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158Diálogos Revista Electrónica de Historia, 21(2): 158-176. Julio-diciembre, 2020. ISSN: 1409-469X · San José, Costa Rica
DOI 10.15517/dre.v21i2.40212
MULTIFUNCIONALIDAD DE LA VIDA CAMPESINA
EN CONTEXTOS DE CONFLICTOS AMBIENTALES Y
CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN LA AMAZONÍA COLOMBIANA.
Sara Camila Arias
Resumen
Las dinámicas extractivas en la Amazonía colombiana fueron frenadas parcialmente
por la dinámica de guerra presente en el país. Con el cese al fuego, aunado a
la insuciente presencia estatal y las persistentes condiciones de desigualdad
social y también la continuidad de otros actores armados, esta área es escenario
de economías extractivas e ilegales al tiempo que permanece siendo fuente de
supervivencia para las comunidades campesinas que han habitado esas tierras
durante décadas y se han aproximado a una forma de relacionamiento equilibrada
con el ecosistema. Ante este contexto de conictividad, el Estado ha decidido
criminalizar cualquier tipo de intervención, incluyendo la de las comunidades
locales históricamente asentadas allí, y también ampliar las áreas protegidas, lo
cual se ha acompañado de la militarización de su protección que se conecta con
la judicialización a quienes sean considerados actores de deforestación. A pesar
de esta nueva dinámica de conicto, ya no armado sino social y ambiental, las
comunidades campesinas y las personas en proceso de reincorporación le apuestan
a la construcción de paz, defendiendo su territorialidad e impulsando diferentes
proyectos productivos que hacen sinergia en el contexto de la multifuncionalidad
de la vida campesina de la que ahora forman parte.
Palabras clave: conservación ambiental, consolidación de paz, Amazonia,clase
campesina.
Fecha de recepción: 26 de diciembre de 2019 • Fecha de aceptación: 20 de mayo de 2020
Sara Camila Arias • Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Politóloga,
Magister en Medio Ambiente. Con experiencia en trabajo comunitario con víctimas del
conicto armado, comunidades campesinas y con población de FARC en proceso de
reincorporación, orientado a iniciativas para su vida digna y fortalecimiento organizativo.
Contacto: scariasc@unal.edu.co
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0689-0169
Sara Camila Arias • Multifuncionalidad de la vida campesina en contextos de conictos ambientales y construcción de paz... 159
MULTIFUNCTIONALITY OF RURAL LIFE
WITHIN THE CONTEXTS OF ENVIRONMENTAL
CONFLICTS AND PEACEBUILDING IN THE
COLOMBIAN AMAZON
Abstract
The extractive dynamics in the Colombian Amazon were partially halted by the
dynamics of war present in the country. With the ceasere, the insufcient state
presence, the persistent conditions of social inequality and the continuity of other
armed actors, this area is scene of extractive and illegal economies while remaining
a source of survival for the peasants communities that have inhabited these lands
for decades and have approached a balanced relationship with the ecosystem.
Given this context of conict, the State has decided to criminalize any type of
intervention, including activities of the local communities historically settled
there. It also has expanded the protected areas, which has been accompanied by
the militarization of its protection and relates to the judicialization of those who
are considered deforestation actors. Despite this new conict dynamic, which is
no longer armed but social and environmental, peasant communities and people in
the process of reincorporation bet on peacebuilding, defending their territoriality
and promoting different productive projects that make synergy in the context of the
multifunctionality of the peasant life in which they are now part.
Keywords: environmental conservation, peacebuilding, Amazonia, peasant class.
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INTRODUCCIÓN
El 81% de los conictos armados que se dieron en el mundo entre 1950 y
2000 se dieron en 23 de las 34 zonas de alta biodiversidad identicadas por Hanson
et al. (2009), entre las que se encuentran los andes tropicales. En Colombia, esta
realidad se presenta con la paradoja de que, si bien los grupos armados ilegales
se sirvieron del gravamen o explotación de actividades extractivas en estas áreas,
también su presencia evitó la incursión a gran escala de economías de este tipo. En
detalle, existe una relación multidimensional entre el medio ambiente y el conicto
armado. Esta premisa se puede desagregar en los siguientes factores explicativos, no
sin antes aclarar que por medio ambiente se entienden las relaciones ecosistema-cul-
tura, comprendiendo a ésta última como plataforma adaptativa (Maya, 2013):
i) el conicto armado se desenvolvió fundamentalmente sobre escenarios de
alta biodiversidad cubiertos por bosques o selvas tropicales,
ii) el control y la explotación de los recursos naturales están intrínsecamente
relacionados con la guerra, la disputa por ellos ha jugado un papel importante en
el surgimiento y mantenimiento del conicto, o son el medio a través del cual los
actores del conicto obtienen el nanciamiento necesario para sostenerlo,
iii) la voladura de oleoductos, la deforestación asociada a los cultivos de uso
ilícito y la minería ilegal son algunos de los efectos que han dejado estas décadas
de conicto sobre sobre los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos naturales que
hace del medio ambiente una víctima del conicto, y nalmente,
iv) los actores armados, paradójicamente, han impuesto barreras de hecho a la
entrada de economías extractivas a gran escala sobre áreas altamente biodiversas y,
en cierta medida, han tenido un efecto ambiental preservador y conservado.
