EL RETRATO DEL RECUERDO Y EL OLVIDO. POLÍTICAS DE CONCILIACIÓN, OLVIDO Y MEMORIAS EMBLEMÁTICAS DE LA DICTADURA DE FEDERICO TINOCO GRANADOS (1917-1963)

THE PORTRAIT OF MEMORY AND OBLIVION. CONCILIATION POLICIES, FORGETFULNESS AND EMBLEMATIC MEMORIES OF THE FEDERICO TINOCO GRANADOS DICTATORSHIP (1917-1963)

Alejandro Bonilla Castro

Palabras claves

Memoria, transición democrática, políticas públicas, dictadura, Federico Tinoco Granados, Costa Rica.

Keywords

Memory, democratic transition, public policies, dictatorship, Federico Tinoco Granados, Costa Rica.

Fecha de recepción: 25 de julio de 2014 - Fecha de aceptación: 8 de setiembre de 2014

Resumen

El objetivo principal de esta investigación es analizar las memorias emblemáticas creadas por los tinoquistas, los grupos revolucionarios y los trabajadores urbanos de la sociedad costarricense durante la dictadura de Federico Tinoco Granados (1917-1919) y la transición democrática, conocida como el Proceso de la Restauración (1920-1926). Se analizarán las confrontaciones de estas memorias en los medios de comunicación, el espacio público de la ciudad capital: San José, las instituciones del Estado y el efecto a largo plazo de las llamadas políticas de conciliación, aplicadas por los presidentesJulio Acosta García y Ricardo Jiménez Oreamuno, para poner fin al conflicto político y social internodel país, y para erradicar cualquier expresión de estas memorias emblemáticas, después de 1927.

Abstract

The main objective of this paper is the analysis of the emblematic memories created by the tinoquistas, the revolutionary groups and the urban workers about the Federico Tinoco Granados dictatorship (1917-1919) and the democratic transition – known as the Process of Restoration (1920-1926). The focus of the analysis will be the battle of those memories in the media, the public spaces in the capital city San José, the Costa Rican government’s institutions and the long term effect of the conciliation policies, applied by the Presidents Julio Acosta García and Ricardo Jiménez Oreamuno,to put an end to the inner political and social conflict in the country after the dictatorship and to erasewhichever expression of the emblematic memories after 1927.

INTRODUCCIÓN

Este artículo sintetiza los principales hallazgos de un trabajo más extenso (Bonilla, 2013), el cual, en cierto sentido, tuvo como impulso la publicación del libro Federico Tinoco… en la historia (Aguilar, 2008). En este, Óscar Aguilar Bulgarelli analizó la validez y la constitucionalidad del mandato presidencial de Federico Tinoco, y proporcionó una revisión interesante sobre la figura del expresidente, quien ha sido calificado por la historia oficial como un dictador sanguinario y un traidor a la Patria. En su análisis, Aguilar concluye que Tinoco fue más bien un gobernante interesado por la estabilidad democrática y un patriota que defendió a Costa Rica de la inminente intervención estadounidense (Chacón, 2009; Fonseca, 2009). Fue el estudio histórico más reciente que planteó una revisión de la figura de Tinoco y, por tanto, de su memoria histórica.

La publicación de este estudio puso de realce una problemática muy singular para el caso costarricense: ¿Por qué la dictadura de Tinoco ha sido desplazada al reino del olvido y no se recuerda como una parte esencial de nuestra historia política?, ¿hay otras coyunturas históricas que compartieron este mismo destino?, ¿por qué motivo? Indudablemente, la historia costarricense –así como otras alrededor del mundo– está llena de omisiones que buscan, entre otras cosas, consolidar versiones oficiales de la historia, para estabilizar un proyecto político o ciertas identidades de grupo. Y esto es lo que ocurre con la dictadura de Federico Tinoco y otras etapas de la historia costarricense igualmente álgidas, como la Guerra Civil de 1948. La historia oficial navega constantemente el río Lete, y procura que el olvido de estas etapas pueda facilitar la construcción de una identidad homogénea. Sin embargo, siempre hay tensiones.

El periodo histórico ubicado entre 1920 y 1926, que incluye los gobiernos de Julio Acosta García (1920-1924) y parte del mandato de Ricardo Jiménez Oreamuno (19241928), constituye un caso sumamente interesante, en el cual las instituciones del Estado y la política pública se convierten en protagonistas de una lucha entre la memoria de la dictadura –y el deseo de una reestructuración del Estado costarricense– y la continuidad del proyecto liberal, que dio forma al régimen tiránico de Tinoco. Es decir, el discurso oficial sobre un hecho histórico difícilmente pueda encontrar el camino libre para consolidarse, sin antes enfrentarse a las distintas versiones que hay sobre él.

