Asilo y detencion2

El golpe de Estado en Guatemala: 1954

En 1944 un levantamiento cívico militar, legitimado en el derecho a la rebelión, acabó con la dictadura de trece años de Jorge Ubico. La Junta Revolucionaria de Gobierno, formada por Jorge Torriello, el coronel Francisco Javier Arana y el capitán Jacobo Arbenz, inició un proceso de reformas democráticas, antioligárquicas y antiimperialistas, que se pondrían en práctica bajo la presidencia de Juan José Arévalo (1945-1951) y de Jacobo Arbenz (1951-1954). Durante este periodo se reconocieron derechos civiles, políticos y sociales a sectores de la población anteriormente excluidos, se amplió la ciudadanía con la extensión del derecho al voto, se creó la ley y el Instituto de Seguridad Social, se sancionó el Código de Trabajo y se comenzó la construcción de la carretera hacia el Atlántico y el puerto San José. Hacia 1952, la revolución iniciada desde arriba se profundizó a tal punto que tocó, con la reforma agraria, la espina dorsal de la dominación oligárquica: buscó “liquidar la propiedad feudal” de la tierra y abolir el trabajo forzado a través de la movilización de los mismos campesinos.1

Pero en junio de 1954, la revolución acabó por una convergencia de factores internos y externos, los cuales se enhebraron gracias a la operación encubierta contra Guatemala fraguada por la Agencia Central de Inteligencia, entre 1952 y 1954, una operación estadounidense que se denominó PBSuccess (Cullather, 2002; Grandin, 2001). Ni los intereses económicos del enclave estadounidense United Fruit Company, ni la invasión militar llevada a cabo por el grupo de mercenarios centroamericanos desde Honduras, fueron tan efectivos para entrometerse en los asuntos internos de Guatemala como la campaña psicológica, económica y diplomática. La hipótesis de la intervención estadounidense es la Guerra Fría: para los funcionarios de la CIA, Guatemala era una potencial cabeza de playa soviética en el hemisferio occidental; mucho antes de que se pusiera en práctica la reforma agraria, la CIA había considerado a Guatemala una amenaza suficiente para justificar una acción encubierta.

El espacio de libertad política del Gobierno de Juan José Arévalo había propiciado la fundación del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), un desprendimiento de los partidos que lo habían llevado a la Presidencia y había favorecido la participación de sus líderes en los gobiernos revolucionarios (Flores, 2011, pp. 119-166; Fortuny, 2008, pp. 51-54).2 El Gobierno de Jacobo Arbenz no tuvo un programa comunista, ni relaciones diplomáticas con los países comunistas, pero en 1952 legalizó el PGT. Durante su gobierno, los comunistas tuvieron cuatro bancas en el Congreso (Víctor Manuel Gutiérrez, José Alberto Cardoza, César Montenegro Paniagua y Carlos Manuel Pellecer Durán), una presencia destacada en la Central General de Trabajadores Guatemaltecos, en la redacción de la ley de reforma agraria, en la creación del Banco Nacional Agrario y en muchas otras decisiones del Presidente.

Según Piero Gleijeses (1989), la influencia del PGT sobre Jacobo Arbenz, especialmente la de sus amigos Alfredo Guerra Borges, Mario Silva Jonama, Víctor Manuel Gutiérrez y José Manuel Fortuny (el secretario general del partido), es un dato crucial para entender la conspiración llevada a cabo en 1954 por Estados Unidos, que desencadenó el final del proceso revolucionario guatemalteco: “En ningún país de América Latina un presidente había tenido tanta cercanía al partido comunista como la tuvo Arbenz, en ningún país de América Latina un partido comunista había sido tan influyente como fue el PGT” (Gleijeses, 1989, p. 480).3 A esto ayudó la compra de armas a Checoslovaquia en mayo de 1954, cuando ya se tenía conocimiento de la invasión militar a Guatemala y la prohibición de los Estados Unidos al mundo entero de vender armas a Guatemala (Perutka, 2014).

La invasión militar iniciada el 17 de junio fracasó. El ejército liberacionista regresó a Honduras el 20 de junio y Jacobo Arbenz renunció siete días después. En esa semana, la acción diplomática del departamento de Estado fue crucial. Sintéticamente, logró la renuncia del presidente Arbenz y la traición por parte de los jefes militares a cargo del gobierno. Los altos mandos del ejército permitieron la firma del Pacto de San Salvador, mediante el cual el ejército nacional entregó el poder político al coronel Carlos Castillo Armas, quien entró triunfante a la ciudad el 3 de julio de 1954.

El triunfo de la operación hizo suponer a muchos funcionarios de la administración Eisenhower que las operaciones secretas ofrecían un substituto seguro y barato de la acción directa de las Fuerzas Armadas, cuando había que oponerse a las incursiones comunistas en el Tercer Mundo (Cullather, 2002). La represión de los guatemaltecos asilados en los diferentes países de la región ofrece un ejemplo de cómo los organismos de inteligencia de América se coordinaron para la represión política.

El asilo político

Cuando el golpe de Estado fue inminente, las amenazas, el sentimiento de indefensión y el pánico generalizado, se produjo un “asilo político en masa” (Torres, 1960; García, 2010). El mismo jefe de las Fuerzas Armadas, el día en que estaba tomando el mando presidencial, conminó a Fortuny a que se asilara lo antes posible junto a Carlos Manuel Pellecer y Víctor Manuel Gutiérrez, pues los estaban buscando para capturarlos (Flores, 2011, p. 208; National Security Archive, 1954).

La junta militar presidida por Castillo Armas dictó la ley Preventiva Penal contra el Comunismo que facultó al Comité de Defensa Nacional contra el Comunismo, un organismo de inteligencia creado por la CIA, nacido el 19 de julio de 1954 (Junta de Gobierno, 19 de julio de 1954), para establecer un registro “organizado técnicamente, de todas las personas que en cualquier forma hayan participado en actividades comunistas” (Junta de Gobierno, 24 de agosto de 1954) y más tarde el establecimiento de la pena de muerte por actividades de resistencia susceptibles de ser consideradas como comunistas (Junta de Gobierno, 24 de diciembre de 1954).

Los países elegidos para buscar asilo político fueron aquellos cuyos delegados habían manifestado cierta disconformidad con la ponencia anticomunista de Estados Unidos en la X Conferencia Interamericana de Caracas. La Declaración de Solidaridad para la Preservación de la Integridad Política de los Estados Americanos contra la Intervención del Comunismo Internacional, había sido aprobada por 17 votos, dos abstenciones (Argentina y México) y el voto en contra de Guatemala en marzo de 1954.

Las embajadas mexicana y argentina se colmaron de partidarios del arbencismo, aunque a la segunda no se llegó nunca como primera opción. El gobierno argentino brindó asilo a más de 200 personas, las cuales tuvieron que convivir en la sede diplomática durante tres meses. En general, se trató de sindicalistas, intelectuales jóvenes y líderes estudiantiles, muchos junto a sus familias. Entre ellos estuvieron Víctor Manuel Gutiérrez (miembro del comité central del PGT, secretario general de la Central General de Trabajadores Guatemaltecos y diputado del PGT) y Carlos Manuel Pellecer (secretario de la Central General de Trabajadores Guatemaltecos y diputado del PGT) a quienes se les aisló en un cuarto de la embajada. A otros 13 se les confinó en el garaje, con prohibición de hablar con los demás. Entre estos estaban Ernesto Guevara, el doctor Antonio Díaz (presidente del Partido Comunista de El Salvador) y otros miembros del PGT como Ricardo Ramírez, Florencio Méndez, Luis Arturo Pineda, Raúl Salazar, Mario Orantes Arana, Roberto Castañeda, Cheché Vega, Roberto Muralles, Faustino Fermán Tino, Humberto Pineda, Tomás Yancos, Hilario Rivas Arroyo y “Figaro” Vásquez. Aparentemente, algunos de estos lograron escapar de la embajada (González, 2010).

En septiembre de 1954, el Gobierno de Juan Domingo Perón implementó las medidas para transportar a los asilados. La primera flota partió de Guatemala el 9 de septiembre. Llevaba consigo casi a la totalidad del grupo de los 13. Los motores de ese avión, como el que partió el 14 de septiembre con otro grupo de asilados, fallaron durante el vuelo. Durante el trayecto entre Santiago de Chile y Buenos Aires, los pasajeros debieron tirar su equipaje en pleno vuelo para estabilizar el avión. El 1 y el 18 de octubre partió el segundo grupo de asilados. Los recién llegados fueron trasladados al Hotel de los Inmigrantes, recibidos y atendidos por el gobierno argentino, durante lo que demoraba el trámite de la documentación para su estancia en el país. Los adultos debían presentarse todas las semanas a la comisaría policial para demostrar que su papelería estaba en orden (González, 2010).

Sorpresivamente, el 22 de octubre de 1954 un grupo de más de 304 guatemaltecos, pese a estar amparados por la figura del asilo político, fueron detenidos y, sin juicio previo, puestos presos en la cárcel de Villa Devoto. El presente artículo tiene por objetivo abordar tres dimensiones que permiten dar cuenta de las condiciones de posibilidad de este acontecimiento: la ideológica, la normativa y la política exterior. Asimismo, abrir una hipótesis sobre la liberación de esos políticos basada en las relaciones del Partido Comunista Argentino y el peronismo. Con su abordaje nos adentraremos en la complejidad y ambigüedad que caracterizó a los populismos clásicos de América Latina. El acontecimiento, que podría haber quedado como una anécdota, resultará una excusa para reponer la década del cincuenta, muchas veces opacada por las décadas del sesenta y setenta, como coyuntura crítica para explicar las condiciones sociohistóricas de la violencia política en América Latina (Rostica, 2014).

