VIOLENCIA
POLÍTICA Y CONFLICTIVIDAD SOCIAL DURANTE EL GOBIERNO DE LA UNIDAD
POPULAR. EL CASO DE LA VANGUARDIA ORGANIZADA DEL PUEBLO (VOP), 1970-1971
POLITICAL VIOLENCE AND SOCIAL
CONFLICT DURING THE POPULAR UNITY GOVERNMENT. THE CASE OF VANGUARDIA ORGANIZADA
DEL PUEBLO (VOP), 1970-1971
Marcelo Alejandro Bonnassiolle Cortés
Palabras
claves
Vanguardia Organizada del Pueblo, acciones
político-delictuales, violencia política, conflicto social,
unidad popular.
Keywords
People’s
Organized Vanguard, political action tort, political violence, social conflict,
popular unity.
Fecha de recepción: 2 de abril de
2014 - fecha de aceptación: 9 de setiembre de 2014
Resumen
Este artículo
analiza el surgimiento y participación del grupo político de
carácter revolucionario denominado la Vanguardia Organizada del Pueblo
(VOP) en Chile, organización que, a través de una serie de
operaciones político-delictivas, como robos, expropiaciones y
ajusticiamientos, se configuró como un actor crítico, cuyas
actividades ayudaron a conformar el destino de la Unidad Popular. La
decisión de la VOP de continuar las acciones armadas durante el gobierno
de Salvador Allende y de “ajusticiar” al ex ministro Edmundo
Pérez Zujovic fueron fundamentales en la
conformación y gestación del acercamiento político de la
oposición en su lucha contra el gobierno oficialista, con lo cual se
generó, como lo demuestra el artículo, el inicio del fin del
mandato de la Unidad Popular.
Abstract
This article examines the emergence and participation
of revolutionary political group called laVanguardia Organizada del Pueblo (VOP), an organization through a
series of political operations tort,such
as theft, expropriation and executions was formed as a critical actor whose
activities and operationshelped shape the destiny of
the Popular Unity. VOP’s decision to continue the armed actions duringthat government and “execute” the former
Minister Edmundo Perez Zujovic
were instrumental inshaping and gestation of
opposition political approach in their fight against the government of SalvadorAllende, generating as Article shows the beginning
of the end of the Popular Unity government.
INTRODUCCIÓN
El Chile de fines de la década de 1960 y
comienzos de 1970 estuvo marcado por la polarización, el conflicto
político-social y la violencia. El sistema político-partidario
estaba marcado por el “patrón de los tres tercios”,
el cual aglutinaba una derecha liberal conservadora hegemonizada por el Partido
Nacional, un centro ocupado por los
demócrata cristianos y una izquierda representada por los partidos
Comunista y Socialista (Corvalán, 2000; Corvalán, 2001; Moulian,
2006; Silva, 2011; Yocelevzky, 2006). La derecha
sustentaba sus bases en el empresariado industrial
agrario y financiero, la democracia cristiana se apoyaba en sectores de clase
media y juveniles, mientras que la izquierda era respaldada por los
trabajadores organizados, la clase media empobrecida, sectores poblacionales y
algunos intelectuales. Entre estos
tres grupos se desencadenó una fuerte disputa que se tradujo en nuevas
modalidades de hacer política –estilo más confrontativo, ideologizado y antialiancista–
debido a que cada uno intentaba llegar al gobierno e imponer su proyecto
económico como alternativa de desarrollo del país. Tal
situación implicó el término de los consensos
políticos que habían caracterizado las décadas anteriores, y dio paso a la estructuración del
cuadro partidario marcado por estos “tres tercios”, debido a que
cada uno de estos sectores controlaba casi una tercera parte del electorado
(derecha, centro ideologizado e izquierda). Dicho cuadro perduró hasta
el golpe militar de setiembre de 1973 (Corvalán,
2000, pp. 10-11; Corvalán, 2001, pp. 43-111;
Drake y Jaksic, 1999, pp. 11-38; Moulian,
2006; Silva, 2011, p. 9; Torres, 2014).
Además, estos partidos operaron en un
sistema político de gobierno muy dividido y politizado, a pesar de la
existencia en el periodo –1938-1973– del llamado “Estado de
Compromiso” o “Estado de Bienestar” (Silva, 2011, p. 9), el
cual se caracterizó por la creciente influencia estatal sobre las
condiciones de vida de la población, mediante la creación de
nuevas instituciones y el aumento del gasto público, para garantizar el
bien social (Boeninger, 1997; Moulian,
2006). Sin embargo, la fragilidad del Estado de Compromiso o Bienestar, el
agotamiento del patrón de acumulación capitalista basado en la
sustitución de importaciones, los signos de colapso del sistema
económico de postguerra y la incapacidad de llegar a consensos y gestar
acuerdos para dar soluciones a las problemáticas sociales motivó,
desde mediados de 1950, un fuerte desprestigio de los partidos y la
política en general; al igual que una marcada división
ideológica, que llegó a su máximo apogeo en la
elección presidencial de 1970. Debido a esto es que, durante gran parte
del siglo XX chileno, el sistema de partidos se definió por la
incapacidad para llegar a consensos y dar soluciones a los problemas nacionales
(Boeninger, 1997; Moulian,
2006; Silva, 2011, p. 9).
Al mismo tiempo, el contexto internacional de la
Guerra Fría y las luchas anticoloniales y antiimperialistas, como la
revolución cubana y la guerra de Vietnam, repercutieron de gran manera
en la sociedad chilena, debido a que impulsaron la radicalización de
cientos de jóvenes que decidieron luchar por la transformación
estructural del continente. Lo anterior, permitió la modificación
y readaptación de las estrategias y tácticas de lucha de la
izquierda latinoamericana, tanto en el ámbito cultural como
político, de ahí que la idea de la revolución social y el
surgimiento de dichos grupos y organizaciones configuraron a “la nueva
izquierda” o “izquierda revolucionaria”, la cual, a
través de la violencia política y la lucha armada, vio la posibilidad de realizar cambios estructurales en la
sociedad, para avanzar en la construcción
del socialismo (Angell, 1992, pp. 73-131; Pozzi y Pérez, 2012, pp. 9-21). Lo expuesto
anteriormente motivó que, desde mediados de la década de 1960,
comenzaran a configurarse grupos políticos que consideraban la violencia
política y la lucha armada como herramienta de combate y cambio social.
Así, por ejemplo, el Partido Socialista de Chile y el Movimiento de
Izquierda Revolucionaria (MIR) pasaron
a reivindicar la lucha armada y la ruptura con la “institucionalidad burguesa” como medio de avanzar al
socialismo (Corvalán, 2000, p. 12).
Lo anterior agregó una creciente
politización al constante conflicto entre los diversos proyectos
ideológicos, producida por el impacto de la polarización en
bloques, lo que produjo en Chile un clima permanente de disconformidad social,
hostilidad y violencia política que fue poco a poco en aumento –y
como se dijo con anterioridad– de forma más acelerada bajo el
contexto de la campaña presidencial de 1970, en la cual se
enfrentó el candidato del Partido Nacional Jorge Alessandri contra el
demócrata cristiano Radomiro Tomic y el
socialista y candidato de la Unidad Popular Salvador Allende, quien obtuvo la
victoria electoral e impulsó la denominada “Vía Chilena al
Socialismo”.1
Así, bajo
este contexto, emerge la Vanguardia
Organizada del Pueblo (VOP), una
organización política de carácter revolucionario que
operó entre agosto de 1969 y mediados de 1971. Los orígenes de
este organismo son imprecisos, sin embargo, fue formado por los hermanos Ronald
y Arturo Rivera Calderón, Heriberto Salazar e Ismael Villegas Pacheco.
La VOP operó en este profundo clima de politización y
conflictividad política-social antes expuesta y se declaró a
sí misma como: “una organización socialista y
revolucionaria dirigida por proletarios armados”. De igual manera, fueron
responsables de gran cantidad de operaciones político-delictivas, entre
las que sobresalen constantes robos y expropiaciones, como también asesinatos y ajusticiamientos. Si bien, dicha
organización se originó antes de la llegada de Salvador Allende a
la presidencia de la República, fue bajo su gobierno el periodo durante
el cual manifestaron más fuertemente su constante disconformidad y sus
críticas hacia las políticas gubernamentales; y desarrollaron operaciones
más radicalizadas,
dentro de las cuales destaca su acción más emblemática: el
asesinato del ex ministro demócrata cristiano Edmundo Pérez Zujovic (La VOP Vanguardia organizada del Pueblo…,
2012; Palma, 2013, pp. 279-305; Pomar, 2010, pp. 14961506; Pomar, 2011;
Vanguardia organizada del Pueblo VOP, 2013).
En las siguientes páginas nos proponemos
analizar la incidencia de esta organización
en la coyuntura de la época y el impacto y la repercusión
política de una de sus operaciones más exitosas, el “ajusticiamiento”
o asesinato del demócrata cristiano
(DC), ex Ministro del Interior y de Obras Públicas del gobierno de
Eduardo Frei Montalva, señor Edmundo Pérez Zujovic.
Dado lo anterior nos interesa dar respuesta a preguntas tales como: ¿Fue
la VOP realmente una organización política-revolucionaria?,
¿quiénes pertenecieron a la VOP?, ¿por qué
continuaron la lucha durante el gobierno de la Unidad Popular y de qué
forma sus acciones impactaron en la actividad política de la
época? y ¿cómo repercutió el atentado a
Pérez Zujovic en la coyuntura política?
Creemos que la experiencia de la Vanguardia Organizada del Pueblo es
fundamental para comprender las dinámicas políticas del periodo
en estudio y, más aún, nos permitirá demostrar cómo
un pequeño grupo, carente de un programa político amplio y claro,
con escasa reflexión teórica y alejado de las relaciones con los partidos políticos
tradicionales, logró poner en jaque al gobierno de la Unidad Popular, a
través del impacto y la repercusión de una de sus operaciones
puntuales, ya que con su accionar fue capaz de causar el quiebre definitivo
entre el Partido Demócrata Cristiano, la izquierda y el gobierno de la
Unidad Popular, lo que permitió el acercamiento entre la DC y la derecha
y por ende, el inicio de la gestación del golpe militar de 1973.
VIOLENCIA
POLÍTICA, DELINCUENCIA Y SUBVERSIÓN. EL SURGIMIENTO DE LA VOP Y
LOS INICIOS DE SU ACCIONAR POLÍTICO-DELICTUAL.
En general es ampliamente aceptada la definición propuesta por Lewis A. Coser, quien ha caracterizado al conflicto social
como una lucha en torno a valores, pretensiones y objetivos de los
participantes del conflicto, los cuales no responden sólo para la
obtención de los valores deseados, sino también a la
acción para contrarrestar, dañar o destruir a sus rivales. Lo
anterior puede desarrollarse entre individuos, entre colectividades o entre
individuos y colectividades (1956,pp. 15-33; 1970, pp. 23-107). El
historiador español Eduardo González Calleja (2002), por su
parte, ha destacado que la violencia y el fenómeno violento con su
derivado de la violencia en política, deben ser vinculados al conflicto
y al cambio social ya que “la violencia es una manifestación del
conflicto y el conflicto es una condición necesaria (pero no suficiente)
para que surja la violencia” (p. 61). En este
sentido, el conflicto político-social y la violencia política
hacen referencia a los desacuerdos que afectan a diferentes grupos al interior
de la sociedad, en relación con la distribución de recursos
materiales o simbólicos, y a la profunda divergencia que se produce en
torno a sus metas e intereses, operando en favor de la formación de
poderes alternos, que cuestionan la autoridad y definen nuevas alternativas de poder (Benjamín,
1998, p. 24-25; Gruner, 1997, pp. 31-49; Howard Ross,
1995).
Para
comprender las dimensiones reales de la violencia política, entendida esta
como una táctica y estrategia de lucha racional, para la
consecución o imposición
de objetivos sociales y políticos de forma rápida, lo cual es
difícil de alcanzar en el juego político convencional pues hay
poca receptividad a tales requerimientos (Aróstegui,
1994, p. 36; Calleja, 2002, p. 266);
es necesario tomar en consideración los factores internos y externos,
estructurales y estratégicos, ya que los modos de violencia
política varían notablemente en su forma, frecuencia y capacidad
destructiva, según la
costumbre, cultura, coyuntura política o la evaluación razonada
de posibilidades. Lo anterior, se debe a que en el momento de actuar cada
colectivo despliega sus propios repertorios de lucha, en función de sus
tradiciones, organización,
recursos, objetivos y oportunidades específicas (González
Calleja, 2002, pp. 401, 411-413; Tarrow,
2004; Tilly, 2007).
