Velia Luparello

Introducción

En los últimos años las discusiones sobre aborto tomaron un papel protagónico en la agenda pública de organizaciones políticas, sociales y, como es de esperarse, también en grupos feministas. Dentro de la academia el tema también despertó interés, generándose un florecimiento de estudios desde los más variados enfoques1. En este sentido, el aporte de esta investigación pretende abordar dicho tema desde una perspectiva poco trabajada en los análisis de géneros actuales como es la Teoría de la Reproducción Social (TRS). Esto llevará a entender al aborto como un elemento fundamental dentro del sistema de reproducción y producción de la mano de obra asalariada. Asimismo, pretende establecer la posible relación de dicha práctica con las políticas demográficas y de desarrollo económico en un contexto determinado.

Se sostiene que, históricamente, la legalización o prohibición del aborto no estuvieron siempre relacionadas a una posición religiosa sobre la protección de la vida. De hecho, la postura de la Iglesia Católica acerca de la definición de “vida” fue variando2. Este giro no podría entenderse si no se consideran los cambios que a nivel político-económico estaban sucediendo desde finales del siglo XVIII. La sanción de la “vida” como un derecho humano a partir de la Revolución Francesa fue un hecho que marcó la defensa, en teoría, de las vidas humanas sin distinción de clases o castas. Por otra parte, en el mismo período, se asiste al surgimiento y auge del capitalismo en su fase industrial en Inglaterra, cuya demanda de mano de obra alcanzaba niveles tan altos que incorporó a mujeres y a niños en el incipiente mercado laboral.

Así, a finales del siglo XVIII, se reforzó la intervención directa del Estado en un conjunto de procesos biológico-sociales, tales como la proporción de los nacimientos y las defunciones, la tasa de reproducción, la fecundidad de una población, entre otros. Constituyéndose los anteriores procesos en el objeto de la medición estadística demográfica. Fueron también el esbozo de una política de esquemas de intervención en los fenómenos globales de la reproducción y la sexualidad. A partir de ello, si bien el aborto fue —y es— realizado de distintas maneras a lo largo de la historia, se observa que, junto al matrimonio, desde este momento fue “arrebatado” de la esfera privada y establecido como una cuestión pública ya no confiable al individuo, y mucho menos a las mujeres. De esta forma, considerar las necesidades de conservación político-económicas de los estados en una determinada coyuntura, y el fortalecimiento de la institución familiar monogámica–heterosexual, brindan elementos que contribuyen a explicar los cambios de legislación en la materia durante este período.

Al aceptar la premisa de que las regulaciones sobre la sexualidad y la reproducción existieron adoptando diferentes maneras según el contexto, pero sin llegar a ser nunca explícitas (es decir, adoptaron la categoría de “políticas demográficas” o “natalistas”), cabe preguntarse a cuáles motivos responde tal situación. En este sentido, los interrogantes que guiaron este trabajo fueron: ¿Cuál es la relación de las condiciones reproductivas de las personas, con las necesidades reproductivas del capital? ¿De qué manera se vinculó en América Latina el aborto con los conceptos de superpoblación y desarrollo económico? Y finalmente, ¿qué implicaciones tuvo el desarrollo del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar en Perú en relación al mismo?

El análisis que se esboza en este artículo toma como base teórica los argumentos de algunos de los autores que profundizaron sus estudios en la Teoría de la Reproducción Social, tales como Heather Brown en su trabajo Marx on gender and the family. A critical study (2012), el artículo de Sebastien Riuox “Embodied contradictions: Capitalism, social reproduction and body formation” (2015) y la perspectiva de Sue Ferguson y David Mc Nally en el prólogo que elaboraron para el libro de Lise Vogel Marxism and the Oppression of Women (2013). Asimismo, los aportes de Silvia Federici en El Calibán y La Bruja (2011), de Karina Felliti en “Derechos reproductivos y políticas demográficas en América Latina” (2009) y La revolución de la píldora. Sexualidad y política en los sesenta (2012), Mariarosa Dalla Costa y Selma James con su obra El poder de la mujer y la subversión de la comunidad (1975), y La invención de la heterosexualidad (2012) de Jonathan Katz fueron incorporados al momento de pensar la relación entre capitalismo y reproducción (social y biológica).

De esta manera, la primera parte de este artículo está dedicada a exponer las principales ideas de la TRS a nivel general. En la segunda sección, se intenta desplegar un marco histórico-político, lo anterior, mediante el estudio de las políticas de planificación familiar en América Latina, en concordancia con las perspectivas de desarrollo económico para la región. Finalmente, en el tercer apartado se analizará la posición del aborto en la reproducción social capitalista.

Considerando la amplitud histórica que plantean las preguntas de investigación y los matices que pueden presentarse en cada contexto, este estudio se circunscribe a América Latina, haciendo especial mención al caso peruano en el período iniciado a partir de la segunda posguerra. En relación con lo anterior, se analizarán las políticas demográficas llevadas a cabo en dicho marco espacio-temporal, con el objetivo de comenzar a delinear una nueva interpretación, y así comprender los actuales debates en torno a la temática sobre el aborto.

