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1Diálogos Revista Electrónica de Historia, 21(2): 1-37. Julio-diciembre, 2020. ISSN: 1409-469X · San José, Costa Rica
DOI 10.15517/dre.v21i2.40677
LA INCORPORACIÓN DE LA HACIENDA “EL MURCIÉLAGO
EN EL TERRITORIO DEL PARQUE NACIONAL SANTA ROSA:
UN PROYECTO GEOPOLÍTICO (1978-1986)
Gabriel Madriz-Sojo
Ronald Díaz Bolaños
Resumen
El presente trabajo visibiliza el territorio del Sector Murciélago del Parque
Nacional Santa Rosa. No solamente como una zona protegida con remanentes de
bosque tropical seco y especialmente relevante por su resguardo de los ecosistemas
del Pacíco Seco costarricense, sino también como un espacio de poder que,
condicionado por su situación limítrofe con Nicaragua y el contexto geopolítico
centroamericano e internacional, esta zona vio reconguradas sus prácticas humanas
desarrolladas durante el período de estudio. Lo anterior debido a cambiantes
disposiciones de las élites políticas nacionales: desde una inicial tendencia
conservacionista con la expropiación hacendaria durante la administración Carazo
Odio (1978-1982) a una intensicación militar y transgresión ambiental durante
la administración Monge Álvarez (1982-1986) y continuada, pero gradualmente
dirimida, durante el primer año de la administración Arias Sánchez (1986-
1990). A través de un análisis documental de fuentes de archivo, hemerográcas,
secundarias y mapas, el artículo desarrolla un recorrido histórico de los principales
procesos de aprovechamiento, uso y redistribución territorial del espacio señalado,
contribuyendo a la desmiticación de discursos ociales respeto a los proyectos
de conservación del Estado costarricense. Finalmente, esta concluye que la
estricta aplicación de las políticas de conservación dentro de la zona estudiada
se vio constreñida por una variable agenda política de seguridad nacional, una
canalización de demandas de grupos sociales, inconstantes ujos presupuestarios
debido a la crisis económica de inicios de la década de 1980 y una denotada desidia
institucional en la gestión del parque.
Palabras clave: conservación ambiental, historia contemporánea, geopolítica, parque
nacional, política y gobierno.
Fecha de recepción: 13 de febrero de 2020 Fecha de aceptación: 23 de abril de 2020
Gabriel Madriz-Sojo Asistente de investigación del Centro de Investigaciones Geofísicas
(CIGEFI) de la Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica.
Contacto: gmsojo21@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8059-3234
Ronald Díaz Bolaños Profesor de la Escuela de Estudios Generales y docente de la
Cátedra de Historia de la Universidad Estatal a Distancia e investigador del Centro de
Investigaciones Geofísicas (CIGEFI) de la Universidad de Costa Rica. San José, Costa
Rica. Contacto: roeddibo@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2860-6744
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HACIENDA “EL MURCIÉLAGO” INCORPORATION
TO SANTA ROSA NATIONAL PARK: A GEOPOLITICAL
SCHEME (1978-1986)
Abstract
This paper approaches the emergence of Murciélago’s area from Santa Rosa
National Park not only as a protected area with remnants of the dry tropical forest
(especially relevant due to its conservation of Costa Rica’s north pacic regional
ecosystems), but also as a power space, conditioned by its border location with
Nicaragua and Central American and international geopolitical contexts. This
zone experienced several recongurations of social practices developed during
the temporal scale of study. This recongurations were due to the changing elite
policies: from an incipient conservationist tendency initiated by Hacienda “El
Murciélago” expropriation during president Carazo Odio’s administration (1978-
1982), to a military intensication and environmental transgression during Monge
Álvarez’s administration (1982-1986), and continued but gradually diminished
at the rst year of Arias Sánchez’s administration (1986-1990). Through an
analysis of archival, hemerographic, secondary sources, and maps, the paper
develops a historical journey through the main processes of land use, territory
exploitation, and distribution occurred in the mentioned space, contributing to the
demystication of ofcial speeches regarding conservation projects held by the
Costa Rican State. Finally, the paper concludes that the strict implementation of
binding conservationist policies inside Murcielago’s sector have been limited by
a variety of political agendas in national security, a channeling of demands from
various social sectors due to the economic crisis of the early 1980’s, and a marked
institutional negligence in the park management.
Keywords: environmental conservation, contemporary history, geopolitics, national
parks, politics and government.
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INTRODUCCIÓN
Las prácticas conservacionistas en Costa Rica se han caracterizado por
una cobertura de protección de un vasto porcentaje del territorio nacional
1
. Esto
como producto de las políticas ambientales y estrictas regulaciones emergentes
del aparato estatal sobre espacios protegidos. Estas prácticas han permitido
contener las dinámicas de colonización, explotación y producción propias de las
sociedades capitalistas de los siglos XX y XXI, siendo así los parques nacionales
costarricenses baluartes en la atención de los ecosistemas en estado natural y en
la preservación de su diversidad ecológica y genética (Morera & Romero, 2013,
p. 31). Esto como un objetivo complementario al mantenimiento estético del
paisaje o de la belleza escénica de sus zonas verdes boscosas. De esta forma, el
Estado como protagonista de dicha reconfiguración, transformación y gestión
territorial en distintos contextos históricos ha sido el principal actor responsable
del desenvolvimiento particular de prácticas sociales y humanas en relación con
el ambiente natural, así como de la organización y control efectivo de dichos
espacios. Un ejemplo de ello ha sido la administración del Sector Murciélago
(SM) del Parque Nacional Santa Rosa (PNSR) durante el período 1978-1986 en
plena época de Guerra Fría.
Este sector guarda una especial relevancia geográfica debido a que, adscrito
a las 38 mil hectáreas de extensión terrestre y a las 43 mil hectáreas marinas totales
del parque:
[conserva] un ecosistema completo de bosque tropical seco
2
…[el] más repre-
sentativo en Centroamérica, incluye[ndo] especies forestales como: guana-
caste, pochote, guapinol, indio desnudo y caoba. Especies [de] mamíferos
como: venado cola blanca, mono congo, mono cara blanca, pizotes, así como
numerosas especies de aves y anbios. (Quirós, 2017, p. 100)
Lo cual signica un aporte no sólo a la biodiversidad regional, sino también
a la variabilidad panorámica natural del territorio costarricense con sus paisajes de
sabana y pastos, de secuencias rocosas, así como paisajes boscosos
3
de distintas
alturas y variantes vegetales. Por ejemplo, se puede apreciar desde arbustos y
pequeñas especies deciduas, hasta árboles maduros siempreverdes con hoja perenne
de gran tamaño (Denyer, 2013; Vargas, 2016) (véase Figura 1). Tampoco se puede
desdeñar la trascendencia geológica del lugar puesto que, dentro del SM, en la Penín-
sula de Santa Elena, se localizan “rocas ultrabásicas del Cretácico, como la peridotita
serpentinizada, que se considera material intrusivo proveniente del manto [terrestre]
y forma parte de las rocas más antiguas del país” (Boza, 1984, p. 15).
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Figura 1. Mapa 1: Tipos de bosque en Costa Rica. Detalle con la ubicación del Parque Nacional Santa Rosa, Península de Santa Elena. Fuente: Pérez & Mora (2020).
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Igualmente, desde la segunda mitad del siglo XX han sido de interés por
parte de diferentes agentes sociales locales y extranjeros tanto el manglar, las
playas (costas), los cerros y el mismo bosque del SM (Díaz, Mora & Madriz,
2019; Evans, 1999; Rowe, 2011). Lo último para la subsistencia de pequeños
pobladores a través de la cacería, la agricultura y la extracción de leña (Área de
Conservación Guanacaste, 2012b). A mayor escala el comercio de hato ganadero
bovino, la explotación salinera y forestal fueron labores industriosas emprendidas
allí por un número limitado de patronos latifundistas (Díaz, Mora & Madriz, 2019;
Edelman, 1994). También ha sido lugar para actividades educativas, turísticas y de
investigación científica (Quirós, 2017). Asimismo, sirvió de base para operaciones
de seguridad y de tipo militar desarrolladas por costarricenses, nicaragüenses y
hasta estadounidenses (Evans, 1999).
En esta área, durante las décadas de 1960 y 1970, operaba la hacienda “El
Murciélago”
4
, propiedad de aproximadamente 16.075 hectáreas pertenecientes al
dictador nicaragüense Anastasio Somoza Debayle (1925-1980)
5
. Esta estructuró
sus actividades económicas en torno a la ganadería extensiva y fue emprendida
por migrantes nicaragüenses y costarricenses. Debido a su ubicación geográfica,
cercana a la línea fronteriza con el vecino país y con salida al mar, a través de ella
fue posible el contrabando de reses y madera hacia Nicaragua. De igual manera,
se hicieron factibles las estadías vacacionales de Somoza en su casa de playa
volcada frente al Golfo de Santa Elena. También fue característico del período
la especulación de tierras y las incursiones de la Guardia Nacional de Nicaragua
en la defensa de los límites hacendarios, la intimidación de precaristas o vecinos
errantes dedicados al abigeato y, sobre todo, el control fronterizo ante insurgencias
antisomocistas desde Costa Rica
6
(Edelman, 1998, pp.266-279).
En este sentido, como lo establece Edelman, la hacienda constituía una
suerte de “Estado dentro de un Estado” (1994, p. 21) y una afrenta para la soberanía
costarricense de acuerdo con la opinión pública del momento (“Aprobada la
expropiación”, 1979). Es así como en el contexto de crisis social nicaragüense (desde
su guerra civil, la Revolución Sandinista contra la dictadura somocista y con una etapa
culminante de crispación bélica hacia nales de la década de 1970), esta cuestión
signicó un planteamiento político en el seno del consejo de gobierno costarricense
de la administración de Rodrigo Carazo Odio (1926-2009) para la expropiación de
dicha extensa propiedad
7
. Esta se ejecutaría seguidamente y a partir de ello tanto
ésta como la consiguiente administración de Luis Alberto Monge Álvarez (1925-
2016) emprenderían dos visiones bifurcadas con respecto a la conservación y el
aprovechamiento territorial del espacio nacionalizado.
Evidentemente aquende el ambiente de Guerra Fría (1945-1991) sostenido
entre las superpotencias de Estados Unidos (EE. UU) y la Unión Soviética
(URSS) y basado en la disputa indirecta del control político en aquellas áreas de
inuencia e interés geoestratégico, se intensicará en la llamada “tercera oleada
de revoluciones del siglo XX” entre 1974 y 1979 (Hobsbawm, 1999, p. 249).
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Esto al gestarse un cambio o transición de régimen en un país muy cercano al Canal de
Panamá (lugar de importancia comercial e instalaciones milicianas norteamericanas),
implicando no solamente una oportunidad para una inédita incursión socialista-
soviética en Centroamérica, sino también para una reacción intervencionista
estadounidense que minase la afrenta y proyecto del Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN). Todo esto ocurre con la desmilitarizada Costa Rica en el
medio, teniéndose que adaptar a las circunstancias de la Realpolitik del momento:
enhebrando sus limitados recursos diplomáticos y gestionando el territorio limítrofe
con Nicaragua (siendo parte de él, el SM) en aras de su defensa territorial soberana,
la preservación de la democracia y de la paz regional (Rojas, 1985, p. 84).
