma que se encontrará una conexión entre el carácter económico de los grupos dominantes, la forma de proceder frente a la posibilidad de independizarse y el pacto social establecido.

¿Por qué una independencia oligárquica? El punto de partida

Calificar de esta manera la independencia centroamericana resulta un gesto que, aún en el contexto de la academia, resulta una expresión un tanto áspera y cruda que choca con las representaciones sociales construidas en dos siglos. En este tiempo, las mayorías, sometidas a la influencia de la ideología oficial, la consideran una hazaña épica con proyecciones filantrópicas, pues indica la construcción de una patria que debemos amar, defender y exaltar. Empero, para la moderna historia-ciencia tiene un sentido hermenéutico, explicativo, el cual se extiende a lo teórico, metodológico y discursivo.

El carácter de clase de la independencia centroamericana interesa a la Historia Crítica, debido a que esta busca la superación de los vicios y limitaciones de otras tendencias explicativas, las cuales no han permitido localizar las causales ocultas detrás de la parafernalia simbólica construida a posteriori, con iniciativa de las élites. Lo anterior aplica especialmente a la tendencia liberal, basada en el positivismo, así como a una derivada de ella, la cual reviste el hito de una aureola idealizada, apologiza el hecho, con lo cual se deshistoriza² y se deforma la realidad, en procura de generar una visión de los acontecimientos que pueda despertar la conciencia cívica (en la mayoría de países, esto ha sido sometido a profundos cambios desde lo pedagógico), un elemento clave en la cultura, educación y formación ciudadana.³

La comprensión de la independencia centroamericana como una “independencia oligárquica” proviene de la aplicación de paradigmas discursivos derivados de la historia-ciencia moderna, altamente influida por explicaciones de tipo objetivista, como el positivismo y el materialismo histórico.⁴Este proceder busca privilegiar los rasgos que, en lo económico-estructural (a lo que se supedita lo social), presentan una unidad político demográfica, ya sea que se trate de un imperio, república u otro tipo de organización humana. En esto, las nuevas narrativas refrendan los aportes de grandes teóricos de tendencia holista, totalizante, como es el caso de Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir I. Lenin y sus seguidores.⁵

Desde luego, esta tendencia de privilegiar el signo de lo económico, por sobre otra condición, emana de un determinismo, de la superposición de la estructura a la superestructura. En ella, lo económico, la reproducción de las condiciones materiales para la existencia, que se realiza en la dimensión de la estructura, es lo que determina o marca la dirección de lo demás, entre lo que se encuentra, como se dijo, lo político. Esta orientación metodológica configuró una forma particular de entender y escribir la historia, además, generó un discurso sobre el cual se basaron las propuestas de cambio sistémico y justicia social en el marco de los movimientos de lucha obrera y proletaria, escenificados en los primeros países industrializados, donde pudo darse, efectivamente, un conjunto de condiciones para que se asomara la revolución social.⁶

Para Marx y Engels, quienes propusieron la historia como el desenvolvimiento de las contradicciones en la díada dominantes-dominados, el Estado y la política se supeditan a satisfacer los intereses de la clase dominante. Como estudiosos de la historia antigua, abordaron ‒según su metodología orientada por un determinismo economicista‒ las estructuras socioeconómicas griega y romana, referentes del esclavismo clásico occidental (Aguirre Rojas, 2003). En la cúspide de ambas se encuentra un grupo reducido de actores que detentan el gobierno (nobleza, optimates y patriciado) y también constituyen los propietarios, lo que, en términos generales, y sin mayores precisiones, suele significar la palabra oligarquía.

En América Latina la oligarquía se dio de forma tardía con respecto a Europa. A pesar de ello han surgido grandes figuras que realizaron un trasvase en su análisis y explicación de los procesos históricos. En cierto modo, se desarrolló una evolución de los conceptos generados en el Viejo Mundo, a partir de la necesaria emulación discursiva, con lo cual se recrea una expansión intercontinental de los postulados, conceptos y principales elementos teórico-metodológicos de toda una escuela de interpretación histórica: el marxismo. De esa forma, surgen representantes latinoamericanos de dicha corriente, entre los cuales, las conceptualizaciones que definen la naturaleza de las formaciones económico-sociales con el concepto Estado oligárquico saltan a la palestra como parte de un conjunto de recursos útiles para estructurar un discurso explicativo. Algunos nombres que destacan como exponentes de ello son José Carlos Mariátegui (peruano), Ciro Cardoso y Darcy Ribeiro (brasileños), Agustín Cueva (ecuatoriano) y Arturo Prieto Rozos (cubano).⁷

Si para el discurso elaborado bajo los cánones del marxismo es casi una necesidad orgánica nominar a los actores sociales, según el puesto y el lugar que ocupan en la estructura económica, también otras escuelas de pensamiento social y político estructuran una explicación de la preeminencia oligárquica en las sociedades clasistas. A continuación, y para consolidar la propuesta de comprender la independencia centroamericana según el signo que le imprimió la iniciativa de las élites, se presentan algunas conceptualizaciones propias del campo de la Ciencia Política, las cuales pueden ayudar a perfilarla y caracterizarla.

La teoría política aporta a la historia: el rol e importancia de las oligarquías

Si bien la labor epistemológica de Marx y Engels deja claro a qué se refieren los intérpretes con oligarquía y satisface las expectativas de mayor criticidad, existen otras formas de comprender la significación del término en lo político.⁸ Depurando la aportación del marxismo al respecto de esta definición de las frecuentes tinturas ideológicas o sesgo discursivo, puede encontrarse que, a través de otras rutas u orientaciones metodológicas, otros teóricos han aportado una serie de argumentos que justifican la iniciativa oligárquica en los grandes cambios registrados por la historia.⁹

No obstante, la sociología política y el poder, insoslayables en el tratamiento de estas temáticas, muchas veces agotan su conceptualización en los rasgos descriptivos y operativos, en el análisis de las lógicas normativas de las sociedades o grupos humanos abordados, obviando que existen condicionantes de orden histórico y estructural. Estos últimos son elementos que permiten a asumir la fisonomía y características presentadas, las cuales son producto de procesos, lo cual descarta que existan a priori, desde siempre. En este sentido, se pueden definir y presentar los grupos dominantes como élites desde siempre, sin dar un porqué, debido a que ello no entra en la estructura discursiva, ni forma parte del interés cognitivo.

Así las cosas, resulta fácil encontrar justificaciones para este proceder. Incluso se llega a afirmar que los estudios sobre las élites tienen su razón de ser en la constatación fácilmente observable de que, en toda sociedad, sin excepción, existe un grupo minoritario, o élite, que manda (gobierna, dirige) y un grupo mayoritario que obedece (es gobernado). Afortunadamente, se encuentra también que la postura sociológica referida ofrece variantes, lo cual da pie a una discusión teórica sin fin que parte de esta propuesta harto simplista. Una de ellas es la llamada teoría elitista, la cual surge como respuesta intelectual a una intensa participación e involucramiento de sectores subalternos en procesos revolucionarios que marcaron un hito en la historia universal moderna. Al parecer, está configurada como una contestación a las premisas del desarrollo social que el materialismo histórico, el anarquismo y otras tendencias igualitaristas convirtieron en paradigmas, emitiendo un meta-mensaje de que, con la debida organización y concienciación política, las masas pueden deponer los regímenes opresivos, como se observa en dos procesos realizados en Europa: la Revolución francesa (1789-1799) y la Revolución rusa (1905-1917).¹⁰

Ambas revoluciones, ocurridas en Europa desde fines del siglo XVIII hasta inicios del siglo XX, fueron las de mayor trascendencia universal. En la primera, el sector burgués asumió el rol activador de las transformaciones estructurales en el contexto del Estado absolutista francés, bajo la dirección de una minoría ilustrada. Mientras que, en la segunda, obreros y campesinos secundaron el esfuerzo directivo de los intelectuales y militares, socialistas y comunistas por la creación de una República socialista basada en soviets (consejos de soldados, obreros y campesinos).

