DENUNCIA Y DELITO EN EL MUNDO RURAL COSTARRICENSE: EL CASO DE NARANJO (1880-1924)
IMPEACHMENT AND CRIME IN THE COSTA RICAN RURAL AREA:
THE CASE OF NARANJO (1880-1924)
Eduardo
González Ayala
Palabras
clave
Delincuencia, legislación, capitalismo, tenencia de la tierra, Costa Rica.
Keywords
Crime, law, capitalism, land tenure,
Costa Rica.
Fecha de recepción: 17 de mayo, 2014 - Fecha de aceptación: 1 de setiembre, 2014
Resumen
El
presente artículo tiene como objetivo primordial analizar tendencias
relacionadas con el aumento de la denuncia y el delito en la población
de Naranjo, un espacio rural, en el periodo comprendido entre 1880 y 1924. Este
periodo está determinado por la aplicación del código
penal de 1880 en Costa Rica, el cual tipificó
una serie de delitos. La investigación se inscribe dentro de la historia
social del crimen y para su
elaboración se utilizó fuente primaria del Archivo Nacional de
Costa Rica, así como la base de
datos de dicha institución, mediante la cual fue posible cuantificar las
denuncias que realizaron los
habitantes de Naranjo durante el periodo señalado. El trabajo evidencia
el aumento en las denuncias respecto a
delitos que atentaron contra el patrimonio material en una época en la
cual se consolidaba el capitalismo
agrario, mientras que las denuncias respecto a crímenes contra la vida y el honor tendieron a disminuir o se mantuvieron
estables durante el periodo.
Abstract
This article has as its primary
objective to analyze trends related to the complaint and crime increased in
Naranjo, a rural town in the period between 1880 and 1924. This period is
determined by the application of the penal code of 1880 in Costa Rica, which
defining a series of crimes. Research is part
of the social history of crime and its development was primary source of the
national archives of Costa Rica, as
well as the database of such institution, through which it was possible to
quantify the complaints that
inhabitants of Naranjo made during the designated period. The article demonstrates the increase in complaints regarding
offences that were against the material heritage in a time in which it is developing agrarian capitalism,
while complaints regarding crimes against the life and honor tended to decrease or remained stable
during the period.
DENUNCIA Y DELITO EN EL MUNDO RURAL COSTARRICENSE: EL CASO DE NARANJO (1880-1924)
INTRODUCCIÓN
El estudio de la historia social de la criminalidad se ha
desarrollado de manera lenta en Costa Rica, con algunos trabajos destacados, pero
relativamente escasos. La presente investigación pretende abordar, por
un lado, el delito como un proceso
social y, por otro lado, las denuncias al respecto interpuestas en Naranjo a finales del siglo XIX y principios del XX.
De esta forma, la visión del crimen, su denuncia y
castigo se entrelazan con la formación del cantonato y la necesidad del
Estado costarricense de ensanchar sus instituciones y sus mecanismos de control
social. Paralelamente a estos procesos, se
encuentran las formas de sanción, declaradas a nivel nacional a
través del Código Penal
de 1880, que son reinterpretadas por las comunidades, las cuales les otorgan a los delitos su propia significación.
Aunado a ello, interesa visualizar las dinámicas
alrededor de las cuales se avizoraba la conflictividad en el periodo en
estudio, así como sus repercusiones y las formas de dirimir las
disputas. Con el fin de observar la incidencia de las denuncias
y el papel institucional de las instancias judiciales, se han contabilizado y categorizado los delitos denunciados durante el
periodo, lo cual permite un acercamiento
a cierto tipo de conflictividad asociada cada vez más al capitalismo agrario, y menos a los valores tradicionales.
La sociedad naranjeña se debatía entre la
conservación de las nociones tradicionales de honor y resolución
de conflictos mediante el uso de una violencia legitimada socialmente, y las
nociones nuevas del derecho moderno que se expandían
gracias al ensanchamiento de la institucionalidad liberal, el control social racionalizado y la participación de
profesionales en los juicios, lo cual implicaba nuevas
formas de visualizar y atenuar el delito.
ESTADO
DE LA INVESTIGACIÓN
La escasez de estudios sobre historia social de la
criminalidad no demerita la importancia de aquellos que se han realizado en
Costa Rica, sino que más bien devela las posibilidades de
investigación en esta área, en la cual interesa profundizar en los mecanismos de control e
institucionalización del delito y en aquellas instancias pertenecientes al Estado que se encargan de
reprimirlo, como los tribunales, los cuerpos
de policía y el sistema penitenciario (Emsley, 1996, p. 157), a los que
se podrían añadir los
sistemas de salud.
En Europa, los estudios sobre historia social de la criminalidad
se han preocupado, entre otros aspectos, por analizar cómo la violencia
comunitaria que encontraba su asidero en el imaginario social, era reemplazada
por otros mecanismos de
organización y de control de la criminalidad, además de las
diferencias entre la punición
del delito entre el mundo rural y urbano, y de la justicia oficial representada
en el derecho moderno, respecto a los
dispositivos “tradicionales” de resolución de conflictos (Cauvaud, 2003, pp. 168-174).
En el caso de Costa Rica, varios historiadores han
abordado temas vinculados con la criminalidad y su manejo por parte del Estado,
principalmente durante el siglo XIX e inicios del XX. Destacan aquí el
trabajo de José Daniel Gil, quien analiza
la incidencia de los delitos por homicidio en la provincia de Heredia, en el periodo 1885-1915, descubriendo que los
asesinatos constituyen únicamente un arista
pequeña de la conflictividad que se desarrolla al interior de las
comunidades, y de los esfuerzos
estatales por controlar y morigerar las costumbres de la población mediante el aparato institucional (Gil, 1997, pp.
52-57).
Por su parte, Juan José Marín aborda el
tema de la prostitución en varias de sus investigaciones y demuestra en
qué medida las prostitutas son objeto de control y estigmatización
por parte de las autoridades, a la vez que responden al contexto
de diversificación social y económica que experimenta San
José en las últimas dos
décadas del siglo XIX (Marín, 1994, pp. 53-54). Expone
además cómo los intentos
de morigeración y sanidad por parte de las autoridades usualmente chocaban con la reticencia de las trabajadoras
sexuales, quienes desarrollaban mecanismos
ingeniosos para escapar de las revisiones de salubridad y las redadas policiales (Marín, 2007, pp. 199-200), con
el fin sobrevivir en el difícil mundo josefino,
donde el capitalismo urbano se estaba asentando y empezaba a campear el individualismo y la “corrupción”
de las costumbres tradicionales.
El tema del bandolerismo es abordado por Carlos Naranjo
para el periodo comprendido entre 1850 y 1890. Naranjo presenta el caso de
Pilar Jiménez, un bandolero josefino que en numerosas ocasiones estuvo
en manos de la policía y fue trasladado
a varios centros penitenciarios, entre ellos San Lucas. Asimismo, analiza el papel de las cárceles y las fugas de
reclusos como ejemplos de la dinámica de disciplinamiento
policial y de reacción de los reos ante esa disciplina. Finalmente, se ocupa del bandolerismo social y del robo como
método de transgresión del statu quo
en la sociedad decimonónica (Naranjo, 1994, pp. 86-101).
Sobre la Colonia e inicios de la Independencia, destacan
los trabajos de Eugenia Rodríguez, que centran su atención en
analizar el papel subordinado de las mujeres en una sociedad patriarcal, y
cómo resultaban perjudicadas en los juicios,
además de los niveles de conflictividad y violencia en el mundo colonial
(Rodríguez, 2000, pp. 138-150).
