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38Diálogos Revista Electrónica de Historia, 21(2): 38-65. Julio-diciembre, 2020. ISSN: 1409-469X · San José, Costa Rica
DOI 10.15517/dre.v21i2.39533
AGUA EN DISPUTA: CONTIENDA POLÍTICA
Y GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL CASO DEL
PARQUE LOS CHORROS, TACARES (2011-2019)
María Stephanie Valenciano Hernández
Karol Rojas Quesada
Resumen
El presente artículo consiste en un análisis del conicto socioambiental
acaecido entre los años 2011 y 2018 que enfrentó a dos comunidades vecinas,
pero principalmente a una comunidad y al Estado por las fuentes de agua del
parque Los Chorros. Este análisis se realiza a partir del modelo de la Espiral del
Poder y el Ciclo de las Demandas Políticas propuesto por Alpízar (2013), con
las cuales se busca comprender cuáles fueron las percepciones de la causa del
conicto, las demandas y las estrategias de articulación de los actores políticos
de la comunidad, y posteriormente, el procesamiento institucional que le dio
el Estado costarricense a estas. Para esto se utiliza un diseño de investigación
cualitativo que busca identicar principalmente los marcos cognitivos con
los cuales los actores explican lo sucedido. Así es posible determinar las
desigualdades existentes entre las comunidades y las prácticas paternalistas e
impositivas con las que el Estado gestiona el agua, así como entre los mismos
actores de las comunidades.
Palabras clave: conicto socioambiental, gestión del agua, demandas políticas,
conictividad hídrica, Tacares, Costa Rica.
Fecha de recepción: 3 de noviembre de 2019 • Fecha de aceptación: 29 de abril de 2020
María Stephanie Valenciano Hernández • Licenciada en Ciencias Políticas por la
Universidad de Costa Rica. Ex becaria del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la
Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. Contacto: valencianohdzm@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6402-6961
Karol Rojas Quesada • Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica.
Ex becaria del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica.
Politóloga independiente. San José, Costa Rica. Contacto: karolrq04@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0534-1969
María Stephanie Valenciano Hernández & Karol Rojas Quesada • Agua en disputa: contienda política y gestión institucional... 39
WATER DISPUTE: POLITICAL CONTEST AND
INSTITUTIONAL MANAGEMENT IN THE CASE OF
LOS CHORROS PARK, TACARES (2011-2018)
Abstract
This article consists in an analysis of the socio-environmental conict that
confronted two neighboring communities, but mainly one community and the
State due to the water sources of Parque Los Chorros, between 2011 and 2018.
This analysis is based on the model of the Spiral of Power and the Cycle of Political
Demands proposed by Alpízar (2013), which seeks to understand what were the
perceptions of the cause of the conict, the demands and the articulation strategies
of the political actors of the community, and later, the institutional processing that
the Costa Rican State gave them. For this, is applied a qualitative research design
that mainly identies the cognitive frameworks with which the actors explain the
conict. Thus, it is possible to determine the existing inequalities between the
communities and the State with the paternalistic practices with which manages
water, as well as between the same community actors.
Keywords: socio-environmental conict, water management, political demands,
water conict, Tacares, Costa Rica.
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INTRODUCCIÓN
Los escenarios de conictividad socioambiental por el agua han estado
históricamente presentes en América Latina, de ahí que se hayan desarrollado
amplios esfuerzos de investigación sobre estos, muchos de los cuales han sido
englobados en redes como WATERLAT-GOBACIT. De estas es posible señalar
dos vertientes: por un lado, aquellas investigaciones que estudian la temática con
un enfoque en los Derechos Humanos y, más específicamente, el derecho humano
al agua potable y las prácticas de gestión de este recurso (Foronda, 2008; Caba-
llero, 2008; Ávila, 2008; Viñuales, 2008; Vallejo, 2011; Mar, 2012; Pare, 2012;
Collado, 2012; Galindo, 2012; Hidalgo, 2012; Sánchez-García, 2015; Echeverría,
2017; Mora, 2017); y por otro lado, aquellas que se centran en estudiarlos a partir
de criterios políticos como la desigualdad en el acceso al agua y la ecología polí-
tica (García, 1999; Pérez, Santamaría & Piña, 2006; Castro, 2008; Peña, 2008;
Castro, 2012; Castro, Kloster & Torregrosa, 2004; Bazán, 2012; Bottaro, Latta &
Sola, 2014; Latta & Gómez, 2014; Bautista, 2016).
Esta presencia de conictividad también ha sido una realidad de nuestro país.
En Costa Rica, desde la década de los años 80 hasta el 2017, es posible contabilizar
441 contiendas políticas por agua que han llegado a ser abordadas por medios de
comunicación escrita, de las cuales el tipo más recurrente es por el acceso a agua
potable, seguido por la protección de cuerpos de agua y, por último, reclamos por
un inadecuado saneamiento (Alpízar, 2019, p. 27). Si bien, de acuerdo con Alpízar
(2019), no es posible hablar de un crecimiento sostenido de la ocurrencia de estas
contiendas (pp. 25-27), es claro que se puede armar que han estado presentes a lo
largo de los años en el escenario político nacional.
Estos conictos, sin embargo, pueden ser cada vez más frecuentes frente a
realidades que apuntan hacia una potencial escasez del agua a raíz de sequías ahora
más recurrentes y prolongadas, articulando consigo luchas entre grupos con intereses
contrapuestos en diferentes niveles (local, regional, nacional y mundial) por el su
control y empleo (Segrelles, 2007). Sobre las cuales tienen un papel muy relevante
la movilización de los recursos hídricos de un lugar a otro para sus distintos usos en
lugares distintos (Swygendouw, 2019, pp. 48-49).
Este es precisamente el caso del conicto socioambiental por las fuentes de
agua del parque Los Chorros, donde en el 2011 el Instituto Costarricense de Acue-
ductos y Alcantarillados (AyA) buscó desarrollar el proyecto de Mejoras al Sistema
de Abastecimiento de Atenas, con el cual buscaba tomar agua del acueducto ubicado
en esta área para solucionar las demandas por abastecimiento del cantón vecino,
tras haber sido declarado en emergencia sanitaria por la escasez que enfrentaba. Sin
embargo, lo que parecía ser una no muy complicada inversión en mejorar la infraes-
tructura terminó por articular un conicto que se extendió por cerca de ocho años y
enfrentó a dos comunidades vecinas entre sí
1
y con el Estado.
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El objetivo de este artículo es analizar este conicto socioambiental en tres
etapas principalmente abordadas en el modelo de la Espiral del Poder y el Ciclo de
las Demandas Políticas planteado por Alpízar (2013): construcción de las demandas
políticas, articulación de las demandas políticas y procesamiento institucional de las
demandas políticas. A partir de estas, se busca comprender para el caso cuál y cómo
fue la interacción entre la comunidad de Tacares y el Estado costarricense durante
el período de conictividad a través de la identicación de demandas, estrategias de
articulación de las demandas y respuestas institucionales que se dieron a éstas.
Para esto, en primer lugar, se contextualiza el conicto en estudio con el
propósito de abordar brevemente qué ha sucedido desde su inicio y quiénes son
las comunidades implicadas. En segundo lugar, se presenta un abordaje teórico que
permita comprender y estudiar a profundidad el caso. En tercer lugar, se explica el
diseño metodológico con el cual se desarrolló este estudio y se crearon los respectivos
marcos estudiados posteriormente. Luego, se detallan los marcos encontrados sobre
la causa del conicto y las demandas de la comunidad de Tacares, para luego deter-
minar las respuestas institucionales dadas a éstas. Finalmente, se presentan algunas
de las reexiones nales que son posibles desarrollar a partir de los resultados.