Figura 1. Relaciones Ecosistema-Cultura en escenarios de conicto armado. Fuente: Elaboración propia.
Lo anterior signica que, si bien en algunos casos la relación se limita a la
disputa por la extracción de recursos naturales como causa del conicto armado,
el conjunto de relaciones expuestas aborda aspectos mucho más complejos de la
relación entre ambiente y conicto armado (Rodríguez, Rodríguez & Durán, 2017).
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Esta complejidad también será un factor en los procesos de construcción de
paz en las zonas con alta biodiversidad, pues las acciones de las comunidades campe-
sinas que allí se despliegan no se centraron en sobrevivir, sino que trascendieron a
un plano de exigibilidad que representó la voluntad de generar cambios, procesos
sociales y dignicar la vida. Esta característica hace que el ecosistema pase a con-
gurarse como lugar de resolución de necesidades, de consecución de derechos y, en
general, de bienestar y buen vivir. Por ello, se identica que la implementación real
y efectiva del Acuerdo de Paz aportaría a la consolidación y fortalecimiento de estas
iniciativas sociales, lo cual sin duda transforma el ecosistema con cambios apalan-
cados por la inversión de recursos institucionales que se derivan del mismo proceso
de implementación del Acuerdo.
En particular, la amazonia colombiana se ubica en la periferia de la geografía
nacional, vivió el conicto armado con mayor intensidad y coincide con una de las
zonas más biodiversas, la cual recientemente ha sido relevante para las acciones esta-
tales de conservación ambiental que responden al cumplimiento de los compromisos
internacionales asumidos por el país. Estos se han concentrado en la ampliación y
creación de áreas protegidas (AP) y en una política de judicialización de los actores
que son considerados responsables de la degradación de éstas, para la cual se sirven
de recursos militares para llegar a los territorios.
Para comprender de manera consistente esta situación, a continuación se
expone cómo se entiende la amazonia colombiana como un territorio de frontera para
luego explicar su correspondencia con la visión de conservación que tiene el Estado.
Lo anterior en contraposición con la visión integradora que asumen las comunidades
campesinas que han habitado históricamente esta zona, la cual se comprende desde
la multifuncionalidad de su proceso productivo que se ha dado en relación con el
conicto armado interno y ahora con la construcción de paz que permitió el cese al
fuego y el proceso de reincorporación que allí se desarrolla.
TERRITORIO DE FRONTERA Y ECONOMÍAS DE ENCLAVE.
Colombia se ha caracterizado por altos índices de concentración de la
propiedad rural que se remontan a los siglos XVII y XIX durante la colonia.
Esta característica no cambió en lo que se denominó la república y hoy se con-
gura como una de las causas del conicto social y armado. Lo anterior condujo
a modelos de ocupación territorial por parte de campesinos en busca de espacios
para poder cultivar y continuar con su manera de ser y vivir, con y en el ambiente,
que a su vez condujo a la expansión de la frontera agrícola.
La expansión de la frontera agrícola no se explica de manera monocausal
como la conguración de lugares de extensión del Estado central, vacantes y a la
espera de su ocupación y administración. Por el contrario, se trata de territorios en
los que el conicto social se asienta y reproduce:
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Datos recientes conrmaron la ocurrencia en áreas colonizadas de las mismas
tendencias observadas en las agrícolas: la descomposición del campesinado y la
concentración de las tierras. El colono campesino no migra solo. La migración
tampoco tiene lugar en un vacío social. Más bien, los colonos que se mudan
a nuevas áreas reproducen las relaciones sociales campesinas de las produc-
ciones en la frontera. En efecto, el colono no crea un nuevo espacio libre en la
frontera; simplemente amplía el contexto geográco en el que los campesinos
son dominados (Domínguez citado en Uribe, 2013).
De esta manera, los territorios de colonización campesina han sido espacios
que siguen la lógica de enclave y del desarrollo capitalista en términos amplios: allí
se impone un orden –sobre un territorio considerado caótico– para el uso racional
(explotación minera, agroindustrial o relacionadas / conservación-green grabbing)
de un recurso natural (Serje, 2005). En dicho orden, el componente humano es
secundario, lo que se traduce en desplazamientos masivos de población o amenazas a
la seguridad de los habitantes, desde todas las dimensiones, quienes terminan siendo
perseguidos por garantizar sus condiciones de vida.