Desde la perspectiva anterior, la Vanguardia
Organizada del Pueblo constituye un caso particular, ya que no tuvo un
carácter insurgente, pre o sub-revolucionario, y tampoco fue
protagonizada o apoyada por una élite, sino por un sector
específico y acotado de la población, que anhelaba cambios
radicales en el sistema político o social, el cual no disponía de
los recursos necesarios para arriesgar un enfrentamiento masivo, directo y
decisivo contra el Estado. En este sentido la VOP se vio obligada a optar por
estrategias de lucha, que supusieron una menor implicación humana y material,
aunque por su intensidad y duración acarrearon elevados costes sociales,
debido al impulso de cambios radicales al sistema político, social y
económico.2 Lo
anterior, permite interpretar que la violencia política, y
específicamente las acciones político-delictuales
desarrolladas por la Vanguardia Organizada del Pueblo eran vistas por la organización como un recurso
al servicio de un proyecto político. En este sentido, se entiende la
violencia política –individual y colectiva– de la VOP como un
método y una táctica de acción política, sea o no
bien definidos y conscientemente formulados (doctrinarios), emitidos de manera
racional y reflexiva, con un objetivo claro; y también su accionar,
entendido como una respuesta espontánea al ambiente de coacción y
enfrentamiento político-ideológico que dominó el periodo,
en el quetuvo primacía el ámbito
político como principal agente de conflictividad (González,2002,
pp. 12, 57-63 y 264; González, 2008, pp. 191-239; Marchesi
y Yaffé, 2009).
En este sentido, la Vanguardia Organizada del
Pueblo (VOP) vio en la aplicación de la acción y
confrontación violenta un recurso político y un medio de lucha y resolución de conflictos para la
consecución de objetivos, mediante la imposición de sus
términos en desmedro de otros (González, 2002, pp. 12-13;
401-411; Tarrow, 2004, pp. 55-56; Tilly,
1969, pp. 191-240; Tilly, 2007, pp. 25-53). De
allí que el acto violento aplicado por la VOP haya encerrado tres
componentes operativos fundamentales: la aplicación –o la amenaza
de aplicación– de una fuerza física intensa de forma
deliberada, con la intención de causar efectos sobre el receptor de la
misma. Esta tríada: la intencionalidad del emisor, el tipo de fuerza
aplicada y los resultados que la misma puede acarrear, permitió el desarrollo
de una amplia gama de acciones violentas, que fueron desde los robos a mano
armada y los ataques planificados hasta el asesinato político
(González, 2008, pp. 192-193), o sea, como “otra forma de hacer
política” (González, 2002, pp. 12 y 264).
La Vanguardia
Organizada del Pueblo, como se dijo con anterioridad, fue constituida en agosto
de 1969 por los hermanos Ronald (Miguel Compillay) y
Arturo Rivera Calderón (el Hippie), Heriberto Salazar (el Viejo) e
Ismael Villegas Pacheco (Francisco). Los hermanos Rivera Calderón
pertenecieron a las Juventudes
Comunistas (JJ.CC.) y posteriormente al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), del cual fueron expulsados.
Heriberto Salazar había sido dado de baja de las filas de Carabineros de
Chile en 1968, por agresión a un oficial superior; mientras que Ismael
Villegas Pacheco, de oficio tipógrafo, también había
pertenecido a las JJ.CC. Villegas, mientras perteneció a las juventudes
comunistas había formado un grupo fraccionario de nombre
“Arauco”, ya que sostenía que los jóvenes comunistas
debían recibir entrenamiento de tipo militar para hacer frente al
aparato armado del Estado burgués. Esta actividad le mereció la
expulsión de las JJ.CC., junto con otros compañeros, al poco
tiempo se incorporó a las filas del MIR, no obstante en agosto de 1968
formó con los hermanos Rivera Calderón y Heriberto Salazar la
Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP) (A los obreros, campesinos y estudiantes
revolucionarios de Chile, 1970, pp. 14-15).
Si bien la VOP ha
sido considerada como una “sedicente guerrilla urbana”, carente
de antecedentes y perfilamiento político e ideológico (Corvalán, 2000, p. 79), es posible afirmar que la
VOP, en la práctica, sí tuvo un perfilamiento
político-ideológico, marcado, claramente, por un insuficiente
desarrollo teórico y programático,
pero fundamentado constantemente en las críticas al gobierno y al
sistema capitalista. Se declararon a sí mismos como una
“organización socialista y revolucionaria
dirigida por proletarios armados”, e influenciados por el Marxismo-Leninismo. Desde esta perspectiva, la VOP, a
través de su accionar, intentó el ataque y el derrocamiento de
las clases explotadoras y la burguesía, al igual que la transformación estructural de las relaciones
económicas y sociales existentes, mediante la lucha armada y
revolucionaria, lo que nos demuestra una clara postura política-ideológica (A los obreros, campesinos y
estudiantes revolucionarios de Chile, 1970,
pp. 14-15). De lo anterior, se entiende que en la Vanguardia Organizada del
Pueblo participaran jóvenes alejados de las filas de las JJ.CC. y del
MIR., algunos de tendencia anarquista, y en su mayoría radicados en las
poblaciones de Santiago. Por esto es necesario comprender a la VOP no como un
compacto ideológico, sino como una postura política generada de
forma heterogénea y diversa, en donde la unión se gestó en
la continuidad del accionar de la organización en contra del Estado (La
VOP, Vanguardia Organizada del Pueblo…, 2012. pp. 7-8).
Sin duda, en Chile pocos grupos han sido tan silenciados
y olvidados historio-gráficamente como la Vanguardia Organizada
del Pueblo, sin embargo, a través de sus acciones
político-delictuales y posteriormente de represalia y venganza, lograron
poner en jaque la estabilidad política del gobierno de la Unidad
Popular, y alteraron las relaciones entre los diversos partidos
políticos durante el primer año del gobierno de Salvador Allende.
Sus acciones delictivas de carácter político contribuyeron a la
continuación de la lucha armada con un claro énfasis en la
justicia social y, por ende, de rechazo total a la vía reformista e
institucional proclamada por la UP y seguida por los partidos y organizaciones
de izquierda a excepción del MIR.
Así, la VOP, entre los meses de diciembre de
1969 y julio de 1971, llevó a cabo
una serie de operaciones político-delictuales, las cuales se
convirtieron en constantes
“recuperaciones” de automóviles, como también
asaltos, robos y expropiaciones a
bancos, supermercados, almacenes, bodegas y negocios; todo con el único
fin de extraer dinero, productos alimenticios y de necesidad básica, al
igual que el transporte para el desarrollo de las actividades de la
organización. Debido a este accionar, la VOP se vio envuelta en
constantes incidentes y enfrentamientos tanto con la policía de
investigaciones como también con Carabineros de Chile.
El día 20 de diciembre de 1969, por ejemplo,
integrantes de la VOP cometen un asalto en la Sucursal Santa Rosa del Banco
Nacional del Trabajo, ubicada en la calle Tucapel
3095, y el 26 del mismo mes otro asalto a la sucursal Macul del Banco Osorno y
La Unión, ubicada en la Av. José Pedro Alessandri 4257. En esta
oportunidad fueron extraídos
del banco 8.420 escudos y una pistola marca Room,
calibre 22, de uno de los guardias. Sobre el incidente, el prefecto en jefe de
Santiago, Jorge Maluenda, declaraba a los
periodistas:
No creemos que se trate de un asalto cometido por el
MIR. Se trata de un hecho muy mal ejecutado, que no tuvo una
planificación anterior, cosa que no ha ocurrido en los atracos perpetuados
por los extremistas. Creo que el uso de la bomba es una imitación usada
por delincuentes comunes para luego hacer aparecer al MIR (Delincuentes se
llevan 8 mil 420 escudos. Espectacular asalto a mano armada en un sucursal
bancaria.1969, pp. 1 y 12).
Los
delincuentes comunes, que declaraba el prefecto de la policía, eran los
militantes de la VOP y dichos atracos fueron las primeras
“expropiaciones” de una larga cadena de operaciones
político-delictuales desarrolladas por el grupo durante los
siguientes meses. Así, el día sábado 31de enero de 1970
–un mes después de los atracos bancarios– en un confuso
incidente con Carabineros, muere en un tiroteo uno de los miembros fundadores
de la VOP, Ismael Villegas Pacheco, alias “Francisco”, quien cumplía junto a otro
compañero una misión asignada por la organización, sin embargo, un choque
automovilístico en la calle Santa Elena con Avenida Matta
terminó con una persecución policial y un posterior tiroteo entre
el cabo de carabineros Luis Avendaño Orozco y los miembros de la VOP. El
resultado de dicho tiroteo fue la muerte, en la esquina de calle Copiapó
con Avenida Portugal, de Ismael Villegas; el carabinero resultó herido y
los otros miembros de la VOP lograron huir del lugar (A los obreros, campesinos
y estudiantes revolucionarios de Chile, 1970, pp. 14-15; Se investiga nuevo
caso de extremismo, 1970, pp. 33 y 36). Según una declaración
dada por los detectives de la brigada de homicidios al diario El Mercurio, Villegas
Pacheco no era un “delincuente común” y más bien
pertenecía a una “organización extremista”. La
suposición policial se reforzaba en la decisión de disparar al
carabinero, lo cual no era una práctica habitual de los ladrones de
automóviles, además, según la publicación el
revólver usado era un Smith & Wesson
calibre 38, arma que no estaba –según los detectives– al
alcance de los delincuentes comunes (Se investiga nuevo caso de extremismo,
1970, pp. 33 y 36). Una de las células de la VOP, “El Grupo
Liberación”, emitió a través de la prensa dos
extensos comunicados aclarando la postura de la organización respecto al
asesinato de unos de sus miembros:
A
los obreros, campesinos y estudiantes revolucionarios de Chile: COMPAÑEROS: Ante el asesinato a mansalva de
nuestro camarada Ismael Villegas Pacheco (“Francisco”)
…nosotros, Grupo Liberación, declaramos: 1.- Que estamos
conscientes que la muerte de nuestro compañero “Francisco”
no es el primer crimen, ni el último, que la policía, instrumento
de las clases adineradas, comete
contra el movimiento revolucionario socialista de América Latina; antes
hubo muchos otros que murieron de igual forma, luchando por la
liberación de sus pueblos. 2.- Que no ignoramos la magnitud de nuestra
responsabilidad frente al pueblo de Chile y de América sojuzgada. 3.-
Que comprendemos, y queremos que los demás hermanos de lucha comprendan,
lo que significa para el movimiento revolucionario de Chile, el crimen alevoso
de nuestro camarada “Francisco”: la burguesía y el
imperialismo siempre han actuado así frente a quienes exponen sus vidas
por liberar al pueblo y frenar a quienes se oponen resueltamente, con las armas
en la mano, al poder reaccionario del
crimen. 4.- Que la muerte de “Francisco” es para nosotros un golpe
rudo y doloroso, pero su ejemplo de heroísmo revolucionario nos
guiará en la lucha por la revolución socialista y debe
también guiar a los revolucionarios de Chile. 5.- Que el crimen de
“Francisco” no es sino una muestra más de cómo el
poder burgués actúa y actuará en contra de la clase obrera
y campesina de Chile y de los
revolucionarios ¡la izquierda no se debe engañar más!
6.- Que, desde hoy, los que quieran verdaderamente
cambiar la actual sociedad deben dejarse de engañifas
“democráticas” y tomar realmente el único camino
posible de cambio: la lucha armada popular y revolucionaria. 7.- Que, desde
hoy, el movimiento revolucionario no debe trepidar en ajusticiar a los que se
opongan a la revolución, quienes quieran que sean. A cualquiera que se
oponga a las tareas revolucionarias se le ajusticiará como se merece:
como un esbirro y un criminal al servicio de la burguesía.
¡Eliminar los obstáculos, esa es la consigna! ¡POR LA
RAZÓN Y LA FUERZA! ¡VENCEREMOS! GRUPO LIBERACIÓN.