Aborto, reproducción y producción

Estudiar el aborto desde su función dentro del circuito de producción y reproducción económico, es preguntarse bajo cuáles condiciones se da la reproducción1 en el plano humano y con cuáles propósitos. El trabajo necesario para garantizar la producción y reproducción de la fuerza de trabajo implica en primer lugar el mantenimiento diario de los trabajadores, en segundo lugar el de los sectores no productivos de la clase (como el caso de los niños de edades muy cortas y adultos de edades avanzadas), y finalmente, el proceso de reemplazo generacional de la mano de obra.

Siguiendo lo anterior, la Teoría de la Reproducción Social (TRS) puede ser considerada parcialmente como producto de la literatura feminista marxista, y producto del debate sobre el trabajo doméstico de las décadas de 1960 y 1970. La TRS expresaba una gran insatisfacción con las explicaciones sobre la opresión de las mujeres de tipo funcionalistas, es decir, aquellas típicas de la visión marxista tradicional. Asimismo, sentía un desagrado hacia aquellas explicaciones que postulaban la existencia de sistemas duales —capitalismo y patriarcado— con sus propias lógicas.

Así pues, tantos descontentos implicaron volver al núcleo del materialismo histórico como método de análisis, como lo explica Rioux en “Embodied contradictions…” (2015): “Las maneras en que las personas cooperan para satisfacer sus necesidades diarias y futuras, combinadas con las técnicas y materiales de los que disponen, establecen un marco dentro del cual todas las actividades humanas tienen lugar” (Rioux, 2015, p. 4). Como se aprecia en la cita anterior, en el centro de esta perspectiva hay una ampliación radical del concepto de trabajo. La TRS reconstituye las bases materiales de la reproducción social, replanteando a su vez, todo el proceso como un todo dialéctico de actividades productivas y reproductivas (Rioux, 2015, p. 4).

Partiendo de esta base, según la cual se afirma que la producción y la reproducción no son dos esferas separadas y excluyentes una de otra, sino que todos los elementos necesarios para la producción capitalista —incluyendo la crianza de los niños— son momentos dialécticos de una totalidad, se retoma la lectura que Heather Brown realizó sobre El Capital de Karl Marx (1867) en su trabajo Marx on gender and the family. A critical study (2012). De acuerdo a Brown, Marx marcó la forma en la que la reproducción, tanto física como social, es una característica necesaria para el proceso de acumulación capitalista. Progresivamente, el capital comienza a regular toda la actividad y a dominar nuevos grupos en los cuales se incluyen a las mujeres y a los niños. Esto lo hace de acuerdo a sus propias necesidades y no a las de la sociedad.

No obstante, remarca la autora, en estos pasajes Marx se refiere a la reproducción del capitalismo como sistema social y no necesariamente a las relaciones de reproducción humanas. De hecho, no estaba interesado en comprender “la esfera privada”, pero aun así, provee de una herramienta analítica para el entendimiento de cómo estas dos formas de reproducción interactúan. Al menos, indirectamente, Marx señaló que los seres humanos nunca se reproducen sólo como seres biológicos, sino que son reproducidos bajo condiciones específicas basadas en una serie de relaciones materiales dentro de una sociedad particular. En la sociedad contemporánea, los niños nacen, son criados y educados en el contexto del capitalismo, con lo cual se espera que se comporten de ciertas maneras y eventualmente formen parte de la fuerza de trabajo.

Si bien Marx nunca alcanzó este nivel de especificidad teórica respecto a la reproducción humana, sus argumentos sobre la reproducción de las relaciones capitalistas parecen apuntar hacia la necesidad de comprender las relaciones sociales a partir del análisis de la interacción entre la esfera pública y la privada. En este sentido, las relaciones sociales que involucran a la reproducción humana deben ser entendidas teniendo en cuenta el contexto capitalista de producción en el cual se desenvuelven. Así, para Marx, los elementos sociales involucrados en la reproducción contienen más que la simple reproducción de la especie, y deben ser integrados a todo el sistema que incluye la producción de bienes y personas como así también su reproducción (Brown, 2012, p. 75).

En la misma sintonía, el anteriormente citado trabajo de Sébastien Rioux (2015), analizó la misma obra de Marx cuando éste afirmó que “todo proceso social de producción es al mismo tiempo un proceso de reproducción”. Remarcando más adelante que:

[…] la conservación y reproducción constantes de la clase obrera siguen siendo una condición constante para la reproducción del capital, el capitalista puede abandonar confiadamente el desempeño de esa tarea a los instintos de conservación y reproducción de los obreros. (Rioux, 2015, p. 4).

A partir de esto, Rioux observó que aunque Marx, como sus predecesores, entendió la centralidad del costo de la reproducción humana para la acumulación del capital, también tendió hacia la naturalización de las tareas y actividades reproductivas, retratándolas como ahistóricas e inconscientes (Rioux, 2015, p. 4).

Históricamente han existido –y siguen existiendo– diversas maneras de garantizar el reemplazo de la mano de obra, tales como la esclavitud y las migraciones. Se sabe además, que los portadores de la fuerza de trabajo corresponden a seres mortales, y que actualmente la reproducción biológica de las personas es el medio por el cual se perpetúa la existencia como especie. Gracias a la forma específica que toma dicho proceso en el marco de la sociedad capitalista es posible considerar la hipótesis que Ferguson y McNally esbozaron en el prólogo del libro de Lise Vogel Marxism and the Oppression of Women (2013):

[…] no es la biología en sí misma la que establece las bases materiales de la opresión de las mujeres; sino en cambio, la dependencia del capital de los procesos biológicos específicos de las mujeres (embarazo, parto, lactancia) para asegurar la reproducción de la clase obrera” (Ferguson y McNally, 2013, p. 4)3.

