Palabras claves

Principio de No Intervención, Estados, Costa Rica, Nicaragua.

Keywords

Principle of Non Intervention, States, Costa Rica, Nicaragua.

Fecha de recepción: 21 de agosto, 2013 - Fecha de aceptación: 5 de noviembre 2013

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo el análisis de las diferentes interpretaciones que pueden darse a la naturaleza jurídica y política del Principio de No Intervención, las cuales permiten que a la hora de considerar su adhesión que todos los Estados decidan hacerlo e incluso le otorguen su

ratificación; pero cuando se trata de su aplicación a casos concretos, su observancia resulta incierta o

al menos vacilante. Los gobiernos con inclinaciones hegemónicas del Continente se aprovechan del

procedimiento anterior para llevar a cabo sus propósitos sin sufrir el justificado repudio internacional,

recurriendo a los más variados pretextos para disfrazar su interferencia en los asuntos políticos de los Estados más débiles. Costa Rica y Nicaragua a lo largo de su historia han asumido a veces actitudes intervencionistas, incumpliendo obligaciones fundamentales del Sistema Interamericano, para lograr lo anterior se realiza un análisis de la aplicación del Principio de No Intervención a las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua en 1955.

Abstract

This paper analyze the different interpretations that can be a legal and political nature of the principle of non intervention, which allow time to consider joining all countries decide to do so and will

even give their ratification; but when it comes to their application to specific cases, enforcement is

uncertain or at least hesitant. Governments Continent hegemonic inclinations take advantage of the

above procedure to carry out his purposes without suffering international condemnation justified,

using the most varied pretexts to disguise their interference in the political affairs of weaker states. Costa Rica and Nicaragua in your history has taken interventionist attitudes sometimes, breach fundamental obligations of the Inter to achieve this is an analysis of the application of the Principle of Non-Intervention to relations between Costa Rica and Nicaragua in 1955.

A. Intervención Directa o Indirecta: Según se manifieste abiertamente

como en el caso de un ataque armado o de una ocupación militar, o en forma encu

bierta cuando se trate de presiones de tipo diplomático, es decir, influyendo sobre el país en conflicto o ante terceros Estados, a favor de una de las partes involucradas

en las diferencias surgidas.

B. Intervención Interna o Externa: Podríamos catalogarle como interna cuando se produce en un Estado que se debate en enfrentamientos de orden doméstico, una guerra civil, por ejemplo. El apoyo que se diera a uno u otro bando constituiría una intervención en los asuntos internos del Estado en cuestión. Cuando se tratara de interferencia en discrepancias surgidas entre dos o más Estados, dado que perfectamente estos podrían sufrir presiones dirigidas a modificar su posición original o su comportamiento actual, o de la participación en la toma de decisiones en foros internacionales, estaríamos ante una intervención externa.

Por demás está señalar que la intervención no solo puede ser llevada a cabo por un Estado en forma individual, sino también por un grupo de Estados y que tanto la intervención interna como la externa pueden tener un carácter directo o indirecto según sean las propias modalidades que adopte en el caso de que se trate.

No se debe olvidar, sin embargo, lo que ya hemos dejado sentado: para que la injerencia de un Estado pueda ser calificada de intervención, es necesario que tenga un carácter imperativo o coactivo. Así, la mediación no es intervención. Dicha injerencia tampoco tiene categoría de tal cuando es solicitada por el propio Gobierno que soporta una agresión de fuerzas extranjeras, como en el caso del Estado de Yucatán, México, el 1848, por ejemplo, o si la misma es autorizada por un Tratado, como ocurrió con el Canal de Panamá, en 1903.

2. Categorías

Las categorías más corrientes son: de orden político o de orden económico, las cuales pueden dividirse en las subcategorías que adelante analizaremos.

La categoría de orden económico la podemos concretar en los aspectos relacionados con la apropiación de recursos, el tratamiento que se otorgue en la concesión de préstamos y en el mercado internacional de sus productos, sobre todo en cuanto a la política de precios, disminución de las importaciones, desestímulos del consumo, etc., u otros procedimientos tendientes a afectar negativamente las finanzas públicas de un país.

En las oportunidades en que se llega a la aplicación de sanciones de tipo económico estas se confunden y entremezclan según sea la decisión del sancionante de lograr éxitos a corto, mediano o largo plazo y pueden tener motivaciones políticas. Tal situación la encontramos presente en dos trascendentales acontecimientos de actualidad mundial: el bloqueo aplicado al Gobierno marxista-leninista de Nicaragua y el boicot decretado contra Libia. Las causas que le sirvieron de fundamento

y los propósitos finales que persigue Estados Unidos obedecen a razones comunes

en ambos casos por ser, en el fondo eminentemente políticas: la sustitución de un régimen que consideran atenta contra la estabilidad institucional y el mantenimiento de la paz y de los principios democráticos en los países del Continente, y la necesidad de terminar con las actividades del terrorismo internacional que promueve el Coronel Moammar Khadafy.

Por el tipo de casos seleccionados para este trabajo, nos limitaremos a tratar de establecer lo más claramente posible las limitaciones y alcances de la categoría política, dejando a un lado la económica que requeriría un estudio separado. En otras palabras, la interpretación que se dará a la intervención política y sus diferentes manifestaciones serán nuestras propias categorías de análisis.

Respecto a esta categoría haremos una diferencia entre la forma y el objeto

de la intervención. Por su forma pueden ser de tipo militar o diplomático; por su

objeto pueden obedecer a motivaciones estratégico-tácticas o a razones humanitarias. Claro está que estas subcategorías no son excluyentes entre sí por su forma u objeto, ya que, como se podrá comprobar en la práctica, se combinan unas y otras, siendo en la mayoría de los casos muy difícil determinar dónde terminan unas y se inician las otras.

A. Intervención Militar: Será aquella en que se produzca la participación de un ejército extranjero o la ocupación de todo o parte de un territorio por fuerzas extrañas. También podríamos encasillar dentro de la misma, la facilitación del territorio para que fuerzas de otra nación lancen ataques contra el gobierno constituido de un tercer Estado. Las violaciones esporádicas del territorio o el espacio aéreo, según sea su gravedad o magnitud, podrían interpretarse como intervenciones.

B. Intervención Diplomática: Será aquella que no conlleva una agresión física, sino que se da por medio de presiones destinadas a alcanzar algún tipo de beneficio o a influir en las decisiones o el comportamiento de otro u otros gobiernos.