VANGUARDIA ORGANIZADA DEL PUEBLO, ENERO 31 DE 1970 (A los obreros, campesinos y
estudiantes revolucionarios de Chile, 1970, pp. 14-15)
Según continuaba este comunicado, con los
hechos ocurridos. La lucha revolucionaria
en Chile tomaría otro cariz, un cariz más consecuente y
más decidido y que no admitiría “inocentes”, debido a
que la guerra por la liberación de América y de Chile y por la
creación de la sociedad socialista futura había comenzado y la
vida de un revolucionario es muchísimo más valiosa que diez,
cien, mil vidas de policías y “cerdos de terno”, o sea la
policía de Investigaciones (A los obreros, campesinos y estudiantes
revolucionarios de Chile, 1970, p. 15). Otro comunicado de la VOP, emitido el
mismo día, era dirigido a los familiares, amigos y compañeros de
Ismael Villegas Pacheco, y recitaba:
Por razones de más conocidas por ustedes, no
podemos presentarnos a despedir a nuestro camarada y amigo Ismael Villegas
Pacheco, conocido por “Francisco”,
su nombre político revolucionario: con ese nombre fue asesinado por la
policía burguesa y con ese nombre lo recordaremos; como Ismael
quedará entre ustedes, sus familiares y amigos y así lo
recodarán; pero una cosa es clara: “Francisco” murió
luchando por la revolución socialista, es decir, murió luchando
por el pueblo. Así es que su nombre verdadero quedará como Ismael
“Francisco” Albino Villegas Pacheco, para siempre. No podemos
separar al padre de familia y al revolucionario: en él eran una misma
cosa. “Francisco” no murió como delincuente, como afirman
los diarios al servicio de los explotadores
del pueblo chileno, para nublar la mente de los explotados. “Francisco es
un revolucionario, porque como revolucionario no ha muerto: vivirá para
siempre en las páginas de la historia de la revolución. Un hombre
honesto y consecuente, porque comprendió que la única manera de
acabar con la explotación y la
miseria es luchando con las armas en la mano, y murió con las armas en
la mano. Habrá muchos como él, pues es un ejemplo de verdadero
heroísmo revolucionario, no dejó de disparar hasta que la bala
mortífera le llegó a él. …Ustedes y nosotros debemos
recordarle como lo que verdaderamente fue y no como pretenden los diarios
burgueses que sea. “Francisco” Ismael fue un revolucionario y no un
delincuente común. “Francisco” fue, es y será un revolucionario siempre. Por último, queremos
decir que nuestra responsabilidad y nuestra lucha por la revolución, que
debe ser la responsabilidad y la lucha de los explotados, se acentuará
en muchos grados más: un revolucionario como “Francisco”
vale diez, cien, mil veces más que la vida de un policía.
Un abrazo revolucionario para todos”.
¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! 31 de enero 1970. GRUPO LIBERACION VANGUARDIA
ORGANIZADA DEL PUEBLO (La VOP. Vanguardia Organizada del Pueblo…, 2012,
pp. 122-124).
En una entrevista realizada por la revista Punto
Final a algunos dirigentes de la VOP, a raíz de la muerte de Ismael
Villegas, se les consultó sobre los propósitos de la
organización:
Nos propusimos fundamentalmente crear cuadros
político-militares que en el momento adecuado pudieran responder
plenamente a la problemática técnica de la revolución, es
decir, la preparación de cuadros capacitados para enfrentar con fuerza a
las fuerzas represivas (¿Vía pacífica? La policía
ya comenzó a matar revolucionarios, 1970, pp. 4-7).
Respecto a la diversidad de grupos en la izquierda
revolucionaria los dirigentes de la VOP señalaron “la unidad
dependerá en gran parte de la concreción de una verdadera
vanguardia del pueblo” y agregaban que habían tres posibles tipos
de unidad: una entendida como la suma de las organizaciones existentes; otra
“como la unidad en la acción, que ya es un hecho y si no tiene
mayor resonancia política es por falta de coordinación de
ésta y su falta de relación con la lucha de clases en que cae a
veces”; y una tercera entendida como la colaboración
técnica de los diferentes grupos. Para la VOP “toda unión
de la izquierda revolucionaria” debía estar basada en “la
aplicación de un método marxista leninista de análisis y
una consecuente honestidad revolucionaria para proclamar como objetivo
último el derrocamiento de las clases explotadas, la
transformación profunda de las relaciones económicas existentes, la creación del hombre nuevo
desechando todo lo que signifique retórica,
conciliábulos innecesarios, palabrería inútil”
(¿Vía pacífica? La policía ya comenzó a matar revolucionarios, 1970, pp.
4-7).
Posterior a la muerte de Ismael Villegas, la VOP
siguió con las operaciones político-delictuales. Así, por
ejemplo, el día 8 de febrero de 1970 fue asaltado el puesto de Loncoleche ubicado en
la calle Diez de Julio y fueron robados algunos automóviles (Ayer fue asaltado un local de Loncoleche en el centro de Santiago, 1970, p. 33). El desarrollo de dichas acciones
político-delictuales (expropiaciones) eran parte del repertorio de estrategias
de la organización; el dinero obtenido o expropiado era entregado a la
Comandancia Central y de allí destinado a gastos operacionales y compra
de armamento. La aplicación de
este tipo de estrategias no fue una medida aislada en el periodo, y al igual que el MIR, la VOP consideraba
de primera medida: “la realización de
acciones expropiadoras que permitieran el financiamiento de la
organización y así mismo
asestar un golpe a la banca privada, pilar de la economía
capitalista” (A los obreros, campesinos y estudiantes revolucionarios de
Chile, 1970, pp. 14-15).
El gobierno democratacristiano de Eduardo Frei
Montalva, en conjunto con los Carabineros y la policía de
Investigaciones, comenzó rápidamente la persecución y la
realización de operativos para poder desarticular la VOP, por lo que
efectuó varias detenciones de sus integrantes como, por ejemplo, la de
cuatro estudiantes, quienes fueron interceptados por la policía y
detenidos por viajar en un automóvil -propiedad de uno de ellos-sin documentos. Los jóvenes pertenecientes a
la VOP fueron puestos a
disposición de la justicia como “delincuentes comunes” y se
les acusó de diecisiete delitos que iban desde el robo de
automóviles hasta el asalto de bancos. Según la revista
Punto Final este tipo de detenciones era otra forma de lucha del
gobierno democratacristiano y de la policía, en contra del
“despertar revolucionario de la juventud obrera y estudiantil”.
Según esta publicación los detenidos
eran Leonardo Farfán Guerra (23 años, alumno de tercer año
de Ingeniería Civil en la Universidad de Chile), Eduardo José
Magaña Torres y Juan Gabriel Carvajal Berrios (19 y 18
años respectivamente, ambos licenciados secundarios) y Arturo Rivera
Calderón (19 años, estudiante de sexto año de humanidades
en un liceo nocturno) (Otras calumnias de la policía, 1970, pp. 6-7).
La revista
Punto Final conversó con los vecinos de la Población Macul quienes
confesaron que: “el verdadero delito de estos jóvenes delincuentes
ha sido el de cuestionar la estructura social del sistema enfrentando a la
sociedad y su aparato represivo” (Otras calumnias de la
policía, 1970, pp. 6-7). Las detenciones de algunos integrantes
de la VOP hicieron presumir a la prensa y al gobierno sobre una posible
desarticulación de la organización. Sin embargo, y aún con
algunos de sus miembros en la cárcel, las operaciones
político-delictuales continuaron, incluso de manera más
intensa. De igual modo, Punto Final denunció constantemente las torturas
y abusos a los que se vieron sometidos en prisión los militantes de la
VOP. Ronald Rivera Calderón, a través de una carta,
denunció dichas prácticas:
Se
nos ha tachado de delincuentes comunes. Esta afirmación ya nadie la
cree.
El gobierno pretende cerrar los ojos ante una
fría realidad. Esta realidad indica que el obrero, el trabajador y el
estudiante ya se cansaron de escuchar patrañas, mentiras, promesas que
no se cumplen. Han dicho ¡Basta!, y se han incorporado de lleno en la lucha
clandestina. …la VOP está orgullosa de contar entre sus
filas con los mejores hombres de la clase proletaria: porque su presencia en
nuestra organización es reflejo del despertar de la clase obrera, que
por primera vez en Chile se incorpora de hecho a la lucha armada por el
socialismo. Por lo cual, exigimos el trato de reos políticos que
merecemos…hemos de decirle -a la policía- que las redes
clandestinas no se rompen con torturas: tampoco pueden con torturas apagar la
llama revolucionaria que está encendiéndose en el corazón
de los oprimidos” (Rivera, 1970, pp. 14-15).
La carta
continuaba atacando al gobierno ya que según Arturo Rivera Calderón“con nuestra detención, en
febrero, la policía informó que la VOP había dejado de
existir, pero nuevos camaradas a los cuales personalmente no conocemos,
han sido detenidos y la policía luego de ‘cargarle’
los mismos delitos que a nosotros… vuelve a decirque
la VOP ha dejado de existir” (Rivera, 1970, pp. 14-15). De igual manera,
informaba del “cinismo de los
jefes policiales” que, según Arturo, “llega a extremos
cuando desmienten la aplicación de torturas a toda clase de detenidos
(entre ellos nosotros)”:
Los
revolucionarios hemos sentido en carne propia estas torturas: ser sometidos a un camastro de fierro luego de ser
amarrados de pies y manos; introducción
de un palo envuelto en trapos sucios y malolientes en la boca para evitar
gritos; bajada de pantalones y aplicación de descargas eléctricas
en los testículos, pene, boca, sienes, oídos, estómago,
piernas, manos, etc.; se pisan las manos haciendo girar el taco de la bota
sobre ellas; se echa agua caliente por nariz y boca; patadas en riñones
y estómago hasta provocar hemorragias y así innumerables torturas
que dejan por el suelo nuestra falsa democracia. Una tortura muy usada por Carabineros,
es la de hacer comer excrementos al detenido (Rivera, 1970, pp. 14-15).
Finalmente, la carta culminaba con una amenazante
declaración de Arturo, en contra del Escuadrón de la
Muerte–Grupo represivo, formado por el gobierno de Frei Montalva–,
que manifestaba:
Les decimos que seguirán encontrándose
con la VOP; continuaran las expropiaciones
a entidades creadas para el robo y la explotación; seguirán las
expropiaciones de elementos para la
revolución… yo les digo nosotros no hemos buscado el enfrentamiento
y cuando lo busquemos será en las condiciones y el lugar que nosotros
fijemos. Y ahí verán los “héroes”,
“valientes” etc., que su “escuadrón” sólo
sirve para patear mujeres y niños y violar domicilios, etc., pero no
para combatir mano a mano con revolucionarios que dan su vida por su ideal. La
VOP está formada por camaradas de diferente extracción
social… la VOP es algo más que una organización armada, es
un grito de libertad del pueblo, porque la VOP forma puro pueblo. ARTURO RIVERA
CALDERON. VANGUARDIA ORGANIZADA DEL PUEBLO “VOP” CARCEL
PÚBLICA (Rivera, 1970, pp. 14-15).
Según Jorge Pomar (2010), los integrantes de
la VOP, al entrar en contacto con los delincuentes en la cárcel,
experimentaron un “proceso refundacional” ya que supieron que la revolución
debía realizarse con gente como esa (delincuentes), a quienes el sistema
no les importaba para nada. Esto permitió, de acuerdo con este autor,
que la “idea del caos” se instalara entonces definitivamente en los
vopistas. La reflexión anterior justifica las
declaraciones de Rivera Calderón:
La subversión debe hacerse con delincuentes,
porque son los únicos no comprometidos con el sistema: los obreros
luchan solamente por aumentos de sueldo, y los estudiantes son pequeños
burgueses jugando a la política; en el hampa está la cuna de la
revolución (Pomar, 2010, p. 1504).
A la par con las actividades de la VOP se
desarrollaban las actividades de las campañas presidenciales para la
elección del 4 de septiembre de 1970, las cuales estuvieron marcadas por
la fuerte radicalización, ante la posibilidad de que la izquierda
alcanzara el gobierno. Lo anterior, se vio reflejado en el incremento de la
conflictividad política y la violencia entre militantes y adherentes al
candidato de la derecha, Jorge Alessandri, el democratacristiano, Radomiro Tomic y el socialista y representante de la Unidad
Popular (UP) Salvador Allende Gossens. El resultado de
la elección dio como ganador a Allende, lo que desató el
pánico en Washington y la celebración en Cuba (Harner, 2013, pp. 78-95). Allende era partidario de un programa de gobierno popular
sustentado por una amplia alianza de los partidos de izquierda comunista y socialista, los cuales
debían estar en total relación con las bases sociales (obreros,
campesinos y pobladores) para que todos juntos impulsaran la
transformación social revolucionaria a través de la
“vía chilena al socialismo”. En este sentido, Allende
promulgaba un proceso de transición del capitalismo al socialismo y, por
ende, el desplazamiento de la hegemonía de la burguesía por la
clase trabajadora y la construcción de una nueva economía
predominantemente socializada y planificada, la cual se haría de modo
pacífico y en el marco del estado de derecho que garantizaba el respeto
a las prácticas democráticas, el pluralismo político y las
libertades ciudadanas (Riquelme, 2008, p. 81).