Wilfredo Pareto (1848-1923), filósofo y sociólogo italiano, es uno de los principales defensores de dicha posición. Es partidario de que la dirección del conjunto de grupos sociales debe descansar en los mejores y más aptos para ello, argumento cercano al determinismo del que hace gala la justificación fascista del elitismo en política (Ruiz Rodríguez, 2011). Sin lugar a duda, este argumento inspiró y justificó la selección natural tanto de la élite, del sector dominante, como de los gobernantes, los encargados del poder de decisión; además de sugerir sucintamente que las capacidades para ejercer el gobierno son patrimonio exclusivo de una minoría selecta, poseedora de potencialidades naturales para el mando, la dirección y la organización.

Estos argumentos sirvieron de soporte ideológico a regímenes fascistas consolidados después de la Primera Guerra Mundial, como lo fueron los de Benito Mussolini en Italia, Adolfo Hitler en Alemania, protagonistas de primer orden en la segunda conflagración, así como los más longevos dirigidos por Francisco Franco en España y Antonio Oliveira Salazar en Portugal.¹¹ En todos ellos se elaboró un discurso oficial que pretendía justificar la militarización de la sociedad y la represión características de los regímenes fascistas.

Por su parte, Robert Dahl, estadounidense de origen alemán, durante mucho tiempo profesor emérito de Ciencia Política de Yale (1915-2014), argumentó que no existe una élite en el sentido estricto, sino que los individuos selectos conforman un conglomerado colectivo al igual que los grupos no dominantes (Ruiz Rodríguez, 2011). Este teórico concibe al poder como disperso, sin el control directo de ninguna persona o colectivo, puesto que el dominio de los recursos económicos y políticos no puede –según él– ser acaparado en exclusividad, por lo que es necesario que el manejo de lo público se ramifique o diversifique. Dicha dispersión hace que, automáticamente, exista un equilibrio de poder que neutraliza las tensiones y reconcilia los intereses. La crítica hacia esta posición lleva a cuestionar si la faceta económica, cuya directriz detenta una facción de élite, puede llegar a diferenciarla radicalmente de otras, al punto de que resulta imposible hablar de ellas como bloque cohesionado graníticamente, unitario, con lo cual se pondría en tela de juicio su compatibilidad de intereses.

El también alemán Robert Michels (1876-1936), alumno de Max Weber, padre de la Sociología Comprensiva, defiende también la necesidad social e histórica de las élites. En su obra Los partidos políticos sostiene que toda organización social marcha hacia la concentración del poder en un grupo selecto, al cual nombra sin ambages como oligarquía (Ruiz Rodríguez, 2011). Esto constituye una ley absoluta, por tanto, es inevitable e ineludible, y resulta el elemento indispensable para el funcionamiento democrático.

Tal postura se explica reconociendo la prevalencia del pensamiento estructuralista y funcionalista, el cual hace imprescindible, para la existencia de las sociedades organizadas, el surgimiento de una jerarquía dominante sin cuya intervención no existe posibilidad de instaurar un ordenamiento coherente en los conglomerados humanos, lo contrario es la anarquía, la carencia de pautas para la vida social. Esta postura se opone diametralmente a la propuesta anarquista de instaurar la libertad e igualdad general, aboliendo todo tipo de jerarquía, sustentada por ideólogos de esta corriente como Jean Joseph Prudhon, Mijail Bakunin y Piotr Kropotkin, entre otros.

Por su lado, Gaetano Mosca (1858-1941), italiano como Pareto, sostiene, al igual que él, la exclusividad de una minoría para organizar y dirigir la sociedad. Él establece que la élite es una minoría cohesionada y jerarquizada internamente que no tiene solo una faceta social, económica o política, sino que, a través de su control de la economía, asegura gradualmente el poder político y la influencia cultural, tal como sucedió con el régimen fascista (Ruiz Rodríguez, 2011).

Contrario a lo que se piensa fuera del ámbito de la sociología académica, las élites carecen de homogeneidad. La iniciativa organizativa es atributo exclusivo de los que conforman su culmen jerárquico, su núcleo dirigente, el más capacitado (intelectualmente) para ello. No obstante, trató de explicar esta exclusividad, al aducir que estos no dominan por ser los mejores, tal como lo deja entrever su compatriota, sino porque su educación, situación en la estructura social y contactos con la élite consolidada previamente (en el caso que procedan de grupos emergentes) los hacen aptos y capaces para la dirección del gobierno.

Se trata de una conceptualización que perfila acabadamente los factores mencionados tanto por Dahl como por los marxistas, enfatizando, como los materialistas históricos, que el dominio político se asegura o atrapa en lo económico, en los medios de producción. De ello deviene un control político que no puede entenderse como una automática superposición de los intereses de unos por sobre los demás, sino del desarrollo de un papel clave en el establecimiento de las condiciones sociales que rigen una sociedad y norman las relaciones sociales (modo o sistema de relaciones sociales y de producción).

Por su parte, Max Weber, influyente sociólogo neopositivista alemán (1864-1920), en el escrito titulado El Político y el científico, estableció los perfiles diferenciales de los miembros de las élites, ya desarrollado en parte en Sociología de la dominación. En dicho texto argumenta que, pese a pertenecer todos ellos a un estrato social diferenciado, se les debe distinguir entre aquellos que practican el vivir de la política y quienes se inclinan por el vivir para ella, lo cual puede interpretarse como una diferenciación entre lo que significa beneficiarse de las desigualdades legitimadas socialmente, desempeñando un papel pasivo, y ejercer como organizador tomando la iniciativa intelectual en la creación de un orden social favorable a intereses elitistas (Ruiz Rodríguez, 2011).

En consideración de lo anterior, se entiende que las comprensiones teóricas sociológicas sobre las élites se inclinan, en su gran mayoría, a justificarlas por su función organizativa de las sociedades clasistas, sean capitalistas o no. En el fondo, se percibe en ello una fuerte carga del sustento positivista que concibe a las sociedades como entes necesitados de orden y control para subsistir, por lo cual, se torna fácil pensar a los grupos dirigentes como inevitables y responsables del funcionamiento del andamiaje social.¹²

Dicho argumento no deja de parecer justificativo con respecto a la imposición de los intereses de estos grupos, más aún si se percibe, en la revisión cronológica de rigor, la coincidencia del auge de la filosofía positivista, según la sociología comteana, con los movimientos políticos de carácter revolucionario que tienen lugar en Europa Occidental en 1848.¹³ Pareciera ser que, tras el triunfo de los sectores coaligados en la Sociedad 2 de diciembre en Francia, que se expresa en la entronización de Luis Napoleón, resulta oportunamente lógico recomendar y justificar, con el debido soporte teórico, el apartamiento de las masas de cualquier incidencia en el proceso de redefinición del poder (Marx, 1973). Se trata de otro cambio en la accidentada transición del orden absolutista, la cual gestionaba el ordenamiento económico y político feudal, a la democracia liberal, tipo de gobierno que impulsa y reproduce las condiciones jurídicas, políticas y económicas para la hegemonía del sector representante del capitalismo, la burguesía. Esta condición fundante establece un juego de intereses, en el cual la lucha de los sectores subalternos se justifica por la desigualdad económica y el triunfo político de la burguesía, el cual tuvo como una de sus principales expresiones en lo económico la subsunción del trabajo al capital (Jimenez Mir, 1984).