Sin olvidar que, tal como afirmó Silvia Federici en Calibán y La Bruja (2011), el control de los cuerpos femeninos y su capacidad reproductiva se constata desde los comienzos de la llamada acumulación originaria. Dicha dependencia fue altamente verificada durante el período comprendido entre las décadas de 1950 y 1970 en América Latina, durante el cual existió una proliferación de programas estatales dirigidos a regular el crecimiento demográfico, materializados en diversas formas según el contexto. Partiendo de esta perspectiva, el análisis de los planes de control de la natalidad, de la planificación familiar y la interrelación entre los conceptos de superpoblación y desarrollo económico, permite ubicar al aborto como un elemento más del circuito integrado de producción–reproducción, mercado–estado.

Programas de planificación familiar y desarrollo económico en América Latina

Una de las ideas principales que desarrolla Karina Felitti en su libro La revolución de la píldora. Sexualidad y política en los sesenta (2012) afirma que a partir de la década de 1950, el crecimiento de la población mundial se convirtió prontamente en un tema de debate. Lo anterior, por la posibilidad de que el agotamiento de los recursos existentes podría comprometer cualquier plan de desarrollo económico. Este aumento poblacional se produjo, por un lado, como consecuencia del sostenido aumento de la tasa de natalidad en algunas regiones y, por el otro, por una importante disminución de la mortalidad posibilitada por los adelantos técnicos y científicos de la comunicación y el transporte. Asimismo, fueron importantes elementos como las mejoras en la salud pública y los cambios en la nutrición y la dieta.

Paralelo a lo anterior, los procesos de descolonización en Asia, África y América Latina –que en muchos casos contaban con el apoyo del bloque soviético–, pronosticaban un futuro cercano en el cual los bajos índices de desarrollo social, multiplicados por la “explosión demográfica” de los países del llamado Tercer Mundo, terminarían por desestabilizar la economía capitalista (Felitti, 2012, p. 9). A partir de este diagnóstico, el problema por resolver para los países económicamente dominantes, no estuvo tan relacionado con el incremento de la población como dato global, sino más bien con quiénes eran los que más se reproducían.

En los análisis de este fenómeno, el aumento de la natalidad se asoció con la perpetuación de la pobreza, la desnutrición, el analfabetismo y la inestabilidad política. La planificación familiar comenzó a pensarse como la alternativa más rápida y efectiva para revertir esta tendencia. De esta manera, se generaron las condiciones para el surgimiento de organizaciones internacionales, entidades privadas y universidades de los países centrales que comenzaron a auspiciar investigaciones, encuentros y programas para tratar estas cuestiones.

Siguiendo el análisis de la autora en “Derechos reproductivos y políticas demográficas en América Latina” (2009), Estados Unidos fue el país cabecilla, encargado de llevar a cabo una política específica en América Latina. En la década de 1940 surgió allí un importante movimiento de family planning, cuyo objetivo fundacional había sido promover el bienestar familiar como precondición para conservar el capitalismo y sus promesas de libertad y prosperidad. En este sentido, no se cuestionaba el modelo de familia imperante y el sistema social en el que se insertaba, como habían hecho muchas militantes feministas y socialistas de principios de siglo, sino que se pretendía crear condiciones más auspiciosas para la llegada de la prole (Felitti, 2009, pp. 55-66).

Ante esta situación, se observa una explosión de organismos y agencias destinadas a estudiar e implementar técnicas de control prenatal. Por ejemplo, en 1952 el Consejo de Población, institución creada con el patrocinio de John D. Rockefeller III, proporcionó fondos y asistencia técnica a los estados para aplicar planes de planificación familiar. Simultáneamente, se creó la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF). Este organismo, que reunía a un conjunto de asociaciones nacionales autónomas, promovía la implementación de programas de planificación familiar a gran escala y, por medio de sus agencias y las organizaciones privadas que contaban con su apoyo, brindaba asistencia sanitaria y educativa a nivel local.

A partir de 1969, todas las recomendaciones y políticas de población diseñadas por la ONU fueron centralizadas en un solo organismo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Población, creado por iniciativa de Robert McNamara, ex secretario de defensa norteamericano y presidente del Banco Mundial (Felitti, 2009, p. 58). Así, estos agentes financiaron distintas asociaciones privadas en la región: la Asociación Pro Bienestar de la Familia Ecuatoriana (1965), la Sociedade Civil Bem Estar Familiar no Brasil (1965), la Asociación Chilena de Protección a la Familia (1966), la Asociación Demográfica Costarricense (1966), la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (1967), la Asociación Argentina de Protección Familiar (1968) y la Asociación Uruguaya de la Planificación Familiar (1968) (Felitti, 2009, p. 60).

Otro dato importante es que, si bien se constata la presencia de una política de intervención en relación a la demografía, la entrada en escena de las ONG construyó un escenario en el cual las políticas de planificación familiar no eran orquestadas directamente por el aparato estatal sino que, en la mayoría de los casos, se trataba de organismos privados financiados con capitales extranjeros. De la misma manera, los objetivos planteados por dichas entidades respondían de forma explícita a las nociones y pronósticos de desarrollo internacional delineados por Estados Unidos.