El peronismo, su ideología y el anticomunismo

El peronismo fue una de las experiencias políticas caracterizadas como populistas. Para decirlo sintéticamente, entendemos que los populismos clásicos surgieron en el marco de una crisis estructural, del orden liberal; se basaron en una alianza entre el Estado, la burguesía industrial y el proletariado urbano industrial; expandieron los derechos sociales y políticos; manipularon a las clases populares, pero a su vez representaron un medio de expresión de sus inquietudes. Por populismo clásico nos referimos al caso de México (1934-1940), Brasil (1951-1954) y Argentina (1945-1955) (Ansaldi y Giordano, 2012, pp. 86-101; Nercesián y Rostica, 2014, pp. 137-142). Weffort (1980) señala que los populismos se caracterizaron por una: “estructura institucional de tipo autoritario y semicorporativo, orientación política de tendencia nacionalista, antiliberal y antioligárquica, orientación económica de tendencia nacionalista e industrialista, composición social policlasista, pero con apoyo mayoritario de las clases populares” (pp. 84-85).

Los populismos tuvieron un carácter ambiguo, como esgrimen Mackinnon y Petrone (1998), pues así como desde la intención de sus promotores constituyeron movimientos de cooptación a gran escala, los populismos poseyeron elementos de cambio que superaron las intenciones de sus líderes y llegaron a constituir movimientos que fueron vistos como una potencial amenaza (pp. 46-47): por las clases dominantes, por los militares que instauraron las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas de las décadas del sesenta y setenta de Argentina y Brasil y, se podría arriesgar, por los mismos líderes populistas. Muchos discursos de Juan Domingo Perón de comienzos de la década del setenta irían en esta dirección. Fueron experiencias históricas democráticas, pero con dosis autoritarias nada desdeñables. A lo largo del artículo nos centraremos en estas últimas, pues consideramos que en estas hay claves explicativas y elementos fundacionales de la historia reciente.

En Argentina, la revolución del 43 vino a poner fin a la llamada década infame (1930-1943) caracterizada por el fraude electoral, la corrupción y el clientelismo. La crisis del modelo agroexportador había forzado la creciente industrialización de bienes que antes se importaban, lo cual había generado un proceso de modernización conservadora; es decir, un proceso que no había beneficiado a la clase trabajadora. Esta, por el contrario, sin leyes laborales que la protegieran, se había visto perjudicada. La dictadura encabezada por el general Edelmiro Farrel decidió poner coto a este problema. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión del gobierno de facto, Juan Domingo Perón amplió significativamente los derechos sociales de los trabajadores, tras un complejo proceso de lucha social generado a propósito de su sanción y aceptación (Sidicaro, 1998).

En 1945 Farrel y Perón, habiendo declarado la guerra a Alemania y Japón y anunciado la legalización del Partido Comunista, decidieron preparar el camino para la realización de elecciones. El camino, sin embargo, también fue minado por el embajador norteamericano Spruille Braden, un hombre que estaba a favor de la política imperialista estadounidense. Las acciones de Braden no pueden soslayarse a la hora de analizar la politización del conflicto social que fue acrecentándose hasta la famosa marcha opositora del mes de septiembre. Esta movilización impactó en los militares antiperonistas, quienes encarcelaron a Perón. Como respuesta, el 17 de octubre de 1945 un sector social desconocido hasta entonces, miles de trabajadores industriales, irrumpió en la capital en una masiva manifestación para reclamar su libertad.

Ante la contundencia del apoyo popular, se llamó a elecciones en 1946, que dieron por ganador a Juan Domingo Perón con el 55% de los votos. Perón ejerció su primer mandato presidencial entre 1946 y 1952. En las elecciones de 1951 fue reelegido con el 62,4% de los votos, y gobernó desde 1952 hasta 1955, cuando fue destituido por un golpe de Estado. Su gobierno siguió fomentando la industrialización y una distribución del ingreso más equitativa, llevando a cabo la nacionalización de varios servicios públicos y fuentes de energía y ampliando la ciudadanía política a las mujeres. A juicio de James (1999), un legado crucial de la era peronista consistió “en la integración de la clase trabajadora a una comunidad política nacional y un correspondiente reconocimiento de su status cívico y político dentro de esa comunidad” (p. 25).

Las bases filosóficas del peronismo se encuentran en una conferencia de Juan Domingo Perón del 9 de abril de 1949 titulada La Comunidad Organizada. En esta, Perón abogó por la superación de la lucha de clases por medio de la colaboración social y la dignificación humana. La comunidad tendría por objetivo la armonía, la necesidad de equilibrio entre el progreso material y los valores espirituales. Perón hablaba de una tercera posición que era el justicialismo. Los dos pensamientos anteriores al justicialismo eran el individualismo liberal capitalista y el colectivismo comunista, los cuales estaban encarnados en dos hemisferios, en dos bloques geopolíticos e ideológicos, uno liderado por los Estados Unidos y otro por la Unión Soviética durante la llamada Guerra Fría. De cara a la polarización que planteaba el mundo de postguerra, el justicialismo atinaba a proponer un camino nacional, una posición superadora de ambas ideologías a través de la armonización de ambas:

Ninguno de ellos había realizado ni podía realizar la felicidad del hombre. Por un lado, el individualismo capitalista sometía a los hombres, a los pueblos y a las naciones a la voluntad omnipresente, fría y egoísta del dinero. Por el otro lado, el colectivismo, detrás de una cortina de silencio, sometía a los hombres, a los pueblos y a las naciones al poder aplastante y totalitario del Estado… ninguna de las dos soluciones había de llevarnos a la conquista de la felicidad que nuestro pueblo merecía. Por eso decidimos crear las nuevas bases de una tercera posición que nos permitiese ofrecer a nuestro pueblo otro camino… Así nació el justicialismo. (Perón, 1952, p. 2).

La política del Gobierno peronista en relación a los guatemaltecos que buscaron protección argentina en 1954 debe ser analizada bajo estos parámetros. El periódico oficialista La Época había saludado el golpe de Estado contra Arbenz como una victoria de la tercera posición (citado en “¡Unámonos en la solidaridad”, 1954, p. 2). Y el asilo político, tal como fue pensado por el consejero Torres Gigena de la embajada argentina en Guatemala, expresó también esa idea de la tercera posición. Torres había sido convocado especialmente por Perón como especialista en derecho internacional y experto en derecho de asilo, debido a la negativa inicial del Gobierno de Carlos Castillo Armas de otorgar salvoconductos a los asilados (González, 2010). Torres (1960) esgrimió que Argentina otorgó asilo sin discriminación de ideología política y que llegó más lejos:

No discrimina ni aún sobre la posición ideológica del asilado con respecto al propio Gobierno argentino. Se puede citar el caso del diputado guatemalteco Víctor Manuel Gutiérrez, a quien se concedió asilo a pesar de sus ataques por la prensa y desde su banca contra el Gobierno argentino. (pp. 61-62).

Carlos Manuel Pellecer, sin embargo, contó que el Gobierno de Perón no les otorgó el asilo a todos los guatemaltecos, y que por ese motivo algunos de ellos debieron buscar otro país adonde dirigirse y mientras tanto, estuvieron de paso por la Argentina, detenidos, hasta que se resolvió su situación.5 De un modo o de otro, el gobierno argentino aceptó ingresar al país a figuras destacadas del comunismo guatemalteco, políticos claves durante el Gobierno de Jacobo Arbenz, que incluso habían atacado al peronismo. Pero eso no implicó que una vez que llegasen al país tuviesen la libertad de profesar su ideología política.

Según el consejero Torres (1960), el asilo diplomático terminó cuando el gobierno guatemalteco otorgó los salvoconductos y las personas asiladas llegaron al país receptor. Teóricamente, “cuando el asilado deja la sede diplomática y llega al país asilante se incorpora como habitante del mismo y como tal debe sujetarse a las disposiciones de sus leyes” (p. 225). En Argentina, durante un momento particular del Gobierno peronista, se crearon y se pusieron en disponibilidad todo un corpus de leyes represivas –como ilustraremos en el siguiente apartado de este artículo– que permitía el encarcelamiento de personas por razones políticas e ideológicas. Los guatemaltecos fueron apresados mediante esas leyes por ser considerados opositores, comunistas entre comillas, pues muchos de ellos si bien no estaban afiliados al partido, habían estado en algún momento tras la cortina de hierro. Varios testimonios afirman que los guatemaltecos fueron increpados por sujetos pertenecientes a las fuerzas policiales –la Sección Especial– que contaban con informes donde se reseñaban sus viajes realizados previamente por América y Europa. Se sabe que Antonio Obando Sánchez, anteriormente miembro del PGT, y Carlos Enrique Dardón, que nunca había sido miembro del partido, habían viajado a la Unión Soviética y que este fue uno de los datos sobre el cual la policía los interrogó.6 A juicio de Antonio Obando Sánchez se trataba del FBI. Encontramos esta misma referencia en un poema que el poeta comunista Raúl González Tuñón escribió en relación a los presos en la cárcel de Villa Devoto: “Un muro de sombra ofende a mi pueblo. La historia lo sabe: la noche está ahí. No es su carcelero la patria que aman. ¡Son los prisioneros del F.B.I.!” (1955).