Allende asumió formalmente la presidencia en
noviembre de ese año y de inmediato el gobierno de la UP
amplió el gasto fiscal e impulsó medidas de carácter social,
como el mejoramiento de los hospitales y la distribución de medio litro
de leche al día para cada niño, también promovió la
enseñanza preescolar, básica, media e industrial y también
el acceso a la universidad. De igual manera, se introdujeron otras medidas
más radicalizadas como la participación de los trabajadores en
fábricas y empresas, la profundización de la reforma agraria y la
nacionalización de la banca y el cobre (Angell,
1993, pp. 61-89; Collier y Sater,
1998, pp. 284-306; Garcés, 1976; Riquelme, 2008, pp. 81-109).
También se restablecieron las
relaciones diplomáticas con Cuba, lo que motivó que Estados
Unidos aumentara su influencia en el cono sur e intensificara sus
relaciones con sectores castrenses y con la oposición no marxista al gobierno
(Harner, 2013, pp. 120-104). Según el historiador
norteamericano Peter Winn (1986), la experiencia de
la Unidad Popular significó una doble revolución y una
gran encrucijada, debido a que se impulsó una revolución
desde arriba, liderada por Allende y los partidos políticos y una desde
abajo, liderada por las bases sociales (trabajadores y pobladores). Lo anterior
provocó que la creación “del poder popular”,
los cordones industriales y la toma de fábricas respondieran al clima de
revolución social, creado por la misma izquierda y la UP, y
despertaran la reacción de la derecha. De igual manera, la izquierda se vio
envuelta en una encrucijada, ya que al aceptar las transformaciones radicales no
estaba en concordancia con su propuesta de llevar a cabo transformaciones pacíficas
y legales.3
A pesar del impulso de medidas como las anteriores, el
gobierno fue visto, por algunos
componentes de la izquierda y por las bases sociales, como reformista y no
revolucionario. El MIR, por ejemplo, se vio envuelto en constantes disputas y
críticas al gobierno y a su programa. Por este motivo, se alentó,
constantemente, a los campesinos para que corrieran los cercos, y tomaran y
ocuparan los fundos, como forma de acelerar la reforma agraria; también
se animó a los pobladores para que ocuparan terrenos y a los obreros
para tomar las fábricas.
Luis Oscar Pérez Azócar,
militante de la VOP, recuerda que con la llegada de
Allende a la presidencia “la VOP consideró que nada había
ocurrido, que todo seguía igual” (Pérez,
1972, pp. 16-19). Allende incitó a los militantes activos a dejar las
armas para iniciar la vía pacífica hacia el socialismo, sin
embargo, los militantes de la VOP
rechazaron el llamado y continuaron en la lucha, ya que para ellos no
había existido cambio alguno, más aún, este era el preciso
momento para agudizar el
enfrentamiento (La VOP Vanguardia Organizada del Pueblo…, 2012. p. 17).
El gobierno, a finales de diciembre de 1970 realizó un indulto masivo de
presos a través de la emisión del decreto presidencial Nº
2071. Según informó La Prensa de Santiago, el gobierno
indultó a 43 “extremistas de extrema izquierda” acusados de
participar en una serie de delitos
comunes y políticos, tales como la instalación y
participación en centros guerrilleros, asaltos y robos a mano armada,
lesiones a carabineros y otras acciones delictivas que motivaron juicios, tanto
en juzgados civiles como en tribunales
militares. Los beneficiados, según esta publicación, fueron todos
militantes del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR) y de la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP), los cuales
estaban condenados, procesados o prófugos de la justicia en el momento en que se dio a conocer
el decreto presidencial Nº 2071 que los indultaba (43 procesados del MIR y
VOP, 1971, p. 17; Gobierno indultó a 43 extremistas, 1971, p. 1). Sin
embargo, dicho indulto fue rechazado por la Contraloría General de la
República y aprobado mediante el Decreto de Insistencia Nº 2092 el
28 de diciembre de 1970. La intención del gobierno era que, a través
de este tipo de gestos, los militantes de estos grupos (MIR y VOP) se
incorporaran a la vía pacífica (La VOP Vanguardia Organizada del
Pueblo…, 2012, p. 13). Entre los beneficiados con el indulto que pertenecían a la VOP se
encontraba Arturo Rivera Calderón, Raúl
Stroz y René Vargas. El MIR por su parte
decidió suspender cualquier acción armada
y las expropiaciones a bancos durante el gobierno de la UP, pero la VOP
–y al poco tiempo de la entrada en vigencia del indulto–
radicalizó sus operaciones político-delictuales e
ingresaron a sus filas nuevos militantes (Sigmund, 1977, p. 99). Así,
durante la madrugada del 31 de enero de 1971, cinco integrantes de la VOP
fueron sorprendidos por una patrulla de la policía de investigaciones,
mientras pintaban propaganda política en los muros de la
intersección de las calles Ramón Carnicer
y Avenida Bustamante en la comuna de Providencia. Según el
periódico La Prensa de Santiago los policías “conminaron a
los extremistas a detener su trabajo y entregarse” pero estos
respondieron utilizando las armas de fuego que portaban y a continuación
se trabó entre ambos grupos una intensa balacera. A consecuencia
de lo anterior, quedaron heridos Fernando Gutiérrez y Guillermo
González, mientras los otros tres integrantes de la VOP se dieron a la
fuga (¿Serán indultados? Compañeros terroristas balearon a
detectives, 1971. p. 1). Posteriormente,
mediante allanamientos policiales fueron detenidos en la Población Santa
Julia en el sector de Macul, Patricio Dagach
Rabí, David Alcayaga Díaz y
Fabián Ahumada. Según la misma publicación se encontraron
en su poder armamento, principalmente dos pistolas calibre 7.65; tres
automóviles robados de marca Fiat, dos de ellos modelo 1500 y el otro
600, y placas patentes pertenecientes a otros automóviles
robados. Los cinco integrantes de la VOP fueron puestos a disposición de
la justicia, acusados de homicidio frustrado a personal policial, robo de autos
y porte ilegal de armamento (¿Serán indultados?
Compañeros terroristas balearon a detectives, 1971. p. 1). Según
La Prensa de Santiago: “la VOP, autores de varias “expropiaciones”
registradas los dos años anteriores han continuado actuando aun después
de la asunción de Salvador Allende al poder, manifestando su disconformidad
con la política gubernamental” (1971. p. 1). Ante los sucesos, el
“Comando Nacional” de la VOP emitió las siguientes
declaraciones:
A
los compañeros trabajadores: Ante los sucesos acontecidos el domingo 31
de enero, la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP) informa lo siguiente:
Encontrándose en funciones de propaganda revolucionaria el comando
“Ismael Villegas Pacheco” (Francisco) fueron baleados por los
perros guardianes de la burguesía, los “tiras”. La prensa
los ha acusado de delincuentes por haber encontrado en su poder unos
vehículos expropiados. La comandancia se hace responsable de la
expropiación de esos vehículos y deja en claro que los
compañeros revolucionarios detenidos pertenecen a la Vanguardia Organizada del Pueblo, y que están dispuestos a
dar su vida si es preciso por una causa en favor de la clase proletaria.
Así lo demuestra su frente limpia y su brazo rebelde en alto sin
traiciones a la clase obrera ni pactos con la burguesía.
Advertimos
que responderemos golpe por golpe, muerto por muerto. ¡HASTALA VICTORIA SIEMPRE Y HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE! Vanguardia Organizada
del Pueblo (VOP). Comandancia Nacional (Mayúsculas y negritas en el
original) (A los compañeros trabajadores, 1971, p. 9).
Seis días después del incidente, con
la policía de investigaciones, la prensa informó sobre una nueva
operación político-delictual de la VOP, esta vez el asalto a la
Ferretería Santo Domingo, en Santiago centro, de donde se llevaron alrededor
de 130 mil escudos de dinero en efectivo (Asaltantes de la VOP se hicieron
humo, 1971, p. 8).
Días después, a través de un comunicado, la VOP
calificó este asalto como una expropiación y criticó a la
prensa contrarrevolucionaria por atribuirles conductas delictuales, ya que
según declaraban: “Todas [nuestras]
acciones son en defensa de los
trabajadores, nos responsabilizamos plenamente y asumimos el riesgo de que este
gobierno popular nos aplique las leyes que heredó del orden
burgués y con el cual no ha roto” (El mundo de fantasía del
MIR y la VOP, 1971, p. 3).
Las acciones político-delictivas y las
recuperaciones de dinero siguieron ejecutándose constantemente durante
los primeros meses del gobierno de la UP. Así, por ejemplo, en el mes de
marzo de 1971, la VOP realizó una expropiación de alrededor de un
millón de escudos, luego de un allanamiento perpetrado a la casa de una
comerciante apodada “La Sultana”. De la casa se expropiaron,
según la prensa, “300 mil escudos en dinero efectivo, 4700
dólares en billetes, 200 mil dólares en cheques, 200 mil
dólares en bonos y 400 mil escudos en cheques”, según el
comunicado emitido por el
“Comando Arnoldo Ríos Maldonado”, la VOP declaró:
Hemos actuado en contra de “La Sultana”
por dedicarse al tráfico ilegal de dólares, haciendo como base de
sus operaciones delictivas su local comercial en el pasaje Matte.
Una parte de esta suma será entregada a nuestros hermanos de clase, ya
que a ellos pertenece, realmente; el resto del dinero será para
fortalecer nuestra organización aumentando la potencia de fuego de los
fusiles vopistas, para aplicar en el futuro EL
PAREDON REVOLUCIONARIO. Comando Arnoldo Ríos Maldonado (El
paredón revolucionario “Comando Arnoldo Ríos Maldonado,
1971, p. 8).4
En abril de ese mismo año, la VOP
realizó una nueva expropiación al supermercado EGAS, ubicado en San Joaquín y Gran
Avenida. Sin embargo, el día 24 del mismo mes la VOP perpetró un
robo con homicidio en la confitería “Don Raúl”, en el
sector de Estación Central, de donde fueron expropiados más de
700 escudos y fue asesinado su dueño, Raúl Méndez. En el
atraco participaron, según la prensa, Raúl Stroz
y René Vargas, ambos beneficiados con el indulto presidencial de fines
de 1970 (Son asesinos dos extremistas indultados por el gobierno, 1971, p. 1).
El día 25 de mayo de 1971 las páginas del Diario La Prensa de
Santiago informaron sobre un asalto
ocurrido el día anterior a un furgón bancario de la sucursal
Franklin, del Banco Sudamericano, que retiraba dinero desde el supermercado Montemar, ubicado en la calle Santa Rosa, esquina San
Joaquín. Durante el atraco se produjo una balacera entre los integrantes
de la VOP y los carabineros, que dejó un saldo de tres civiles heridos y
la muerte del carabinero Tomas Gutiérrez Urrutia (El VOP asaltó furgón
bancario. Extremistas asesinan a carabineros, 1971,
p.
1). En esa misma publicación se reprodujo un panfleto que fue dejado en
el lugar, con una declaración de la comandancia de la VOP. En este
documento se informaba que el comando guerrillero “Francisco”,
Ismael Villegas Pacheco había recuperado (expropiado) parte importante del dinero
robado al pueblo, de una camioneta
bancaria en la cual “los cómplices de los amos del dinero”
(los contadores) lo recogían
sistemáticamente de los diversos centros de explotación como
fábricas, bodegas y supermercados:
Estos lugares han sido creados por los amos del
sistema capitalista (sistema de explotación) para estrujarnos
hasta la última gota de sangre: 1.- Crearon fabricas donde somos
día a día pisoteados y humillados y se nos paga solo lo justo
para no morirnos de hambre y con esto seguir explotándonos. 2.- Crearon
supermercados y almacenes en los cuales nos dan escasos alimentos por el valor
del dinero que nos tienen asignados (tarifas por capacidad de producción
asignadas por el Estado) y que estamos obligados a gastar allí o en su
defecto, para comprar ropa de mala calidad (desechos de los ricos) para
mal abrigarnos.
3.-
También crearon bodegas que son utilizadas para esconder
mercadería y así poder subir los precios y con esto estrujar
aún más nuestros escuálidos bolsillos. 4.- Los
únicos que tienen todo y son los dueños de los bancos son los
malditos ricos. Garantizamos a ustedes que iremos aplicando la justicia de los
obreros a quienes nos han tenido humillados por largo tiempo, previo quitarles
su capital que será devuelto a nuestros hermanos de clase, en parte, y
también ayudar a perfeccionarnos aún más. Por
último afirmamos una vez más nuestro propósito y
decisión de lucha revolucionaria y a la vez te llamamos hermano de clase
por los pisoteados y asesinados constantemente con armas de guerra, para que te
unas a nuestras filas y te organices clandestinamente y formes muchas
células guerrilleras que den golpes demoledores a todos estos perros desgraciados,
causantes de todo nuestro sufrimiento hasta el día, hermanos, que seamos
los dueños del poder político y económico y poder dejar de
ser explotados, ser libres verdaderamente sin la tutela de los ricos ni
de los intereses extranjeros o ajenos a nosotros. “Hasta el
último hombre”. Comando político militar Francisco Ismael
Villegas Pacheco. VOP, Organización socialista
y revolucionaria dirigida por proletarios armados (Comando político
militar Francisco Ismael Villegas Pacheco, 1971. p. 9).