De esta manera, casi la totalidad de las instituciones dedicadas al estudio de la población y la economía latinoamericanas, veían en la reducción de la tasa de crecimiento demográfico, la solución al problema del subdesarrollo de la región. A modo de ejemplo, en la Conferencia Regional Latinoamericana y del Caribe sobre Población y Desarrollo llevada a cabo en México del 29 de abril al 4 de mayo de 1993, se solicitó a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) la elaboración de un Proyecto de Plan de Acción Regional que fue finalmente presentado en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo celebrada en el Cairo en febrero de 1994. Una de las conclusiones más relevantes de dicho estudio estuvo relacionada con el crecimiento de la población de América Latina y el Caribe que casi triplicó su número entre 1950 y 1993, momento en el que alcanzó los 466 millones de habitantes.

Por otra parte, el importante descenso de la mortalidad junto con tasas elevadas sostenidas de fecundidad, aceleró el ritmo del crecimiento demográfico hasta mediados de los años sesenta. Fue durante este periodo que la economía del continente –motorizada por el régimen de sustitución de importaciones– experimentó una expansión. Una de las consecuencias de este proceso fueron los cambios en el comportamiento reproductivo, propiciando la conformación de familias más pequeñas numéricamente, con uno o dos hijos debido a, entre otros factores,
la planificación familiar (CEPAL, 1996, p. 13).

De acuerdo al informe, la elevación sostenida de competitividad de las economías latinoamericanas y caribeñas, era condición esencial para su crecimiento en el mundo actual. Ello suponía la incorporación sistemática del progreso técnico al proceso de producción. Esta tarea sería impensable en ausencia de una efectiva inversión en recursos humanos capacitados, que a su vez, permitiría elevar la productividad del trabajo, adquirir ventajas comparativas genuinas y aumentar el valor agregado en la producción. Desde este ángulo, el rápido crecimiento demográfico y los elevados niveles de pobreza ponían a los países en condiciones menos favorables para mejorar la capacitación y elevar la productividad de la fuerza de trabajo (CEPAL, 1996, p. 15).

La CEPAL destacaba en el análisis, que dentro de los cambios demográficos en América Latina y el Caribe en los últimos 30 años, figuraba un pronunciado descenso de la fecundidad (de 6 a 3.4 hijos por mujer), lo que llevó a una tasa de crecimiento natural de 2% en la década de 1980 y su proyección para 1990 alcanzaría el 1.7%. Asimismo, también se remarcaba que, si bien se lograron avances respecto de la disminución de la tasa de mortalidad, de mortalidad infantil y de esperanza de vida al nacer, la tasa de mortalidad materna se mantuvo elevada siendo doce veces mayor que la de los países desarrollados (CEPAL, 1996, pp. 16-20).

Este problema se explicó por la persistencia de dificultades en las mujeres para ejercer sus derechos reproductivos, es decir, por la falta de acceso e información sobre los distintos métodos anticonceptivos. Se reconocía que era una carga desmedida para las mujeres el hecho de tener que asumir la responsabilidad de la planificación familiar, la educación, la crianza de los hijos y el trabajo doméstico, así como el riesgo de la mortalidad asociadas con el embarazo y el parto. Por último, se alarmaba por el alto índice de embarazos adolescentes, población que era la más expuesta a los riesgos producidos por abortos clandestinos.

Como respuesta a esta política alarmista en relación al crecimiento demográfico desmedido, la Fundación Bariloche realizó un estudio que relativizaba el peligro por el aumento poblacional, y lo relacionaba con el sistema de desarrollo y consumo imperante. El modelo realizado, mostraba a su vez que el crecimiento de la población podía controlarse hasta alcanzar el estado de equilibrio. Lo anterior era posible mediante la elevación general de las condiciones de vida, especialmente las relacionadas con las necesidades básicas. Al mismo tiempo, afirmaba que este equilibrio se podía alcanzar en el plano mundial mucho antes que se llegue a saturar la capacidad de producir alimentos, aun suponiendo que se siga basando en las tecnologías vigentes de ese momento. Por último, establecía que:

Se comprueba, además, que los obstáculos que actualmente se oponen a un desarrollo armónico de la humanidad no son físicos, o económicos en sentido estricto, sino esencialmente sociopolíticos. En efecto, las tasas de crecimiento económico con las cuales se alcanzan los objetivos deseados son las que se consideran normales en las condiciones económicas actuales (4 a 6%). Las metas se alcanzan entonces, no a través de un crecimiento desmedido de la economía, sino mediante la reducción del consumo no indispensable;
el incremento de la inversión, la eliminación de las barreras socio-económicas y políticas que impiden actualmente el uso racional de la tierra, tanto para producir alimentos como para planificar la urbanización; la distribución igualitaria de los bienes y servicios básicos producidos; y en los países subdesarrollados, la implementación de una política activa de eliminación de los saldos negativos del comercio internacional” (Fundación Bariloche, 1976, pp. 19-20).