La política exterior hacia el “Tercer Mundo” preparada por el presidente
norteamericano Jimmy Carter (1924-) a nales de su mandato (1977-1981) fue tardía
e infructífera para impedir con previsión el triunfo sandinista y la caída de su régimen
satélite para julio de 1979, cuya autoridad política se enfrascaría en un autoexilio a
Paraguay (Powaski, 2000, p. 271; Edelman, 1994). En este sentido, tanto los programas
de ayudas económicas enviados a destiempo y las cuantiosas concesiones crediticias
conseguidas por los EE. UU no impidieron que “un movimiento fundamentalmente
socialista” se instaurara en el poder y “rma[ra] un acuerdo comercial con Moscú”
en 1980 (Powaski, 2000, pp. 271-272). Mucho menos lo paralizó las precedentes y
fallidas presiones a Somoza para que implementase reformas sociales en su país,
así como para un ablandamiento de su modo de gobierno hacia el respeto de los
derechos humanos (Powaski, 2000, pp. 271-272). El año siguiente, a raíz de la
cooperación internacional nicaragüense a la causa guerrillera en El Salvador, es que
Carter consideraría suspender toda asistencia nanciera hacia su exaliado país y más
bien le propinaría una presión bélica directa con el aporte de hasta $1.000.000 en
“fuerzas antisandinistas (…), la llamada «contra»” (Powaski, 2000, p. 272).
Con la administración norteamericana entrante (1981-1989) de Ronald Reagan
(1911-2004), sobre todo en sus primeros años caracterizados por “la ebre militar y
la retórica apocalíptica” (Hobsbawm, 1999, p. 251), se empleó una profundización
del viraje “duro” de la política exterior más reciente de su predecesor. Denominada
como “doctrina Reagan” y aunada al plan roll back (tendiente a recuperar el dominio
político en Nicaragua) y a una intención de mantener la “subordinación” de los demás
países centroamericanos y caribeños, este líder político dispuso como diagnóstico
correspondiente a que el principal problema intrarregional centroamericano era
expansión de la égida comunista (Powaski, 2000, p. 289; Rojas & Solís, 1993, p. 12).
De ahí que multiplicara a $ 19.000.000 el nanciamiento norteamericano “a una fuerza
militar integrada por 500 hombres, la llamada «contra», que se encargaría de sabotear
la economía nicaragüense” (Powaski, 2000, p. 289), la cual llegaría incluso a operar
desde Costa Rica. Además, como consecuencia de dicha mentalidad anticomunista,
solo de forma limitada y subsidiaria EE.UU apoyaría monetariamente al resto de dichas
naciones (menos a Granada y El Salvador por sus inclinaciones ideológicas disruptivas)
a través de la llamada “Iniciativa de la Cuenca del Caribe” (Powaski, 2000, p. 289).
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Este factor extranjero y su presión sobre la zona limítrofe norte sin duda incide
en el comportamiento estatal costarricense y en las gestiones tanto burocráticas como
gubernamentales que entablaron las administraciones nacionales citadas y al inicio de
la correspondiente a Oscar Arias Sánchez (1940). En consecuencia, los márgenes de
maniobra para desarrollar políticas tanto públicas agrarias, de ordenamiento territorial
y principalmente de conservación ambiental estuvieron siempre constreñidas por los
vaivenes del contexto exterior, focalizando las intervenciones públicas a lo largo de
la franja fronteriza y no siendo el SM la excepción para el período de 1978-1986.
Con el objetivo de estudiar estos procesos, se incorpora la perspectiva teórica
de la Geohistoria que asume que un producto o espacio geográco de estudio en
particular resulta de la interacción y relación continua entre los grupos humanos y el
ambiente natural (González & Llancavil, 2017, p. 383). Este viene determinado por
procesos históricos previos de una datación más longeva, generalmente coyunturas o
eventos que históricamente redenen, deconstruyen e impactan prácticas arraigadas
o estructuras socioculturales y políticas (de control) en un territorio dado (González
& Llancavil, 2017, pp. 383-384). Se adhiere el referente teórico de la Geografía
Política que consiste en dimensionar todo proceso político (p.ej. el proyecto de
Estado-Nación) como determinante en las conguraciones territoriales, pero no
solo con énfasis en los recursos naturales vitales que se llegan a controlar por parte
del poder estatal, sino también en el poder o mandato desplegado sobre la población
(y sus dinámicas particulares) que opera dentro de una región dada (Montoya, 2011,
p. 104). Lo anterior sigue los postulados de Friedrich Ratzel (1844-1904), de ahí
que se hable de espacio de poder (Stogiannos, 2019, p. 135).
De modo que el presente artículo hace un recorrido histórico sobre la
materialización de los proyectos geopolíticos vinculados a “El Murciélago” según su
contexto y la naturaleza de las administraciones como principales actores de poder en
la reconguración de su espacio. Esto a través de un análisis documental de archivos,
legislación y mapas recopilados del Archivo Nacional de Costa Rica y del Departamento
de Servicios Bibliotecarios, Documentación e Información de la Asamblea Legislativa
de la República de Costa Rica, así como de fuentes hemerográcas y otras de tipo
secundarias. El estudio tiene una importancia particular en la medida en que presenta
una visión alternativa al discurso conservacionista ocial reproducido en memorias
presidenciales e institucionales, al describir el desenvolvimiento de prácticas humanas
contradictorias con el mismo en el espacio geográco y temporal de estudio.
La primera parte del artículo analiza las principales causas para la nacionalización
de la Hacienda “El Murciélago”, su procedimiento e implicaciones socio y geopolíticas,
así como la posterior segmentación de este espacio con nes de conservación y
desarrollo productivo local durante la administración Carazo Odio (1978-1982). En su
segunda parte, se evalúa la incipiente gestión del SM como parte integrada del PNSR
en la administración Monge Álvarez (1982-1986) y el uso estratégico de su territorio
marítimo, aéreo y terrestre para la activación de los protocolos de seguridad nacional
y defensa fronteriza sin desdeñar las consecuencias ambientales de las prácticas
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humanas licenciadas allí con venia burocrática en dicho período. Finalmente, la tercera
parte establece una continuidad del proyecto geopolítico anterior durante el primer año
de la administración Arias Sánchez (1986-1990), pese a un viraje discursivo de este
gobernante (“pacismo”) respecto al de su antecesor (“neutralidad perpetua”).
EXPROPIACIÓN DE HACIENDA “EL MURCIÉLAGO” EN LA
ADMINISTRACIÓN CARAZO ODIO (1978-1982): UN PROYECTO
CONSERVACIONISTA Y DE ASENTAMIENTO HUMANO.
Ante la maduración del conicto sociopolítico nicaragüense hacia nales
de 1978, la presión diplomática multilateral
8
para la caída del régimen somocista
desencadenó amenazas por parte del dictador basadas en una inminente invasión
a Costa Rica
9
. Estas fueron apenas contendidas por los protocolos de cooperación
internacional en el campo militar
10
y de seguridad fronteriza del país, y a la vez
lograron que fuera percibido como contradictorio tanto para las autoridades políticas
costarricenses como para la opinión pública nacional que la familia Somoza continuara
con importantes activos en el territorio nacional. Como lo establece Edelman (1994,
pp. 27-28), el vasto territorio de “[El Murciélago llamó una] mayor atención negativa
en Costa Rica…debido a su larga costa y a la cercanía de la frontera”. Sobre su suelo
los Somoza habrían invertido en las sociedades anónimas Murciélago Limitada y
Compañía Agropecuaria La Esperanza S.A, postergando sus intereses geopolíticos
tendientes a evitar ataques reaccionarios al régimen dictatorial desde Costa Rica
y augurando una continuidad de las incursiones nicaragüenses ocurridas fuera del
control migratorio costarricense (Edelman, 1998).
Inclusive en dicho contexto se publicaban las denuncias del diputado alajuelense
Óscar Rodríguez en el periódico La Nación: “dos de las cañoneras de la Guardia
Nacional de Nicaragua intimidaron a los pescadores nuestros y turistas que estaban
en la costa de Guanacaste” (“Aprobada la expropiación”, 1979, s.p.). El mismo
Edelman (1994, 1998) enumeró otras violaciones previas a la soberanía costarricense
desde mediados de los años 60 que terminaron de agudizar el descontento popular
por Somoza en la década siguiente. Tales violaciones van desde el uso indiscriminado
de una pista de aterrizaje para vuelos no reportados como afrenta al tráco aéreo del
país, la continuidad de prácticas contrabandistas y del ujo de migrantes nicaragüenses
indocumentados (muchos de ellos absorbidos como fuerza de trabajo de la hacienda
antes que nacionales), hasta entrenamientos militares a exiliados cubanos con
pretensiones bélicas contra el régimen castrista en 1971 (Edelman, 1994, pp. 26-27).
Debido al clima de tensión suscitado ante la continuidad de afrentas a la
soberanía nacional y el prevaleciente sentimiento antisomocista en el país, el
expresidente Carazo aceleraría los trámites legales y de avalúo para la expropiación
que había decretado el 18 de septiembre de 1978 de la Hacienda ubicada en La
Cruz de Guanacaste (Evans, 1999, p. 202). Más adelante el gobernante escribiría:
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“un hombre que mostraba tal desprecio por el honor, la dignidad y la soberanía de
Costa Rica, no merecía ser propietario, siquiera, de un centímetro cuadrado de nuestro
suelo” (Carazo, 1989, p. 292). Para dicho año inclusive eran patentes campañas de
recolección de fondos que involucraban a la sociedad civil costarricense para el
pago de la expropiación: en la prensa de la época se informaba que “se emplear[ía]
parte del dinero que Radio Monumental esta[ba] recogiendo…para la mencionada
expropiación” (“Aprobada la expropiación”, 1979, s.p.).
Lo cierto es que desde el 16 de mayo de 1978 se encarga a miembros del
gabinete ministerial de la administración Carazo el acuerdo para la compra denitiva
con fondos públicos y a la Procuraduría General de la República (PGR) revisar la
legalidad del acto expropiatorio por parte del Estado de las ncas de “El Murciélago”
(Archivo Nacional de Costa Rica, 1978a). Dos días después, el primer órgano solicita
al Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), a la Dirección General de Tributación
Directa (DGTD) y a los bancos nacionales un peritazgo para conocer el valor real del
terreno hacendario (Archivo Nacional de Costa Rica, 1978b). El 16 de junio del mismo
año se crea una comisión a cargo del Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG)
Hernán Fonseca Zamora (1930-2011) para realizar un informe de avalúo completo,
integrando a las instituciones antedichas (Archivo Nacional de Costa Rica, 1978c).
Paralelamente, y a razón de la necesidad de elevar la expropiación a rango de
ley dado el consenso generalizado respecto a la política de seguridad antisomocista
del momento, el Sr. presidente de la Comisión de Gobierno y Administración de la
Asamblea Legislativa Cristian Tattenbach Iglesias (1924-2007) solicita vía telegrama
un avalúo especial completo a la DGTD de las 10 ncas que componen “El Murciélago”
(Archivo Nacional de Costa Rica, 1978d). El diputado lo recibiría el 26 de junio de
1978. Este documento consideraba el valor del terreno, construcciones, instalaciones
y maquinaria en ₡24.761.728 correspondientes a un área de 15.757 hectáreas
11
, según
datos del Registro Público (Archivo Nacional de Costa Rica, 1978d).