La bibliografía disponible sobre la dictadura de Federico Tinoco ha sido profusa, pero sumamente dispersa en cuanto a su enfoque. Las tendencias de investigación más explotadas han sido las vinculadas a la historia política y la historia del poder y de las relaciones internacionales, siendo ésta última la que ha hecho mayor avance en el análisis de los efectos de la intervención estadounidense en Costa Rica, acaecida entre 1917 y 1919, a partir de un estudio exhaustivo basado en las fuentes del Departamento de Estado de los Estados Unidos (Bresciani, 1984; Murillo, 1981; Rosenberg, 1980). Los trabajos de historia política, a pesar de la introducción de fuentes orales en el pasado reciente, se han limitado a narrar lo que sucedió entre 1917 y 1919, desde la caída del gobierno de González Flores hasta la llegada de Julio Acosta al poder. (Fernández, 1923; Morales, 2010; Obregón, 1981; Oconitrillo, 1980; Salazar, 1959). No obstante, se han explorado otras vetas de análisis sobre este tema, como la historia aplicada (Naranjo, 2004), historia social (Bonilla, 2010) y el derecho jurídico (Tinoco, 1984).

Esta investigación, no obstante, se inserta dentro del enfoque de la historia de la memoria y específicamente en los efectos de las dictaduras y las transiciones democráticas en América Latina. Esto permitirá analizar las memorias colectivas sobre el régimen dictatorial tinoquista, su confrontación en los medios de comunicación y en el espacio público, y el papel del olvido en la reformulación o extinción de esas memorias, durante los gobiernos de Julio Acosta y Ricardo Jiménez.

En la primera parte de este artículo se presentará el modelo teórico propuesto para abordar la problemática señalada. El segundo apartado delimita y analiza los llamados eventos de ruptura que incentivan a los actores sociales a crear las memorias emblemáticas, mientras que el tercer apartado se centra en el análisis de los nudos de la memoria que permiten consolidar las memorias a nivel individual y social. Los portavoces humanos, las conmemoraciones, la estatuaria y el espacio público serán las categorías de análisis que se tomarán en cuenta para este fin. El cuarto apartado destacará los efectos de las políticas de conciliación, aplicadas por los gobiernos de Julio Acosta y Ricardo Jiménez Oreamuno, en las memorias emblemáticas y su desplazamiento hacia el olvido social de la dictadura.

MEMORIAS EMBLEMÁTICAS Y EVENTOS DE RUPTURA: UNA PROPUESTA TEÓRICA

El modelo teórico de esta investigación parte de la premisa de que la memoria, al tener su propia historicidad, se puede considerar como un proceso intersubjetivo, pues los individuos crean o componen un pasado que sea públicamente aceptable, de manera que las versiones de su pasado correspondan con las colectivas creadas por otras personas y viceversa. La memoria es un proceso de autoaceptación y aceptación social (Green, 2004, p. 39-40, Ricoeur, 2004, p. 4;). A su vez, en un estudio publicado hace unos años, Luz Mary Alpízar y Oriester Abarca (2012) sostenían una idea similar, en el tanto la memoria parte de su capacidad performativa respecto a los individuos y respecto a los grupos (p. 93).

Por lo tanto, la memoria vista como un producto intersubjetivo y dinámico, se aleja un tanto de la propuesta del sociólogo Maurice Halbwachs, quien la consideró como un catalizador de la identidad grupal; por lo tanto, el pasado permanece en el presente mediante los llamados cuadros sociales de la memoria y de esta depende el individuo para articular sus propios recuerdos. Es decir, la posibilidad del individuo para recordar está subordinada a las condiciones de la colectividad: los cuadros sociales (Dobles, 2009, p. 90-92).

Con el objetivo de matizar este determinismo, el modelo teórico que se propone en esta investigación toma el concepto de memoria emblemática de Steve Stern, que además de heredar la noción de cuadros sociales de la memoria de Halbwachs (Stern, 2004, p. 107) se apropia de la noción de emblemas de Emile Durkheim, la cual señala que los grupos sociales construyen imágenes de sí mismos y de sus creencias, que luego son reconocidos en el espacio público (Díaz, 2007a, p. 179-180). De esta forma, la memoria emblemática surge de la experiencia del evento de ruptura (LaCapra, 2006, p. 181),² y define los términos de apropiación o conexión de las memorias individuales, por medio de los nudos de la memoria. Estos nudos involucran portavoces humanos, que incentivan a otros a recordar las conmemoraciones o actos públicos y la estatuaria o el espacio público (Nora, 1989, p. 19).

Dentro de los nudos de la memoria, es preciso señalar que estos parten también de iniciativas de corte político, que pueden ser iniciativas populares, pero muchas veces son políticas públicas. Para el caso que compete, estas últimas serán entendidas como políticas de la memoria, las cuales pueden tener dos connotaciones: la primera, servir como factores de transformación institucional o, en segunda instancia, proporcionar únicamente un alivio psicológico que no involucra un cambio en la cosa pública. Asimismo, dentro de las políticas de la memoria, el dejar de hacer se considera como actuar del poder político (Gerston, 2010, pp. 7-9; González, 2005, p. 108).

Se han definido cuatro memorias emblemáticas: la primera es la de salvación, que considera necesario que se restaure el equilibrio perdido a raíz del evento de ruptura; la segunda se denomina resistencia y se conforma a partir de la experiencia de la persecución política, las torturas, los asesinatos y los problemas económicos derivados de la dictadura; también se identifica la de sanción, que tiene como objetivo realizar una purga institucional y política para eliminar todo resabio del gobierno dictatorial; y finalmente la de conciliación, que por medio de políticas de perdón y olvido busca traer el equilibrio a la sociedad.

