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57Diálogos Revista Electrónica de Historia, 22(1): 57-85. Enero-junio, 2021. ISSN: 1409-469X · San José, Costa Rica
DOI 10.15517/dre.v22i1.42347
SOCIALCRISTIANISMO GUBERNATIVO:
UNA MIRADA ADMINISTRATIVA A LA HISTORIA
Rolando Bolaños Garita
Resumen
El presente aporte se realizó en el marco de nuestra labor académico-investigativa
en la UNED, siempre dentro de la búsqueda del mejor entendimiento acerca de
la realidad nacional. Por ello, y desde una perspectiva cualitativo-documental,
se abordaron los momentos en que, aparentemente, la ideología socialcristiana,
propiamente la Doctrina Social de la Iglesia Católica, inuyó en las condiciones
económicas internas, dada su supuesta cercanía con la corriente del Liberalismo
económico. De esta forma, se arriba a consideraciones que arrancan en la década de
1940 y alcanzan hasta el 2006, permitiendo inferir la existencia de un grupo político
con tendencias católicas, que en ningún momento ocultó su preferencia por dicha
ideología, y que, aunque latente, no tomó la forma radical propugnada por ellos.
Palabras clave: ideología, catolicismo, liberalismo, economía de mercado,
empresa privada.
GOVERNMENTAL SOCIALCHRISTIANITY:
AN ADMINISTRATIVE VIEW TO HISTORY
Abstract
This contribution was made within the framework of our academic-research work
at UNED, always in search for a better understanding of the national reality. For
this reason, and from a qualitative-documentary perspective, the moments were
approached when, apparently, social-christian ideology –Social Doctrine of
Catholic Church– inuenced internal economic conditions, given its proximity to
the current of economic liberalism. In this way, the articles deems the start in the
1940s and until 2006, which allows to infer the existence of a political group with
catholic tendencies, but that at no time hid their preference for such a current that
has not taken the radical form that they advocate.
Keywords: ideology, catholicism, liberalism, market economy, private enterprise.
Fecha de recepción: 17 de junio de 2020 • Fecha de aceptación: 2 de noviembre de 2020
Rolando Bolaños Garita • Docente e investigador en la Escuela de Ciencias de la
Administración de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), San José, Costa Rica.
Contacto: rbolanos@uned.ac.cr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7864-3458
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INTRODUCCIÓN
Según Bolaños (2017) el actual Estado Social de Derecho costarricense tiene
su fundamento en la Doctrina Social de la Iglesia desde 1943 cuando la administra-
ción Calderón Guardia incrusta en la Constitución Política del momento el artículo
51, descomponiéndose en lo que hoy son los artículos 50 y 51 de la actual Carta
Magna. No obstante, aquel ensayo adoleció de un abordaje analítico más amplio que
considerara en cuáles otras facetas gubernativas ha permeado la ideología socialcris-
tiana, lo que se trata de solventar en este ensayo, sin que esto signique incurrir en
valoraciones político-partidistas o biográco-caudillistas sobre quienes han abrazado
dicha ideología, sino más bien, sobre los momentos en que ésta generó programas
tendientes a fortalecer las condiciones económicas del país a través de los agentes
privados, como un medio generador de riqueza que sería, a su vez, distribuida en el
ámbito nacional en apego al principio de solidaridad social.
METODOLOGÍA
El tema de investigación será abordado principalmente mediante la técnica de
investigación análisis de contenido – a través del análisis documental–, aplicando
igualmente la entrevista semiestructurada –por medios electrónicos– a los sujetos de
información que se consideraron pertinentes conforme el muestreo por conveniencia.
LA IDEOLOGÍA EN EL ESCENARIO GUBERNATIVO NACIONAL
La Doctrina Social de la Iglesia Católica
1
se constituye en una armazón
ético-ideológica que presenta ramicaciones. Una se reere al condicionamiento al que
se ve sujeta cada persona para lograr su normal y pacíca convivencia en sociedad;
otra se reere a la manera en que el aparato estatal se modela y conduce en razón del
bien común
2
, la justicia y el desarrollo social. Bajo esa línea, el socialcristianismo se
ubica, dentro del parangón ideológico, como una más de las corrientes que se enlan
hacia la determinación de lo que debe ser el modelo social en el que se desenvuelve.
Su particularidad se haya en el afán por aglutinar a los diferentes actores de aquél
modelo en un orden ascendente: individuo-sociedad-Estado. Por su parte, Montenegro
(1970, p.88-89) aclara sobre sus conceptos fundamentales que son una amalgama de:
a) la inspiración espiritualista del cristianismo, fundada en la responsabilidad nal del
hombre ante Dios, b) los métodos políticos de la democracia y c) el acento del socialismo
sobre la solución de los problemas de orden económico que aigen a las grandes mayo-
rías. A similares términos arriba Salazar al presentar la siguiente triada, misma que dene
de mejor forma lo que constituiría dicha ideología, y que permitirá incluso contrastarla
con lo planteado y verdaderamente ejecutado en los periodos presidenciales sub examine:
Rolando Bolaños Garita • Socialcristianismo gubernativo: una mirada administrativa a la historia 59
El socialcristianismo se nutrió de principios tomados del cristianismo,
como la justicia, la solidaridad, la caridad, la paz y la armonía de clases; de
la democracia liberal tomó los métodos parlamentarios, el gobierno elegido
en elecciones populares, la individualidad y las libertades civiles y econó-
micas; y del socialismo tomó, sobre todo el principio de la intervención
estatal. (
2002
, p. 189)
Empero, varias han sido las guras que relucen por contribuir a lograr
aquella amalgama, como lo fueron Bernardo Augusto Thiel, Jorge Volio Jiménez,
Víctor Manuel Sanabria Martínez
3
y Rafael Ángel Calderón Guardia. De hecho,
el primero fue determinante para ello, cuando en 1891 se funda el partido polí-
tico
4
Unión Católica (Blanco, 1983; Sánchez, 2009; Solano, 2011), participando en
elecciones municipales y legislativas, pero aprovechando también para combatir
al movimiento masónico de manera férrea (Salazar y Salazar, 2010, p. 29-32).
Esto es interesante por la cantidad de diputados y gobernantes que profesaron esa
doctrina (Martínez, 2008; Guzmán-Stein, 2009), por lo que entendemos que la
lucha se daba en varios frentes, tal y como el político-administrativo y el confe-
sional.
5
Posteriormente, en enero de 1923, nace el Partido Reformista jefeado por
Jorge Volio Jiménez, y si bien la formación católica y social que éste recibiera en
la Universidad de Lovaina fueron los derroteros de ese grupo político (Volio, 1978,
p. 130), la Doctrina Social no aparece ni en el Maniesto del líder del Partido
Reformista, ni en los Propósitos de dicha agrupación.
Ahora que, al no perdurar aquellos movimientos políticos, debió esperarse
hasta el periodo de 1940-1944 cuando tomara forma la amalgama arriba indicada,
dándole el Estado, ahora en toda su magnitud, un tinte de solidaridad, pero esta vez
por un movimiento seglar, conforme lo aclarara Calderón Guardia en su mensaje al
Congreso Constitucional del 16 de mayo de 1942 sobre su proyecto de Garantías
Sociales y explicitando:
El artículo 51 del proyecto es la base del nuevo concepto del Estado, que ya
no puede limitar su acción a una gestión administrativa, pura y simple, ni a
permitir el libre juego de factores que no puedan vivir ni progresar sin un cabal
ordenamiento de los mismos. La armonía social exige, antes que la abierta
competencia de las grandes fuerzas económicas, la intervención del Estado a
n de evitar que unas se impongan sobre otras, con detrimento del tranquilo
desarrollo de la colectividad (Malavassi, 1977, p. 249-250).
Se inaugura
6
en ese momento el periodo en que parecían convivir el mensaje
cristiano, principalmente el católico, y las fuerzas políticas que anhelaban o domi-
naban el aparato estatal en cuanto a sus recursos humanos, técnicos y económicos.
La muestra más palpable de esa nueva visión estatal termina por materializarse a
través del entonces artículo 51 constitucional, que en la actualidad se descompone
en los artículos 50 y 51 vigentes, y que también han sido fundamento para la confor-
mación de un Sistema Nacional de Planicación instituido por la Ley 5525, tal y
como se evidencia en las Tablas 1 y 2 siguientes.
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TABLA 1
Comparativo entre artículos de la Constitución Política de 1871 y de 1949
ARTÍCULO 51 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE 1871
ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE 1949
Artículo 51. El Estado procurará el mayor bienestar
de los costarricenses, protegiendo de modo especial
a la familia, base de la Nación; asegurando amparo a
la madre, al niño, al anciano y al enfermo desvalido
y organizando y estimulando la producción y el más
adecuado reparto de la riqueza.
Artículo 50. EI Estado procurará el mayor bienestar
a todos los habitantes del país, organizando y
estimulando el más adecuado reparto de la riqueza.
Artículo 51. La familia, como elemento natural
y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la
protección especial del Estado. Igualmente tendrán
derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano
y el enfermo desvalido.
Fuente: Elaboración propia.
TABLA 2
Comparativo entre artículos que propenden el intervencionismo estatal
ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE PLANIFICACIÓN
NACIONAL 5525
EI Estado procurará el mayor bienestar a todos los
habitantes del país, organizando y estimulando el más
adecuado reparto de la riqueza.