La primera condición, entonces, que permite comprender el encarcelamiento de los guatemaltecos es el carácter ambiguo del peronismo. Su política heterodoxa permitió brindar asilo a muchos guatemaltecos arbencistas y a destacados comunistas del PGT, e incluso vehiculizar su salida a Checoslovaquia, pero también encarcelar a un grupo de guatemaltecos sospechosos de ser comunistas. Según algunos autores, Juan Domingo Perón nunca dejó de temer una revolución comunista y esa es la explicación a su negación de entregar armas a los obreros para que defendieran su gobierno hacia 1955, en las postrimerías de su caída (Waldman, 1986, p. 244).

Las leyes de seguridad

Nuestra segunda hipótesis busca explicaciones al encarcelamiento del grupo de guatemaltecos en la utilización del sistema penal formal durante el peronismo como instrumento para controlar a sectores políticos o ideológicos disidentes.

Los comienzos de la crisis económica del Gobierno peronista en 1952 habían sido acompañados por la disconformidad de los sindicatos y de las Fuerzas Armadas, dos de los principales factores de poder. Las huelgas fueron menores en número, pero abiertamente opositoras. Cabe recordar las huelgas ferroviarias de 1950-1951 y las metalúrgicas de 1954. La creciente disconformidad de las Fuerzas Armadas se visibilizó con el intento de golpe de Estado de la Marina, encabezado por el general Benjamín Menéndez en septiembre de 1951. Pero los rasgos represivos del régimen se acentuaron desde el 15 de abril de 1953, cuando estallaron en Plaza de Mayo algunas bombas colocadas por grupos opositores durante un acto sindical de la CGT. A esto siguió la reacción: grupos peronistas incendiaron la Casa Radical, la Casa del Pueblo Socialista y el Jockey Club, a lo cual siguió una amplia e indiscriminada detención de dirigentes. El acto terrorista dejó un saldo de siete muertos y casi un centenar de heridos; el gobierno respondió con una ola de alrededor de 4 000 arrestos.

En rigor, desde 1949 Perón había comenzado a acentuar los rasgos represivos del Estado y la división del sistema político en dos bloques, dejando atrás las consignas armonizadoras. En 1948 dictó la ley Nº 13234 de “normas para organizar la Nación para tiempo de guerra desde tiempo de paz”. En 1949 entró en vigor la Constitución reformada, la cual en su artículo 29 preveía una considerable ampliación de la competencia de los tribunales militares. Según Peter Waldman (1986) esto tenía que ver con una concepción de defensa que se definía brevemente en la fórmula la Nación en armas: se debía movilizar todos los recursos, todo el potencial humano, económico e ideológico para poder imponerse en una contienda bélica moderna. Así, el límite entre lo civil y lo militar se esfumaba.

Durante los sucesos que enfrentaron a Perón con los ferroviarios, el presidente declaró la ilegalidad del paro, puso en marcha la ley de seguridad nacional, sometió a los huelguistas a la justicia militar y fueron cesanteados y encarcelados varios de ellos. Se trata de la ley Nº 13985 de represión del espionaje, sabotaje y traición, sancionada el 27 de septiembre de 1950, la cual estipulaba los delitos contra la seguridad de la nación. Más adelante se utilizaron otras herramientas penales como la ley de residencia y las detenciones efectuadas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) para expulsar o encarcelar a quienes se consideraba peligrosos.

La ley de residencia N° 4144, sancionada en 1902, tenía por finalidad limitar el accionar disruptivo de los inmigrantes a los cuales se acusaba de generar desórdenes y disturbios en las protestas obreras. Su aplicación permitió expulsar del país a trabajadores extranjeros –principalmente a aquellos caracterizados como anarquistas, socialistas y comunistas– durante 56 años. Esta ley recién fue derogada en 1958 bajo el mandato de Arturo Frondizi. El Poder Ejecutivo era el encargado de llevarla adelante, a través y por lo general a solicitud de la Jefatura de Policía, se decretaba la detención y expulsión del país de cualquier inmigrante considerado socialmente peligroso sin juicio, sin defensa y sin apelación.

La declaración del estado de guerra interno, ley Nº 14062, fue una respuesta inmediata a la sublevación de la Marina. En un comienzo fue declarado por el Ejecutivo por medio del decreto 19376/51, luego fue aprobado por el Congreso a través de la ley N° 14062 y finalmente declarado constitucional por la Corte Suprema de Justicia el 24 de julio de 1952. El estado de guerra interno fue declarado para todo el territorio nacional, sin limitación temporal y sin determinación del alcance de las suspensiones a los derechos. En ella se aplicaban normas y pautas militares a la persecución de enemigos políticos y se ampliaba la competencia de la justicia militar a grandes sectores de la población civil. La declaración generó fuertes discusiones en el Congreso y denuncias de inconstitucionalidad y fue derogada el 15 de septiembre de 1955, después de la caída de Perón. Un diputado peronista, el 11 de agosto, lo explicaba del siguiente modo:

Existe estado de guerra no solamente en el caso de una guerra internacional, sino también en situaciones análogas de conmoción producida por sublevación, por rebelión, por sedición o por anarquía que afecte profundamente la seguridad social, el orden social y el orden público, entendiéndose por orden público la esfera donde se mueven los intereses vitales y permanentes de la colectividad o la parte del orden jurídico que tutela los fines primordiales de la colectividad. (Biblioteca del Congreso, 1955).

El estudio de Mariana Nazar (2009) acerca de las prácticas de control social contra los trabajadores en el periodo peronista, es ilustrativo sobre la aplicación de estas medidas. Su trabajo con expedientes del fondo documental “Ministerio del Interior, expedientes secretos, confidenciales y reservados” del Archivo Intermedio del Archivo General de la Nación, le permite dar cuenta que de un total de 220 expedientes, 261 personas fueron expulsadas por la ley de residencia y 575 personas detenidas a disposición del PEN en el marco del estado de guerra interno.

El procedimiento que se aplicaba para las expulsiones por la ley de residencia y para las detenciones bajo el PEN era similar y lo iniciaba la Policía Federal o la Policía Provincial. Zaffaroni y Arnedo (1996) lo conceptualizan como “represivización a nivel policial”. Además de la aplicación de la ley de residencia o del estado de guerra interno, la policía, a través del Reglamento de Procedimientos Contravencionales aprobado por Decreto 10868/46, quedó facultada para sancionar y aplicar edictos con el fin de reprimir actos no previstos por las leyes en materia de seguridad.

Según los datos recabados por Nazar (2009), la cantidad de contravenciones que esta institución registraba por año durante el peronismo rondaba las 50 000. Respecto a los detenidos por la ley de residencia, la mayoría de las solicitudes de expulsión en el periodo 1946-1955 se argumentaron por razones ideológicas: unos por nazis (128), otros por comunistas (116). En relación a las detenciones bajo el PEN, entre 1951 y 1955 se detuvieron a 368 personas por comunistas.

Los guatemaltecos fueron detenidos en virtud del estado de guerra interno declarado en Argentina. Lamentablemente, es poco lo que sabemos. En la mayoría de los fondos documentales que hemos revisado, el caso del asilo y detención de los guatemaltecos está ausente. En el Archivo Histórico de Cancillería, donde se alberga la información referida a los trámites de asilo político, no hemos encontrado documentos respecto a este asilo político en masa. En los archivos del Servicio Penitenciario Federal, donde suponíamos que podría haber quedado algún registro de la entrada y salida de los detenidos o del control semanal que la Policía Federal hacía sobre los guatemaltecos en el país, tampoco existe información. En el Archivo Intermedio del Archivo General de la Nación, el fondo documental “Ministerio del Interior, expedientes secretos, confidenciales y reservados” no guarda información relacionada al caso guatemalteco.

Hemos encontrado referencias en los diarios de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se pueden vislumbrar los numerosos pedidos de informes al Poder Ejecutivo que los diputados radicales Ferrer Zanchi, Liceaga, Weidmann, Alende y Perette solicitaron, “relativos a la detención de ciudadanos guatemaltecos” (Biblioteca del Congreso, 1954). También hubo notas presentadas por los Asociados de la Biblioteca Cultural Valentín Vergara y otra firmada por la Comisión Central pro Defensa de la Libertad y de los Presos Políticos solicitando su liberación, a las cuales no se les dio lectura (Biblioteca del Congreso, 1955).

El asunto de los asilados guatemaltecos presos aparecía reiteradamente en las intervenciones de los diputados radicales como un caso representativo, entre otros, del avance del autoritarismo durante el régimen peronista. Por ejemplo, esta intervención del diputado Liceaga el 11 de mayo:

No hay acción de rebeldía si no media una reacción opresora, y esta reacción opresora se evidencia en múltiples hechos… Se evidencia también en la aplicación de la ley de residencia, que amenaza con la deportación a obreros y estudiantes y que se hace efectiva sobre tres estudiantes peruanos; en la detención y aherrojamiento de los asilados guatemaltecos, violando así normas tradicionales y negando una trayectoria histórica; en la transformación del régimen jurídico del país, para someter nuestra economía a un tutelaje extranjero. (Biblioteca del Congreso, 1955).