¿Dónde entra el olvido en todo esto? Como parte del proceso de la memoria, el olvido es una dimensión que posee dos naturalezas: una positiva y otra negativa. La positiva es que es una memoria en latencia, es decir, que con los recursos adecuados la memoria puede ser recuperada, a pesar de que haya estado oculta de la vida cotidiana por un lapso de tiempo (De Gaulejac y Silva, 2002, pp. 435-436, 439). Su dimensión negativa refiere a los actos de repetición y a la presencia de un trauma, en donde se crean mecanismos de defensa en contra de aquello que perjudique la integridad de un individuo o de un colectivo. Pero, ¿cuáles pueden ser estos mecanismos de defensa? ¿Cómo surgen? Al igual que las memorias emblemáticas parten de la vivencia de un evento, el olvido puede ser localizado también en uno, solo que con la función inversa: desplazarlo (Bertrand, 1977, p. 173).

Se parte del concepto de obliteración (cuyo equivalente en inglés sería oblivion) para designar un olvido radical, entendido como aquel que no puede estar asociado con la memoria pues las condiciones bajo las cuales se puede recordar no están presentes (Lucas, 1997, p.13). Esta obliteración borra o banaliza una memoria (Trouillot, 1996, p. 96) por medio de lo que se llamará aquí evento desplazante. Este evento conlleva la negación pública, directa o indirecta, de un recuerdo que forma parte de una memoria emblemática, actuando desde tres diversas vías: la negación de la identidad de grupo, útil si se quieren eliminar diferencias que provocan división social y construir una identidad conciliatoria; la transformación o destrucción de los lugares de la memoria, creando silencios de la memoria en el espacio público; o la inviabilidad comunicativa, que permite reconocer la existencia de una memoria a nivel individual, pero las condiciones para hacerla social no existen.

LAS MEMORIAS EMBLEMÁTICAS DE LA DICTADURA DE FEDERICO TINOCO. PROCESOS DE APROPIACIÓN Y POLÍTICAS DE LA MEMORIA

El golpe de Estado del 27 de enero de 1917 fue el único en su clase que tuvo éxito en Costa Rica durante el siglo XX. Ejecutado por Federico Tinoco Granados, el entonces Ministro de Guerra del gobierno de Alfredo González Flores, el golpe tuvo como objetivo tomar los principales cuarteles de San José: el de la Artillería – ubicado en el centro de San José– y el Principal, ubicado al lado de la Penitenciaría Central. El discurso oficial que fundamentó el golpe fue la defensa de la democracia, frente a la amenaza de que Alfredo González Flores se reeligiera, una opción que no podía darse pues la constitución lo prohibía (“Proclama del General”, 1917).

La prensa en ese momento, liderada por los periódicos La Información y El Imparcial, se dieron a la tarea de fomentar una visión homogénea del golpe de Estado como un acto político y militar en el que prevaleció la paz. Su objetivo es claro: insertar el movimiento militar dentro de una “evolución política”, que no rompió con la estabilidad interna del país, en comparación con la convulsa Centroamérica, donde sus constantes golpes de Estado y guerras civiles cobraron muchas vidas (“Cómo ocurrieron”, 1917; “Se disipan”, 1917). No obstante, la información disponible sugiere que el golpe de Estado tuvo también episodios violentos, todos enmarcados en la zona del Cuartel de la Artillería, en el centro de San José.

Además, en Heredia se dieron las primeras persecuciones políticas en perjuicio de la familia del presidente depuesto, González Flores (“El General”, 1917).

¿Por qué el golpe de Estado fue presentado ante la opinión pública como un movimiento pacífico, si tuvo episodios violentos? Además de las razones que tocan las raíces discursivas de la identidad nacional, también hay una mucho más importante: crear una versión socialmente aceptable del golpe de Estado, como un movimiento popular que buscó la restauración de la política costarricense y su unificación bajo la bandera del “peliquismo”, como se le denominó al movimiento político liderado por Federico Tinoco. De esta forma, el golpe de Estado del 27 de enero de 1917 se convirtió en un símbolo de salvación, el emblema de una memoria de triunfo y renovación, construida para legitimar el gobierno de Tinoco y reformar la política de partidos (“Cómo ocurrieron”, 1917; “La verdadera”, 1917).

Sin embargo, para los opositores del peliquismo (quienes fueron liderados por Alfredo González Flores, Manuel Castro Quesada, José María Zeledón Brenes, Rubén Coto, Mario Sancho, Jorge y Alfredo Volio Jiménez, José Albertazzi Avendaño, entre otros) el golpe de Estado no fue sinónimo de salvación, sino de traición. Y como traición debía ser purgada. Por lo tanto, los revolucionarios del Sapoá configuraron un discurso de “higienización social”, que buscó la persecución de los grupos políticos liberales que apoyaron el golpe de Estado y se convirtieron en agentes del peliquismo. Al enarbolar las consignas de la “Proclama del Sapoá”, los revolucionarios constituyeron su emblema de sanción (“Páginas clandestinas”, 29 de agosto de 1919).