Aunado a ello, profundiza en las circunstancias particulares
en las que eran cometidos ciertos delitos como estupro y violación, en los cuales se atentaba directamente contra las
mujeres y cuyos castigos eran débiles o
inexistentes, dependiendo de la posición social del imputado. Más
allá de las denuncias, la
autora concluye que la violencia sexual contra las mujeres era una práctica común (Rodríguez,
1994, p. 40).
Sobre la situación de grupos marginados, Ana
Paulina Malavassi lleva a cabo un análisis de las condiciones en las
cuales vivían los leprosos en el Lazareto, y la forma en la que eran
vistos por la sociedad costarricense a finales de la Colonia e inicios de la Independencia. Expone
cómo sobre los leprosos se desplegaban discursos
y representaciones que iban desde la caridad y el asistencialismo, hasta la exclusión y el desprecio. El peso de estas
representaciones se notaba en las políticas estatales y en el desarrollo de los mecanismos de
control social, que pretendían alejar
a los leprosos de las comunidades (Malavassi, 2003, p. 32).
Finalmente, Carlos Abarca hace un estudio sobre las
sanciones penales y policiales hasta 1880, considerando la legislación,
los códigos y los cambios históricos que se producen en las
normativas. Además, asevera que la legitimación de la autoridad y el control de las
poblaciones, sobre todo las de menos recursos, eran
los objetivos primordiales de los gobernantes al establecer los códigos
penales, en los cuales no se
consideraba la situación socioeconómica o el contexto que provocaba la delincuencia (Abarca, 2001, pp.
266-276).
Los trabajos mencionados muestran cómo el
ámbito del control social y la historia de la criminalidad, entendida en
el sentido amplio de las relaciones sociales y productivas, la
institucionalidad, los mecanismos represivos y de sanción, la cultura popular, la diversificación
de la sociedad, la conflictividad cotidiana, los intereses
particulares, la interiorización de valores y normas o el desacato de estas, así como el ejercicio del poder a
nivel nacional y local, resultan una veta de investigación
fructífera y de amplias posibilidades.
FORMACIÓN
SOCIOECONÓMICA E INSTITUCIONAL, CONFLICTIVIDAD Y CONTROL SOCIAL
La sociedad costarricense de finales del siglo XIX se
encontraba concentrada de manera notoria en el Valle Central, donde se
podían obtener las mejores tierras, tanto desde el punto de vista de su
ubicación geográfica, como de su fertilidad. El café le había dado a la
floreciente sociedad las bases para su consolidación y para el desarrollo del capitalismo agrario, el cual
implicó la búsqueda de nuevos espacios para cultivar, en la medida en que se iban agotando
las fincas más cercanas a las principales
ciudades.
Este desplazamiento, conocido como migración hacia
la frontera agrícola, implicaba que los terrenos de la región
occidental del Valle Central, donde se encuentra ubicado Naranjo, fueran
apetecidos a tal punto que ya para finales del siglo XIX
era posible denotar un avance en los niveles de colonización y
aprovechamiento de tierras, proceso
iniciado en el caso naranjeño en la década de 1830.
El Estado liberal se preocupó por establecer
mecanismos de control del territorio, los cuales también estaban
permeados por la idea de progreso material imperante en la época. Sin
embargo, esta visión macro no impidió que ese mismo Estado, y quienes lo representaban como
autoridades políticas, llevaran a la práctica una serie de medidas que se podrían
catalogar de “intervencionistas” (Palmer, 1999, p. 100), en el sentido de que existe
intervención estatal, pues se busca una participación
activa en la economía y tener un impacto sobre ella.
Las políticas liberales que se aplicaron giraban
principalmente sobre los ejes del poblamiento, la comunicación mediante
caminos y el impulso de la agricultura como medio de desarrollo (Viales, 2000,
pp. 100-102), por lo que dichas estrategias pretendían
abarcar estos tres aspectos de una forma integral.
Algunos factores tenían un peso importante en la
configuración socioeconómica y política de la Costa Rica
decimonónica, entre ellos la escasez de mano de obra, que se
convirtió en un factor de cuidado a la hora de sopesar las decisiones técnicas y políticas
por parte de los gobiernos liberales. Las políticas migratorias encabezadas por la elite estaban
orientadas al fomento de la migración procedente
de Europa, con el fin de “mejorar la raza” y de extender los
cultivos, de tal forma que se le diera
mayor viabilidad económica al país. No obstante, esta migración “deseada” no siempre
se dio de la forma en que hubiera preferido la clase
dirigente, por lo que un proceso paralelo de gran importancia fue la
migración interna, es decir,
población que se desplazaba de acuerdo a las necesidades de obtener nuevas tierras para cultivar.
En el caso de los inmigrantes extranjeros que llegaron de
manera masiva, estos no fueron tan significativos para la región
occidental del Valle Central, contrario a la construcción del
ferrocarril en el Atlántico, proceso en que fue constante
y numeroso el flujo de inmigrantes procedentes primero de China e Italia, y posteriormente sobre todo de población
afrocaribeña proveniente de Jamaica.
Un aspecto a considerar es el llamado “síndrome
de incomunicación” (Viales, 2000, p. 106), que constituía
un escollo importante a superar por los liberales, quienes observaban con
preocupación cómo importantes regiones del país, que podían ser explotadas en
términos económicos, no solo permanecían
inhóspitas, sino que no
existían las rutas para acceder a dichos lugares, ni las personas para colonizarlos.
El interés se centraba no solo en la
vinculación con el mercado externo mediante el café (aunque este
era uno de los objetivos liberales de mayor envergadura e importancia), sino
además en la necesidad de contar con mejores caminos
y puentes para el abastecimiento y mantenimiento del mercado interno, así como para las actividades comerciales
hacia el Pacífico (Viales, 2000, p. 107).
Se considera que el territorio que comprende el
cantón de Naranjo empezó a ser colonizado con la llegada en 1833
de don Judas Tadeo Corrales, quien delimitó una propiedad y se
estableció con su familia en el poblado que en la actualidad se conoce como Candelaria.1
El poblamiento del señor Corrales y otros que
llegaron en años posteriores, se encuentra contextualizado en las
migraciones que se dieron en las primeras décadas del siglo XIX y que
implicaron alejarse de las zonas cercanas a la capital y
a la ciudad de Alajuela, hacia la frontera agrícola, para buscar tierras
cultivables, proceso que
recibió un empuje importante con el auge del café y con el
aumento del precio de la tierra en las
regiones más cercanas a San José.
Se trata del inicio de la colonización de la región
de Occidente, proceso que se extendería rápidamente con la
colonización y población de los territorios que ahora comprenden
Grecia, San Ramón, Palmares y Valverde Vega. Además de nuevas tierras, esta región
tenía ventaja para los migrantes por su lejanía de las autoridades y la suavización de los cobros
de tributos o del diezmo, dados los limitados
controles burocráticos (Molina, 1991, p. 48).
La primera migración de personas procedentes de
las principales ciudades hacia Naranjo, se dio entre los años 1835 y
1865. Estos colonos buscaban tierras disponibles para cultivar y un lugar para
asentarse con sus familias, por lo que los territorios
de la zona de Occidente resultaron apetecibles.
La colonización regional fue un proceso que
implicó no solamente la apropiación de terrenos, sino que
requería la legitimación de estos mediante denuncios de tierras
que se realizaban por medio del Estado, de tal forma que
las propiedades recién colonizadas pudieran quedar “a
derecho”. Además, estaba
presente el interés de crear nuevos caminos o “trochas” para
animales, que permitieran comunicar a
los pueblos y facilitar el transporte, la movilización y el comercio.
Las tierras denunciadas se dedicaron, primeramente, al
cultivo de los granos básicos para la subsistencia, como maíz y
frijoles, así como a la cría de animales (Torres, 2007, p. 30).