CONTEXTUALIZACIÓN
Atenas es el quinto cantón de la provincia de Alajuela. Se compone de ocho
distritos, tiene una población total de 25460 habitantes y el abastecimiento del
servicio hídrico es brindado por el AyA. Este cantón ha venido atravesando impor-
tantes dicultades para tener un acceso permanente al agua en sus comunidades,
dado que “el servicio de agua potable solo funciona entre las 3 a. m. y las 6 a. m.”
(Barrantes, 2014). Esto a su vez ha conllevado al cierre de centros educativos y
comedores escolares ante la incapacidad de los mismo de satisfacer esta necesidad
básica de los estudiantes. De acuerdo con datos brindados por la Municipalidad de
Atenas al medio escrito La Nación en el 2014, un 60 % de sus habitantes sufría de
racionamientos diarios de agua (Fornaguera, 2014, párr. 2). Esta escasez de agua
llevó incluso a la declaración de una emergencia sanitaria emitida por Laura Chin-
chilla Miranda, la entonces presidenta de la República a través de La Gaceta con
el decreto N° 38005-S. También generó que se interpusiera un recurso de amparo
ante la Sala Constitucional en el año 2011, que fue dado con lugar, por lo que se le
ordenó al subgerente general del AyA girar de inmediato las órdenes que estaban
dentro del ámbito de sus competencias (Sala Constitucional de Costa Rica, 2011,
07-008098-0007-CO).
Para abordar la emergencia y ante la falta de nacientes para cubrir a toda
la comunidad de Atenas, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
(AyA) inició en diciembre del 2012 el proyecto Mejoras al Sistema de Abasteci-
miento de Atenas. Su objetivo consistía en aumentar el caudal de agua de la captación
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del Parque Los Chorros en Grecia (Ver Figura 1), para trasladarlo a Atenas y así
solucionar el problema que enfrenta dicha comunidad. Este proyecto tenía un costo
de 2.800 millones de colones, nanciados por el empréstito BCIE-AYA 1725.
Figura 1. Mapa: Localización del Parque Recreativo Municipal Los Chorros. Fuente: Elaboración propia.
La ejecución del proyecto conllevaba dos etapas. La primera contemplaba 23
kilómetros de tubería y un tanque de almacenamiento de 2500 metros cúbicos en Sabana
Larga para distribuir agua a la comunidad de Atenas. La segunda etapa planeaba ser
paralela y proyectaba adherirse a la captación actual de Tacares. Sin embargo, los datos
que el AyA provee en la redacción de su proyecto denotaban planes muy distintos.
Tacares, por su parte, es el quinto distrito del cantón de Grecia ubicado en la
provincia de Alajuela. Este posee una población de poco más de 8000 habitantes
y la administración y manejo del recurso hídrico está en manos de la ASADA
2
.
Un mes después de haber iniciado la ejecución de este proyecto, es decir, en enero
del 2013, la comunidad de Tacares se enfrentó con el AyA a raíz de las dudas que
este les generaba. Argumentaban la falta de información dada por la institución y
la ausencia de una consulta popular a los vecinos de dicha comunidad, lo cual era
pertinente en tanto el proyecto se estaba desarrollando a partir de la fuente de agua
que les abastecía. Con el objetivo de continuar las negociaciones, la comunidad de
Grecia acordó a nales de enero del 2013 formar una comisión técnica legal que se
reuniría en las ocinas centrales del AyA con altos funcionarios de dicha institución
para buscar una solución conjunta (Bolaños, 2013, p. 8).
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Durante todo este lapso de tiempo, es decir entre 2011 y 2018, el conicto se
mantuvo vigente con períodos que variación entre mayor y menor conictividad.
Asimismo, se caracterizó por la entrada y salida de actores tanto no institucionales
como institucionales, unos por desacuerdos a lo interno de la comunidad y otros
por cambios en el escenario político a nivel nacional. Asimismo, con estrategias y
discursos sumamente variantes entre sí, que conllevaron al aplazamiento de ejecu-
ción del proyecto y condición por casi una década más el acceso a agua potable en
el cantón de Atenas.
ABORDAJE TEÓRICO
La conictividad está siempre presente en el estudio de lo político. Para
Mouffe (2007), los asuntos propiamente políticos siempre implican decisiones
que requieren que optemos entre alternativas en conicto. Lo político precisa, por
lo tanto, de dinámicas con una naturaleza antagonista que distan de las propuestas
liberales que conciben la capacidad de generar escenarios armoniosos y no conic-
tivos frente a realidades pluralistas de valores y perspectivas. Este antagonismo,
por ende, articula una distinción nosotros/ellos que es condición de la posibilidad
de formación de identidades políticas cuando el “ellos” cuestiona la identidad
del “nosotros” y se considera una amenaza a su existencia. Por lo tanto, se parte
de que todo orden es político y está basado en alguna forma de exclusión, pues
siempre existen otras posibilidades que han sido reprimidas y pueden reactivarse
(Mouffe, 2007, pp. 23-25).
Así, reconocer el carácter perenne de la conictividad en lo político no es
incompatible con la democracia misma porque el carácter democrático de una
sociedad solo puede venir dado por el hecho de que ningún actor social limitado
pueda atribuirse la representación de la totalidad y armar que tiene el control de
los fundamentos. De esta forma, la práctica política no se concibe como algo que
simplemente representa los intereses de unas identidades previamente constituidas,
sino que debe entenderse como algo que constituye las propias identidades en un
terreno considerado precario y vulnerable (Mouffe, 2000, p. 113). Lo cual puede
conllevar a que se generen roces en el sistema de representatividad democrática.
Para Pitkin (1985), la representación
3
política es ante todo un concierto
público e institucionalizado que involucra a muchas personas y grupos, que opera de
acuerdo con los complejos modos en los que lo hacen los conciertos sociales a gran
escala. Lo que lo constituye como representación no es cualquier acción singular
realizada por cualquier participante, sino la estructura global, el funcionamiento del
sistema y las pautas que son producto de las múltiples actividades de mucha gente,
de modo que es representación si el pueblo está presente en la acción guberna-
mental. En la medida en que se trata de una cuestión de actuar sustantivamente por
otros, esto requiere una acción independiente en interés de los gobernados (p. 247).
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De modo que, la representación signica actuar en interés de los representados
de una manera sensible ante ellos (Pitkin, 1985. p. 233). Sin embargo, la autora es
clara en plantear el problema que puede presentarse al contraponer los intereses
locales o parciales versus el interés nacional y la cuestión del papel del representante
político con respecto a ellos. Frente a estos escenarios, los actores buscan organi-
zarse en la consecución de sus intereses, articulando así acciones individuales o
colectivas que suelen ser identicadas como participación política no convencional
debido a su proximidad (o no) a la normatividad (Contreras, Correa & García, 2005,
p. 187). Por ende, se entiende esto al uso o no de canales brindados por la propia
institucionalidad para incidir sobre la esfera política y la toma de decisiones a partir
de la organización y la constitución de actores colectivos.