Como muestra de una actuación administrativa totalmente independiente en los
procedimientos para la expropiación por parte del Poder Legislativo y del Ejecutivo, se
establece en el Consejo de Gobierno el 30 de noviembre que “el valor de la Hacienda
el Murciélago se jó en doce millones doscientos noventa y un mil colones” (Archivo
Nacional de Costa Rica, 1978e). Es decir, apenas la mitad del valor previamente
presupuestado para el congresista. Esto sería reejo de una sobreestimación del precio
hacendario en primera instancia al presupuestarse junto con el valor del largo territorio
costero. Es decir, éste último debía restársele al valor total del conjunto de terrenos sujetos
a nacionalización, en tanto ya era de propiedad estatal (área pública según la legislación
nacional vigente). O bien, dicho valor cercano a los ₡24 millones sería resultado de
un depurado y por tanto inadecuado peritaje que posiblemente ignoró la extensión
territorial indicada en fuentes registrales o en el mismo plano de la Hacienda, el cual
estaba en poder de su concluyente administrador el Sr. Hilario Silva (Archivo Nacional
de Costa Rica, 1978d). Lo patente fue que al nal del proceso de nacionalización sería
resarcido un valor inferior, pero muy cercano al recibido por Tattenbach.
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Desde el 13 de setiembre de 1978, con el Decreto Ejecutivo 9119-G,
el Consejo de Gobierno habría ordenado formalmente el acto expropiatorio que
recuperaría a “Murciélago” como bien demanial o de dominio público (Decreto
Ejecutivo, 1978). Aunque sería hasta el 11 de enero de 1979 se estudiaría en el
seno de dicho Consejo, durante un contexto de grandes dificultades financieras por
la crisis petrolera de finales de la década de 1970, el mecanismo de pago para la
expropiación. Estaba entre las opciones sugeridas por la Contraloría de la República
un presupuesto extraordinario de la República y un préstamo de RECOPE (Archivo
Nacional de Costa Rica, 1979a). En el acuerdo de gobierno de dicha fecha, se le
insta a la Procuradora General la redacción de otro que permita la toma oficial de
la hacienda, así como la consolidación del pago gubernamental correspondiente
(Archivo Nacional de Costa Rica, 1978d). No obstante, es a través de un oficio del
mismo Carazo Odio, enviado el 2 de septiembre de 1980 al MAG, que se conoce que
el financiamiento para la compra del SM devino de bonos de parques nacionales más
allá de las opciones estudiadas (Archivo Nacional de Costa Rica, 1980a).
La Asamblea Legislativa en terminaría por reforzar el decreto 9119-G
promulgado con la aprobación de la Ley Nº6279. Con esta se declara de interés público
el territorio hacendario, formalmente expropiándose e inscribiéndose en los registros
públicos por parte de la PGR. Finalmente, se establece como una ampliación del PNSR
a cargo de la administración del MAG. A la vez quedaría esta extensión de suelos
sujeta a titulaciones gratuitas del ITCO a campesinos de la zona y a las delimitaciones
que el Poder Ejecutivo estableciera como convenientes (Ley de Expropiación de
Hacienda Murciélago para Parque Nacional Santa Rosa, 1979, arts.1-5, s.p.).
Es así como, el 21 de junio de 1979 se informa durante las sesiones de
coordinación del Poder Ejecutivo de la presencia oficial del presidente en la hacienda
“El Murciélago”. Esto en representación de la nación para ultimar los procedimientos
legales relativos a su toma de posesión e inmediatamente declarándose parte de ésta
con el nombre de “Asentamiento Campesino Juan Santamaría” (Archivo Nacional
de Costa Rica, 1979b). Precisamente, con fecha de un día después, se lee en la carta
informativa de publicación periódica “Costa Rica Puede” emitida por el Ministerio
de Cultura, Juventud y Deportes (MCJD) que:
En un acto en el que participaron el Presidente de la República, Rodrigo Carazo,
el Ministro de Seguridad Pública y otros funcionarios y jueces de la república,
el Gobierno de Costa Rica tomó ocialmente posesión de las 16.075 hectáreas
de tierra que forman la Hacienda El Murciélago, anteriormente propiedad del
General Anastasio Somoza Debayle, de quien fue expropiada. La expropiación
hecha por razones de «utilidad pública», se formalizó mediante el pago de 22
millones de colones, parte de los cuales fue aportado por la ciudadanía costarri-
cense mediante colecta popular. La extensa nca servirá para que, en parte de ella
(3.500 hectáreas) se cabida a un asentamiento campesino en donde 150 familias
de la región obtendrán tierras de labrantío para su explotación y aprovechamiento.
El asentamiento campesino fue bautizado con el nombre Juan Santamaría. El
resto de la nca será dedicado, parte a reserva forestal y parte a la ampliación del
Parque Nacional Santa Rosa, como una gran reserva biológica nacional. Con este
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acto se cumple una de las mayores aspiraciones del pueblo costarricense que ha
deseado, por mucho tiempo, la nacionalización de una importante zona de terri-
torio nacional que se había prácticamente enajenado al caer en manos de la familia
Somoza de Nicaragua. (Archivo Nacional de Costa Rica, 1979c).
De esta forma, el Gobierno de Costa Rica, satisfizo —relativamente—
las demandas locales con el otorgamiento de tierras, dirimiendo los históricos
conflictos persistentes por las mismas y brindando una contención económica a
las familias que aún laboraban en los confines hacendarios
12
. También con dicha
toma oficial se abonaría exitosamente a aquellas presiones de los medios de
comunicación y de la opinión pública nacional con un matiz nacionalista y de
reafirmación de la soberanía nacional (Evans, 1999). Esto se vería particularmente
con la remembranza presidencial y previamente periodística de la histórica
Campaña Nacional de 1856 contra las fuerzas de expansionistas estadounidenses
conocidas como “filibusteros”, quienes ocuparon militarmente a Nicaragua y que
consideraron que el largo territorio fronterizo de Guanacaste le pertenecía a este
último país, amenazando con recuperarlo (Fallas, 2015, p. 60).
En dicho proceso, el presidente Juan Mora Porras (1814-1860) convocaría a un
ejército compuesto por “labradores y artesanos” que defendería finalmente la integridad
del territorio nacional, siendo el mítico soldado Juan Santamaría (1831-1856) parte de
éste y sobre todo un recurso táctico decisivo y “heroico” en la Batalla en Rivas de abril
de 1856 (Fallas, 2015). Su nombre quedaría sellado en la simbología del discurso oficial
desde la Costa Rica liberal decimonónica, en la cultura popular del país y constantemente
referido por gobernantes costarricenses durante el siglo XX como representativo de la
sencillez popular, de la libertad y de la defensa del orden establecido en la vida nacional
(Cabrera, 2015; Fallas, 2015; Palmer, 2007). Esta vez, 123 años más tarde del sacrificio
de Santamaría para quemar el “Mesón de Guerra” ocupado por los filibusteros en
Rivas (Molina, 2000, pp. 33-37), el presidente Carazo designaría al nuevo sitio agrícola
(ubicado al margen del río Cuajiniquil y que serviría de extensión a los pocos caseríos
del poblado de mismo nombre) con el emblemático apelativo.
La recuperación de la superficie tendría una significancia especial para
la sociedad costarricense, debido a que ocurriría muy cerca del lugar donde se
gestó otro triunfo nacional durante la guerra contra los filibusteros: la Batalla de
Santa Rosa. Así, la administración Carazo reinvertiría el control estratégico de
una importante porción territorial en el Pacífico Norte limítrofe, al tiempo que
otorgaría una ampliación de la conservación ambiental iniciada en 1966 con la
declaración del Monumento Nacional de la Casona de Santa Rosa y luego con
la instauración oficial del PNSR en 1971 y ampliaciones subsiguientes (de 1977,
1982, 1987, 1990 y 1991) (Quirós, 2017, p. 99). Sin embargo, este resultado no fue
del todo expedito y el nuevo rol que las autoridades políticas le asignarían al SM,
así como la distribución exacta del territorio expropiado generarían incertidumbre
a varios sectores del país interesados, entre ellos grupos conservacionistas y los
mismos administradores del PNSR al finalizar la década de 1970.
Diálogos Revista Electrónica de Historia, 21(2): 1-37. Julio-diciembre, 2020. ISSN: 1409-469X · San José, Costa Rica12
De acuerdo con Mora (citado en Evans, 1999, p. 204)
13
, estos últimos
auguraban no dificultades logísticas para administrar adecuadamente el territorio,
a razón de la lejanía de la península anexada con el cuerpo principal del parque, lo
que condicionaría sobre todo la función de patrullaje a este nuevo vasto espacio.
También se presagiaba una “agenda oculta” mediante la cual la conservación del
SM servía de excusa, ya no para una estrategia defensiva ante los arrebatos de
Somoza, sino una que involucraba un activo entrenamiento a sandinistas por parte
de oficiales costarricenses (Ugalde & León citados en Evans, 1999, p. 204)
14
.
Este llevaría a una crispación política entre Álvaro Ugalde Víquez (1946-2015),
director del Servicio de Parques Nacionales (1977-1979) y el Consejo de Gobierno
(incluyendo al presidente Carazo). El primero denunciaría “prácticas de tiro que
usaban como blanco árboles y cercas del parque [y que] (…) el superintendente
del [mismo] necesitaba permiso de la policía para moverse dentro de él” (Evans,
1999, p. 5). Esto a través de un acalorado cable o telegrama enviado al Ministro
de Seguridad Pública (MSP) Juan José Echeverría Brealey, en el que tildando a los
efectivos policiales nacionales de “soldados”, solicitaba el retiro de estos fuera del
SM en tanto dicha área era de plena jurisdicción y responsabilidad del SPN (Evans,
1999, p. 5). La situación fue tema de abordaje inmediato en el consejo de gobierno,
dados los términos de referencia del escrito suscitado en un país que reproducía el
discurso antimilitarista y de paz, que si bien tuvo el efecto de un retiro policial y
una férrea defensa por parte del MAG a Ugalde “por hacer su trabajo”, fregó las
relaciones del presidente con este funcionario (fiel defensor de la conservación
ambiental a través del SPN
15
) al punto de haber sido señalado en los albores de
dicho órgano ministerial como “antipatrótico y traidor” (Evans, 1999, p. 6).
El hecho de que esta agitación gubernamental diera sus efectos se manifiesta
por dos razones. La primera, a razón de la necesidad de que los vínculos
gubernamentales con el sandinismo (aunque explicados por el antisomocismo
de la época) se mantuvieran al margen de un evidente escrutinio público. Esto
constituiría una incoherencia que, pese al despliegue de seguridad intensificado
en la zona limítrofe, Costa Rica estuviera coludiendo subrepticiamente por la
vía armada en la desestabilización nicaragüense desde el propio territorio y
destruyendo el mismo entorno dispuesto a ser protegido, a la vez que solicitaba
ayuda a nivel internacional para la pacificación fronteriza. De hecho, ninguna de
las operaciones realizadas en SM a favor del movimiento guerrillero fue recuperada
en el Informe de Labores de los Ministerios de Gobernación y Seguridad Pública
de 1978-1979. Esto excepto si las materias de “Guerra de Guerrillas, control de
turbas, táctica soldado individual, Amet[ralladora] Browning Fusil M-1 calibre
30”, impartidas como instrucción de personal del área de Primera Comisaría y
Policía Militar hubiesen sido en “El Murciélago”, lo cual no se registra con el
debido detalle (Departamento de Servicios Bibliotecarios, 1979, p. 36). Por el
contrario, se señalan en el mismo informe una serie de capturas de sandinistas a lo
largo y ancho del país con motivo de la llamada “Operación limpieza guerrilleros”
Gabriel Madriz-Sojo & Ronald Díaz Bolaños • La incorporación de la Hacienda “El Murciélago” en el territorio del Parque... 13
(Departamento de Servicios Bibliotecarios, 1979, p. 36). Esto lo que ratifica
es una contradicción de la política de seguridad fronteriza de la administración
Carazo durante el período entre la toma de posesión de la hacienda y la eventual
segregación del extenso terreno para los fines indicados anteriormente.