Se establece un Sistema Nacional de Planicación
que tendrá los siguientes objetivos:
a) Intensicar el crecimiento de la producción y de la
productividad del país.
b) Promover la mejor distribución del ingreso y de
los servicios sociales que presta el Estado.
c) Propiciar una participación cada vez mayor de
los ciudadanos en la solución de los problemas
económicos y sociales.
Fuente: Elaboración propia.
Sin embargo, la Ley 5525 de 1974 tuvo como antecesora la Ley de Planica-
ción 3087 de 1963, ambas promulgadas en periodos de gobierno del Partido Libera-
ción Nacional (PLN), de tendencia socialdemócrata según explicita Araya (1968). La
última era parte de los compromisos de Costa Rica como contraparte de los bene-
cios que recibía de la Administración para el Desarrollo, la cual se distinguía, entre
otras cosas, por impulsar el arraigo de la Planicación en los países americanos, y en
todos aquellos campos que se determinen imprescindibles para el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes, así como en la racionalización administrativa a través
de la eciencia y ecacia de los procesos que realizaban las instituciones públicas.
Rolando Bolaños Garita • Socialcristianismo gubernativo: una mirada administrativa a la historia 61
Durante la década de 1960, se vislumbraba la sintonía de la comunidad
internacional hacia la planicación, ahora igualmente desde la Doctrina Social de la
Iglesia, mediante la Encíclica Populorum Progressio (1967) del entonces Pontíce
Pablo VI. Ésta –basada a su vez en otros documentos ponticios como Mater et
Magistra (1961) y Gaudium et Spes (1965)–, incluye un apartado sobre Programas
y planicación, indicando entre otros aspectos que: “Toca a los poderes públicos
escoger y ver el modo de imponer los objetivos que proponerse, las metas que hay
que jar, los medios para llegar a ella, estimulando al mismo tiempo todas las fuerzas
agrupadas en esta acción común” (1967, p. 8).
No obstante, aquella Encíclica concuerda, según Santa Ana (
1991
, p. 33),
con el informe de la Conferencia Mundial de Iglesia y Sociedad, organizada por el
Consejo Mundial de Iglesias en Ginebra en 1966 y con la Primera Década del Desa-
rrollo de las Naciones Unidas. De esta manera, se demuestra la tendencia mundial
y laica al respecto, aunque posteriormente la Comisión para la participación de las
Iglesias en el Desarrollo (CPID) y la Comisión de Ayuda Intereclesiástica, Servicio
Mundial y Refugiados (CAISMIR) tomaron una posición más crítica al respecto,
buscando desenmascarar aparentes propósitos de dominación imperialista bajo el
lema de cooperación para el desarrollo, de aquellos que sí propendían un desarrollo
liberador genuino (
Departamento Ecuménico de Investigaciones, 1981
).
Por otro lado, la concatenación mostrada en las dos Tablas anteriores, no solo
se mantiene vigente, sino que continúa delineando y determinando las relaciones
gubernativas, permitiéndole al Poder Ejecutivo dirigir el conjunto de instituciones
y recursos públicos para dedicarlos a los grupos poblacionales que lo requieran,
tal y como aclaró la Sala Constitucional del Poder Judicial en su Sentencia 03089-
1998 al prescribir:
(…) todos los órganos que forman el aparato estatal como Estado Constitu-
cional de Derecho, deben someterse a los criterios de “planicación nacional”
y en particular a las directrices de carácter general dictadas por el Poder Ejecu-
tivo -Gobierno- (arts. 140.3,8 C. P.), para cumplir, entre otros, con los mandatos
constitucionales de procurar el mayor bienestar para todos los habitantes del
país organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de
la riqueza (art. 50 C.P.) (...). El Poder Ejecutivo -Gobierno-, como organiza-
ción jurídica y política, es el que se encarga de organizar, dirigir y encauzar
a la sociedad en todos sus aspectos político, jurídico, económico y social. La
función ejecutiva es una tarea esencial del Gobierno en sus distintos órganos
o ministerios, como lo es también la directiva política de jar los objetivos
y metas de la acción coordinada en los demás entes públicos, proponiendo
los medios y métodos para conseguir esos objetivos. (Sala Constitucional del
Poder Judicial, 1998, Considerando Tercero)
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LOS PERIODOS GUBERNATIVOS AFINES
AL SOCIALCRISTIANISMO
Una vez sobrepasado el periodo cúspide de las relaciones Estado-Iglesia
Católica (1940-1944), se rastrean otros momentos en que puede ubicarse el inujo
del socialcristianismo en las relaciones gubernativas del país, extrayendo de cada
periodo presidencial, que no sea de extracción liberacionista, las pruebas de ello, y
que Pérez Brignoli (1999, p. 34) delimita entre 1978 y 1998, pero que en este caso se
ha alargado un periodo más.
Periodo gubernativo 1966-1970
Inicia el análisis de este periodo según lo apuntado en el Programa de
Gobierno del Partido Unicación Nacional, que era encabezado por el siguiente
Principio General:
La Unicación Nacional hace suyos los principios y nalidades dé (sic)
la Declaración de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, y declara
que tendrá, como guía en la búsqueda de soluciones verdaderas para los
problemas sociales del país, a la Encíclica Mater et Magistra, de su Santidad
Juan XXIII. (s/f, p. 1)
El hecho de que se enuncie como derrotero uno de los escritos que conforman
la Doctrina Social de la Iglesia, demuestra la existencia de un vínculo programáti-
co-ideológico
7
que debía traducirse en acciones gubernativas concretas. A partir de
ahí, se incluyen 32 puntos/apartados distribuidos en ejes como:
• Relaciones exteriores
• Administración Pública – Régimen Municipal
• Educación y Cultura
• Desarrollo Económico: Integración Económica Centroamericana
• Agricultura e Industria – Caminos
• Política Monetaria, scal y crediticia
• Patrimonio familiar y la pequeña propiedad
• Trabajo
• Higiene. Salud Pública y Seguridad Social
Todos los 32 apartados programáticos se enlaban a mejorar las condiciones
poblacionales, pero sobresale el interés por lograr una regeneración económica en la
cual el Gobierno fuese un facilitador para ella, tal y como se muestra a continuación
en la Tabla 3:
Rolando Bolaños Garita • Socialcristianismo gubernativo: una mirada administrativa a la historia 63
TABLA 3
Principales acciones de impulso a la iniciativa privada en el periodo 1966-1970
EJE ESTABLECIDO APARTADO PROGRAMÁTICO
Educación y Cultura
8) Difundir la educación vocacional y técnica, procurando el concurso de las empresas
e iniciativas privadas y ofreciendo un programa nacional de becas que facilite el
reclutamiento de profesores y estudiantes.
Desarrollo Económico:
Integración Económica
Centroamericana
10) Estimular las inversiones, nacionales o extranjeras, que se efectúen en el país y dar
a las empresas el mayor ámbito de acción, para que desenvuelvan su iniciativa dentro de
las normas de justicia en las relaciones de capital y trabajo, con el denido propósito de
aumentar la producción y la productividad nacionales y de proporcionar las más amplias
posibilidades de empleo y de retribución elevada de la mano de obra.
11) Poner en práctica métodos más expeditos, de carácter administrativo, en lo que
corresponda a la acción propia del Gobierno, para que esta acción sea benéca y no de
entorpecimiento constante, con respecto a todas las actividades económicas.
15) Propiciar el establecimiento de bancos de fomento, estatales, mixtos o privados. Y
estimular el funcionamiento y difusión de los planes de ahorro y capitalización.
Agricultura e Industria
– Caminos
20) Dar gran ímpetu a la construcción de nuevos caminos de penetración, especialmente
de aquellos relacionados con los planes de desarrollo agropecuario; estimular la
participación del sector privado y propiciar la participación más efectiva de las
municipalidades en dicha construcción y en el mantenimiento de las vías existentes;
para ello, en particular, se coordinará la acción de las Juntas Vecinales de Caminos con
la de los municipios.
Política Monetaria,
scal y crediticia
22) Ordenar, permanentemente, la Hacienda Pública; y procurar el equilibrio scal
principalmente por medio de los mayores ingresos que produzca la política de estímulo
real a la iniciativa privada y de fomento de las inversiones, sin aumento de los impuestos
que existen y con el debido y ecaz uso de los ingresos.
23) Ampliar las oportunidades para el buen uso del crédito bancarlo y estimular la participación
del sector privado en la oferta de crédito a los tipos de interés estipulados en las regulaciones
bancarias. Coordinar en particular las facilidades de crédito con la productividad, a n de que
obténganlas más amplias facilidades de crédito las empresas, medianas o pequeñas, agrícolas o
industriales, que obtengan aumentos en su productividad.
Patrimonio familiar y
la pequeña propiedad
24) Procurar la formación y el mantenimiento de un patrimonio familiar básico. Esto
supone el apoyo a la pequeña propiedad, así:
(…) e. Facilitando la adquisición de viviendas a las familias de pocos recursos
económicos en las condiciones más favorables; perfeccionando y liberando de la
interferencia de la política electoral los programas estatales que tienen ese propósito y
estimulando la participación de la iniciativa privada en los mismos.
Higiene. Salud Pública
y Seguridad Social
28) Orientar los seguros sociales médico-hospitalarios de manera que se garantice la
atención médica dentro de un marco de libre elección médica, libre ejercicio profesional
y administración de servicios de salud por profesionales médicos en su carácter privado.
