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1Diálogos Revista Electrónica de Historia, 22(2): 1-26. Julio-diciembre, 2021. ISSN: 1409-469X · San José, Costa Rica
DOI 10.15517/dre.v22i2.45335
EL SALVADOR 1969-1977: APROXIMACIÓN A LA
DINÁMICA DE LAS MOVILIZACIONES CAMPESINAS
Francisco Joel Arriola
Resumen
En este artículo se estudia la dinámica de las movilizaciones campesinas ocurridas
en El Salvador en el período previo a la guerra civil (1981-1992). Para ello se pasa
revista a los más importantes hechos y episodios de protesta campesina y se analizan
sus aspectos más relevantes. Desde el punto de vista del material empírico, este
trabajo se basa en la revisión de cuatro fuentes principales: a) estudios académicos que
ofrecen elementos aislados a cerca de las protestas campesinas ocurridas entre 1969
y 1975 y las tomas de tierras de 1977; b) testimonios de los protagonistas de dichas
movilizaciones; c) boletines de las organizaciones campesinas que condujeron estos
procesos; y d) pronunciamientos y comunicados de prensa de los actores en disputa.
Se concluye que en el período estudiado existió un claro proceso de escalamiento
de la actividad reivindicativa y política de los campesinos salvadoreños, las cuales
pasaron de protestas locales y reactivas a movilizaciones translocales, nacionales
y con atisbos de voluntad estatal. Este proceso de escalamiento, además, ocurrió a
través de la sucesión de tres períodos diferenciados de protestas, caracterizado cada
uno por una modalidad preponderante de contienda política.
Palabras clave: movimiento campesino salvadoreño, guerra civil salvadoreña,
protestas campesinas, contienda política, crisis centroamericana.
Fecha de recepción: 6 de enero de 2021 Fecha de aceptación: 24 de mayo de 2021
Francisco Joel Arriola Magíster de Investigación en Sociología por la Facultad Lati-
noamericana de Ciencias Sociales. Investigador independiente. Ilopango, San Salvador,
El Salvador. Contacto: joelarriolaes@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3971-7909
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EL SALVADOR 1969-1977: APPROXIMATION TO THE
DYNAMICS OF PEASANT MOBILIZATIONS
Abstract
This article studies the dynamics of the peasant mobilizations occurred in El
Salvador previous to the civil war (1981-1992). To do this, some of the most
important events and episodes of peasant protest are reviewed and their most
relevant aspects are analyzed. From the point of view of the empirical material, this
work is based on the reviewing of four main sources: a) previous academic studies
that offer isolated brushstrokes about the peasant protests occurred between 1969
and 1975 and the takeovers of lands of 1977; b) memories of the protagonists of
this mobilizations; c) bulletins of the peasant organizations that conducted these
processes; and d) pronouncements and press releases of the actors in dispute. It
is concluded that, as a whole, in the period studied there was a clear process of
escalation of the protest and political activity of the Salvadoran peasants, shifting
from local and reactive protests to translocal, national and with hints of state
will mobilizations. This process of escalation, in addition, occurred through the
succession of three differentiated periods of protests, each characterized by a form
of predominant political conict.
Keywords: Salvadoran peasant movement; Salvadoran civil war, peasant protests,
contentious politics, Central American crisis.
Francisco Joel Arriola Alarcón • El Salvador 1969-1977: aproximación a la dinámica de las movilizaciones campesinas 3
INTRODUCCIÓN
La Guerra Civil Salvadoreña, sus orígenes, dinámicas y desenlaces son algunos
de los más importantes procesos (las reformas liberales de nales del siglo XIX y el
levantamiento indígena de 1932 son otros tantos) de la historia reciente que más y
mejor atención han recibido por parte de la academia y de los cuales tenemos en la
actualidad una vasta producción cientíca (Cf. Martín Álvarez y Sprenkels, 2013; Rey
Tristan y Martín Álvarez, 2008; Juárez Ávila, 2014). Como es conocido, estos procesos
fueron protagonizados, por un lado, por intelectuales urbanos radicalizados, campes-
inos pobres, sectores progresistas de la iglesia católica, estudiantes universitarios y
de secundaria, obreros industriales, trabajadores de empresas privadas, empleados
públicos y pobladores de barrios urbano-marginales; y por el otro, por cuerpos repre-
sivos estatales y paraestatales, círculos empresariales de ultraderecha y, en general, el
aparato burocrático y militar del Estado (Almeida, 2011; Lungo, 1987).
Como es conocido, del conjunto de estos sectores, el campesinado es el que ha
sido más ampliamente documentado. Por consiguiente, es de este actor que se conocen
con mayor especicidad una serie de aspectos vinculados, por ejemplo, al proceso
histórico de su constitución como actor contestatario y radical; a la formación de
sus estructuras organizativas; las dinámicas institucionales comunitarias, los clivajes
de clase y las historias de vida que intervinieron en la incorporación de individuos,
familias y comunidades concretas a la movilización; la dinámica de los grupos camp-
esinos en la guerra civil propiamente y su papel en la gestión política y administrativa
de las “zonas liberadas”; los procesos de desplazamiento, refugio y repoblación de
pobladores rurales, entre otros (Arriola, 2019a; 2019b; Binford, 1997; 2001; Cabarrús,
1983; Cardenal, 1985; Chávez, 2017; Juárez Ávila, 2017; Lara Martínez, 2018; McEl-
hinny, 2006; Pearce, 1986; Wood, 2003). Sin embargo, el estudio de la protesta no
armada como variable independiente (esto es, como un objeto particular con dinámicas
propias) no ha sido abordado de manera sistemática, aunque importantes pero aislados
pincelazos aparecen en algunos de los trabajos a los que ya se ha hecho referencia.
En ese sentido, en este artículo se estudia la dinámica de las movilizaciones camp-
esinas en el período previo a la guerra civil (1981-1992), en el cual dominaron las formas
no armadas de contienda: los años de 1969 a 1977
1
. Para ello se pasa revista a algunos de
los más importantes hechos y episodios de protesta campesina, se analizan sus aspectos
más relevantes y se da cuenta del proceso de escalamiento de la actividad contenciosa
rural experimentada en estos años. Aunque se abordan algunos hechos de protestas que
no fueron dirigidos por la Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños (FECCAS)
o la Unión de Trabajadores del Campo (UTC), el análisis que se presenta a continuación
versa sobre la experiencia y el proceso de estas dos organizaciones que, si bien fueron
las más grandes agrupaciones rurales del período, no fueron las únicas.