Simultáneamente, la implementación de las políticas de control natal produjo en el imaginario colectivo una conexión entre la dominación imperialista en el continente y la práctica del aborto. En palabras de Bellucci:

La anticoncepción y el aborto eran entendidos como estrategias de dominio imperialista por parte de Estados Unidos hacia las regiones del Tercer Mundo. De alguna manera, se corría el peligro de que la práctica abortiva se pusiese al servicio de los planes de planificación familiar que contenían un valor político y demográfico sustantivo. Si algo así llegaba a suceder, entonces el aborto se convertiría en un mero instrumento o plan para regular la natalidad en poder de los ricos amenazados por el continuo aumento de los pobres. Tampoco las izquierdas brindaron su apoyo por considerar —entre otros motivos— que la revolución sexual y anticonceptiva era una “desviación burguesa”. Mientras tanto, la mirada dominante de las sociedades centrales asociaba el incremento poblacional de los países periféricos con la miseria, la desnutrición, el analfabetismo y la inestabilidad política de sus gobiernos. (Bellucci, 2014, pp. 164-165).

El caso peruano

Con el advenimiento de las dictaduras en el continente, la implementación de políticas natalistas que contaban con el apoyo de la Iglesia Católica, prohibieron por decreto la venta de anticonceptivos y el aborto. Durante las décadas del 1970 y 1980 fue un factor común a todos los países latinoamericanos. No obstante, el régimen de esterilizaciones forzadas en Perú durante la presidencia de Alberto Fujimori fue más allá de eso, y manifestó crudamente cómo actúan las necesidades de producción y reproducción sistémicas sobre los cuerpos pobres con capacidad gestante.

Según el planteo de Alejandra Ballón Gutiérrez en El caso peruano de esterilización forzada. Notas para una cartografía de la resistencia (2014), el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF, 1996-2000) se instauró en tanto política de Estado, obedeciendo a la lógica de la economía neoliberal. Dicho programa fue implementado por los directores de los programas del Ministerio de Salud del Perú y utilizaba los cuerpos de las mujeres indígenas como instrumentos de política económica. Se preveía que una reducción de la población daría lugar a un incremento del producto bruto interno (PBI) per cápita, y así el país podría alcanzar las metas de crecimiento económico anheladas tanto por el gobierno peruano como por los organismos humanitarios internacionales de desarrollo (Ballón Gutiérrez, 2014, p. 3).

Las cifras que han arrojado las diversas investigaciones señalan un crimen de lesa humanidad cometido durante la década de los noventas cuando se esterilizaron a 314.605 mujeres y 24.563 varones; sin embargo es durante el programa de planificación familiar (PNSRPF) que se llevó a cabo entre los años 1996-2000, a lo largo y ancho del territorio nacional, que la esterilización fue masiva y sistemática. Las cifras muestran al menos 272.028 mujeres peruanas, casi en su totalidad rurales, 18 muertes, y 22.004 varones a los que se les practicó la vasectomía. Entre las zonas más afectadas figuran Huancavelica, Piura, Ayacucho, Cusco, Apurímac, La Libertad, Puno, San Martín y Cajamarca, sobre todo en las zonas de extrema pobreza (Ballón Gutiérrez, 2014, p. 4).

De acuerdo a las investigaciones sobre el tema, la campaña de esterilización estaba dirigida tanto a varones como a mujeres, pero se focalizó en éstas últimas, y sobre todo si pertenecían a los sectores de más bajos recursos. No se enseñaba educación sexual para la planificación familiar, sino que la esterilización era difundida por los profesionales de la salud como un método de anticoncepción. Sin embargo, la información que recibían las mujeres en los nosocomios era, en muchos casos, incomprensible para poblaciones que no hablaban castellano, como lo eran las comunidades de habla quechua y aymara. También sucedía que en vez de utilizar el término “esterilización” se le nombraba como “Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria” (AQV) (Ballón Gutiérrez, 2014, p. 6). Las personas que se sometían o que eran sometidas por la fuerza, no conocían los alcances de esta operación. Esta política no solo implicó la intromisión del estado en la reproducción de los sujetos, sino que también fue selectiva, sistemática y tendiente a la eliminación de la población originaria. El objetivo último no apuntaba a controlar el crecimiento demográfico de un sector vulnerable, sino a su extinción. Esto se reafirma al considerar que:

Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) el CAI trajo como consecuencia la muerte o desaparición de un estimado de 69 280 personas. Es decir, que el PNSRPF se aplicó en populaciones que en su mayoría ya habían sido diezmadas durante el CAI y que por ende no sufrían de sobrepoblación. Fujimori logró, en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo que se llevó a cabo en El Cairo (1994), cooptar el discurso feminista para los fines del programa, el cual finalmente quebró por completo los acuerdos de Beijing y de El Cairo. Dicha política eugenésica de salud pública se aplicó sin el consentimiento genuino de las víctimas, lo que constituye una violación de los derechos humanos que el estado peruano reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el acuerdo amistoso del caso epónimo de María Mamérita Mestanza (2003) (Ballón Gutiérrez 2014, p. 3).

Si bien en este caso no se encuentra directamente ante una legislación sobre el aborto, la relevancia de destacar el proceso peruano está relacionada con dar cuenta de que el control de la capacidad reproductiva de los seres humanos tiene implicaciones políticas. Por supuesto, esto incluye al aborto, pero también va más allá de él. Ya sea configurándose como leyes punitivas o como programas reguladores. La evidencia indica que la gestión y control de ciertos gobiernos y emprendimientos privados sobre la reproducción biológico-social en el período estudiado, se ha hecho necesaria para la preservación del status quo. Dicha gestión suponía una lógica contradictoria. Se necesitaba controlar la tasa de natalidad no sólo cuantitativamente, sino también controlar quiénes se reproducían.