Lo cierto es que aunque los anuarios del Ministerio de Seguridad no ratifiquen
las prácticas colaborativas con los revolucionarios nicaragüenses, como lo establece
el trabajo de Martínez (2017, p. 184), “el gobierno de Rodrigo Carazo Odio [sí] había
permitido que el territorio de Costa Rica sirviera para establecer campamentos del
[Frente Sandinista de Liberación Nacional]” y más adelante, licenció que un avión
de la Fuerza Aérea Mexicana (el «Quetzalcóatl») que recogía asilados políticos
nicaragüenses en Managua hiciera escala en el país, “en donde se otorgaban distintos
recursos a los miembros del Frente Sandinista (…). [Una actividad] no posible, de
no contar con el apoyo y venia del gobierno de Carazo” (Martínez, 2017, p. 187).
La segunda razón que justifican un cambio hacia la persecución de
sandinistas y una expulsión de los entrenamientos con costarricenses en la
nueva área protegida (SM del PNSR) tiene que ver con la presión y cabildeo de
diversos grupos conservacionistas (algunos de ellos de origen norteamericano) con
importantes recursos económicos y gran incidencia dentro del escalafón burocrático
costarricense ligado al sector ambiental, por ejemplo, The Nature Conservancy
con el apoyo del director Ugalde (Evans, 1999, p. 206). Entre otros nacionales
estaban la Fundación de Parques Nacionales (clave para financiar repatriaciones
de territorios para su preservación patrimonial en el país), el Centro Científico
Tropical (CCT) y la Organización para Estudios Tropicales (OET) (entidades
relevantes en la provisión de asesorías técnicas para la toma de decisiones públicas
sobre los nuevos espacios protegidos por parte del Estado costarricense). Estos
influirían para la cuidadosa delimitación del SM según las intenciones enmarcadas
en la fuente oficial citada “Costa Rica Puede” y la misma Ley Nº6279.
El papel de estos grupos emergió como influjo de la pérdida del poder
adquisitivo de los ya recortados presupuestos del SPN para la actividad de protección
de parques tras un serio escenario de inflación producto de la crisis petrolera de
1979. En palabras de un oficial anónimo del PNSR durante dicha época: “hacía falta
el combustible y recursos para el pago de las dietas a los choferes, las unidades
móviles estaban deterioradas, algunos programas de atención de visitantes fueron
completamente abandonados” (Evans, 1999, pp. 191-192). Es decir, algunas
organizaciones aprovecharon las condiciones de emergencia financiera para
ejercer presión por una profundización de las políticas de conservación, lo cual fue
favorecido por la actitud de la administración Carazo de continuar esta tendencia. El
mismo presidente sostenía una valoración positiva hacia dichas políticas incluso con
connotaciones religiosas (Evans, 1999, pp. 188-189).
Para él la protección del ambiente se derivaba del mandato cuasi divino
de “respeto a todas las formas de vida y su balance” (Carazo, 1989, p. 254). De
acuerdo con las memorias de Ugalde:
Diálogos Revista Electrónica de Historia, 21(2): 1-37. Julio-diciembre, 2020. ISSN: 1409-469X · San José, Costa Rica14
La década de los 80, marcó el inicio de un movimiento conservacionista
que buscaba soluciones ante la inflación de la que fuimos víctimas durante
los primeros seis años de la década. Muchas de las 26 organizaciones de
ayuda internacional tales como CIDA de Canadá, DANIDA de Finlandia,
GTZ de Alemania, FIINIDA de Finlandia, NORAD de Dinamarca y ODA
de Inglaterra, donaron dineros a Costa Rica, con énfasis en proyectos de
conservación. Además de éstas, muchas organizaciones conservacionistas
apoyaron a nuestro país durante la crisis. Esta nueva fuente de ingresos
evidenció la necesidad de establecer la Fundación de Parques Nacionales
(FPN), institución a la cual le correspondería la administración de las
contribuciones internacionales. Presidida por Mario Boza, la fundación nace
en 1979. La respuesta de la FPN ante la crisis económica fue lanzar una
campaña de recaudación de $5,5 [millones] en un periodo de cinco años. Esta
campaña se convirtió en la prioridad número uno de la Fundación y gracias al
esfuerzo nacional e internacional, la cifra fue conseguida en 1986, en menos
tiempo de lo inicialmente estimado. (Ugalde, 2016, p. 13).
En este sentido fue posible que continuaran los programas educativos, la
compra de extensiones de terrenos para el SPN (incluyendo el SM), asesoría y
ayuda técnica para el manejo de recursos naturales y forestales (entre ellos, los de
reforestación) con una institucionalidad capaz de percibir los flujos de cooperación
ambiental (préstamos, becas y donaciones) y canalizarlos para los fines enmarcados.
Todo esto tras la fuerte campaña ambientalista engendrada desde la administración
Carazo y sobre todo potenciada por el SPN bajo la dirección de Ugalde a partir de
1979. De hecho, la incorporación oficial del SM al PNSR con el Decreto Ejecutivo
12062-A del 13 de noviembre de 1980 es el que ha permitido que hoy día persistan
las siguientes condiciones ambientales:
[el] bosque seco por muchos años se vio amenazado por la cacería, la
agricultura, la explotación forestal, la ganadería e incendios forestales, sin embargo
todas esas amenazas no fueron suficientemente fuertes para remover por completo la
flora y fauna nativa, y por el contrario la restauración de ese bosque está ocurriendo
rápidamente, ya que la vegetación y la fauna se están reconstituyendo por sola,
dispersándose por los campos de pastos, de tal manera que se puedan eliminar las
especies introducidas, como por ejemplo el pasto jaragua (Hyparrhenia rufa, desde
el este de África) que fue utilizado para alimentar al ganado. (Área de Conservación
Guanacaste, 2012b, s.p.)
No obstante, dicha incorporación, fue producto de un tortuoso proceso en el que
se debía conciliar el espacio para las prácticas sociales tanto de protección ambiental
como de producción agrícola y asentamiento humano en un territorio fuertemente
condicionado por sus características geográficas: constantes sequías, topografía quebrada,
suelos arcillosos-arenosos de baja fertilidad, etc. Es decir, particularidades propias de
una extensión ubicada dentro del Corredor Seco Centroamericano (Díaz, 2019).
Al pasar casi año y medio de la promulgación de la Ley Nº6279, Carazo
ordena al jerarca del MAG, Hernán Fonseca, a elaborar el decreto respectivo “debido
al hecho que diversos grupos conservacionistas han pedido efectuar la delimitación”
(Archivo Nacional de Costa Rica, 1980b). Esto corresponde sin duda a un fuerte lobby
Gabriel Madriz-Sojo & Ronald Díaz Bolaños • La incorporación de la Hacienda “El Murciélago” en el territorio del Parque... 15
tras los flujos de cooperación financiera otorgada. La segregación seguidamente se
operativiza como producto de la consideración de 3 propuestas generadas dentro
de una comisión integrada por representantes del SPN, el CCT, el Banco Nacional
de Costa Rica (BNCR), la Unidad de Suelos del MAG, el ITCO y la Dirección
General Forestal (DGF). La primera opción generada por el SPN proponía una
demarcación del sector noreste de “El Murciélago” para vocaciones agropecuarias.
Esta garantizaba ventajas como: una relativa mayor humedad de la finca, fácil acceso,
mejor infraestructura, la posibilidad de explotaciones extensivas (Archivo Nacional
de Costa Rica, 1980b). Es por ello que la propuesta contó con el apoyo de la mayoría
de los representantes de las instituciones señaladas. En consecuencia, se resuelve
con la firma presidencial y del ministro la delimitación oficial correspondiente a la
Figura 2 en noviembre de 1980.
En este queda patente como la élite política configura el espacio funcional y la
disposición de sus recursos naturales para fines varios a cargo por un lado del ITCO,
con la titulación y segmentación de lo que hoy día se identifica con los caseríos
conocidos como “Las Parcelas” de Cuajiniquil. Y, por otro lado, a cargo del SPN que
fungió como un órgano propositivo en las reformas de protección ecológica, clave
en la búsqueda de fondos foráneos para el financiamiento de la conservación en el
PNSR y en la misma incorporación del SM, así como en la interconexión entre las
autoridades decisoras y el cabildeo conservacionista. Este órgano del MAG terminó
dirimiendo ciertas prácticas militares y de explotación por un resguardo del nuevo
perímetro del parque con un gran reto en su administración debido a la duplicación
de su cobertura.
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Figura 2. Mapa 2: Segregación del Sector Noreste de la Hacienda “El Murciélago” para nes de asentamiento campesino. Fuente: Archivo Nacional de Costa Rica (1980c, s.p.).
Gabriel Madriz-Sojo & Ronald Díaz Bolaños • La incorporación de la Hacienda “El Murciélago” en el territorio del Parque... 17
CONSERVACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN MONGE ÁLVAREZ
(1982-1986): ADIESTRAMIENTO MILITAR EN ZONA PROTEGIDA
El potencial atractivo turístico del PNSR relativo a su fauna era innegable
para las autoridades de conservación a inicios de la administración Monge. Estas
mismas registraron “más de 200 especies de aves, tres especies de monos, y gran
cantidad de ungulados y murciélagos [que] habitan el área” (Servicio de Parques
Nacionales, 1983, p. 3). Igualmente, dimensionaron la extensa sabana y riqueza
forestal que le sirve de hábitat a dichas especies: “el Tempisque (…), el Panamá
(…) y otros bosques deciduos [como] el árbol nacional de Guanacaste (…) y el
Indio desnudo” (Servicio de Parques Nacionales, 1983, pp. 2-3).
A pesar de ello, el Sector Murciélago (de mayor tamaño con 11.600 ha
consolidadas frente a las 10.313 ha del Sector Santa Rosa) en 1983 tenía el menor
adelanto en términos de la accesibilidad y de los servicios brindados por el Sistema
de Parques Nacionales. De los 15 personeros que protegían los recursos del parque,
únicamente 5 resguardaban las lides del SN y en general, esta porción del parque no
contaba con los “servicios básicos” para visitantes que tenía, con gran diferencia, el
área relativa al centro histórico del PNSR (Servicio de Parques Nacionales, 1983, pp.
1-2). Esta última poseía diversas facilidades, entre ellas: “áreas de almuerzo, de acampar,
acceso a agua potable, servicios sanitarios, baños, miradores, senderos, información por
equipo de guías, letreros” (Servicio de Parques Nacionales, 1983, pp. 1-2).
Esto puede explicarse por la preponderancia histórica del Sector Santa Rosa,
sobre todo conforme a su “Casona”, otrora perteneciente a la Hacienda Santa Rosa y
epicentro de la victoria contra el filibusterismo el 20 de marzo de 1856. También porque
el SM fue el último en adherirse y su gestión estaba apenas en ciernes. No obstante, en
términos presupuestarios, la vigencia de la crisis económica y financiera costarricense,
que se agravaría por los compromisos estatales del pago de la deuda externa acumulada,
incidirían en la raquítica labor de guardaparques y orientación turística del SM.