Posteriormente se introdujeron otros cultivos como el trigo, el tabaco y el café, el cual se
convertiría durante el siglo XX en el motor de la economía naranjeña y en una parte
vital de su identidad local.
Esta dinámica puede apreciarse en los censos
agropecuarios, ya que por ejemplo, mientras en 1909 Naranjo poseía 608
hectáreas cultivadas de café, lo que representaba el 30% del
total de cultivos, para el año 1925 ya había en el cantón 1.590 hectáreas del grano (Badilla y
Solórzano, 2010, p. 129), correspondientes al 61% del total de áreas cultivadas. No
obstante, cabe mencionar que las actividades agrícolas
como el café, aunque fueron fundamentales, también se
complementaban con la ganadería,
lo que se aprecia con las 1.973 hectáreas dedicadas a pastos, de acuerdo con el Censo Agropecuario de 1925 (Badilla
y Solórzano, 2010, p. 129).
Durante la segunda mitad del siglo XIX, paulatinamente se
fue consolidando una población que se vio en la necesidad de plantearse
su propio sistema de organización y de apelar a los favores del Estado
para buscar mayor estabilidad y viabilidad.
Ejemplo de ello es la petición enviada al Congreso en 1863 por un grupo vecinos de la comunidad, con el fin de denunciar
algunos terrenos cuya utilización principal
sería con fines comunales, entre ellos construir una escuela, una
iglesia y una cárcel (Torres,
2007, p. 34).
Sobre este punto resulta esencial considerar que ya en
1863 los vecinos de Naranjo tienen la intención de construir una
cárcel en la comunidad; ello implica que los niveles de conflictividad y
la incidencia de lo que en la época se consideraban
delitos, empezaban a cobrar auge en la pequeña población rural y
los habitantes sentían la
necesidad de edificar, además de la escuela y el templo, la
cárcel.
Lo anterior se complementa al evidenciar los primeros
conflictos que se desarrollaron en la comunidad: “El hecho de que los
pobladores de Naranjo, en 1863, denunciaran algunas tierras baldías,
provocó la reacción de otros colonizadores que reclamaban como suyas esas
tierras…” (Torres, 2007, p. 35). De esta forma, se observan los primeros conflictos que acaecieron por
la disputa de la propiedad de las
tierras y por la conflictividad que generó el capitalismo agrario.
Otro ejemplo relacionado con esta dinámica tuvo
lugar en 1873, cuando algunas de las familias principales de Naranjo se
opusieron rotundamente al pago de una cuota que pretendían cobrarles las
autoridades nacionales, con el fin de construir
un camino hacia Grecia.2 A pesar de la
necesidad de conectar a Naranjo con la comunidad griega y otros poblados
intermedios como Sarchí, los vecinos privilegiados se preguntaban por
qué debían costear ellos los gastos del proyecto, y consideraban que la responsabilidad de la
inversión debía ser estatal.
Dicho conflicto generó importantes disputas entre
la alcaldía de Grecia y los vecinos de Naranjo. El jefe político
griego, Domingo Suárez, argumentaba que el pago por realizar en el
distrito de Naranjo era el más bajo del cantón y que era sabido que en el poblado vivían
personas con importantes capitales, como se detalla respecto a un señor de apellido Blanco,
“poseedor de una gran hacienda de café con beneficio y maquinaria cita en Sarchí; y
en el Naranjo, buenos terrenos, casas, tienda
é imprenta, cuyo capital no baja de cincuenta mil pesos, i está
detallado en 25 colones”
(Archivo Nacional de Costa Rica, 1873).
Las autoridades intentaban ejercer control directo sobre
los poblados, y en este caso particular sobre el capital de Naranjo, por lo que
se detallaban aquellos vecinos que poseían dinero o bienes como las
máquinas de acerar, caso de Nicanor Araya
y Leandro Corrales. Las autoridades consideraban a estos pobladores, que se negaban a pagar, como griegos (miembros
revoltosos de su cantón). Los veían además como aquellos que se oponían
al progreso (representado por el camino), dada
su ignorancia y mezquindad: “Donde quiera hai [sic]
majaderos y hombres miserables y
retrógrados, pero a estos debe sofocarse en sus principios porque son el cáncer que infestan las sociedades”
(Archivo Nacional de Costa Rica, 1873).
Más allá de esta descripción sobre
las características atribuidas a los naranjeños,
se observa la necesidad de controlar y asegurar capital para la
realización de obras públicas. Es evidente para esta fecha la
acumulación de cierta riqueza, así que los vecinos principales de
Naranjo fueron llamados a pagar de acuerdo con
sus recursos, por lo que aquellos con mejor condición
socioeconómica debían contribuir
en mayor medida para lograr la construcción del camino, lo cual
generó su molestia. Este
descontento puede ser considerado como un aliciente que se utilizaría para incentivar la idea de crear un
nuevo cantón.
En cuanto al factor demográfico, Naranjo poseía de acuerdo con el Censo de Población de 1883 un total de 4.593 habitantes, de los cuales solo 2.943 vivían en poblaciones que actualmente pertenecen al cantón. Esta fecha se acerca a la del inicio del periodo en estudio, que es 1880, por lo que da una idea de la población de ese entonces. De manera similar, aunque el periodo termina en 1924 con la instauración de un nuevo Código Penal, los datos solo están disponibles para 1927, cuando la población del cantón ascendía a 7.190 habitantes (Torres, 2007, p. 45). La Figura 1 sirve para ejemplificar mejor la dinámica de la población naranjeña.
La
población de la localidad no experimentó un aumento tan radical
en dicho periodo de 44 años. En parte este crecimiento relativamente
moderado se debió a las migraciones hacia la Zona Norte, que colonizaron
los territorios de las poblaciones en
formación de San Carlos y Alfaro Ruiz. Además, se debe considerar
que en el Censo de Población de
1883 estos territorios se tomaban como parte del cantón
de Naranjo, lo que aumentaba los datos de población al incluir poblados
que luego no pertenecerían al
cantón.
Aunado a ello, la región se vio favorecida por una
segunda migración importante, de nuevo procedente de otras zonas del
Valle Central, producida entre 1885 y 1894 (Torres, 2007, pp. 43-44). Dicho
aumento demográfico puede ser
apreciado en la Figura 1. Esta migración, sumada al crecimiento natural
de la población, provocó
una competencia por las tierras y favoreció las primeras migraciones desde Occidente hacia Alfaro Ruiz y
Ciudad Quesada, proceso de desplazamiento
que se mantuvo durante las primeras dos décadas del siglo XX y que desembocó en la creación de
nuevos cantones.
En el caso de Naranjo, dos hechos significativos marcaron
la consolidación del poblado en la década de los ochenta del
siglo XIX, uno de importancia religiosa y el otro de carácter civil. El
primero se refiere a la formación de la parroquia en el año 1881 y el segundo a la
declaración del cantonato en 1886, los cuales contribuyeron en la consolidación de la
organización y demuestran el desarrollo de
las actividades productivas. Resulta significativo que la organización
religiosa se cristalizara antes que la
civil y que Naranjo fuera parroquia antes de ser cantón.
La Figura 2 muestra la composición
socioeconómica del cantón para finales del siglo XIX, donde
destaca la predominancia de jornaleros.
La
división ocupacional refleja que la mayoría de la
población trabajaba por un jornal, usualmente como peones
agrícolas en fincas de café. Por ello, dicha estructura social
favorecía los conflictos relacionados con el capitalismo agrario, como fueron las deudas y las disputas por
tierras.
En este contexto de división del trabajo, el peso
de contar con autoridades civiles y una Alcaldía transformó de
manera significativa los aspectos relacionados con la denuncia y el manejo
institucional de la conflictividad. Hasta 1886, las acusaciones
de aquellos delitos cometidos en Naranjo se presentaban ante los Juzgados de Grecia, por pertenecer el poblado a
dicha jurisdicción. Después de
esta fecha, las querellas empezaron a ser dirimidas en la Alcaldía
Única de Naranjo y algunos
casos eran enviados, para su revisión y dictamen, al Juzgado del Crimen de Alajuela.