Sobre este
incidente, días después, La Tercera de la Hora informó
que, a través de una llamada anónima a los estudios de la
radioemisora “Presidente Balmaceda”,
se logró encontrar en las dependencias del Cine Metro “una
supuesta carta del movimiento extremista Vanguardia Organizada del Pueblo
(VOP), en la que reconocen su participación en el asesinato del
carabinero Tomas Gutiérrez Urrutia el pasado lunes 24 de mayo durante un
asalto a una camioneta bancaria” (VOPreconoce
en supuesta carta crimen de carabinero, 1971, p. 7). Según esta publicación, la carta acusaba al presidente de
Chile, Doctor Salvador Allende, de mentir “cuando dice que en Chile no
hay presos políticos ya que en las cárceles del país hay
muchos compañeros del ‘VOP’ y del ‘MIR’
detenidos”. La policía política, por su parte, se
presentó en el lugar a recoger la carta pero sin pronunciarse sobre la
veracidad de ella. Sin embargo, según la publicación, la carta
contenía “duros ataques contra el gobierno del presidente Salvador
Allende y de los carabineros que
custodiaban las camionetas bancarias y señalaba que ellos, los vopistas “No le hacen el juego a nadie y que
continuarán fustigando a los ricos, ya que el gobierno del pueblo
(Unidad Popular) los está tratando con mano muy blanda” (VOP reconoce en supuesta carta crimen de carabinero, 1971,
p. 7).
La policía montó grandes operativos
para capturar a los integrantes de la VOP, la capital fue “virtualmente
aislada por piquetes armados de la policía” y numerosas
poblaciones –entre ellas la Isabel Riquelme en la comuna de San
Joaquín– fueron “sistemáticamente vigiladas y
allanadas”, sin obtener mayores resultados (VOPreconoce
en supuesta carta crimen de carabinero, 1971, p. 12). Durante la semana
siguiente la VOP realizó una nueva operación, esta vez el asalto
a las dependencias de la Industria Azucarera Nacional (IANSA) y las diligencias
e investigaciones policiales sobre el esclarecimiento del asalto a la camioneta
del Banco Sudamericano y la muerte del
cabo Gutiérrez tuvieron un vuelco. La policía informó que
el esclarecimiento del suceso cuando se descubrió que los autores
“obedecían a los apodos o alias de “el oso” o
“pelado Manuel”, “matasano”, “el hippie” y
“el compillay” (Detenido herido no
está implicado. Falló pista en el asesinato del cabo Gutiérrez.
1971, p. 18; Tenaz cacería para capturar a dos hermanos asesinos del carabinero, 1971.
pp. 1, 13 y 21). Lo anterior permitió a la policía identificar a
Ronald y Arturo Rivera Calderón. Según la Tercera de la Hora los
asaltos habían sido cometidos por:
Un sector marginado de la VOP (VOP-2) que
decidió por su cuenta y riesgo continuar las llamadas
expropiaciones. Ellos alegando seudos ideales
políticos actúan con impresionante sangre fría, sin
respeto alguno por los seres humanos y dispuestos a sacrificar cuántas
vidas sea necesario para lograr sus objetivos (Identificados los asesinos del
carabinero, Ronald y Arturo. Ayer asaltaron la IANSA,
1971, pp. 1 y 7).
No existen
registros que demuestren que la Vanguardia Organizada del Pueblose
separara en VOP y VOP-2, como señalaba La Tercera de la Hora, y
más bien estetipo de informaciones
erróneas sobre las acciones u operaciones de la VOP respondíana
la campaña iniciada por los medios de prensa en contra de la
organización, ya quede esta manera se atacaba
al gobierno de la UP como garante de este tipo de acciones.
La brigada de
homicidios, por su parte, capturó a numerosos vopistas
como presuntos implicados en el robo y homicidio, los cuales fueron dejados en
libertad, al establecer su inocencia. Según la Tercera de la Hora, entre
los detenidos se encontraba una joven
anónima, quien fue sindicada como la esposa de Ronald Rivera
“dirigente de la VOP, organización en la cual se ocultan ex
convictos y delincuentes habituales que no han sido aprehendidos, pero que se
sabe positivamente que son los que a la fecha prácticamente están
dirigiendo las operaciones de ‘expropiación’, las que en
más de una oportunidad terminaron en alevoso asesinato” (Capturada
mujer clave en homicidio de
carabinero, 1971, 08 de junio, p. 5; Fracasa cacería para ubicar a los
asesinos del carabinero, 1971, p. 32).
Desde la lectura de los comunicados emitidos por la
VOP, es posible sostener que la organización estuvo constituida por una
serie de Comandos Políticos Militares (células) los cuales
dependían de una Comandancia Nacional (Comando Central). Ronald Rivera
Calderón actuaba con el cargo de “Comandante de Operaciones”
y tomaba parte activa en todas las acciones del grupo. Daniel Vergara, por su
parte, tenía el cargo de “Comandante Político”,
mientras que Hugo Romero Navarro “el Víctor” estaba
encargado de las operaciones de tesorería, y ocupaba el cargo de
“Comandante Económico”. A los anteriores dirigentes, es
interesante agregar a Heriberto Salazar Bello y Arturo Rivera Calderón,
ya que ambos ejercieron una fuerte influencia en las decisiones de Ronald
Rivera, por edad y lazos familiares. Si bien, las acciones
político-delictuales de la VOP sobrepasan en mucho las aquí
descritas, hemos decidido considerar solamente aquellas que fueron
reivindicadas formalmente por la Vanguardia Organizada del Pueblo, a
través de comunicados. Una lista detallada de las acciones de la VOP
aparecen en el documento VOP, Vanguardia Organizada del Pueblo (2012. pp.
149-159).
Sin embargo, no todas las operaciones de la VOP
eran robos, asaltos y expropiaciones;
y como bien lo ha demostrado la investigación de Samantha
Avendaño (2012) a través de la recopilación de testimonios
orales, para la VOP las “expropiaciones”
de alimentos y productos de necesidad básica perpetradas a camiones,
supermercados, almacenes y bodegas –para posteriormente repartirlo entre
los más pobres– eran sustentadas bajo la idea de devolver al
pueblo lo que se le había quitado, producto de la explotación.
Robarles a los ricos para darles a los pobres no era un delito común,
desde el punto de vista de la VOP, sino más bien “se trataba de
devolverle al pobre, al obrero lo que a él por derecho y por trabajo le
pertenecía y lo que el
burgués les quitaba, explotándolo y adueñándose de
las mercaderías de consumo
básico”. Lo anterior, es interpretado como la faceta más
humana, una especie de trabajo social al interior de las poblaciones, aunado a
las tomas de terrenos, principalmente en sectores de la comuna de San Joaquín
y la Población 23 de enero, en la comuna de Macul. Desde esta
perspectiva, según Avendaño, sería posible pensar a la VOP
como una organización que planteaba la acción como su bandera
ideológica (Avendaño, Espoz y
Obregón, 2012).
En
síntesis, dichas acciones aquí descritas pueden ser interpretadas
–y según las palabras de González (2002) –, como
“otra forma de hacer política”. Desde esta perspectiva, y
tomando en consideración que este tipo de acciones se desarrollaron en mayor medida bajo el contexto de la
campaña presidencial de 1970 y los primeros meses del gobierno de la UP,
es posible sostener la idea de que la VOP y sus militantes rechazaban la
vía reformista y pacífica, al igual que el programa de
transformación social radical, revolucionario e institucional proclamado
por Allende, los partidos de izquierda y la UP (vía chilena al
socialismo), ya que, como lo demuestra una de sus frases más comunes,
“El pan que con sangre fue quitado, con sangre será
recuperado”. En sus comunicados, la VOP denunció constantemente los abusos de “los centros de
explotación”, criticó al gobierno reformista y a los
“amos del sistema capitalista”, entre otros (Pomar, 2010, pp.
1496-1506). En este sentido, los
integrantes de la VOP consideraron las gestiones del gobierno de
Salvador Allende, de la Unidad Popular y de los partidos de izquierda como
acciones netamente reformistas y no como revolucionarias, y si bien la VOP no
tuvo una propuesta programática más amplia de cambio social, a
diferencia del MIR, esta organización vio en la violencia política,
el robo, la expropiación y la justicia revolucionaria unos recursos al
servicio de su proyecto político, y una opción estratégica
para llevarlo a cabo.
EL
“AJUSTICIAMIENTO” DE EDMUNDO PÉREZ ZUJOVIC Y SU IMPACTO EN
LA COYUNTURA POLÍTICA DE LA ÉPOCA
Durante la mañana del día martes 8 de
junio de 1971 la VOP ejecutó su operación
más significativa de “ajusticiamiento” y que tuvo un mayor
impacto político, así como fuertes repercusiones para el gobierno
de la Unidad Popular: el asesinato del empresario y político
demócrata cristiano y ex Ministro del Interior y de Obras
Públicas del gobierno de Eduardo Frei Montalva, Edmundo Pérez Zujovic, quien fue interceptado y acribillado a tiros en la
comuna de Providencia, cuando se trasladaba en su vehículo particular en
dirección al centro de Santiago, acompañado de su hija
María Angélica Pérez Yoma
(Asesinado el exministro Pérez Zujovic, 1971,
p. 1).
Dentro de la tipología de la violencia
estrictamente política, las acciones terroristas
ocupan un lugar relevante. Tomando en consideración que esta
acción fue la única de esta naturaleza, desarrollada por la VOP,
interpretamos dicha acción desde la perspectiva propuesta por
González (2002), que la califica como una respuesta al contexto
socio-político y una forma de protesta popular; y no como un ejercicio característico del grupo o como un
instrumento al servicio de una estrategia de subversión
o de control, dentro del conjunto de las manifestaciones violentas de un
conflicto político; a diferencia de las acciones político-delictuales
y “expropiaciones”
descritas anteriormente, las cuales sí formaron parte de las
tácticas y estrategias del
grupo (pp. 445 y 475).
La
reacción al incidente fue inmediata, Allende se dirigió al
país mediante una cadena nacional a través de las emisoras
radiales, para anunciar que “un nuevo atentado
a escala sediciosa se había consumado”, e intentó encuadrar
el hecho criminal como un
ataque para alterar la convivencia democrática. Señaló que
los asesinos pertenecían a la extrema derecha y estaban impulsados por
su afán de crear un clima caótico y desprestigiar su
administración (Asesinado el exministro Pérez Zujovic,
1971, p. 1). Pocas horas más tarde, el director de investigaciones,
Eduardo Paredes, informó que la hija de Pérez Zujovic
había reconocido la fotografía de uno de los victimarios, Ronald
Rivera Calderón “integrante del grupo terrorista de extrema
izquierda VOP”, según Paredes, para perpetrar el asesinato se
había utilizado la misma metralleta Carl Gustav de fabricación
checoslovaca sustraída (expropiada) días antes en el asalto a la
camioneta en el cual fue asesinado el cabo de carabineros Tomas
Gutiérrez (Asesinado el exministro Pérez Zujovic
, 1971, p. 1).
Allende tildó a la VOP como “los
enemigos de la patria” y afirmó que el asesinato era “un
atentado contra Chile”. De la misma manera declaró que “los
criminales serán descubiertos, juzgados y condenados
ejemplarmente” y que en minutos enviaría al Congreso Nacional un
proyecto de ley que contemplara las más drásticas sanciones en contra
de este tipo de atentados, ya que la iniciativa incluiría la cadena
perpetua y la pena de muerte (Asesinado el exministro Pérez Zujovic, 1971, p. 1 y 16; Los enemigos de la patria no se
detienen con nada, 1971, p. 2). Además, Allende, en una
reunión con el Comandante de la Guarnición Militar de Santiago
Augusto Pinochet, decidió nombrar a este último
–Pinochet– como “Jefe de Zona”, ordenó el
acuartelamiento de todas las fuerzas policiales y declaró la ciudad de
Santiago bajo zona de emergencia, por lo que se impuso “toque de
queda” entre una y seis de la madrugada. Lo anterior, bajo el argumento
del uso de las atribuciones que le confería la ley Nº 12.927 de
Seguridad Interior del Estado. Pinochet, por su parte, convocó a los
miembros de las Fuerzas Armadas, Aérea, Carabineros y demás
miembros de la policía para que permanecieran en “estado de
alerta”, mientras el gobierno decretaba duelo nacional los tres
siguientes días (Asesinado el exministro Pérez Zujovic, 1971, p. 16).