El mismo contexto geopolítico internacional se recrudecería con la “doctrina
Reagan” en 1983 y el aumento del financiamiento a “la contra” que haría de la zona
fronteriza nacional, incluido el SM, un lugar estratégico desde donde incursionar
operaciones castrenses. Esto motivará un viraje en torno a un nuevo rol que podría jugar
el SM, concerniente a una nueva visión de seguridad nacional de la administración
Monge, que como efecto colateral acrecentaría el atraso del fomento turístico en el área.
Precisamente un año antes, de las aproximadamente 3500 ha controladas por
el ITCO (para 1982 reformado en Instituto de Desarrollo Agrario) y delimitadas
del SM en la Figura 2: unas 10 ha y 7100 m con salida marítima a la Bahía Tomás
fueron concedidas para el Ministerio de Seguridad (MS) sin un traspaso oficial a
esta institución (Ramos, 2007). Lo cierto es que, a diferencia de la administración
Carazo, bajo el gobierno de Monge se incursionaría en el territorio no protegido
de “El Murciélago”, es decir, el delimitado para labrantío. Esto mediante
mecanismos formales de arrendamiento y bajo un acuerdo institucional con el IDA.
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De forma que se aprovecharía la evidente posición estratégica referida cercana
a la línea fronteriza y también las instalaciones hacendarias que habían sido
expropiadas en 1979 y que históricamente habían albergado fuerzas de seguridad:
paradójicamente tanto de la Guardia Nacional somocista en los 60 y 70, como
de la guerrilla sandinista y la Guardia Civil costarricense en el ocaso de dicha
última década. Entre esas instalaciones se contaba en regulares condiciones la casa
principal, la cocina, un campamento, otrora habitación de peones con una galera
anexa y un troje con dos departamentos (la mayoría de bahareque y madera) en
Puerto Castilla
16
(Archivo Nacional de Costa Rica, 1978d).
La presencia del MS en “El Murciélago” era parte no sólo de una política
de modernización del aparato de seguridad con un remozamiento armamentístico
ausente en la administración anterior y un aumento del presupuesto a la cartera
ministerial correspondiente (Muñoz & Romero, 1991, p. 158), sino que ésta
también era una exigencia del contexto político centroamericano de intensificación
bélica. Al respecto, Costa Rica se encontraba urgido por cooperación foránea para
el saneamiento de sus finanzas públicas y de su macroeconomía en general, así
como de asistencia técnica e impulso financiero en sus programas de reactivación
productiva (Marín, 1993). Lo anterior para reemplazar el agotado modelo
desarrollista y de sustitución de importaciones que, aunado al incremento de los
precios internacionales del petróleo a finales de los 70 y el cobro de los empréstitos
externos por parte de los organismos financieros internacionales, conllevó al país a
niveles inusitados de inflación, bajas exportaciones y deuda pública.
Por el otro lado, el mando de la potencia del hemisferio occidental (EE. UU)
estaba empecinado con una efectiva limpieza anticomunista en su “patio trasero” y
basada en resultados. De ahí una relación quid pro quo entre ambos países durante
la administración Monge que significó la materialización de una máxima perenne
en la política exterior costarricense indicada por Muñoz y Romero (1991, p. 148),
por la cual “los intentos tendientes a aumentar la seguridad externa a menudo dan
como resultado el cercenamiento de cuotas importantes de soberanía”. Es decir, las
estrategias para reducir la vulnerabilidad económica y social del país, en clara época
de crisis, necesariamente implicaban la inyección de recursos estadounidenses.
Esto sobre todo como medidas remediales y de contención económica ante posibles
infiltraciones sandinistas o ante el escenario de que emergiere del descontento
popular costarricense y de las golpeadas condiciones estructurales del país, una
interiorización de la ideología “de la revolución permanente”. Propiamente dichas
medidas se aplicarían en los territorios fronterizos más alejados de los principales focos
de desarrollo nacional. Por ejemplo, las donaciones de la Agency for International
Development (AID) que sirvieron para financiar el “Proyecto Integral de Desarrollo
de la Zona Norte de Costa Rica” (Muñoz & Romero, 1991, pp. 159-160).
Las donaciones y arreglos de pago crediticios con EE. UU se recibieron so
pena de una “condicionalidad cruzada” en torno a una reforma política, económica y
productiva del país, homologada con la de esta potencia en dos sentidos (Marín, 1993).
Gabriel Madriz-Sojo & Ronald Díaz Bolaños • La incorporación de la Hacienda “El Murciélago” en el territorio del Parque... 19
La primera tendiente a una liberalización económica o “modelo hacia afuera”
y la segunda basada en esquemas de seguridad con una clara intervención de
inteligencia, formación, adiestramiento y armamento norteamericano hacia finales
del cuatrienio de 1982-1986.
Es así como, en el último informe de labores del MS a cargo del ministro
Benjamín Piza Carranza (1925-2009), se leía:
La defensa de la democracia costarricense no sólo depende de la recuperación
económica y del desarrollo social, sino también y de manera fundamental, del
grado de seguridad que disfrutamos los ciudadanos, así como de la protección
de sus bienes y del mantenimiento de las instituciones. Estos valores básicos
de nación costarricense se requieren la organización y el funcionamiento ecaz
de un sistema moderno de seguridad nacional, el cual ha sido implantado
dentro de la nueva estructura del Ministerio de Seguridad Pública, creando un
conjunto de cuerpos policiales de espíritu civilista, debidamente adiestrados
tanto en materia policial (Protección de la Ciudadanía) como en la defensa de
nuestra Soberanía Nacional, espacio aéreo y aguas territoriales.
Ante la situación que se vive en la línea limítrofe con Nicaragua, por el incre-
mento de los grupos adversos al gobierno de esa nación Seguridad Pública
se vio en la urgencia de instalar nuevos puestos de control fronterizo, inclu-
yendo bases navales. (Departamento de Servicios Bibliotecarios, 1986, p. 7)
De hecho, una de las cuatro bases instauradas durante 1982 en el comienzo del
gobierno de Monge que se sumaría a la establecida previamente en Puntarenas como
parte de dicho “nuevo sistema de seguridad” fue la ubicada precisamente en Puerto
Castilla (Departamento de Servicios Bibliotecarios, 1983, p. 16). Luego conocida como
Base Naval de Murciélago, se dedicó al patrullaje y vigilancia de la costa y límite marí-
timo del Pacíco norte. Si bien esta base estaba siendo construida con la colaboración
de la comandancia de Guanacaste, muy cercana (al oeste) o casi contigua con el terri-
torio protegido del SM del PNSR, en 1984 “por intervención del señor Director, el
[Instituto Costarricense de Puertos del Pacíco] donó un terreno en Puerto Mora [más al
norte, al otro lado de la Bahía Cuajiniquil], con el n de instalar con más comodidades
dicha base” (Departamento de Servicios Bibliotecarios, 1984, p. 19). Un año después
ya estaba consolidada la Estación Naval en Puerto Mora con “su primordial función
[correspondiente a] la defensa fronteriza de nuestras costas, el control y la protección
del transporte marítimo y de la ota pesquera nacional en esas aguas” (Departamento de
Servicios Bibliotecarios, 1985, p. 27). Esto dejaría a Puerto Castilla habilitada para otro
tipo de operaciones nulamente documentadas por los cables ociales.
Sin duda este despliegue de operativos por mar se sumó estratégicamente a
la labor terrestre del Comando Norte, una unidad policial distribuida en 19 puestos
de comando y responsable del control de “2.125 kilómetros cuadrados [de territorio
nacional], abarcando una extensión lineal de 76,5 kilómetros” (Departamento de
Servicios Bibliotecarios, 1986, p. 13). Lo precedente ocurriría en el noroeste fronte-
rizo con Nicaragua durante la administración Monge entre 1985 y 1986 como parte de
la llamada por Muñoz y Romero “militarización de la fuerza pública” (1991, p. 165).
Diálogos Revista Electrónica de Historia, 21(2): 1-37. Julio-diciembre, 2020. ISSN: 1409-469X · San José, Costa Rica20
Este comando, aparte de proteger a la población civil costarricense de agresiones en
zona limítrofe, se insertaría a colaborar en una política de control inmigratoria de
nicaragüenses (véase en la Figura 3).
La unidad abarcaba la seguridad de los principales poblados del cantón guana-
casteco de La Cruz: Peñas Blancas, Santa Cecilia, Cuajiniquil y el asentamiento del
mismo nombre (Departamento de Servicios Bibliotecarios, 1986, p. 33). La misma
se activaría tras las incursiones estratégicas de apoyo a grupos “contrainsurgentes”
(tanto estadounidenses, nicaragüenses, como costarricenses) que estaban empeci-
nados en la desestabilización del régimen sandinista. Al mismo tiempo y con relativa
cercanía, agentes del Comando Norte, entre otras fuerzas policiales nacionales, reci-
bían constantes capacitaciones y adiestramiento policial-militar en la circunscripción
de “El Murciélago” administrado por el MS.
Esto es coincidente con lo que Muñoz y Romero (1991, p. 169) apuntan
como “una neutralidad altamente ambigua”, en otras palabras, un freno a la eleva-
ción a otro estrato bélico de la “guerra de baja intensidad” que Costa Rica venía
cultivando desde 1982 y que es consecuente con las maniobras de apersonamiento
policial a nivel terrestre, naval y aéreo en el límite fronterizo. Esto al igual que su
organización, su capacitación y su equipamiento. Estas estratagemas en lugar de
reducirse se intensicaron hacia el nal del período presidencial liberacionista,
como se mostrará a continuación, lo cual resulta contradictorio con la literal lectura
de la Proclama de la Neutralidad Perpetua del 17 de noviembre de 1983 expresada
por el presidente Monge:
Según la proclama presidencial costarricense, tanto la Carta de las Naciones
Unidas como la Carta de la Organización de los Estados Americanos tienen
como objetivos fundamentales aanzar la paz y la seguridad internacionales,
prevenir las posibles causas de conictos entre las naciones y asegurar la solu-
ción pacíca de las controversias que surjan entre los Estados.
Además, la proclama señala que la Carta de las Naciones Unidas establece la
obligación para los Estados miembros de abstenerse de recurrir a la amenaza
y al uso de la fuerza contra la integridad territorial, la soberanía o la indepen-
dencia política de cualquier Estado.
En base a estos criterios, la proclama señala que la neutralidad de Costa Rica
será perpetua, no transitoria, activa y no armada, de acuerdo con los principios
del derecho internacional. (“El presidente de Costa Rica anuncia la proclama-
ción de la neutralidad perpetua”, 1983, s.p.)
Gabriel Madriz-Sojo & Ronald Díaz Bolaños • La incorporación de la Hacienda “El Murciélago” en el territorio del Parque... 21
Figura 3. Mapa 3: Delimitación del área de jurisdicción fronteriza del Comando Norte para la Seguridad Territorial de Costa Rica
1985-1986. Fuente: Departamento de Servicios Bibliotecarios, Documentación e Información de la Asamblea Legislativa (1986, p. 14).