Paralelamente, los revolucionarios apelaron a otro símbolo: el martirio, para legitimar su lucha en contra de los Tinoco. Recurrieron para esto, además de la experiencia de la persecución política y la represión del Estado, al asesinato del líder revolucionario Rogelio Fernández Güell y sus compañeros, para reforzar esta idea. El emblema de resistencia se empezó a construir a partir de la publicación de la denuncia de Marcelino García Flamenco, profesor de primaria de la localidad de Buenos Aires de Puntarenas y quien presenció el asesinato político de Fernández Güell (García, 1918) y los discursos revolucionarios pronunciados días después de su asesinato en la Catedral Metropolitana, el Cementerio General y desde Panamá (“Páginas clandestinas”, 30 de agosto de 1919).³

Ahora bien, a partir del estudio de estos emblemas, ¿cómo se dio el proceso de apropiación y adopción social de estos, para formar memorias emblemáticas? Para los tinoquistas fue preciso recurrir a la construcción de la figura caudillista de Federico Tinoco, de forma que se popularizara su imagen de líder y “gendarme de la democracia”, como él se autoproclamó el 27 de enero de 1917. Además de la prensa, los Clubes 27 de Enero (C27E) fueron los encargados de fortalecer este perfil y llevarlo al espacio público. En su estatuto, el C27E del distrito El Carmen adoptó el 27 de enero como emblema de la regeneración política (“El Lic.”, 1917). ¿Cómo materializaron los C27E estos discursos en el espacio público? Por medio de un evento multitudinario: el desfile cívico. El 18 de marzo de 1917 se llevó a cabo la mayor manifestación política del tinoquismo hasta ese momento, cuya convocatoria se realizó a nivel nacional, siguiendo un patrón como el siguiente:

A todos los buenos ciudadanos del valiente y progresista cantón de Moravia, se les invita cordialmente a contribuir con su presencia a la Gran Manifestación que los pueblos de Costa Rica preparan con gran entusiasmo para el día 18 del presente mes en San José, en honor del popular y meritorio hombre público General don Federico Tinoco G., quien ha salvado de un rudo fracaso a la Nación, y quien con clara inteligencia y reconocido patriotismo, la llevará al más alto grado de prosperidad, cultura y bienestar (“La reunión”, 1917).

Esta manifestación, hizo uso de alegorías como las de la Patria, la Paz, el Trabajo, el Progreso y el Engrandecimiento, todos símbolos de lo que sería el gobierno de Tinoco, en contraposición al de su predecesor, Alfredo González Flores (“La reunión”, 1917). Sin embargo, ¿fue un sentimiento de aceptación nacional del tinoquismo el que yacía detrás de todos estos recursos? No, contrario a las fiestas cívicas, como el 15 de setiembre, en donde se conformaba la celebración a partir de un rito político y cultural construido en el largo plazo (Díaz, 2007b, pp. 267-279), la manifestación tinoquista del 18 de marzo se configuró más bien como un desfile de la élite, similar a los que se celebraban en las inmediaciones del Parque Morazán, la Plaza de la Fábrica, la Avenida de las Damas y La Sabana en la alborada del siglo XX. La ostentación de la riqueza de los organizadores, las señoritas, la exhibición tecnológica y la poca representatividad de los sectores populares caracterizaron estos eventos (Quesada, 2011, pp. 146-153). El desfile tuvo como propósito popularizar el nombre de Tinoco y hacerlo presidenciable para las elecciones del 1 de abril. Incluso, un indicador de esto es que los C27E se disolvieron después de abril de 1917, por lo el tinoquismo perdió a uno de sus portavoces más importantes, justo en el momento en que empezaron a brotar los primeros indicios de oposición.

Las conmemoraciones del golpe de Estado entre 1918 y 1919 fueron tímidas y con poca sustancia política, ya que redirigieron las celebraciones del espacio público al espacio privado. Esto se explica primeramente por la transformación del régimen en dictadura a mediados de 1917; segundo, por la pérdida de popularidad producto del asesinato de Rogelio Fernández Güell en marzo de 1918 y tercero, por la persistencia de un problema de subsistencia cada vez más grave (Barrantes, Bonilla y Ramírez, 2011). Sin embargo, el régimen comprendió que el uso de las políticas de la memoria en el espacio público podría fomentar en la sociedad un espíritu de hermandad y “concordia” con los símbolos adecuados. Por eso, inauguró en 1918 dos sitios en San José que materializaran este deseo: el Parque de La Concordia (actual España) y un monumento en honor a Mauro Fernández frente al Edificio Metálico (Díaz, 2007b, p. 167; “Preparativos para”, 1918). El problema para Federico Tinoco no fue la legitimidad de estos símbolos, sino el contexto en el que fueron puestos en práctica como nudos de la memoria, pues ya para 1918 el otrora emblema de salvación no era más que un mal recuerdo y un símbolo de la represión.