29) Orientar la seguridad social para eventos relativos a la pérdida de la capacidad de ganancia
de modo que se proporcione una pensión mínima nacional de vejez, la cual pueda ser
complementada mediante pensiones contributivas y planes privados de pensión.
Fuente: Elaboración propia con base en Partido Unicación (s/f).
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Tratando de seguir una línea analítica, surge la aparente contradicción entre
el afán por ceñirse a los principios de la Doctrina Social y el empuje o apertura para
con la empresa privada, máxime cuando se retoma lo prescrito por Salazar (2002)
en cuanto a que el intervencionismo estatal es consustancial del socialcristianismo,
aunque esto más bien riñe con lo indicado por Held (2005). Y es que esa misma pres-
cripción ostenta una particularidad no exenta de posibles ambigüedades: lograr el
intervencionismo gubernativo al tiempo que se propenden las libertades económicas
totales. Y, para abonar a la aparente contradicción, considérese a Opazo (1987, p.
163) al enunciar los contenidos propuestos por el socialcristianismo, como corriente
losóca, para la transformación de la sociedad:
1. El objetivo nal y último de la vida económica, social y política, es el pleno
desarrollo del ser humano en sus dimensiones espiritual y material. El ordena-
miento social y la actividad pública deben orientarse a la prosecución del bien
común, como instancia colectiva que garantiza la realización de la humanidad.
2. Ese ordenamiento requiere del respeto a la propiedad privada, esencialmente
ligada a los derechos del ser humano, pero su uso debe ser regulado a n de
esa propiedad cumpla una indispensable función social.
3. Asimismo, las relaciones entre los trabajadores y propietarios deben regularse
de modo tal, que se asegure la dignidad humana de los primeros; esto exige
reconocer sus derechos económicos y sociales, y entre ellos, el respeto a sus
organizaciones reivindicativas.
4. La superación del capitalismo individualista requiere de nuevas formas de organi-
zación productiva asociada, tales como las cooperativas, cuya generalización
implica un cambio estructural.
Consideramos que la ambigüedad aumentaría, al comparar dicha doctrina
con la socialdemocracia
8
, que sí promulga abiertamente un papel más acentuado
del Estado en la vida económica nacional y en diferentes escenarios: desarrollo
agropecuario, asignación del crédito bancario, dinamización económica por medio
del empleo público directo e indirecto (por ejemplo, mediante la concreción de
obra pública), prestación de servicios médicos, principalmente a través de funcio-
nariado público, entre otros.
Empero, al mirar hacia atrás, no es posible ubicar, por ejemplo en las Encí-
clicas Papales, alguna mención de que socialcristianismo es sinónimo de interven-
ción estatal hegemónica o al menos en todo lo posible, como tampoco un llama-
miento –por correlato– al liberalismo del laissez faire, laissez passer. Por otro lado,
los gobernantes que se han identicado socialcristianos no parecen contradecirse
al profesar una religión basada en la solidaridad y el bien común y, paralelamente,
disponer la maquinaria estatal para el apoyo y sostenimiento de los negocios
particulares. En esa línea, valórense las siguientes manifestaciones:
Rolando Bolaños Garita • Socialcristianismo gubernativo: una mirada administrativa a la historia 65
• Rafael Ángel Calderón Guardia
No se podrá decir que estamos innovando en forma reñida con los actuales
postulados del Derecho Constitucional, ni que nos hemos apartado de las
reglas clásicas de nuestro pensamiento cristiano. Muy al contrario, los señores
diputados se convencerán, si no lo están ya, que el Presidente de la República
es y seguirá siendo el más el continuador de las normas que marcaron, en
lo jurídico –y para su tiempo–, los Constituyentes de 1871, y en lo social, las
más ilustres guras de la Iglesia Católica en los siglos XIX y XX. Calderón
(citado en Malavassi, 1977, p. 247-248)
Y más adelante sentencia:
Es corriente el criterio de que al aceptar ideas sociales que en algo se opongan
a la extrema dictadura económica de las clases propietarias, se hace un acto
revolucionario y de subversión de los valores morales de nuestra pequeña
República. No entienden, quienes tal piensan que [sic], lejos de padecer
eclipses bajo un régimen más equitativo –en cuanto a la distribución y goce
de la riqueza producida por el trabajo en las masas humanas–, la democracia
resplandece, se arma y se robustece, como consecuencia de una mayor
armonía social. Calderón (citado en Malavassi, 1977, p. 294)
De esta manera, el mayor exponente del socialcristianismo gubernativo en el
país aclara que, el basar un proyecto en la Doctrina Social Católica no es la antítesis
inmediata de un pragmatismo en el cual se respete y fortalezca un liberalismo econó-
mico no asxiante en el que prime el afán de lucro desmedido a costa de los menos
favorecidos, ignorante de las necesidades poblacionales o no interventor ante las
condiciones de pobreza y vulnerabilidad de los menos pudientes.
• José Joaquín Trejos Fernández
(…) es tan destructiva de todo valor creativo, tan desmoralizante, tan negativa
para promover cualquier progreso real y genuino, la idea del Estado Paterna-
lista. Y lo es tanto más cuando el gobernante que ejerce las funciones de ese
Estado visita los pueblos no para estimular el esfuerzo personal y comunal
como única fuente de un bienestar y progreso genuinos. No, por el contrario,
para repartir como dádivas suyas, los dineros del Estado, vale decir los signos
monetarios que representan el trabajo efectuado por otros. (1975, p. 3).
Ante tales transcripciones, no se encuentran –hasta el momento– atisbos de un
posible conicto de intereses ideológico-gubernativos, que impida la convivencia
ecuánime entre el estímulo a la inventiva particular (y su consiguiente aspiración a
condiciones económicas favorables para quien, conforme sus posibilidades, habi-
lidades, empeño y destreza, emprenda un negocio redituable) y el seguimiento a
la doctrina socialcristiana. Aunque Esquivel fue más crítico al respecto, señalando
que: “(…) los rastros de socialcristianismo que cubren el partido político de Trejos
eran básicamente de discurso; donde realmente la síntesis de su letra es el libera-
lismo que se había mantenido en contra de la intervención estatal en las manifesta-
ciones de la “cuestión social”. (2007, p. 160)
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Periodo gubernativo 1978-1982
Las Bases del Programa de Gobierno del Partido Unidad son claras en plasmar
que el eje cardinal de sus futuras acciones gubernativas sería el socialcristianismo,
dejando claro que el desarrollo del individuo en sociedad debía ser armonioso, respe-
tando a la empresa que cumple una función social impulsando el progreso econó-
mico, al tiempo que dignica el trabajo de “(…) quienes participan con su esfuerzo
laboral a crear riqueza y bienestar” (s/f, p. 9); todo esto, siempre bajo el halo del bien
del común y la solidaridad.
La función del Estado como ente con diversas extremidades administrativas y
su relación con el entorno económico doméstico se concibió de la siguiente forma:
Velar porque el Estado se convierta en un instrumento efectivo para promover
el crecimiento económico del país, mediante el estímulo a todas aquellas acti-
vidades que movilicen recursos materiales y humanos capaces de crear riqueza
e impulsar el progreso general del país. (Partido Unidad, s/f, p. 9)
Posteriormente, el documento se descompone en una serie de apartados,
rescatando que, en comparación con el periodo anterior, éste contiene mayor
cantidad de acciones programáticas de estímulo a la iniciativa económica privada,
por lo que en la siguiente Tabla 4 se incluyen aquellas que lo indiquen explícita-
mente, aclarando, previamente, que la propuesta ideológico-programática de este
lapso tampoco incluía un liberalismo económico a ultranza, tendiente al cercena-
miento o achicamiento de la plataforma administrativa estatal, aunque Esquivel,
asentado en otros autores, acota que es precisamente durante este segmento guber-
nativo cuando “(…) se inicia la expresión –aunque insípida– del neoliberalismo en
Costa Rica” (2007, p. 162).
Periodo gubernativo 1990-1994
Primeramente, valga aclarar que desde inicios de la década de 1980, toma
mayor auge, nacional e internacionalmente, un neoliberalismo que propendía la cada
vez mayor necesidad de achicar el aparato estatal y recortar los programas asisten-
ciales de corte paternalista, buscando dejar libre el paso para la gura del Estado
Regulador. Para ello conuyeron dos condiciones que potenciarán la aparente nece-
sidad de transformación de los aparatos estatales a nivel casi mundial: a) la polí-
tico-económica, cuando los países más deprimidos económicamente empiezan a
sufrir las consecuencias de la llamada crisis de la deuda, motivada en gran parte por
los altos precios mundiales de los hidrocarburos, surgiendo entonces los Programas
de Ajuste Estructural (PAE), promovidos por organismos internacionales como el
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Agencia Internacional para el
Desarrollo (AID); b) la teórica, cuando se publican obras que impactarán en la región
latinoamericana, tal y como Reinventing Gobernment de Osborne y Gaebler (1994),
Rolando Bolaños Garita • Socialcristianismo gubernativo: una mirada administrativa a la historia 67
TABLA 4
Principales acciones de impulso a la iniciativa privada en el periodo 1978-1982
EJE ESTABLECIDO
APARTADO PROGRAMÁTICO
Poder ejecutivo
Formular un estatuto legal adecuado para las empresas del Estado a n de evitar que se mezclen
y perviertan la actuación estatal privada con la actuación estatal pública.