Un actor
4
colectivo es denido de acuerdo con Dente y Subirats (2014)
como un conjunto de sujetos cuyos mecanismos de interacción entre sí tienen
una estabilidad y una fuerza suciente como para asegurar que quienes hablen
en su nombre representen efectivamente los intereses y los objetivos de la
unidad superior como tal y no exclusivamente los suyos (p. 76). Cuando los
actores colectivos consideran que sus intereses y valores no son representados
por quienes ostentan los cargos de representación política y que en la esfera
institucional no solo estos no se ven reejados, sino que incluso se genera polí-
tica pública que consideran amenaza sus entornos más directos, pueden buscar
ejercer una participación política que precisamente tiende a desplazar los medios
y canales más tradicionales dados desde una esfera institucional. Lo que genera
dichas acciones colectivas y que, a su vez, pueden nutrirse de una participación
política considerada no convencional.
Los escenarios recientes respecto a la gestión y acceso al recurso hídrico
conguran retos cada vez más complejos que a su vez desencadenan luchas y
conictos entre grupos con intereses contrapuestos (Segrelles, 2007, pp. 7-8).
Esto a su vez, frente a una inexión extractivista, ha conllevado a la explosión de
conictos socioambientales
5
que tienen por protagonistas a organizaciones indí-
genas y campesinas, así como de nuevas formas de movilización y participación
ciudadana centradas en la defensa de los bienes naturales, la biodiversidad y el
ambiente (Svampa, 2013, p. 39).
Para analizar este conicto, se recurre al modelo de Alpízar (2013) de la Espiral
del Poder y el Ciclo de las Demandas Políticas, que presenta cuatro fases especícas y
de las cuales se estará utilizando tres en este caso. La primera consiste en la construcción
o destrucción de las demandas de los actores políticos según la cual se busca estudiar
la forma en que los intereses y/o preferencias se convierten en demandas políticas. La
segunda se trata de la articulación o desarticulación de las demandas según la cual una vez
que los actores políticos colocan sus demandas en un espacio público ya no solo depende
de los actores en sí mismos, sino de las complejas interrelaciones que ocurren entre los
distintos actores, medios de comunicación, partidos políticos y las instituciones públicas.
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La tercera fase es el procesamiento institucional de las demandas que se trata de todas
aquellas acciones u omisiones de las autoridades gubernamentales en relación con las
demandas planteadas por los actores (Alpízar, 2013. pp. 37-41).
DISEÑO METODOLÓGICO
Se trata de un diseño de investigación cualitativo que reconstruye el conicto
a través de tres etapas: construcción/destrucción de demandas políticas, articulación/
desarticulación de demandas políticas y procesamiento institucional de demandas
políticas. Para este se utilizan, como técnicas de recolección de información, la
aplicación de entrevistas semiestructuradas a actores de la comunidad de Tacares
y actores institucionales, la revisión bibliográca de actas institucionales y medios
de comunicación local y nacional. A estas fuentes se les desarrolló un análisis de
contenido y para algunas más especícamente se utilizó el análisis de marcos cogni-
tivos
6
para identicar los frames de los actores sobre las causas del conicto y las
demandas construidas. Asimismo, se identicaron mediante las entrevistas reali-
zadas las estrategias de articulación desarrolladas por los vecinos de Tacares y las
respuestas institucionales que dio el Estado a sus demandas.
Para el caso del análisis de marcos, la información recolectada fue orga-
nizada por tipos de actores y procesada a través del programa informático Atlas.
ti en unidades hermenéuticas separadas, con las cuales se generaron una serie de
códigos para el procesamiento de entrevistas, notas periodísticas y documentación
institucional. A partir de estos códigos, que se muestran en la Tabla 1, fue posible
más tarde seleccionar frases de las declaraciones encontradas con las cuales se
identicaron los marcos empleados por los diferentes actores para referirse al
conicto y a todo lo que este implicó. Estas categorías empleadas para el análisis
fueron basadas en la teoría y los conceptos pertinentes a la investigación. De esta
forma, como sostienen Alonso, Volkens y Gómez (2012), se busca contener su-
cientes códigos para recoger todos los detalles importantes (p. 24).
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TABLA 1
Códigos utilizados en el procesamiento y análisis de información
IDENTIFICADOR TIPO DE ACTOR CÓDIGO REFERENCIA
105 Actores institucionales Percepción institucional Referencias de los actores
locales y nacionales de las causas del conicto institucionales sobre qué
consideran que originó el
conicto en estudio.
106 Respuestas institucionales Referencias de los actores
al conicto institucionales sobre de las
demandas articuladas por los
actores de la comunidad.
203 Actores comunales Percepción comunal de Referencias de los actores
la causa del conicto comunales sobre qué
consideran que originó
el conicto en estudio.
204 Organización y estrategias Referencias de los actores
comunales sobre la forma
en que se organizaron y las
estrategias que emplearon para
articular sus demandas en
el Estado.
205 Demandas comunales Referencias de los actores
comunales sobre cuáles eran
las demandas y peticiones que
llevaron a las instituciones
del Estado.
206 Causas de la fractura Referencias de los actores
del bloque comunal comunales sobre las razones
por las cuales la comunidad se
dividió durante el conicto.
Fuente: Elaboración propia.
LOS MARCOS COGNITIVOS SOBRE LA CAUSA DEL CONFLICTO
La ejecución de este proyecto dio inicio en diciembre del año 2012 y
encontró sus primeros obstáculos un mes después cuando en enero del año 2013
los vecinos de Tacares hicieron pública su inconformidad con las obras que se
estaban desarrollando en las inmediaciones del Parque Los Chorros, por lo que se
enfrentaron a las autoridades del AyA en búsqueda de información sobre lo que se
estaba desarrollando en el lugar y las implicaciones que esto podría tener a futuro.
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A la posición de la comunidad se sumó además el gobierno local de Grecia, quienes
en el momento se mostraron a favor de las posiciones mostradas por la comunidad
de Tacares.Estas posiciones sin embargo no eran suscritas ni comprendidas por los
actores institucionales nacionales representados por el AyA.
En la Figura 2 es posible observar los distintos marcos identicados sobre
las causas del conicto, señaladas por los diferentes actores vinculados al mismo.
De esta manera, se ve que los actores institucionales nacionales plantean un frame
que es constantemente identicado, se trata de acaparamiento del recurso más
especícamente por parte de los miembros de la comunidad de Tacares y de Grecia
en general que, de acuerdo con ellos, desaó una gestión institucional que buscaba
la distribución equitativa de los recursos. Este marco también es empleado por la
Municipalidad de Atenas en actas institucionales, pues aducen la causa no solo en
un acaparamiento del recurso, sino también en la búsqueda de intereses particu-
lares así como a la desinformación existente entre los vecinos de Tacares.
Por otro lado, se encuentra la Municipalidad de Grecia, que en respaldo del
movimiento de los vecinos de Tacares, enmarca la causa del conicto en el debido
proceso, señalando que el AyA no tramitó los permisos que le correspondían ni
comunicó de la manera adecuada a la comunidad sobre el proyecto. Finalmente, los
vecinos de Tacares emplean seis distintos marcos identicables en las entrevistas
con estos actores y declaraciones a medios de comunicación que, de acuerdo con sus
versiones, explican el detonante del conicto en este caso. La más señalada en todo
momento es la escasa información brindada por parte del AyA, cuestión que suscitó
una gran desconanza por parte de los vecinos al no tener seguridad sobre la afecta-
ción que este proyecto podría generar sobre sus cotidianidades.