Con estas territorialidades construidas se conrma la persistencia del mito
de la frontera en el que estos territorios vastos, donde predominaba el refugio y la
resistencia, se “conguraron áreas escasamente pobladas, cuyos habitantes estaban
dispersos o eran itinerantes en un territorio muy grande, de fronteras abiertas y de
difícil comunicación” (Serje, 2005, p. 156). De manera relacionada, algunos histo-
riadores han considerado los aspectos geográcos como determinantes en la cons-
trucción de la nación colombiana, tanto así que se consideró que este elemento
condicionó de cierta manera las características sociales y culturales de la sociedad
colombiana y de la relación del estado centralista con territorios de frontera (Safford
& Palacios, 2012). Según Serje (2005), los territorios de frontera
han sido precariamente apropiados por los pobladores ancestrales; poco modi-
cados por la labor humana y denitivamente desintegrados del sistema econó-
mico nacional. Lo que aanza la idea de tierras disponibles, habitadas por una
población de cierta manera superua, cuya ocupación puede denitivamente
ser ignorada o desechada. (p. 156)
Es innegable que el poblamiento de estas zonas tiene mucho que ver con una
estructura agraria que ha privilegiado al latifundio y con una dinámica de violencia
sistemática contra los pobladores rurales empobrecidos. La violencia creciente en los
campos de muchas zonas del país provocó el desplazamiento y la búsqueda de nuevos
lugares de vida, asumiendo áreas apartadas de frontera, como refugio de su vida y su
cultura, las cuales luego pasaron a ser declaradas protegidas.
Es así como muchas de estas nuevas ocupaciones se dieron en ecosistemas
estratégicos que luego fueron denidos como áreas protegidas en las que desde la
normatividad colombiana se prohíben los usos productivos y la habitabilidad de estas.
Esto permite proponer que la denición de las zonas destinadas a la conservación se
pudo dar sin la participación de las comunidades que allí habitaban y que predominó
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una visión en la que cualquier intervención humana implica una degradación a la base
natural. Por lo cual, se concluye que hay un escenario de conictividad marcado
por el desconocimiento de la relación ecosistema–cultura de las múltiples formas de
producción y a la vez de como mantener un equilibrio en la composición, funciona-
miento y estructura de los ecosistemas, y de los derechos de las comunidades esta-
blecidas en estos territorios.
Figura 2. Escenario de conictividad en territorios de frontera declarados AP. Fuente: Elaboración propia.
Es así como las áreas protegidas en Colombia se diseñaron como lugares
para el aislamiento de los ecosistemas de la sociedad, visión que desconoce que la
conservación de la biodiversidad en dichas áreas ocurrió con la participación de las
cosmogonías, conocimientos y saberes tradicionales de las comunidades asentadas
en estas áreas. Por esta razón, se hace imperativo avanzar hacia nuevas formas de
ordenamiento ambiental y social de las áreas protegidas, en las que se reconozca que
los habitantes pueden ser sujetos activos en la conservación y pueden garantizar una
zonicación ambiental en la que no existe una restricción para la integración de las
funciones ecológicas y sociales de estas áreas.
Entonces, en los territorios de frontera gran parte de las políticas de desarrollo
económico están en función de nuevas dinámicas extractivas entre las que se distin-
guen el acaparamiento de tierras, minería, agroindustria a gran escala y proyectos
de conservación, las cuales mantienen una visión de territorio por ordenar y una
población por controlar sea para la implementación de modelos de agroindustria o
de visiones de conservación de una naturaleza prístina.
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¿CONSERVACIÓN PARA QUÉ?
El Estado, a través de dispositivos legales y de política argumentados desde
el paradigma tradicional de conservación de islas de naturaleza prístina, rompe con
las relaciones ecosistema-cultura y niega la posibilidad de una continuidad en el rela-
cionamiento entre la sociedad y la naturaleza aun cuando el componente cultural es
parte de las relaciones, funciones y estructura del ecosistema (Posey, 1985). Lo ante-
rior al denir que en ciertas áreas se prohíbe la vida humana que ya se venía desarro-
llando, proponiendo como alternativa su reasentamiento. Es decir, rompe la matriz que
concibe ecología y cultura como integrantes e interdependientes del ambiente. Como
consecuencia asume que la forma válida de conservar la biodiversidad es separando a
las comunidades del ecosistema. A través de estos dispositivos, se aísla al ser humano
de la naturaleza y a la cultura del ecosistema. La conservación desde este paradigma
se asimila a un culto de la vida silvestre, el cual es implantado para promulgar
la defensa de la naturaleza prístina y justicar la preservación inmaculada del
mundo natural, la valoración cientíca, la admiración estética del paisaje, e
incluso, la expectativa de usos futuros de los recursos (Martínez, 2004).
Aunado a esto, existe una debilidad institucional del Estado que ha ocasio-
nado desconanzas mutuas en las que ninguna de las partes es beneciada: las
áreas no se conservan y la comunidad es estigmatizada y criminalizada. Por lo
tanto, crear sinergias entre estos actores, reconocerles sus derechos y hacerlos
aliados en la conservación de una manera integral y efectiva, es decir permitién-
doles desarrollar su vida allí, contribuye a conciliar los intereses en el territorio y
a solventar la situación de conictividad en estas áreas.