Política económica
Canalizar inversiones extranjeras en forma tal que no desplacen, sino que complementen
a la empresa nacional en forma productiva y equitativa.
Canalizar las inversiones estatales únicamente a aquellas actividades que no pueden ser
realizadas por los ciudadanos –como vías de comunicación, instalaciones portuarias y
servicios públicos– complementando y facilitando la actividad propia de la iniciativa
privada, con lo que se estimulará en mejor forma el sentido de libertad y de responsabilidad
en el ciudadano, así como el de función social de la empresa.
Política tributaria
Orientar el sistema tributario para que sirva fácilmente como instrumento de desarrollo,
que estimule la producción de riqueza, que fortalezca la formación de capital con una
mejor participación del mayor número de ciudadanos y que tome en cuenta la situación de
nuestros productos en el mercado externo.
Sistema nanciero
Facilitar los ingresos de capital y las inversiones extranjeras que coadyuven y complementen
la operación de las políticas internas y estimulen los programas de desarrollo económico
como complemento indispensable del ahorro nacional, siempre que sean compatibles con la
dignidad, la soberanía y el interés nacional.
Procurar que los planes y programas de desarrollo económico a largo y corto plazo,
ofrezcan un marco adecuado para orientar, dentro de condiciones de conanza y seguridad,
las inversiones de las empresas privadas, con lo cual se logrará integrar los esfuerzos y
programas de todas las actividades económicas y avanzar en forma acelerada hacia la
conquista de las metas de bienestar nacional.
Política exterior
Negociar el ingreso de capitales extranjeros en forma tal que su inversión y su aporte
tecnológico puedan ser de auténtico provecho para nuestro desarrollo, siempre que resulte
compatible con nuestra soberanía y la dignidad nacional.
Política agropecuaria
Establecer tres formas de organización básicas para el asentamiento de agricultores:
(…) c) Empresas agropecuarias mediante la asociación de los propietarios, incluyendo
actividades de producción e industrialización de sus productos.
Velar porque el Estado no sea más que el coordinador de la inversión pública, y el organismo
de apoyo que aporte los servicios colaterales necesarios para garantizar el éxito pleno de
los programas, mediante partidas incluidas en el presupuesto anual y la coordinación de las
instituciones que tengan algún papel en la ejecución de este programa.
Empresas estatales
Reestructurar la Corporación Costarricense de Desarrollo S. A. a n de convertirla en un
ente que promueva realmente el desarrollo nacional mediante: (…) el apoyo a actividades
del sector privado que sean técnica y económicamente factibles.
Turismo Elaborar y promover programas de inventivos orientados a estimular la participación de la
iniciativa privada, tanto nacional como extranjera, en el desarrollo turístico del país.
Incentivos a la
empresa
Adoptar todos aquellos incentivos a la producción y al espíritu empresarial que puedan
fomentar el ahorro, la inversión y la innovación técnica para crear más riqueza en forma
que benecia tanto al empresario, como al trabajador y al consumidor.
Orientando la política nanciera del sistema bancario en forma que responda elmente a
las necesidades reales y cambiantes del desarrollo del país, con periodos de gracia, plazos
de amortización y tasas de interés ajustadas a las posibilidades del empresario.
Fuente: Elaboración propia con base en Partido Unidad (s/f).
Diálogos Revista Electrónica de Historia, 22(1): 57-85. Enero-junio, 2021. ISSN: 1409-469X · San José, Costa Rica68
La reducción de la burocracia. Cinco estrategias para reinventar el gobierno de
Osborne y Plastrik (1998) o Una nueva gestión pública para América Latina del
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) (1998). Y la
fusión de todo lo anterior dará como resultado la denominada Nueva Gerencia Pública
(NGP), que esencialmente trataba de extraer el espíritu gerencialista y las prácticas
ágiles de la administración privada, e implantarlos en todo el esquema público.
Ante ese preámbulo, no es de extrañar que se mantuviera la orientación
económica traída hasta el momento en cuanto a libertad y solidaridad –y que
también aumentaran las propuestas de mejora–, al titular al nuevo programa polí-
tico: Una nueva forma de gobernar, y que su primera parte fuera el apartado de:
La Nueva Economía, tratando ahora de potenciar un factor contextual para el desa-
rrollo económico mundial: la apertura al intercambio y al comercio internacional,
e introduciendo incluso un elemento novedoso como las Garantías Económicas,
mismo que será retomado posteriormente. (Ver Tabla 5)
Y es que, no resulta extraño que el PUSC viniese presentando tintes econó-
mico-liberales, dada la gravitación en éste de elementos pertenecientes a la Asocia-
ción Nacional para el Fomento Económico (ANFE) como Miguel Ángel Rodríguez,
Alberto Di Mare, Thelmo Vargas, Jorge Guardia y Jorge Corrales que, según apunta
Fernández (1986, p. 17), se denían como un grupo socialcristiano. El caso del
primero se verá en párrafos subsiguientes, pero, por ejemplo, el último mantenía la
tesis de que el sistema de mercado en ningún momento entraba en conicto con la
Doctrina Social de la Iglesia Católica (Corrales, 1994, p. 68).
Aunque la mayor aclaración al respecto la brinda el expresidente Calderón
Fournier al enunciar:
(…) primero, tanto don Alberto como don Miguel Ángel se esforzaban por lograr
una síntesis entre la tradición liberal y el pensamiento social del cristianismo;
segundo, en política nunca se dan ideas puras, las ideas se combinan con condi-
cionamientos sociales y culturales, de modo tal que las posiciones en exceso
doctrinarias y dogmáticas terminan, en la práctica, exibilizándose y enrique-
ciéndose con aportes provenientes de corrientes menos ortodoxas, tercero, las
ideologías partidarias poseen limites estrictos asociados a sustratos sociales y
electorales; en el caso del Partido Unidad Social Cristiana, su eje político y elec-
toral, el calderonismo, es por principio, por historia y por origen social distinto a
los economicismos y estatismos y, cuarto, el pensamiento socialcristiano es, por
sí mismo, una síntesis extraordinaria de tradiciones liberales y humanistas sobre
la base de la cosmovisión cristiana del ser humano. (2005, p. 177)
Sentenciando más adelante que:
(…) este es un aspecto que muy pocos han visto con claridad, los movimientos
democráticos no liberacionistas evolucionaron hacia una síntesis extraordinaria de
tres corrientes intelectuales y políticas, presentes ya en los orígenes históricos del
socialcristianismo, a saber: el liberalismo político, el liberalismo social en economía,
que en la “Carta Socialcristiana a Costa Rica” del año 1995, se denomina Economía
Social de Mercado y el pensamiento social del cristianismo. (
2005
, p.178)
Rolando Bolaños Garita • Socialcristianismo gubernativo: una mirada administrativa a la historia 69
TABLA 5
Principales acciones de impulso a la iniciativa privada en el periodo 1990-1994
POSTULADOS ORIENTACIÓN
2.4 Limitación y
Organización del Poder
Económico del Estado
en Benecio de la Persona
y la comunidad.
Las funciones del Estado estarán claramente denidas y su poder económico
debidamente limitado para que no pueda, en ejercicio de sus privilegios, limitar
las libertades económicas del ciudadano ni su propiedad privada, salvo cuando así
fuere necesario por razones de interés público y social debidamente comprobados.
4.1.6 Apoyo al intercambio
y al comercio.
Cambiaremos la política monetaria y crediticia que discrimina en contra del
comercio, dándole oportunidad para que compita por los recursos nancieros de
los bancos, sin obligarlo a nanciarse en el exterior, asumiendo el exclusivamente
el riesgo cambiario.
4.2.4 Contratación y
Concesión de Actividades.
Se puede lograr una mayor eciencia y eliminar duplicidades en la administración
pública si se busca realizar, mediante concesiones o contratos con empresas
privadas, algunas actividades que resulten así menos costosas y mejores que si se
hicieran por medio de los entes públicos.
4.4.3 Inversión Extranjera. Para atraer esta inversión es necesario neutralizar el riesgo político que produce
la ubicación geográca de Costa Rica en la convulsionada área centroamericana.
Con ese objetivo proponemos crear un seguro contra riesgo político (expropiación,
guerra, inconvertibilidad) que se negocie con entidades de fuera del área, para que
garanticen su pago con independencia de la voluntad política local.
4.4.5 La Reforma de la
Banca Comercial.
(…) 4.4.5.1 Eliminar el monopolio de los dep6sicos bancarios que existe a favor
de los bancos comerciales del Estado e imponer en su lugar la BANCA MIXTA y
para que puedan operar en igualdad de condiciones con los bancos comerciales.
Cualquier práctica que impida el normal funcionamiento de la competencia,
cualquiera que fuera su procedencia, será considerada ilegal. Con la competencia
se logrará una disminución en los costos de la intermediación nanciera,
a consecuencia de lo cual se bajará el costo del crédito para los deudores y se
aumentará la tasa de retorno a los ahorrantes.
4.5 Las Garantías
Económicas.