En lo que sigue, el artículo se divide en seis partes. En la primera se señala
el alcance de este estudio, las fuentes de las que echa mano y el corte temporal con
el que trabaja; la segunda parte ofrece un breve contexto social y político en el cual
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estuvieron insertas las movilizaciones campesinas estudiadas; la tercera parte esboza
un modelo analítico multinivel de las mismas. En las tres últimas partes se analizan
las protestas campesinas como tal, las cuales se dividen en tres períodos diferen-
ciados según su temporalidad y modalidad de contienda preponderante.
FUENTES, CORTE TEMPORAL Y ALCANCE DEL ESTUDIO
Reconstruir la dinámica de las protestas campesinas ocurridas en El Salvador entre
1969 y 1977 resulta complicado. Y ello no solo porque la lógica armada de la contienda
(1981-1992) ha tendido a oscurecer parcialmente la riqueza de los previos procesos de
movilización no armados, sino también porque la mayor parte de las protestas rurales
del período no fueron registradas por la prensa local, ni siquiera por uno solo de los
diferentes medios escritos de circulación nacional del país. Y cuando eventualmente las
movilizaciones rurales sí tuvieron algún tipo de cobertura periodística, su exposición se
hizo de manera tergiversada y se presentaron los hechos de forma sesgada en favor de las
elites agrarias y los gobiernos de turno. Por ello, tal información apenas resulta de alguna
utilidad para nuestros propósitos. Con todo, en lo que sigue de este trabajo se retoman los
reportes de prensa sobre hechos contenciosos especícos, aunque sea solo para mostrar
las narrativas disímiles que los diversos actores en contienda promovieron en el período.
En ese sentido, el grueso del material empírico que se presenta en este trabajo
proviene de cuatro fuentes, en adición a los reportes de prensa a los que se ha hecho
referencia: a) estudios académicos previos que ofrecen pinceladas sobre las protestas
campesinas ocurridas entre 1969 y 1975 y las tomas de tierras de 1977; b) testimo-
nios de los protagonistas de dichas movilizaciones; c) boletines de las organizaciones
campesinas que condujeron estos procesos; y d) pronunciamientos y comunicados
de prensa de los protagonistas en disputa: los campesinos y las asociaciones empre-
sariales de ultraderecha, principalmente.
Esto conlleva necesariamente una limitación importante cuya superación
requiere de un proceso más sistemático de indignación histórica y, sobre todo, de
la combinación de métodos y técnicas propias de la antropología y la sociología
históricas con otras de la etnohistoria y la historia oral. En ese sentido, este artículo
no se propone agotar la complejidad del estudio de la dinámica de las movilizaciones
campesinas del período previo a la Guerra Civil Salvadoreña, sino solo ofrecer
algunas notas y material empírico en ese sentido. No obstante, sí pretende esbozar
un esquema analítico de la conguración de las protestas rurales ocurridas en el país
en los años indicados y su proceso de escalamiento, particularmente, a través de su
división en tres períodos diferenciados, en cada uno de los cuales dominó una forma
o modalidad especíca de contienda. En otras palabras, se trata de echar mano del
material disponible para trazar un esquema analítico de la protesta campesina.
Ahora bien, ¿por qué el corte temporal de 1969-1977? ¿no resultaría mejor
avanzar hasta 1979 o 1981, como se hace regularmente? O ¿por qué no abarcar
Francisco Joel Arriola Alarcón • El Salvador 1969-1977: aproximación a la dinámica de las movilizaciones campesinas 5
hasta 1992 o, incluso, 1994-1995, años todos en que los campesinos estuvieron
activos en procesos contenciosos y revolucionarios? Marc Bloch (2002) decía hace
más de medio siglo atrás:
El río de las épocas corre sin interrupción. Sin embargo, ahí también debe prac-
ticar algunos cortes nuestro análisis. Porque la naturaleza de nuestro entendi-
miento no nos permite captar ni el más continuo de los movimientos, si no lo
dividimos por señales. A lo largo del tiempo ¿cómo establecer las de la historia?
En cierto sentido siempre serán arbitrarias; no obstante, lo importante es que
coincidan con los principales puntos de inexión de cambio perpetuo (p. 165).
Y más adelante agregaba:
Mientras nos limitemos a estudiar cadenas de fenómenos emparentados en el
tiempo el problema resulta sencillo. A esos fenómenos hay que preguntar sus
propios períodos (…). La verdadera exactitud consiste en dejarse guiar, en cada
ocasión, por la naturaleza del fenómeno considerado (Bloch, 2002, p. 169-170).
Ralph Sprenkels divide en cuatro y seis períodos el proceso revolucionario
salvadoreño, según el objeto en estudio (Sprenkels, 2014; Sprenkels y Melara Minero,
2017). En ambos casos, se trata de una periodización fundamentada en la distinción de
los años previos a la Guerra Civil (1970 a 1979) de los años de la guerra civil propia-
mente dicha (1981-1992), mediando entre ambos la “escalada de violencia” o “esca-
lada represiva” del bienio de 1979-1980. En general, esta división es compartida por
la mayoría de estudiosos del proceso salvadoreño (Cf. Almeida, 2011; Cabarrús, 1983;
Pearce, 1986; Pirker, 2008, entre otros); y lo es con mucha razón. Sin embargo, para
el estudio de la dinámica de las movilizaciones campesinas no armadas resulta más
preciso tomar el período de 1969-1977. Por supuesto, el estudio de los años posteriores
no debe verse como un asunto aparte: el ciclo de la lucha política y revolucionaria de
los pobladores rurales salvadoreños del período abarca al menos un cuarto de siglo:
desde 1969 hasta 1994 o 1995, incluida la Guerra Civil Salvadoreña y las disputas por
la distribución de tierras posteriores a los Acuerdos de Paz de 1992.