Ahora bien, ser conscientes de que la mayoría de las Áreas destinadas a
protección o conservación están habitadas hizo que el paradigma tradicional reco-
nociera esta presencia, normativamente sólo en los casos de indígenas y negros. Sin
embargo, este cambio, lejos de transformar los dispositivos de control biológico ya
mencionados, puede extenderlos hacia las poblaciones humanas: “el conocimiento
detallado de la población cuyas vidas se ven afectadas por el establecimiento y orde-
nación de los parques es una información tan importante como la que se reere a las
plantas y animales que se han de conservar” (McNeely, 1994. s.p).
Es así como este “viraje” en el paradigma convierte a la población en un dato y un
instrumento importante para la conservación, sea como objetos de estudio al asumirlos
como informantes etnobotánicos o como objetos de trabajo al considerarlos como guar-
dabosques (Beltrán, 2016, p. 221). Entonces, las comunidades pasan a ser los ejecutores
de los proyectos diseñados y dirigidos por los especialistas y controlados por una insti-
tución estatal. Por esta razón, un verdadero cambio en el paradigma de la conservación
debe reconocer integralmente los conocimientos y saberes tradicionales de las comu-
nidades y, sobre todo, comprender y respetar la complejidad de sus relaciones con la
naturaleza que han permitido permanezca en su composición, función y estructura.
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Figura 3. Síntesis de ejes de discusión entre paradigmas de conservación. Fuente: Elaboración propia.
De la dinámica que ha ocasionado esta visión de conservación se puede
concluir que:
i) Las restricciones de usos entran en contradicción con las prácticas tradicio-
nales de producción y estrategias de sobrevivencia al solo permitir actividades de
conservación, recuperación, control, investigación, educación, recreación y cultura,
olvidando los procesos históricos de territorialización.
ii) Las restricciones de adjudicación de baldíos al interior de las áreas prote-
gidas convierten a los ocupantes de predios baldíos, que eran adjudicables en indebidos
ocupantes de predios, ahora inadjudicables y hace que pierdan la posibilidad de adquirir
la propiedad de la tierra independientemente del tiempo que lleven de ocupación.
iii) Las normas de las áreas protegidas entran en contradicción con derechos
fundamentales de las comunidades, quienes se reconocen como parte integrante del
territorio con un arraigo expresado en su relacionamiento con el ecosistema (que este
paradigma de conservación restringe).
iv) La autoridad ambiental enfrenta la contradicción de tener que aplicar la
normativa prohibitiva para la protección del área y, al mismo tiempo, dar viabi-
lidad a la política de participación social en la conservación como estrategia de
manejo de las áreas.
Reconocer esta situación condujo a replanteamientos en la visión de la conser-
vación, incluyendo a la diversidad cultural y agrícola como objetos de conservación
que contribuyen al mantenimiento de los ecosistemas y su biodiversidad. Las islas
de naturaleza “prístina” no son impermeables o inmunes a los procesos de deterioro
que tienen lugar en los ámbitos externos, sino que son sistemas abiertos inmersos
en una cierta escala de espacio planetario (Toledo, 2005, p. 74), que integran y son
integrados por construcciones socioculturales.
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Figura 4. Ampliación de los objetos de la conservación. Fuente: Elaboración propia
Es un llamado a recordar que la tierra es un sistema ecológico dinámico
compuesto también por una comunidad moral de la que todos formamos parte
(Leopold, 2003). Por lo tanto, la conservación de la biodiversidad empieza a
tomar en cuenta el conjunto de factores sociales que la condicionan (Toledo, 2005,
p. 70). Incluso, desde el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad
Biológica (CDB), se menciona que las comunidades locales que habitan zonas
protegidas juegan un rol fundamental en la conservación del medio ambiente y no
deben ser vistas como actores perjudiciales para la consecución de los objetivos
de conservación de las AP. Por el contrario, estos son agentes que hacen parte del
ecosistema y que deben ser tenidas en cuenta como sujetos activos en los planes
de manejo de estas áreas.
Para reforzar esta idea, es pertinente mencionar algunos estudios (Denevan,
1992; Gómez-Pompa & Kaus, 1992; Berkes & Davidson-Hunt, 2006; Posey,
1985,1997 citados por Nemogá, 2016) que demuestran que los pueblos nativos
coevolucionaron con la selva húmeda y que fueron fundamentales para la prolife-
ración de especies de semillas. Ello argumenta que la especie humana no es sepa-
rada de la naturaleza y que sus prácticas productivas condujeron a la conservación
de la biodiversidad.
Estos estudios pueden interpretarse bajo el enfoque biocultural, años más
tarde descrito por Maf (2010), quien lo dene como la comprensión de la interrela-
ción de la vida en sus manifestaciones biológicas, culturales y lingüísticas, las cuales
han coevolucionado dentro de complejos sistemas adaptativos socio-ecológicos.