Se podría pensar que tuvieron mayor éxito los portavoces y las conmemoraciones de las memorias emblemáticas de resistencia y de sanción. Pero fue todo lo contrario. Al igual que la memoria de salvación sufrieron también de una pérdida de legitimidad y además de la falta de apoyo estatal, cuando se requirió. El que pudo colarse con mayor éxito en el espacio público fue el emblema de resistencia, y la memoria que conformó. Como portavoces, los revolucionarios fundamentaron la lucha contra los Tinoco bajo la imagen del martirio, una fuerza moral de grandes proporciones por sus raíces judeocristianas y que permitió inspirar y movilizar a la población en contra de la dictadura (“Rogelio Fernández”, 1919). Fue también una fuerza moral internacional, ya que el emblema de resistencia no se quedó en Costa Rica, sino que recorrió casi toda Centroamérica, llegando incluso a Estados Unidos; lo que otorgó legitimidad a los revolucionarios liderados por Alfredo Volio, como una fuerza beligerante (Archivo Nacional de Costa Rica, s.f., Nº 54, ff. 30, 41, 43-47, Nº 55, Nº 57, ff. 13, 14, 16, 19-22).

En el espacio público, la memoria de resistencia generó un panteón anti-tinoquista en el casco urbano de la ciudad de San José. Estas políticas de la memoria surgieron a lo interno de la Municipalidad de San José (Archivo Nacional de Costa Rica, 1919); pero también de un interesante proceso de apropiación por parte de los sectores populares, mediando la identidad de clase. Así, los obreros, los artesanos y los docentes promovieron políticas de la memoria que favorecieron a Marcelino García Flamenco, Jeremías Garbanzo, Joaquín Porras y Ricardo Rivera e inmortalizaron su recuerdo en la ciudad de San José. Estas políticas, que incluyeron la inauguración de un parque, la construcción de una escuela y un monumento en honor a García Flamenco, así como el bautizo de varias calles en memoria de Garbanzo, Porras y Rivera, no sobrevivieron al embate del olvido, con algunas excepciones (Archivo Nacional de Costa Rica, 1923). En 1937, los estudiantes fueron honrados con un boulevard que atravesaba la Calle 9 y tuvo como puntos focales el Liceo de Costa Rica y el Parque Morazán (aunque las obras de infraestructura llegaron hasta la Iglesia de La Soledad), y que se denominó Paseo de los Estudiantes (“La capital”, 1937).

Los otros puntos que funcionaron como lugares de la memoria de resistencia fueron la Calle Central y la Avenida Central, llamadas Alfredo Volio y Rogelio Fernández Güell, respectivamente. Como se estableció, esta política de la memoria tuvo como objetivo inmortalizar el símbolo de la cruz, que formó el núcleo del emblema de resistencia (martirio). Ahora bien, ¿cuáles fueron las condiciones limitantes de las políticas de la memoria de resistencia? En primer lugar, el poco apoyo oficial para constituir una fiesta cívica que conmemorara la muerte de Rogelio Fernández Güell. Estas conmemoraciones fueron esfuerzos localizados de algunos docentes que procuraron honrar la memoria de Fernández Güell y sus compañeros, pero nunca se institucionalizó como una fiesta dentro del calendario cívico y escolar, a pesar de existir iniciativas políticas al respecto. Tampoco hubo voluntad oficial para construir un monumento que honrara su gesta en contra del tinoquismo (“Sesiones municipales”, 1923). La iniciativa para un monumento fue absolutamente local, ya que solamente el cantón de Buenos Aires de Puntarenas posee un obelisco que marca el lugar de la muerte de los héroes anti-tinoquistas. Igualmente, el proyecto para declarar a Fernández Güell y a Volio como beneméritos de la patria no fructificó (Archivo Nacional de Costa Rica, 1920).⁴

El funeral de Estado de Rogelio Fernández Güell y sus compañeros en 1923 y la inauguración del monumento a García Flamenco en 1926 convirtieron el espacio público en el escenario de las batallas por las memorias emblemáticas sobre la dictadura tinoquista. Los portavoces de esta acción abogaron por la preservación de la memoria de Fernández Güell y sus compañeros, para fortalecer los proyectos de sanción, ahora olvidados debido a las políticas de conciliación del gobierno de Acosta. La dureza de los portavoces de ese momento, Billo Zeledón y Jorge Volio, condensaron la desesperación ante el fracaso de sus políticas de sanción, frente a una sociedad que ya se había identificado, por convicción e identidad, con el perdón y el olvido (Archivo Nacional de Costa Rica, 1923; Zeledón, 1923).