Sin embargo, y siguiendo a Bloch en ese sentido, debido a que este trabajo
busca aproximarse al estudio de la dinámica de las movilizaciones campesinas no
armadas previas a la Guerra Civil Salvadoreña, y no al ciclo más largo de lucha
campesina al que se acaba de hacer referencia, el artículo se limita a examinar los
años considerados porque es en ellos que las acciones de contienda no armadas de los
pobladores rurales del país tuvieron lugar. Desde 1977 y en el cuatrienio subsigui-
ente, como se dice más adelante, las movilizaciones no armadas se hicieron inviables
en el escenario rural y, progresivamente, también en el urbano, esto debido a la creci-
ente y exponencial represión estatal y paraestatal. Las movilizaciones campesinas
cedieron cada vez más a formas armadas de contienda; los grupos, redes y opera-
ciones no armadas se confundieron progresivamente con la actividad subversiva de
las Organizaciones Político Militares (OPM). Las luchas no armadas se convirtieron
en guerra civil (Cf. Chávez, 2017; Pearce, 1986).
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LAS MOVILIZACIONES CAMPESINAS EN SU CONTEXTO
Las movilizaciones campesinas de las que trata este trabajo estuvieron insertas
en un ciclo más amplio de movilización popular, un ciclo revolucionario de enco-
nadas luchas sociales, políticas y militares (1970-1992) que cuestionaron de fondo
la dominación estatal y de clase de una alianza nunca acabada entre militares autori-
tarios y élites agrarias conservadoras (Baloyra-Herp, 1984; Gordon, 1989). En efecto,
durante toda la década de 1970 y en el marco de un Estado dirigido por militares que
se movió entre la apertura y la excusión política (Almeida, 2011), los sectores popu-
lares urbanos, los funcionarios y colaboradores progresistas de la iglesia católica,
los campesinos, estudiantes universitarios y de secundaria, intelectuales, profesores
y catedráticos universitarios, obreros industriales y empleados públicos, entre otros,
construyeron decenas de sindicatos, ligas, confederaciones y grupos, promovieron
espacios y redes de socialización política radicalizados y lanzaron, en un ciclo ascen-
dente que asustó a las élites dominantes, amplias jornadas de lucha popular y política
que, hacia nales de la década de 1970, pusieron entre las cuerdas la dominación
estatal (Almeida, 2011; Lungo, 1987; Pirker, 2008). Paralelo a este esfuerzo, aunque
con múltiples “vasos comunicantes” entre sí (Pirker, 2008), desde 1969 en adelante
empezaron a emerger diferentes grupos armados que a lo largo de la década sigui-
ente se convirtieron en verdaderas OPM capaces de desplegar acciones armadas en
diferentes partes del territorio nacional (Martín Álvarez, 2004).
Los grupos armados convertidos en OPM se unicaron en octubre de 1980 en
lo que fue el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el espacio
unitario desde el cual se dirigió la Guerra Civil Salvadoreña (1980-1992), última etapa
del ciclo revolucionario de 1970-1992. Nueve meses antes, el 11 de enero de 1980,
las organizaciones de obreros, campesinos, estudiantes y otros sectores populares,
previamente aglutinadas en frentes multisectoriales, se agruparon en la Coordinadora
Revolucionaria de Masas (CRM), el organismo de coordinación popular más grande
de la historia del país. Hacia nales de 1980, la CRM sirvió de base para la formación
del Frente Democrático Revolucionario (FDR), un aliado fundamental del FMLN que,
durante toda la guerra y cuando la movilización civil era virtualmente imposible entre
1981 y 1983, desempeñó tareas diplomáticas en docenas de países alrededor del mundo.
La dominación estatal y de clase cuestionada por este ciclo revolucionario,
como ya se mencionó, estuvo representada por la alianza entre militares de línea dura
y élites agrarias. La forma de Estado en que se organizó semejante alianza combinó
aspectos represivos, (particularmente en las zonas rurales, aunque también en los
espacios contenciosos urbanos) con exclusión política (principalmente a través de la
proscripción de los partidos opositores radicales), reforma económica desarrollista
(promoción de la diversicación agrícola, industrialización limitada, apuesta por la
construcción del Mercado Común Centroamericano) y promoción social (impulso
al cooperativismo y el sindicalismo controlado por el Estado, altas tasas de inver-
sión pública en infraestructura y desarrollo social, reconocimiento de los derechos
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sociales y económicos básicos). El peso de cada una de estas esferas en el seno de la
actividad estatal dependió no solo de la relación de fuerzas y del conicto al interior
de las élites militares y agrarias, sino también de la conictividad social y política en
general (Baloyra-Herp, 1984; Castellanos, 2001; Gordon, 1989).
El surgimiento de las organizaciones campesinas, quienes encabezaron la
mayor parte de las movilizaciones rurales que se estudian en el presente trabajo,
se constituyeron en este período de crecimiento de las organizaciones populares y
armadas al que se ha hecho referencia, y en el contexto de la dominación estatal del
tipo que se ha apuntado. FECCAS
2
, por ejemplo, surgió a mediados de la década
de 1960 en la zona norte de San Salvador y otros municipios aledaños a partir
de un esfuerzo de la iglesia católica y la democracia cristiana; posteriormente, la
dirección de la organización fue tomada por un grupo radicalizado de campesinos
en estrecha conexión con militantes clandestinos de una de las OPM surgidas en
el período: las Fuerzas Populares de Liberación (FPL). Comenzó así un proceso
de cambio programático, ideológico y de reestructuración territorial de FECCAS.
El trabajo de la organización campesina también se amplió geográcamente y se
logró ganar inuencia y reclutar militantes en diferentes comunidades más allá
de su localidad original: el municipio de Aguilares. En el camino (1974-1977),
FECCAS intercambió experiencias, participó de intensos debates ideológicos y
fue parte de varios esfuerzos multisectoriales, hasta que sus bases se fundieron casi
por completo con la FPL en el marco de la intensicación de la actividad armada
de 1977 en adelante.
A diferencia de FECCAS, UTC se fundó en 1974 en el municipio de Tecoluca,
San Vicente, desde donde se expandió hacia Chalatenango a mediados de la década.