El cómo, el dónde y el cuándo, los momentos instrumentalizados por los agentes oligárquicos para lograr la independencia centroamericana

La arqueología de la realización de la independencia, aplicando a la historia las conceptualizaciones generadas por el filósofo francés Michel Foucault para historiar la evolución del poder, nos lleva a representar una secuencia factual en la que, al dejar de lado la memoria del futuro, se evidencia claramente que los sectores oligárquicos fueron los protagonistas y gestores de la transición del estatus colonial a la vida independiente. Muchas versiones, provenientes de diversos contextos de escritura y posicionamientos políticos, coinciden en que esta tuvo lugar ante la exhortativa de autoridades del cabildo de Ciudad de Guatemala –núcleo del poder criollo– a realizar una reunión el 15 de septiembre de 1821 (Valdés Oliva, 1956).

Al obedecer a una convocatoria realizada por el poder, esta independencia no puede provenir del deseo u orientación de desprenderse por la fuerza de la dominación imperialista. Al revisar atentamente las fuentes y los discursos tanto de configuración metodológica explicativa como de crónica, de orientación descriptiva –las cuales están basadas en la interpretación de los documentos originales–, se establece que el impulso para decidir qué rumbo tomar está condicionado por la iniciativa de los grupos dirigentes.

Al darse en estas condiciones el consenso fundacional, se establece, desde ya, una legitimidad que se expresa en el texto del Acta de Proclamación de la Independencia, lo cual refleja pretensiones normativas fundamentadas en la justificación de que sería nocivo, para el bienestar general, que en esta hubiera una intervención de los sectores populares, lo que manifiesta ya un rol normativo (Ministerio de Educación de Guatemala, 1967). Claro está, otras independencias también tienen una orientación hacia los intereses de las élites, pero en el caso de este documento, en sus líneas se expresa una voluntad de preservar el estado de cosas, habiendo declarado, formalmente, el advenimiento de un nuevo orden político, el cual corresponde a los intereses de quienes se ubican en la parte superior de todo esquema gráfico que clasifique los sectores sociales.¹⁴

En este momento expositivo, conviene hacer una precisión sobre lo que el texto del documento mencionado manifiesta al respecto de la naturaleza de esta emancipación, lo cual se expone desde sus primeras líneas. Se trata de una independencia cuya proclamación tuvo lugar en la sede de la estructura de poder colonial, el Palacio de los Capitanes Generales de la Nueva Guatemala de la Asunción,¹⁵ además, es realizada después de reunir a representantes de la élite política, eclesiástica y militar, quienes participaron de un consenso que excluyó a los sectores populares. Como se comprenderá, el que ello se realice en el centro neurálgico, la sede física de la gubernatura española, y tenga como protagonistas a los principales, ya perfila políticamente la proclamación.¹⁶

Esta emancipación consensuada en el mismo sitio que ocupaba la gobernación colonial es un factor que supone, desde el inicio del análisis, un carácter distinto a las independencias en cuya realización medió la actividad militante, tanto en lo ideológico como en lo bélico, de los grupos de vanguardia. Esta beligerancia provocó el desarrollo de un ciclo de violencia sistemática que se concretó en el surgimiento de una guerra frontal contra los peninsulares, criollos españolistas¹⁷ y las tropas coloniales, la cual, debido a la inclusividad y participación de los sectores subalternos, podría calificarse como guerra de liberación con respecto al poder colonial, como fue el caso de México, Cuba y la mayor parte de países que pertenecieron a España en América del Sur.¹⁸

Prosiguiendo en el sentido que marca esta impronta metodológica, al hurgar más allá del análisis de la literalidad del texto de los documentos fundamentales, se encuentra que este tipo de independencia, pactada entre el poder local y el ocupante colonial, revela nítidamente, desde la óptica del marxismo, el carácter de clase de la declaratoria de emancipación. Sin temor a caer en generalizaciones superficiales o acomodaticias, podría decirse que este pacto fundacional, tanto en forma como en contenido, se asemeja más a las declaraciones de adherencia y lealtad que (a modo de proclamas) las élites criollas de muchos centros de poder político (ayuntamientos) emitieron en medio de la crisis que atravesó España una vez ocurrida la invasión napoleónica (1808-1811), que a la ratificación misma de una emancipación, donde la parte colonial capitula después de su derrota militar.

Es necesario advertir en este momento que una lectura crítica de esta modalidad de independencia¹⁹no está orientada a una defenestración o minusvaloración del hecho por la forma en que la región centroamericana inició su vida como una entidad política autónoma. De ninguna manera se está emitiendo un juicio de valor calificando este paso, necesario para la existencia de la actual estructura política y económica, como suceso anodino, fútil, insignificante o incomparable a las gestas que, bajo otras circunstancias y condiciones, se realizaron en otros puntos de la América española.

El criterio que ha privado en este trabajo ha sido el de una revisión imparcial y objetiva de la independencia como hecho histórico depurado de las deformaciones propias de la apología realizada sobre ella por el liberalismo a través de su versión de Educación Cívica. De esta forma, se analiza cómo las élites de la región fueron las protagonistas de la instauración de un nuevo ordenamiento jurídico-político, de la mano de un pacto con lo que quedaba del poder colonial. En una colonia de reducida importancia estratégica y económica, este se encontraba desempeñado por unos pocos funcionarios burocráticos encabezados por el brigadier don Gabino Gaínza²⁰ y escasos oficiales, quienes encuadraban las milicias que realizaban labores de vigilancia en puertos y los caminos más importantes.

Asimismo, debido a que la independencia centroamericana recibe, desde lo institucional, una gran atención, este trabajo espera aportar otra interpretación, ejercicio que lleva a integrar, en la síntesis final, una argumentación con proyecciones no solamente desde el análisis documental o historiográfico, sino también desde lo conceptual, objetivo y político. Para ello, es necesario abordar también los condicionantes que influyen en la construcción del discurso, los cuales necesariamente están unidos a la hegemonía, elemento que ha permitido, a través del tiempo, una construcción o representación imaginada tanto de la patria, como de la emancipación de España.²¹

La hegemonía construida en el pacto fundacional: el Plan Pacífico como hoja de ruta para la realización de una independencia controlada

Entre los documentos fundamentales de la independencia centroamericana, se encuentra un texto que refleja, quizás de una forma más que clara, la intervención e iniciativa oligárquica en aquel momento decisivo para la historia de la región. Dicho documento es de autoría intelectual de un representante conspicuo de la élite terrateniente y comercial, don Mariano de Aycinena y Piñol, nieto de don Juan Fermín Aycinena e Yrigoyen (1725-1796), nativo de Ciga, Baztán, valle del reino de Navarra, quien, al migrar a la Nueva España, se desempeñó como transportista de mercancías a lomo de ganado mular, desde la ciudad de México a Veracruz con escala en San Luis Potosí (Véliz Catalán, 2020).