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Así, por ejemplo, se registra en un informe (After Action Report: Basic Infantry
Training AFZU-SF-C) del Departamento del Ejército de los Estados Unidos, desde
el Fuerte Davis en Panamá con fecha del 21 de noviembre de 1985, el entrenamiento
de guardias civiles costarricenses como “batallón de reacción inmediata e infantería,
para conducir exitosamente operaciones de escuadrón/pelotón (…) enfatizándose
tácticas contra guerrillas” (Archivo Nacional de Costa Rica, 1985g, ff.1-4). Según
este mismo documento, el entrenamiento fue realizado en “Murciélago”, cercano
a la villa de Cuajiniquil, con 726 estudiantes y sus áreas de entrenamiento estaban
debidamente coordinadas luego de “apropiados arreglos” con la Agencia del Parque
Nacional y la Asociación Local de Ganaderos (Archivo Nacional de Costa Rica,
1985g, ff.1-3). Lo que quiere decir lo anterior es que se inmiscuyeron prácticas de
formación militar bajo la tutela estadounidense en área protegida, mostrando así un
desdén evidente del gobierno por la conservación del SM del PNSR. Esto básica-
mente por privilegiar una numerosa y posiblemente invasiva faena de adiestramiento.
De hecho, el mismo documento se osa mencionar que una vez habilitada el área
de entrenamiento durante su segundo ciclo, tras los permisos respectivos: “se realzó
enormemente el círculo de entrenamiento de la pequeña unidad” (Archivo Nacional de
Costa Rica, 1985g, f.3). Como lo advierte Reding (1986, p. 308), esto se llevó a cabo
durante el período en que el presidente de la república se encontraba liderando una
misión diplomática extranjera y por tanto estaba fuera del país, muy poco atento a lo
que pasaba en el SM. Es de hecho en ese momento que al escuadrón se le transformó
en una unidad especial de combate “entrenado para usar fusiles M-16, ametralladoras
M-60, lanzagranadas M2 y M3, morteros y helicópteros” (Reding, 1986, p. 308).
Figura 4. Fotografía 1: Tiendas de campaña que sirvieron de albergue al personal del Ministerio de Seguridad que
recibía instrucción en el campo de adiestramiento de Murciélago 1985-1986.
17
Fuente: Departamento de Servicios
Bibliotecarios, Documentación e Información de la Asamblea Legislativa (1986, p. 88).
Gabriel Madriz-Sojo & Ronald Díaz Bolaños • La incorporación de la Hacienda “El Murciélago” en el territorio del Parque... 23
En este mismo sentido, Evans (1999) historiograó la evidente desidia de
Benjamín Piza, tanto por la “neutralidad perpetua” como por la planicación del
SPN en el SM, narrando:
Junto con asesores militares de Alemania Occidental y de Israel, los boinas
verdes [Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos] condujeron 10
sesiones de entrenamiento de dos semanas a 1000 guardias civiles en [materia
de] sobrevivencia en la jungla, guerra de contra-insurgencia, control de distur-
bios, y operaciones de patrullaje fronterizo en el frágil ambiente del bosque
tropical seco de la Península de Santa Elena. (p. 264)
Lo anterior refuerza el evidente desinterés por las categorías de zonificación del
PNSR referentes a su uso restringido y protección absoluta. Inclusive, por más que en
el regreso de Monge de su viaje por el continente europeo, éste haya reprendido furioso
sobre su inferior en comando (Evans, 1999, p. 265). Lo cierto es que hubo una distribución
importante de recursos referentes a la cartera de seguridad para el cometido recién citado.
Así en una carta oficial de la Oficina de Cooperación de Defensa del Departamento de
Estado de los Estados Unidos (en Costa Rica) que enviaría el Teniente Coronel John
Taylor, encargado del adiestramiento en el SM el 19 de abril de 1985 al Sr. Piza, se solicita:
ajustar las condiciones para el alojamiento de 400 personas en «Murciélago»,
al mismo tiempo: agua, alojamiento, higiene (letrinas, duchas, lavandería),
electricidad, polígonos de tiro y campo para cocinas como prioritarias. Luego,
en segundo orden, comprenden dos puentes y el mejoramiento de los campos
a nivel permanente. Seguidamente, dos pozos de agua y bombas para tener
apropiado suministro, y un mínimo de 25 tiendas de campaña para alojamiento,
400 camas de campaña, mejorar [la] seguridad de la casamata y del campo
mismo (…) [Finalmente se informa que los] instructores [norteamericanos que
vienen de Panamá] traen 100 rollos de alambre de púas y 3000 sacos de arena.
(Archivo Nacional de Costa Rica, 1985d, s.n.f.)
Con lo precedente queda claro que las condiciones de las instalaciones del
SM cerca de Puerto Castilla devenían en insucientes para el entrenamiento proyec-
tado de hasta 1000 efectivos policiales costarricenses y que todo este reacondiciona-
miento de Murciélago signicaba una empresa de vital importancia, a tal punto de
que el director del campamento tuviese margen de maniobra política para solicitar
diversos servicios del MS. Esto aun cuando mucho de los recursos de la cartera de
seguridad probablemente provenía de ayuda directa de la potencia norteamericana,
de ahí que Taylor no dudara de solicitar tal lista, que incluía algunas enrevesadas
encomiendas, entre ellas, obras de infraestructura. De la cita anterior también puede
inferirse que el entrenamiento realizado con o por la “Contra” en “El Murciélago”,
nunca fue lo sucientemente preponderante para superar en número de efectivos al
también llamado “Batallón Autosuciente” de Costa Rica.
Como corolario del pedido, un mes después en un ocio del Viceministro de Segu-
ridad Pública, Johnny Campos Loaiza del 25 de marzo de 1985, se designa al arquitecto
Román Acosta Herrera (1952-2015) como “Director y Coordinador para la construc-
ción del «Proyecto de Murciélago»” (Archivo Nacional de Costa Rica, 1985b, s.n.f.).
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El profesional sería reforzado con el personal, los materiales y la alimentación solicitada
por los comandantes del campo. En todo caso, ya desde el 17 de abril anterior en una
carta del Encargado de Negocios de Estados Unidos George Jones, se conocía de la dona-
ción de una suma de $2 millones para mejorar el montaje del campo de entrenamiento,
sobre todo en “barracas de madera para reemplazar las tiendas de campaña que se están
usando” (Archivo Nacional de Costa Rica, 1985c, s.n.f.).
Finalmente, la materialización del proyecto de campo de instrucción permitió
la consolidación del pelotón (véase Fotografía 1) y de los 28 cursos de adiestra-
miento ofrecidos por el MS en 1985, “la mayoría (…) fueron impartidos en la Base
de Murciélago y por instructores nacionales” (Departamento de Servicios Bibliote-
carios, 1986, p.41). No obstante, cabe destacar que el curso de mayor envergadura
mencionado tuvo un control vertical por parte de militares foráneos, implicando
cesión de soberanía en la toma de decisiones respecto a recursos y personal en un
área especialmente sensible como la correspondiente a seguridad nacional.
Un aspecto que debe dimensionarse por sus efectos en el territorio del SM tiene
que ver con la insistencia por parte de los comandantes foráneos en “El Murciélago”
(entre ellos el mayor Álvarez y el capitán Graves de la Ocina de Enlace Militar del
Departamento de Defensa de los EE. UU) por comunicarse con el ministro Benjamín
Piza. Desde enero de 1985 le planteaban, mediante la redacción formal de una misiva
elaborada por el teniente Taylor que: “el asunto más urgente que se debe coordinar
es el permiso para usar zonas adyacentes a Murciélago como áreas de tiro y manio-
bras (…). Se debe entender que estas zonas representan los requisitos mínimos pero
indispensables” (Archivo Nacional de Costa Rica, 1985a, s.n.f.). Es decir, aunque
se requería de legitimación para el uso del PNSR para prácticas de infantería ante el
limitado y llano espacio con el que contaba el MS, dichas autoridades del SPN termi-
naron cediendo, de forma que ambos sectores (ambiental y de seguridad) resultaron
coludiendo contrario a los principios de la conservación ecológica, los cuales para
el gobierno de Monge claramente no tuvieron prioridad. De ahí que el expresidente
Carazo terminara considerando en sus memorias que:
En la administración que nos sucedió, estos principios se vieron notablemente
obstruidos mediante la instalación, en la nca expropiada, de un campamento
de entrenamiento militar, manejado por soldados y ociales del Ejército de
los Estados Unidos de América, al que inclusive se prohibió el acceso a los
costarricenses. (Carazo, 1989, pp. 297-298)
Igualmente, con la presión por el territorio que merecen los entrenamientos de
infantería y siguiendo con la tónica de concertar acuerdos de coordinación interinsti-
tucional para incurrir en el territorio del SM: a vísperas de la nalización de la admi-
nistración Monge se acuerda en la junta directiva del IDA del 18 de febrero de 1986 el
arrendamiento de 49 ha de terreno adicionales al MS. Este se ejecutaría “por un canon
de un colón (…) [al terreno anexo] al lote (…) que [ya arrendaba en su momento en] el
terreno en Hacienda Juan Santamaría” (Archivo Nacional de Costa Rica, 1986a, s.n.f.).
Gabriel Madriz-Sojo & Ronald Díaz Bolaños • La incorporación de la Hacienda “El Murciélago” en el territorio del Parque... 25
Este es un importante dato porque ratica que, aunque se realizaron operaciones
contrarias a la idea de un perímetro de prístino ambiente material, las expansiones
territoriales del MS no implicaron ni compra de terrenos, ni el territorio prote-
gido perdió su estatus en función de los nes institucionales del MS. Se trataba
de permisos interinstitucionales o alquileres patrimoniales de bajo valor los que
licenciaban prácticas a lo largo y ancho del SM.
La importancia del SM como terreno estratégico-militar no únicamente afectaba
las zonas de pastoreo y las propias de jurisdicción del SPN, sino también los cerros de la
Península de Santa Elena y la pista de aterrizaje presente desde los días de Somoza. De
esta manera, es aprovechada la altura del primer espacio geográco para la instalación
de un equipo de 10 radios y una repetidora, luego del suministro de la Reserva Nacional
a la Reserva de la Fuerza Pública del Ministerio de Seguridad en septiembre de 1985
(Archivo Nacional de Costa Rica, 1985f, s.n.f.). Lo previo probablemente fue parte del
“Programa de Soberanía Radiofónica” basado en una interconexión táctica y admi-
nistrativa entre los distintos puntos fronterizos como acciones de gobernanza comu-
nicativa y de información. También dicho equipo serviría para montar una ofensiva
ideológica contra el comunismo y el sandinismo a través de una campaña radiofónica
dirigida a campesinos nicaragüenses del sur (Muñoz & Romero, 1991, pp. 163-164).
Si bien en toda acción estratégica la tenencia de información facilita mejores
operaciones militares con los equipos nuevos mejor colocados y con un tiempo de
duración en la instalación de hasta 2 meses, se tendría un mejoramiento de la situación
reportada por el sargento Collet para el teniente coronel Taylor algunos días antes
sobre la Red de Comunicaciones del Ministerio de Seguridad Pública en el campo
“Murciélago”. Pues éste había detectado una interrupción de las comunicaciones
entre las 02:00 h y las 07:00 h, lo cual dejaba en peligro la seguridad de la zona en
la noche. Asimismo, el daño del equipo en ese momento pudo haber suscitado ltra-
ciones a la inteligencia nicaragüense y por ende una ventaja al cuerpo militar sandi-
nista sobre las maniobras policiales de Costa Rica en la frontera (Archivo Nacional
de Costa Rica, 1985e, s.n.f.). Por último, como lo describía el avalúo de junio de
1978 respecto al terreno de la Hacienda “El Murciélago”:
Frente a las costas de la bahía Tomás, tiempo atrás hubo unas salinas (…). Casi
frente a las salinas existe un campo de aterrizaje rústico de un kilómetro de
longitud por cinco metros de ancho, de balastro, con la suciente solidez como
para permitir el aterrizaje, invierno y verano, de aviones pequeños. En algunos
sectores esta pista ha sido invadida por el pasto; es corriente observar animales
pastando allí. (Archivo Nacional de Costa Rica, 1978d, f.1).