Al igual que FECCAS, esta tuvo a su base, tanto en Tecoluca como en los diversos
municipios rurales de Chalatenango donde se extendió, el trabajo pastoral de la
parroquia local, con la diferencia de que en estos últimos lugares la iglesia apoyó
directamente el trabajo organizativo de los campesinos. Las FPL inuenciaron las
comunidades campesinas locales, al igual que en la zona central del país, a través de
estudiantes universitarios. Las FPL también reclutaron desde muy temprano (1974)
líderes campesinos, la mayoría de ellos católicos con antecedentes en el trabajo de
base de la iglesia, para su organización armada, a partir de los cuales inuenciaron el
trabajo cívico de la UTC. Los estudiantes de la UES fueron, igualmente, claves en la
difusión de la UTC en Chalatenango, quizás en igual medida que el trabajo pastoral
progresista que ahí se había difundido desde años atrás.
CAMPESINOS EN LUCHA: UNA LECTURA A TRES NIVELES
Desde un punto de vista macrohistórico, la irrupción de las movilizaciones
campesinas de las décadas de 1970 y 1980 fue posibilitada por dos grandes series
de procesos que moldearon el orden rural salvadoreño en la segunda mitad del
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siglo XX: por un lado, la diversicación agrícola y el crecimiento poblacional
experimentados en el país entre 1950 y 1975; y por el otro, la constitución de
un Estado reformista que se movió entre la apertura y exclusión política entre
1948 y 1977 (Arriola, 2019a). La diversicación agrícola y el crecimiento pobla-
cional modicaron la organización productiva y social de los espacios rurales de la
segunda mitad del siglo XX salvadoreño, e indujeron, en ese sentido, la aparición
de un campesinado liberado de todo tipo de relaciones verticales de solidaridad
(Browning, 1975; Montes, 1981); un campesinado potencialmente contencioso.
La constitución de un Estado reformista, por su lado, generó un doble proceso: la
exclusión política y una nunca acabada alianza de las élites militares en el gobierno
con la burguesía agroexportadora ayudó a instituir una creciente y amplia oposi-
ción democrática e izquierdista que, a la vez, aprovechó los cambiantes espacios de
apertura para desplegar su acción entre las comunidades rurales del país y alcanzar
gran inuencia entre estas (Almeida, 2011; Baloyra-Herp, 1984; Gordon, 1989).
Estos macroprocesos, sin embargo, solo explican la constitución del campe-
sinado como actor contestatario de un modo general, abstracto. Su formación espe-
cíca como gura radical, con gran arraigo de base y extensa e intensiva capacidad
de acción y despliegue de recursos contenciosos, con un discurso público marxista
ortodoxo y una inusitada amplitud de perspectiva nacional (Cabarrús, 1983; Pearce,
1986) respondió más bien a una serie de microprocesos vertebrados al curso de
una serie de acciones ingeniosas y creativas que cuatro tipos de actores básicos
desplegaron en diferentes partes del territorio nacional. Estos actores fueron: las
nacientes guerrillas (posteriormente verdaderas OPM), los sectores progresistas de
la iglesia católica salvadoreña, estudiantes universitarios radicalizados y el mismo
campesinado como tal (Arriola, 2019a; 2019b).
En un nivel intermedio, la trayectoria de las movilizaciones campesinas
(es decir, su itinerario de escalamiento y radicalización programática), aunque
vinculada a los macroprocesos señalados y al curso de acciones desplegados por
múltiples actores a nivel local, respondió también a procesos más coyunturales
relacionados con la dinámica política de corto plazo y las relaciones de fuerza
de los actores contendientes a escala nacional (Arriola, 2019a). En concreto, el
escalamiento y la radicalización política de las movilizaciones campesinas de
la década de 1970 se dieron bajo el fuerte inujo, entre otros, del crecimiento
acelerado de la capacidad organizativa del campesinado y de los sectores popu-
lares en general (Almeida, 2011; Cabarrús, 1983; Pearce, 1986); el crecimiento
orgánico y la acumulación de fuerzas de las OPM a las cuales aquellos estaban
vinculados (Martín Álvarez, 2004); y la escalada de violencia política y represión
estatal y paraestatal que ya venía exacerbándose desde nales de la década de 1960
pero que alcanzó niveles más altos tras el proyecto de Transformación Agraria
–y su fracaso– del gobierno del coronel Arturo Armado Molina (Arriola, 2019a;
Baloyra-Herp, 1984; Gordon, 1989).
Francisco Joel Arriola Alarcón • El Salvador 1969-1977: aproximación a la dinámica de las movilizaciones campesinas 9
1969-1975: PROTESTAS LOCALES Y REACTIVAS
Es abril de 1969. Una multitud de campesinos se reúne a las afueras de la
alcaldía municipal de Suchitoto, departamento de Cuscatlán
3
; al interior de las
instalaciones tiene lugar un juicio entre un terrateniente local y un grupo de camp-
esinos del cantón San Juan de aquella jurisdicción. La disputa: la ocupación, el uso
y la explotación agrícola de la tierra. El propietario de la hacienda local, Miguel
Ángel Quiñónez, ha resuelto expulsar de la que considera su propiedad a un grupo
de campesinos, probablemente, con el objetivo de sustituir el cultivo de granos
básicos y el pastoreo extensivo de ganado sustentado en formas no salariales de
trabajo por plantaciones capitalistas de caña de azúcar y algodón; los campesinos,
socorridos por el párroco local José Inocencio Alas, tratan de revertir el despojo
que el propietario de la hacienda ya ha concretado. Al nal de la jornada, el juez,
que ya había fallado en un litigio anterior en favor de Quiñónez, se decide ahora
a resolver en auxilio de los campesinos. Al salir del recinto municipal, la multitud
que espera a las afueras recibe con júbilo lo que consideran una victoria.
Es difícil saber si la resolución nal del juez se debió a la presión de los camp-
esinos que esperaban el resultado a las afueras del recinto o simplemente al hecho de
que, gracias al apoyo del párroco local, las familias desalojadas estuvieron, entonces,
en mejores condiciones para defender legalmente su causa. De cualquier manera, lo
importante del caso es que, después de varias décadas de relativa pasividad, aparece
aquí una acción contenciosa, una protesta local que se extenderá más tarde a lo largo
del país. No es la primera movilización rural después de décadas, pero junto a otros
hechos de similar alcance y sentido señala un punto de inexión importante: la domi-
nación abierta de las masas rurales comienza a fracturarse. Se trata, por supuesto, de
un conicto que apenas sobrepasa los marcos de la actividad política y reivindicativa
local, pero que tiene ya algunas repercusiones culturales: en efecto, ante el ataque
mediático desatado contra el párroco en la prensa local a raíz de su defensa de los
campesinos en el juicio señalado, los habitantes rurales de la zona organizaron una
manifestación local en los días subsiguientes, en un conflicto que se vio involucrado
el mismo arzobispo de San Salvador y las fuerzas de seguridad del Estado.