Algunos principios requieren, para su real vigencia como medios de control de los
Poderes Estatales en benecio y garantía de los ciudadanos, ser incorporados como
normas constitucionales para su efectivo respeto y verdadera acción. Para ello
propondremos modicar la Constitución Política de la Republica, introduciéndole
un Capitulo de Garantías Económicas y asegurarle a los costarricenses que el
producto de su trabajo y los benecios del progreso le lleguen en su totalidad y no
le sean burlados por la acción del Estado.
Síntesis de los
Benecios Sociales de
la Nueva Economía.
Al disminuirse las serias distorsiones a la producción, reducirse la carga scal y
procurarse una mejor asignación de recursos, se estimularán las fuentes de empleo
en el sector privado, reduciéndose así el desempleo, que es el principal problema
que afecta a la sociedad costarricense.
Contrario a la tradición liberacionista de aumentar el trabajo en el sector público,
que es mucho más dispendioso y menos productivo, el PUSC propone incentivar
ecientemente la producción en todos los sectores para que el empleo sea social y
económicamente más reproductivo.
Fuente: Elaboración propia con base en Partido Unidad Social Cristiana –PUSC– (s/f.a).
Diálogos Revista Electrónica de Historia, 22(1): 57-85. Enero-junio, 2021. ISSN: 1409-469X · San José, Costa Rica70
Este parteaguas, en el cual se pretende aclarar que la visión ideológica del
PUSC resulta de una combinación de Liberalismo en sentido amplio y Doctrina
Social de la Iglesia, se considera que llega tarde, cuando primero a través del
movimiento denominado Partido Republicano Calderonista y, más adelante, por
conducto del propio PUSC, se ha transitado por diversas campañas políticas y se
ha ejercido el poder gubernativo sin que se manifestara con mayor claridad aquella
mixtura. Esto dio paso a que se le cobrase una traición casi directa a lo prescrito
desde los documentos católicos (papales o nacionales) que más bien alzaban la voz
por las clases menos favorecidas, en el apego a los principios de solidaridad y
justicia social. Aguilar Bulgarelli apuntaba al respecto que:
(…) los hechos ocurridos a partir de 1990, demuestran que en efecto los sectores
conservadores, liberales y plutocráticos se apoderaban del PUSC, dejando al
grupo de “La Nación” y al Sr. Jiménez Borbón [accionista de esa empresa]
como su vocero y director de la agenda política nacional y verdaderos interlo-
cutores entre lo que se debe hacer, decir y pensar en Costa Rica. (2003, p. 261)
También en este periodo se sigue impulsando el paquete de medidas
correspondientes a los Programas de Ajuste Estructural (PAE) con énfasis en el
achicamiento estatal y pretendiendo extinguir las guras de Estado Empresario y
Estado Benefactor para dar paso al Estado Regulador (Bolaños, 2016).
Periodo gubernativo 1998-2002
Este periodo en el que el PUSC dirige el Poder Ejecutivo se distinguirá porque
el presidente es convencido liberal y así lo ha plasmado a nivel teórico, de asocia-
ciones gremiales y de la función pública (ejecutiva y legislativa), lo que le permitirá
dejar su huella en el apartado ideológico que fundamentó su etapa presidencial.
En primer lugar, el adjetivo de liberal se lo asigna muy tempranamente Láscaris,
cuando genera una obra ya considerada clásica, pero imposible de obviar para todo
aquél que pretenda comprender el entorno cientíco-losóco nacional. En esa obra,
cuya primera edición data de 1965, el autor lo concibe como “el más sistemático y
doctrinalmente polémico de los liberales jóvenes” (1983, p. 221). Esto ocurre cuando
únicamente había editado dos libros (Rodríguez, 1984, 1985), y aún no se iniciaba en
el campo político ni en la función gubernativa, pero sí eran ya perceptibles tales incli-
naciones; las mismas aumentarían en futuras obras hasta perlarlas y decantarse prin-
cipalmente por: a) el principio de subsidiariedad, b) la Economía Social de Mercado
y, c) las Garantías Económicas, los cuales se repasan, según el pensamiento del autor.
a) Principio subsidiariedad.
La intervención del sector público en la solidaridad social debe realizarse
teniendo muy claros estos parámetros de subsidiariedad, tratando de evitar la
aparición de un Estado irresponsable y meramente asistencialista y procurando
que se den las condiciones necesarias para la promoción de las personas concretas,
Rolando Bolaños Garita • Socialcristianismo gubernativo: una mirada administrativa a la historia 71
mediante la educación y la formación en los verdaderos ideales. En Centesimus
Annus Juan Pablo II señala expresamente la necesidad de la subsidiariedad en el
campo social, cuando indica: “…no han faltado excesos y abusos que, especial-
mente en los años más recientes, han provocado duras críticas a ese Estado del
bienestar, calicado como “Estado Asistencial” (La Santa Sede, 1991, p. 41).
b) Economía Social de Mercado.
¿Qué es una economía social de mercado? ¿Es una economía de mercado con
un poco de socialismo? ¿Es acaso una economía socialista que usa el mercado
por medio de una organización centralizada de los medios de producción? No, la
economía social de mercado es aquella en la que el gobierno determina el orden
económico de modo que exista un grado muy elevado de competencia y, en el cual
se consideran elementos centrales de solidaridad social (Rodríguez, 1992a, p. 49).
Esta propuesta fue tomada muy en cuenta por el PUSC, como se dijo
anteriormente, incluso en la Carta Socialcristiana a Costa Rica en 1995, apuntán-
dose entonces:
La economía social de mercado es el resultado de la convergencia entre el
sistema de mercado y el sistema de los rendimientos sociales. El orden econó-
mico y el orden social están indisolublemente unidos. Se limitan y se comple-
mentan mutuamente. Una política económica sin justicia social no logrará la paz
social y conducirá, al mismo tiempo, a pérdidas económicas. Nuestra política
de ordenamiento social une los principios de rentabilidad, con los de justicia de
rendimiento y distribución. (Partido Unidad Social Cristiana, 1996, p.76)
c) Garantías Económicas.
La incorporación en la Carta Magna de las Garantías Económicas es el
complemento necesario de las Garantías Individuales y Sociales. Sólo de esta
manera es posible concebir que los programas del país en materia econó-
mica no se vean debilitados, y hasta anulados, por una política improcedente
de gasto público, monetaria, de crédito y de impuesto y tarifas y servicios
públicos (Rodríguez, 1988, p. 317).
Su faceta como agremiado a la ANFE conlleva la presentación, al menos
general, de este grupo, formado desde sus inicios en 1958 por intelectuales que en
varios momentos han pasado por las estructuras administrativas públicas, que tienen
como guras ejemplares a Friedrich August von Hayek, John Stuart Mill, Adam
Smith, Ludwig Von Mises, entre otros, y que propende:
(…) una participación más responsable y consciente del sector privado en
los asuntos nacionales, para combatir la intervención innecesaria del Estado,
para procurar dejarle las funciones que le responden y que ha abandonado
por abordar otras; para fomentar la inversión, estimular el ahorro, dar ímpetu
al hombre de trabajo, y lograr en n que a la estabilidad política y social
que tenemos, se unirá un esfuerzo hacia el progreso social y económico.
(Trejos, 1984, p.11-12)
Diálogos Revista Electrónica de Historia, 22(1): 57-85. Enero-junio, 2021. ISSN: 1409-469X · San José, Costa Rica72
En cuanto a su ejercicio de la función pública, ésta inicia durante la Adminis-
tración Trejos Fernández 1966-1970, primero como Director de la Ocina de Plani-
cación –en la actualidad Ministerio de Planicación Nacional y Política Econó-
mica– y luego como Ministro de la Presidencia. Desde ahí, debemos saltar hasta su
tránsito por la praxis legislativa en el periodo 1990-1994, despuntado entonces con
su proyecto de Garantías Económicas, que establecía una reforma a la Carta Magna
con el siguiente articulado (Rodríguez, 1988, p. 317-319):
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DECRETA:
Artículo 1: Adiciónese el siguiente Título de Derechos y Garantías Económicas
a la Constitución Política de Costa Rica, para ser insertado inmediatamente después
del Título V: Derechos y Garantías Sociales, y corríjase la numeración de los títulos
y artículos subsiguientes:
TÍTULO VI
DERECHOS Y GARANTÍAS ECONÓMICAS
CAPÍTULO UNICO
Artículo 75.- El estado garantizará el derecho a la libre contratación, impor-
tación y exportación en el territorio nacional. En todo contrato de orden privado las
partes tendrán la libertad de jar el valor de los bienes y servicios, pero el Estado
podrá jar o controlar el precio de los artículos de primera necesidad, permitiendo al
empresario una utilidad razonable, conforme a la ley.
Artículo 76.- Las tarifas, tasas, contribuciones y demás exaciones [sic]
correspondientes a la prestación de servicios públicos cuyos importes no hubieren
sido jados por ley, y el precio de los bienes o servicios de las empresas del Estado,
serán jados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Dichas tarifas,
precios o tasas se determinarán con base en los costos ordinarios y necesarios para
producir el bien o servicio, podrán incluir un crédito adecuado sobre la inversión
para nanciar la expansión normal de la actividad, y se cobrarán únicamente en
proporción al uso del servicio.