En el marco de la discusión sobre la libertad de cultos, el diputado Ferrer Zanchi aludía el 19 de mayo:

Actualmente en la República Argentina no existe libertad de cultos ni libertad de ninguna clase para las personas u organizaciones que no coinciden con la manera de gobernar de los gobernantes. Así, hasta hace poco se encontraban las cárceles de la República llenas de estudiantes pertenecientes a la Federación Universitaria, detenidos por el único motivo de ser democráticos… Igualmente se encuentran presos en la República más de treinta exiliados de Guatemala que el gobierno argentino trajo de su país de origen para protegerlos, y están encarcelados en Villa Devoto desde hace 6 meses. (Biblioteca del Congreso, 1955).

Según consta en el diario de sesiones de la Cámara de Diputados, eran 319 presos políticos, sociales, militares y religiosos los que se encontraban detenidos en Villa Devoto sin proceso y sin defensa a disposición del Poder Ejecutivo; según la Liga Argentina por los Derechos del Hombre eran más de 500. Los diputados radicales estaban solicitando a la Cámara el establecimiento de una comisión encargada de investigar su situación.

Todos estos casos habían servido a la bancada de la UCR para debatir el estado de guerra interno en reuniones que tienen una importancia y vigencia fundamental para pensar los estados de excepción. Entre el 17 y el 29 de junio de 1955, después del bombardeo en Plaza de Mayo del 16 de junio por parte nuevamente de la Marina, se decretó estado de sitio en el país. Cuando fue levantado, los diputados radicales aprovecharon a plantear en el debate la constitucionalidad de la medida del estado de sitio y la inconstitucionalidad de la medida del estado de guerra interno y, por ende, la necesidad imperiosa de su derogación. El estado de guerra interno fue considerado un “instituto ajeno y contrario a la Constitución” y “uno de los factores principales de la opresión, del caos, de la anarquía, de la disociación y de la falta de derechos y garantías para los poderes y los habitantes de la República”, en palabras del diputado Perette del 29 de junio (Biblioteca del Congreso, 1955). En efecto, si bien el estado de sitio estaba contemplado por la Constitución en su artículo 34, el estado de guerra interno no, razón por la cual había actuado la Corte Suprema de Justicia. El estado de guerra interno suspendía las garantías constitucionales indefinidamente, trastocando de este modo la lógica de la excepción.

La insistencia de los radicales también se debía al discurso de Juan Domingo Perón del día 15 de julio de 1955, después del llamado a la conciliación nacional. En su intervención, este no solamente aceptaba las restricciones a las libertades que había impuesto para la realización de sus objetivos, sino que anunciaba el fin de ellas:

La revolución peronista ha finalizado; comienza ahora una nueva etapa, que es de carácter constitucional, sin revoluciones, porque el estado permanente de un país no puede ser la revolución… yo debo devolver todas las limitaciones que se han hecho en el país sobre los procederes y procedimientos de nuestros adversarios, impuestos por la necesidad de cumplir los objetivos. (Biblioteca del Congreso, 1955).

Fueron 26 los guatemaltecos que permanecieron presos desde el 22 de octubre de 1954 hasta el 14 de agosto de 1955. La libertad la obtuvieron tras este llamado de Perón a una conciliación nacional y el otorgamiento de una amnistía, acciones que respondieron a la presión ejercida por diversos sectores de la oposición, básicamente comunistas, radicales y socialistas, para la liberación de los presos políticos.

La oposición de izquierda y el peronismo

A pocos días de llegados al país y estando encarcelados, al menos Carlos Manuel Pellecer y Ricardo Ramírez lograron formalizar su traslado a Checoslovaquia, negociado con anterioridad por funcionarios de la embajada argentina en Guatemala (Archivo Histórico de Cancillería, 1954; Pellecer, 1962, pp. 1-2). No tenemos constancia de que el Partido Comunista Argentino haya intercedido en favor de esta solución, lo que podría haber sucedido. Como señala el testimonio de Ana María Pedroni (2009), los guatemaltecos presos compartían un espacio conocido como la “Universidad” en la cárcel de Villa Devoto con otros presos políticos, donde recibían la ayuda de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH)7 –compuesta por socialistas, radicales y comunistas– y la del Partido Comunista. La LADH publicó en sus folletos un comunicado de agradecimiento de los guatemaltecos que partieron de la cárcel y de la Argentina el 27 de octubre de 1954. Estimamos que se trata de aquellos que habían pedido traslado a Checoslovaquia.

A pesar de la ideología abiertamente anticomunista del peronismo, el Partido Comunista comulgó muchas veces con el gobierno nacional. Habría que investigar más a fondo si tuvo influencia en la liberación de los presos políticos tras su plegamiento a la conciliación nacional anunciada por Perón. Según Amaral (2008), el Partido Comunista Argentino (PCA) se encontró en una encrucijada desde el momento del triunfo del peronismo. Entre 1946 y 1948, el posicionamiento fue ambiguo; luego se alejó hasta el levantamiento militar de septiembre de 1951 y el llamado del gobierno a la conformación de un Frente Popular Unido. De acuerdo a Gurbanov y Rodríguez (2008), hacia diciembre de 1952 el acercamiento del comunismo con el Gobierno peronista entró en una etapa inédita. Como nunca antes el partido comenzó a reivindicar acciones de gobierno.

Sin embargo, el regreso de Victorio Codovilla (el líder del PCA) y la expulsión de Juan José Real del PCA marcaron una bisagra hacia 1953. Se retomaron las posiciones antiperonistas, aunque varias de las medidas del gobierno fueron saludadas con simpatía y se condenó el bombardeo en Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955, que fue caracterizado como una “reacción oligárquica e imperialista” que vino a minar “la acción de la clase obrera y de las masas populares” (“La invariable posición”, 1955, p. 9). Coincidían, por ende, el PCA y el populismo de Perón en el carácter antioligárquico y antiimperialista de su lucha política, pero también en la lógica conciliatoria reivindicada varias veces por Perón, sobre todo la del 6 de julio de 1955, después del bombardeo.

Según argumentó el PCA, dicho posicionamiento constituía parte de los principios del partido y por ende, fueron sostenidos a lo largo de todo el Gobierno peronista. Es realmente sorprendente la voluntad conciliadora y cooperadora del PCA en varias de sus declaraciones. En agosto de 1946: “declaramos que estamos dispuestos, también, a colocarnos al lado de los que defiendan el régimen constitucional, actúen en el campo gubernamental o fuera de él” (citado en “La invariable posición”, 1955, p. 9). En abril de 1947: “La constante y tenaz política unitaria aplicada por los comunistas ha evitado en gran parte que se desencadenara la guerra civil entre los obreros peronistas y no peronistas… y ha contribuido a crear un clima de creciente cordialidad” (citado en “La invariable posición”, 1955, p. 9). En 1952, frente a un intento de golpe de Estado contra el Gobierno de Perón, el PCA había declarado estar: “dispuesto a luchar hombro con hombro con peronistas y no peronistas para llevar a la práctica lo que el general Perón llama ‘frente popular unido’” (citado en “La invariable posición”, 1955, p. 10). Nuevamente en 1953 ante otro llamado de Perón a la conciliación nacional, los comunistas estuvieron a favor de la creación de un clima de convivencia democrática. En 1954, cuando “el imperialismo yanqui” –usando la expresión de la prensa partidaria– perdió los “frenos”, agredió a Guatemala, colaboró en el proceso que culminó con el suicidio de Vargas en Brasil y “logró” que el Gobierno de Perón sancione la ley de radicación de capitales extranjeros, reprima a los obreros y prepare el congreso de la productividad, los comunistas abogaron por la unión “para impedir que las garras del imperialismo yanqui se claven en el cuerpo de nuestra Patria” (citado en “La invariable posición”, 1955, p. 10).

El PCA manifestó luchar, entre otras cuestiones, para impedir que las riquezas como el petróleo pasaran a manos extranjeras, así como por “la libertad de todos los presos políticos y sociales; el levantamiento del estado de guerra interno y la anulación de todas las leyes reaccionarias; el restablecimiento pleno de las libertades democráticas de prensa, palabra, asociación, reunión, huelga”, etc. (citado en “La invariable posición”, 1955, p. 12). Días antes del fallido golpe de Estado del 16 de junio de 1955, el PCA hizo un llamamiento a “dar una salida democrática y progresista a la situación” a través de la convivencia democrática, y el 22 de junio manifestó:

Para detener la ola de la reacción que se ha desatado en el momento actual y para sacar al país del caos y de la entrega, es preciso unirse –comunistas, peronistas, radicales, socialistas, demócratas progresistas, liberales, sin partido, católicos o no, civiles y militares–, para conseguir las condiciones que permitan la convivencia democrática (citado en “La invariable posición”, 1955, p. 13).

Y frente al llamamiento de Juan Domingo Perón a la coexistencia y convivencia entre todos los partidos políticos, el Partido Comunista respondió afirmativamente, pero bajo la condición de que previamente se liberen a los presos políticos, se levante el estado de guerra interno, se restablezcan las libertades democráticas y el funcionamiento de los partidos políticos y de las organizaciones sindicales, sociales, campesinas, culturales y religiosas (“La invariable posición”, 1955, p. 13; “Declaración del Comité”, 1955, pp. 37-38).

Estos vaivenes del PCA con el peronismo fueron lógicos. A pesar del anticomunismo de Perón, este legalizó el partido en octubre de 1945 y entabló relaciones económicas con la Unión Soviética, lo cual, sin embargo, fue acompañado por periodos de clausura de la prensa partidaria y el encarcelamiento de opositores políticos al gobierno. Una lógica de ampliación-restricción de los derechos políticos, típica en los populismos latinoamericanos.