Hacia mediados de 1969, otro conicto se impone en la escena pública del
municipio de Suchitoto: un grupo de campesinos se ven amenazados por la venta de
tierras cuyo propietario está cerca de concretar en favor de Parcelaciones Rurales para
el Desarrollo. En el marco de la diversicación agrícola y la expansión de las planta-
ciones de caña de azúcar y algodón de los años sesenta y setenta del siglo pasado, el
nuevo propietario se dispone ahora al cultivo de las tierras recién adquiridas a través
de métodos salariales de trabajo, lo que supone necesariamente el más llano despojo
de las familias que hasta entonces habían vivido ahí bajo un arreglo de colonato. Los
campesinos organizan una concentración en las afueras de la propiedad y, poste-
riormente, una marcha en San Salvador; siempre con el apoyo del párroco local y,
en este caso, de FECCAS, por entonces una pequeña organización recién fundada.
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A la postre, la movilización arrojó resultados medianamente positivos, sobre todo
porque los dirigentes campesinos fueron estratégicos en sus alianzas con los sectores
urbanos y supieron ajustar las demandas rurales al contexto: en efecto, con el apoyo
de los diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y en el marco de la legis-
lación reformista del momento se aprobó un decreto que obligaba a Parcelaciones
Rurales para el Desarrollo a arrendar tierras a los antiguos colonos de La Asunción a
un precio relativamente módico,
4
un hecho bastante singular para el período.
Casi un lustro más tarde, un conicto similar irrumpió en el vecino municipio
de Aguilares, departamento de San Salvador ubicado a una veintena de kilómetros de
Suchitoto. El 25 de mayo de 1973, en efecto, el incumplimiento de las tasas salariales
pactadas entre unos jornaleros agrícolas y la patronal desató una huelga en el ingenio
La Cabaña. Dice Cabarrús (1983):
Cuando al nal de la zafra intentó el mandador pagar salarios inferiores a lo prome-
tido de palabra, las 56 cuadrillas se negaron a recibir el pago, mientras no se ajus-
tara a lo debido (…). Por ese motivo el 25 de mayo hubo un gran paro; los 1600
trabajadores se apoyaron. Como declaró un informante: “sin ninguna claridad
política decidimos que no nos dejábamos joder más y denunciamos las injusti-
cias”. Ante la actitud resuelta de los trabajadores, el Ministerio de Trabajo envió a
un inspector, quien sostuvo a la empresa. Llegó después la Guardia [Nacional], la
cual presionó a algunos trabajadores a recibir su pago, ya un poco aumentado, pero
todavía no cabal. [Ante] la nueva negativa de los obreros [se reere a jornaleros
agrícolas], la empresa se vio obligada a pagar el salario completo con la euforia
de los trabajadores agrícolas. Se maravillaban de haber realizado sin preparación
y casi espontáneamente el paro. No había todavía dirigencia alguna. La conse-
cuencia práctica laboral fue que tanto en el ingenio La Cabaña, como en el de San
Francisco y en otros vecinos se colocara desde entonces a mandadores y capataces
para apartar a los huelguistas, impidiéndoles así el trabajo en la zafra (p. 135).
Similares protestas aparecieron durante el mismo período y de forma recu-
rrente en otros departamentos del país (Binford, 1997; 2016; McElhinny, 2006;
Wood, 2003). Al mismo tiempo, en San Vicente surgió un nuevo tipo de conicto que
puso en cuestión la autoridad eclesiástica local representada por el obispo Arnoldo
Aparicio. Dice McElhinny (2006):
En 1973, el presidente Molina anunció que visitaría Tecoluca (…) y solicitó a
los líderes de la iglesia estar presentes para dar las palabras de bienvenida en la
ceremonia. David Rodríguez discutió la invitación con los catequistas y dentro
de muchas comunidades locales. Enojados con el fraude electoral de 1972, la
mayoría decidió que Rodríguez no apoyaría la visita mediante su presencia
en el evento. El obispo [de San Vicente] Aparicio reaccionó trasladando a
Rodríguez a la parroquia de Olocuilta, a unos 30 kilómetros al oeste de Teco-
luca. Después de reexionar detenidamente, la parroquia de Tecoluca decidió
protestar contra la decisión del obispo y unos 10mil feligreses marcharon a la
Catedral en San Vicente –la primera manifestación abierta de este tipo en la
región. Una segunda marcha más grande ocupó la catedral de San Vicente y
confrontó al obispo. Finalmente, Rodríguez llegó a un acuerdo informal con
su reemplazo, Rafael Barahona, para permanecer en la parroquia, dividirla a la
mitad y compartir los deberes pastorales (p. 184).
Francisco Joel Arriola Alarcón • El Salvador 1969-1977: aproximación a la dinámica de las movilizaciones campesinas 11
Analíticamente, las protestas campesinas de este período que se acaban de
revisar respondieron todas a situaciones especícas e inmediatas: el desalojo de
campesinos en Suchitoto, el incumplimiento de contratos salariales en Aguilares
y la remoción del cargo eclesial de un líder religioso en Tecoluca. Asimismo, las
protestas interactuaron de diferente forma con actores también locales: el párroco
local, el juzgado municipal, los diputados opositores y los terratenientes de la zona
en el caso de Suchitoto, los mandadores del ingenio en el caso de Aguilares y el
obispo regional en el caso de Tecoluca.
Los campesinos que se movilizaron gozaron de diferentes niveles de organi-
zación: en los tres casos brevemente reseñados hubo, desde muy temprano, trabajo
eclesial de base popular (y, por tanto, existieron ahí redes religiosas locales vinculadas
al trabajo pastoral de los párrocos y funcionarios religiosos vinculados a la “iglesia de
los pobres”), pero solo en uno de ellos se vio involucrada una organización propia-
mente campesina: FECCAS. En todo caso, las tres fueron formas estrictamente locales
de protesta en la medida en que, por un lado, exigieron el cumplimiento de demandas
a problemas particulares bien localizados y, por el otro, tuvieron escasa o nula enver-
gadura en la vida política nacional. Asimismo, todas aquellas movilizaciones fueron
de carácter reactivo: es decir, se trató de acciones colectivas que buscaron evitar la
concreción de medidas regresivas que, según se percibía, atentaban contra los inte-
reses, deseos y/o aspiraciones de un grupo de campesinos en particular.