C. Intervención Estratégico-Táctica: Se produce en aquellas situaciones en que se trata de establecer o modificar el balance de poder entre Estados, entendiendo como tal la estructuración de un sistema natural de mutua conservación y respeto entre pueblos pertenecientes a una región común o que están incorporados a una misma organización internacional. Tiene por objeto impedir la abusiva preponderancia de uno o más de ellos o el aniquilamiento o absorción de los otros, procu

rando en consecuencia la coexistencia pacífica de todos.

La idea del balance de poder o equilibrio de poder no es de invención reciente. Se desarrolló desde la lejana época de la llamada Paz de Utrecht que en 1713 puso fin a la guerra de sucesión al trono español, la cual lo consagró como principio rector del Derecho Internacional. Según esta concepción ningún Estado ha de poder llegar a ser tan poderoso que esté en capacidad, solo o en unión de los aliados que tenga, de imponer su voluntad a los demás. La proporcionalidad de poder que preconiza pretende así fortalecer el ideal de una comunidad de naciones que se mantienen permanentemente en paz.

D. Intervención por Razones Humanitarias: Se lleva a cabo cuando se

interfieran las actuaciones o decisiones de un gobierno cuya conducta se juzga

errónea, perjudicial o atentatoria contra los derechos fundamentales de la persona humana. En principio constituye una actitud digna de encomio y totalmente apegada a las normas de la moral pública. Por desgracia, en muchos casos se utiliza como simple pretexto para encubrir propósitos hegemónicos que no se compaginan con los ideales de igualdad y de respeto mutuo entre los Estados.

En las azarosas relaciones entre Estados Unidos y los países de América Latina, por ejemplo, estas razones han sido esgrimidas con demasiada frecuencia por la gran nación del norte para justificar su injerencia en los asuntos internos de sus vecinos. Como ejemplos claros de ese proceder podemos citar, para no ser reiterativos, solamente unos pocos casos en que concretamente se recurrió a este subterfugio: en Nicaragua, durante la revolución que condujo al derrocamiento del Presidente Zelaya, en 1909, y en la llamada guerra constitucionalista de 1926, y en la República Dominicana, para justificar la acción unilateral de las fuerzas estadounidenses que desembarcaron en el territorio dominicano, en 1965.

En esta ocasión el Embajador Ellsworth Bunquer dijo a la Décima Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, que no se trataba de ninguna manera de intervención de los Estados Unidos en los asuntos internos del país invadido y que las fuerzas habían sido enviadas única y exclusivamente con fines humanitarios, para la protección de la vida no solamente de los ciudadanos estadounidenses sino también de ciudadanos de otros países.

Teniendo ya establecidas nuestras tipologías y categorías de análisis, procedamos a la contextualización y descripción del caso en mención, para proceder a su análisis.

1.- Contexto Continental

En el desarrollo del presente apartado empezaremos por reconocer el hecho doloroso, pero cierto, de que la política exterior de todos los países latinoamericanos

ha estado determinada -o al menos influenciada en gran medida- por las vinculaciones

de tipo económico, político y militar mantenidas con Estado Unidos. Algunas veces con solidaridad, otras con oposición, pero siempre girando en derredor de sus concepciones y actuaciones.

La magnitud de dicha influencia no resulta igual individualmente considerada, ya que depende del grado de interés que la gran potencia tenga en las diferentes naciones, interés que es regulado, en última instancia, por el monto de las inversiones y el nivel de dependencia económica de cada país, por el volumen de las relaciones de intercambio y, sobre todo, por los diferentes tipos de gobierno imperantes en el área, que en muchos casos ha producido la alianza de las burguesías nacionales con los “procónsules” extranjeros.

Ianni confirma las anteriores afirmaciones cuando dice que: “Sin embargo, en conjunto, la política exterior de los países latinoamericanos continúa profundamente influenciada o determinada, según el país y la coyuntura continental e internacional, por las relaciones económicas, políticas y militares que se mantienen con los Estados Unidos…” (Ianni, 1973, p. 22).

El fenómeno anotado se observa tanto en el ámbito de los organismos regionales como en el campo de las relaciones bilaterales que Estado Unidos ha establecido con los demás países americanos.

Las características de sumisión o antagonismo inherentes a las relaciones

entre América Latina y Estados Unidos, puesta de manifiesto por la combinación

alternativa de la diplomacia del dólar y la del big stick (Política del Garrote) preconizada por el Presidente Teodoro Roosevelt, son las que explican las variaciones,

avances y retrocesos, de algunos gobiernos latinoamericanas desde 1940 hasta la década de los 70 (Caso de Cuba, Chile, Guatemala, entre otros).

Gordon Connell-Smith, en su libre El Sistema Interamericano, nos indica las diversas denominaciones que se han dado al tipo de relaciones recíprocas mantenidas en el Continente. Así, nos cita las siguientes: monroísmo, panamericanismo, no intervención, buena vecindad, alianza para el progreso, seguridad hemisférica, interdependencia, solidaridad interamericana, asociación madura, presencia discreta, perfil difuso, negligencia benigna, y otras. Es necesario señalar, sin embargo, que todos esos nombres fueron inspirados en las diferentes situaciones coyunturales que se presentaron en el área, y que constituyeron especies de postulados políticos enunciados en respuesta a distintas circunstancias controversiales afrontadas en determinadas épocas.

Para poder analizar el surgimiento de esas diferentes situaciones haremos un breve desarrollo siguiendo la evolución de la política internacional de la postguerra, lo que nos permitirá comprender el teje y maneje de las relaciones intera

mericanas y la aplicación de procedimientos de solución pacífica de conflictos en

el área.

Como es bien sabido, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial el problema central para un sector de la clase gobernante de las grandes potencias era buscar cómo dar continuidad a la guerra bajo otras formas. El hecho de que tanto los países aliados como el Japón estuvieran sufriendo las pérdidas de sus colonias

o la disminución de sus respectivas zonas de influencia, trajo como consecuencia el

incremento de la importancia norteamericana.

Al mismo tiempo, la Unión Soviética surgió como potencia mundial. La instauración de gobiernos socialistas en Europa Central y la victoria de esta doctrina en la República Popular China, fortalecieron la posición soviética y demostraron que, al menos políticamente, el mundo socialista ya no era un sistema débil y menos dinámico que el capitalista. Como era de esperarse, poco a poco la Unión Soviética se fue abriendo paso en los terrenos militar y político (Ianni, en Cotler y Fajen, 1974, p. 33).

En medio de las circunstancias expuestas se desencadenó la bien llamada “Guerra Fría”, que llegó a representar la continuación del conflicto bajo formas más sofisticadas en cuanto a sus repercusiones políticas en el ámbito internacional, y estableció los límites de las zonas de influencia de Estados Unidos y la Unión Soviética, que ya en ese momento eran las dos únicas superpotencias existentes. Tenemos entonces que en el momento en que surge la guerra fría el mundo se encuentra bipolarizado política, económica, militar y culturalmente.