Ahora bien, ¿a partir de cuáles mecanismos fue posible alentar la reproducción en ciertos casos, y al mismo tiempo, contenerla dentro una misma población? Una aproximación rápida a esta cuestión indica que, por un lado, la hegemonía lograda por los grupos e instituciones conservadoras en América Latina (conduciendo el debate hacia el tema de “el comienzo de la vida humana”, con matices éticos y religiosos), abonó a la condena social general —a excepción de determinados grupos—del aborto. Por otro lado, dicho discurso se complementó con la asistencia para la planificación familiar que fomentó la reproducción de ciertos sectores sociales
—mayoritariamente el urbano, y el de clase media o media alta—. No obstante, para otros sectores caracterizados por no estar integrados completamente en las lógicas de producción y acumulación del capital, el aborto es una posibilidad que no se cuestiona, y puede llegarse hasta el extremo de, como se dio en el caso de las comunidades quechua y aymara, eliminar completamente la potencialidad reproductiva de dichos grupos.

A partir de esto se entiende que todos los debates y políticas en torno al aborto poco y nada tienen que ver con “el problema moral” que funciona actualmente de telón de fondo en muchas de sus puestas en escena. La reproducción es biológica y es social, y sus regulaciones han ido variando en cada época. Esbozar una explicación de la manera en que dicha regulación sucede en la sociedad capitalista es lo que se pretende a continuación.

Abortar en el capitalismo

A partir de la reconstrucción previa se puede observar de qué manera el desarrollo del sistema capitalista en un determinado momento histórico, depende de la producción y la reproducción de la fuerza de trabajo. En este sentido, entender al aborto dentro de este circuito global permite entender su potencialidad como una práctica que puede desequilibrar los intereses del sistema, en tanto sus condiciones de concretización. Como se dijo, la producción y la reproducción de la fuerza de trabajo implica, entre otras tareas, el reemplazo generacional de la misma. Debido a lo anterior, la decisión de perpetuar la especie humana es uno de los factores claves para la perpetuación del sistema capitalista como tal.

El modelo económico imperante en la época estudiada, veía el “desarrollo” y el “subdesarrollo”, o el “primer” y el “tercer” mundo, como si fueran etapas evolutivas de un mismo proceso que se encontraba en estrecha relación con la densidad demográfica de cada país. En este sentido, el concepto de “superpoblación” tuvo un papel fundamental en el diseño y la implementación del control de la natalidad pero, ¿a qué se refiere alguien cuando habla de un mundo superpoblado? Vale rescatar la postura de Mariarosa Dalla Costa y Selma James en su obra El poder de la mujer y la subversión de la comunidad (1975) cuando afirman que:

“[…] la utilización del término ‘superpoblado’ abarca no solo el genocidio a través del hacer morir de hambre, sino el cálculo de la población solo en relación al grado de inversión del capital y la consiguiente necesidad de fuerza de trabajo” (James y Dalla Costa, 1975, p. 96).

No se afirma con esto que en aquellos lugares en los que el aborto es legal la tasa de natalidad va a descender hasta llegar a cero. Es imperioso, en esta línea, preguntarse por qué y bajo qué condiciones la legalización del aborto pudo realizarse en ciertos países que son, en su gran mayoría, económicamente dominantes, y no en otros. Retomando lo dicho por Ferguson y McNally en una entrevista titulada “Social Reproduction Beyond Intersectionality” (2015) para ViewPoint Magazine, una primera aproximación para responder a tal interrogante está relacionada con el trabajo y la migración. Si se atiende al mercado de trabajo globalizado, la fuerza de trabajo hoy está siendo reproducida masivamente en sitios de bajos salarios fuera de los núcleos de la producción y acumulación capitalista. En algunos casos el capital puede migrar para establecer la producción, la distribución y las redes informacionales en áreas donde la fuerza de trabajo es barata.

Sin embargo, en los casos donde el trabajo es espacialmente inmóvil (como el agronegocio, el cuidado de niños de familias pudientes del norte, la construcción, gastronomía y hotelería en esas mismas zonas), la fuerza de trabajo barata, y por tanto sus portadores humanos, debe ser llevada hacia donde ese trabajo es directamente requerido. No obstante, debido a que dichos portadores en general están desesperados, pueden ser atraídos sin la garantía de derechos legales y políticos completos. Esto resulta en los estatus diferenciados de muchos trabajadores migrantes, y en la elevada precariedad, degradación y opresión que esto trae consigo (Ferguson y McNally, 2015).

Si bien se reconoce la necesidad de continuar profundizando en el estudio de la relación entre migración y trabajo desde la perspectiva de la TRS, también es menester hacer explícitos los mecanismos político-económicos por los cuales en determinados momentos históricos el aborto se legalizó o ilegalizó, y bajo cuáles argumentos.