No podrá la Asamblea Legislativa delegar total ni parcialmente su potestad
exclusiva de establecer y modicar impuestos, tasas, sobretasas ni otras contribu-
ciones nacionales y deberá aprobar, mediante una ley, las contribuciones obrera y
patronal a favor de la Caja Costarricense del Seguro Social. Sin embargo, podrá auto-
rizar a las municipalidades a modicar las correspondientes contribuciones mediante
aprobación por votación, no menor de dos tercios de la totalidad de los miembros del
correspondiente Consejo Municipal, de conformidad con la ley.
Artículo 78.- [sic] El incremento de los gastos totales anuales de los poderes
del Estado, incluyendo los presupuestos ordinarios y extraordinarios y los de los
entes estatales, no podrá exceder el porcentaje anual de crecimiento nominal del
Producto Interno Bruto (PIB) del año anterior, estimado por el Banco Central. En
caso de que la tasa de inación anual prevista por el Banco Central supere el 6%
Rolando Bolaños Garita • Socialcristianismo gubernativo: una mirada administrativa a la historia 73
anual, dicha tasa de crecimiento de gastos totales por encima del 6 por ciento no
podrá superar el 50 por ciento de la tasa de inación.
La Contraloría General de la República no aprobará presupuestos ni gastos
que excedan lo establecido en esta disposición. En caso de emergencia nacional la
Asamblea Legislativa, por votación no menor de dos tercios de la totalidad de sus
miembros, podrá autorizar erogaciones superiores a los límites aquí establecidos.
Corresponderá a la Asamblea Legislativa aprobar el monto total consolidado
de gastos del Estado y sus instituciones.
Transitorio. - En los cinco periodos scales subsiguientes a la fecha de entrada
en vigencia de esta disposición, la tasa de crecimiento del gasto total del Estado y
sus instituciones deberá ser inferior, al menos en dos puntos porcentuales, a la tasa
de crecimiento nominal del Producto Interno Bruto, estimada por el Banco Central.
Artículo 79.- [sic] La tasa de crecimiento de la oferta monetaria total, de-
nida como la suma de los billetes y monedas emitidos por el Banco Central más los
depósitos en cuenta corriente de los bancos autorizados, no podrá exceder en ningún
año scal la tasa de crecimiento real del Producto Interno Bruto más el promedio
ponderado de la tasa de inación de los tres principales países con los que comercia
Costa Rica, estimadas por el Banco Central. Los directivos del Banco Central de
Costa Rica serán personalmente responsables por el incumplimiento de esta disposi-
ción, conforme a la ley.
Artículo 80.- [sic] La tasa de crecimiento del crédito del Sistema Bancario
Nacional al Estado o cualquiera de sus instituciones, incluyendo su nanciación
directa o indirecta, no podrá exceder en ningún año scal el porcentaje de creci-
miento del crédito total al sector privado. El incumplimiento de esta disposición
acarreará la responsabilidad personal del funcionario.
Artículo 81.- [sic] Corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa
legislar sobre el valor externo del colón, la moneda, el crédito y las medidas. Podrá
determinar el régimen cambiario que más convenga a los intereses del país, pero
deberá recabar previamente la opinión del organismo técnico encargado de la regu-
lación monetaria.
Artículo 82.- [sic] La iniciativa para la formación de las leyes en materia de
pensiones corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo, y las leyes que sobre esta
materia emita la Asamblea Legislativa, deberán ser aprobadas por votación no menor
de dos tercios del total de sus miembros.
Artículo 2.- Derógase el artículo 121, inciso 17 de la Constitución Política, y
corríjase la numeración de los incisos subsiguientes.
No obstante, la generación de un proyecto de esta naturaleza resulta un
paralelismo más entre PUSC y PLN, ya que vez fue Alberto Martén Chavarría
(Barahona, 1977, p. 212), miembro de la Junta Fundadora de la Segunda Repú-
blica, quien ya lo había propuesto en 1948 con estas palabras:
Diálogos Revista Electrónica de Historia, 22(1): 57-85. Enero-junio, 2021. ISSN: 1409-469X · San José, Costa Rica74
Por lo tanto, para que la justicia social pueda tener efectividad práctica se
requiere la prosperidad económica. Los obreros tomaron la iniciativa de las
garantías sociales. Establezcamos ahora, por iniciativa patronal, las garantías
económicas y restablecido el equilibrio, lograremos la justicia social para
todos. (Céspedes y Fallas, 2010, p. 169)
Ahora bien, contrario a lo que posterior a este preámbulo pueda inferirse, el
Programa de Gobierno Soluciones para el futuro. Nuestros compromisos con el desa-
rrollo humano 1998-2002, fue mucho más reducido en propuestas de estímulo a la
iniciativa privada que sus antecesores, según se vislumbra a continuación en la Tabla 6.
No obstante, las medidas llevadas a cabo para así poner en práctica las propuestas
del Presidente de la República conforme a su bagaje socialcristiano-liberal, se pueden
considerar por su celeridad, como terapia de shock, dados los efectos y movimientos
sociales que provocaron y que Solís (2002) denomina conmoción social, en razón sobre
todo del proyecto del año 2000 sobre apertura y liberalización del sector de la energía y
las telecomunicaciones, a partir de un desmembramiento del Instituto Costarricense de
Electricidad; cuestionable desde diversos ángulos según ese autor, y que terminará por
ser sepultado por la Sala Constitucional del Poder Judicial
9
dados los errores de proce-
dimiento legislativo que le rodearon durante su aprobación en primer debate. Celeridad
que igualmente tiene fundamento en la esencia liberal del expresidente, porque, como
él mismo indicara en cuanto a una reforma económica de gran envergadura como lo
fueron los Programas de Ajuste Estructural (PAE):
(…) el cambio debe ser lo sucientemente rápido para que efectivamente los
agentes económicos lo tomen en cuenta y ajusten sus reglas de conducta y (…) el
cambio debe ser lo sucientemente rápido, y creíble también, para que no resulte
en interés de los agentes dedicar sus recursos a revertirlo (Rodríguez, 1992b, p. 37).
Ese pragmatismo empezó a modelarse desde la generación del Plan Nacional
de Desarrollo Humano 1998-2002 Soluciones Siglo XXI, y para una cantidad signi-
cativa de áreas como: décit scal, crecimiento del sector agropecuario, integración
y apertura comercial, inversión extranjera directa, infraestructura, sector nanciero,
pensiones, entre otros, y que en cuanto al Sector de las Telecomunicaciones prescribía:
Ante la problemática descrita de este sector, es necesario llevar a cabo una serie
de acciones que permitan el aumento en la eciencia, cobertura y amplitud de
los servicios, así como una reducción signicativa en los costos, por lo que la
apertura se constituye en un instrumento para promover un sistema más compe-
titivo con inyección de fondos del sector privado. (MIDEPLAN, s/f)
A pesar de los efectos, dicho actuar no resulta incongruente porque, como
bien apuntó Arceo: “Tampoco se olvide que las teorías pueden ir más allá de pala-
bras y libros, materializándose en instituciones y gobiernos e inuyendo, por conse-
cuencia, en las vidas de quienes no pertenecen a comunidades intelectuales ni a
clubes de opinión” (2013, p. 130).
Rolando Bolaños Garita • Socialcristianismo gubernativo: una mirada administrativa a la historia 75
TABLA 6
Principales acciones de impulso a la iniciativa privada en el periodo 1998-2002
POSTULADOS ORIENTACIÓN
Más empleos mediante la
reactivación ecconómica
Es claro que para generar más y mejores empleos es necesario generar mayor
inversión, para tener más fábricas, más ncas productivas, más empresas de
servicios. Las personas querrán invertir en este país solo si hay conanza en el
futuro de la economía. Para lograr esta conanza, la clave es mantener la esta-
bilidad económica con el control de las nanzas y dar claridad al inversionista
sobre nuestra política económica desde el inicio de gobierno.
Incentivar la inversión extranjera directa continuando las acciones para atraer
empresas de alta tecnología como INTEL y empresas de servicios. Fortalecien-
do los programas de atracción de empresas de diferentes instituciones como
CINDE, manteniendo la estabilidad de la economía, mejorando carreteras y
puertos, así como la calidad y el costo de los servicios públicos.
Fomentar que las empresas nacionales se conviertan en proveedoras de servicios
mediante programas como los desarrollados por CINDE y PROCOMER.
Estimular el turismo compatible con el medio ambiente, mediante el uso de los
recursos que hoy se despilfarran en Aviación Civil para la promoción de nuestro
país en el extranjero, eliminando el impuesto del 3% sobre el hospedaje y el 1%
sobres los activos, y mejorando carreteras, puertos y aeropuertos.
Dar incentivos a empresas para que capaciten a sus empleados, permitiendo
la deducción de los gastos en capacitación del impuesto sobre la planilla que
hoy pagan al INA.
Aumentar la inversión en calles, puertos y aeropuertos, que hoy día constituyen
un freno a la producción nacional. Esto lo haremos mediante esquemas de Con-
cesión de Obra Pública para no comprometer los recursos públicos que se pue-
den destinar a educación, salud y otros programas sociales. Una infraestructura
moderna aumentará el atractivo de producir en el país, estimulando la inversión
nacional y extranjera.
Incorporar a los microempresarios y pequeños productores al proceso exporta-
dor, brindándoles más información y capacitándolos en alta tecnología.
Lograr mediante la estabilidad macroeconómica la reducción en las tasas de
interés reales para reducir el costo del crédito.