En los años subsiguientes las relaciones entre los Estados van a estar orientados según las exigencias de la guerra fría y, en el nivel regional, especialmente, según las tendencias expansionistas del capitalismo internacional, cuya cabeza estaba y sigue estando en Estados Unidos.

Dentro de ese marco internacional fue que en América Latina se puso en boga la llamada “Doctrina de la Contrainsurgencia”, concebida como medio de defensa de la identificada como democracia liberal, tanto de la subversión externa como de la interna. Todo lo anterior en nombre de la solidaridad y la seguridad continentales, pero pretendiendo, en realidad, detener la influencia de doctrinas socialistas en el hemisferio.

Se dio un fenómeno de alianzas entre los gobernantes de la región, que buscaron establecer programas sistemáticos de militarización del poder político ante el supuesto enemigo común: el comunismo. Mas, el objetivo real era contrarrestar cualquier tendencia latinoamericana a derivar hacia la órbita comunista

o adoptar posiciones neutrales. Fue así como los procedimientos coercitivos se modernizaron, conforme lo exigían las nuevas relaciones en el Continente.

Sin embargo, para todos es un hecho que el advenimiento de la guerra fría al hemisferio occidental no ayudó en forma alguna a la solidaridad continental, sino que, por el contrario, sirvió únicamente para reforzar el concepto de “reciprocidad”, es decir, hacer que la América Latina viera en la ayuda económica de Estados Unidos una recompensa por el apoyo incondicional a su política frente al comunismo internacional.

Las tendencias anteriormente expuestas, como es natural, tuvieron decisiva influencia en el proceso histórico que les tocó vivir a Costa Rica y Nicaragua, países especialmente propensos a verse afectados por interferencias extrañas, dadas la relativa pequeñez de sus territorios y la casi ninguna significación en lo que se refiere a la política mundial.

2.- Contexto Centroamericano

Para continuar nuestro desarrollo haremos un esbozo de lo que aconteció durante el período de post-guerra en el ámbito centroamericano, en lo referente al gobierno de Anastasio Somoza García, en Nicaragua, y los conflictos con el gobierno de José Figueres Ferrer, en Costa Rica, en los años de 1948 y 1955.

Este esbozo será bastante general para después, exponer la descripción del caso seleccionado para el presente estudio.

Comenzaremos por señalar que dentro del contexto de defensa del área y proliferación de grupos revolucionarios, se produjo en Nicaragua la consolidación del poder político y económico de la familia Somoza y la extensión de su influencia a toda la región centroamericana. Sus propósitos de dominación y los servicios que prestaba al Gobierno norteamericano como presunto factor de estabilidad, favorecían los designios del régimen somocista. A su vez, dicho régimen se vio en la necesidad de asumir un papel de policía del Istmo, como lógica reacción ante las amenazas dirigidas contra su estabilidad.

Sería simplificar mucho la historia si consideramos a los Somoza solo como instrumentos de la política norteamericana y no damos importancia a sus inclinaciones hegemónicas. La verdad es que se constituyeron en un factor de importancia crucial en Centroamérica, pretendiendo erigirse en guardianes del orden internacional y asumir la función de estabilizadores de la región en beneficio de la burguesía y de los Estados Unidos, contra toda amenaza de insurgencias o de luchas de clase.

La tendencia de la familia Somoza a intervenir en otros países comenzó a sentirse en Costa Rica desde los inicios de la década de los cuarenta, si bien es cierto que se manifestó en forma a veces ofensiva y a veces defensiva, según conviniera a sus particulares intereses. Así vemos cómo se identificó con el fortalecimiento de los gobiernos presididos por el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia y el Lic. Teodoro Picado Michalski y trató de evitar que fueran sustituidas por grupos políticos de ideología socialdemócrata y por otro lado pretendió impedir que el territorio costarricense fuera usado como base para las actividades de los exiliados antisomocistas.

No obstante, a lo largo de la década de los cincuenta e inicios de los sesenta, los emigrados nicaragüenses continuaron operando desde Costa Rica, aunque algunas veces con moderadas restricciones. Por otro lado, lo que se ha dado en llamar la dinastía de los Somoza, insistió en proporcionar ayuda moral y material a grupos de costarricenses de “derecha” refugiados en Nicaragua (Consúltese a este

respecto los trabajos de Cuadra. 1977, p. 187-249 y Blandón. 1980, p. 40-91).

La confrontación alcanzó su punto máximo durante la guerra civil costarricense de 1948, cuando Somoza García apoyó en forma abierta a las fuerzas gubernamentales y posteriormente patrocinó una invasión desde Nicaragua, después de que Figueres había triunfado en la lucha armada (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca 1948-1959. Vol. I. 1973, p. 34). Figueres, por su parte, puso el territorio costarricense a la disposición de los refugiados nicaragüenses de ideología moderada que conspiraban contra Somoza García ayudados por la llamada Legión del Caribe, brigada militar semi-formal, semi-clandestina, compuesta en su mayoría por socialdemócratas expatriados de varios países del Caribe dedicados a luchar por el derrocamiento de los dictadores locales, entre los que se contaban Somoza García, Rafael Leonidas Trujillo, Fulgencio Batista, entre otros (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca 1948-1959. Vol. I. 1973, p. 35).

Los esfuerzos mediadores de la Organización de los Estados Americanos no

fueron suficientes para resolver el conflicto en forma definitiva, a pesar de haber

logrado que los países involucrados suscribieran un Pacto de Amistad que entraría en vigencia en el mes de julio de 1949. Desde 1948 hasta 1955, Somoza acusó reiteradamente a Costa Rica de permitir las actividades subversivas contra su régimen.

En 1954 fue descubierto un complot para asesinarlo, oportunidad en que

se denunció la participación de altos funcionarios del gobierno de Costa Rica,

a quienes también se involucraba en el tráfico ilegal de armas, y nuevamente se

señaló la participación de la Legión del Caribe. (Archivos Nacionales. Casillero

de Relaciones Exteriores. 1954, Documentos 2622-2696 y 2711). Somoza a su vez continuó apoyando movimientos antifigueristas y, podemos afirmar, utilizó el pretexto del fallido atentado para justificar su respaldo a la invasión a Costa Rica

que tuvo lugar en enero de 1955. (Archivos Nacionales. Casillero de Relaciones

Exteriores. 1954, Documentos 2597 bis-2819 y 2740). Esta confrontación, con

motivaciones fundamentalmente personalistas, fue resuelta mediante la intervención de la Organización de los Estados Americanos y una visita posterior del Vicepresidente de los Estados Unidos, Richard M. Nixon, a ambos países involucrados en el diferendo, a comienzos de 1955.