Demás está mencionar que existen mecanismos ideológicos cuya función es reforzar el imperativo de la reproducción biológico-social bajo ciertas pautas, como por ejemplo, la sacralización de la familia heterosexual monogámica como núcleo base de la sociedad, y la construcción de lo “femenino” en estrecha relación con la maternidad. De acuerdo a la La invención de la heterosexualidad (2012) de Katz:

El “culto de la vida hogareña” que siguió a la Segunda Guerra Mundial
—el restablecimiento de la asociación de las mujeres con el hogar, con la maternidad, con el cuidado de los hijos y de los hombres con la paternidad y con el trabajo asalariado fuera de casa— constituyó una época en la que el predominio de la norma heterosexual fue casi incuestionable. A finales de los años 1940 y durante los años 1950, los profesionistas de la salud mental con ideas conservadoras reafirmaron el antiguo vínculo entre la heterosexualidad y la procreación (…) La idea de la mujer femenina y el varón masculino como reproductores prolíficos también se reflejó en el énfasis que se puso, a partir de finales de los años cuarenta, en que el homosexual era un símbolo triste de “esterilidad” —término particularmente denso y cargado que aparece incesantemente durante los fecundos años cuarenta y los fértiles años cincuenta (Katz, 2012, p. 96).

En este sentido, la institución familiar aparece como un reaseguro de la producción y crianza de individuos bajo lo que hoy se conceptualiza como “heteronorma”. A finales de los años 60, los manuales de paternidad insistían en cómo infundir un sentido claro de los roles de género dentro de la familia. Para ello era necesario respetar las jerarquías entre varones y mujeres mediante, por ejemplo, el reconocimiento de la madre hacia el padre como cabeza de la familia para ayudar a que el niño crezca para convertirse en un hombre viril. Tal y como se sostiene en la siguiente cita: “Si los padres mismos están inseguros sobre lo que constituye un comportamiento masculino o femenino apropiado hoy en día, es inevitable que sus hijos se confundan con respecto a su propio lugar dentro del esquema de las cosas” (Katz, 2012, pp. 105-106).

La maternidad y el rol de la mujer no siguieron un camino distinto. Sin embargo, la manera en que se obligó a ejercerla, conforme a las exigencias del mercado de la fuerza de trabajo y del control político, implicó su exaltación o su aniquilación con la misma desenvoltura según el contexto y los sujetos involucrados. Así, se tiene la esterilización en masa de las mujeres en Puerto Rico durante los años treinta, cuando los médicos la impulsaron como el único método anticonceptivo, dejando como saldo entre 1947 y 1948 el 7% de las mujeres esterilizadas. Curiosamente, estas mismas puertorriqueñas serían después las conejillas de indias para probar los efectos de la primera píldora anticonceptiva, antes de que fuera lanzada al mercado estadounidense. También en los Estados Unidos fueron esterilizadas sin su conocimiento ni consentimiento mujeres negras cuando se dirigían a los hospitales para realizarse un aborto o por alguna consulta ginecológica (James y Dalla Costa, 1975, p. 95).

Se pueden mencionar otro tipo de regulaciones como las implementadas por los regímenes fascistas en Europa en la década de 1930, donde en determinados casos, abortar era legal e incentivado por el estado y en otros no, que iban de la mano con el reforzamiento de la familia como sostén de la nación y penaban las prácticas homosexuales4; o la política del “hijo único” en China5. En el mismo sentido, la necesidad de la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo remunerado en algunos períodos (por ejemplo durante las guerras), permitió el desarrollo de tecnologías reproductivas destinadas a controlar la cantidad de hijos que podían tenerse y reducir los costos laborales que ello implicaba. Así, la regulación y el control sobre la producción y reproducción de los sujetos se mostró (y se muestra) esencial para garantizar la continuidad del proceso de producción de mercancías. La traducción de las necesidades económicas del capitalismo en América Latina en políticas concretas a través de los programas de planificación familiar y de control de la natalidad fueron, durante las décadas de 1950 y 1970, la forma más evidente del control de la función reproductiva de los seres con capacidad gestante y, a través de esto, del mercado de la fuerza de trabajo.

Comentarios finales

A lo largo de este trabajo hemos analizado al aborto como un factor de importancia en el circuito de producción-reproducción de la fuerza de trabajo y, por ende, estrechamente relacionado con la perpetuación del sistema capitalista como tal. Se tomó como ejemplo de la cristalización de ello a las políticas demográficas y de desarrollo económico en América Latina durante el período 1950 – 1980. Se observó que la legalización e ilegalización del aborto no respondió a una cuestión ética ni se guiaba por preceptos religiosos, aún en latitudes tradicionalmente cristianas como las nuestras. Un dato relevante es que no se trataba solamente de programas de planificación que restringían o permitían la práctica abortiva en términos aislados, sino que implicaba la reconfiguración de la familia monogámica heterosexual a las pautas que el desarrollo moderno, con gran injerencia de los estados imperialistas, exigía. Se hace evidente, entonces, que existió (y existe) un lazo muy fuerte entre la conservación de la familia y el aborto, lo cual puede iluminarnos para comprender la resistencia de algunos sectores dominantes a su legalización.

Por otro lado, uno de los problemas que se presentan a la hora de reflexionar, debatir, y estudiar este tema, es pensar al aborto en términos abstractos y ahistóricos, sin comprender que está atravesado por significaciones sociales y políticas concretas, propias de cada formación social y, por tanto, no es lo mismo considerar dicha práctica, por ejemplo, en el contexto medieval-feudal, que en el marco de la sociedad contemporánea. Estas complejidades se expresan al reflexionar que, en realidad, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo se encontró cercenado por diversos mecanismos que respondieron a las necesidades del capital, excediendo a la reproducción humana e incluso abarcando las decisiones sobre con qué nos alimentamos, en qué ambiente vivimos, qué trabajo realizamos, etc.