1975-1976: MOVILIZACIONES TRANSLOCALES,
NACIONALES Y PROACTIVAS
La situación comenzó a cambiar hacia el año de 1976, después de que FECCAS
y UTC se asociaran en la Federación de Trabajadores del Campo (FTC) y partici-
paran de la fundación del Bloque Popular Revolucionario (BPR) en 1975. En efecto,
en este corto bienio de 1976-1977, a la vez que se expandieron las protestas locales y
reactivas del tipo que se ha reseñado arriba
5
, comenzaron a aparecer movilizaciones
translocales y nacionales de corte proactivo. La jornada de protestas ocurridas entre
septiembre y diciembre de 1976 es, sin duda, la evidencia más clara de este cambio
en las modalidades del conicto.
El 10 de septiembre de 1976 una manifestación de campesinos de UTC y
estudiantes del Movimiento Estudiantil Revolucionario de Secundaria (MERS),
“cumplieron en Usulután el encargo del BPR de desenmascarar, en la zona esco-
gida por el gobierno para su reforma, el proyecto de la ‘cacareada reforma agraria’
y la independencia, cticia en cierto sentido” (Cabarrús, 1983, p. 240). Se trató de
una demostración con nes evidentemente político-ideológicos: “desenmascarar” el
proyecto reformista del gobierno y combatir el discurso “patriótico” de la indepen-
dencia enarbolado cada 15 de septiembre. Dos días más tarde, una movilización con las
mismas características se organizó en el municipio de Aguilares “para desenmascarar,
Diálogos Revista Electrónica de Historia, 22(2): 1-26. Julio-diciembre, 2021. ISSN: 1409-469X · San José, Costa Rica12
asimismo, la independencia cticia” (Cabarrús, 1983, p. 241). En Aguilares los
eventos se desarrollaron con relativa calma, pero en Usulután una mujer campesina
resultó asesinada a manos de los aparatos de seguridad del Estado (Cf. FTC, 1977).
Al siguiente mes, el BPR organizó una protesta en esa misma zona con el “objetivo
de repudiar y condenar el cobarde asesinato de la compañera ANGELA MONTANO,
el pasado 10 de septiembre, por las balas asesinas de los esbirros de la Tiranía Militar
Fascistoide” (FTC, 1977, p. 6).
El 28 de octubre del mismo año ocurrieron otros hechos de protestas con
amplias repercusiones nacionales. En efecto, después de una manifestación en las
calles de San Salvador, FECCAS y UTC presentaron un pliego de demandas al parla-
mento en el que exigieron modicaciones a la legislación laboral que precisaban
concretarse previo al inicio de la temporada de cosechas de 1976-1977 que estaba
entonces por iniciar. Los campesinos demandaron un incremento al salario mínimo
rural, “mejor alimentación y eliminar el sistema de agregados en los centros de
trabajo” (FTC, 1977, p. 6). Respecto a esta petición, dice un comunicado publicado
por FECCAS y UTC en la prensa del período:
Entre las principales exigencias están las siguientes) 9 colones de salario
mínimo general para los cortes de café, algodón y caña; 2) Apunte general para
todos los trabajadores, sin distinción de edad ni sexo, eliminando el sistema de
agregado; 3) Mejor alimentación: 3 colones diarios [dedicados por el patrón a
ese rubro]” (UTC y FECCAS, 1976).
Los diputados se comprometieron a responder al petitorio en 15 días, pero una
vez pasado el tiempo los campesinos se pronunciaron en los siguientes términos:
Las dos veces que nos hicimos presentes a la Asamblea Legislativa, la respuesta
de estos eles sirviente[s] de la Burguesía Criolla y el Imperialismo Yanqui, fue
el no presentarse al salón de reuniones, para no darnos contestación (sic). Pero
al darnos cuenta [de] que no estaban los diputados se hicieron mítines alrededor
de la Asamblea Legislativa en donde se quedó (sic) bien claro quiénes son estos
sirvientes de los oligarcas (FTC, 1977, p. 7).
FECCAS y UTC empezaron, entonces, una intensa campaña de denuncia en la
prensa, en la cual se publicaron campos pagados que exigían la respuesta del parlamento
ante las demandas realizadas en octubre. Los diputados guardaron silencio mientras el
tiempo de la cosecha para la cual los campesinos habían demandado mejoras se acer-
caba. La FTC organizó entonces una jornada de protestas en cuatro puntos distintos del
país para el 14 de noviembre. En los municipios de Zacatecoluca (departamento de La
Paz) y Cancasque (departamento de Chalatenango) las movilizaciones se realizaron sin
mayor repercusión, pero en Ilobasco (departamento de Cabañas) y especialmente en
Quezaltepeque (departamento de La Libertad) la protesta derivó en hechos violentos
(Cf. Cabarrús, 1983, Cardenal, 1985; Pearce, 1986).
En efecto, según un reporte de la FTC (1976), en Quezaltepeque se movili-
zaron alrededor de 2,500 personas, entre campesinos organizados, muchos de ellos
de la zona de Aguilares (Cabarrús, 1983), y población no organizada. Se dice que
Francisco Joel Arriola Alarcón • El Salvador 1969-1977: aproximación a la dinámica de las movilizaciones campesinas 13
Cuando iba a comenzar el mitin (…) dos compañeros se separaron un poco de la
masa para tomar agua. Los POLICIAS MUNICIPALES, que estaban al acecho
como perros rabiosos, se lanzaron sobre los compañeros para capturarlos, pero
solo lograron detener a uno que fue conducido a la cárcel de la ALCALDÍA. Este
hecho fue denunciado en el mitin y provocó la indignación de toda la masa, pues
ya tenemos experiencia de lo que hace el enemigo con los compañeros captu-
rados: torturarlos, humillarlos, asesinaros. (FTC, 1976, p. 4).