Aycinena fue parte de una migración que arribó de la Península ibérica dos siglos después de realizada la conquista del istmo. Su orientación, en términos económicos, no fue puramente terrateniente, como ocurrió con el grupo oligárquico compuesto por descendientes de los conquistadores, de hijosdalgo beneficiarios del sistema de encomiendas, quienes les aseguraban tanto posesiones de tierra como fuerza de trabajo proporcionada por los indígenas sujetos al repartimiento. Juan Fermín ascendió a partir de su fructífera actividad comercial y a exitosos enlaces matrimoniales, lo cual le permitió engrosar sus capitales, al punto de obtener el título de Marqués en 1783.²²

El primer marqués de Aycinena consolidó su poder económico estructurando una red familiar a través de matrimonios arreglados, con lo cual se aseguraba la expansión y preservación de sus intereses (Casaus Arzú, 1992). En el aspecto político, ya directa o indirectamente, procuró que los intereses de su clan quedaran bien asegurados, con lo cual controló el Ayuntamiento de Nueva Guatemala de la Asunción, instancia en la que se expedían normativas para el tráfico comercial y la distribución de mercancías en el territorio de la Capitanía General (Rodríguez Sosa, 1984).

Para la década en que tuvo lugar la independencia, Mariano de Aycinena, su nieto, era quien presidía el Ayuntamiento, fungiendo como un heredero natural de su poder hacia 1821. En este tipo de extensión de intereses se cumple la premisa de Martínez Peláez, quien interpretó la independencia como la obtención del poder político por quienes, desde antes, detentaban el económico (Martínez Peláez, 1994). A esto se agrega el hecho de que la hegemonía económica seguía en ascenso, puesto que, según Aldo Lauria Santiago, en las primeras décadas del siglo XIX, Mariano poseía varias haciendas dedicadas a la siembra, cosecha y transformación del jugo del añil o xiquilete en tabletas de colorante que eran exportadas a Europa, lo cual constituye un elemento clave en la acumulación (Lauria Santiago, 2003).²³

El Plan Pacífico para la Independencia constituye un documento de primera mano que muestra la voluntad de los liderazgos dentro de la élite para tomar la iniciativa de la emancipación, prestando suma atención a los riesgos latentes de no proceder decisivamente y orientando la proclamación independentista hacia su espacio de intereses. Esta afirmación no representa ninguna novedad, por cuanto ha sido común encontrarla en discursos estructurados según la tendencia de la historia crítica. Se trata de mostrar la visión estratégica del marqués de Aycinena al encontrar como desfavorable la tan sola posibilidad de que los sectores populares u otras capas sociales lleguen al poder.

Este documento se dio a conocer públicamente el día 4 de septiembre de 1963, por medio de una publicación en el diario guatemalteco El Imparcial, en la cual Enrique del Cid Fernández divulgó la transcripción de un documento hasta la fecha inédito (Cabezas Carcache, 2009). Horacio Cabezas Carcache, historiador nicaragüense, afirma que pudo ser elaborado en la Casa Señorial de la familia Aycinena, ubicada en la 7.ª avenida, entre las actuales 8.ª y 9.ª calles, complejo del cual solamente queda el pasaje de este nombre.

Su redacción plasma un consenso entre los principales intelectuales de la Colonia: el obispo Juan José de Aycinena, su hermano don Mariano, así como los redactores del periódico El Editor Constitucional, José Francisco Barrundia, Mariano de Beltranena (nacido en San Salvador) y Pedro Molina y Mazariegos, todos ellos, en lo ideológico, de tendencia liberal. El acuerdo para definir el estatus político de la hasta entonces Colonia lo había apresurado el hecho de que, en recientes comicios, la tendencia realista (conservadora) había ganado la mayor parte de los representantes a Cortes Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos Constitucionales (Cabezas Carcache, 2009).

El texto del plan constituye una verdadera guía para escenificar una puesta en escena en la cual los observadores, pertenecientes a las clases populares, podrían observar cómo, sin lucha cruenta (así como sin consenso inclusivo), las principales autoridades coloniales, edilicias, eclesiásticas y militares procedían a proclamar la separación y emancipación de España. Además, se definió la finalidad del acto en que tendría lugar la separación oficial de la metrópoli, la forma en que el hasta entonces Capitán General había de dirigir la reunión y cómo esta sería presentada como una muestra de la voluntad de cambio, libertad y modernización de parte de las élites.

La lectura del plan con énfasis en encontrar la caracterización de la independencia, realizada a partir de él, deja entrever claramente la planificación de una escenificación que estuvo definida de antemano como forma para asegurar la exclusividad en la firma de la independencia. El texto de dicho documento, que consta de once artículos, revela, según una lectura política, la voluntad de perpetuar el orden prevaleciente con vistas a establecer algunas prerrogativas a priori al momento de iniciar el establecimiento de una nueva legitimidad.²⁴ Entre quienes participaron en la elaboración del plan, según Cabezas Carcache, existía una orientación intelectual que podría permitir la adquisición de una visión estratégica, de futuro, que permitiera visualizar, claramente, los riesgos a los que se exponía la élite de no proceder de la forma en que lo hizo (Cabezas Carcache, 2009). Entre los mencionados como participantes, Don Pedro Molina era médico, Francisco Barrundia era militar y Bachiller, mientras en el caso de Juan José y Mariano de Aycinena había una formación humanística que incluía conocimientos en Derecho y Cánones, lo cual sugiere un acercamiento a la teoría y pensamiento político clásicos.

Además de formar una élite, estos individuos constituían una clase política en el sentido en que el italiano Antonio Gramsci lo estableció, pues contaban con una visión de conjunto, en la cual no dejaban de gravitar, como riesgos a su hegemonía, las posibilidades de que, en el territorio de la Capitanía General, se escenificaran rebeliones y amagos de emergencia para otros grupos, como podrían ser los sectores y capas medias. A esto podría agregarse el precedente que dejó la rebelión de Totonicapán de 1820, liderada por Atanasio Tzul (proclamado “Rey de los Indios”), quien auguró una coexistencia accidentada de no existir consenso con las capas dirigentes de los otrora señoríos indígenas, aspecto que fue comprendido claramente más adelante por un líder político de gran visión estratégica, sobrino de los miembros del clan Aycinena mencionados anteriormente.²⁵

Este plan, para lograr la independencia en el territorio de lo que fue la Capitanía General del Reyno de Goathemala, constituye una singularidad en cuanto a documentos precursores de la independencia. Con seguridad, este es el único caso en el que, además de mostrar una confluencia entre la administración colonial y los sectores locales que realizan la independencia, se evidencia como una prioridad la concepción de un ordenamiento futuro, el cual, en un sentido estricto, comienza a establecerse desde el momento en que el consenso alcanzado permite realizar el plan, con lo cual se implanta una legitimidad invocada por las condiciones de la coyuntura.²⁶

Finalmente, se debe puntualizar que el criterio que ha privado al analizar el Plan Pacífico es el de encontrar en su texto una orientación política atendiendo a la interpretación que puede hacerse del documento desde una lectura política. En la expresión de estos argumentos se ha realizado una convergencia entre la Ciencia Política y la Historia, procurando instrumentalizar las conceptualizaciones y definiciones de autores ajenos, distantes al quehacer historiográfico y a la construcción de narrativas sobre los hechos del pasado, con el fin de definir la naturaleza del pacto fundacional que generó la independencia.