A fin de obtener una visión de conjunto de la situación de la región en ese entonces y de las intervenciones que se sucedieron, es conveniente destacar la influencia que los Somoza tuvieron en los diferentes procesos políticos de Centroamérica. A este respecto es preciso recordar que a comienzos de la década de los cincuenta sus actividades fueron dirigidas principalmente contra el gobierno nacionalista de Jacobo Arbens Guzmán, de Guatemala. En este caso la participación que tuvo en su derrocamiento fue patente y claramente realizada en nombre de los Estados Unidos, aunque hay que reconocer que cualquier fuerza progresista que operara en el

área era un peligro no simplemente latente sino manifiesto para sus intereses.

La decisión de expulsar del poder a Arbens Guzmán fue tomada en Washington y Somoza fue un simple instrumento para su ejecución, ya que actuó como intermediario en el suministro de armas norteamericanas, facilitó el territorio nicaragüense para el entrenamiento de las fuerzas derechistas guatemaltecas comandadas por Carlos Castillo Armas, e incluso permitió que los aviones bombarderos despegaran de sus aeropuertos militares. El papel desempeñado en el caso de Guatemala se repitió, años más tarde, durante la invasión de Bahía de Cochinos contra Cuba (Al respecto véase: Cuadra. 1977, p. 225-251).

Para completar el ciclo histórico cumplido en el período que nos interesa,

creemos que la anterior información es suficiente para determinar el tipo de política

que el régimen somocista ponía en práctica en la región. Terminaremos señalando que los exiliados nicaragüenses operaron en los diferentes países del Istmo desde

1940, razón por la cual los Somoza se vieron en la necesidad de desarrollar una

política estructurada con base en una visión regional de conjunto sobre la lucha

guerrillera (Al respecto véase: Cuadra. 1977, p. 225-251).

Para analizar en forma rápida el acontecer político costarricense diremos que el período de crisis política y económica internacional anteriormente relacionado, en lo interno trajo como consecuencia la pérdida de poder de la oligarquía criolla y la decadencia de los partidos de inspiración personalista (1931-1940). Producto de ese fenómeno fue, precisamente, que empezaron a gestarse los primeros partidos políticos de carácter ideológico, ejemplo de lo cual fue el surgimiento del Partido Comunista, en 1931. (De la Cruz, 1980, p. 240). Más adelante tales partidos dominarían el panorama político nacional.

En el período 1940-1950, se percibe la aparición de importantes sectores de la burguesía media, urbana y rural, que en 1949 entra a desempeñar un rol preponderante en el acontecer político. En efecto, desde el año 1940 funciona el Centro de Estudio de los Problemas Nacionales (futuro Partido Liberación Nacional, fundado en 1945 como Partido Social Demócrata, que se constituye por la unión del Centro de Estudios y Acción Democrática), donde se realizan concienzudas investigaciones sobre la realidad costarricense y se plantea la necesidad de romper no solo el bloque de fuerzas en el poder sino también el modelo de desarrollo del país, dando prioridad al sector industrial y diversificando el ya débil modelo agroexportador.

Eugenio Rodríguez, en su libro De Calderón a Figueres (1980), señala que alrededor de la década de los cuarenta, en Costa Rica parece iniciarse una nueva etapa de su desenvolvimiento. Describe el panorama de la siguiente forma:

Se viven los primeros meses de la segunda guerra mundial, cuando ya se han

destrozado las ilusiones de un progreso indefinido que tantos alentaron en el siglo XIX, y se han perdido para siempre las esperanzas de una justicia social

automáticamente establecida por las leyes económicas; el respeto a los tratados

internacionales se ha transformado en fábula por obra de las circunstancias, y se siente que hay algo de debilidad y mucho de corrupción en las democracias europeas. Se percibe cierta resignación al contemplar cómo van de triunfo en

triunfo las armas totalitarias… (p. 26).

Con la llegada al poder del Doctor Calderón Guardia en 1940, se dio un cambio de posición en la actitud de la juventud costarricense, anteriormente opacada por el prestigio de viejos liberales, que buscaba la participación en el Gobierno. La jerarquía eclesiástica que antes mantuviera una posición conservadora en materias sociales, con

…el nombramiento de Monseñor Sanabria como Arzobispo de San José (produce un cambio de esta posición), pues desde su cargo como obispo de Alajuela había sido claro en su tesis de que la Iglesia no puede permanecer

ajena a la injusticia social (Rodríguez, 1980, p. 27).

La campaña política de 1944 se desarrolló en un clima de violencia, y condujo a la elección de Don Teodoro Picado Michalski, candidato apoyado por Calderón Guardia y el Partido Comunista.

Para 1947 la oposición se une con el propósito de presentar un frente común y participar en las elecciones de 1948. En esa forma se constituyeron dos grandes grupos políticos: en el campo oficialista el Partido Republicano Nacional, que había patrocinado las candidaturas de Calderón Guardia y de Picado Michalski, con el respaldo del Partido Comunista (Vanguardia Popular) y de un considerable sector independiente de la ciudadanía que temía un cambio de orientación política que pusiera en peligro la legislación social vigente, pretende la reelección de Calderón Guardia; en el bloque opositor el Partido Unión Nacional, formado por la fusión de los Partidos Social Demócrata, Cortesista Independiente, Demócrata y Unión Nacional, que lleva como candidato al periodista Otilio Ulate Blanco.

Las elecciones de 1948 culminan con el triunfo del segundo de los candidatos mencionados, que el Gobierno se negó a aceptar a pesar del pronunciamiento del Tribunal Nacional Electoral que lo declaró Presidente electo, aduciendo que en el proceso se habían producido irregularidades de fondo que lo viciaban de nulidad. Luego de que el Congreso Constitucional declarara la nulidad de las elecciones y de una serie de incidentes que culminan con la muerte del Doctor Carlos Luis Valverde Vega, amigo personal de Ulate Blanco, el 12 de marzo de ese mismo año se conoce la noticia de que, en la finca La Lucha, José Figueres Ferrer ha iniciado una revolución enarbolando como bandera la reivindicación de los derechos electorales conculcados. La lucha civil dura cuarenta días y se decide con la salida de Calderón Guardia y de Picado Michalski hacia Nicaragua, donde encontrarán el apoyo de la familia Somoza para futuros intentos contrarrevolucionarios (Rodrí

guez, 1981, p. 175-176).