La presente investigación, al abarcar el periodo
1880-1924, se ubica en la jurisdicción de un Código Penal que
tuvo ciertos altibajos y que demuestra la dificultad de los gobernantes
liberales al implementar las leyes que creaban (Vargas,
2003, p. 305). Por ello, este periodo resulta interesante de analizar, para determinar la incidencia de la
legislación y las resistencias al interior de la comunidad. Esto por cuanto en la Costa Rica
rural de finales del siglo XIX,
más que el orden, la legislación y el control institucional,
privaban los conflictos vecinales, las
diversiones, el alcohol y las “bajas pasiones” (Gil, 1997, p. 47). No obstante, dichas
características no impiden que sea posible apreciar un considerable apego al derecho por parte
de la población, en tanto los
conflictos vecinales, principalmente por tierras a causa del desarrollo del capitalismo agrario, fueron canalizados
mediante las denuncias ante las alcaldías
y los juzgados correspondientes, dándole un carácter legalista a
la sociedad agraria
decimonónica.
Las relaciones comunales se desarrollaban entre el
conflicto y la solidaridad, por lo que la dimensión de rivalidad propia
de un caso como el asesinato, se sustenta en un tejido social que permite
ciertos niveles de violencia y que posee formas particulares
de canalizar los conflictos.
En
medio de ella [la disputa] hubo una gama de actores y actitudes que van desde
la víctima y su agresor, quienes llegaron a esgrimir flemáticas defensas
de sus puntos de vista, hasta aquellos que desde los mecanismos de control trataban de controlar a los
implicados en el hecho. (Gil, 1997, p.
51)
Tales relaciones tensas generaban el involucramiento de
la comunidad y en muchos casos el disimulo o la indiferencia, cuando una
disputa particular dejaba ver fisuras en el tejido social y en la escala de
valores dominante. Algunos conflictos
pasaron de disputas en las calles mediante la violencia directa a ser dirimidos en los tribunales, de tal
forma que el derecho juega un papel
cada vez más notorio en el mundo rural, conforme avanza el capitalismo.
Los mecanismos de control social son un factor importante
a tomar en cuenta a la hora de analizar por qué los conflictos por
tierras no degeneran necesariamente en violencia:
Allí
donde no había un policía, habrá un Agente de
Policía y si no ya habrá un sacerdote, un maestro, o un hombre de
bien y letrado el cual será la autoridad moral que dictará y
difundirá los nuevos preceptos impuestos por la moral dominante. (Gil, 1997, p. 57)
Las cabeceras de cantón fueron centros de poder
importantes, donde las familias principales que controlaban las actividades
agrícolas, en el caso de Naranjo prioritariamente el café,
establecían su jurisdicción y dictaban las reglas sociales a interiorizar por el resto de la
población, mediante las cuales hacían uso de su poder.
En este sentido, las normas servían además
para mantener a raya a las clases populares, pues las sentencias
pretendían establecer una diferenciación social y “acostumbrar”
a los costarricenses a las nuevas normas:
Aunque
las sentencias dictadas eran evitables con el pago de una multa, el resultado
de los procesos para la mayoría de los acusados de escasos recursos fue
una estadía prolongada (entre 30 y 90 días) en la
penitenciaría. Los procesos,
controlados por los agentes de policía, cayeron fuera de los tribunales y de sus reglas de evidencia, y dejaron mucha
amplitud “administrativa” a
las instancias policiales. (Palmer, 1999, p. 110)
Dadas las condiciones de arbitrariedad y la dependencia
de recursos económicos para evitar ir a prisión, las reglas y los
mecanismos de control difundidos por la elite liberal del país, fueron
asimilados o repelidos de maneras diversas
por las clases populares, las cuales utilizaban para tal fin los valores y costumbres comunales (Marín, 2007, pp.
146-147). En el caso de Naranjo, se observa
la tendencia de los pobres a intentar protegerse de abusos laborales, o bien de pequeños propietarios que se esforzaban
por mantener sus propiedades y no sucumbir
a las presiones de aquellos con mayor capital.
El control social se llevó a la práctica
mediante el miedo, al incentivar el temor hacia instituciones como la
cárcel, el cual se aunaba al miedo por el impedimento de trabajar y con
ello la imposibilidad de llevar sustento a la familia. Aunque provenientes de fuentes distintas, los mensajes de la
escuela, la iglesia y la prensa se orientaron hacia una moralización que privilegiaba el uso del
derecho y fustigaba contra la utilización de la fuerza bruta para la resolución de los
conflictos. El rechazo hacia el delito es una de las actitudes que se desea fomentar a partir de los
discursos sobre la criminalidad.
El papel de las “personas de
categoría” (Gil, 1997, p. 60) fue importante en la
canalización y resolución de los conflictos. Se trata de aquellos
individuos instruidos de la comunidad y en el caso de Naranjo el ejemplo
más notorio fue Félix
Arcadio Montero, quien fungía como abogado y representaba a familias distinguidas del cantón. Dado su
liderazgo y el respeto que le tenían los parroquianos,
participaba activamente en la mediación de las disputas y acrecentaba la idea de que el conflicto debía
resolverse siempre por la vía legal. En
estas personas letradas se combinaba la moral dominante con la costumbre campesina, para dar lugar a nuevas formas de convivir
cotidianamente con la conflictividad.
En última instancia, se interioriza la idea de que
no valía la pena pelear físicamente y exponer la vida, si se
podía llevar a cabo un proceso legal en el cual se depositaba la
confianza en un Juzgado. Este nivel de certidumbre en la labor del aparato judicial resulta digno de destacar
para la época, en tanto refleja en qué medida la población había
interiorizado las nociones del derecho como el medio legítimo para dirimir sus conflictos.
DENUNCIA
Y DELITO EN NARANJO
Para efectos del análisis que se lleva a cabo en
el presente artículo, a partir de los datos del Archivo Nacional de
Costa Rica, se construyó una base de datos que sirvió de sustento
para explicar la incidencia de las denuncias realizadas por los naranjeños en el periodo 1880-1924.
Para hacer más operativo el análisis, se
llevó a cabo una categorización de las denuncias de acuerdo a los
delitos inquiridos, de tal forma que se establecieron dos grandes
categorías. La primera se denominó delitos contra la vida y el honor, y en ella se agruparon varias
subcategorías; la segunda fue designada como
delitos contra la propiedad y el patrimonio, con sus correspondientes subdivisiones. Para clarificar el establecimiento de
dichas categorías, se presenta en la Tabla
1.
Cabe mencionar que tales categorías no son totalmente excluyentes, en tanto las denuncias podían implicar varios delitos; por ejemplo, una disputa por límites entre propiedades que termina en lesiones entre los involucrados o bien que una de las partes denuncia a la otra por “daños”. Al respecto, los “nuevos” delitos producidos por el auge del capitalismo agrario conviven con la moralidad de una sociedad precapitalista y campesina, en la cual tenían un peso importante las nociones de honor y rectitud, y se practicaban formas de resolución de conflictos alternativas.
DELITOS
CONTRA LA VIDA Y EL HONOR
En relación con la primera categoría de delitos, se observa en la Figura 3, cómo los delitos contra la vida y el honor presentan una tendencia irregular, en la cual se dan crecimientos y descensos que pueden ser atribuibles a subregistros o a situaciones particulares en la dinámica comunitaria.