Una síntesis conclusiva: pacto fundacional de signo oligárquico

En anteriores fragmentos de esta exposición han quedado plasmadas algunas nociones sobre oligarquía, las cuales se han tomado de varios enfoques y autores, así como también se ha expuesto una forma, si se quiere muy breve, del carácter elitista del hecho que inicia la vida independiente. Llega el momento de establecer qué signo político u orientación revela el pacto fundacional, así como de explicar en qué puede basarse esta caracterización, siguiendo siempre el camino de la participación de la Historia y la Ciencia Política.

Antes de explicar por qué puede caracterizarse el pacto fundacional como oligárquico, conviene realizar una precisión de orden metodológico: tanto la narrativa historiográfica como la lectura política de la independencia centroamericana son ejercicios interpretativos realizados a posteriori, donde se les interpreta en conexión y consideración con los hechos, coyunturas y procesos desarrollados posteriormente, los cuales están insertos en los primeros intentos de estatización. Esta condición que, hermenéuticamente, asume una importancia capital, indica que muy difícilmente se le puede interpretar como un hecho aislado, sin conexiones fuera del epicentro geográfico, proyecciones ni consecuencias al futuro, como lo haría un periodista con un suceso cualquiera, cuyo impacto se limita al presente y, frecuentemente, es tratado de una forma aislada hasta en el abordaje de coyuntura en estudios de carácter económico, antropológico o sociológico, por lo que es necesario un referente histórico para conectarlo con su causalidad.²⁷

Analizar este hecho sin atender a los intereses en juego, a la existencia manifiesta de grupos con un manifiesto perfil oligárquico, constituye, a todas luces, una arbitrariedad, puesto que ello resulta obvio al referenciar la forma en que se construyó el orden económico y, en cierta manera, político prevaleciente en el período colonial. El carácter oligárquico se auto referencia cuando, como ha dicho Martínez Peláez, la explotación de las mayorías indígenas y mestizas tuvo lugar en forma compartida, entre una Colonia que exigía tributos (esto para el caso de los indígenas) y grupos de criollos terratenientes, ganaderos y comerciantes, que obtenían de ellos trabajo forzado y, desde luego, servicios personales, de manera que fue tardía la aparición del empleo asalariado (lo que corresponde a los mestizos) (Martínez Peláez, 1994).

Si bien no puede afirmarse contundentemente que todos los criollos constituían un conglomerado compacto, granítico de oligarcas, según se constata en el texto del Plan Pacífico, la independencia fue proclamada por individuos que pertenecían a la élite. Aún si existieran divergencias ideológicas en este grupo, el común denominador entre ellos resulta ser su posición económica, como lo evidencia el caso de la familia Aycinena. Además, haciendo eco de las nuevas tendencias historiográficas, que han incorporado al instrumental analítico de los hermeneutas e investigadores herramientas conceptuales y teóricas provenientes de otros campos, se puede encontrar que, en toda Iberoamérica, debido a sus particularidades tanto políticas como económicas, se hallaba vigente la hegemonía oligárquica, lo cual tuvo su realce con la independencia.²⁸

De hecho, muchos historiadores modernos caracterizan esta etapa como de continuidad del orden oligárquico instaurado en la Colonia, cuyas bases se establecieron con la política colonial de tierras, que procedió a premiar con ello a quienes participaran en las acciones de guerra que permitieron asentar la soberanía de los reyes de España, lo cual constituyó un primer momento en el proceso de conformación de las élites del istmo.²⁹

Las dos formas de recompensa utilizadas por la Corona, el Repartimiento y la Encomienda, dieron lugar, como se sabe, al pleno dominio sobre los indígenas, esto significó obligarles a trabajar para los encomenderos (por serles repartidos), lo cual se extendió también a un reparto de tierras. Con ambas condiciones legitimadas y validadas por el arbitraje colonial, el grupo de beneficiarios de estas medidas construyó una lógica de acumulación que les permitió medrar de una forma como no hubiesen podido hacerlo en la Península. Asimismo, paralelamente y con el paso del tiempo, se construyó una ideología de clase, el criollismo, el cual se extendió a la formulación de múltiples prejuicios dirigidos tanto a los peninsulares como a los indígenas, mestizos provenientes del grueso del sector de las castas, negros y otros.³⁰ La élite tenía también la primacía en cuanto a la educación, al ser sus miembros formados en los escasos establecimientos educativos fundados para el efecto tanto por la Corona como por la Iglesia, lo que permitió el desarrollo y la maduración de liderazgos intelectuales en su seno.

Por consiguiente, la orientación de los instrumentos fundantes del ordenamiento vigente a partir de la independencia registra la intervención y protagonismo de los intereses oligárquicos. Según lo evidencia la evolución política posterior, esto le imprimió al hito fundacional un carácter singular, el cual no solamente definió la transición de la Colonia a la independencia, sino que también se refrendó en los primeros intentos de construcción institucional y estatal desarrollados entre 1824 y 1838.³¹

La iniciativa oligárquica en los primeros episodios hacia la estatización. El sentido metodológico de esta propuesta

Posiblemente, introducir términos como el de estatización en la historia-ciencia pueda parecer algo aventurado, pues su uso resulta más usual y propio en la Ciencia Política. Empero, en consonancia con la orientación interdisciplinaria que sustenta este artículo, es un hecho que las narrativas explicativas del pasado se enriquecen cuando son capaces de una flexibilidad que permita la incorporación de elementos conceptuales, metodológicos y teóricos de otras disciplinas. De hecho, existe ya un campo de investigación y creación del conocimiento de lo social, un campo o espacio en el que la Historia y la disciplina del estudio de lo político coexisten: la Historia Política.

Para la historia política centroamericana, desde una posición en que se supere la orientación positivista clásica, la independencia supone un paso necesario para la construcción de la institucionalidad, para la existencia de una estructura política y jurídica que, según la lógica más elemental, resulta ser la antecesora del ordenamiento vigente en nuestros días. En este sentido, entonces, la independencia, obtenida en fecha 15 de septiembre de 1821, constituye el momento en el que las élites generan los elementos precursores, fundacionales tanto para lo que se desarrolló después como para las diversas coyunturas de existencia del Estado. Después de la independencia, se funda una forma estatal distinta a la colonial. Para las mayorías la situación de subordinación continúa y la hegemonía que se instaura es la de una élite criolla que ha obtenido la independencia de la metrópoli y ahora accede a la mayoría de edad ocupándose de modelar un panorama favorable a la reproducción de sus intereses.

En complemento a ello, en este artículo se realza la figura del pacto como un acuerdo entre diversos sectores sociales sobre el cual se basan los movimientos que permiten articular estructuras normativas. Esta referencia también sugiere darle importancia al contrato social derivado; este puede no ser, enteramente, interpretado en los términos del pensamiento de Jean Jacques Rousseau, pensador invocado por las élites intelectuales decimonónicas como propulsor del contractualismo. En otras palabras, dadas las condiciones del caso, dicho pacto podría ser impuesto por consenso excluyente, elitario, omitiendo cualquier convocatoria inclusiva. Asimismo, dicho contrato puede estar restringido en su formulación, pero en su vigencia alcanza inclusión debido al tutelaje que las élites oligárquicas y emergentes perpetuaron sobre las mayorías una vez descontinuada la presencia colonial.³²

En sintonía con la principal tesis de este trabajo, debe decirse que las características de la independencia centroamericana, a todas luces controlada por los intereses oligárquicos, enfilan a su comprensión como parte del perfil societario, de la individualidad de la región en cuanto a modalidades de ejercicio y construcción del poder político y económico. Como parte de la realidad propia del Estado oligárquico, el período posindependentista resultó ser una transición dirigida, controlada hacia otra forma de gobierno, pero que no permitió negociar o reformular ni el pacto fundacional ni el consenso societario, ni mucho menos el statu quo.