A partir de la identicación de todos estos marcos es constatable como las
estrategias de los actores en cada caso pasan por la no asunción de la responsa-
bilidad sobre las causas del conicto. Por un lado, los actores institucionales, a
grandes rasgos, culpabilizan a la comunidad de desatar una disputa por el recurso
bajo el argumento de un Estado que buscaba la equitativa distribución de los
recursos y, por el otro, los actores locales para quienes lo sucedido pasaba por la
responsabilidad de un Estado con políticas impositivas y la negativa a comunicar
e informar según el debido proceso.
Estos marcos utilizados por los miembros de la comunidad pueden vincu-
larse con un concepto con gran potencial explicativo para el caso, como lo es
el despojo, en tanto que estos actores apelan a una falta de autonomía territorial
respecto a la toma de decisiones sobre recursos y espacios sobre los cuales se tienen
vínculos estrechos. Ojeda (2016) dene el despojo como un proceso violento de
reconguración socioespacial y, en particular, socioambiental, que limita la capa-
cidad que tienen las comunidades de decidir sobre sus medios de sustento y sus
formas de vida (p. 21).
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Figura 2. Marcos sobre la causa del conicto. Fuente: Elaboración propia.
MARCOS COGNITIVOS SOBRE DEMANDAS POLÍTICAS
CONSTRUIDAS Y ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN
Este proceso es denido por Alpízar (2013) como el momento en el cual un
grupo de actores recoge una serie de constelaciones de problemas y los llevan al
espacio público para su problematización, dando origen al proceso de construcción
y destrucción de las demandas políticas. Así, ciertos intereses compartidos por un
grupo se transforman en una serie de reivindicaciones políticas que son seleccio-
nadas como asuntos de relevancia mediante la también revisión de las oportuni-
dades políticas. Para sacar provecho de estas ventanas de oportunidad política, como
menciona Alpízar (2013), se deben de tener en cuenta los marcos cognitivos de los
actores políticos, que es donde los asuntos del mundo de la vida son elaborados inter-
subjetivamente en discursos ideológicos especícos (pp. 34-35).
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Los marcos a través de los cuales la comunidad llevó a cabo la construcción de
sus demandas pueden dividirse en tres grupos distintos como se muestra en la Figura
8: marcos procedimentales y garantistas que apelan a las formas en cómo debía
llevarse a cabo el proceso de construcción del proyecto y los derechos de la comu-
nidad frente a este, marcos conservacionistas que se enfocan en la protección de la
naturaleza del Parque Los Chorros, y nalmente, los marcos de replanteamiento que
buscan establecer alternativas a lo planteado por el fondo en el proyecto de Mejoras
al Sistema de Abastecimiento de Atenas.
Para cada uno de los grupos es posible identicar distintos marcos utilizados.
El primer grupo de marcos, es decir, los que corresponden a demandas por cuestiones
procedimentales y garantistas, apelan al Estado utilizando cuatro marcos distintos.
En primer lugar, señalan la información como una demanda, o bien, el acceso a más
información sobre el proyecto que se llevaría a cabo previo a su propia ejecución, así
como las implicaciones del mismo para la comunidad. Para este encuadre es posible
identicar expresiones como “era información lo que queríamos que nos dieran”
(Comunicación personal con informante clave 3, 22 de mayo del 2019).
En segundo lugar, se identica el marco de la “participación” a través del cual
los vecinos reclaman a las instituciones no ser tomados en cuenta en el planteamiento
y diseño del proyecto. Este punto es además respaldado por SETENA (2014) cuando
indica que se deben desarrollar procesos participativos con la comunidad en la etapa de
construcción del proyecto que garantice la debida información de las comunidades (p. 8).
Respecto a este frame, se encuentran declaraciones como “fue decirle al AYA ustedes
no son la verdad absoluta en esto y tienen que tomarnos en cuenta” (Comunicación
personal con informante clave 1, 10 de abril del 2019), donde los vecinos establecen un
descontento por la forma impositiva y vertical de hacer y desarrollar política pública.
Aunado a esto, la comunidad de Tacares hace uso del marco del “debido
proceso” a través del cual le solicita a las instituciones que se llevara a cabo el
proyecto apegándose a lo determinado por la normativa legal, sobre todo en lo que
respecta a permisos de ejecución del mismo. Así, para este encuadre, se identican
expresiones como la siguiente, donde un miembro de la comunidad explica que, en
su demanda por procedimientos apegados a las normas, recurren a la Sala Cons-
titucional: “la anomalía en la forma en que se tramitó el permiso ante SETENA
envió el recurso a la sala IV y se dio lo que nosotros sabíamos que iba a pasar que
se votó a favor nuestro y suspendieron las obras” (Comunicación personal con
informante clave 4, 30 de julio del 2019).
Finalmente, el cuarto marco utilizado se trata de “derecho a protesta” a través
del cual algunas personas buscaban rescatar la garantía de la comunidad de manifestar
su descontento con respecto a las estrategias que la institucionalidad estaba llevando a
cabo para la ejecución del proyecto y las respuestas que en un inicio estaba brindando
a los vecinos de Tacares al plantear estos sus inquietudes. Para lo anterior, se articu-
laban expresiones como “el derecho a protestas es un derecho que tienen todos los
costarricenses” (Comunicación personal con informante clave 4, 30 de julio del 2019).
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A través de esto algunos miembros de la comunidad dejan claro que este sería uno
de sus repertorios de acción como producto del descontento. Además, por medio de
este marco los vecinos exponen la existencia de uno de los cuatro principios claves
de los regímenes representativos expuesto por Manin (2006), según el cual debe de
existir la libertad de expresión de quienes son gobernados (p. 7).
El segundo grupo de marcos, los conservacionistas, articulan las demandas en
cuatro encuadres distintos. En primer lugar, se identica el de “protección del ecosis-
tema” a través del cual los vecinos de la comunidad demandan que el proyecto en
cuestión no tenga impactos sobre la naturaleza que existe en el Parque Los Chorros
y que se asegure que no habría implicaciones negativas para el espacio natural del
mismo. Para este encuadre se encuentran citas de demandas como “que no se afectara
el Parque Los Chorros”, o algunas orientadas a cuestiones especícas del proyecto
que podrían incidir de forma negativa sobre la naturaleza del lugar como la siguiente
expresión: “había que hacer más estudios sobre la contaminación sónica, el impacto
visual y todo eso que causa en los animales pero para mí y para todos eso era nefasto en
ese momento” (Comunicación personal con informante clave 1, 10 de abril del 2019).
En segundo lugar, se encuentra el marco de “abastecimiento futuro” a partir
del que la comunidad planteaba que debía asegurárseles una cantidad de agua a
futuro capaz de abastecer una demanda creciente del recurso, dada por el aumento
de población y de posibles desarrollos que podrían llevarse a cabo en el lugar. Al
respecto, sin embargo, se identican dos demandas distintas; por un lado, aquellas
que solicitan no tomar el agua de dicha fuente por sus implicaciones futuras y, por
otro, las que se encuentra de acuerdo de tomar el agua de la fuente siempre y cuando
no haya afectaciones para su consumo. Para este se identican expresiones como
“déjenos esa agua para el crecimiento natural nuestro” (Comunicación personal con
informante clave 3, 22 de mayo del 2019), “Tacares va a tener un desarrollo muy
grande, de hecho ya es un acueducto enorme, y entonces déjenos esa agua para noso-
tros” (Comunicación personal con informante clave 3, 22 de mayo del 2019) o bien
quienes solo decían necesitar “que no se afectara el caudal para la comunidad de
Tacares” (Comunicación personal con informante clave 1, 10 de abril del 2019).