Comprender estas interrelaciones avanza en el encontrar formas apropiadas de vivir
con la naturaleza y argumenta la relevancia del valor intrínseco de la biodiversidad.
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Desde esta visión, la conservación puede ser más ecaz, ética y justa si
las acciones se enfocan a contrarrestar simultáneamente la erosión biológica y
cultural (Turner, Boelscher & Ignace, 2000; McShane et al., 2011; Davidson-Hunt
et al., 2012; Nemogá, 2016), teniendo en cuenta que hay estudios que demuestran
un correlato entre la entre la pérdida de la diversidad cultural o lingüística y de la
diversidad biológica en nuestro planeta (Persic & Martin, 2008; Oviedo, Maf &
Larsen, 2000). Existe otra diversidad que ha sido también menguada y degradada:
la agrícola. Al respecto vale decir que ésta es el resultado de la selección articial
a la que los seres humanos han sometido a diferentes especies animales y vege-
tales con el n de mejorar el acceso a alimentos, materias primas y fuerza para
realizar trabajos: “la agrobiodiversidad es biodiversidad elaborada por el hombre”
(Boyce, 2013).
La homogenización de los procesos productivos de la agricultura moderna
amenaza esta agrobiodiversidad, la cual no tiene la capacidad de recuperarse por
sí sola (Wolff, 2004). No basta con que se frene la expansión y la presión sobre
esta con la agricultura tradicional, también es necesario valorar, rescatar y cuidar las
prácticas culturales que están directamente relacionadas con ella, puesto que es la
economía campesina la que abastece alimentariamente al planeta y la que a su vez es
la más productiva; por ejemplo, una pequeña parcela produce más de lo que resulta
en grandes extensiones de monocultivos (Grain, 2014).
Entonces, las causas de la pérdida de biodiversidad son también las causas de
la pérdida de diversidad cultural y agroalimentaria. Esta armación conduce a pensar
que las medidas deben ser coherentes y articuladas, reconociendo la importancia que
reviste la protección de la biodiversidad para la “agricultura, la seguridad alimentaria
y los medios de subsistencia en las zonas rurales, sobre todo de las poblaciones que
viven en entornos marginales y adversos” (FAO, 2004).
Bajo esta mirada integradora cabe señalar alternativas, como la de restaura-
ción ecológica, que consideran a la intervención humana como capaz de proteger
la biodiversidad, lo cual se acompasa con la comprensión del proceso de territoria-
lización que emprenden las comunidades en su relación con el ecosistema y aclara
que no solo hay despojo al negar el derecho de propiedad sino también cuando se
da un cambio en el uso.
El campo de la restauración ecológica puede ser asumida como una estra-
tegia de conservación que actúa como bodega de materias primas a futuro en la
que unos especialistas diseñan un plan. Este plan puede que tenga en cuenta los
conocimientos de las comunidades, incluso que las involucre en este proceso, o
puede ser asumida como una práctica que aporte a la autonomía ambiental de las
comunidades, que responda a sus necesidades y contexto local y que sea dirigida
por ellas, en las que su visión de territorio y su compromiso por su sustentabilidad
es también la garantía de su supervivencia.
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Figura 5. Integralidad de los procesos de Restauración Ecológica. Fuente: Elaboración propia.
En América Latina, la restauración ecológica se encuentra atravesada por dife-
rentes relaciones y dinámicas de poder que dan como resultado que se congure
como una muestra más de las disputas que se tejen en el continente por la denición
de los usos de la tierra y de la apropiación o no de la biodiversidad. Entonces, una
práctica de la restauración que reconozca las interacciones simultáneas y constitu-
tivas entre ecosistema y cultura podrá asegurar desde la óptica de la justicia ecoló-
gica la garantía de la vida, humana y no humana (Gudynas, 2011).
Con esta práctica se abre la oportunidad de reconocer y validar públicamente
culturas tradicionales en su potencialidad de generar y sostener relaciones equili-
bradas y en armonía con los ecosistemas, lo cual pasa por consolidar a las economías
solidarias soportadas en una producción consciente de sus procesos de apropiación,
transformación y excreción, en donde sus productos se articulan a mercados locales
y regionales. Es así como la restauración ecológica se concibe como un proceso
integral e integrador en el que se tienen en cuenta las necesidades humanas, indivi-
duales y colectivas, y la sostenibilidad de los ecosistemas. Siendo, en este sentido,
un catalizador de sus procesos por la autonomía ambiental, económica y alimen-
taria. Esto implica que se avance en una nueva matriz de comprensión del problema
ambiental, en el que las prácticas de restauración ecológica respondan no sólo a un
compromiso por la participación de las comunidades y el reconocimiento de sus
saberes, sino que se cuestionen los fundamentos epistemológicos sobre los que se
sustentan, es decir, que avancen por un camino transdisciplinar en el que se reco-
nozcan las prácticas ambientales comunitarias como parte de su organización social
y de su acción política (Ploeg, 2010; Santacoloma, 2015).