El
asesinato de Pérez Zujovic fue ampliamente
cubierto por la prensa. El Mercurio, por ejemplo, lo tildó como
“una acción tipo comando en que actuaron con sangre fría,
crueldad y calculada premeditación tres individuos que ametrallaron y asesinaron al ex ministro” (1971. p.
1); también véase La Tercera de la Hora (1971. p. 2); mientras
que el periódico francés Le Monde, vinculaba a la VOP con la
ultra derecha e informó que, al igual que el asesinato del general
René Schneider, este incidente era provocado por elementos de la ultraderecha
para culpar a la izquierda y causar inestabilidad al interior del país
(Asesinado el exministro Pérez Zujovic, 1971,
p. 25). Rafael Agustín Gumucio, miembro del
Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) declaró que:
“condenamos ampliamente y esperamos que se aclare cuáles han sido
los móviles políticos que han motivado este crimen”
(Asesinado el exministro Pérez Zujovic, 1971,
pp. 19-21). Por su parte, la comisión política del Partido
Comunista condenó en términos enérgicos el asesinato,
declarando que: “El asesinato político es completamente
extraño a las prácticas chilenas y si se han cometido es
precisamente para alterar las normas de convivencia democráticas
gestadas y defendidas por la clase obrera” (Asesinado el exministro
Pérez Zujovic, 1971, p. 21).
Miguel Henríquez, Secretario General del
MIR, después de sostener una reunión de suma urgencia con
Allende, en La Moneda, declaró que: “desde hace cuatro años
han repudiado en forma categórica y pública el atentado personal
y el terrorismo como forma de lucha del pueblo hoy en Chile” (El MIR
condena el crimen de Pérez Zujovic, 1971, p.
19).5
Por otra parte, los
Carabineros y la Policía de Investigaciones fueron asesorados por el
jefe de zona de emergencia, Augusto Pinochet y por el ejército, para llevar
a cabo las redadas y allanamientos ejecutados en la capital, posteriores al
asesinato, y que se extendieron durante la siguiente semana. La Tercera de la
Hora, por ejemplo, informó que luego de perpetrado el asesinato
“se desató la más impresionante cacería humana de
todos los tiempos”, para capturar al despiadado y frío asesino que
de doce tiros le quitó la vida a Pérez Zujovic
(Gigantesca redada nocturna para ubicar el feroz asesino, 1971. pp. 12-13).
Según El Mercurio, Carabineros, la
Policía de Investigaciones y hasta el servicio de la Defensa Nacional
fueron movilizados con todos los medios disponibles,
para “cazar al asesino” identificado oficialmente como Ronald
Rivera, ese “monstruo humano”, –según esta
publicación– era el mismo que el lunes de la semana antepasada
había dirigido a un grupo de “cuatro pistoleros” que
había asaltado la camioneta del
Banco Sudamericano y matado a tiros y por la espalda al cabo de carabineros,
Tomás Gutiérrez Urrutia, robándole su arma de servicio
–una metralleta Karl Gustav–, la cual había sido empleada
“ayer en el bárbaro homicidio del destacado hombre
público” (Asesinado el exministro Pérez Zujovic,
1971, p. 1) (Gigantesca redada nocturna para ubicar al feroz asesino, 1971, pp.
1, 12 y 13).
Cuando la noche cayó sobre la ciudad,
según La Tercera de la Hora, comenzó “la más
gigantesca operación policial de que se tenga historia en los
últimos cincuenta años”. Todas las fuerzas policiales
fueron acuarteladas y más tarde lanzadas a la calle. “Poblaciones
enteras comenzaron a ser allanadas y esta madrugada la actividad no
tenía límites”. Se operaba con todos los medios disponibles
y con una decisión absoluta de capturar a los fríos asesinos que
actuaron con una audacia y sangre fría impresionantes (Asesinado el
exministro Pérez Zujovic, 1971, p. 13). La
detención de Ronald Rivera y los miembros de la VOP se transformó
en prioridad nacional para la Policía de Investigaciones, Carabineros y
algunos cuerpos del ejército.
El asesinato también fue ampliamente
condenado en la oposición, el Partido Nacional y la Democracia Radical
objetaron al gobierno al declarar que “el crimen constituía la
culminación de una serie de atentados emprendidos por elementos marxistas armados
con quienes el gobierno había observado complaciente debilidad”.
Ambos partidos sostuvieron que el gobierno debía asumir su propia
responsabilidad, absteniéndose
de descargarla en sectores de oposición (Chile, 1971, pp. 3-8). El Partido
Demócrata Cristiano exigió además que el crimen fuera
investigado por el ejército y emitió una declaración
pública en la cual expresaba que:
Este crimen era consecuencia, al igual que numerosos
otros atentados, del clima de violencia mantenido por órganos de
difusión directamente dependientes
del gobierno o de los partidos de la Unidad Popular, sin que las autoridades hicieran nada por poner coto a sus desbordes (Los enemigos de la patria no se detienen con nada,
1971, p. 4).
En ese mismo documento la DC planteó al
gobierno cuatro exigencias que calificó de perentorias y definitivas:
primero, la disolución de los grupos armados existentes en el
país y la restitución de su autoridad a los Carabineros y la
policía civil; segundo, la incautación de estas armas y su
entrega a la autoridad militar o Carabineros; tercero, la entrega de la
dirección de la investigación a los servicios de inteligencia
militar, por no haber confianza en la actual jefatura de Investigaciones; y cuarto, el cese de la campaña de
difamaciones sostenida por los órganos de difusión oficialistas
contra partidos y personeros de oposición (Los enemigos de la patria no
se detienen con nada, 1971, p. 4).
La VOP por su parte tildó el asesinato como
un “ajusticiamiento revolucionario”,
ya que desde su perspectiva ellos no habían desarrollado ningún
crimen, sino un acto de justicia, ya que Pérez Zujovic,
desde su cargo de ministro del gobierno anterior,
había ordenado el asesinato de un
grupo de trabajadores en Puerto Montt, en la llamada “Masacre de Puerto
Montt” o “Matanza de la pampa Irigoin”;
por lo cual, su muerte era interpretada como una represalia por su
responsabilidad en aquel suceso. Mediante un panfleto, encontrado luego
de explotar un basurero en la Universidad Católica, la VOP declaraba
que:
Ante el
ajusticiamiento revolucionario del masacrador E.
Pérez Z. Declaramos que: 1.-
Constituye un acto de justicia que llena de alegría el corazón
del pueblo. 2.- Rendimos un homenaje a los revolucionarios asesinados por el
grave delito de ejecutar a un miserable. 3.- El juego al imperialismo, se lo
hacen quienes tienen a los trabajadores desorganizados y sumidos en la
más grande ignorancia política. 4.- Agentes de la CIA son los que
denuncian, reprimen y asesinan a los revolucionarios. 5.- La reacción ha
avanzado lo que la burócrata UP y su ala izquierdista revolucionaria han
retrocedido. 6.- La burguesía gobierna hoy a través de la UP y la
CIA reprime a través del aparato de investigación popular. 7.- El
proyecto de leyes represivas ya lo conocen los revolucionarios de Argentina,
Uruguay y Brasil. 8.- Chile vive hoy un golpe
militar disfrazado”. ¡LOS COMBATIENTES NO SE LLORAN… SE REMPLAZAN! CON ELLOS… ¡HASTA EL ULTIMO HOMBRE! ¡O HACER DE CHILE LIBRE O MORIR POR LA REVOLUCION! (La
VOPVanguardia Organizada del Pueblo, 2012, p. 131).
Los operativos policiales permitieron capturar
rápidamente a miembros de la VOP en las ciudades de Arica y Antofagasta,
los cuales fueron traídos en helicópteros
hasta Santiago. En la capital, los operativos y allanamientos continuaron
arduamente durante los siguientes días, sin mayores resultados, hasta
tres días después de cometido el asesinato. A través de la
llamada de una vecina del sector de Villa Esmeralda, ubicada en la
población El Pinar, en la comuna de San Joaquín, la
policía logró dar con el paradero de Ronald Rivera, sin embargo,
Rivera consiguió burlar el cerco policial y las balas, y escapó
en un automóvil que dejo abandonado minutos más tarde en la
entrada de la población La Legua, para continuar su huida a pie
(Espectacular cacería. Asesino eludió cerco de balas, 1971, p.
1). Como resultado de esta
situación, en las horas posteriores se realizaron allanamientos masivos
en el sector, los que incluyeron la presencia de helicópteros y
tanquetas militares. Con el trascurso de los días, la policía
encontró algunas casas utilizadas por miembros
de la VOP en el área, sin embargo, ellos lograron evadir los cercos
policiales (En punto muerto las pesquisas para capturar a Ronald Rivera, 1971,
p. 12).
Mientras tanto,
la contraofensiva democratacristiana y las detenciones de otros miembros
continuaron (Asesinato estaba destinado a alterar la institucionalidad, 1971, p. 24; Espectacular acción de
las fuerzas policiales. Cuatro detenidos por el asesinato de carabineros y ex
ministro, 1971, p. 27). Dos días después, el 12 de junio, la
Policía de Investigaciones, a través de los interrogatorios a
vecinos de militantes de la VOP, llegó durante la madrugada a una casa
con garaje, ubicada en la calle Coronel Alvarado 2711, en el sector de Vivaceta e Hipódromo Chile. El subdirector de
Investigaciones, Carlos Toro, encabezó el operativo. Sin embargo, desde
el interior de la casa son recibidos con una “ráfaga de
balazos” y como resultado
quedó herido un detective. Carlos Toro pidió refuerzos a
carabineros, a través del prefecto César Mendoza y al jefe
militar de la guarnición de Santiago, Augusto Pinochet. Según la
información de la prensa llegaron alrededor de doscientos detectives, un centenar de carabineros de la prefectura
de servicios especiales y efectivos del Regimiento de Infantería Nº
1 Buin, a cargo de Pinochet; apoyados de dos helicópteros y
vehículos blindados. En el interior de la casa se encontraban algunos
miembros de la VOP, entre ellos los hermanos Rivera Calderón, Carlos
Rojas, Juan Carvajal, Juan Oscar Pérez, Carlota Bellebone
(Natacha), Carmen Silva (Corina) y su hija Mariana, quienes decidieron
atrincherarse y resistir el allanamiento. Repelieron las fuerzas policiales
desde los techos, con lo que se desató –según El
Mercurio– un enfrentamiento a balazos que se prolongó por cinco
horas, desde las 3:30 de la madrugada hasta las 8:30 de la mañana. Al
operativo se sumaron dos
helicópteros de la Fuerza Aérea y uno de carabineros, al igual
que vehículos blindados (En espectacular baleo murieron hermanos Rivera.
Enfrentamiento con soldados y policía, hay siete heridos, 1971, p. 1).
Una tanqueta de carabineros logró derribar
el portón de la casa y alrededor de las 7 am, salieron de la casa las
tres mujeres y Juan Oscar Pérez, quienes se rindieron y entregaron a la
policía. Los demás miembros de la VOP, por su parte, siguieron
resistiendo a la policía y al ejército. El ejército
decidió ocupar los tejados de una fábrica cercana con lo que
quedó en mejor posición de tiro que los vopistas.
Así, Ronald Rivera es alcanzado por uno de los disparos, muriendo en el
lugar. La policía y el ejército intensificaron el ataque e
hirieron a Arturo, quien ante la presión policial, y según la
prensa, decidió darse un tiro en la sien, quedando agónico en el
lugar y falleciendo en la Posta horas más tarde; los otros vopistas se infringieron
heridas y fueron detenidos y llevados a la Posta Central (En espectacular baleo
murieron hermanos Rivera. Enfrentamiento con soldados y policía, hay
siete heridos, 1971,
p. 1) Según El Mercurio, las fuerzas policiales, al entrar al garaje de la
calle Coronel Alvarado, se encontraron con:
Más de 20 armas de diferente tipo, entre ellas
dos metralletas Carl Gustav, pistolas, ametralladoras Lugger,
revólveres, balas de diverso calibre, transmisores, un generador de energía, un
mimeógrafo, volantes del VOP, sacos de dormir,
televisores, etc. [también]
más
de un centenar de carnet de identidad en blanco, con timbres, estampillas y
firmas, listos para ser llenados… todo esto hace pensar a la policía
que detrás de estos sujetos existen otras personas que colaboran con
ellos [también
habían] bombas caseras,
algunas hechas con botellas con
bencina y otras de tarros con Trotil [y] documentos con direcciones de miembros de la VOP, al igual que de connotados
políticos y miembros de la
policía (En espectacular baleo murieron hermanos Rivera. Enfrentamiento con soldados y policía, hay siete
heridos, 1971, p. 1).