Impulsar la reactivación productiva del Sector Agropecuario mediante el mejo-
ramiento de los sistemas de comercialización, la investigación y la transferencia
de tecnología, la capacitación y el mejoramiento de la infraestructura. Además,
promover el desarrollo de las zonas rurales, diversicando su economía median-
te la atracción de empresas comerciales, industriales y turísticas.
Fuente: Elaboración propia con base en Partido Unidad Social Cristiana –PUSC– (s/f.b).
Diálogos Revista Electrónica de Historia, 22(1): 57-85. Enero-junio, 2021. ISSN: 1409-469X · San José, Costa Rica76
TABLA 7
Principales acciones de impulso a la iniciativa privada en el periodo 2002-2006
EJE ESTABLECIDO ACCIONES PROGRAMÁTICAS
Crecimiento económico
generador de oportunidades
productivas y de empleo
3.2.1. El Sector Público y la Creación de Ventajas Competitivas
Mejorar la infraestructura portuaria, aeroportuaria y vial, la de tecnologías de
la información y energía mediante el uso de mecanismos de concesión de obra
pública y con la participación del Estado.
Fortalecer el régimen de Zona Franca en el Sector Servicios, lo cual no contra-
dice las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio.
3.2.2. El Sector Privado y la Reactivación Económica
Diseñar políticas y programas para fomentar la creación de conglomerados de
empresas, especialmente con pequeñas y medianas empresas que ofrezcan sus
productos o servicios a empresas exportadoras nacionales y extranjeras.
Establecer programas crediticios de acuerdo con las necesidades de diferentes
sectores.
Perfeccionar el marco legal y regulatorio para favorecer la inversión.
Fomentar el comercio internacional a través de la apertura a nuevos mercados,
la promoción de más productos y el aumento en la competitividad.
Un mayor detalle de las políticas de comercio exterior se presenta más adelante,
en el Programa Relaciones Exteriores y la Política Comercial Externa.
Fuente: Elaboración propia con base en Partido Unidad Social Cristiana –PUSC– (2001).
Periodo gubernativo 2002-2006
El Programa de Gobierno Todo por Costa Rica propuesto para ese cuatrienio
es encabezado por un mensaje del expresidente Trejos Fernández, resultando una
remembranza a cuando todo inició para el socialcristianismo gubernativo nacional,
aunque sin referencia alguna a dicha ideología, sus bases teórico-conceptuales o a
sus propulsores, lo que implícitamente conlleva a una dilución casi total de los ejes
cardinales que han revestido a los periodos gubernativos que, contrarios a Libera-
ción Nacional, buscaron marcar el rumbo económico del país mediante una mezcla
de Doctrina Social de la Iglesia y un Liberalismo económico atemperado mediante
consignas de aperturismo e impulso a la iniciativa económica privada.
Por el contrario, al extinguirse cualquier alusión al tema católico o al
cristianismo en sentido amplio, se entrevé el abrazamiento a un pensamiento
propulsor del libre comercio tendiente a: la penetración a nuevos mercados, inten-
sicar las negociaciones comerciales selectivas mediante los Tratados de Libre
Comercio (TLC), la adherencia al fallido proyecto del Área de Libre Comercio de
las Américas (ALCA), el fortalecimiento de la participación en la Organización
Mundial del Comercio (OMC), entre otros.
Rolando Bolaños Garita • Socialcristianismo gubernativo: una mirada administrativa a la historia 77
Por otro lado, el principio de subsidiariedad, que también estuvo presente en
otros momentos políticos tratando de rescatar la unión entre catolicismo y el aleja-
miento de un Estado Paternalista (Asistencialista) que no lograba cumplir con todas
las obligaciones sociales ni suplir todas las necesidades poblacionales, aparece
tímidamente, evocando solo la necesidad de un Estado “(…) ecaz y eciente que
favorezca el desarrollo del país y el bienestar de su gente” (Partido Unidad Social
Cristiana , 2001, p. 81). (Ver Tabla 7)
CONCLUSIONES
Tal y como acota Barahona (citado por Aguilar Bulgarelli) en cuanto a Rafael
Ángel Calderón Guardia, “(…) fue menos socialista que Volio, pero más realista al
lograr que muchos de sus postulados socialcristianos quedasen incorporados en su
programa de gobierno cristalizándolos en leyes e instituciones de gran contenido
social (…)” (1993, p. 128). Esto se alinea con lo prescrito por uno de los teólogos
cristianos más reconocidos como fue Tomás de Aquino, al enunciar que la solución
de las dicultades pasa por lograr el conocimiento de los principios –y no el de
los signos, al ser esto lo que produce en el ser humano la ciencia de las conclu-
siones (1987, p. 48). Principios socialcristianos que, conforme surjan las necesidades
sociales y los desafíos que presenta el ambiente nacional e internacional, deberían
proponer soluciones asentados en la justicia social, la solidaridad y el bien común.
Empero, debe tenerse cuidado en no incurrir en traslapes que en su defecto
propicien distorsiones e invadan campos de acción como la política y la religión,
que si bien pueden marchar juntos
10
, una jamás debe llevar en los hombros a la otra,
sobre todo, cuando en la actualidad la cantidad de grupos sociales, culturales, econó-
micos, etc., aumenta exponencialmente, cada uno con su bagaje, sus creencias y sus
propuestas de mejora, lo que obliga a respetar los límites de cada uno. Precisamente,
aquel traslape se maniesta cuando:
(…) la misión cristianizadora de la Iglesia se contamina con el poder, cuando
hace uso de él para desarrollar su misión. En el momento que asume tal compor-
tamiento e impone a sus Obispos la necesidad de establecer mejores relaciones
con el Estado y los grupos dominantes, se está en una situación de cristiandad,
la cual es desarrollada mediante la educación y la acción de cristianizar a los
grupos que detentan el poder, para así poder establecer una élite católica, de
donde salgan los dirigentes del poder político que le aseguren a la Iglesia su
presencia en la sociedad. (Francis, 1995, p. 7)
Los recelos que puede despertar la convergencia entre Doctrina Social de la
Iglesia y la corriente liberal en un periodo gubernativo no es nueva ni exclusiva de
Costa Rica, tal y como menciona Brahm (2018) para el caso de Chile, cuando en su
momento parecían estar en curso de colisión en cuanto a la solvencia de la cuestión
social, un régimen capitalista con intervención moderada y sumamente prudente
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del estado, y los postulados de la Encíclica de Pío XI Quadragesimo Anno, propia-
mente en el apartado Restauración del principio rector de la economía, numeral 88.
Contándose también el caso en España según Montero (2007), cuando en algunos
momentos convivieron –eclécticamente– las posiciones católicas y político-liberales
y, en otros, el catolicismo social y el régimen franquista de derecha.
En el caso propiamente costarricense, notamos una evolución del socialcris-
tianismo con ansías de ejercer el mando estatal y determinar el rumbo económico,
a partir del impulso y fortalecimiento de la iniciativa económica privada, nacional
e internacional, como carlanca para lograr mejorar las condiciones socioeconó-
micas del país, dado el aparente estrangulamiento que éstas sufrieron en otros tiempos,
como producto de una ideología socialestatista –término empleado por Láscaris (1983,
p. 241)–, precursora de un Estado Asistencialista. Esto, hasta llegar a tiempos más recientes
cuando en el periodo 2002-2006 se termina por abrir una compuerta al comercio interna-
cional, iniciando –y prácticamente dejando listo para su aprobación legislativa, aunque su
aprobación fue nalmente por medio de un Referendum– el Tratado de Libre Comercio
República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América (CAFTA-DR). De
hecho, en ese periodo también se termina por borrar a nivel de programa de gobierno
cualquier alusión a la Doctrina Social de la Iglesia, sí bien se mantuvo en los periodos
1966-1970, 1978-1982, 1990-1994 y 1998-2002, al menos referencialmente. Igual suerte
corrieron la Economía Social de Mercado y las Garantías Económicas que sí desapa-
recen del vocabulario del PUSC, a pesar de estar presentes desde la década de 1980.
Es notoria la ausencia de ideólogos fundamentales dentro del PUSC, con la
excepción de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, quien inicia su recorrido por los
linderos del liberalismo desde la década de 1960, dejándolo saber desde diferentes
ángulos, incluido el presidencial, a pesar del poco margen que tuvo de lograr una
implantación más ortodoxa al estilo de Ludwing von Mises, Friedrich August von
Hayek o Milton Friedman. Sin embargo, no pasa desapercibida su inuencia en las
propuestas gubernativas de los programas adversos a Liberación Nacional, principal-
mente en lo tocante a la Economía Social de Mercado, la cual defendió dentro y fuera
de la silla presidencial como la verdadera solución costarricense (Rodríguez, 2003,
p. 33). Igual ocurrió con el Principio de Subsidiariedad, propuesto como modelo de
desarrollo económico por él y por otros actores socialcristianos
11
, apuntándonos que
en ningún momento contradice el Principio rector de la economía y su prescripción de
que el recto orden económico no puede dejarse a la libre concurrencia de las fuerzas,
por cuanto: “Después de Quadragesimo Annus están al menos, Centesimus Annus,
Sollicitudo rei socialisyCaritas in veritate que dejan claro el principio de subsidia-
riedad que ha sido parte del socialcristianismo desde las exposiciones en la Univer-
sidad de Lovaina” (comunicación personal, 5 de diciembre, 2019).