El último frame conservacionista que se identica es el de “retribución”, en el cual
la comunidad solicitaba que por el uso del agua de Tacares se cobrara un canon hídrico a
Atenas que permitiera invertir en la protección del parque y en la compra de los terrenos
aledaños para la conservación de las fuentes de agua así como para involucrar y concien-
tizar a la comunidad de Atenas sobre la importancia de esta área. Sobre este marco se
encuentran citas como “entonces hay un tema que se llama canon hídrico, que ese canon
hídrico se le debería cobrar a Atenas, pero no se le estaba cobrando” (Comunicación
personal con informante clave 4, 30 de julio del 2019) o también “[Atenas] tienen que
ser conscientes de donde viene esa agua, porque en los conictos que había tenido los
Chorros anteriormente que estuvo en peligro la captación del líquido aunque se invitaba
a la gente de Atenas, nunca se unieron a luchar entonces siempre se manejó el discurso
de concientizar” (Comunicación personal con informante clave 2, 19 de mayo del 2019).
María Stephanie Valenciano Hernández & Karol Rojas Quesada • Agua en disputa: contienda política y gestión institucional... 51
El tercer grupo de marcos, identicados como encuadres “de replanteamiento”,
buscan establecer cambios a la forma en que estaba solucionando el Estado la
demanda de abastecimiento de agua de Atenas, es decir, buscaban su reforma:
unos rediseñando el proyecto para tomar el agua del Parque Los Chorros y otros
solicitando la búsqueda de otras fuentes. Para este grupo, el primer frame articu-
lado es el de “rediseño del proyecto” con el cual los vecinos de Tacares solicitaban
cambios sobre la forma en que estaba planteado en su etapa el parque para evitar
los impactos que podría tener. Al respecto la demanda más i mportante era la de no
construir una estación de bombeo y para la cual establecían alternativas como “que
(se) llevara el agua por gravedad” (Comunicación personal con informante clave
3, 22 de mayo del 2019).
El segundo encuadre observado es el de “búsqueda de otras fuentes” con
el cual algunos miembros de la comunidad apelaban a no tomar el agua de las
nacientes del Parque Los Chorros y buscar otras fuentes alternativas a esta para
abastecer la demanda de agua de los atenienses. Para este grupo de vecinos no
había espacio para la negociación de las nacientes tacareñas y el AyA debía no
insistir más sobre la toma del agua del parque en cuestión. Sobre este mismo argu-
mento se planteaba como alternativa el uso de fuentes más cercanas a Atenas y se
proponía que “solamente en Roca Verde, una urbanización ubicada en un cerro en
Atenas, contaba con cerca de 40 piscinas, la propuesta era que se reuniera toda
esa agua de pozos y se utilizara para la comunidad” (Comunicación personal con
informante clave 1, 10 de abril del 2019).
A este marco se enlaza el de “exclusividad del recurso” a partir del cual
algunos vecinos de Tacares demandaban que el agua de Los Chorros debía ser de
uso estricto para su distrito y negaban la entrada del AyA al parque para el desarrollo
del proyecto. De esta forma defendían una apropiación del recurso que de acuerdo
con ellos debía ser respetada por el Estado y para la cual exigían que se retirara la
maquinaria instalada en el lugar para la construcción del proyecto. Sobre este frame
es posible identicar declaraciones como que “no permitirán que AyA ingrese al
parque Los Chorros”, e incluso “ustedes meten aquí aunque sea una cuchara y los
matamos; les quemamos la maquinaria” (Murillo, 2014).
Mientras que, por otro lado, otro grupo de vecinos en un inicio hacía uso
del encuadre de “uso de naciente alterna”, con la cual le solicitaban al AyA que
no tomara el agua de la fuente uno que abastecía Tacares y Poás, sino que hiciera
uso de la fuente dos que se encuentra anexa a la uno y que hasta el momento se
encuentra sin explotar. Así se identican declaraciones como “el primer comité no
se oponía a que el AyA tomara el agua, pero era que lo tomara de otra parte, no de
la captación actual” (Comunicación personal con informante clave 4, 30 de julio
del 2019) o “[pedíamos] que el AyA construyera otra captación en otra naciente
dentro del Parque Los Chorros
7
” (comunicación personal con informante clave 2,
19 de mayo del 2019).
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Figura 3. Marcos cognitivos sobre las demandas construidas por la comunidad. Fuente: Elaboración propia.
A través del conicto es posible observar que si bien todos los vecinos
de Tacares buscaban incidir sobre la manera en que el Estado gestiona el agua de
las nacientes del Parque Los Chorros, mediante formas de control social, éstas no
iban todas orientadas a una misma dirección. Con esto se apunta a que es claro que
había una demanda por participación e información que era constante entre los
actores de la comunidad, empero esta parecía dividirse entre un grupo dispuesto a
compartir el recurso y otro cuyas intenciones estaban más pendientes de resguardar
el agua para el uso exclusivo de Tacares como se verá más adelante. Es decir,
dentro de la misma comunidad era posible encontrar evidencias de la naturaleza
antagonista que atraviesa lo político.
María Stephanie Valenciano Hernández & Karol Rojas Quesada • Agua en disputa: contienda política y gestión institucional... 53
Así, se identican entonces dos grupos de actores comprendidos de esta
forma a partir de Dente y Subirats (2014) por sus acciones en búsqueda de incidir
en la política pública. Así, como se plantea en la Figura 4, por un lado quienes en un
inicio integran la Comisión Técnica Negociadora, y por otro, el grupo que prevalece
después de la renuncia de este primer conjunto de actores. El primero caracterizado
por una mayor apertura al diálogo y a la negociación con las instituciones, y el otro
por estrategias más duras (como se verá en más adelante) y con menor disposición a
ceder respecto a sus peticiones, para lo cual apelaban a encuadres como el de exclu-
sividad del recurso o búsqueda de otras fuentes.
El primer grupo se caracterizaba por el liderazgo de cuatro vecinos, quienes
conformaron un grupo de trabajo interdisciplinario entre especialistas en derecho,
gestión ambiental y uso de tecnologías. Mientras que el segundo grupo giró en torno
al liderazgo de un solo miembro de la comunidad. Por un lado, el primero apelaba
a estrategias integrativas de negociación, es decir, un ganar-ganar, y el segundo
a estrategias distributivas, pese a que es posible pensar que en negociaciones por
conictos por agua los estilos competitivos no generan soluciones viables y bene-
ciosas (Petrescu, Gavriletea y Petrescu, 2011, p. 17).
Es viable, por tanto, identicar un enfoque adversarial y no adversarial entre
los dos grupos articulados por los vecinos durante el conicto. Es decir, uno que leía
la situación en términos de competencia por la obtención de sus intereses y otro que
apuntaba, por el contrario, a la búsqueda de una solución que tomara en cuenta las
necesidades e intereses de todas las partes (pp. 12-13), siendo para el caso el AyA,
Atenas, las comunidades vecinas y por supuesto, Tacares.