La prensa partidaria del partido comunista en los años 1954-1955, Nuestra Palabra y Nueva Era, iluminan la relación compleja del partido con el peronismo y el importante seguimiento que hizo el PCA del caso Guatemala.

Nuestra Palabra dio un fino seguimiento a la problemática política que atravesó la presidencia de Jacobo Arbenz hasta el momento de su renuncia. En tono muy informado, y con lujo de detalles, acompañó las importantes reformas que realizó el gobierno centroamericano, advirtiendo en su momento sobre la inminencia de una invasión. Y desde sus páginas mostró solidaridad con los partidarios del gobierno, tanto durante la gestión como en el exilio. El artículo “¡Solidaridad activa con Guatemala para impedir la agresión imperialista!” (1954, p. 8), mostró el papel del PGT como forjador de una alianza entre obreros y campesinos que brindó apoyo activo al gobierno revolucionario. En los números inmediatamente posteriores, siempre le dedicó un apartado al caso Guatemala: a las organizaciones de alrededor del mundo que le dieron apoyo al gobierno guatemalteco y a las manifestaciones de solidaridad que hubo en diferentes partes del país.

El periódico también informó sobre el asilo y el encarcelamiento de los ciudadanos guatemaltecos en el país. En la columna “Cárcel de Devoto: expresión y síntesis del derecho de asilo bajo el gobierno peronista” (1954), brindó información sobre el procedimiento de captura de los guatemaltecos pocas semanas después del golpe de Estado en Guatemala e incorporó una nómina de los guatemaltecos presos en Villa Devoto. A juicio del partido, el gobierno argentino concedió el asilo por la presión popular argentina y continental, pero procedió a su detención “sin ninguna intervención de la justicia, sin ninguna causa justificada, sin la instauración de proceso alguno” por orden directa de la “embajada norteamericana en Buenos Aires” (1954, p. 8).

Al año siguiente, Nuestra Palabra publicó otra columna titulada “¡Salvemos a los Guatemaltecos Presos!” (1955, p. 8) en la que denunciaba las malas condiciones en las que fueron alojados en Villa Devoto tanto los guatemaltecos como un grupo de estudiantes peruanos encarcelados. No se les proveía de correcta alimentación, ni abrigo suficiente, al punto de que el joven Roberto Paz Ligorria, sumido en una fuerte depresión, fue trasladado al Hospicio de las Mercedes sin proveérsele la adecuada atención médica. El periódico lograba emparentar el caso de los guatemaltecos con el resto de presos políticos en las cárceles argentinas de la época (comunistas, socialistas, radicales) y no por su nacionalidad (guatemaltecos, peruanos, etc.). El PCA fomentó una y otra vez las acciones de la LADH, realizó infinidad de protestas para la liberación de los presos políticos y sociales y se atribuyó parte del triunfo cuando estos, poco a poco, obtuvieron su libertad.

No caben dudas de que el PCA fue más flexible con el peronismo que el resto de la oposición de izquierda. El socialismo fue intolerante y agresivo. El periódico La Vanguardia, que fue clausurado y luego reabierto en Uruguay, caracterizó al régimen de dictadura reaccionaria, de totalitarismo e imperialismo. Esta publicación no atendió los procesos históricos que ocurrieron en Guatemala. Las referencias al país, curiosamente, aparecen para ilustrar las contradicciones del Gobierno peronista y su acercamiento a las filas del comunismo. Por ejemplo, en una columna en la que los socialistas denunciaron los acercamientos de Perón a los capitalistas estadounidenses, particularmente por la cuestión del petróleo, acusaron al gobierno de ser contradictorio, pues “al mismo tiempo [que] ayuda a Guatemala, recibe condecoraciones de Egipto y manda a su ministro de relaciones exteriores a visitar los países árabes”. Y agregaba:

En una nota que envió el Comité Ejecutivo del Partido Socialista Argentino a la Internacional Socialista, solicitaba un mayor interés por los asuntos de América, pues consideraba que:

La oposición de los dos grandes imperialismos, se ha servido de una pequeña república centroamericana, cuya debilidad la ha convertido en fácil campo para la penetración comunista. El gobierno norteamericano ha querido contenerla “in situ”, echando mano de políticos desplazados por el gobierno guatemalteco, haciéndose así responsable de la destrucción de la obra progresista del pueblo guatemalteco y, al mismo tiempo, apareciendo como defensor de los intereses capitalistas puestos en jaque por las reformas hechas a favor de una masa popular muy pobre y muy explotada por ellos… Las fuerzas comunistas bien organizadas desde afuera y orientadas hacia un objetivo único, han encontrado así un terreno fértil para su multiforme e incansable propaganda en contra de los Estados Unidos… Los emisarios y propagandistas comunistas explotan hábilmente este estado de espíritu y se asocian a menudo a las formas más reaccionarias del nacionalismo, apoyando a dictadores y caudillos en busca de posibles aliados de su política. Las grandes masas proletarias de centro y Sudamérica, que en algunos países tienen un alto porcentaje de indios y mestizos, mantenidas desde siglos en la ignorancia y dominadas por amos nacionales o extranjeros que las han sumido en la miseria en medio de una naturaleza a veces exuberante son presa fácil para la demagogia comunista como para la demagogia de caudillos llegados al gobierno por golpes de fuerza y apoyados por las armas y la iglesia. (“Por una América”, 1954).

Los socialistas, que entonces también eran anticomunistas y muy elitistas, argumentaban que los presos de Perón lo eran por ser “adversarios activos de la dictadura argentina” (“Por una amplia amnistía”, 1954). Ellos señalaban que toda la legislación represiva de los últimos diez años era de naturaleza política, que los delitos prevalecientes eran los de opinión y oposición, lo cual, entre otras cosas, permitía emparentar al régimen con el estalinismo: “La policía peronista responde, no ante la justicia ordinaria, sino a una justicia policial especial, tal como ocurre con la N.K.V.D. en Rusia” (“Dice que todo es paz”, 1955). Pero esta lógica no permitía explicar el encarcelamiento de los ciudadanos guatemaltecos, quienes no eran adversarios del régimen peronista y, al menos algunos de ellos, provenían de las filas comunistas. Los socialistas lo explicaron por los cambios en la política económica de Perón y la apertura otorgada a los capitalistas estadounidenses:

Digamos tan sólo que cuando estalló el movimiento contra el régimen de Arbenz, el parlamento peronista, las radios y diarios de Perón clamaron su solidaridad a favor del gobierno guatemalteco… hasta que se supo que el señor Floyd B. Odlum, con quien Perón estaba tratando negocios petroleros, era uno de los altos dirigentes de la United Fruit Co. Desde entonces, los exiliados guatemaltecos fueron ‘delincuentes’ en la misma medida en que lo son todos los presos políticos argentinos según la injuriosa e impune calificación del régimen. (“Prisión latinoamericana”, 1955).

A pesar de las notables diferencias entre ambos, comunistas y socialistas parecían coincidir en otorgar centralidad a los cambios en la política económica de Perón para explicar el encarcelamiento de los guatemaltecos. Eran los directores y grandes accionistas de la United Fruit: los Cabot (uno de ellos secretario ayudante de Estado para los asuntos latinoamericanos y amigo de Hipólito Paz, embajador argentino en Estados Unidos durante el periodo 1951-1955), Spruille Braden, el secretario de Defensa, el secretario de Comercio, el secretario de Estado, dos secretarios privados de Eisenhower y “Floyd Odlum, el mismísimo Floyd Odlum que acaba de firmar con Perón la ley-contrario petrolera contra YPF” (“¡Unámonos en la solidaridad”, 1954, pp. 1-3).

La defensa del principio de no intervención y la política exterior

La tercera hipótesis que proponemos para explicar las condiciones de posibilidad del encarcelamiento del grupo de guatemaltecos se relaciona con la política exterior del Gobierno peronista desde 1953. A nuestro juicio, en primer lugar, hay que realizar un análisis más complejo y cuidadoso de la posición abstencionista de la Argentina en la X Conferencia Interamericana celebrada en Caracas entre el 1 y el 28 de marzo de 1954; en segundo lugar, observar las relaciones amables con el capital extranjero que mantuvo el gobierno desde 1953; y, en tercer lugar, reflexionar sobre las posibles presiones estadounidenses.

Para comenzar, recordemos que el punto “Intervención del Comunismo Internacional en las Repúblicas Americanas” había sido incluido a última hora en la agenda de la X Conferencia Interamericana, por insistencia del Departamento de Estado, y que la delegación Argentina había apoyado esa incorporación. Si bien el embajador argentino ante la OEA, Juan Carlos Vittone, había solicitado una ampliación de los fundamentos, pese a no haber obtenido respuestas esclarecedoras apoyó la incorporación del tema, puesto que valoraba la discusión sobre el comunismo y la defensa del principio de no intervención:

La delegación Argentina la votará favorablemente con el propósito de apoyar el examen de una cuestión de interés general, reafirmando al mismo tiempo su posición contraria a todo intervencionismo, y declarando que vota este tema en el entendimiento de que ni su consideración, ni las resoluciones que puedan adoptarse sobre la materia, podrán en modo alguno afectar al principio consignado en el artículo 15 de la Carta de la OEA. (citado por Toriello, 1956, pp. 69-70).