Debido a la necesidad de explicar este punto de vista, y con el objetivo de hacer una exposición clara del enfoque predominante en este trabajo, se puede formular una secuencia en la cual se muestra cuáles fueron los primeros pasos para el inicio del proceso de estatización: 1) independencia negociada, coyuntura en la que, debido al pacto establecido entre la élite y el hasta entonces Capitán General, se extiende a la incorporación al Imperio; 2) anexión a México, influida por los intereses conservadores que impusieron dicha opción en comicios; 3) ruptura de la anexión, segunda proclamación de independencia; 4) formación de un gobierno de carácter progresista, calcado según el modelo norteamericano, inicio de la existencia para la República Federal de Centroamérica; y por último, 5) revelación de los intereses oligárquicos en el triunfo del particularismo y del localismo, al desencadenarse la crisis terminal del modelo federal.

Como puede observarse, estas pueden ser, cronológicamente, las fases iniciales del desarrollo del Estado en el territorio que constituyó la Capitanía General de Goathemala. La tesis que este artículo sustenta para conectar dichas coyunturas con el hecho fundacional, la independencia obtenida el 15 de septiembre de 1821, reside en que, detrás de la significación política o histórica, los intereses oligárquicos mantuvieron su latencia, pasando a un segundo plano cuando los grupos subalternos y emergentes tomaron la iniciativa, como sucedió cuando se rompe la anexión al Imperio mexicano y se instaura el gobierno federal.

La anexión al Imperio de Iturbide, un primer movimiento estratégico de aseguramiento de los intereses oligárquicos en la etapa posindependentista

Como se dijo anteriormente, la independencia de las cinco provincias gobernadas desde la ciudad de Nueva Goathemala de la Asunción no fue consecuencia de un plan o programa ideado por las élites, con el objetivo expreso de lograr la emancipación de España. El texto del Acta de Proclamación de la Independencia, cuyos artículos reúnen los acuerdos emanados del consenso de convocado, deja claro en su proemio que la principal incitación a convocarla es la recepción, en el mes de agosto, de un conjunto de pliegos dirigidos desde Ciudad Real, Tuxtla, Comitán y otros ayuntamientos chiapanecos, los cuales llamaban a secundar el Plan de Iguala proclamado el 5 de marzo, en plena lucha independentista.

La iniciativa de las élites de controlar la proclamación de la independencia, apartando la sola posibilidad de que en ella participaran sectores populares, llevó, como se ha dicho, a la estructuración de un elemento estratégico, el Plan Pacífico, en el cual se establecieron las pautas para lograr la emancipación de España con la participación del Capitán General don Gabino Gaínza. Después de transcurrido algún tiempo, y mientras en los demás territorios de la Capitanía se iban constituyendo gobiernos que secundaban lo realizado en la ciudad de Nueva Guatemala, las autoridades de gobierno no consiguieron desligarse por completo de lo sucedido en México, lo cual se orientó a una reafirmación de los intereses dominantes.

Aun bajo este ligamen, las élites capitalinas no pudieron evitar la segregación de la, hasta entonces, provincia guatemalteca de Chiapas, cuyas élites optaron por incorporarse al Plan de Iguala, lo cual automáticamente les incorporó a México. Los mismos ayuntamientos que estimularon a los guatemaltecos a unirse al plan decidieron cortar el vínculo de casi tres siglos con un grupo oligárquico con el que, definitivamente, acumularon contradicciones debido al monopolio comercial ejercido en la capital (López Vallecillos, 1967).³³

En este momento, de una transición que bien podría interpretarse como indefinición, las élites guatemaltecas, que llevan la iniciativa en el proceso desde el inicio, deciden realizar un plebiscito, en el cual se proponía secundar o desechar la propuesta de formar parte del Imperio. Diversas fuentes sostienen que el resultado de dicha elección fue amañado, lo cual representa el primer fraude electoral realizado en la región. Desde el ángulo que aquí interesa, la sola iniciativa de buscar o considerar la invitación de las autoridades mexicanas refleja, una vez más, el deseo de perpetuar los intereses dominantes, independientemente de la posibilidad de comprobar el fraude.

La victoria de la opción conservadora en los comicios aludidos dio lugar a la formal incorporación de las cinco parcelas a México en calidad de una provincia en su extremo sudoriental. Esta anexión, como se sabe, precipitó el inicio de las confrontaciones interprovinciales, puesto que El Salvador, epicentro de un sector emergente beligerante con respecto a la oligarquía guatemalteca, prestó una tenaz oposición y resistencia. Los pocos meses que duró la anexión trajeron como consecuencia guerra, confrontaciones interprovinciales y la quiebra económica, ante lo cual, los sectores liberales reaccionaron y proclamaron de nuevo la independencia, conjurando cualquier futuro intento de revertir la emancipación, alcanzándola, según el texto de España, México y cualquier otra Nación (Ministerio de Educación de Guatemala, 1967).

La transposición de ambas orientaciones refleja, en una coyuntura de poco menos de dos años, lo que tendrá lugar poco tiempo después. En el marco del enfoque que se viene manejando, el cese de la anexión tiene una lectura que va más allá de reconocerla como simple resonancia de los hechos acaecidos en México. Con ella y la subsecuente Proclamación Definitiva de Independencia del día 1.º de julio de 1823, los intereses oligárquicos retroceden y su contraparte emergente toma la iniciativa, en busca de una nueva redefinición hegemónica, en la cual se plantearía una legitimidad que conllevaba implícitos cambios que afectarían al poder de las élites.

Desafío a los poderes oligárquicos: el primer intento de modernización por medio del proyecto federal

La transición de la independencia hacia el Estado, en el otrora territorio de la Capitanía General, se presenta accidentada y llena de alternativas según la cronología y la historia tradicional.³⁴ Tras la emancipación, el estatus político de esta región mutó varias veces en menos de cinco años, pasando de circunscripción del Imperio español, a Provincia Oriental del Imperio mexicano, y después de ello a Provincias Unidas del Centro de América, carácter federativo que se refrendó con el triunfo liberal en las elecciones realizadas en 1824, lo cual dio pie a la existencia, a partir del año siguiente, de la Federación Centroamericana.

Al realizar una lectura estratégica, puede encontrarse que los episodios de cambios políticos corresponden a la irrupción, en la naciente vida política, de dos grandes tendencias. Estas se habían ya asomado previamente como orientaciones en el restringido contexto de los debates periodísticos previos a la proclamación de la independencia, realizados en las secciones editoriales de El Editor Constitucional y El Amigo de la Patria. Sin embargo, al momento de las primeras coyunturas en las que tuvieron lugar las luchas y confrontaciones intersectoriales, no constituían ni la estructura ni la forma en que las encontramos existentes en el presente.³⁵ Tampoco su desarrollo puede remitirnos al desenvolvimiento de opciones políticas que, de una forma articulada, hayan presionado, de alguna manera, a los representantes de los poderes coloniales para obtener una emancipación.