Se notó también la carencia de alusiones al lósofo humanista y ferviente cató-
lico Jacques Maritain, quien, dada su ingente producción literaria, bien pudo insuar en
las estructuras políticas que deseaban el poder gubernativo –cubiertas guradamente
bajo el halo del socialcristianismo– mayor consistencia a sus propuestas, lográndose un
Rolando Bolaños Garita • Socialcristianismo gubernativo: una mirada administrativa a la historia 79
cuerpo doctrinario rme, posible de defender no solo durante el torneo electoral, sino en
todo momento, ya que el mejoramiento del ser humano en todas sus facetas es perenne.
Conforme todo lo anterior, se tiene que el socialcristianismo criollo ha estado
aparejado siempre al Liberalismo desde sus inicios, mudando de piel desde lo que
podríamos denominar catolicismo liberal, hasta su más reciente estado de liberalismo
moderado semi-católico, en el cual las encíclicas papales sobre justicia social que
aparentemente constituían sus pilares irremovibles, hoy resultan diluidas, fungiendo
únicamente como reminiscencias al pasado. Ambivalencia que por cierto Barahona
ilustraba armando que: “(…) aquí nunca hemos sido, sensu stricto, ni liberales, ni
positivistas, ni católicos, sino gentes que no hemos estado en condiciones todavía de
tomar las cosas en serio” (1977, p. 93).
NOTAS
1 Picado la dene como:
El conjunto de normas y principios para el ordenamiento de la economía, la
sociedad y el Gobierno. Se funda principalmente en la Sagrada Escritura y en
el derecho natural. Es un cuerpo doctrinal que se adapta a las nuevas circuns-
tancias y puede ser aceptado por personas no creyentes. Se le denomina
también Magisterio Social. Está contenida principalmente en las encíclicas
sociales de los papas (la primera es la Rerum Norarum de León XIII, expe-
dida en 1891) y en las cartas pastorales de los obispos (…) (2011, p. 132).
2 Indica González que: “…el bien común se concreta históricamente como la realización de ins-
tituciones, organizaciones, acciones y obras materiales; todos estos medios no tendrían valor si
no contribuyeran al desarrollo humano de todos los hombres” (1989, p. 59).
3 García- Pelayo (citado en Romero) presenta una denición de partido acorde con los términos
del presente ensayo, indicando que: “El partido político se concibe como un grupo de personas
organizadas con el n de ejercer el poder del Estado o de inuenciar sobre él, para realizar total
o parcialmente un programa político de carácter general” (1979, p. 9)
4 En la obra de Rodríguez (1990), paradójicamente socialdemócrata enconado, sobre Sanabria
Martínez, se rescata la defensa que ésta hacía de la justica social desde un ángulo cristiano y
adverso al comunismo, al prescribir que: “(…) lo que hay de justicia en las ideas comunistas
(…) tomado está del cristianismo y calcado está sobre las exposiciones de León XIII y de Pío
XI (…)” (p. 17) Y, de las tantas obras que sobre los rasgos característicos de aquél prelado se
han publicado, la de Arrieta (1977) nos acerca más a su faceta de la praxis ideológica. En ese
sentido, bien indica el autor que:
(…) tampoco Sanabria puede ser catalogado como un político, pues no era
su intención ejercer el poder político a través de las estructuras formales del
Estado Costarricense. Pero como la Iglesia es una Institución que tiene poder y
puede inuir, tanto en sentido positivo como negativo en la maquinaria estatal,
entonces sí hay que abonarle al Obispo Sanabria una gran inuencia en una
acción político-cristiana que abarcó todas las estructuras formales del Estado
Costarricense en la década del cuarenta (p. 78)
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5 La animosidad por incursionar durante ese momento histórico en la arena política, la conside-
ramos totalmente atemperada con varias de las Encíclicas Papales de León XIII, por ejemplo,
las siguientes:
• Encíclica Diuturnum Illud
Muchos de nuestros contemporáneos, siguiendo las huellas de aquellos que en el siglo pasado
se dieron a sí mismos el nombre de lósofos, arman que todo poder viene del pueblo. Por lo
cual, los que ejercen el poder no lo ejercen como cosa propia, sino como mandato o delegación
del pueblo, y de tal manera, que tiene rango de ley la armación de que la misma voluntad
popular que entregó el poder puede revocarlo a su antojo. Muy diferente es en este punto la
doctrina católica, que pone en Dios, como un principio natural y necesario, el origen del poder
político. (La Santa Sede, 1881, p. 2) [La cursiva es nuestra]
• Encíclica Immortale Dei
Es necesario, por tanto, que entre ambas potestades [la del Estado y la de la Iglesia Católica]
exista una ordenada relación unitiva, comparable, no sin razón, a la que se da en el hombre entre
el alma y el cuerpo. (La Santa Sede, 1885, p. 6)
• Encíclica Libertas Praestantissimum
Hay otros liberales algo más moderados, pero no por esto más consecuentes consigo mismos; estos
liberales arman que, efectivamente, las leyes divinas deben regular la vida y la conducta de los
particulares, pero no la vida y la conducta del Estado; es lícito en la vida política apartarse de los
preceptos de Dios y legislar sin tenerlos en cuenta para nada. De esta noble armación brota la per-
niciosa consecuencia de que es necesaria la separación entre la Iglesia y el Estado. Es fácil de com-
prender el absurdo error de estas armaciones. (La Santa Sede, 1888, p. 10) [La cursiva es nuestra]
6 Brenes (2013) arguye que los orígenes del socialcristianismo criollo no son exclusivos de ese
momento histórico, toda vez que en 1936 ya estaba el germen de lo que en setiembre de 1962
terminaría por denominarse Movimiento Demócrata Cristiano, aunque sin contenido teológico
o dogmático que riñera con el artículo 98 constitucional.
7 Esto lo reiteró el expresidente en su obra autobiográca, apuntando que: “Procuraríamos que
la Doctrina Socialcristiana orientara nuestros pasos aplicando con la mayor delidad los textos
ponticios” (Trejos, 1999, p. 245).
8 Buscando desmarcarse de la ideología cristiana, en su momento un órgano técnico creado al
amparo de Liberación Nacional expuso:
Se propugna por la separación denitiva de los asuntos políticos del Estado y
la cuestión espiritual de la Iglesia. Es censurable la actitud de la democracia
cristiana cuando trata de utilizar el sentimiento religioso de nuestros pueblos
con nes de proselitismo. Tampoco la democracia cristiana constituye la alter-
nativa entre el comunismo y el capitalismo. Instituto de Educación Política.
(citado en
Araya, 1968
, p. 167)
Argumentos sostenidos de igual forma para el campo económico por una gura socialdemócra-
ta como el ex Presidente Ejecutivo del Banco Central al sentenciar que: “(…) la Doctrina Social
de la Iglesia no es una ideología, no es un sistema social, no es un modelo de organización, no
es una teoría social, no es una utopía.” (Lizano, 1991, p. 18).
9 Nótese el sistema de pesos y contrapesos en la más clara expresión de separación de Poderes
(un Poder Ejecutivo que propuso, un Poder Legislativo que visó y dio curso a esa propuesta,
y un Poder Judicial que detiene a los otros hasta que corrijan su actuar) y de esa Libertad
como derecho de hacer lo que las leyes permitan según Charles Louis de Secondant –Barón
de Montesquieu– (1986, p. 132).
Rolando Bolaños Garita • Socialcristianismo gubernativo: una mirada administrativa a la historia 81
10 Dentro de tales momentos se incluye cuando en 1983 la ANFE le conrió el Premio de la Liber-
tad al presbítero Claudio Solano por su labor en la Escuela Social Juan XXIII (Solano, 1984).
11 Tómese en cuenta Mieres al sentenciar:
El principio de la “subsidiariedad” del papel del Estado en un proceso de
desarrollo, lejos de ser descartado, ha sido validado como un criterio sustan-
cial en la consolidación del crecimiento reciente. El colapso de los viejos
modelos del “centralismo estatista planicador” y el fracaso de las alterna-
tivas de “libre mercado” más radicales, han dado paso a la reivindicación de
la concepción de la “economía social de mercado” que reivindica el papel del
Estado en función subsidiaria para absorber y neutralizar las inequidades del
libre mercado. (2014, p. 147)
Por su parte, Thelmo Vargas, ex Ministro de Hacienda en la Administración 1990-1994 y asi-
mismo defensor de ese Principio, nos reere (comunicación personal, 6 de diciembre, 2019)
a su obra que contiene un aparente e interesante ligamen binómico entre Doctrina Social de la
Iglesia y Liberalismo (económico) que justicaría, al menos teóricamente, la subsidiariedad,
al transcribir del Catecismo de la Iglesia Católica (1992) lo siguiente: “La libertad económica
es favorecida por la doctrina: “Cada uno tiene el derecho de iniciativa económica, y podrá usar
legítimamente de sus talentos para contribuir a una abundancia provechosa para todos, y para
recoger los justos frutos de sus esfuerzos” (Vargas, 2004, p. 163). Finalmente, Barahona denota
que este principio fue presentado hace más de cien años por Luigi Taparelli, de modo que es
“(…) un testimonio más de que el principio de subsidiariedad no es absolutamente nada nuevo,
sino que siempre fue un elemento esencial de la teoría cristiana de la sociedad, del mismo modo
que lo fuera el principio del bien común” (1977, p. 442).
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