¿Qué hay al respecto de la memoria de sanción? Los revolucionarios pudieron cohesionar su recuerdo de la lucha anti-tinoquista y la purga política por medio de la Proclama del Sapoá –el emblema de sanción– y su participación en la opinión pública a través de los periódicos El Hombre Libre, Semanario Costa Rica y en menor medida, el Diario de Costa Rica. En estos medios fundamentaron su proyecto político de forma tácita. Sin embargo, éste fracasó al no contar con el apoyo oficial del gobierno de Julio Acosta y sucumbió frente a las políticas de conciliación, que revirtieron el discurso de la violencia y la persecución, por uno de fraternidad política. Las conmemoraciones, por lo tanto, no fueron fructíferas. Las celebraciones del 13 de junio, que recordaron el movimiento social contra los Tinoco, fueron olvidadas, por un lado por servir como catapulta para el movimiento feminista (“Gran manifestación”, 1920; Rojas y Palmer, 2003, pp. 120-121); y por otra parte, por la poca voluntad política existente para dimensionar correctamente la importancia del movimiento popular en la historia. Tampoco aquellas que conmemoraron la Batalla del Jobo dieron resultado, ya que aunque iniciaron con actividades en salones, marchas y actividades en el Cementerio General, perdieron trascendencia conforme se disipó la legitimidad el emblema de sanción. Al igual que las conmemoraciones del 27 de enero, pasaron poco a poco a ser celebraciones clandestinas, para desaparecer del todo después de 1924 (“La jornada”, 1920; “Congreso Constitucional”, 1920; “Segundo aniversario”, 1921; “La procesión”, 1921; “Celebración del”, 1922; “Rememorando la”, 1923; “5º aniversario”, 1924; “Un ramo”, 1924).

EL RETRATO DEL OLVIDO. LAS POLÍTICAS DE CONCILIACIÓN.

Las políticas de conciliación fueron esfuerzos pro-olvido. Durante el Proceso de la Restauración, el emblema de conciliación que se conformó a partir del nombramiento de Alejandro Alvarado Quirós, extinoquista, en el gobierno de Julio Acosta (Sancho, 1961, p. 140; “La situación”, 1920; “La nota”, 1920; Volio, 1922) y después con el veto a la Ley de Recompensas y las de Sanción y Nulidad, produjo una política que se esforzó por no conmemorar la lucha contra el tinoquismo. ¿Por qué razón? Porque recordar la revolución hubiera legitimado los esfuerzos pro-memoria de los revolucionarios y su proyecto político. La búsqueda de la paz y la fraternidad de Costa Rica fueron considerados como un evento desplazante que operó primordialmente para alejar al país de una posible intervención, pero después se convirtió en un freno hacia la renovación de la cosa pública por parte de los revolucionarios (“De nuestros”, 1919; “Para resolver”, 1919; “¡Cordura!”, 1919).

¿Cómo operó la obliteración? Lejos de limitarla solamente a las políticas de conciliación, lo cierto del caso es que para constituirse, las memorias de resistencia y sanción también asumieron eventos desplazantes. Uno de los eventos desplazantes más importantes para configurar la memoria de resistencia fue confinar en el olvido la memoria del coronel Juan Bautista Quesada López, héroe del tinoquismo. La razón: de haberse conmemorado el 22 de febrero como parte de la memoria de resistencia, inevitablemente se haría referencia a la batalla del Pozón - en la que triunfaron los revolucionarios liderados por Rogelio Fernández Güell - y a la muerte de Quesada López. También, dicha fecha fue una utilizada como parte de la memoria de salvación, pues el régimen tinoquista construyó un monumento a la memoria del finado coronel (“Puntarenas al”, 1919). Por lo tanto, conmemorar la gesta de Fernández Güell comportaba desplazar esta parte de la memoria de salvación. Otro evento de menor impacto fue la exclusión de Carlos Sancho –miembro de la compañía de Fernández Güell– del panteón anti-tinoquista en la ciudad de San José, por su origen cartaginés. Un evento desplazante, derivado de la identidad local.

La memoria de sanción también fue conformada a partir de eventos desplazantes. Esta fuerza pro-olvido estuvo fundamentada en la nulidad legal del gobierno tinoquista y su emblema de salvación. Unos de los primeros hechos fue el desmantelamiento de los restos del monumento de Mauro Fernández (Diario de Costa Rica, 1920e)⁵, así como el freno al proyecto de un nuevo complejo escultórico en honor al prócer (“Juan Ramón”, 1920; “No se volverá”, 1920), seguido del cambio de nombre al Parque de la Concordia por el actual Parque España y el traslado de la Casa Presidencial del Castillo Azul a la Casa Amarilla.

De mayor impacto político fue la Ley de Sanción y Nulidad, que estuvo conformada por varios eventos desplazantes: la nulidad de la Constitución de 1917 –símbolo del tinoquismo– y de todos los contratos, pagos y emisiones realizadas durante su gobierno; y otras acciones, que más bien fueron los límites estructurales de la sanción, como la omisión de extraditar a Federico Tinoco y juzgarlo por el delito de rebelión, y a todos aquellos que participaron en el régimen; no incluir como parte del proyecto de sanción la indemnización de todos aquellos prisioneros políticos, de forma que se dejó el drama humano y la identidad de las víctimas en el olvido (Leyes y decretos, 1921, pp. 163-172).