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MULTIFUNCIONALIDAD DE LA VIDA CAMPESINA Y
CONSTRUCCIÓN DE PAZ
A partir de la visión integradora de la conservación, se da paso a comprender
una racionalidad diferente de la acción productiva, lo cual permite disgregar lo que se
denomina una relación multidimensional con el territorio. Las comunidades campe-
sinas están obligadas, por sus condiciones de marginalidad y abandono estatal, a
adoptar formas de producción/apropiación que maximicen la unidad de producción y
de recursos disponibles. Esta forma de ser, estar y adaptar en el ecosistema demuestra
un alto grado de autosuciencia en el que se mantienen la heterogeneidad espacial y
diversidad biológica. Esta estrategia multiuso permite gestionar unidades geográcas
con sus componente físicos y bióticos. Es así como los campesinos se resisten a la
especialización de sus espacios naturales y de sus actividades productivas, pues esto
los ubica en un mayor nivel de riesgo para su subsistencia (Toledo, 1993).
No se trata de que la economía campesina sea per se sostenible o no, sino de
que las prácticas que se presentan en la unidad de producción aporten al equilibrio de
los intercambios de materiales y energía y, en efecto, conduzcan a un modelo “energé-
ticamente eciente, ecológicamente conservacionista y alimentariamente suciente”,
que se oponga al modelo de producción de la “pequeña agricultura” que fortalece el
sistema agroindustrial y las concepciones de economía verde. Esto no solo destruye la
biodiversidad, sino que también lo hace con las prácticas tradicionales de apropiación
de la naturaleza que la han conservado (Toledo & Barrera, 2008; Toledo, 2005).
Es importante comprender la complementariedad de la relación entre natura-
leza y cultura, y el reconocimiento de la inconmensurabilidad de los valores y de las
visiones de las mismas para avanzar hacia una idea de sustentabilidad fuerte que actúe
como paradigma para la economía campesina, concebida desde un enfoque ecointe-
grador como punto de partida de las relaciones que se tejen entre sujetos y familias y
de ellas con el territorio. Esto destaca su sabiduría, racionalidad, signicados, prácticas
y formas de manejo que se han demostrado sensibles y cuidadoras del entorno natural.
Sin embargo, el desarrollo convencional, “el esquema de la economía ambiental,
ignora esta esencia y prácticamente aborda al sujeto separándolo de sus connotaciones
ecológicas y sus relaciones con el mundo natural” (Martínez, 2008).
Se trata de un modelo que permite la interacción ecosistema-cultura en equilibrio.
Un rasgo importante de la producción campesina es su grado de autosuciencia, pues son
las familias que se involucran en la producción, aquellas que consumen una gran parte de
ésta, y de la misma manera producen casi todos los bienes que necesitan. Este proceso se
fundamenta en el trabajo familiar, siendo las fuentes de energía predominantes la fuerza
animal más que el uso de combustibles fósiles. Asimismo, la producción combina valores
de uso y mercancías; no busca el lucro más allá del necesario para el mantenimiento de
la producción y de la vida de la familia; por lo tanto, si bien la agricultura es la principal
actividad, se combinan prácticas para mantener el ingreso básico como la recolección, el
ganado, artesanías, pesca y otros trabajos intermitentes (Toledo, Alarcón & Barón, 2002).
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Análisis productivistas aseveran que este tipo de economía representa un
obstáculo para el desarrollo si no se integra por completo a los grandes circuitos
de capital, pues al tener su cadena de comercialización en lo local, no logra mayor
relevancia en la economía nacional. Estos análisis ignoran que, según informes como
el de Grain (2014), es la economía campesina la que abastece alimentariamente al
planeta y la que a su vez es la más productiva.
Reconocer estas virtudes pasa por registrar su importancia no solo en la
producción de alimentos de buena calidad, sino también en la conservación de la
biodiversidad, el abastecimiento de alimentos para una población creciente sin dete-
riorar la base de los recursos naturales y la consolidación de mercados locales y redes
de cooperación en zonas rurales (Ploeg, 2010; Santacoloma, 2015). De allí que se le
atribuya un papel clave en las formas de desarrollo que no dependen del crecimiento
y que está sustentada por sus métodos de trabajo, que reconocen el conocimiento y
manejo tradicional de los recursos naturales en estos agroecosistemas.
Para Chayanov (1974), Scalerandi (2010) y Berry (2014), la agricultura
campesina, que combina los factores clásicos de producción: tierra, trabajo y
capital, se diferencia de otras formas de producir en la ruralidad porque sustentan su
producción en el uso eciente de mano de obra familiar, en la utilización de saberes
ancestrales, en la diversicación de cultivos y en el ujo permanente de ingresos e
innovaciones tecnológicas. Esto aporta considerablemente a las economías locales,
a los entornos ambientales que rodean a estos sistemas de producción y a la distri-
bución del ingreso. Del mismo modo, en estos sistemas productivos se encuentran
posiciones emancipadoras frente al modelo de desarrollo dominante, cristalizando
alternativas de participación, producción, circulación y comercialización de los
productos. Sobre la base de una multifuncionalidad del territorio, se da paso a la
protección del campesino que contribuye al cierre de la frontera agrícola, al fortale-
cimiento de la economía campesina y a relaciones de producción solidarias.