La propuesta estadounidense buscaba que se considerara una amenaza a la soberanía política de los Estados americanos, el supuesto control de las instituciones políticas de cualquier Estado americano por parte del comunismo internacional. En el entendido de una amenaza, se pondrían en marcha automáticamente las medidas previstas en el TIAR y en la carta de la OEA. Algunos representantes latinoamericanos, aun compartiendo la perspectiva anticomunista de Estados Unidos, opusieron objeciones importantes tendientes a resguardar el principio de no intervención. Uruguay planteó una enmienda al proyecto del secretario de Estado John Foster Dulles, que preveía la realización de consultas multilaterales antes de adoptar cualquier medida colectiva contra un país americano. Argentina, México, Panamá y Paraguay se sumaron a las críticas proponiendo distintas modificaciones (Friedman, 2010).

La delegación argentina encabezada por Rodolfo Muñoz, ya que el canciller Jerónimo Remorino retornó a Buenos Aires antes del debate central, insistió en que los problemas ideológicos solo podrían solucionarse si se mejoraban las condiciones de vida de las poblaciones latinoamericanas. En ese momento planteó que la amenaza comunista no debía alterar el principio de autodeterminación de los pueblos, pugnó para que la declaración que condenaba al comunismo no se aplicara a Guatemala, repudió las actividades del comunismo internacional que implicaban una intervención en los asuntos internos del continente y pidió que se modificara la redacción original del proyecto, para que no se aludiera al comunismo internacional como amenaza, sino a toda agresión extracontinental.

Vittone reforzó la idea de que la no intervención y el estricto respeto por la soberanía nacional debían plantearse explícitamente y no podían soslayarse en la eventual resolución (Morgenfeld, 2010; 2011). Según Rapoport y Spiguel (2009), la delegación argentina no contó con instrucciones explícitas del canciller Remorino lo que, sumado a su prematuro retiro, parecía revelar una voluntad de mantener un bajo perfil. Remorino estaba ligado a una posición autónoma y aun confrontacionista con Estados Unidos. Había sido embajador en ese país en 1948 y desde 1951 ocupaba el cargo de canciller en reemplazo de Hipólito Paz quien, considerado entre los círculos oficiales de Washington como un personaje propicio al acercamiento entre Argentina y Estados Unidos, era ahora embajador en Estados Unidos. Varios analistas han destacado los gestos que Remorino concedió al canciller guatemalteco, Guillermo Toriello, luego de su discurso encendido contra Estados Unidos.8

La interpretación del PCA no deja de resultar interesante. Explicó que Remorino, mientras se discutía la propuesta estadounidense, voló adonde se encontraba el presidente a pedir instrucciones, mas cuando regresó se encontró con que la moción había sido votada y que Foster Dulles había huido repentinamente a Washington (Bermejo, 1954, p. 22). De acuerdo a García Lupo (1999), los representantes argentinos habían recibido instrucciones de no atacar la política de los Estados Unidos en América Latina, sino el bradenismo, una fórmula que personalizaba el conflicto contra el exembajador de los Estados Unidos en Buenos Aires, Spruille Braden, un viejo enemigo de Perón. Y Braden estaba, precisamente, invitando al derrocamiento del gobierno de Guatemala.

Para lograr aprobar la resolución, Estados Unidos aceptó algunas de las enmiendas propuestas por los países latinoamericanos, como la uruguaya.9 La resolución acordada, denominada Declaración de Solidaridad para la Preservación de la Integridad Política de los Estados Americanos contra la Intervención del Comunismo Internacional, establecía que el control de cualquier Estado americano por parte del comunismo internacional constituía una amenaza que pondría en peligro la paz de América y exigía una reunión de consulta para considerar la adopción de medidas de acuerdo con los tratados existentes.

La resolución no contó con la aprobación unánime, pero fue aprobada. Como hemos dicho, Argentina, junto a México, se abstuvo de votar. ¿Cuáles fueron las razones de esta decisión? A pesar de que los argumentos expuestos coinciden con los postulados ideológicos del peronismo (el anticomunismo y el antiimperialismo), no queda clara la posición abstencionista argentina: hay que decir que la X Conferencia Interamericana coincidía con un momento del Gobierno peronista de acercamiento con Estados Unidos. ¿Habrá sido la simpatía por el régimen guatemalteco el motor de la decisión? En ese caso, ¿por qué la delegación argentina no votó en contra?

Desde 1952 el país estaba padeciendo una dura crisis económica, a la cual se le había sumado la muerte de Eva Duarte de Perón. Ese mismo año, el gobierno había adoptado un nuevo rumbo económico que se ratificó en el Segundo Plan Quinquenal previsto para 1953-1957, el cual tenía como piedra angular la concurrencia de capitales extranjeros, medida que se institucionalizó a través de la ley de radicación de capitales de 1953. Así las cosas, comenzaron las negociaciones con la FIAT italiana, Mercedes Benz, Kaiser, pero sobre todo con la Standard Oil de California. El acercamiento entre Argentina y Estados Unidos también se expresó en otros planos, como el apoyo a la política estadounidense en Corea.

La administración Eisenhower, por su parte, buscaba consolidar el sistema interamericano y acercarse a la Argentina no solo por motivos comerciales y financieros, sino por motivos estratégicos (Moniz, 2008, pp. 104-105). Buscaba neutralizar el peligro que podía derivarse de los acuerdos económicos de Argentina con la Unión Soviética y el proyecto de la incipiente unión latinoamericana. En efecto, así como el gobierno argentino se acercó a Estados Unidos, se acercó a otras potencias mundiales. Se reactivaron las tradicionales relaciones argentinas con Gran Bretaña, se profundizaron las relaciones con Europa Occidental, hubo una aproximación a los países del Este y se fortalecieron las relaciones comerciales con la Unión Soviética. Esto último se tradujo, en agosto de 1953, en la firma del primer acuerdo comercial con Moscú, que sería el primero de su tipo en América Latina.

Al mismo tiempo, Argentina volvió a promover, junto a otros países latinoamericanos, la formación de un bloque en la región para mantener los precios de las materias primas frente a la ofensiva de los países industrializados y al consecuente deterioro de los términos del intercambio. En febrero de 1953, Perón firmó junto al presidente chileno, el general Carlos Ibáñez, el Acta de Unión Económica Argentino-Chilena. Este tipo de acuerdos luego se extendería a otros países de la región, como Ecuador, Paraguay, Bolivia y Nicaragua. Todo ello concurría a matizar la actitud de conciliación con Washington. Estas medidas si bien implicaban un relajamiento del principio justicialista de la independencia económica, no alteraba el de la tercera posición.

En este contexto, Argentina se posicionó en la X Conferencia absteniéndose de votar la cláusula intervencionista y anticomunista propuesta por Estados Unidos, manteniendo su independencia y mostrando los límites del “acercamiento amistoso” con el país del norte. Pero tampoco votó a favor de Guatemala. La simpatía por el régimen guatemalteco, varias veces utilizada para explicar la posición argentina en Caracas, no parece ser un elemento de central importancia.

Asimismo, no hay registros de intereses y buenas relaciones del Gobierno de Perón con el Gobierno de Arbenz. Incluso, se ha dicho que “Guatemala no ha merecido una palabra de defensa de parte de nuestra representación, así como el gobierno y el parlamento habían puesto oídos sordos, antes, a la apelación de solidaridad dirigida a los gobiernos y parlamentos americanos” (Bermejo, 1954, p. 23). De hecho, luego del golpe de Estado que lo derroca, la Argentina de Perón continuó las relaciones con Guatemala (“Las relaciones con Guatemala”, 1954). Se ha destacado en varias oportunidades el apoyo que Perón brindó a la revolución guatemalteca en 1947,10 por el cual el Gobierno de Juan José Arévalo, en agradecimiento, le otorgó la Orden del Quetzal. Pero el Gobierno de Juan José Arévalo, simpatizante del justicialismo, la tercera vía y el anticomunismo, no fue el Gobierno de Jacobo Arbenz, quien había venido a profundizar las reformas sociales con la reforma agraria, otorgando poder a los campesinos.

Entendemos que a la hora de evaluar la postura argentina debe tenerse en cuenta la defensa del principio de no intervención y la política de la tercera posición del Gobierno peronista, pero también de algunos sectores de la oposición, lo cual permite afirmar que eran ideas sobre las cuales había cierto consenso. Ambas cámaras (senadores y diputados) y bloques (peronista y radical) debatieron y se manifestaron solidariamente en apoyo a la defensa de la soberanía y libre determinación de Guatemala ante la agresión extranjera de junio de 1954.11

Tras la caída del Gobierno de Jacobo Arbenz, Argentina fue el único país de América Latina que se opuso al aplazamiento, orquestado por Estados Unidos, de la Reunión de Consulta de los cancilleres americanos en la que se estudiarían las medidas a adoptar para impedir la amenaza contra la solidaridad hemisférica causada por la infiltración comunista en Guatemala. El gobierno argentino consideró que la conferencia “tenía que examinar el problema del comunismo en América Latina, y especialmente en Guatemala” porque el “gobierno argentino se preocupa por el gobierno comunista”, pero también “la acción militar registrada en Guatemala”, pues “la Argentina se adhiere firmemente al principio de no intervención” (“Firmóse el pacto”, 1954).