Los
delitos agrupados en esta categoría muestran una tendencia de
crecimiento hasta el quinquenio de 1910-1915, cuando empezaron a disminuir significativamente,
a excepción de aquellos en los que se atentaba directamente contra la vida, como rapto y homicidio, o la
tentativa de cometerlos.
Más allá de estas transgresiones
específicas, es factible apreciar la disminución de las denuncias
que se produjo en los últimos años del periodo en la mayoría
de amenazas contra la vida y el honor, lo que podría estar relacionado con la canalización y apaciguamiento
de estas disputas, o bien con un cambio en
la escala de valores que hacía que las personas denunciaran menos por
estos motivos y más por otro
tipo de infracciones relacionadas con el auge del capitalismo agrario.
Curiosamente, en el último quinquenio se aprecia
un aumento en los delitos contra la vida, entre los que destacan principalmente
los raptos, que se realizaban primordialmente contra niños como una
forma de venganza o acción para perjudicar
a los padres. Asimismo, se notan amenazas de muerte que van acompañadas de agresiones como una forma de intimidación
directa, catalogadas como intentos de
homicidio, situaciones que difícilmente desembocaban en un crimen de
mayor envergadura. Para analizar
procesos particulares, se detallan dos casos de asesinato comprobado en el cantón.
En el primero de ellos, que más revuelo causó
entre los pobladores, se acusó a Ramón Marín de asesinar
de un disparo a Abel Mora en 1919. La rencilla entre estos dos
naranjeños estuvo teñida de rencores previos, suscitados por los
amoríos entre Mora y la hija
menor de Marín, el cual cargaba con el peso del “deshonor”
de su hija adolescente y de la
angustia por el sobreseimiento del caso contra Mora por violación y
“prostitución” de menores.
Dichas circunstancias se vieron alimentadas por el
expediente de riñas y conflictos que poseían ambos pobladores, lo
cual demuestra que eran proclives a resolver altercados mediante el uso de la
fuerza. No obstante, existía una noción de
honor masculino que debía preservarse en las disputas, pues implicaba
reconocimiento social:
“…teniendo en cuenta que Mora me decía que estaba desarmado,
dije a éste “yo no lucho
con usted si no tiene armas”. Él dijo que dentro de media hora estaría armado.” (Archivo
Nacional de Costa Rica, 1919, f. 8).
Marín era un comerciante que tenía una
posición económica estable en Naranjo, mientras que Mora se
dedicaba a trabajos temporales en el campo. Esta situación tuvo impacto
en el juicio, pues Marín consiguió como abogado al joven alajuelense León Cortés
Castro. Se denota cómo la influencia de las “personas de categoría” (Gil, 1997, p. 60) era
notoria en los pueblos rurales costarricenses a inicios
del siglo XX, y tener un abogado de renombre era una importante certidumbre para evitar un dictamen perjudicial.
La labor de Cortés como defensor fue fundamental,
pues se encargó de justificar el disparo hecho por Marín de toda
forma posible, a la vez que construía una imagen opuesta de los
involucrados: “Mi defendido ha observado una conducta de hombre honrado, con dedicación al
trabajo y enemigo de pendencias, ya que el occiso
fue un individuo de temperamento pendenciero y provocativo, sin
ocupación conocida y antes
bien, jugador.” (Archivo Nacional de Costa Rica, 1919, f. 45).
La descripción del fallecido intentó
acentuar la idea de la provocación, en tanto la imagen del agresor no
coincidía con las evidencias de múltiples causas por disputas en
las que Marín se había visto involucrado. No obstante, la moral
de la época enfatizaba la
necesidad de parecer recto, aunque en la práctica cotidiana los patrones de masculinidad acentuaban el uso de
la fuerza como mecanismo de socialización
y resolución de conflictos por parte de los varones.
Un punto a recalcar es que el derecho, como elemento que
pretende ser hegemónico en la resolución de conflictos, adquiere
un carácter moderno que fue explotado por los primeros profesionales que
lo ejercieron. Como Cortés Castro, quien
citó en el juicio una sentencia del Tribunal de Madrid, fechada en 1878,
en la cual según el jurista se
estableció el principio de “provocación
ilícita”, cuando una persona
actúa de cierta manera por provocación.
Al finalizar el proceso, a pesar de que el Juzgado de
Alajuela sentenció a tres años de cárcel al imputado,
curiosamente la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia revocó el
fallo y absolvió a Marín, a pesar de haberse probado que
disparó directamente contra
Mora. Incluso se le devuelve al imputado el revólver con el que realizó el disparo.
En el segundo caso de asesinato, se acusa a Abel
Chacón por dar muerte de una puñalada a Juan Cordero. El
enfrentamiento entre ambos se produjo en un lugar público y tiene todas
las características de una refriega callejera en la cual intervinieron una gran cantidad de vecinos
y, al exaltarse los ánimos, Chacón hirió mortalmente a Cordero (Archivo Nacional de Costa
Rica, 1918b).
Las autoridades intentan reconstruir el hecho y averiguar
qué provocó la riña, proceso que tuvo que ver con las
dinámicas propias del ejercicio de la masculinidad, aunadas a la cultura
de la ingesta de licor y el resarcimiento de enemistades del pasado.
Precisamente conflictos como este, que desembocó
en la trágica muerte de Cordero, son los que el derecho moderno
intentó encauzar hacia su mediación y posible resolución
por parte de las autoridades competentes, por lo que el derecho buscó disminuir los niveles de
violencia y reprimir los impulsos agresivos, encauzando las disputas hacia los tribunales y
pretendiendo hacer que la población interiorizara
la idea de que resultaba más beneficioso y seguro denunciar, que buscar revancha por medios propios.
Más allá de los casos de homicidio, las
lesiones y daños son causas de denuncia comunes en el periodo en
estudio, en tanto la agresión constituía un medio de dirimir disputas.
Ejemplo de ello fue la instrucción criminal por lesiones
recíprocas contra Rodolfo
Gutiérrez y Juan Mora. En esta reyerta, uno de ellos
“…tomó la vara de medir
i le descargó un golpe en el brazo y cabeza…”, (Archivo
Nacional de Costa Rica, 1885b, f. 4)
mientras que el otro “…tomó un machete de los caídos
en el suelo y con él le
descargó un tiro…” (Archivo Nacional de Costa Rica, 1885b,
f. 4). Tal nivel de violencia se
presentaba de manera normal en las comunidades y constituía una forma de resolver conflictos a partir del uso
de la fuerza.
En repetidas ocasiones, las denuncias por lesiones no fueron
acreedoras de un castigo directo por parte de las instancias judiciales, al
considerárseles un delito común en el cual resultaba usualmente
difícil establecer grados de culpabilidad. Tal es
el caso de la causa criminal seguida contra Alejandro Morales en 1883, en la
que no se dictó sentencia
alguna a pesar de las pruebas, pues se apeló a la “conducta intachable” del acusado. (Archivo Nacional de
Costa Rica, 1883).
Otras evidencias de sobreseimiento se dieron en el caso
de agresión de Eugenio Araya contra Margarita López, del ataque
con arma blanca de Ramón Marín contra José Hidalgo y del
policía Maximino Elizondo, quien agredió a José Ramírez (Archivo Nacional de Costa
Rica, 1882; Archivo Nacional de Costa Rica, 1892;
Archivo Nacional de Costa Rica, 1895).
De estos sumarios se extrae la conclusión de que
las lesiones no fueron un delito comúnmente castigado y que tendieron a
ser dispensadas por falta de pruebas. Sin embargo, en contadas ocasiones
sí se establecieron castigos, como sucedió con la causa por lesión de José
María Araya contra Ramón Marín. (Archivo Nacional de Costa Rica, 1890a).