Un elemento importante en el análisis es que la economía campesina ha
logrado sobrevivir a las políticas económicas rurales más regresivas en un contexto
de concentración de la propiedad y de una precaria presencia del estado. Esto ha
fortalecido e impulsado proyectos de monocultivos y de agroindustria para el abas-
tecimiento de los mercados globales y ha conducido a una competencia desigual y
nociva para esta economía campesina. Pese a todas estas dicultades y desventajas,
la economía campesina sigue garantizando la autonomía alimentaria en las regiones
más apartadas y, al mismo tiempo, ha permitido un abastecimiento del mercado
interno. Al respecto, Eduardo Musso (1998) considera que:
La unidad doméstica campesina organiza sus procesos tomando como punto
de referencia y base de cálculo la utilización potencial de su recurso laboral,
condicionando a ésta la utilización de los demás en función de los resultados de
su mayor recurso disponible. En la práctica, los productores miden los ingresos
por el jornal invertido, que es el factor principal, y no por la rentabilidad del
capital invertido, que para ellos resulta un factor secundario. (p. 20)
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Comprender esta forma de racionalidad permite aseverar que los campesinos
y campesinas no son solamente agricultores. Si bien esta puede ser la actividad
preponderante, es siempre complementada por actividades como la pesca, caza,
cría de ganado, artesanía o aprovechamiento forestal. Esta combinación de prác-
ticas hace que los elementos ambientales, naturales y transformados se conviertan en
un complejo paisaje en el que se entrelazan cultivos agrícolas, bosques primarios y
secundarios, jardines domésticos, pastos y corrientes de agua. Esto último demuestra
la cercana relación entre la economía campesina y una visión integral del territorio
en la que el trabajo humano juega con una estrategia multiuso que se evidencia en el
paisaje, en la que se hacen presentes conocimientos propios y heredados que garan-
tizan la subsistencia a través de la manipulación de los componentes geográcos y
ecológicos (especies, suelos, topografía, clima, agua y espacio) y de sus procesos
(sucesión, ciclos de vida y movimiento de materias) (Toledo, 1993).
Lo anterior permite armar que la autosuciencia campesina, ampliamente
basada en una simbiosis permanente con los recursos locales naturales, constituye el
punto de partida para un desarrollo alternativo ecológicamente relevante en el que
sus prácticas aportan a la sostenibilidad. Lo anterior desestima la imposición de una
producción especializada e intensiva, que es viable sólo en tanto haya una autosu-
ciencia garantizada. Por lo tanto, la subsistencia local y regional, y no la producción
comercial dirigida a la exportación, debería ser el primer objetivo productivo de
cualquier política de desarrollo rural.
Otro de los argumentos es que en la economía campesina el uso pleno de
la mano de obra redunda más en una situación de máxima eciencia que en el
marco de relaciones de solidaridad. En el caso de presentarse situaciones de décit
de mano de obra, esto puede ser solventado con la colaboración de los vecinos o
a través de la compra de jornales. Esto lleva a reconocer que hay unos factores
monetarios que se interrelacionan con unos no monetarios (Forero, 2010), y es
en la relación de ambos que se congura una forma especial de producción de
alimentos, valores sociales y relaciones con el territorio
Se podría concluir que la economía campesina es una forma de producción rural
agraria en la que la base natural es un medio básico e irremplazable. Este proceso
siempre implica la combinación de valores de uso y de cambio y es el resultado de
procesos naturales y de fuerzas de mercado que actúan sobre el campesino como
productor y consumidor. En el contexto de conicto armado, esta forma de producción
rural agraria estuvo condicionada por dos cadenas de circunstancias paralelas descritas
por Rodríguez, Rodríguez y Durán (2017, pp. 23-25). La primera caracterizada por:
i) Los recursos naturales fueron fuente de nanciamiento de los grupos
armados y aportaron al mantenimiento de este.
ii) Al ubicarse en lugares de difícil acceso, sus territorios sirvieron como refu-
gios para los actores armados.
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iii) El acaparamiento de tierras fue utilizado como estrategia de contención,
protección y control por parte de los actores armados que permitió alianzas con empre-
sarios privados y facilitó el desarrollo de proyectos con altos impactos ambientales.
iv) Las zonas boscosas fueron escenarios para otros medios de nanciamiento
como el secuestro y los cultivos de uso ilícito.