Aunque la Comisión de Reclamos tuvo la intención de resolver los abusos cometidos por la dictadura, el contexto histórico limitó su acción, pues tomó como base el Tratado de Versalles donde las indemnizaciones eran únicamente de naturaleza económica (Leyes y decretos, 1921, pp. 596-599). También, no apoyar las políticas de la memoria a favor de Rogelio Fernández Güell y Marcelino García Flamenco, forma parte de estos eventos desplazantes. El único apoyo oficial por parte de los revolucionarios y del gobierno de Acosta a la memoria de estos fue el funeral de Estado, que, aunque ayudó a institucionalizar el duelo por los héroes anti-tinoquistas, no logró revivir los proyectos de sanción. Con respecto a García Flamenco, la discusión sobre su martirio derivó en un reconocimiento oficial de que no fue quemado vivo, con lo cual se creó un evento desplazante y se rompió el vínculo entre este personaje y el emblema de resistencia. A partir de ese momento se transformó en “un muerto más” que luchó en contra de los Tinoco (“A los maestros”, 1926). Por esto es necesario incluir en el análisis de la memoria colectiva los eventos desplazantes, pues permite conocer también cómo el olvido es parte de este proceso de construcción.

Posteriormente, las memorias de resistencia y sanción sobrevivirán en la forma del “estigma tinoquista”, discurso utilizado como arma electoral para disminuir la popularidad de un candidato a la presidencia o militante de un partido político. El estigma tinoquista se preservó como una sanción moral (de la misma forma como se atacó a los “traidores” con fines electorales) ante la ausencia de una sanción institucional. Su uso no constituyó la posibilidad de resucitar los proyectos de sanción surgidos durante la transición democrática, sino que se mantuvo solamente en la dimensión del discurso (“León Cortés”, 1936).⁶ Sin embargo, para José Figueres Ferrer y Alberto Cañas, la Guerra Civil de 1948 fue el renacer de la memoria de resistencia y sanción. Sus testimonios son un indicador de cómo el tinoquismo fue una época sin solución, donde la impunidad política fue el método oficial para legitimar nuevamente la democracia liberal a costa de las víctimas de la dictadura tinoquista. Figueres simbolizó su lucha en contra del caldero-comunismo como una continuación del Proceso de la Restauración y el cierre definitivo del periodo, aunque dichas posiciones fueron solamente usadas para legitimar su levantamiento en armas (Cañas, 2006, pp. 153-154) (Figueres, 1987, pp. 37, 39-41, 150, 202, 240). ¿Pero fue la guerra la clausura de una época de impunidad y desunión? No, puesto que la Guerra Civil abrió una nueva etapa de ruptura social, que aún en la actualidad, repercute en la sociedad costarricense y es motivo de debate.

Desde la perspectiva oficial, la creación de la memoria de conciliación, que al apropiarse del emblema de conciliación surgido durante la transición democrática, tuvo como escenario el contexto postguerra civil y el llamamiento a la fraternidad y el perdón, fue materializada por medio del monumento a Julio Acosta, que condensó simbólicamente el Proceso de la Restauración como una época de Libertad, Justicia y Paz. En ella, las confrontaciones entre las diversas memorias emblemáticas, los proyectos de sanción y las víctimas fueron invisibilizados, para dar paso a una representación pacífica de la transición democrática, más acorde con la identidad nacional (Guevara, 1960).

CONCLUSIONES

La dictadura de Federico Tinoco Granados es uno de los periodos de la historia de Costa Rica que transgrede ciertos elementos que conforman nuestra identidad nacional. Costa Rica, que se constituyó bajo una excepcionalidad en su vida política y la resolución de conflictos a partir del siglo XIX, en contraposición a la región centroamericana, y después a toda Latinoamérica, en el siglo XX, encuentra en la dictadura tinoquista una pared, con un espejo y un reflejo que ha sido ignorado por mucho tiempo: que también forma parte de un concierto de naciones que, en ocasiones, asumieron el autoritarismo como la herramienta para consolidar reformas y proyectos de Estado, o frenarlos. El tinoquismo fue el freno a un proyecto de Estado más obligado con la cuestión social y la reivindicación de las clases obreras, con un compromiso hacia la tributación directa como la fuente de riqueza del Estado y con políticas económicas socialistas que favorecerían en el largo plazo una mayor diversificación productiva y la movilidad social. La transición democrática reinstaló nuevamente la democracia liberal, que no tuvo más opción que ceder ante la avalancha de reivindicaciones sociales que llenaron las las calles y la opinión pública, durante las décadas de 1920 y 1930. Pero, retardó reformas políticas, económicas y sociales que tuvieron que esperar hasta la conflictiva década de 1940 para consolidarse.

La experiencia del tinoquismo presenta a Costa Rica como un país con una democracia en constante reforma y si bien es cierto, más estable que la de otros países latinoamericanos, también tuvo épocas de retroceso. ¿Hubo democracia plena durante la dictadura de Tinoco? No, tan solo existió una democracia electoral, pero bajo la premisa de una sola bandera tolerada y confirmada por los líderes políticos de entonces y tutelada por el Senado del Congreso. Pero no en esencia, porque la democracia se basa en el disfrute de los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución, los cuales fueron reprimidos durante este periodo. El tinoquismo fue una especie de experimento político, para que la élite política se mantuviera en el poder y se limitara el papel de los partidos y las reformas esenciales como el voto directo, lo cual nos lleva a otra dimensión: la (des)confianza en el electorado.