Se puede notar cómo el carácter de las
demandas usualmente apelaba al derecho y a la idea interiorizada por parte de
las personas de que los conflictos se podían resolver mediante su
denuncia. Lo anterior resulta válido para este caso,
en el cual se trata de una agresión que, contrariamente a los otros
ejemplos mencionados, no pasó
desapercibida ante la demanda interpuesta y fue efectivamente sancionada, aunque el castigo no
resultó tan riguroso: “…falló condenando al procesado por el delito al que se ha hecho
mérito a la pena de veinticinco días de arresto o su equivalente en multa a pagar al
ofendido”. (Archivo Nacional de Costa
Rica, 1890a, f. 5).
Además, se observa en dichos expedientes
cómo la conducta de los policías distaba de ser irreprochable,
situación que se evidencia a lo largo del periodo. El altercado entre
Ramón Marín y Jerónimo Navarro, ocurrido en 1885,
demuestra el cauce que tomaban las
disputas y la actuación policial ante ellas: “Encontrándolo
allí el gendarme de
Policía, Jerónimo Navarro lo reconvino diciéndole que
Bejarano iba a traer armas para
tirarle, que se lo avisaba a fin de que se las quitara” (Archivo Nacional de Costa Rica, 1885a, f. 6).
El caso anterior remite al involucramiento policial y su
papel en la mediación de conflictos, pues mientras un policía se
encontraba en el lugar, no intervino directamente para evitar el
enfrentamiento, sino que son otros vecinos los que actuaron para separar a los enfrentados (Archivo
Nacional de Costa Rica, 1885a, f. 6v).
Las denuncias contra la autoridad policial fueron comunes
en el periodo; por ejemplo, cuando un grupo de vecinos acusó al Agente
Principal de Policía de San Jerónimo de Naranjo por
“atropellos y vejaciones indignas”, y porque además
había tomado dinero de fondos
comunes, se había embriagado y repartido licor (Archivo Nacional de Costa Rica, 1917). La policía
también es denunciada por su convivencia
con mujeres de “vida licenciosa” (Archivo Nacional de Costa Rica,
1923).
Otras acusaciones fueron aún más puntuales
y revelan las posibilidades de acción que tenían los vecinos
cuando no se encontraban a gusto con el comportamiento policial. Lo anterior
demuestra que los mecanismos de vigilancia y control social
eran bidireccionales, pues también se podían dar de parte de la
población hacia la
policía, que además estaban relacionados con la moral comunitaria
que dictaba lo que era correcto y las
formas de socialización en diferentes contextos.
Ello se demuestra cuando un policía
denunció a su propio compañero por abandonar su puesto de trabajo
en horas laborales: “…me consta que Teófilo Villalobos
Díaz, polizonte, abandonó su puesto en la noche del nueve del
corriente más llevándose
consigo un revólver que se le había entregado y una cobija
colorada…” (Archivo
Nacional de Costa Rica, 1900, f. 2).
El denunciante había interiorizado ya las formas
consideradas correctas para actuar por parte de una “autoridad”,
por lo que la conducta de su compañero le pareció reprochable y
denunciable. El policía inculpado, ante la denuncia, abandonó la comunidad de Naranjo y se
emitió contra él una orden de captura.
Al observar figuras de mayor peso político que los
policías, se puede apreciar que en el periodo en estudio se
contabilizaron al menos 30 casos de denuncias procesadas contra los jefes
políticos de Naranjo ante el Juzgado de Crimen de
Alajuela, principalmente por causas como abuso de autoridad y detención
arbitraria. En tales situaciones
podían verse implicados los diferentes niveles de mando, como se evidencia en la denuncia interpuesta por
Pedro Ulate, contra el alcalde de Naranjo,
Abel Castro:
[…]
me preguntó con voces alteradas por qué mi esposa le había
quitado á la de él un balde de ordeñar. Le respondí
que esos eran asuntos de mujeres en los cuales no intervenía yo; se
quejó de que en el trasto venía un poco de leche que iba á reclamar y le
contesté que en todo caso era leche de vacas mías pues no me las ha pagado todavía. Entonces
echó mano al revólver con violencia; al ver lo cual, y estando yo desarmado lo
agarré por los lagartillos y llamé á
la policía para que lo sosegara. No conseguí que lo calmaran sino
que me llevaran á la cárcel
donde se me detuvo por hora y media. (Archivo Nacional de Costa Rica, 1912a, f. 1)
A pesar de la declaración de hasta cinco testigos,
que se expresaron a favor de Ulate
y apoyaron su versión, además del policía que lo
arrestó y el jefe político, el Juzgado
de Alajuela declaró la causa sin suficientes pruebas y por tanto el
proceso fue sobreseído. En
casos como este se nota el peso de una figura política y la reticencia de los tribunales para establecer mayores
sanciones que pudieran afectar la estabilidad
y la organización de los poblados. También sale a la luz el
trasfondo económico de un
conflicto con la autoridad, cuando el querellante le reclama al alcalde no haberle pagado las vacas que le
vendió, por lo que el origen del conflicto remite a situaciones financieras.
DELITOS
CONTRA LA PROPIEDAD Y EL PATRIMONIO
En relación con los delitos contra la propiedad y
el patrimonio, el periodo en estudio presenta la particularidad de un aumento
constante en este tipo de causas, especialmente debido al auge de las
actividades económicas capitalistas y al crecimiento
del café como cultivo de exportación, así como a las
dinámicas propias de la venta y
apropiación de terrenos por parte de los pobladores. En la Figura. 4, se
puede apreciar la dinámica que
mostraron estos delitos en el lapso entre 1880 y 1924.
Se observa que los delitos asociados a la posesión
de tierras y a las deudas, experimentaron un crecimiento notorio en el periodo,
principalmente las deudas, que se dispararon de manera considerable, ya que
hasta 1900 se registraba aproximadamente
la misma cantidad de denuncias en ambos casos, pero para 1924 las deudas son más del doble de los conflictos
por tierras. Esta tendencia sirve para analizar
por qué en Naranjo, como en otras comunidades del país, el
capitalismo agrario estaba
reconfigurando las relaciones sociales, de tal forma que las dinámicas de conflictividad y las formas de
utilización del derecho implicaban cada vez más una lógica individualista y de
posesión de bienes materiales o dinero.
Las denuncias por deudas constituían la parte visible de un entramado más complejo de vínculos y relaciones de sociabilidad en el mundo rural, relacionados por ejemplo a valores como la confianza, la solidaridad y el compadrazgo. Dichos valores eran puestos a prueba cuando un comensal se endeudaba y no pagaba puntualmente, por lo que su vecino, quien le había prestado el dinero, pasa de amigo a acreedor, interponiendo una denuncia. Estas causas judiciales por deudas culminaban mayoritariamente con el dictamen de obligación de pago para la persona deudora, pero tales medidas no necesariamente se cumplían con prontitud, por lo que las deudas de dinero podían fácilmente convertirse en un trampolín para otros niveles de conflictividad o bien ocultar relaciones asimétricas y de poder al interior de la sociedad.
Mientras
tanto, las disputas por tierras podían aumentar el nivel de
conflictividad, pues usualmente representaban mayores cantidades de dinero o
bienes. Uno de los casos más connotados acaeció en 1889, cuando
la señora Ramona Vargas, viuda
de Judas Tadeo Corrales, reclamó el derecho sobre una propiedad que pertenecía a su esposo (Archivo Nacional de Costa
Rica, 1889, Judicial N° 30495).. La
titularidad del terreno también fue exigida por Leandro y Nicolás
Corrales, el primero de ellos hijo del
difunto (Monge, 2010, p. 58).
Este conflicto se desarrolló en el seno de la
elite naranjeña de la época, entre los descendientes y la segunda
esposa del que se considera el fundador del pueblo. La señora Vargas
demandó en 1888 su derecho a la herencia de la casa y una propiedad que poseía su marido.