La solución fue alcanzada a través de negociaciones entre las fuerzas en

pugna con la valiosa mediación del Cuerpo Diplomático acreditado en Costa Rica,

representado por el Nuncio Apostólico y los Embajadores de México, en cuya sede se llevaron a cabo, Estados Unidos, Panamá y Chile. Las conversaciones estuvieron a cargo del propio Presidente Picado Michalski y del Presbítero Benjamín Núñez Vargas, en nombre del ejército revolucionario, y fueron coronadas por el éxito

mediante la suscripción, el 19 de abril de 1948 del llamado Pacto de la Embajada

de México.

El cumplimiento del Pacto, el día siguiente, 20 de abril, el Ingeniero Santos León Herrera asumió la Presidencia de la República, que ejerció hasta la finalización del período de Gobierno del Presidente depuesto, sea durante dieciocho días.

Dentro del período de transición, el 1º de mayo de 1948 se firma un pacto entre el Presidente electo y el Jefe de la revolución triunfante José Figueres Ferrer, en el que convienen que durante dieciocho meses, prorrogables por seis meses más, el país sea gobernado por una Junta de Gobierno, sin Congreso; que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente, y que la Junta haga el reconocimiento expreso del triunfo de Ulate Blanco en las elecciones del 8 de febrero.

El 8 de noviembre de 1949, Otilio Ulate toma posesión de la Presidencia de la República, cargo que ejercerá hasta el 8 de noviembre de 1953.

El 26 de julio del año últimamente citado se llevan a cabo las elecciones de autoridades supremas que se desempeñarán durante el período comprendido entre el 8 de noviembre de este año y el 8 de mayo de 1958, resultando escogido para ocupar la Presidencia de la República José Figueres Ferrer.

Este cotejo electoral fue realzado por varios hechos de trascendencia para el desarrollo institucional de la República, que merecen ser destacados. Se trató de la primera consulta popular que se llevaba a cabo sin la existencia de un ejército organizado que se dijera garante del resultado de los comicios y en él tendría participación el sexo femenino, haciendo uso del derecho al sufragio que le había reconocido la Constitución. Además, se verificaron bajo la organización, dirección y vigilancia de un organismo electoral totalmente independiente de los clásicos Poderes del Estado, que hasta la fecha goza de plena autonomía funcional y administrativa a grado tal que por disposición expresa de la Carta Magna sus resoluciones no tienen recurso alguno, salvo la acción por prevaricato, todo lo cual vino a fortalecer y asegurar el ejercicio de la democracia representativa.

El panorama político de los países involucrados en los hechos que se investigan que dejamos expuesto en los párrafos que anteceden no pretendemos que haya sido exhaustivo, ya que únicamente tratamos de enfocar aquellas variables que pudieran servirnos para el análisis de la información relacionada con los casos tratados. Mas, para complementar esta visión parcial consideramos oportuno referirnos, aunque en forma resumida y procurando sintetizar, a las circunstancias

que dieron origen a que se produjera la llamada “Revolución del 48”, tanto por

la trascendencia económica-social que tuvo en el desenvolvimiento político de Costa Rica, como porque varió el equilibrio de poder que se había establecido entre los países del Istmo, y acrecentó la profunda rivalidad que siempre existió entre Figueres y Somoza.

Del estudio bibliográfico que llevamos a cabo, como de entrevistas realizadas a algunas personas conocedoras de la realidad histórica de aquella época, surge el hecho de que la casi totalidad de las opiniones emitidas coinciden en situar las causas engendradoras de ese movimiento armado, en tres motivos fundamentales:

por la mayoría de los historiadores y tuvo su máxima expresión en las actividades

revolucionarias llevadas a cabo o al menos patrocinadas por la que en ese tiempo

se conoció con el nombre de “Izquierda Democrática”, bajo el liderazgo original

de Rómulo Betancourt, de Venezuela, Eduardo Santos, de Colombia, Luis Muñoz Marín de Puerto Rico, y José Figueres Ferrer, de Costa Rica, con el respaldo de

Juan Bosch, de República Dominicana, y Juan José Arévalo, de Guatemala. Este

movimiento, con el pretexto de democratizar a los países caribeños, organizó diferentes movimientos armados que afectaron a toda la región y que se concretaron, por lo que hace a esta fase de nuestro estudio, en el “Pacto del Caribe” cele

brado en Guatemala, el 16 de diciembre de 1947.John Patrick Bell, por ejemplo, afirma:

La conspiración tendiente a derrocar al gobierno de Costa Rica y a establecer la

Segunda República asumió sus características definitivas el 16 de diciembre de 1947, cuando Figueres firmó el Pacto del Caribe. Desde esa fecha en adelante

su organización en Costa Rica fue completa. Incluía elementos armados dedicados al terrorismo, hombres siendo entrenados para la acción militar que se

preveía, un eficaz aparato de propaganda y subversión, y el apoyo financiero

necesario. Todo lo que Figueres necesitaba era una oportunidad de poner a funcionar ese su mecanismo, bajo condiciones que en cierta medida garantizaran el éxito de su empresa. La idea de un alzamiento armado había sido ampliamente aceptada. No obstante, Figueres sólo podía esperar lanzarse a la revuelta si contaba con el apoyo tácito de los ulatistas. Y no podía esperar tal apoyo mientras la mayor parte de la Oposición, incluso algunos miembros

del Partido Social Demócrata, todavía confiaba en una victoria electoral. Los acontecimientos posteriores a la elección de 1948 removieron ese obstáculo (Bell, 1976, p. 183).

Por el contrario, encontramos divergencia de criterio cuando investigamos sobre el responsable de la motivación invocada en último término, porque la violación de los derechos electorales es atribuida, por unos, al partido en el poder y, por otros, aunque parezca extraño, a las fuerzas de la oposición. En realidad, ambas tesis son sostenidas con calurosa convicción según sea la tendencia política de

quien se refiere a los citados sucesos.

El ex presidente de la República Dominicana Juan Bosch, personaje de reconocido prestigio internacional que en esa época tuvo vinculaciones estrechas con los grupos intelectuales y revolucionarios de izquierda que operaban en el área, entre los cuales se encontraban algunos de los organizadores del movimiento costa

rricense, en su ensayo Una Interpretación de la Historia Costarricense (1980) nos

proporciona una visión sumamente interesante, porque si bien concede importancia al factor político electoral, nos señala motivaciones más profundas de las que,

según él, se nutrió el mencionado movimiento. Después de describir la situación

económica y social que afrontaba Costa Rica y los problemas que se le presentaban a la mediana y pequeña clase media, y de expresar su criterio de que:

Todas las posibilidades de abrirse paso en Costa Rica se hallaban cerradas;

bien por la oligarquía cafetalera, círculo cerrado al cual no podía entrar un joven que no fuera de su propio sector a menos que lo hiciera por el canal

solitario del matrimonio; bien por la oligarquía comercial que dominaba los créditos mercantiles en la banca; bien por la United Fruit, donde sólo se podrían obtener posiciones secundarias como empleado (p. 47).