Por último, se hace necesario repensar el peso político que contiene la práctica y la palabra “aborto”. Hay que señalar que en ningún caso, al implementar las leyes, los planes y los esquemas de control poblacional, se utiliza el término “aborto”. Difícilmente se trate de una simple cuestión gramatical. Al contrario de eso, parece responder al hecho de que al no nombrarlo, esas políticas no tienen relación alguna con las decisiones (y sobre todo con cuáles agentes toman esa decisiones) en torno a la reproducción de los seres humanos y no despierta polémica. Considerada como una cuestión geopolítica relevante, la decisión de las personas de abortar en determinadas circunstancias, impacta directamente en los intereses más generales del capitalismo y allí radica actualmente su carácter políticamente subversivo.

Notas

1 Una de las últimas y más conocidas producciones es el libro de Mabel Bellucci Historia de una Desobediencia. Aborto y feminismo (2014), pero aquí también consideramos el surgimiento de equipos de investigación, jornadas y congresos de géneros que analizan el tema desde diversas disciplinas.

2 Siguiendo a Morán Fáunes, la idea actual que establece el comienzo de la vida a partir de la concepción no es sino un concepto moderno, que data de la segunda mitad del siglo XIX. Dicha construcción conceptual no fue aislada de otras instituciones, sino que ha logrado reformularse en base a los discursos dominantes de la ciencia contemporánea basados en la genética y le otorga un carácter científico a una tesis teológica. En este sentido, el argumento genetista tiene el poder de presentar la postura del catolicismo no como un mero anhelo religioso, sino como una verdad que se pretende objetiva, neutral y empíricamente verificable (Morán Fáunes, 2013, pp. 45-46).

3 Vale la aclaración que para los autores esto no es una explicación satisfactoria sobre la opresión de las mujeres, que reconocen más compleja: “Acaso esto provee de una explicación total sobre la opresión de las mujeres? La respuesta obvia es que no. Pero como Vogel expresó es necesario establecer estos cimientos materiales [como] bases fundamentales para otros trabajos” (Ferguson y McNally, 2013, p. 4) . Por supuesto, las experiencias varían enormemente a lo largo y ancho de las sociedades en términos de cómo la labor reproductiva es llevada a cabo, incluyendo la forma específica en que las unidades domésticas, las comunidades y los estados actúan. Debido a que los procesos biológicos son inherentemente históricos, el análisis y la explicación de la opresión de las mujeres demanda que nos preguntemos acerca de las relaciones sociales y las prácticas institucionales que apuntalan determinadas relaciones de género (Ferguson y McNally, 2013, p.4)

4 A mediados de la década de 1920, el régimen fascista de Benito Mussolini comenzó una campaña destinada a elevar el número de nacimientos. En 1925 se creó la Opera nazionale per la maternità ed infancia (Agencia Nacional para la Maternidad y la Infancia) cuyo objetivo era fortalecer a la familia. La agencia premiaba monetariamente los casamientos y los nacimientos y la maternidad se constituyó en el deber de las mujeres para con su nación. La política pro-natalista del régimen también incluyó la prohibición en 1926 de la venta de anticonceptivos, y en 1931 se constituyó como delito la incitación a prevenir los embarazos y el aborto, con una pena de cinco años de prisión y trabajos forzados a toda mujer que haya realizado y/o consentido dicha práctica (De Grazia 1993, p. 42).

En la misma línea que el fascismo italiano, los esquemas natalistas del nazismo se vieron complejizados por uno de los elementos más importantes de su ideología: el eugenismo. A diferencia del régimen italiano, los eugenistas alemanes entendían que el incremento poblacional no era sólo una cuestión de cantidad, sino también de pureza racial. Las sanciones contra el aborto se flexibilizaron: en 1934 se estableció que el aborto no sería considerado como un crimen si su objetivo era prevenir el nacimiento de un niño “no apto”. Por esta misma razón, la producción y venta de anticonceptivos nunca estuvo prohibida por decreto como en Italia (De Grazia 1993, p. 53).

5 Según declaraciones del gobierno chino, la sanción de la ley de “un hijo por familia” en 1979 era necesaria en el contexto de una población en constante expansión y una visión del desarrollo marcado por la introducción de la modernidad, la ciencia y la tecnología de Occidente. Si no se limitaba su crecimiento, dichas metas se verían negativamente afectadas. La legalización del aborto hizo que la República Popular China lograra una tasa de abortos menor que la de Europa del Este (donde era ilegal). No obstante, el éxito de la nueva política fue ambivalente. Si bien se redujo el número de nacimientos a nivel general, también implicó el comienzo de procesos que afectaron la composición sexual de la población, sobre todo en el campo. Simultáneamente, se privilegiaba el nacimiento de los varones debido a que las mujeres dejarían la familia y la comunidad cuando contrajeran matrimonio. Las autoridades locales tomaron medidas coercitivas extremas para cumplir con las metas de la ley. Dentro de ellas se encontraban la práctica de abortos involuntarios y en estado avanzado de embarazo, esterilizaciones forzosas y colocación del DIU con seguimiento médico para evitar su removimiento (Hershatter, 2007, p. 29).

Referencias

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