Había un temor, bien fundado, que se relacionaba con el contrato petrolero que Juan Perón había firmado en 1954 con una filial de la Standard Oil, el cual había suscitado un debate público tan grande, que el presidente decidió enviarlo al Congreso para su ratificación. Y, de hecho, no fue ratificado. En el medio estaban los mismos personajes de la United Fruit Company, como el inversionista Odlum tan denunciado por la oposición, que habían saludado (e impulsado) con beneplácito el golpe de Estado en Guatemala. De acá se deriva una de las hipótesis de la detención del grupo de guatemaltecos considerado comunista: la presión sufrida por Argentina desde Estados Unidos. En septiembre de 1954, el secretario asistente para Asuntos Interamericanos, Henry Holland, estuvo en Buenos Aires y se entrevistó con Perón:

El fuerte énfasis anticomunista del presidente (mencionó que se acentuaría la represión interna y que se controlaría a los exiliados guatemaltecos) agradó a los oídos del enviado estadounidense quien sugirió la realización de una conferencia anticomunista, a lo que el dirigente argentino respondió, tangencialmente, que la represión más eficaz era la secreta, ofreciendo coordinar esfuerzos en tal sentido. (Rapoport y Spiguel, 2009, p. 409).

Cuentas pendientes

La ambigüedad ideológica del peronismo, las normas represivas y la presión estadounidense constituyen un complejo que permite comprender el arresto por razones ideológicas de un grupo de guatemaltecos asilados en Argentina. El caso, como otros, constituye una excusa para reflexionar sobre las condiciones sociohistóricas de la violencia política en América Latina. En estas acciones del Gobierno peronista pueden identificarse algunas lógicas represivas y de presentación del conflicto político en términos de enemigo interno, que parecen implicar un antecedente de la futura seguridad nacional.

Hay cierto consenso en ubicar en 1955, luego de la caída de Perón, el inicio de una nueva etapa en el uso y apelación a la violencia estatal en Argentina, caracterizada por la penetración de la ideología de la seguridad nacional. Acordamos con ello, pero consideramos que durante el periodo peronista 1946-1955, se instalaron ciertas lógicas represivas que sirvieron como antecedentes conceptuales y prácticos de la lógica represiva propia de la ideología de la seguridad nacional. Un tema incómodo sobre el cual es necesario reflexionar. Como señalan Marina Franco y Florencia Levín (2007), la elección del hito que abre la cronología de la historia reciente “tiene que ver con criterios que no son –ni tendrían por qué serlo– historiográficamente ‘asépticos’” (p. 57). Elegir como punto inicial el año 1955 es una decisión política que, si bien no clausura, levanta ciertas fronteras para observar las continuidades respecto del periodo previo.

Además del efectivo convencimiento del estado de guerra interno y del uso ilimitado del estado de excepción, también hay que mencionar la Ley 13234 que establecía normas para organizar la Nación para tiempo de guerra desde tiempo de paz sancionada en 1948. Esta ley definía una serie de disposiciones en caso de ataque externo, que implicaban, además del destino de todas las fuerzas de que disponía la nación para la guerra (económicas, políticas, militares, sociales, etc.), la delimitación del país en zonas de operaciones (terrestres, navales y aéreas) donde operarían los ejércitos desplegando la autoridad total del gobierno con facultades para imponer la ley marcial.

El plan CONINTES o de Conmoción Interna declarado por Arturo Frondizi en 1958 mediante el decreto 9880/58 y puesto en marcha en 1960 mediante los decretos 2628/1960 y 2639/1960, primer antecedente directo de la DSN, se apoyó en el artículo 27 de esta ley para declaración de la “emergencia grave” en todo el país y el uso del ejército para la represión interna. El plan proponía una visión del conflicto centrada en el “enemigo político interno” en tanto hipótesis fundamental acerca del “peligro nacional”, doctrina que cobraría toda su fuerza entre diez y 15 años después en dicho país.

El plan CONINTES fue utilizado para recurrir a las Fuerzas Armadas en la represión de las huelgas y protestas obreras, las movilizaciones estudiantiles y ciudadanas en general y las acciones de sabotaje y guerrilleras de grupos pertenecientes a la resistencia peronista. Aplicando el plan CONINTES miles de personas fueron detenidas y al menos 111 fueron condenadas en juicios sumarios realizados por consejos militares de guerra, a la vez que los detenidos fueron sometidos sistemáticamente a torturas.Técnicamente, este finalizó el 1 de agosto de 1961, con la sanción del Decreto 6495/1961 que derogó los decretos 9880/1958 y 2628/1960.

Según las entrevistas realizadas y los testimonios con los que contamos, no cabe duda de que la policía argentina contaba con información proveniente de organismos de inteligencia de otros Estados. Torres (1960) comenta el intercambio que se generó con la cancillería guatemalteca, porque solicitaba que las embajadas explicaran las razones por las cuales las personas se asilaban y porque registraba a los asilados en el momento del embarque. La embajada argentina redactó un Acta de Asilo que pedía datos como “profesión y cargos desempeñados”, “filiación política” y “causas del asilo”. Cuando estas personas se encontraron en Argentina, en el Hotel de Inmigrantes, hombres de la Policía Federal se acercaban a realizarles preguntas, aunque tenían detalles de información biográfica que jamás podrían haber adquirido en Argentina (Sánchez, 1972). Esto significa que hubo coordinación de las inteligencias de Estados Unidos, Guatemala y Argentina y coordinación supraestatal de la represión, porque estas personas fueron detenidas sin juicio previo, por supuestas razones ideológicas profesadas en su país de origen, una práctica que se vio muy aceitada varias décadas después con la Operación Cóndor.

Notas

1 Sobre el periodo revolucionario 1944-1954 hay una profusa bibliografía. Hubo una producción importante inmediatamente después del golpe de Estado a Jacobo Arbenz. Según Miguel Ángel Asturias se escribieron 27 libros en total con el fin de dar a conocer al mundo lo que había acontecido en Guatemala. Destacaron, en ese momento, Guatemala, la democracia y el imperio de J. J. Arévalo, en 1954; Por qué lucha Guatemala de Galich, en 1956; Operación Guatemala $$OK$$ de Osegueda, en 1955; La revolución guatemalteca, de Cardoza y Aragón, en 1955, y el de Toriello (1956). En 2011 se publicó Correspondencia del exilio. Luis Cardoza y Aragón y Juan José Arévalo (1950-1967). También se escribieron libros de claro tinte anticomunista, como por ejemplo el libro Communism in Guatemala. 1944-1954 de Schneider, en Estados Unidos, y los libros de Mario Nájera Farfán, Los estafadores de la democracia; de Clemente Marroquín Rojas, La derrota de una batalla, y de Jorge Del Valle Matheu, La verdad sobre el caso de Guatemala, en 1956. Hay que señalar, también de esta época, el reeditado libro de Díaz Rozzotto El carácter de la revolución guatemalteca: Ocaso de la Revolución democrático-burguesa corriente. Un excelente estado de la cuestión sobre las publicaciones de esta época puede encontrarse en “Revolution and liberation: a review of recent literature on the Guatemalan situation” por J. A. Rey, 1958, The Hispanic Historical Review, 38(2), pp. 239-255, y un artículo sobre intelectuales guatemaltecos y violencia en los años cincuenta en Rostica (2014). Además, en los sesenta se publicó El guatemalazo de Selser. La revista Alero (septiembre/octubre, 1974) que publicaba la Universidad de San Carlos de Guatemala, reunió artículos de Manuel Galich, Alfonso Bauer Paiz, Huberto Alvarado, entre otros, en un número especial que dedicó al tema. En la década del setenta, también se publicó un interesante debate, “La caída de Arbenz y los contratiempos de la revolución burguesa”, por E. Torres-Rivas, 1977, Historia y sociedad, pp. 32-54; véase también Fortuny (2008) y Flores (2011). La revista Política y Sociedad en 2004 también dedicó un número especial sobre la revolución guatemalteca con artículos de Roberto García Ferreira, Enrique Gordillo Castillo, Alfredo Guerra Borges, entre otros. Sobre la reforma agraria véase Gleijeses (1989) y Reforma y contrarreforma: política agraria en Guatemala, 1952-1957, de Handy. Sobre el arbencismo véase de Gleijeses La esperanza rota: la revolución guatemalteca y los Estados Unidos, 1944-1954, y La revolución guatemalteca y el legado del presidente Arbenz; así como Operaciones en contra: La CIA y el exilio de Jacobo Arbenz de García Ferreira. En idioma inglés hay que señalar los artículos revisionistas de Immerman, “Guatemala as Cold War History”, y Streeter, “Interpreting the 1954 U. S. Intervention in Guatemala: realist, revisionist and postrevisionist perspectives”, entre otros.

2 El Frente Popular Libertador y Renovación Nacional habían formado el Partido Acción Revolucionaria (PAR) en octubre de 1945, del que surgió en 1947, de forma clandestina, Vanguardia Democrática Guatemalteca, la plataforma del PGT. El partido se fundó el 28 de septiembre de 1949 (Rodríguez, 2003, pp. 124-127).

3 La traducción al español es nuestra. El original dice: “In no country in Latin America had a president been as closed to the communist party as was Arbenz; in no country in Latin America had a communist party been as influential as was the PGT”.