Si se puede hablar de algún asomo de lucha contra el orden colonial, que reflejaría una orientación, más que reformista, verdaderamente revolucionaria, ello podría encontrarse en las rebeliones ocurridas con anterioridad a 1821 y en la actividad de muchos intelectuales que fueron reprimidos por las autoridades coloniales. También conviene acotar, en este momento, que la lucha de clases, si la hubo, no significó un choque de intereses frontal, violento; podría decirse que, el hecho de que tuviera lugar una independencia controlada, corresponde a la anulación de cualquier asomo autonomista liderado por los sectores subalternos. Por lo mismo, cuando se descontinuó una integración a México, el evidente fracaso de las élites tradicionales permitió un compás de emergencia para liderazgos sin vínculos con los linajes oligárquicos, lo cual se tradujo en la instauración de un nuevo ordenamiento, cuya vigencia se apoyaba en la legitimidad de los comicios y se extendía a la vigencia de un documento fundamental, la Constitución promulgada el 22 de noviembre de 1824. Este elemento jurídico, al interpretar críticamente la sucesión y alternancia en la posición hegemónica, vino a sustituir la legitimidad invocada por los autores del Plan Pacífico, la cual, como se recordará, buscaba neutralizar cualquier otra iniciativa para establecer una direccionalidad en lo político.

Con la Constitución, entraba en vigor una normatividad distinta al derecho invocado por los representantes de la élite tres años atrás. De ahora en adelante, el ansia de emular el modelo político impuesto por la Revolución francesa y la revolución norteamericana –que constituían los paradigmas modernizadores de entonces– llevaría a establecer el ordenamiento republicano. Bajo esta legitimidad, se establecía un nuevo pacto, el cual, a pesar de lo democrático o incluyente que pudiera resultar al adversar la intervención manipulativa oligárquica y plantear la soberanía de la Ley y la Constitución, legitimaba la exclusión de indígenas, mestizos y negros, al establecer la ciudadanía censataria y diferenciada.

Por más que la modernización en el terreno de lo super estructural planteara una superación del antiguo régimen, las élites republicanas no pudieron evitar el surgimiento del paternalismo estatal, el cual suplantaba al regalista y clerical propio de la Colonia, pero reproducía la diferenciación censataria y estamental. Este rasgo es característico del Estado oligárquico indistintamente de la expresión ideológica que resulte hegemónica, liberal o favorable a cambios radicales, o bien conservadora, opuesta a ello. Dichos rasgos alcanzan un perfil nítido, por cuanto existen masas de indígenas o mestizos sobre los cuales pesa la marginación, explotación y segregación, dando lugar a un tutelaje paternalista debido a la segregación estamental.

Este episodio de articulación política representó una experiencia única en la historia centroamericana, la cual ha dado lugar a innumerables debates y discusiones fuera y dentro del marco de la academia y la ciencia, de manera que existen defensores y detractores por igual. Este, respaldado, como se dijo, por la Constitución Federal, agrupó a las cinco parcelas que, hasta 1821, habían sido provincias del Imperio español, gobernadas por un Capitán General residente en la ciudad de Nueva Guatemala, en las cuales el sistema colonial había permitido el desarrollo de élites locales.

El proyecto federal tuvo, como es sabido, en la contraposición de los intereses oligárquicos y emergentes, uno de sus principales desafíos; no debe olvidarse que la voluntad de consolidación de las élites tradicionales estuvo siempre latente, por tanto, no cedió ni se diluyó mientras los sectores antagonistas detentaban el poder.³⁶ Conforme la presidencia de Manuel José Arce se prolongó, surgieron las primeras desavenencias y confrontaciones, las manifestaciones de profundas diferencias intersectoriales, las cuales anunciaron grandes dificultades a un gobierno asentado en el centro mismo del poder económico, la antigua sede colonial.³⁷

Se sostiene que el gran error de Arce consistió en ceder a la presión de los principales propietarios guatemaltecos, algo que, sin caer en el fatalismo, se sabe era inevitable (López Vallecillos, 1967). Esta disparidad correspondía a una división de las actividades económicas que favorecían a las élites guatemaltecas, algo que se perpetuó mientras duró el dominio español, pero que, una vez proclamada la independencia, el cambio de estatus era interpretado como una posibilidad de volcar la situación en su favor. Para que esto tuviera lugar, era necesario capturar la posición hegemónica y asegurar su reproducción a futuro, así como la conformación de un contexto en el cual se garantizaría la protección a sus actividades económicas.

Dicho en otras palabras, y utilizando el vocabulario marxista (que para estos menesteres resulta sumamente exacto y preciso), las visiones de la independencia y del inicio de la existencia de la estructura institucional se forjaron según el lente de los intereses de clase. Además, debe considerarse que la labor justificadora de los intelectuales de las élites se halla plasmada también en la historiografía, lo cual ha legado a la posteridad discursos en los que se expresó la forma en que estos grupos interpretaron lo sucedido. Tanto el intento de establecer un gobierno de tipo federal como la realización de la independencia significaron distintos asuntos para las élites.

Mientras los sectores oligárquicos interpretaron la partida de la administración española como una oportunidad para reafirmarse, su parte antagónica lo acogió como compás para realizar reformas a todo nivel. No obstante, privada del poder, hubo de conformarse a observar pasivamente cómo el statu quo se mantenía incólume, incluso, en el breve período de anexión al Imperio mexicano, amenazaba peligrosamente con sostenerse.

La anexión al Imperio significó la participación en una restauración imperialista que era preferible, para la estrategia de consolidación y captura del poder de las élites, a la apertura o inclusión, en el consenso, de los otros sectores, tras del cual tendría lugar una redefinición del poder. Debe tenerse en cuenta que, al analizar estas coyunturas, a pesar de que se aborda un proceso político con perfiles republicanos, correspondientes, en gran parte a la institucionalidad que rige actualmente en la mayoría de países del mundo, no existía inclusión ni participación en ello de la ciudadanía, puesto que se trataba de sociedades tuteladas y en las que aún regían principios paternalistas y excluyentes.

Cuando la anexión al Imperio mexicano se aborta, las fuerzas progresistas asumen que ha llegado el momento de tomar una iniciativa, lo cual está justificado debido al saldo negativo de la incorporación. En el contexto de la Historia Política, es usual asumir que para estos primeros intentos de estatización existen ya posiciones definidas en cuanto al modelo y direccionalidad que ha de seguir la región, los cuales frecuentemente son asumidos como partidos o bloques que agrupan, como se ha dicho, a individuos seleccionados, según principios derivados de criterios elitistas (varones, propietarios, con instrucción).

Los intereses oligárquicos, fundamentales para la ruptura del pacto federal y el quiebre del intento de estatización liberal

Una posición hermenéutica extremadamente centrada en el análisis de la independencia, de las fuerzas políticas que confluyeron en esta, puede no permitir una visión que enlace las subsiguientes coyunturas políticas con la posición que los sectores oligárquicos tomaron en 1821. Esto es propio de posicionamientos que ven en lo sucedido el 15 de septiembre un hecho sin conexiones ni proyecciones hacia el futuro, lo que, según la moderna historia-ciencia, constituye una limitación metodológica, pues impide encontrar el sentido estratégico y político del inicio de la vida independiente por medio de la independencia controlada.