Dicho mismo espacio fue renovado para la primera mitad de la década
de los 80, a tal punto que se convirtió en el único aeropuerto de la jurisdicción
territorial aérea del Comando Norte entre 1985 y 1986, como así lo ratica la
Figura 3. De acuerdo con Evans (1999), el aprovechamiento de la pista se cons-
tituyó en el principal potenciador de “El Murciélago” como campo de entre-
namiento, a la vez como un espacio estrictamente diseñado para lo marcial.
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Esto a razón de la facilidad que permitía la pista para la importación de materiales y
combustible. Contar con estos insumos a la vez favorecía un reacondicionamiento
de las desgastadas instalaciones hacendarias. El incipiente aeropuerto de hecho
arrojaría una función decisiva al posibilitar la introducción de armas compradas
para “la contra” con dinero del tráco de armas y drogas ilegalmente vendidas a
Irán por el gobierno de Reagan (caso conocido como “Irán-Contra”, “Irangate” o
“Contragate”) (Evans, 1999, p. 265; Powaski, 2000).
Una serie de factores incidirían en la modernización y remozamiento de la
antigua pista de vuelos y aterrizajes. El primero de ellos tiene que ver con la amenaza
del Sr. Lewis Tambs (1927-2017), nuevo Embajador de EE. UU en Costa Rica, de
cortar ayuda económica al país en caso de no concretarse la susodicha. Otro corres-
ponde con la relativa animosidad de Monge por la reconstrucción, sobre todo, moti-
vado por temores de irrupción sandinista. A la vez hubo una efectiva orquestación
tanto de Piza Carranza al frente del MS, los guardaparques del PNSR y la coman-
dancia guanacasteca, con el objetivo de generar una red de apoyo organizacional
para que una “empresa maniquí” conocida como Udall Research pudiera trasladar un
presunto “contingente de trabajadores, materiales constructivos y máquinas pesadas
a través de PNSR” (Evans, 1999, p. 267).
La decisión tendría un nefasto resultado para la integridad del PNSR,
incluido el SM. Se reporta una mala praxis ambiental por parte de la empresa, cuyo
impacto se resume en: “incendios forestales, caza de venados, consumo de huevos
de tortuga, [hasta el] disparo a un tapir” (Evans, 1999, p. 267). La misma noticia
salió a la luz pública aunado a la mayoría de los escándalos políticos (nacionales
e internacionales) desarrollados en este acápite. Los hechos fueron duramente
sancionados tanto por la opinión pública, como por las comisiones investigativas de
la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y de la Asamblea Legislativa de
Costa Rica (Evans, 1999). La reconstrucción de la verdad de los hechos emprendida
en colaboración por ambas administraciones concluyó que se impactó seriamente
al recurso natural tanto protegido como no protegido del SM en el Pacífico norte
costarricense. Sin duda este sería el proceso de destrucción ambiental por vía
antrópica más dañino contra el SM durante toda la administración Monge.
CONTRADICCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN ARIAS SÁNCHEZ
(1986-1990): PACIFISMO VS UNA BREVE CONTINUIDAD IN SITU
DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD EN SU PRIMER AÑO
El 8 de mayo de 1986 asume el poder por primera vez Óscar Arias Sánchez
y, a diferencia de su predecesor Monge, enfoca su política internacional hacia
una solución pacífica de los conflictos armados en Centroamérica que llevó a
los Acuerdos de Paz de Esquipulas y la adjudicación del Premio Nobel de la
Paz en 1987 (Molina & González, 2015, pp. 257-258). Al mismo tiempo, este
Gabriel Madriz-Sojo & Ronald Díaz Bolaños • La incorporación de la Hacienda “El Murciélago” en el territorio del Parque... 27
promovió una política de carácter pacifista y antimilitarista a lo interno del país,
que significó la suspensión de las acciones de adiestramiento castrense ejercida
por personal militar estadounidense en el SM y el consecuente distanciamiento
de la política belicista de la administración Reagan, a raíz del impacto que estaba
teniendo la coyuntura centroamericana en general y nicaragüense en particular,
en Costa Rica y en el marco del acercamiento que se venía desarrollando entre los
Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, que pondría punto final a la Guerra
Fría un lustro después.
No obstante, en el SM del PNSR, al menos durante el primer año de su
administración, se encuentran evidencias de una continuidad en la política de
seguridad militar de Monge. La cual asumiría de forma gradual un carácter civil,
consolidando las instalaciones del campamento militar en un campo-escuela que
sirviese de recinto permanente para la formación policial en apoyo a la Academia de
la Fuerza Pública (AFP), Francisco J. Orlich B, bajo el nombre “20 de Diciembre de
1948” (Archivo Nacional de Costa Rica, 1986c, s.n.f.).
Dichas certezas se reflejan en la correspondencia de altos funcionarios del
MS, particularmente aquella comunicada por parte de Rafael Méndez Padilla
(1938-2015), director de la AFP. Así, en una carta con fecha del 22 de agosto
de 1986 y enviada al licenciado Hernán Garrón Salazar (1917-1992), Ministro
de Seguridad Pública, el primero le informa sobre las negociaciones que estaba
emprendiendo con Rodrigo Chaves Arguedas, Gerente del IDA, para ampliar la
pista de aterrizaje de “El Muciélago”. Esto sería posible expandiendo la pista de
820 m a 1520 m con terrenos adyacentes al noreste si esta institución cedía 8 ha
más de terreno al MS. De esta manera, Méndez Padilla estuvo “explicándole la
importancia [a Chaves] para defensa del territorio nacional (…) [de las] prácticas
de mapas y brújula con ejercicios de navegación diurnos y nocturnos [allí
proyectadas]” (Archivo Nacional de Costa Rica, 1986c, s.n.f.).
Más adelante, en la misma comunicación, Méndez notifica un deslinde ya
consolidado, pero insuficiente de hasta 59 ha al MS que “por su topografía profunda
y desigual sería de gran utilidad para ejercicios de infantería, además, por su
ubicación y altura en relación al Campo Escuela. [Se podrían] establecer puntos
de alerta, vigilancia y control con lo cual aumentaría la seguridad en toda el área”
(Archivo Nacional de Costa Rica, 1986c, s.n.f.). Ante esto solicita a Garrón, por
consejo de Chaves, enviar nota al Presidente Ejecutivo del IDA, en su momento
Sergio Quirós Maroto (1922-2015), para solicitar formalmente la ampliación del
área de 59 ha cedida a unas 80 ha necesarias para las operaciones señaladas (Archivo
Nacional de Costa Rica, 1986c, s.n.f.). En este sentido, todavía la conflictividad
en Nicaragua suscitaba acciones estratégicas con acento castrense por parte de la
jerarquía institucional del MS pese al cambio de gobierno durante 1986.
Más explícitamente, dos meses después, el 11 de noviembre de 1986 Méndez
escribiría: “la situación en la frontera norte es crítica y vamos a necesitar personal altamente
calificado en operaciones militares” (Archivo Nacional de Costa Rica, 1986e, f.2.).
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No en vano también, desde el 28 de julio del mismo año, se había solicitado al
coronel Guido Bolaños, Director General de la Fuerza Pública, divulgar una circular
con la cual se prohibiera con absoluta restricción el ingreso al campo escuela en “el
Murciélago” con fines de recreo (Archivo Nacional de Costa Rica, 1986b). Más
adelante, la documentación reflejaría una distensión de la zona en cuanto a lo militar,
siendo el tema del remozamiento de las instalaciones del campo un tema de discusión,
pero respecto a su orientación educativa, y se indicaría un abandono progresivo de
personeros de seguridad en los puestos del Comando Norte para la asistencia en el
campus “20 de Diciembre de 1948” (Archivo Nacional de Costa Rica, 1986d, s.n.f.).
REFLEXIONES FINALES
El trabajo muestra al territorio del Sector Murciélago del Parque Nacional
Santa Rosa no solamente como una zona protegida con remanentes de bosque
tropical seco y especialmente relevante por su resguardo de los ecosistemas del
Pacífico Seco, sino también como un espacio de poder, que condicionado por
su situación limítrofe y el contexto geopolítico centroamericano e internacional,
evidenció su importancia en términos del contexto histórico y político del período
investigado. Dicho sea de paso, este espacio sufre una transfiguración funcional
como resultado de las decisiones de las cambiantes élites políticas costarricenses.
También cambia como producto de su importancia estratégica en términos
comerciales y de localización limítrofe. Inicialmente con antecedentes de control
y disputa territorial por parte de élites políticas nicaragüenses y sus partidarios
políticos, debido a la presencia de los intereses de la dictadura somocista y la
consecuente conformación de una especie de enclave en este territorio fronterizo
hasta 1978. En dicho año la administración Carazo decide expropiar la hacienda y,
con ello, erradicar la presencia de una dictadura que sería finalmente apartada del
poder por el proceso revolucionario nicaragüense un año más tarde.
La radicalización del proceso revolucionario sandinista y el ascenso al poder
de Ronald Reagan en los Estados Unidos signicó el comienzo de una nueva etapa
de tensiones fronterizas entre Costa Rica y Nicaragua debido al apoyo de la admi-
nistración Monge a la fuerza paramilitar antisandinista de “la contra”. Ante un
hipotético escenario de incursión militar por parte del gobierno sandinista en el
país, dicha administración autorizó la presencia de personal militar estadounidense
y el establecimiento de un campo de entrenamiento militar en parte de los terrenos
de la expropiada Hacienda “El Murciélago”, que tenían como n original la funda-
ción de un asentamiento campesino.
Tras la salida de los asesores militares estadounidenses y una vez superado
el conicto armado en Nicaragua, el MS mantuvo el campo de entrenamiento para
la formación de los efectivos de la Fuerza Pública, función que cumple hasta el
presente: “la base policial cuenta ahora con tres aulas, un salón con capacidad para
Gabriel Madriz-Sojo & Ronald Díaz Bolaños • La incorporación de la Hacienda “El Murciélago” en el territorio del Parque... 29
albergar hasta 700 policías. Además, hay un comedor, casas para los instructores
y una ocina donde guardan el arsenal conformado por proyectiles, revólveres y
ametralladoras M-16” (Moya, 2007, s.p.). Finalmente, la administración de Carlos
Alvarado (2018-2022) ocializó de jure, el 24 de mayo de 2018 mediante la rma
de la Ley Nº9552 decretada por el Poder Legislativo el 30 de abril de ese mismo
año, la raticación de “Murciélago” como un espacio de formación policial civilista
y comunitaria. Aunque esto sucedió hasta 40 años después de la ocupación de facto
inicial de dichas instalaciones por parte de funcionarios estatales costarricenses, se
comprende ahora la “sede del Centro de Formación Policial Murciélago” como parte
de la Academia Nacional de Policía (elevada a rango de ley a través de este mismo
marco normativo) (Ley de Creación de la Academia Nacional de Policía, 2018, p. 1).