En menos de una semana de constantes allanamientos
y persecución murieron los hermanos Rivera Calderón y fueron
detenidos otros miembros de la VOP. El operativo policial fue tan grande que el
Ministro del Interior, José Tohá, tuvo
que presentar un informe en el Congreso sobre las acciones de los cuerpos
policiales y el ejército (Ministro del interior informó sobre
acción contra terroristas, 1971, p. 19). De acuerdo con los informes
policiales posteriores a la muerte de los hermanos Rivera, la “VOP
quería causar problemas al gobierno” (En espectacular baleo murieron
hermanos Rivera. Enfrentamiento con soldados y policía, hay siete
heridos, 1971,
p.
1) (El VOP quería causar problemas al gobierno, 1971, p. 16).
Según la Tercera de la Hora, la única forma de dejar de
pertenecer a la VOP era “estando muerto” (En espectacular baleo
murieron hermanos Rivera. Enfrentamiento con soldados y policía, hay
siete heridos 1971, pp. 12 y 14). Ocho días después del asesinato
de Zujovic terminó el toque de queda. Sin
embargo, con la muerte de los hermanos Rivera los operativos policiales no terminaron, ya
que la policía intensificó sus gestiones para detener a los
demás miembros de la VOP que aún seguían prófugos y
de esta manera lograr desarticular la organización en su totalidad
(Felices los trasnochemos [sic]. Se
terminó el toque de queda, 1971, p. 14).
Es posible identificar que algunas acciones de la
VOP continuaron posterior a la represión, captura y muerte de algunos de
sus integrantes, claramente en menor escala y ya no con carácter de
acciones político-delictuales (robos y asaltos) y de propaganda
revolucionaria, esta vez eran de venganza y represalia. La captura de Heriberto
Salazar pasó a ser de prioridad nacional, tanto para Carabineros como
para la Policía de Investigaciones. Durante la mañana del
miércoles 16 de junio, Investigaciones realizó una serie de
allanamientos en su búsqueda, en el sector de Recoleta. Sin embargo, la
tarde de ese mismo día, Heriberto Salazar, armado con una metralleta y
con explosivos adosados a su cuerpo logró entrar al cuartel de la
Policía de Investigaciones, ubicado en General Mackenna. Como resultado
se dio un intenso tiroteo, en el cual quedó sin vida el detective
Heriberto Marín y resultaron
heridos Gerardo Romero y Carlos Pérez –quienes morirían
días después–. Salazar, por su parte, recibió un
balazo en la cintura durante el tiroteo, que detonó los explosivos
adosados a su cuerpo y explotó (Asalto suicida a investigaciones. Hay
dos policías muertos, vopista se
dinamitó, 1971, p. 1; Murió el 3er. Hombre de General Mackenna.
No pudo vencer a 14 balas, 1971, p. 1 y 13; Tres muertos en asalto a Gral.
Mackenna. VOP cargó con la policía, comando suicida se dinamita,
agoniza detective con doce balas, 1971, pp. 1. 10, 12, 13 y 17).
El incidente
motivó que los cuerpos policiales y el ejército aumentaran
aún más la seguridad de la ciudad. El gobierno decidió
mantener la “zona de emergencia”
sin el toque de queda, mientras informó que la VOP amenazaba incluso con
matar al ministro del interior Tohá (Tres
muertos en asalto a Gral. Mackenna. VOP cargó con la policía,
comando suicida se dinamita, agoniza detective con doce balas, 1971, p. 5). La
DC reiteró la necesidad de disolver a “todos los grupos armados
que actúan al margen de la ley”, al igual de aumentar la
dotación policial (PDC insiste en disolver grupos armados ilegales,
1971, p. 2). Las detenciones continuaron, algunos vopistas
se entregaron voluntariamente, como el “Francisco” –armero de la VOP– y Sonia
Rivera Calderón, mientras los demás eran buscados ampliamente
como, por ejemplo, Hugo Romero Navarro, conocido como “el
Víctor” y quien desempeñaba funciones de tesorería
dentro de la organización, que era buscado, según El Mercurio,
“por todas las unidades policiales del país”. El ministro Antonio
Rivera se declaró incompetente y el gobierno decidió que la
justicia militar se hiciera cargo del proceso contra la VOP (Murió el
3er. Hombre de General Mackenna. No pudo vencer a 14 balas, 1971, p. 14). Los
intentos policiales por dar con el paradero de Romero fallaron, mientras
algunos miembros de la VOP, que
resultaban heridos en estas incursiones policiales, fueron trasladados desde la
Posta Central a
la penitenciaria, en una verdadera “caravana enrizada de metralletas”
(Dramático traslado de la posta central de la asistencia pública.
En caravana enrizada de metralletas trasladan a vopistas
a la penitenciaria, 1971, p. 16 y 17). Mientras tanto, el Fiscal Carlos Leyton, encargado del proceso judicial contra de los vopistas, envió a otros 17 detenidos a la
cárcel pública y ordenó mantenerlos incomunicados (Fiscal Leyton incomunicó a 17 miembros de la VOP, 1971, p.
21).
Sin
embargo, la búsqueda de lo que la prensa denominaba
“fanáticos vopistas” generó
nuevas detenciones, como la del “japonés” y la de los
profesores Hugo Silva Soto y su esposa Marcia Olmedo, acusados de colaborar con
las actividades de la VOP. Según explicó el Subdirector de
Investigaciones Carlos Toro, el matrimonio
había redactado y distribuido panfletos “con expresiones
injuriosas contra el presidente de la República por lo tanto caen en
sanción de acuerdo con la ley de seguridad del Estado” (Dos nuevos
detenidos. La VOP tenía planos de varios regimientos, 1971, p. 19). La
policía también dio a conocer los resultados de los allanamientos
y los nuevos antecedentes en relación a la investigación en
contra de la VOP. Los detectives habían incautado algunos planos de
regimientos en los que se detallaba la rutina que mantenían estas
unidades. Tanto la jefatura policial como los asesores del Servicio de
Inteligencia del Ejército, que colaboraban en la investigación,
declararon que dichos planos habían sido confeccionados años
atrás por militantes del MIR y robados por los hermanos Rivera
Calderón cuando fueron expulsados de esta organización (Dos
nuevos detenidos. La VOP tenía planos de varios regimientos, 1971, p.
19). La prensa informó de nuevos ataques y atentados perpetrados por la
VOP y que la hacienda Chicauma, ubicada en Lampa, era
el campo de adiestramiento de los vopistas.
Según la investigación en Chicauma:
Se realizaban maniobras de instrucción sobre
manejo de armas de fuego bajo las órdenes del ex carabinero Heriberto
Salazar. En el mismo predio Daniel Vergara –administrador del
lugar– realizaba conferencias de adoctrinamiento para los militantes que
eran escogidos con precaución extrema. La mayor parte de los
integrantes de la VOP debían soportar una serie de pruebas antes de ser
admitidos. Finalmente eran conducidos con la vista vendada a la llamada casa de
seguridad situada en el paradero 14 de Gran Avenida, allí el postulante debía enfrentar un severo
interrogatorio respecto a sus ideas políticas, de las inclinaciones
ideológicas de la familia y sobre otros aspectos de la vida privada del
aspirante, después de lo cual eran evaluadas sus respuestas antes de
permitir el acceso a los secretos del grupo (Nuevo atentado extremista. Con dinamita
VOP quiso silenciarlo, 1971, p. 1).
Según
el historiador Paul E. Sigmund (1977), las circunstancias de cómo el
gobierno de Allende llevó a cabo la investigación y la
represión policial que culminó con el tiroteo y muerte de los
principales líderes de la VOP, levantaron rumores
en los círculos de la oposición de que el líder de la
organización había sido asesinado, en vez de capturado, con el
fin de evitar la posible revelación de vínculos entre el grupo y
el director de investigaciones designado por Allende (pp. 148-149).La revista
Punto Final, que anteriormente había desarrollado una
férrea defensa de la VOP, inició una campaña de
desprestigio hacia el grupo a través de la idea del “terrorismo
sin brújula” y declaró:
Que en dos años de actividades pusieron en
primer plano un estilo donde se perdía el sello revolucionario
sobrepasado por la marca ominosa de los delincuentes… en la nueva
situación nacional la VOP no distinguió ningún cambio. Sus
afiebrados dirigentes entre los que figuran personas que en algún
momento actuaron honestamente en el campo revolucionario, llegaron a un
extremo tal de confusión que todo hace suponer que fueron
víctimas del manejo de los enemigos del pueblo. En los hechos las
últimas acciones ejecutadas por la VOP favorecieron objetivamente a los
reaccionarios y a la CIA (Terrorismo a control
remoto, 1971, pp. 2-5).
La
publicación afirmó que el asesinato de Pérez Zujovic golpeaba directamente
al gobierno del presidente Allende, ya que volvía en su contra a
“rabiosos y aguijoneados por el pánico a los sectores más
conservadores”. Desde la perspectiva de Punto Final, el asesinato tenía
por objetivo instaurar una dictadura fascista en Chile, ya que el corolario de
la cadena de atentados terroristas de la VOP sería lógicamente un
“gobierno gorila” represivo. Sin embargo, al instalar en el poder
un gobierno represivo –presumían los de la VOP– la
lucha armada se generalizaría, lo cual pondría la
insurrección a la orden del día y esto finalmente
terminaría por llevar al poder al pueblo en armas (Terrorismo a control
remoto, 1971, pp. 2-5). El MIR, por su parte, dos semanas después del asesinato
emitió una extensa declaración
pública de seis apartados, en donde se criticaba la acción de la
VOP, al mismo tiempo que denunciaba la contraofensiva política que se
abrió a raíz del atentado, en el momento preciso en que la
izquierda y el movimiento de masas avanzaban en su lucha. Según la
declaración, a través del “griterío y la alharaca
sediciosa”, los patrones y sus partidos pretendían detener la
marcha de los trabajadores, poner a la izquierda a la defensiva y separar a la
Unidad Popular de la izquierda revolucionaria:
EL
M.I.R. A LOS OBREROS, ESTUDIANTES Y SOLDADOS: A partir del atentado que
ultimó a Edmundo Pérez Zujovic, la
captura y muerte de los hermanos Rivera y el asalto suicida de Heriberto
Salazar al Cuartel de Investigaciones que costó la vida de tres
funcionarios de esta institución, la derecha y el freísmo
democratacristiano más que lamentar esas muertes las han utilizado para
abrir a gritos una contraofensiva reaccionaria y sediciosa en contra de la
izquierda y el movimiento de masas. Han intentado desautorizar al gobierno, de
implicar a toda la izquierda en el atentado, crear una imagen de caos y
desorden en el país; han hecho llamados abiertamente sediciosos a las FF.AA…
han buscado responsabilizar a la izquierda y al gobierno del clima de
“odios y violencias” que ellos abrieron con el asesinato de
Schneider y con las “campañas del terror” de las elecciones
de septiembre y abril. Por último, han hecho descarado obstruccionismo
en el Parlamento; coludidos derribaron la Mesa de la Cámara y abruman a
la prensa con declaraciones, denuncias y comentarios en contra del gobierno, de
la izquierda y del movimiento de masas… Es que los dueños del
poder y la riqueza rechazan horrorizados lo que ellos mismos han creado, en
odios y violencias, a través de siglos de explotación y miseria a la que han sometido al
pueblo… Así han originado hombres como Ronald Rivera que, animados
por un odio instintivo de clase, llegan a realizar acciones que sobrepasan la
racionalidad política y que, desgraciadamente,
terminan dañando la causa del pueblo (Terrorismo
a control remoto, 1971, pp. 6-7).
Para el
MIR, los hermanos Rivera y Heriberto Salazar estaban estimulados por las
masacres y asesinatos de los anteriores gobernantes, instrumentalizados por sus
enemigos de clases, por sus organizaciones, posiblemente infiltradas por la
reacción en un proceso político tan complejo como el que se
estaba viviendo en Chile. Así, los integrantes de la VOP, por encima de
su arrojo personal, no habían entendido la importancia de la
táctica y la racionalidad política y expresaron en su accionar
“el odio elemental de una clase esclavizada contra los patrones y
asesinos de gobiernos anteriores”. Del mismo modo, no habían
comprendido que con la llegada de Allende al gobierno la situación
política era distinta a cuando estaba Frei. De ahí que el MIR
considerara que el accionar de la VOP había entregado a la derecha y al freísmo democratacristiano el pretexto que
necesitaban para “abrir su ofensiva reaccionaria y sediciosa”, por
lo que condenaron públicamente el accionar de los vopistas
(Terrorismo a control remoto, 1971, pp. 6-7).