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Figura 4. Bloques de actores políticos comunales. Fuente: Elaboración propia.
Una vez que todas estas demandas son construidas y puestas en el espacio
público, estas deben ser articuladas. Esta articulación no solo depende de los actores
en sí mismos, sino de las complejas interrelaciones que ocurren entre los distintos
actores, medios de comunicación, partidos políticos y las instituciones públicas.
Asimismo, la articulación implica colisiones o apoyos de otros actores, lo que a su
vez obliga a estos a reinterpretar esos apoyos o amenazas en términos simbólicos
e ideológicos (es decir en marcos cognitivos) (Alpízar, 2013. pp. 37-39). Para ello,
resulta relevante a la hora de realizar investigaciones sobre el tema, identicar
la forma cómo las personas proceden o llegan a ponerse de acuerdo para actuar
colectivamente. Precisamente, en el desarrollo de ese aspecto, dan cuenta de las
características organizativas y las estrategias desplegadas para el desarrollo de la
movilización social (Alzate, 2008, p. 280).
En la Figura 5 se muestra de manera general las estrategias utilizadas por el
primer bloque conformado por miembros de la comunidad de Tacares. Dentro de
las estrategias utilizadas por la comunidad, se identicó el uso de acciones legales
como la implementación de recursos de amparo contra instituciones del Estado.
María Stephanie Valenciano Hernández & Karol Rojas Quesada • Agua en disputa: contienda política y gestión institucional... 55
Uno de ellos fue la denuncia contra el AyA, SETENA y la Municipalidad de Atenas ante
el Tribunal Ambiental, pues alegaban que hicieron un fraccionamiento de la viabilidad
ambiental y por falsedades que se indicaron el formulario D2 (Bolaños, 2013, p. 8).
Del mismo modo, se interpuso un recurso de amparo contra la SETENA, el AyA y el
MINAE (expediente 13-007790), dicho recurso se dio con lugar y se declaró nula la
viabilidad ambiental otorgada por SETENA al AyA para la utilización del agua.
Otra estrategia que se identicó fue la oposición a que la empresa MECO
continuara con las obras en Calle Flores y Cataluña (Bolaños, 2013, p. 4). Por esto,
se realizaron manifestaciones para impedir que las obras del proyecto continuaran y
se tomó el lugar donde se almacenaba la tubería, acciones que la comunidad expli-
caba que se apegaban al régimen democrático y al derecho a la libertad de expresión.
Del mismo modo, se recurrió a reuniones con diversos actores y se procedió a la
realización de asambleas comunales, en las cuales se decidió formar una Comisión
Técnica Negociadora (CTN)
8
que se reuniría y negociaría con el AyA para buscar
una solución conjunta.
Figura 5. Estrategias de organización del primer grupo de la comunidad de Tacares. Fuente: Elaboración propia.
El segundo bloque mostró una oposición absoluta al proyecto y continuaron
mostrando malestar por los daños causados por los trabajos de construcción sobre
todo en infraestructura. Ligado a esta férrea oposición al proyecto, la estrategia
de este sector de la comunidad fue no negociar con el AyA, así en un principio
se rechazó las peticiones de la institución para retomar el diálogo, sin embargo,
posteriormente se aceptó una mesa de diálogo en la cual medió la Defensoría de los
Habitantes. Del mismo modo, como se puede observar en la Figura 6, se recurrió a
acciones legales como el recurso de amparo interpuesto para detener la tala de árboles
dentro del parque. Asimismo, hicieron uso de manifestaciones confrontativas.
Diálogos Revista Electrónica de Historia, 21(2): 38-65. Julio-diciembre, 2020. ISSN: 1409-469X · San José, Costa Rica56
Las estrategias utilizadas por el segundo bloque se enfocaban más en mantener una
oposición absoluta al diálogo, que fue construida a partir de la percepción de que
el recurso hídrico le pertenece a la comunidad y que si este era tomado del parque
podría atentar contra el abastecimiento futuro de Tacares sin contar con criterios
técnicos que avalaran esta posición, manteniendo así una posición de resistencia y
siendo, en ocasiones, confrontativa y reaccionaria.
Figura 6. Estrategias de organización del segundo bloque de la comunidad. Fuente: Elaboración propia.
EL PROCESAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS DEMANDAS
POLÍTICAS DE LA COMUNIDAD DE TACARES
Las demandas políticas de la comunidad de Tacares que fueron articuladas en las
instituciones a través de estrategias y repertorios de acción muy diversos obligaron al
Estado costarricense a buscar formas de responder a estas petitorias para poder continuar
con el proyecto que se estaba desarrollando y que era considerado de suma urgencia
culminar. Estas respuestas institucionales a las demandas son decisiones tomadas en la
esfera pública sobre asuntos que en su mayoría competen a la colectividad, pero que no
están aisladas de la incertidumbre sobre los resultados que pueda tener esa intervención
o política pública. Más recientemente una de las características distintivas de las polí-
ticas públicas es el aumento de la conictividad entre grupos sociales, actores políticos,
entre ciudadanos y autoridades políticas (Dente & Subirats, 2014, p. 48). Tal y como
sucedió precisamente en este caso, donde una intervención del Estado en respuesta a
una demanda generó un conicto que se mantuvo durante siete años y retrasó la posibi-
lidad de atender la necesidad que había sido planteada inicialmente.
Tras las demandas políticas articuladas por los distintos miembros de la
comunidad, se generan una serie de respuestas dadas por las autoridades institucio-
nales tras el procesamiento de estas peticiones planteadas. Es importante mencionar
que el tratamiento a estas demandas defendidas por los diferentes miembros de la
comunidad de Tacares a su vez variaron según el contexto político-institucional,
María Stephanie Valenciano Hernández & Karol Rojas Quesada • Agua en disputa: contienda política y gestión institucional... 57
en el tanto el cambio en dirigencias institucionales llevó a que se utilizaran diferentes
estrategias para el abordaje de este conicto. De esta forma, se abordarán a continuación
las respuestas del Estado a las demandas políticas formuladas por los actores según las
categorías utilizadas para la clasicación de éstas en el apartado anterior. Esto implica,
por ende, el análisis general de las respuestas a las demandas procedimentales y garan-
tistas, las conservacionistas y aquellas que articulaban un replanteamiento del proyecto
que originó el conicto en estudio como fueron más detalladas en el apartado anterior.
En primer lugar, respecto a las demandas procedimentales y garantistas que
buscaban un mayor acceso a información y participación, la respuesta institucional
a estas fue propiciar la creación de la Comisión Técnica Negociadora a través de la
cual se buscaba dar a los miembros de la comunidad de Tacares una mayor partici-
pación y servir de canal para informar a la comunidad sobre el proyecto. A través
de las reuniones realizadas con esta comisión, el AyA pretendía generar un espacio
de análisis de datos e información y de vericación conjunta del proyecto (Astorga,
comunicación personal, 5 de setiembre de 2019). Asimismo, además de las reuniones
de negociación realizadas con la CTN, el AyA, a través de su presidencia ejecutiva,
llevó a cabo reuniones informativas con el propósito de explicar a miembros de la
comunidad y asadas vecinas sobre el proyecto y sobre lo acontecido con los actores
organizados de Tacares. De acuerdo con Yamileth Astorga, el objetivo de estas activi-
dades era “informar a la comunidad y aclararle dudas que tenían” (Astorga, comuni-
cación personal, 5 de setiembre de 2019); sin embargo, ellos aseguran que en varias
ocasiones sus intenciones se vieron truncadas por miembros de la comunidad que les
bloqueaban esa posibilidad (Salazar, comunicación personal, 5 de setiembre de 2019).