Por tal motivo, y teniendo presente que el inicio del proceso de vida independiente también era el inicio del proceso constitutivo de la hegemonía, debe comprenderse que los intereses sobre el poder que se construía se encontraban detrás de muchos movimientos y alternativas. Es así como las fuerzas progresistas, lideradas por Francisco Morazán, impusieron un nuevo rumbo al gobierno regional en 1829 y obtuvieron, con el exilio de la mayor parte de miembros de la oligarquía, el clima adecuado para viabilizar las reformas de tipo liberal, las cuales buscaban la modernización en todos los aspectos (Woodward, 2011).

Estos cambios, inspirados en las nociones liberales de progreso y modernización, maduradas por el Iluminismo y la Ilustración, que tanto caracterizaron a los procesos francés y norteamericano, necesariamente impactaban en las condiciones prevalecientes, las cuales no habían sido sometidas a ningún cambio esencial desde la realización de la independencia. La intervención en la realidad, a través de la legislación, afectó gravemente las prerrogativas oligárquicas en lo siguiente: a) la política del librecambio y del libre comercio adversó el monopolio comercial ejercido durante el dominio español; b) la soberanía de la Ley y las instituciones de carácter liberal-republicano se imponían a cualquier prerrogativa de tipo sectorial, pues buscaban la modernización en lo político; c) las reformas económicas impuestas sugerían el cambio de criterios en cuanto a la posesión de la tierra, con lo cual se impuso una concepción mercantil en donde aún ello se consideraba un bien patrimonial, afectando los intereses de comunidades indígenas; y d) el laicismo de la administración derivó en anticlericalismo radical y permitió un uso ideológico de los excesos de los gobiernos federales, lo cual atrajo a sectores campesinos opuestos a la política fiscal y de tierras, fortaleciendo la oposición al régimen.

El lapso en el que Francisco Morazán ejerció como Presidente Federal (1830-1838) constituyó un período de reformas y cambios que chocaron con el Estado infraestructural que legó la administración colonial. Muy temprano, hacia 1832, la política agraria de las autoridades afectaba ya a comunidades indígenas, que veían en la apertura del mercado de tierras una afrenta, puesto que la tierra comunal había sido protegida por la legislación colonial y, bajo el gobierno federal, se encontraba rumbo a convertirse en una mercancía, con lo cual se abre una puerta a la acumulación de individuos particulares, lo que definitivamente crispó los ánimos y aceleró las contradicciones intersectoriales, por lo que se registraron estallidos como el de Anastasio Aquino en El Salvador (Rodríguez Sosa, 1984).

La confluencia de sequías y epidemias con la reacción popular contra las medidas gubernamentales desencadenó una gran rebelión campesina en Guatemala hacia 1837, la cual fue instrumentalizada por los conservadores a partir de la acción estratégica de Manuel Francisco Pavón y Aycinena, quien refrendó, en su alianza con rebeldes alzados contra el gobierno de Mariano Gálvez, la defensa a los intereses de su familia (Molina Moreira, 1979). Esta voluntad de establecer un ordenamiento en el que los intereses oligárquicos quedaran asegurados le llevó a convertirse en un eficaz estratega que buscó debilitar a sus opositores volcando hacia Gálvez primero y luego hacia Francisco Morazán la expresión del descontento y malestar popular contra la imposición de las medidas modernizadoras (Molina Moreira, 1979).

El fin del proyecto federal llegó con el sucesivo abandono del pacto por cuatro países. El Salvador quedó como su único soporte, cobijando a Morazán como heraldo de la modernización y de la búsqueda de un nuevo equilibrio inter elitario. Este líder, a la postre, no pudo imponerse debido al fortalecimiento de la alianza entre clero, oligarquía y caudillos campesinos,³⁸ producto de la inquebrantable voluntad de Aycinena por revertir la derrota y humillaciones sufridas por los grandes propietarios guatemaltecos en 1829.

En manos de los conservadores, el proceso de construcción institucional se marcó desde Guatemala, país que se encauzó con la vía republicana bajo la tutela de uno de los Aycinena. Entre alzamientos campesinos e intentos separatistas, los conservadores erigieron la República de Guatemala el 21 de marzo de 1847. Mientras se consolidaba la hegemonía, Rafael Carrera sostenía el poder, participando en ello Manuel Francisco Pavón y Aycinena, varias veces asesor del Consejo de Estado. Desde esa influyente posición ideó la renuncia de Carrera, lo cual distendió los ánimos. Tras el vacío de poder resultante, sobrevino un breve compás de gobierno liberal moderado, el cual realizó una ineficiente gestión de la crisis (Woodward, 2011). Pavón y Aycinena, quien había ideado la trama, sugirió que era preferible que volviera Carrera a hacerse con el mando, no sin antes reprimir atrozmente las rebeliones campesinas y la oposición foránea a los conservadores.

Hacia 1851, cuando Carrera pacificó el país, reprimiendo la Rebelión de los Montañeses,³⁹ abortados ya los intentos separatistas del Estado de los Altos y derrotados los restos del morazanismo (batalla de la Arada de 2 de febrero), los poderes Ejecutivo y Legislativo le confieren grandes honores y le colocan de nuevo en el poder. Como se puede notar, Pavón y Aycinena participó activamente de la resolución de la larga lucha contra los sectores liberales iniciada en 1821, treinta años después, concretizaría el aseguramiento de la posición que había iniciado a consolidar su tío don Mariano en el Plan Pacífico. No obstante, no viviría para ver consolidado el régimen conservador, pues su fallecimiento se registró en 1855, un año después de sellar la primacía de sus intereses, logrando la presidencia vitalicia para Carrera.

Conclusiones

La independencia de los territorios de la Capitanía General de Goathemala, proclamada el día 15 de septiembre de 1821, tuvo lugar mediante un pacto entre la élite capitalina, algunos representantes provincianos y el gobierno colonial. Por tanto, y teniendo presente el contenido de el Plan Pacífico –una guía elaborada por intelectuales de la élite para lograr una independencia controlada– adquirió el carácter de pacto oligárquico, en el cual, expresamente, quedaban excluidos liderazgos de las clases medias y sectores medios.

El estudio de la independencia centroamericana se puede enriquecer a partir del enfoque pluralista, bajo el cual es posible incorporar a la historia-ciencia elementos teóricos y conceptuales de otros campos. En el tenor de esta temática, resulta útil recurrir a la Ciencia Política, área del saber en la cual muchos teóricos han realizado valiosas contribuciones analíticas, con el fin de comprender más ampliamente los hechos del pasado. En este sentido, la Historia Política constituye un campo de confluencia entre ambas disciplinas, brindando la oportunidad de profundizar el desarrollo de los procesos históricos a partir del uso de teorías, conceptos y categorías que abordan lo político.

Al cumplirse doscientos años de la firma del Acta de la Independencia Centroamericana, una revisión al carácter político de esta adquiere sentido con la necesidad de analizar las motivaciones de los grupos dirigentes de aquel momento, ocultadas al continuar vigente un imaginario nacionalista que difundió a través de la Educación Cívica la emancipación como un hecho heroico, épico, cuando objetivamente se trató de una transacción controlada en favor de intereses oligárquicos. Asimismo, el conocimiento de ello puede permitir el forjamiento de una cultura histórica y política que capacite a los ciudadanos para participar en nuevos acuerdos intersectoriales y, en consecuencia, generar nuevas concertaciones para alcanzar un consenso democrático e incluyente.

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Notas