Y la segunda (pp. 35 -37):
i) La presencia de actores armados blindó estos territorios biodiversos del
acceso de otras poblaciones o de proyectos de desarrollo que sirvió para conservar
estas zonas para sacarlas del mapa para la explotación a gran escala y para recuperar
áreas que antes estaban expuestas a diferentes tensiones.
ii) Los actores armados creaban zonas “fuera de límites” en donde ni el Estado
ni las empresas pudieron entrar.
iii) La dinámica de conicto llevó a la creación de normas y reglamentos que
conciliaron la actividad productiva y de protección ambiental.
Estas redes causales que se dieron en paralelo se han venido transformando
con el desescalamiento del conicto armado interno y con las nuevas dinámicas
espaciales incentivadas por la implementación del acuerdo de paz, que tiene su
expresión en la instalación de nuevos asentamientos rurales denominados en un
inicio como “Zonas Veredales de Transición y Normalización (ZVTN)” y ahora
“Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR)”. En estos
se concentraron en un inicio las personas de la guerrilla de las FARC-EP, que
en cumplimiento de lo acordado harían su desarme y que ahora con sus familias
llevan a cabo el proceso de reincorporación, en la mayoría de los casos colectiva y
comunitaria. Vale aclarar que, por los incumplimientos del gobierno nacional y la
falta de garantías para su subsistencia, muchos de ellos han decidido continuar su
reincorporación fuera de estos espacios, pero manteniendo su vida colectiva en lo
que se denominan Nuevas Áreas de Reincorporación.
En general, estos asentamientos rurales se encuentran al interior de áreas que el
Acuerdo de Paz denió como subregiones para los Planes de Desarrollo con Enfoque
Territorial (PDET), las cuales tienen en común haber sido afectadas en mayor medida
por el conicto, presentar mayores índices de pobreza y tener presencia de econo-
mías ilegales. Unas 15 de las 16 subregiones se encuentran en áreas de especial
interés ambiental y cuentan con áreas protegidas en su interior.
Sara Camila Arias • Multifuncionalidad de la vida campesina en contextos de conictos ambientales y construcción de paz... 173
Figura 6. Multifuncionalidad de la vida campesina y excombatiente. Fuente: Elaboración propia.
Es así como el proceso de reincorporación que se está llevando a cabo no
solo es un tránsito a la vida civil, sino que comprende la conguración de nuevos
relacionamientos con las comunidades campesinas y en conjunto con el ecosistema.
Ante esta situación, se llevan a cabo proyectos de cooperación internacional que han
denido como líneas de acción incentivar procesos de:
i) Monitoreo de bosques comunitario en donde más allá de obtener datos o
levantar información, lo que busca es generar acciones participativas y comunita-
rias que prevengan conictos a partir de una estrategia que comprende 6 líneas de
acción: bosque, agua, biodiversidad (fauna y ora), patrimonio cultural, y de manera
transversal, preservación y cuidado del bosque (incluye restauración-reforestación)
y conservación y uso sustentable. Lo anterior con el objetivo de generar condiciones
de sustentabilidad ecosistémica y alimentaria.
ii) Cuantitativamente se tiene la meta de restaurar aproximadamente 140
hectáreas en los municipios de Mesetas, Uribe y la Macarena en el Meta y San
Vicente del Caguán en el Caquetá.
iii) Para avanzar en este objetivo de restauración en los ETCR, se ubicaron
viveros de especies nativas y lugares para la producción de abono propio.
iv) Reconociendo que durante el conicto ya había una relación entre FARC y
las comunidades campesinas, también se busca ocializar agendas ambientales, las
cuales pretenden ser respuesta a los conictos socioambientales de la región a partir
de actividades comunitarias denidas en conjunto.
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v) Estas agendas incorporan normas ambientales que hacían parte de manuales
de convivencia durante el conicto. En ellas se incluía la prohibición de caza, la
pesca con red, la comercialización de algunas maderas y especies vegetales, la
conformación de potreros comunitarios para ganado, cañeros rotativos (potrero para
restauración pasiva, también llamado “enrastroje” cañero), porcentajes de uso en las
ncas (60 % en producción y 40 % en “montaña”), apoyo en la construcción de pozo
séptico en las ncas y prohibición de cocheras cerca de la ronda de los ríos.
Estas normas ambientales buscan ser retomadas de manera dialogada y colectiva.
Luego de la rma del acuerdo y la concentración de la guerrilla en las ZVTN se dejaron
de cumplir, lo cual se solapó con la ausencia del gobierno y sus instituciones en estos
territorios, donde no se conocía una autoridad diferente a la insurgente y la autoridad
ambiental, por la visión de conservación antes descrita, resulta totalmente ilegítima.
Lamentablemente, el gobierno nacional ha decidido continuar y profundizar
esta forma de relacionamiento con las comunidades campesinas, lo cual ha resultado
en la criminalización, persecución y judicialización de familias asentadas al interior
del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Lo anterior lleva a concluir que el
proceso de implementación del acuerdo de paz debe tener en cuenta las relaciones
ambientales en estas zonas altamente biodiversas, comprender y fortalecer las diná-
micas comunitarias de conservación e integrar de manera efectiva la instituciona-
lidad estatal a estos territorios.
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