Ante estos hechos, “tanto de la masa como de la dirección surgió una sola
decisión: NO DEJAREMOS AL COMPAÑERO EN LAS GARRAS CRIMI-
NALES DE LOS CUERPOS REPRESIVOS” (FTC, 1976, p. 4). La dirección
nombró entonces una comisión –dos campesinos de FTC, dos maestros de ANDES
21 de Junio y dos estudiantes– encargada de gestionar la liberación del recién apre-
sado. La respuesta de las autoridades fue contundente: no solo se negó la solicitud
de la comisión, sino que, según cuenta la FTC (1976):
La respuesta del inspector fue desenfundar su pistola y atacar a balazos a los
miembros de la comisión (…). Al mismo tiempo, otros Policías Municipales
también abrieron fuego desde el interior de la Alcaldía, utilizando armas calibre
38 y 45 y disparando directamente contra los manifestantes. Al sonar los prim-
eros disparos, la manifestación se dispersó (…) pero un grupo de hombres,
de heroicas mujeres y aún de valientes niños, se quedó cerca y armándose
de palos y piedras comenzó a defenderse. Poco a poco el grueso de la mani-
festación volvió a encontrarse. Los policías seguían disparando sin descanso.
Pero cuando cayeron los primeros compañeros heridos, las balas no pudieron
detener ya a la masa (…). Anta esta combatividad y decisión inquebrantable,
tanto Policías Municipales como Guardias Nacionales (…), abandonaron la
alcaldía, pasándose al centro penal (p. 4-5).
Después de tales hechos, las orientaciones políticas dadas por las direcciones de
FECCAS y UTC fueron realmente mesuradas debido a su estrategia política, la cual
concebía la lucha por el socialismo como un arduo y prolongado trabajo de acumu-
lación progresiva de fuerzas; similar por lo demás a la estrategia de Guerra Popular
Prolongada de su par armado: las FPL. Con aquellas orientaciones, además, FECCAS
y UTC también buscaban evitar estallidos espontáneos que dieran a las fuerzas reac-
cionarias y al Estado la posibilidad de justicar una masacre al estilo de 1932. “La
correlación de fuerzas sigue favoreciendo al enemigo, aunque su moral esté cada día
más baja” (FTC, 1976, p. 7), se leía en la primera de una serie de “conclusiones obje-
tivas”, “lecciones” (FTC, 1976, p. 7) que las organizaciones campesinas sacaron de los
eventos de Quezaltepeque e Ilobasco. Decía en ese sentido la FTC (1976):
A pesar de que nuestras organizaciones han crecido constantemente y van
dando pasos hacia su consolidación, siguen siendo organizaciones pequeñas
y tiernas (…). Las dos acciones [se reere a los hechos de Quezaltepeque e
Ilobasco] fueron ESPONTÁNEAS (…). En ninguno de los dos casos se
hizo una evaluación seria de las consecuencias. Esto pudo haber sido fatal
para nosotros
6
(…). Tenemos que poner en práctica, con espíritu revolucio-
nario, todas las MEDIDAS y NORMAS DE SEGURIDAD, tanto a nivel
de bases y organismos, como en nuestras actividades y organizaciones (…).
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Debemos cuidarnos de PROVOCACIONES para no hacerle el juego al enemigo.
Recordemos que el enemigo quiere que nos enfrentemos con él, pero cuando el
ponga las condiciones, el lugar, la fecha, porque todo le favorece (p. 7-8).
En todo caso, las jornadas translocales de protestas del 14 de noviembre no
dieron resultados favorables: los diputados continuaron sin resolver las demandas que
los campesinos habían presentado al parlamento en octubre. El BPR convocó entonces
a una multitudinaria manifestación en la capital del país para el día 27 de noviembre.
En las calles de San Salvador deslaron alrededor de 10mil campesinos, maestros, estu-
diantes y pobladores de barrios marginales, los cuales exigieron el cumplimiento a las
reivindicaciones de FECCAS y UTC y protestaron, además, contra la reciente interven-
ción y cierre de la Universidad de El Salvador (UES) por el gobierno del coronel Arturo
Armando Molina. Sin embargo, la movilización no dio los frutos inmediatos esperados.
En este ambiente ya caldeado por la combatividad y la tensión política en notable
crecimiento ocurrieron los eventos de diciembre de 1976, en los que resultó muerto
Eduardo Orellana, un terrateniente adscrito a las corrientes reaccionarias de la derecha
oligárquica (Cardenal, 1985). En efecto, el 5 de diciembre de ese año, mientras una esta
religiosa se desarrollaba en el vecino municipio de Aguilares, unos 250 campesinos de
FECCAS se concentraron a las afueras de la hacienda de la familia Orellana, ubicada en
la zona norte del departamento de Cuscatlán. Según reportó posteriormente la prensa,
los manifestantes exigían “vivienda, tierras propias, agua, luz eléctrica y otras cosas”
(Manifestantes asesinan a dueño de la hacienda Colima, 1976, p. 79) para los colonos
que serían despojados de sus tierras tras la inundación de la zona por un proyecto de
represa impulsado por el gobierno de Armando Molina. No obstante, los hechos fueron
confusos; la prensa declaró que “el agricultor don Eduardo Orellana (…) fue asesinado
de un balazo en la hacienda Colima (…) cuando intentó dialogar con un grupo de mani-
festantes” (Manifestantes asesinan a dueño de la hacienda Colima, 1976, p. 79).
Se informó que para atender a los manifestantes salió don Eduardo Orellana
Valdés, a eso de las 3 de la tarde, y uno de los que gritaban sacó un revolver
y le disparó asestandole un balazo en el estomago. Agregan los informes que
el señor Orellana Valdés al verse herido se introdujo a la casa de la hacienda
(…). A los pocos minutos se le vio tan delicado que sus familiares optaron por
trasladarlo urgentemente a esta capital (…) pero falleció a la altura de Guazapa
(Identican al que mató al señor Orellana Valdés en Colima ayer, 1976, p. 9).
Al día siguiente, siguen los reportes de la prensa, el Juez Primero de Paz
de Suchitoto reconstruyó los hechos ocurridos en la hacienda Colima y concluó, a
través de las declaraciones de una serie de testigos cuya procedencia no se aclara
al parecer, se trató de otros trabajadores de la hacienda de la familia Orellana que
sirvieron entonces como testigos, que la responsabilidad directa del asesinato de
Orellana recaía sobre un campesino de FECCAS y, la responsabilidad indirecta,
sobre otros dos dirigentes de la manifestación. El juzgado, la scalía y los aparatos
de seguridad del Estado, en contuvernio con la prensa, montaron entonces un escan-
daloso operativo para, supuestamente, dar con el paradero de los acusados.