Argumentó que Leandro y Nicolás Corrales usurparon la propiedad. El caso se complicó
por las descargas de los imputados y
por sus peticiones de establecer un peritaje, aludiendo constantemente a que la
finca no se encontraba inscrita en el registro
de la propiedad. Para ayudarse en sus
argumentos, los hombres implicados utilizaron los servicios del señor
Félix Arcadio Montero, uno de
los abogados considerados como personas de categoría en el pueblo, aquellos que asesoraban y mediaban en
las disputas.
Otro ejemplo de conflicto por tierras se observa con la
denuncia del señor Mercedes Esquivel contra Procopio Ramírez, por
usurpación de terrenos y de una casa que poseía en Dulce Nombre
de Naranjo, de la cual sin embargo admitió no tener título de propiedad. El afectado
pidió resarcimiento por los daños que consideraba se le habían infringido con la
ocupación por parte de Ramírez. El demandado no interpuso excepción alguna en el caso y la
alcaldía determinó la necesidad del desahucio inmediato (Archivo Nacional de Costa
Rica, 1890b, Judicial N° 30491).
Resalta también la demanda que interpuso Reyes
Villalobos contra el jefe político y contra la alcaldía de
Naranjo, en razón de que le obligaron a pagar un monto para el drenaje y
construcción de caminos, por tener una finca que colindaba con la
carretera principal del cantón.
El denunciante argumentó que él había pagado puntualmente todas las contribuciones por el uso y tenencia de
su finca, por lo que era injusto que le
cobraran más arbitrariamente. Al respecto, las autoridades judiciales de
Alajuela dictaminaron que no se
podía probar la culpabilidad o inocencia del jefe político Salustio Camacho, y que Villalobos
debía pagar su cuota para el mantenimiento del camino
(Archivo Nacional de Costa Rica, 1896b, Juzgado de Crimen de Alajuela N° 90).
En estos casos es posible notar el ejercicio del poder
por parte de las autoridades locales, que les servía para legitimar el
acceso a bienes y para establecer redes mediante las cuales se podía
controlar y recibir beneficios en el manejo del comercio,
propiedades, infraestructura, puestos políticos, entre otros.
Las situaciones de empoderamiento (cuando una persona
empoderaba a otra en el manejo de sus bienes) también generaban
conflictos en el mundo rural, pues se prestaban para confusiones, abuso de
poder o disputas por herencias. La posesión de
los bienes se convirtió en un factor que diferenciaba el mundo rural
tradicional de la irrupción del
derecho como mecanismo de legitimación de la propiedad privada.
Los robos fueron un delito común en el periodo en
estudio, aunque debe considerarse que por motivos culturales, posiblemente
muchos hurtos no fueron denunciados. Cabe considerar que en el espacio rural
que habitaban los naranjeños, los
vínculos vecinales usualmente permitían dar con los responsables,
aunque ello no implicaba
necesariamente sanciones.
Las víctimas de estas acciones eran
comúnmente animales. En 1884, Nazario Araya denunció la
desaparición de dos bueyes de su propiedad, los cuales se enteró que
fueron subastados por el jefe político de Atenas (Archivo Nacional de
Costa Rica, 1884, Municipal N°
12903). Por su parte, Mercedes Quesada acusó a Eusebio Alvarado sobre la nulidad de la venta de una yunta
de bueyes (Archivo Nacional de Costa
Rica, 1891, Judicial N° 30460).
En un caso similar, pero con mayor implicación por
parte de las autoridades, en 1896 David Chacón expuso la forma en la
cual varias vacas fueron sustraídas de su propiedad, por lo que cuando
se enteró de que la policía había decomisado un animal, acudió a la
Alcaldía para reclamarlo como suyo. Le exigieron pruebas para determinar que él realmente era el
dueño, muy a pesar de presentar testigos y
de llevar el hierro con el cual estaba marcada la vaca, el jefe
político, señor Lorenzo
Castro, se negó a concederle la entrega, por lo que Chacón se vio
obligado a denunciarlo ante el Juzgado
de Alajuela. El jefe político argumentaba en su defensa que el animal también era reclamado
por otras dos personas, Tranquilino Bonilla
y Mercedes Acuña (Archivo Nacional de Costa Rica, 1896a, Juzgado de Crimen de Alajuela N° 88).
En estos casos es factible apreciar la tentación
que implicaba para los vecinos la posesión de una vaca, pues involucraba
un capital que muchas personas no poseían. Además, resulta
notorio que los implicados acudían a la vía legal aun cuando es de suponer que no todos
podían ser los dueños del bovino, pero se arriesgaban calculando que podrían obtener un
beneficio importante. Por otra parte, las autoridades
no eran ajenas a este juego de intereses ni mostraban imparcialidad, sino que estaban permeadas por las dinámicas
propias de la conflictividad comunal y
de la realidad socioeconómica del cantón.
A pesar de las diferencias socioeconómicas o de
estatus, cabe resaltar que el derecho en ocasiones obviaba la procedencia de
los implicados y dictaba sentencia con criterios meramente técnicos. Un
ejemplo de ello es el caso en el que
se juzgó a Ana María Miranda, de ocupación sirvienta, por
haberse robado un pañolón
celeste de la casa en donde trabajaba, perteneciente a la familia Calvo. El proceso revela una estigmatización de la
muchacha como una persona que, aparte de
ser muy pobre, no era de confianza pues adolecía de “malas
costumbres” y “mala
conducta”, de acuerdo con los testigos que comparecieron. A pesar de esta imagen negativa construida y reproducida
socialmente, los tribunales no condenaron
a Miranda, al no existir prueba contundente aparte de la declaración de un vecino que la vio salir de la casa por la
noche, por lo que el caso no procedió y
se otorgó sobreseimiento (Archivo Nacional de Costa Rica, 1912b, Juzgado
de Crimen de Alajuela N° 2584).
Otro ejemplo del estigma social que cargaba quien era
acusado de hurto, y cómo este podía incidir en los tribunales,
tuvo lugar en 1922, cuando Marcos Jiménez denunció el robo de 40
colones de la casa de su hermano Lucas. Dos cuñados
de este último fueron acusados por algunos testigos y, de ellos, uno fue
condenado a siete meses de
prisión en San Lucas. En este caso, las nociones de persona “justa y trabajadora” (quien
fue absuelto), en contraposición a “vago y de malas costumbres” (descripción que
se hizo del condenado) tuvieron un peso importante
en la sentencia definitiva (Archivo Nacional de Costa Rica, 1922, Juzgado de Crimen de Alajuela N° 4273).
La evidencia muestra que los robos podían degenerar también en violencia física o en delitos más complejos, sancionados de manera más severa. Tal es el caso del altercado entre Pedro Zúñiga y Rafael Molina, acaecido en 1880, y en el cual se dieron amenazas de muerte e intentos de agresión por parte del primero hacia el segundo, a raíz de la acusación de hurto (Archivo Nacional de Costa Rica, 1880, Judicial N° 16497). Para apreciar comparativamente el peso de las dos categorías principales de delitos considerados en la presente investigación, conviene prestar atención a la Figura 5.
Se
presentan los delitos por deudas y los vinculados con la tierra y el comercio,
como líneas individuales, mientras que la última línea
representa los delitos contra la vida y el honor. Queda en evidencia que en la
década de 1880, la diferencia entre la cantidad
de denuncias era mínima, pero para finales del periodo en estudio, el
repunte de las deudas y de los delitos
vinculados con conflictos por tierras y generados por la actividad comercial y económica,
superaban con creces la totalidad de querellas presentadas
por infracciones contra la vida y el honor de las personas.