Otra de las respuestas dadas a estas demandas por información fue la distri-
bución de material escrito a la población tacareña con el propósito de ampliar su
conocimiento sobre el proyecto, que aseguran se dio durante las sesiones informa-
tivas que sí pudieron ser llevadas a cabo. Asimismo, mencionan que con este mismo
objetivo se hicieron esfuerzos por publicar en medios de comunicación local, incluso
de forma pagada, que permitieran a las personas de Tacares estar al tanto de lo que
sucedía (Salazar, comunicación personal, 5 de setiembre de 2019).
En segundo lugar, en lo que respecta a las demandas conservacionistas que
buscaban la protección de los recursos y el abastecimiento futuro, los actores institucio-
nales (especícamente aquellos del AyA) respondieron con la compra de trece hectá-
reas aledañas al lugar para la conservación de la fuente de agua del Parque Los Chorros
así como con la instalación de un macro medidor que le permitiera a la comunidad veri-
car la cantidad de agua que estaría siendo extraída para ser llevada a Atenas (Astorga,
comunicación personal, 5 de setiembre de 2019). Por otro lado, el AyA propuso para
responder a esto continuar con los estudios hidrogeológicos de apoyo tanto a la fuente
uno como a la dos que se encuentran en el Parque Los Chorros, así como con estudios
de calidad de agua y la construcción de una obra calibradora que permitiera a cada una
de las partes conocer la cantidad de agua consumida en el abastecimiento de sus comu-
nidades (Junta Directiva del AyA, AT-2014-039, 2014). Finalmente, para las demandas
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políticas construidas en torno al replanteamiento del proyecto de Mejoras al Sistema de
Abastecimiento de Atenas, la principal respuesta fue la apertura de un proceso de nego-
ciación con la comunidad a través de la CTN para el análisis de la propuesta original
del proyecto y de las alternativas planteadas por los miembros actores comunales de
Tacares. Se abrió por tanto un espacio de diálogo o discusión que además es un prin-
cipio clave de los regímenes representativos (Manin, 2006, p. 7)
Es preciso mencionar que este proceso de negociación tuvo la participación
constante del grupo de vecinos que desde el inicio conformaron la CTN (es decir,
el primer grupo de vecinos). Sin embargo, la contraparte institucional tuvo algunos
cambios propios del escenario político nacional que llevaron a modicar su confor-
mación y a la introducción de nuevos actores, especialmente la nueva presidencia
ejecutiva y su equipo de trabajo. Por lo que es posible comprender este espacio en
dos momentos distintos separados a partir de febrero del año 2014. Para este caso
se tomó en cuenta el criterio técnico institucional y los criterios políticos y técnicos
articulados por los vecinos de Tacares que se habían organizado en el primer grupo,
pero el acuerdo alcanzado fue desaprobado por la comunidad, principalmente por el
segundo grupo de vecinos mencionado anteriormente y concluyó con el desarrollo
del proyecto casi tal cual estaba planteado en un inicio.
Figura 7. Respuestas institucionales a las demandas políticas de la comunidad de Tacares. Fuente: Elaboración propia.
María Stephanie Valenciano Hernández & Karol Rojas Quesada • Agua en disputa: contienda política y gestión institucional... 59
REFLEXIONES FINALES
A partir del análisis de marcos abordado en los apartados anteriores es posible
determinar cómo las principales demandas políticas de la comunidad estaban
asociadas a la representación política que, como se mencionó anteriormente, implica
que el pueblo esté presente en la acción gubernamental (Pitkin, 1985, p. 247). Este
aspecto no fue percibido de esta forma por este grupo de vecinos que se sentía no solo
excluido del proceso de formulación de este proyecto, sino también que consideraban
que el accionar institucional no iba acorde al interés que ellos tenían como gober-
nados. Es decir, estos actores cuestionaban a través de sus demandas la existencia de
una verdadera representación como actuación sustantiva, y con ello de cierta forma
cuestionaban las prácticas paternalistas, verticales y excluyentes con las que Castro
(2012) caracteriza la gestión y gobernabilidad del agua en América Latina.
Cada uno de los marcos empleados por los vecinos de Tacares construyen
demandas que, de acuerdo con la clasicación de causas de conictividad por recurso
hídrico de Castro, Kloster y Torregrosa (2004), obedecen a aspectos sociopolíticos
que tienen que ver con la gobernabilidad del recurso y los servicios. Esto en el tanto
las reclamaciones a la institucionalidad iban vinculadas a la forma en que el Estado
mismo gestiona el recurso para satisfacer las demandas de este, o lo que los autores
denen como causas de conictividad por condiciones básicas de acceso y estándares
de servicio (pp. 346-347). A su vez, articulan lo que previamente se denió como una
contienda política, pues expone la presencia de un conicto de intereses entre distintos
actores, en este caso los vecinos de Tacares y el Estado representado por el AyA.
Las demandas construidas por los miembros de la comunidad e identicadas a través
de los marcos apelan a formas de control social, en lo que Castro (2012) plantea como la
búsqueda de subordinación de las instituciones públicas al control social ejercido por los
ciudadanos, expresado en diferentes formas, pero fundamentalmente en la búsqueda de lo
que se denomina el ejercicio sustantivo de la ciudadanía. Esto a su vez es el resultado de
un movimiento latinoamericano que desde la década de los ochenta viene cuestionando el
control público sobre el recurso y de una creciente amenaza de que los principios mercan-
tiles pasen a tener un rol dominante en el funcionamiento del Estado (p. 12).
Se trata, para este caso, a grandes rasgos de demandas por la capacidad de ejercer
una ciudadanía activa que pueda conocer más a profundidad el manejo que se le da al
recurso, pero también que incidir sobre este de forma participativa y a través de un escru-
tinio que Castro (2012) comprende como “control ciudadano” (p. 11). A partireste, sin
embargo, se canalizaron demandas con intereses sumamente variados y distintos entre sí;
unas apelando a la necesidad de información, pero entendiendo el agua como un recurso
para las necesidades colectivas y otras por el contrario en la búsqueda de su acaparamiento.
Es posible entonces identicar las estrategias de los vecinos de la comunidad
como acciones colectivas en tanto se enmarcaron en un programa y un interés
compartido a lo interno de ambos grupos mencionados. Estas, a su vez, estuvieron
ligadas a un escenario de contienda política denido a partir de Tilly y Tarrow,
Diálogos Revista Electrónica de Historia, 21(2): 38-65. Julio-diciembre, 2020. ISSN: 1409-469X · San José, Costa Rica60
donde se reunieron aspectos como la contención, la acción colectiva y la política en
una búsqueda por incidir en la estructura y sobre todo en una agenda institucional
que se resumía principalmente en el interés por desarrollar este proyecto en el Parque
Los Chorros. Asimismo, en algunos de los casos es posible identicar estrategias de
participación política que se consideran no tradicionales, con las cuales precisamente
los actores comunales buscaron desplazar en algunos casos los canales tradicionales
que se dan desde la esfera institucional como resultado de una percepción de injusticia.