Concluye:

El aspecto político del problema era el aparente; en el fondo lo que había era

una lucha por posiciones de mando en la economía. Los grupos del café y

del comercio querían seguir dominando; la nueva clase media necesitaba un

cambio en la dirección económica del país, porque si no, no habría lugar para

ella (p. 48)

Y a párrafo seguido agrega:

Al comenzar el año 1948, la situación de Costa Rica hizo crisis: o los grupos

oligárquicos iniciaban ellos el desarrollo industrial o la clase media tendría que proletarizarse o tendría que hacer dejación de su dignidad que seguía manteniendo el peón de la Meseta Central por razones de formación histórica. Los grupos oligárquicos no estaban interesados en iniciar la etapa industrial porque beneficiando café o vendiendo mercadería ganaban lo suficiente. La revolución, pues, fue la única salida; y se hizo la revolución (p. 48-49).

Mas, cualesquiera que hayan sido las causas que dieron lugar al estallido de la lucha armada, lo cierto es que ambas tendencias en pugna tuvieron su cuota de responsabilidad en el quebrantamiento de la paz y el derramamiento de sangre

hermana, muchas veces de personas inocentes por su no participación en el conflicto,

cuya secuela de odios y rencores reprimidos todavía en la actualidad, deja sentir

su perniciosa y negativa influencia impidiendo la plena reconciliación de la familia

costarricense.

Reiteramos que en el presente apartado hemos intentado exponer, a grandes rasgos, los acontecimientos de la vida nacional que consideramos más importantes de la época en que se produjeran los sucesos sometidos a estudio. No hemos pretendido hacer una narración exacta y detallada de los hechos, sino elaborar un simple bosquejo de la problemática que crearon en el ámbito costarricense con repercusiones, además, en el área centroamericana. Pasaremos ahora a la descripción del caso en estudio.

3.- Caso Costa Rica-Nicaragua: 1955.- Costa Rica solicita convocatoria de órganos de consulta

El 8 de enero de 1955 el Embajador de Costa Rica ante el Consejo de la

Organización solicitó la convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros

de Relaciones Exteriores, de acuerdo con el artículo 6 del Tratado, aduciendo que

el Gobierno de Nicaragua violaba los principios de solidaridad y No Intervención.

En carta dirigida al Presidente del Consejo, el Doctor Antonio A. Facio resumió las

violaciones denunciadas de la siguiente forma:

La cadena de actos que pueden calificarse de agresivos, incluye el cierre del río San Juan a la navegación para embarcaciones mercantes costarricense;

campañas de difamación por la prensa, circulación de noticias y declaraciones

oficiales tendenciosas prediciendo luchas internas en Costa Rica; desfiles

y maniobras militares en que altos funcionarios del gobierno de Nicaragua llaman a la Guardia Nacional de su país a defender el territorio nacional contra

una supuesta agresión costarricense; concentración de tropas motorizadas en la frontera común con Costa Rica; la reciente adquisición de una flota aérea armada, de proporciones exageradas e inusitadas para la América Central; y

más grave aún, las facilidades que en Nicaragua se les extiende a los enemigos internos y externos de Costa Rica para organizarse militarmente y conjurar contra la estabilidad de las instituciones democráticas costarricenses y la segu

ridad y la paz de la Nación (TIAR 1948-1959, Vol. I. 1973, p. 160)

Según el Embajador, los actos denunciados constituían una grave amenaza contra la integridad del territorio, la soberanía y la independencia política de Costa Rica. Aducía que si bien era cierto que en la solicitud no se hacía mención de ataques ya acaecidos, el peligro de que ocurrieran resultaba inminente. Y en efecto, tres días después fuerzas militares procedentes del exterior habían ocupado varios puntos del territorio nacional situados en la zona fronteriza, entre ellos la población de “Villa Quesada”.

El día 11 de enero de 1955, el Consejo designó una Comisión que investigará sobre el terreno los hechos ocurridos, la cual quedó integrada por representantes de Brasil, Ecuador, Estados Unidos, México y Paraguay, quienes de inmediato se trasladaron a la región conflictiva.

Al día siguiente de su llegada a Costa Rica el Presidente de la Comisión Investigadora informó al Secretario General de la Organización, que aviones procedentes del extranjero habían ametrallado y soltado bombas sobre diversos puntos del territorio nacional, inclusive la ciudad Capital; que existían indicios de que armamentos y municiones eran suministrados a elementos rebeldes por fuentes foráneas, y que operaciones militares se estaban desarrollando en territorio costarricense cercano a la frontera norte.

Posteriormente amplió su información, consignando que la Comisión había comprobado la presencia en El Amo, en poder de las fuerzas rebeldes, de dos aviones de combate AT-6 y un avión de transporte DC-3; que existían presunciones de que continuaban llegando elementos bélicos, y que parte de ese material se introducía por la frontera norte, por lo cual sugería que el Consejo hiciera un llamado formal al Gobierno de Nicaragua sobre la seriedad creciente de la situación (ver figura 1).

Con base en tales informes el Consejo resolvió condenar en abstracto los actos de intervención de que estaba siendo víctima Costa Rica y hacer un llamado a todos los gobiernos americanos, especialmente al de Nicaragua, para que reforzaran las medidas adoptadas para evitar el tráfico de armas.

El 15 del mismo mes el Embajador de Costa Rica solicitó al Consejo que tomara las disposiciones necesarias para el control efectivo de la frontera norte, a fin de evitar que continuaran los aprovisionamientos a las fuerzas invasoras, y que recomendara a los gobiernos de los Estados Miembros que facilitaran al país medios para repeler ataques aéreos y elementos adecuados para establecer la vigilancia y defensa contra nuevas agresiones, especialmente embarcaciones de patrullaje, ya que su Gobierno tenía noticias alarmantes sobre posibles desembarcos en las costas de ambos océanos, lo que significaría un ataque en gran escala.