4 ;Víctor Manuel Gutiérrez, Carlos Manuel Pellecer, Ricardo Ramírez, Bonifacio Pérez, Carlos Aquino, Pedro Otto Cabrera, Otto Peñate, Sr. Ruano, Roberto “Seco” Paz y Paz, Roberto Paz Ligorría, Carlos Chapetón, Pedro Nubleau, Antonio Díaz, Fernando Valdez Díaz, Marco Tulio de la Roca, Carlos Enrique Dardón, Javier Castellanos, Faustino Fermán, Roberto Castañeda, Fabián Santelel Meza, Orfelio Monterroso, Amado Grijalva, Jorge “Lechuzón” Argueta, Eduardo Contreras, Carlos “Loco” Arias, José “Chepito” Solís, Juan Francisco Barrios, José Luis Barrios, Carlos Sandoval, Carlos Peláez Vesco, Víctor Manuel Conde, Antonio Obando Sánchez, Oscar Lorenzen y Daniel Zona Soto. Este listado fue cotejado con el de Sánchez (1972), con el de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina, 1954) y con el de Nuestra Palabra (“Cárcel de Devoto”, 1954, p. 8).

5 ;Si bien Pellecer (1962, pp. 1-2) es una fuente en la que no muchos confían, sus dichos no contradicen los documentos que hemos hallado en el Archivo Histórico de Cancillería (1954) ni otras de nuestras referencias.

6 Las memorias de Antonio Obando Sánchez dicen: “Antes de desalojar el Hotel de Inmigrantes, nos visitó –así nos dijeron– la Policía Federal, mas lo cierto es que eran agentes del FBI… Uno de ellos se acercó a mí y lista en mano dispara pregunta sobre pregunta: Mi origen y luchas; ¿Ha viajado usted, a muchos países? –Sí, he viajado a El Salvador, Honduras, México, nada más… –Bien, dígame –me dio un pliego– Lea esta parte… Leí, era un informe del FBI que reseñaba mi viaje a la URSS, en 1930” (Sánchez, 1972, p. 130). Carlos Enrique Dardón Herrera, en una entrevista tomada por Julieta Rostica en marzo de 2013 en Buenos Aires, expresó: “Aquí llegó gente del partido comunista, pero ellos llevaban la visa para otro lado. Nosotros, los comandantes cero, estuvimos diez meses presos… La razón es que yo había estado en Europa Oriental. Cuando me interrogan en la sesión especial no me olvido que había un oficial con la esvástica haciéndome la ficha y me dice en algún momento: –bueno, usted es comunista–, y yo le digo: –yo no soy comunista, nunca he sido comunista–, y me dice: –pero acá hay información de que usted estuvo en Checoslovaquia–. ¡Tenía en la ficha dónde había estado!”. Esto lo hemos confirmado en diferentes entrevistas y conversaciones formales e informales desde 2013 hasta la actualidad con el mismo Carlos Enrique Dardón (exiliado), Miguel Ángel Asturias (hijo de Miguel Ángel Asturias, también exiliado) y Julio Estévez Illescas, todos integrantes de la Comisión Jacobo Arbenz, Argentina. Uno de los autores de este artículo, Nicolás Pedroni, también integrante de la Comisión Jacobo Arbenz y sobrino del hijo de Fernando Valdés Díaz (exiliado), Ana María Pedroni, así como el documentalista guatemalteco del asilo Sergio Valdés, lo han escuchado en sus historias familiares.

7 La Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) constituye el organismo pionero de la defensa de los derechos humanos en la Argentina. Fue la continuación del Comité Pro Amnistía a los Presos Políticos y Exiliados de América y recogió las tradiciones del Socorro Rojo Internacional. Nació en 1937 para la defensa de la legalidad constitucional y con el propósito de detener el avance de la reacción que se expresaba en la Sección Especial para la Represión del Comunismo, un órgano policial especial para reprimir a la oposición. En 1950, cuando las denuncias por tortura y detención fueron numerosas y continuas, la Liga fue clausurada. Sin embargo, no dejó de trabajar en las filiales barriales ni en las cárceles. Ver “Derribando algunos mitos: acerca de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre en el nacimiento y desarrollo del “movimiento de derechos humanos”, por O. Reboursin, 2008, La revista del CCC.

8 Estos fueron los argumentos esgrimidos por Argentina sobre su abstención: “La República Argentina no ha dado su apoyo a la resolución en su conjunto… Hemos votado afirmativamente el párrafo que reitera la fe en la democracia representativa, porque reafirma un principio aceptado unánimemente y al cual suscribe sin reticencias la Delegación argentina, aunque hubiéramos preferido el texto sugerido por nosotros y que hacía una invocación directa al principio de la libre determinación de los pueblos para darse sus propias instituciones. Esto último ha quedado consagrado, por otra parte, en la edición propuesta por Estados Unidos, que también hemos votado favorablemente, por cuanto reconoce ‘el derecho inalienable de cada Estado americano de elegir libremente su propia forma de gobierno y sistema económico y de vivir su propia vida social y cultural’”. Explicación de voto de la delegación argentina presentada en la Décima Sesión de la Comisión I, celebrada el 15 de marzo de 1954 (citado en Morgenfeld, 2010).

9 El libro del canciller guatemalteco Guillermo Toriello (1956) le dedica todo un capítulo a este tema y dice que: “hubo delegaciones, además de la de Guatemala, que conscientes de su responsabilidad histórica y en defensa de los genuinos intereses de la democracia, actuaron positivamente al proponer enmiendas a la ponencia estadounidense, de carácter constructivo, por cuanto le daban a ésta la precisión y claridad que tanta falta le hacían. Fueron de gran mérito, en este sentido, las intervenciones de los delegados de Argentina, México y Uruguay” (p. 89). Pero más adelante señala que: “rechazadas todas las enmiendas sugeridas por Argentina, México y Uruguay, la famosa propuesta de Mr. Dulles fue aprobada por 17 votos, etc.” (p. 91). Esto que plantea Toriello colisiona con Morgenfeld (2010), quien indica que la delegación de Estados Unidos aceptó la propuesta uruguaya de incorporar la reunión de consulta.

10 Cuando las compañías navieras norteamericanas rehusaron prestar servicios en los puertos guatemaltecos como medida de presión para que fuese derogado el Código del Trabajo, Perón decidió enviar barcos de bandera nacional para ayudar al país centroamericano. Algunos cronistas militares señalan que también suministró armas que fueron remitidas desde las industrias militares de Buenos Aires (Galasso, 2005).

11 El bloque único de senadores expresó: “Que en afirmación de los principios de autodeterminación de los pueblos y respeto a su soberanía, que son la esencia misma de los ideales siempre sustentados en su acción política, los senadores de la Nación, mancomunados con el sentir del pueblo argentino, hacen público su anhelo de que cese el derramamiento de sangre fraterna en tierras de América y de que la nación hermana de Guatemala afiance en la paz su total independencia económica y política en la integridad de su soberanía” (“Anuncian victorias”, 1954). Los diputados presentaron dos proyectos sobre Guatemala. El proyecto presentado con la firma de los diputados peronistas resolvía: “Invitar a los parlamentarios de América a realizar una acción solidaria a fin de que los pueblos del continente, ligados a un destino común, concentren sus esfuerzos para lograr el restablecimiento de la tranquilidad en Guatemala y para que este país hermano alcance su independencia económica y desarrolle su propia vida social y cultural, en afirmación de los principios de respeto a la soberanía y de autodeterminación de los pueblos”. El proyecto presentado con la firma de todos los diputados radicales decía: “1º. Expresar su solidaridad con el pueblo de Guatemala en la defensa de su soberanía y reafirmar el derecho de los pueblos a consagrar y realizar reformas económicas, sociales y culturales que hayan determinado libremente mediante el ejercicio de su democracia interna efectivizada por el respeto a las garantías individuales y los derechos humanos. 2º. Ratificar la necesidad de asegurar la liberación del hombre y de los pueblos americanos mediante la lucha contra todas las formas degradantes del imperialismo capitalista o del totalitarismo comunista en todos sus aspectos”. El debate fue muy acalorado. La diputada peronista Argumedo de Pedroza, después de referirse al dolor del pueblo guatemalteco y expresar su solidaridad, dirigió su exposición a mencionar a quienes les negaba sinceridad para condolerse de Guatemala: “a los comunistas, porque arrasan la libertad en los países donde ponen la planta”; a los radicales “porque estuvieron al lado de Braden”. El diputado Perette replicó: “por eso ustedes loan a Eisenhower y condecoran a Messermisth”. Los radicales, en rigor, buscaban poner sobre la mesa los enormes peligros que acarreaban las negociaciones con los inversores norteamericanos en el país, quienes eran miembros de la United Fruit Company; los peronistas, recordar que en Argentina “se luchó contra esas mismas fuerzas”, aludiendo con esa expresión la lucha del peronismo contra el bradenismo (“Acerca de los sucesos”, 1954).

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Acerca del autor

Julieta Carla Rostica: Socióloga, magíster en estudios latinoamericanos y doctora en ciencias sociales y humanas. Coordina el Grupo de Estudios sobre Centroamérica en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, Universidad de Buenos Aires. Investigadora de CONICET y docente de historia social latinoamericana en la carrera de sociología y en la maestría de estudios sociales latinoamericanos de la UBA.

Nicolás Pedroni: Sociólogo de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro de la Comisión Centenario Jacobo Arbenz en Argentina.

Laura Sala: Socióloga de la Universidad de Buenos Aires y maestranda en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional de San Martín. Es becaria de postgrado del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y docente en la Universidad Nacional de José C Paz. Es miembro del Grupo de Estudios sobre Centroamérica, Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, UBA.