Se podrá argüir que el tinoquismo no fue una dictadura cruenta, que la violencia de Estado fue localizada y las víctimas se contabilizaron en menor cuantía que las crueles dictaduras modernas que poblaron el universo político del siglo XX. Pero para el contexto en el que se desarrolló, la dictadura tinoquista supuso una ruptura del orden social como no se había establecido hasta ese momento y la violencia de Estado fue institucionalizada y utilizada sistemáticamente en contra de sus detractores, en forma exponencial. No obstante, su impacto real únicamente puede ser determinado con exactitud hasta que se realice un análisis comparativo entre los gobiernos que recurrieron a la violencia de Estado para mantener a raya a sus opositores. Sin embargo, asumir que el tinoquismo fue una dictadura de “caricatura” o banalizarla sería crear y reafirmar un evento desplazante, para no mirarnos al espejo, que en su momento, Jorge Volio dijo no querer evadir.⁷

Digno de recordar y examinar con mucho mayor detalle es el proceso de transición democrática. El más cercano que tuvo Costa Rica con relación a los procesos de transición sucedidos a lo largo y ancho de Latinoamérica en el siglo XX. El Proceso de la Restauración aporta una dimensión política poco explorada, de las estrategias utilizadas por los sectores políticos para institucionalizar los medios de sanción en contra de criminales de lesa humanidad y la re-significación de la responsabilidad y compromiso ciudadano hacia su país y su papel en la democracia. Las dictaduras llevan a otro nivel la experiencia ciudadana, su participación y la creación de nuevos espacios de “opinión pública” clandestina, que mantienen vivos los deseos de reivindicación frente al autoritarismo. El voto deja de ser la única esfera de participación ciudadana; pues en ese momento histórico su movilización y el despertar de viejos ideales revolucionarios de antaño, como la desobediencia civil y el derecho a la rebelión, perfilan su responsabilidad hacia la patria.

El tinoquismo, a su vez, es una ventana hacia una dimensión de la cultura política costarricense que aún se mantiene vigente: el perdón y el olvido. En el contexto histórico que enmarcó la redacción de este trabajo, el gobierno de la Presidenta Laura Chinchilla Miranda (2010-2014) fue blanco de críticas por la banalización de “irregularidades” realizadas por altos funcionarios y la institucionalización de una política de no sanción. Parte de la apatía que vive el ciudadano frente a la política se deriva de esta cultura del perdón y el olvido, que necesita ser revisada desde el punto de vista interdisciplinario y en el largo plazo.

También, la experiencia del tinoquismo se mantiene actual en asuntos de espacio público. A finales del 2012, la inauguración del Barrio Chino provocó una serie de críticas de organismos dedicados a la preservación de la memoria tangible de la ciudad. En uno de estos comunicados se promueve la preservación del tejido urbano histórico que le da forma a la memoria colectiva del Paseo de los Estudiantes, pero no determina su origen. No obstante, en Internet y en los medios de comunicación, varias opiniones expresaron su descontento por las políticas urbanas de la Municipalidad de San José y su alcalde, Johnny Araya Monge, que deliberadamente eliminaron este pasado para dar forma al Barrio Chino (Pacheco, 2012; Ducca, 2013). Este cambio en la memoria urbana ocurre a escasos cuatro años del centenario del golpe de Estado del 27 de enero de 1917 y a menos de seis para conmemorar los movimientos sociales en contra del tinoquismo. Esta investigación es tan solo un aporte a esta discusión, que sin duda alguna tomará más fuerza en los años venideros.

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CITAS Y NOTAS

1 Máster en Historia por la Universidad de Costa Rica. Docente de la Escuela de Historia de la misma universidad y Presidente del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP) Costa Rica. Correo: alejandro.bonillacastro@ucr.ac.cr

2 Definido por Dominick LaCapra como un acontecimiento que rompe las normas de convivencia de la sociedad y que no puede ser previsto, imaginado o simbolizado en ese contexto. Robert Jay Lifton señala, en esta misma tendencia, que esta “dislocación histórica” destruye las metáforas culturales y los arquetipos que afectan las relaciones sociales entre los individuos. También véase (Dobles Oropeza, 2009: 106).

3 Estos discursos fueron posteriormente publicados en 1919, en la sección “Páginas clandestinas” del periódico El Hombre Libre.

4 Una de las oportunidades que pudieron fortalecer esta iniciativa, era otorgarles el benemeritazgo a Rogelio Fernández Güell y Alfredo Volio Jiménez. El proyecto de ley impulsado por el diputado Manuel Zavaleta en 1920, no fue puesto a discusión, ocasionando un evento desplazante a esta iniciativa.

5 Este monumento fue destruido por los movimientos sociales anti-tinoquistas del primero de setiembre de 1919.

6 De los casos más relevantes está el ocurrido durante las elecciones de 1935, donde los comunistas acusaron constantemente a León Cortés Castro de su tinoquismo y afición por los estilos autoritarios.

7 Ver referencia a estas declaraciones en la página 11.

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Alejandro Bonilla Castro: Máster en historia graduado en la Universidad de Costa Rica. Docente en la Escuela de Historia de la misma casa de estudios. Presidente del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP) Costa Rica.

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