Dentro del contexto político creado por los acontecimientos relatados, el representante de Estados Unidos comunicó oficialmente que si el Organismo regional lo solicitaba, su país estaba dispuesto a acceder a la petición costarricense relacionada con la adquisición de aviones de guerra. Inmediatamente el consejo de la Organización acordó que se elaborara con la mayor urgencia un plan de vigilancia efectiva de la frontera norte, y solicitó a los Estados Miembros que con rapidez dieran curso a los pedidos de compra de aviones que se hubieran recibido de parte de Costa Rica. Estados Unidos respondió a esa gestión suministrando cuatro aviones de combate por un precio simbólico, los cuales llegaron el día 17.

Figura 1. Avance de los invasores y enfrentamientos en la frontera norte de Costa Rica y Nicaragua, 1955.

Dos días después Nicaragua denunció al Gobierno de Costa Rica que dos de sus aviones habían traspasado la línea divisoria mientras realizaban un bombardeo a la población de La Cruz, internándose en territorio nicaragüense, razón por la cual procedería a reforzar las guarniciones acantonadas en el área y ejercería una estricta vigilancia aérea para evitar nuevas violaciones a su territorio.

Ante la gravedad que presentaba la situación, que hacía temer un enfrentamiento directo de incalculables consecuencias, la Comisión Investigadora decidió poner en ejecución el “Plan de Vigilancia Efectiva de la Frontera entre Costa Rica y Nicaragua” que había concebido, en el cual se dictaban disposiciones estrictas sobre la ubicación y el movimiento de las fuerzas terrestres costarricenses y la forma en que la Guardia Nacional de Nicaragua debía llevar a cabo su labor de patrullaje y el desarme e internación de las fuerzas rebeldes que cruzaran la frontera, disponiendo en forma terminante que salvo las patrullas que operaran bajo la dirección y fiscalización de los Observadores, ningún otro grupo armados nicaragüense podía avanzar a una distancia menor de cinco kilómetros de la frontera.

Establecía, además, zonas de seguridad a ambos lados de la línea divisoria y un corredor aéreo de diez kilómetros de ancho cuya línea central estaría localizada en el límite fronterizo, al cual no debían penetrar aviones militares, comerciales

o civiles de ambos gobiernos, reservándose la Comisión el derecho de patrullar el

correspondiente espacio aéreo con sus propias aeronaves (ver mapa 2).

La Comisión creó también un Comité de Expertos Militares que se encargara de estructurar, bajo su aprobación y dirección, un sistema completo y detallado de observación política, terrestre y aérea, en las diversas zonas cuya vigilancia interesara, de investigar cualquier hecho que pudiera imputarse a intervención extranjera en el conflicto, y centralizara y coordinara todas las actividades de carácter militar que fueran necesarias.

Las medidas adoptadas resultaron eficaces. Las fuerzas que operaban en

Costa Rica se retiraron gradualmente y cruzaron la frontera con Nicaragua, donde fueron internadas y desarmadas.

Figura 2. Límites de avance terrestre y aéreo entre Costa Rica y Nicaragua,establecidos por la Comisión Investigadora, 1955.

En el informe que oportunamente rindió al Consejo de la Organización la Comisión llegó a las siguientes conclusiones:

“1.-Hubo intervención extranjera en la preparación, financiamiento, suministro

de armas y municiones, y facilidades de transporte de los elementos que entraron en Costa Rica, por la fuerza.

2.-Una parte substancial de las fuerzas rebeldes y del material bélico por ellas

utilizado, cualquiera que haya sido su origen, entró por la frontera de Costa Rica con Nicaragua.

3.-Una o más estaciones clandestinas de radio que evidentemente operaban

fuera de Costa Rica estuvieron incitando al pueblo de ese país a que apoyaran el movimiento rebelde.

4.-Aviones procedentes del exterior arrojaron en puntos previamente convenidos del territorio costarricense armas y municiones para los rebeldes.

5.-Aviones de transporte y de combate, procedentes del exterior y sin marcas

de identificación, aterrizaron clandestinamente en territorio de Costa Rica y

efectuaron vuelos de bombardeo y ametrallamiento sobre varias poblaciones de ese país, inclusive San José, capital de la República.

6.-Hubo violación de la integridad territorial, soberanía e independencia política

de Costa Rica.

7.-Después de que la Comisión Investigadora estableció un sistema de observación pacífica aérea sobre el territorio de Costa Rica y de Nicaragua, de

que mediante sus elementos militares estableció también un servicio de

observación terrestre en zonas estratégicas de ambos países, y de que fijó

Zonas de Seguridad en áreas de Costa Rica y Nicaragua contiguas a la frontera, las fuerzas atacantes abandonaron su ofensiva, se replegaron hacia la frontera

Noroeste y finalmente buena parte de ellas se internó en Nicaragua. 8.-Aún después de que fueron internados en Nicaragua los rebeldes que habían

luchado en la parte occidental del territorio costarricense, buen número de ellos apareció luchando nuevamente en territorio costarricense, esta vez en la región central de la frontera con Nicaragua.

La gran mayoría de los que integraban las fuerzas atacantes y los líderes polí

ticos del movimiento eran de nacionalidad costarricense; pero tal circunstancia no altera en absoluto lo destacado en los numerales anteriores (TIAR 1948-1959, Vol.

I. 1973, p. 184).El 24 de febrero de 1955, el Consejo aprobó varias resoluciones tendientes a

dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión. Entre ellas cabe destacar la que encarecía a ambos gobiernos la adopción de medidas para impedir que los elementos internados en Nicaragua se reorganizaran o realizaran actividades que pudieran poner en peligro las buenas relaciones entre los dos países; la que recomendaba se dictaran las disposiciones necesarias para evitar que en el territorio de cualquiera de las partes se preparen actos terroristas contra el Gobierno de la otra, y la que solicitaba a todos los Estados americanos el perfeccionamiento de los

sistemas nacionales de control de tráfico ilegal de armas y municiones.

Al mismo tiempo constituyó una Comisión Especial para que cooperara con los gobiernos en el propósito de llegar a un acuerdo adicional al “Pacto de Amistad” de 21 de febrero de 1949, que debía reglamentar todo lo relacionado con la vigilancia y el control fronterizo, así como cualquier otra medida tendiente a evitar la organización o existencia de movimientos revolucionarios contra el gobierno de una de las partes en el territorio de la otra.