Un equipo de Punto Final, a mediados de 1972,
realizó una entrevista a once militantes y ex-militantes de grupos de
izquierda recluidos en la Cárcel Pública. Según Punto
Final existía la necesidad de librar un combate implacable contra las
posiciones reformistas que entorpecían el camino revolucionario y
flotaban como un gran amortiguador sobre la energía del movimiento
obrero, ya que el debate ideológico estaba a la orden del día
para los revolucionarios. Los entrevistados pertenecían a la VOP, al FAR
y al MR2. Al entrevistar a los integrantes de la VOP, se les consultó
sobre la utilización de métodos de lucha “que hoy en
día estiman incorrectos” para el proceso iniciado con la llegada
de la UP al gobierno, por lo que se les preguntó: ¿Podrían
ustedes fundamentar esta corrección de sus posiciones?,
¿qué apreciaciones los llevaron a pensar que el método
utilizado en ese entonces era válido? Juan Zala Farías, ex
militante de la VOP, estudiante de veintiún años en espera de
juicio por una solicitud de la fiscalía militar a quince años de
presidio, respondió lo siguiente:
Que los métodos utilizados por la VOP fueron
muchos, algunos correctos, otros incorrectos. Las últimas acciones, a
partir del asalto a la confitería Don Raúl, de Raúl
Méndez, son de marcado carácter anarquista y fueron ejecutadas en
una política de hechos consumados, por el pequeño grupo anarco,
en contra incluso de la opinión de las bases o en el desconocimiento de
sus alcances. En las expropiaciones no se quería matar a nadie. El
fundamento de que esos métodos son incorrectos está en la
práctica misma. Estas acciones de corte terrorista favorecieron
claramente a la reacción. Unificaron a la oposición haciendo caer
a la DC en brazos de la ultraderecha; los sectores revolucionarios de dentro y fuera de la UP se vieron
desconcertados y acorralados; los reformistas ganaron posiciones, estuvo a
punto de concretarse el golpe militar fascista (Lucha de masas y no terrorismo
anarquistas, 1972, pp. 16-19).6
Ese golpe militar fascista al que hace referencia
el militante de la VOP, Juan Zala Farías en el mes de julio de 1972,
llegó catorce meses después (septiembre de 1973), sin embargo, la
unificación de la oposición y su alineamiento con la DC
comenzó a configurarse desde los días posteriores al asesinato de
Pérez Zujovic. Dicho asesinato tuvo profundas
consecuencias políticas, pues marcó el quiebre definitivo entre
la Democracia Cristiana y el gobierno de Allende. Lo anterior, permitió
a la derecha avanzar en sus posiciones políticas, con lo que se
debilitó aún más el gobierno de la Unidad Popular. El
gobierno, por su parte, y en un intento por contrarrestar las consecuencias
políticas del asesinato debió, según Punto Final,
“tender puentes” hacia los sectores reformistas, cuyo eventual
apoyo tendría un precio muy alto (Terrorismo a control remoto, 1971, pp.
6-7).
Según Luis Corvalán
(2000) el atentado permitió que al interior de la DC, el discurso de los
sectores conservadores se reprodujera con más fuerza y esto propició
un acercamiento adicional entre ambas alas de la oposición, que se
tradujo en una verdadera ofensiva antigobiernista. Lo anterior produjo un
cambio en la correlación de fuerzas (políticas), que
debilitó a la UP y contribuyó a la confluencia fatal de la
oposición, por lo que se desató un contexto de nuevos
alineamientos políticos en el cual los partidos políticos
opositores tomaron la iniciativa política con renovada fuerza
(pp. 85-86; Salomone, 1995). Todo lo anterior permite sostener que las ideas de
la derecha fueron captando más terreno y el centro comenzó a
adaptarse cada vez más a ellas, mientras que la izquierda se fue
debilitando. Los efectos políticos del asesinato se dejaron sentir al
mes siguiente en el ámbito electoral, ya que en julio de 1971, en una
elección complementaria en Valparaíso, el Partido Nacional
aceptó apoyar al candidato de la Democracia Cristiana el Dr. Oscar
Marín. El Partido Demócrata Cristiano negó que hubiera una
alianza formal, pero aceptó el apoyo del ala derecha y solicitó
la concurrencia a las urnas de todos, “quienes repudian la violencia y el
odio, el sectarismo y los grupos armados ilegales” (Collier
y Sater, 1998, p. 298; Sigmund, 1977, pp.148-149).
El gobierno
de Allende se fue debilitando y, más aún, se vio en la necesidad
de ponerse a la defensiva en el ámbito parlamentario. La decisión
de apoyar a Oscar Marín determinó que una parte del ala izquierda
del PDC se retirara de este y posteriormente
se formó la Izquierda Cristiana, a la cual se unió la UP. La relación
entre ambos partidos se fortaleció durante 1972 con lo cual se
intensificó el conflicto entre dichos partidos con el gobierno de la UP.
Se creó la Confederación Democrática
(CODE), que aglutinaba a los partidos de oposición del gobierno de la
UP, principalmente al PDC y al Partido Nacional, quienes atacaban al gobierno a
través de la presión parlamentaria, ya que obtuvieron la
mayoría de dos tercios, lo cual les permitió revocar los vetos
presidenciales y poner en tela de juicio al presidente (Collier
y Sater, 1998, p. 300).
El mayor ejemplo del impacto parlamentario generado
tras el ajusticiamiento de la VOP puede encontrarse en la iniciativa
legislativa propuesta por el diputado demócrata cristiano Juan de
Dios Carmona, en octubre de 1972, correspondiente a la modificación
relativa al control de armas (Ley Nº 12.927). Dicha ley fue impulsada por el Partido Demócrata Cristiano, fue
apoyada por la derecha y aprobada por Allende. Lo anterior permitió a
las fuerzas Armadas poder allanar fundos y fábricas de los cordones
industriales, en busca de dichas armas. Si bien el gobierno de la Unidad
Popular logró concretar parcialmente una parte de su programa gubernamental, principalmente a través de la
nacionalización de las minas de cobre, la nacionalización de una
parte del sector bancario y las expropiaciones de algunos fundos e industrias;
la mayoría de sus reformas y proyectos sufrieron el bloqueo
parlamentario. En este sentido, su accionar generó resistencia y
oposición por parte de la derecha y la DC y los logros económicos
del primer año de gobierno comenzaron
a desvanecerse en 1972, debido, principalmente, a las políticas de
abstinencia económica impulsadas por Estados Unidos, las que generaron
escasez, propiciaron el mercado negro y la inflación y, por ende, una
mayor agudización de la resistencia al gobierno por parte de la
oposición (Harner, 2013; Power,
2002).
COMENTARIOS FINALES
Los
párrafos anteriores nos permiten comprender cómo la decadencia y posterior
crisis del “Estado de Compromiso o Bienestar”, la incapacidad de
los sectores políticos para llegar a consensos e imponer su voluntad
sobre el resto, y la fuerte politización de la sociedad chilena agrupada
en el “patrón de los tres tercios” fueron factores que
generaron un profundo clima de conflictividad político-social, polarización, radicalización extrema y violencia
política, que se desató en Chile durante el periodo de fines de
la década de 1960 e inicios de 1970. Lo expuesto, sumado al impacto
de las luchas anticoloniales como la Revolución Cubana o la Guerra de
Vietnam, posibilitó el surgimiento de grupos que impulsaron ideas revolucionarias a través la lucha armada.
Así nace la Vanguardia Organizada del Pueblo, un grupo pequeño y
clandestino, carente de un proyecto político a gran escala que, sin
embargo, a través de su accionar fue capaz de desatar una crisis
política de gran escala y la antesala de lo que sería la
gestación del golpe de 1973.
Como se demostró, durante el periodo en
estudio, los militantes de la VOP fueron tildados de agentes del gobierno, de
contrarrevolucionarios, de ser miembros
de la ultraderecha, agentes de la CIA, psicópatas y delincuentes; lo
cierto es que dichas afirmaciones respondían al profundo desconocimiento
e ignorancia de la prensa, la policía y el gobierno con respecto al
accionar de la VOP, ya que la Vanguardia Organizada del Pueblo
representó la estrategia armada de un grupo de jóvenes ligados a
la izquierda, pero críticos de la izquierda reformista que estaba
vinculada con los partidos tradicionales, y a la Unidad Popular. En este
sentido, su lucha no tenía como
meta captar votos e incorporarse al sistema político tradicional, ya que se enfocaron en atacar el sistema
capitalista, la burguesía y los explotadores. La radicalización
de su accionar, con la llegada de Salvador Allende al poder, puede ser
interpretada como estratégica en términos políticos, como
una forma de acción y de crítica y, por ende, como otra manera de
hacer política, frente a un gobierno calificado como reformista y no
revolucionario. La crítica vopista hacia el
gobierno estaba fundamentada principalmente en el carácter
burocrático del gobierno de la Unidad Popular, ya que para los
militantes de la VOP, la misma burguesía era la que gobernaba Chile, a
través de la UP, y la CIA era el organismo encargado de reprimir al
pueblo, a través de su aparato de investigación popular.
La particularidad de la VOP consistió en dos
puntos centrales: el primero reside justamente en la decisión de la
organización de criticar y, más aún, de no abandonar sino de
ampliar la lucha armada y la vía revolucionaria durante el gobierno de
la Unidad Popular, mientras que el segundo aspecto tiene relación con el
acercamiento del Partido Nacional y el Partido Demócrata Cristiano,
posterior a la muerte de Pérez Zujovic, ya que
a nuestro juicio, una pequeña acción fue capaz de desatar la
crisis política en el Chile de la época, y más aún,
favoreció, principalmente, los planes de Estados Unidos y de la CIA, en
contra de Chile. Por lo cual, lejos de hallarse
al margen del proceso político generado con la llegada del gobierno de
la Unidad Popular, la VOP se
configuró como un actor crítico, cuyas actividades y operaciones
político-delictuales ayudaron a conformar el destino de la UP.
Creemos que la
decisión de la VOP de continuar las acciones armadas durante el gobierno
de la Unidad Popular y de “ajusticiar” a Pérez Zujovic marcó el inicio del fin del gobierno de la
Unidad Popular, ya que el impacto de su accionar repercutió de forma política y
acrecentó aún más la crisis de la UP. De lo anterior, se desprende que las acciones de la VOP fueron
fundamentales en la configuración y gestación del acercamiento
político de la oposición que, años más tarde y con
apoyo militar, terminó derrocando al gobierno, mediante el golpe de
Estado de septiembre de 1973. Dicho de otro modo, el accionar de la VOP
favoreció a los sectores de derecha, a ciertos sectores del PDC, a las
Fuerzas Armadas y al gobierno de Estados Unidos, todos los cuales se coludieron
para derrocar al gobierno de Allende y la Unidad Popular.
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CITAS Y NOTAS
1 Para una
revisión detallada y amplia de la “Vía Chilena al
Socialismo” y el gobierno de la Unidad popular véanse, entre
otras, las investigaciones de (Angell, 1993. pp.
61-89; Casals,
2010;
Collier y Sater, 1998. pp.
284-306; Corvalán, 2001. pp. 57-77;
Garcés, 1976; Pinto, 2005; Power, 2002;
Riquelme, 2008.
pp. 81-109; Winn,
1986).
2 Para este punto nos han sido
de utilidad los trabajos de González Calleja (2002. p. 445) y Marchesi y Yaffé (2009).
3 Sobre este tema véase
a Cancino Troncoso (1988), Gaudichaud
(2004), Silva (1998) y Winn (1986).
4 Oscar Arnoldo Ríos
Maldonado fue un estudiante de periodismo de la Universidad de Concepción perteneciente al MIR, quien
murió el día 3 de diciembre de 1970 en un enfrentamiento armado entre militantes del MIR y
elementos del Partido Comunista.
5 Para un análisis
detallado de la visión de la izquierda sobre el atentado de Edmundo
Pérez Zujovic, a través de una
interpretación sobre la noción de ajusticiamiento político
véase a Palma (2013. pp. 279-305).
6 Para una descripción detallada de los abusos
a los que fueron sometidos los integrantes de la VOP en la cárcel
pública durante el gobierno de la Unidad Popular véase el
reportaje “Abusos en la Cárcel Pública” de la
revista Punto Final, Nº 182 del 24 de abril de 1973.
ACERCA DEL AUTOR
Marcelo Alejandro Bonnassiolle
Cortés: Investigador del Centro de Documentación e
Investigación de Historia Reciente, Escuela de Historia. Universidad
Academia de Humanismo Cristiano. Licenciado en Historia con mención en
Estudios Culturales. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Candidato a
Magíster en Historia. Universidad de Santiago de Chile.
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