Las respuestas institucionales, por su parte, se inclinaron hacia el facilitamiento
de espacios de diálogo, con el n de propiciar una mayor participación y generar un
canal para informar a la comunidad sobre el proyecto. Sin embargo, estos buscaron
implementarse hasta que ya había conictividad y descontento, lo que de alguna forma
pudo haber condicionado la capacidad para llegar a un acuerdo. Asimismo, la formación
de identidades políticas bajo esta dicotomía de un nosotros y un ellos puede rechazar que
haya un espacio donde se pretendan soluciones racionales, pues muchas veces para salir
de un conicto los procesos de negociación pueden ocasionar retrasos, lo que cuestionar
hasta qué punto estos procesos de negociación son factibles cuando hay identidades
políticas marcadas e intereses en conicto que no encuentran un punto de convergencia.
Es posible entonces identicar desigualdades y asimetrías de poder entre la
institucionalidad y las comunidades como resultado de un Estado que es percibido
como desinvolucrado en el tanto no fomenta la participación de las comunidades e
insiste en desarrollar políticas públicas top down para la gestión del agua. Además,
estas siguen siendo justicadas a través de la despolitización de estos procesos
mediante discursos meramente técnicos que descartan la posibilidad de entenderlos
dentro de un ciclo hidro social según el cual la circulación del agua es un proceso
físico, pero también social (Swyngedouw, 2019, p. 49).
Ahora bien, es importante mencionar la posible existencia de desigual-
dades entre los mismos actores de la comunidad, quienes también en algunos casos
responden a intereses privados y ceden a la presión de actores que no siempre son
evidentes y visibles dentro del conicto, pero que podrían articular a las comuni-
dades en función de sus intereses personales. Así, para el caso es posible mencionar
la posible movilización de intereses empresariales y económicos en la obstrucción al
proyecto de Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas en función de canalizar
el agua hacia inversiones que se llevarían a cabo en el cantón de Grecia (comunica-
ción personal con informante clave 4, 30 de julio del 2019).
Esto, por ende, demuestra la urgencia planteada por Swyngedouw (2019) de
analizar cómo los derechos públicos al agua se pueden transformar social, econó-
mica y políticamente en derechos de propiedad exclusivos, cuyo manejo se da a
través de mecanismos de mercado que generan acumulación mediante el despojo
y la inclusión sistemática de partes del ciclo hidro social en tácticas de acumulación
de los actores privados. Esto reeja una vez más la idea de que el acceso al agua está
organizado a través del poder del dinero, independientemente de las necesidades
sociales, humanas o ecológicas (Swyngedouw, 2019, pp. 52).
María Stephanie Valenciano Hernández & Karol Rojas Quesada • Agua en disputa: contienda política y gestión institucional... 61
NOTAS
1 Es importante mencionar que, si bien se desarrolló un enfrentamiento entre
comunidades vecinas, el conicto principal fue entre los vecinos de Tacares y el
Estado a través del AyA. Es por esto que el presente artículo se centra en el análisis de
la interacción entre estos actores durante el período de conictividad.
2 Se trata de asociaciones administradoras de los Sistemas de Acueductos y
Alcantarillados comunales en Costa Rica, las cuales administran bajo un esquema de
delegación de la administración acordado con el AyA.
3 El término de la representación también aplica para instituciones debido a su estructura
general y al propósito original que tienen y que se suponen que encarnan, al margen de
que en un caso concreto originen o no la sustancia de la representación. Es así, que Pitkin
(1985) describe a las instituciones como ejecutoras prácticas de la representación, pues
sin la institucionalización, la representación no pasaría de ser un concepto vacío (pp.
264-265). Es decir, todas las instituciones que conforman el Estado son la estructura
que posibilita las relaciones de representación entre el ciudadano y el político.
4 Se entiende, por ende, un actor como aquellos que simplemente actúan, no quienes tienen
interés en actuar o los que deberían hacerlo; solo esos cuyas acciones buscan incidir en
la política pública, es decir, personas que actúan con el n de obtener algún resultado,
excluyendo a los que se ausentan en ese proceso (Dente & Subirats, 2014, pp. 73-75).
5 Se entiende por conictos socioambientales, partiendo de Svampa (2013), aquellos
ligados al acceso y control de los bienes naturales y el territorio, que suponen, por
parte de los actores enfrentados, intereses y valores divergentes en torno de ellos,
en un contexto de gran asimetría de poder. Asimismo, estos “expresan diferentes
concepciones sobre el territorio, la naturaleza y el ambiente, al tiempo que van
estableciendo una disputa acerca de lo que se entiende por desarrollo y, de manera más
general, por democracia”. Esto último entendiéndolo en el tanto de que los proyectos
extractivos reconguran el territorio en su globalidad y con ello no solo determinan
las formas económicas y sociales existentes, sino que también el alcance mismo de la
democracia, cuando esos proyectos se imponen sin el consenso de las poblaciones y
generan fuertes divisiones en la sociedad (Svampa, 2013, p. 40).
6 De acuerdo con Goman en Chihu (2012), este se interesa por examinar cómo se
genera la experiencia y el conocimiento acerca del mundo; así, la posibilidad de que
surja algún tipo de sentido de realidad en los actores se viabiliza por la existencia
de principios de organización o marcos que permiten llegar a una denición de la
situación. De modo que, los marcos de comprensión orientan no sólo la interpretación
de las acciones sociales, sino también la realización misma de las actividades
sociales. Para Goman el marco (frame) es una palabra que se utiliza para referirse
a los elementos básicos que se es capaz de identicar en situaciones sociales y que
permiten generar esquemas interpretativos (en Chihu, 2012. p.81).
Diálogos Revista Electrónica de Historia, 21(2): 38-65. Julio-diciembre, 2020. ISSN: 1409-469X · San José, Costa Rica62
7 Al respecto, el geólogo Mario Arias llevó a cabo una serie de estudios técnicos pagados
por la Asada de Tacares, los cuales determinaron que ambas nacientes descargan agua
proveniente del mismo acuífero, Colima, y que el efecto del fallamiento que hay en
el lugar permite que el agua subterránea ascienda a la supercie y pueda salir por
ambos puntos de aoramiento. Sin embargo, las condiciones para la captación no
son exactamente las mismas, ya que en una de las nacientes el agua aora en roca
masiva, que es precisamente donde está la captación actual donde es más factible
por las condiciones propias de la roca que permiten crear una estructura ingenieril
relativamente más fácil. Mientras que la otra, la fuente dos, la roca es más disgregada
por lo que desde el punto de vista ingenieril generaba o podía generar un grado de
complicación mayor para hacer una infraestructura de captación de agua.
8 La formación de la CTN buscaba, de acuerdo con los actores de la comunidad
entrevistados, dar una batalla técnica al AyA, pues su objetivo era ser una oposición
seria. Para ello se realizó una inversión económica para preparar a esta comisión con
profesionales destacados en diversas ramas y poder así acopiar información técnica,
cientíca y realizar estudios que les permitieran elaborar una propuesta en conjunto
con AyA que posteriormente sería presentada a toda la comunidad.
REFERENCIAS
Alonso, S., Volkens, A. & Gómez, B. (2012). Análisis de contenido de textos políticos. Un enfoque
cuantitativo. Madrid: Cuadernos Metodológicos.
Alpízar, F. (2019). Conictos por el agua en Costa Rica de 1980 a 2017. En Alpízar, F. (Ed.), Agua y
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