LA
POLÍTICA VINCULADA A LA NOCIÓN DE CRIMINALIDAD LIBERAL
Otros delitos ocurridos en el cantón de Naranjo
durante el periodo en estudio demuestran que la visión del crimen y la
forma de sancionarlo tenían relación no solo con el desarrollo
del derecho y los aparatos judiciales, sino con las formas de control, la política y la cultura
popular. Ejemplo de políticas vinculadas a la sanción del delito fueron los llamados
“destierros”.
El confinamiento era la expulsión de una persona
de San José, o de otra ciudad vallecentralina,
por un periodo determinado y como castigo por haber cometido un delito. Dichos procesos fueron comunes durante el
periodo en estudio y la región occidental
del Valle Central se convirtió en una zona de confinamiento. En 1905, el reo Jerónimo Carmona fue enviado a
Naranjo por un periodo de 15 meses y 22 días,
en los cuales debía permanecer en el pueblo: él fue procesado por
el delito de lesiones lesiones
(Archivo Nacional de Costa Rica, 1905a, Gobernación N° 40246). Una situación similar vivió Rafael
Chavarría, quien fue acusado en la capital por el delito de estafa y se le condenó a radicar
en Naranjo por un mes y seis días (Archivo Nacional de Costa Rica, 1905b, Gobernación
N° 40249).
En 1913, Jenaro Cordero desobedece una orden de
confinamiento que se había establecido contra él para que
permaneciera en Zarcero, que pertenecía aún a Naranjo, y fue
descubierto en Heredia: “El sábado recibí un telegrama del señor Agente Principal de
Policía del Zarcero en que me decía que capturara á Jenaro Cordero Chaverri por haber quebrantado la
pena de confinamiento que descontaba
en aquel lugar” (Archivo Nacional de Costa Rica, 1913a, Judicial N° 20213, f. 4). Al ser capturado, se remitió a
San Lucas a descontar una pena por cuatro
años.
La política se mezcló también con la
vida cotidiana en Naranjo. Un incidente que lo demuestra ocurrió a inicios
de 1918 cuando, como parte del alzamiento de Rogelio Fernández
Güell contra la dictadura de los hermanos Tinoco, las
autoridades reportaron movimientos revolucionarios en Naranjo, donde los insurgentes “…levantaron al pueblo,
desarmaron a la policía, los repusieron, nombraron
Jefe Político a Esteban Ramírez, desconectaron el aparato telegráfico, tomaron posesión de la oficina de la
jefatura, de la Telegrafía, saquearon el parque
y municiones del establecimiento…” (Archivo Nacional de Costa Rica,
1918a, Guerra y Marina N° 9968).
El vandalismo también se dio en el cantón,
como lo evidencia el incendio provocado en la escuela del distrito de El
Rosario en 1913. Este caso se dilató entre las investigaciones y la
presentación de pruebas, por lo que prescribió tras pasar más de siete años entre
el hecho y el juicio (Archivo Nacional de Costa Rica, 1913b, Juzgado de Crimen de Alajuela N° 3004).
Por su parte, los naranjeños jugaron un papel
significativo en el engrosamiento de instituciones como el ejército, como
lo demuestra el listado levantado entre 1908 y 1919, periodo en el cual 600
vecinos del cantón se convirtieron en soldados,
pasando a formar parte del cuerpo castrense.
Finalmente, como ejemplo de esa necesidad constante de
control e institucionalización y de preocupación por reprimir el
delito, en 1923 el jefe político de Naranjo solicitó más
policías al Ministro de Gobernación, argumentando que en el cantón habitaban 1.500 personas,
existían ocho puestos de licores, pero solo estaban designados tres gendarmes. Por ello,
requerían dos policías más y un sargento, con el fin de evitar el aumento en las
ventas de licor clandestino, los juegos
prohibidos y las faltas diversas (Archivo Nacional de Costa Rica, 1923, Gobernación N° 40796).
CONCLUSIONES
El control social ejercido por el aparato institucional
del Estado durante el periodo liberal, tanto en Naranjo como en otras regiones
del país, buscó establecer la interiorización de ciertas
normas y hábitos que transformaban las prácticas populares de sociabilidad y las encauzaban
hacia el derecho. El Estado intentaba el control
no solo del desarrollo económico y de la viabilidad comunicativa y
agraria, sino también de las
costumbres y las relaciones vecinales, de ahí que en 1880 se estableció un nuevo Código Penal, el
cual se aplicó en ocasiones de manera laxa y dependiendo del contexto y de los participantes en
las querellas.
Existieron dos tendencias en relación con los
delitos. Aquellos que atentaban contra el honor y la vida tendieron a aumentar
lentamente, y al final del periodo disminuyeron; fueron canalizados hacia
discusiones menos violentas, en las
cuales la moral popular, el novel derecho moderno y las “personas de
categoría” dirigían
las riñas hacia un ámbito legal. Entre tanto, las infracciones
vinculadas con el capitalismo agrario,
como las deudas y los problemas por tierras y actividades comerciales, tuvieron un repunte considerable y
generaron nuevas formas de conflicto,
así como una propensión creciente a acudir a los tribunales a
denunciar, cuando estaba en juego el
patrimonio individual o familiar.
En los conflictos del mundo rural naranjeño es
posible apreciar cómo diversos intereses convergían en las causas
denunciadas y llevadas a juicio. Por ejemplo, se involucraban las autoridades,
con su dosis de poder y de control, las leyes y su adaptación
por parte del aparato judicial, la cultura popular que desarrollaba formas propias de ver, condenar moralmente o relativizar
la delictividad, y finalmente, aquellos
que vivían y trabajaban cotidianamente, tanto quienes poseían
capital y lo invertían, como
los que no lo tenían y dependían del peonaje u otros trabajos socialmente análogos.
Es por ello que el número de peones
aumentó, así como el crédito, los préstamos entre
vecinos y los altercados por tierras. Crecieron también la desconfianza
entre vecinos y la idea de que los tribunales son buenos lugares para recuperar bienes o salvaguardar
derechos patrimoniales (casas, propiedades, animales,
cultivos, bienes, dinero, entre otros).
Las reyertas que podían terminar en lesiones
serias u homicidios disminuyeron y las nuevas formas de conflictividad
enfatizaron la disputa por la propiedad privada y la complejización
económica y cultural de la sociedad rural, en la
que es presumible pensar que instituciones como la Iglesia debieron
reconstituir su presencia social en la
cotidianidad.
No obstante esta modernización, las nuevas
prácticas del derecho convivieron con la moral popular, las nociones de
masculinidad de la sociedad patriarcal y una visión particular del honor
ligada a la rectitud (conducta intachable) que
se vinculaba con la “palabra de honor” como forma de vida, pero
también con el uso de la fuerza
y la intimidación.
Naranjo formaba parte de la región occidental, y
esta del país, por lo que en la comunidad se evidenció
cómo las prácticas tradicionales se entremezclaron con el desarrollo
productivo, la complejidad creciente de la cultura y la
institucionalización de normas
y mecanismos de control social. Se reflejó además la
conflictividad del mundo liberal
costarricense a pequeña escala, con lesiones, estafas, juegos “prohibidos”, casos de embriaguez,
indisciplina tributaria, oportunismo, abuso de autoridad
y corrupción de quienes ostentaban puestos públicos; es decir,
todo un universo social que distaba
mucho de la pasividad y el confort, donde se predicaba una moral cristiana, pero no se practicaba, ya que
más bien la cultura popular exudaba
conflicto, adaptación y transgresión.
REFERENCIAS
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en Costa Rica 1750-1880. Costa Rica: Zeta Servicios Gráficos S.A.
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ACERCA
DEL AUTOR
Eduardo González Ayala: Profesor
e investigador de la Sede de Occidente, Universidad de Costa Rica. Correo
electrónico: edgonaster@gmail.com