De esta forma, el SM se consolida como parte fundamental del PNSR y se ha
constituido en un bastión de la conservación de la zona de vida de bosque tropical
seco; mientras que las tierras en las que se encuentra la Academia Nacional de
Policía contribuyen como área de amortiguamiento de esta zona protegida, debido
a la presencia de remanentes de dicho ecosistema dentro de su perímetro. Esto en
conformidad con las políticas conservacionistas impulsadas por el Estado costa-
rricense a partir de la década de 1990 y que han permitido reforzar la imagen de
Costa Rica como un país defensor del medio ambiente a nivel internacional. Esta
imagen y las políticas conservacionistas que la fundamentan no han estado exentas
de contradicciones. Las mismas se hicieron presentes en los inicios del SM al
pasar la protección del ecosistema del bosque seco a un segundo plano debido a
los factores geopolíticos que favorecieron la presencia militar estadounidense y
su labor de adiestramiento de la policía costarricense en esta porción del extremo
noroccidental de Costa Rica.
AGRADECIMIENTOS
La presente investigación fue realizada en el marco del Programa Estudios
Sociales de la Ciencia, la Técnica y el Medio Ambiente (PESCTMA, 805-A4-
906) y del proyecto “Funding proposal for the advancing development and climate
change resilience in the Central American Dry Corridor: translating science into
policy in Guanacaste, Costa Rica, and interdisciplinary, international collabora-
tion” (UCREA, 805-B7-286) del Centro de Investigaciones Geofísicas (CIGEFI)
de la Universidad de Costa Rica. Los autores también agradecen al personal del
Archivo Nacional de Costa Rica por su colaboración en la búsqueda de fuentes
documentales para la elaboración del presente artículo. Así como a la geógrafa
Paula Marcela Pérez Briceño y al asistente Jasson Mora Mussio por su apoyo en la
confección del Mapa 1 (ambos del CIFEGI).
Diálogos Revista Electrónica de Historia, 21(2): 1-37. Julio-diciembre, 2020. ISSN: 1409-469X · San José, Costa Rica30
NOTAS
1 “Más del 25% del territorio nacional desde 1969” (Evans, 1999, p. ix).
2 “Se dene como bosque seco tropical, [la zona de vida] caracterizad[a] por soportar una larga
estación seca (seis o siete meses al año), con vegetación que pierde las hojas durante la época
seca, con fuentes de agua muy escasas” (Quirós, 2017, p. 102).
3 Destaca propiamente en el SM, hacia su lado oeste sobre Fila La Guitarra y sus contornos, el
dominio de un remanente singular de 4529,7 hectáreas de “bosque seco enano” o “bosque de
bonsai” caracterizado por presentar especies típicas de una zona de vida de “bosque nuboso”
pero en una de las zonas más secas de Costa Rica (Vargas, 2016). De acuerdo con el Área
de Conservación Guanacaste (2012a, s.p.): “debido a su aislamiento y por la naturaleza del
terreno, este parche de bosque es de los más prístinos e intocados de Centroamérica. En las
cimas de estos cerros hay acumulación especial de nubes que crean vegetación siempreverde”.
Lo anterior “se debe a que las nubes provenientes del Caribe chocan contra los cerros de la
península [de Santa Elena] y los vientos provenientes de la costa pacíca chocan contra esta
cortina de nubes, provocando que la cubierta nubosa se estacione sobre esta área y generando
condiciones aptas para estas especies” (Vargas, 2016, p. 74).
4 Localizada en el Pacíco norte costarricense, especícamente en lo correspondiente hoy día
con la circunscripción territorial del distrito de Santa Elena en La Cruz de Guanacaste. La
hacienda colindaba al norte con el Golfo de Santa Elena, al sur con la Compañía del Desarrollo
de Santa Elena S.A. (actualmente parte del Área de Conservación Guanacaste tras un arbitraje
internacional entre la República de Costa Rica y el propietario estadounidense Joseph Hamilton
en el año 2000), al este con el Río Cuajiniquil y al oeste con el Océano Pacíco (Archivo
Nacional de Costa Rica, 1978d, f.0).
5 Aunque los orígenes de las apropiaciones de tierras y negocios transfronterizos de la familia
Somoza se remonten a los años 30, es en 1962 que con la ayuda de la familia del expresidente
costarricense Teodoro Picado Michalski (1900-1960), dadas las buenas relaciones entre ambas
élites a nivel personal y político desde la década de 1940, Anastasio Somoza Debayle se
convertiría en presidente de dos de las sociedades anónimas que abarcaban el territorio del
Sector Murciélago, apropiándose seguidamente en 1963, y a título personal, de la mitad de las
acciones correspondientes a dichas empresas (Edelman, 1998, pp. 269-270; Edelman, 1994).
6 Con antecedentes de intentos para derrocar a los Somoza en 1944, en 1959 y 1960 organizados
desde Costa Rica, el hecho de que varios líderes exiliados nicaragüenses estuvieran adquiriendo
terrenos cercanos a la línea limítrofe entre países (como Indalecio Pastora dueño de Hacienda
Verdún o el general disidente Carlos Pasos dueño de las haciendas de Paso Hondo en Cañas en
1957 y la de Santa Rosa en 1958, en La Cruz) motivaba un interés especialmente geo-estratégico
para su contención desde el mismo territorio costarricense, lo cual explicaba el interés de los
Somoza y aliados (tanto costarricenses como nicaragûenses) por invertir cercanamente a dichas
propiedades (Edelman, 1998, pp. 268-269).
7 Si bien la totalidad de ncas estaban inscritas en el Registro Público de la Propiedad a nombre
de Somoza Debayle en 1962, ya para 1979, con el objetivo de guardar el anonimato y evitar
las expropiaciones, eran otras personas, a menudo familiares nicaragüenses o simpatizantes del
Partido Liberal Nacionalista (PLN) de Nicaragua, las que aparecían a cargo y en representación
de “El Murciélago” (v.g. un primo del dictador, Alberto Bermúdez y/o el representante Renaldy
Gutiérrez Solano) (Edelman, 1998, pp. 269-273).
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8 El expresidente Carazo Odio expresó en sus memorias que además de convocatoria al Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) mediante el cual países miembros pueden apoyar
la defensa legítima de otro ante una amenaza bélica: “todos en el gobierno sabíamos que la
amenaza persistía y hacíamos todo lo posible para asegurar la defensa; seguíamos negociando en
la OEA para lograr una resolución que terminara con el conicto, nos manteníamos en permanente
relación con la Embajada de Estados Unidos, puesto que ellos nos habían comunicado su decisión
de «sacar» a Somoza: decían que «lo harían cuanto antes»” (Carazo, 1989, p. 300).
9 Tanto Somoza lo expresó por conferencia de prensa que fue retrasmitida públicamente en
Costa Rica, como el Gobierno de Carazo Odio estaba informado por cinco fuentes o conductos
ociales de la invasión y represalias que tomaría el dictador contra Costa Rica el 27 de diciembre
de 1978 a las 7:00 pm (Carazo, 1989. p. 292).
10 En el libro Insurrección en Nicaragua: la Historia no contada de Julio Suñol (1932-2011),
se detallan las memorias del Ministro de Seguridad de la administración Carazo, Juan José
Echeverría Brealey. Las mismas son citadas por Carazo sobre la cooperación militar del
Presidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez (1922-2010) y del líder de facto de Panamá Gral.
Omar Torrijos (1929-1981) como respuesta inmediata a los presuntos ataques somocistas del 27
de diciembre de 1978 a suelo costarricense. El primero dispuso “una otilla de aviones Mirage
que (…) estaban acantonados en Maracaibo, aproximadamente a 55 minutos de Managua” y
el segundo “ofreció enviar por aire un grupo de soldados, como adelanto a la tropa que para
ayudar a Costa Rica estaba dispuesto a mandar por tierra, y ordenó que un fuerte contingente se
trasladara ese mismo día hasta la Provincia de Chiriquí” (Carazo, 1989, p. 292).
11 De acuerdo con el plano ubicado en la ocina de la Hacienda, su área era de 16.431 ha; no
obstante, ante anomalías en su catastro y la muy posible (errada) inclusión de la faja costera de
200 m de propiedad del Estado, la DGTD determina como registradas únicamente las hectáreas
establecidas por el Registro Público (Archivo Nacional de Costa Rica, 1978d, f.1).
12 Si bien hubo una repartición de tierras y otorgamiento de titulaciones por parte del ITCO a alrededor
de 100 familias, luego de la expropiación, esta labor no fue del todo satisfactoria para los lugareños,
de acuerdo con fuentes orales. Entre ellas, el testimonio de Manuel Alán, comerciante vinculado a
la zona desde 1972, quien fue entrevistado por Ronald Díaz Bolaños a nales de febrero de 2019
durante la gira de campo a Cuajiniquil del CIGEFI-UCR y cuyas impresiones fueron transcritas
por Gabriel Madriz Sojo el 4 de Abril de 2019. En el mismo, Alán aseveró: “pienso que fuimos
dichosos [por ser] de los primeros en ser elegidos y haber sido…pero como «conejillo de indias»
[del Instituto de Tierras y Colonización o ITCO]. Se cometieron muchos errores y tanto prácticos
como administrativos…y a la fecha. Podemos decir que es mediocre el resultado positivo. No
hay un buen resultado social-económico de la función del ITCO (…) hoy en día. Hubo mala
distribución de tierras, no fue operativa la distribución y no se cumplieron con metas”.
13 El testimonio citado por Evans (1999, p. 204) es el correspondiente a José Rafael Mora, director
ejecutivo de la Fundación Parques Nacionales (FPN) a inicios de los años 80.
14 El testimonio citado por Evans (1999 p. 204) es el correspondiente a Álvaro Ugalde (director
del Servicio de Parques Nacionales o SPN durante 1977-1979, 1983-1985 y 1991-1993) y a
Pedro León (biólogo de la Universidad de Costa Rica y funcionario del SPN a nales de la
década de 1970 e inicios de los años 80).
15 A Álvaro Ugalde se le ha reconocido como “padre de los Parques Nacionales de Costa Rica”
por su larga trayectoria institucional y activismo político a favor de la protección de los recursos
naturales del país (Ugalde, 2016, pp. 5-14). En palabras del Primer Jefe del Departamento de
Diálogos Revista Electrónica de Historia, 21(2): 1-37. Julio-diciembre, 2020. ISSN: 1409-469X · San José, Costa Rica32
Parques Nacionales (luego SPN) y exviceministro Mario A. Boza Loría: “durante todos los años
en los que Ugalde estuvo a cargo del Servicio de Parques Nacionales, asumió siempre una actitud
de gran defensa de la integridad de las áreas protegidas, obtuvo un gran apoyo internacional,
tanto técnico como económico; avanzó en profundizar la aceptación pública de la importancia de
proteger y desarrollar el sistema de parques y reservas y logró consolidar técnica, administrativa
y nancieramente el Servicio de Parques Nacionales” (Boza, 2016, p. 3).
16 Lugar donde se localiza actualmente el Centro de Entrenamiento Policial Murciélago adscrito
a la Academia Nacional de Policía del Ministerio de Seguridad Pública.
17 La descripción es de la fuente original con un ligero añadido.
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