La labor realizada por esa Comisión Especial fue fructífera, porque condujo a la suscripción de un Acuerdo mediante el cual las partes se comprometían a coordinar la vigilancia de la frontera para evitar que del territorio de una de ellas pudieran introducirse ilegalmente al de la otra, armas o grupos armados; a tomar las medidas necesarias para impedir que en sus territorios se promovieran o llevaran a cabo movimientos revolucionarios contra las autoridades constituidas de la otra; a evitar que cualquier persona, nacional o extranjera, desde algún lugar bajo su jurisdicción participara o ayudara en cualquier empresa subversiva, actos terroristas o atentados contra los Jefes de Estado, los otros miembros de los supremos poderes, las altas autoridades civiles o militares, los candidatos a esas posiciones y sus familiares inmediatos; a no designar a personas asiladas en sus territorios para ocupar cargos de carácter político o militar; a no otorgar ayuda de ninguna especie a quienes intentaran alterar el orden público en el territorio de la otra parte y a prohibir que dentro de su jurisdicción se efectuara cualquier tráfico o comercio de armas, equipo o municiones de guerra.

El documento aclaraba que la contribución, suministro o provisión de armas, material de guerra o equipo, el entrenamiento, enrolamiento, organización o transporte de personas o la obtención o suministro de dinero con los fines arriba indicados, serían considerados como participación para los efectos del cumplimiento de las obligaciones contraídas, y contenía una disposición especial que cabe destacar por su contenido integracionista: el propósito de colaborar al máximo de sus respectivas posibilidades para llevar a cabo aquellas empresas que requieran del esfuerzo conjunto y que fueran de beneficio mutuo, en especial las que tendieran a facilitar y

expeditar el tránsito en la Carretera Interamericana y en el Río San Juan.Con la suscripción de este Acuerdo se dio por concluida la actuación del

Organismo regional, que resultó oportuna y eficaz para evitar un enfrentamiento

armado que pudo llegar a alcanzar imprevisibles proporciones. Una vez más se comprobó la utilidad del Tratado como mecanismo creado para preservar la paz y

la seguridad de los pueblos de América.En esta forma esperamos haber hecho una exposición objetiva y resumida

de lo acontecido en 1955, con base en documentos oficiales emanados de la propia

Organización de los Estados Americanos. Procederemos a realizar el análisis concreto de los hechos históricos, de acuerdo a las tipologías y categorías expuestas en páginas anteriores, para exponer a continuación nuestras conclusiones.

4.- Análisis de caso. Costa Rica- Nicaragua 1955

Los elementos de juicio que debemos tener en cuenta son:

A.-Costa Rica acusa a Nicaragua por una serie de actos que considera constitutivos de agresión, entre los cuales señala: cierre del Río San Juan a la navegación de embarcaciones costarricenses; campaña de difamación por los medios de comunicación masiva, prediciendo luchas armadas que estarían produciéndose en Costa Rica; llamada de altos funcionarios de la Guardia Nacional a defender el territorio ante presuntas agresiones; desfiles y maniobras militares y concentración de tropas en la frontera común, y facilitación del territorio para las actividades de enemigos internos y externos del Gobierno constituido.

B.-Pocos días después presenta una nueva acusación, sosteniendo esta vez que fuerzas militares procedentes del exterior, sin mencionar directamente a Nicaragua, habían penetrado al territorio nacional y ocupado varios puntos de la zona fronteriza costarricense, entre ellos la población de “Villa Quesada”.

C.-Nicaragua se limita a sostener su total desconocimiento de los preparativos de invasión y su respaldo y acatamiento a los principios de No Intervención y de solidaridad continental, ofreciendo todas las facilidades necesarias a los investigadores que designara la Organización para el esclarecimiento de los hechos. Posteriormente se quejó de que aviones costarricenses habían violado su espacio aéreo, notificando que por tal motivo procedería a reforzar las guarniciones acantonadas en su zona fronteriza y a ejercer vigilancia aérea.

D.-El informe de la Comisión Investigadora nombrada reconoció la existencia de una intervención extranjera en la preparación, financiamiento, suministro de armas y municiones; que una parte de las fuerzas rebeldes y del material y equipo bélico fue introducida por la frontera norte; que se produjo violación a

la integridad territorial, y que combatientes internados y supuestamente desarmados por el Gobierno Nicaragüense, aparecieron posteriormente actuando

en la zona conflictiva.

El Consejo de la Organización concluyó su actuación una vez que se estableció

la paz y se firmaron varios acuerdos en cumplimiento del Pacto de Amistad suscrito el 21 de febrero de 1949, sin haberse pronunciado sobre el responsable del conflicto.

Como se puede apreciar, en el presente caso no cabe ninguna duda: existió intervención de parte de Nicaragua. Más, para lograr mayor claridad en la presente exposición, consideraremos en forma separada las dos acusaciones mencionadas, a

fin de facilitar su clasificación. En lo que hace a los sucesos identificados con la letra A.-, podemos afirmar

que la intervención es tipológicamente indirecta, porque no hubo invasión material, pero sí apoyo a grupos contrarios a la autoridad constituida, e interna, porque se vincula con problemas estrictamente costarricenses.

Las presiones denunciadas como ocurridas en la zona fronteriza nos permiten concluir que estaba enmarcada dentro de la categoría militar.No entramos a analizar el aspecto relacionado con la propaganda, considerada como violación de convivencia internacional, porque no existen elementos de

juicio suficientes para determinar los verdaderos efectos que pudiera haber causado.

Los acontecimientos a que alude el hecho marcado B.-, hacen que la intervención se convierta en directa, por la ocupación de territorio nacional, y militar, porque fue llevada a cabo por fuerzas armadas procedentes del exterior.

El caso que hemos presentado en forma resumida nos sugiere también las siguientes observaciones:

1. La intervención fue notoria y demostraba una clara violación de la integridad territorial, la soberanía y la independencia política de Costa Rica. Sin

embargo, a pesar de que estaba suficientemente establecida la culpabilidad

de Nicaragua, no se produjo pronunciamiento condenatorio en su contra con

base en lo dispuesto por los artículos 3º, 6º, 7º y 9º del tratado interamericano

de Asistencia Recíproca –TIAR-, mucho menos que se hiciera alguna sugerencia sobre la factibilidad de aplicar cualquiera de las sanciones contem

pladas por el artículo 8, como era de esperarse.

1. El pronunciamiento del Consejo minimizó la gravedad del proceder nicaragüense, debilitando principios fundamentales sobre los que descansa la seguridad de los países del Continente. Se configuró, por tanto, una situación donde resulta fácilmente identificable la sustitución de la garantía que supuestamente otorga el Derecho, por la satisfacción de intereses políticos
2. Se puso de manifiesto, además, el irrespeto que muchas naciones observan

del momento.

respecto a compromisos libremente aceptados en reuniones internacionales, cuando sucesos determinados pueden afectar sus intereses nacionales o los propósitos hegemónicos de algunos gobernantes.