7
Francisco Joel Arriola Alarcón • El Salvador 1969-1977: aproximación a la dinámica de las movilizaciones campesinas 15
Por otro lado, la versión de FECCAS y UTC es totalmente distinta. Se dice,
en los archivos de estas organizaciones, que una comisión formada por los manifes-
tantes ingresó a las instalaciones de la hacienda pidiendo hablar con los propietarios
y buscando establecer un acuerdo compensatorio que permitiera a los colonos su
reubicación en otras zonas (Cardenal, 1985; FTC 1977). Como la respuesta de los
administradores de la hacienda fue desfavorable –se negó la presencia en la misma
de los Orellana–, “la comisión [negociadora] se dirigió a los campesinos congre-
gados [a las afueras de la propiedad] para informarles del fracaso de su gestión y dar
la orden de retirarse” (Cardenal, 1985, p. 538). Los hechos violentos ocurrieron en
ese preciso momento, cuando la comisión se reincorporaba a la multitud.
En la hacienda Colina en el Dpto. de Cuscatlán el explotador FRANCISCO
ORELLANA ASESINÓ A SU HERMANO mientras disparaba en contra
de cientos de compañeros nuestros que se manifestaba en la hacienda para
exigirle que los reubicara (…). Ahora el asesino Orellana quiere culpar a 3
compañeros nuestros, los cuales son completamente inocentes (FTC, 1976, p.
2 mayúsculas en el original).
En otro reporte, la FTC (1977, p. 5) señala que después de que “se nos negó
el acceso al explotador [se reere a Orellana] (…) salieron los explotadores, con
pistolas en mano, disparando sobre todos los compañeros, acuerpados por 4 policías
de Hacienda que también disparaban”. Y continúa:
La desesperación, el nerviosismo que marcaba el estado de ánimo de los
explotadores Orellana Valdéz (sic), los llevó a disparar alocadamente y una
de las balas hizo blanco en el estómago de uno de ellos causándole la muerte
más tarde. De esta manera fue que FRANCISCO ORELLANA asesinó a su
hermano EDUARDO ORELLANA VALDÉZ; mientras que los compañeros
permanecían en una forma pacíca (FTC, 1976, p. 5).
El hecho conmocionó al grueso del empresariado salvadoreño: los días 6 y
7 de diciembre aparecieron innumerables condolencias publicadas en los princi-
pales rotativos del país; el 8 del mismo mes un comunicado rmado por Orellana
Valdés Hermanos (1976) declaraba como “responsables de tan lamentable tragedia
de la Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños (FECCAS), a la Unión de
Trabajadores del Campo (UTC) y a los curas tercermundistas de las poblaciones
circunvecinas”, a la vez que pidió al:
Supremo gobierno que nos haga justicia, que aplique el rigor de la ley a los
culpables de tan vil asesinato de nuestro querido Eduardo Orellana Valdés y
que pare de una vez por todas a los agitadores de las mal llamadas Federaciones
Cristianas, la UTC y los curas comunistas, que si siguen con sus campañas de
falsedades llenarán de luto y violencia nuestra Patria (Orellana Valdés, 1976).
En la misma línea, entre el 8 y el 9 de diciembre, los gremios empresariales
publicaron en la prensa furibundos pronunciamientos donde se imputaba a las
“hordas de FECCAS y UTC”, en connivencia con los “sacerdotes tercermundistas”,
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de ser los responsables del asesinato de Orellana. La Asociación Agropecuaria
Salvadoreña (ASA) dijo estar “profundamente conmovida y consternada por el vil
asesinato del agricultor don Eduardo Orellana” (ASA, 1976), al tiempo que recordó
que “hace cinco meses, [ASA] denunció públicamente está situación, pidiéndole al
gobierno que pusiera coto a las actividades subversivas de los curas comunistas,
protegidos por sus altos jerarcas, para evitar tragedias como la que ahora sufre la
familia Orellana Valdés” (ASA, 1976). “Qué hizo el Gobierno” (ASA, 1976), se
cuestionaba el gremio, y concluía con un nuevo llamado para que “el Gobierno haga
respetar las leyes, poniendo un ALTO DEFINITIVO a las provocaciones de los
curas comunistas, cuyo propósito político es desatar en nuestra Patria un alzamiento
campesino como el de 1932” (ASA, 1976).
El mismo día, el Frente Femenino Salvadoreño arremetió contra FECCAS y
UTC, a quienes acusó no solo del asesinato de Orellana, sino también de “sembrar la
cizaña entre los trabajadores del campo (…) indisponiéndolos y lanzándolos contras
sus patrones en una abierta provocación, con el propósito evidente de desencadenar
(…) una guerra fratricida” (Frente Femenino Salvadoreño, 1976); llamó a las organi-
zaciones campesinas, así mismo, “grupos de clara tendencia subversiva [que] claman
abiertamente y en vos a cuello el implantamiento (sic) de un sistema socialista”
(Frente Femenino Salvadoreño, 1976). En adición, también ensalzó las supuestas
virtudes del terrateniente Eduardo Orellana, de quien dijo que era un “hombre con
corazón de oro, que comprendía y ayudaba a los colonos y demás trabajadores del
campo” (Frente Femenino Salvadoreño, 1976).
El Frente Femenino Salvadoreño también criticó lo que consideraba la “censu-
rable pasividad de las Autoridades encargadas de velar por el orden y la tranquilidad
en el país y de lo cual puede responsabilizarse ya al gobierno de la república” (Frente
Femenino Salvadoreño, 1976), a la vez que aseguró que, ante los hechos ocurridos
en la hacienda Colima el 5 de diciembre, “cabe grave responsabilidad al Ministro del
Interior y a la alta Jerarquía Eclesiástica al permitir, sin tratar de impedirlo, hechos
sangrientos” (Frente Femenino Salvadoreño, 1976), como el denunciado.
La ANEP (1976), por otro lado, dijo compartir:
La indignación y el estupor que ha causado (…) el reciente asalto a la Hacienda
Colima por las hordas de la Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños –
FECCAS– y la Unión nacional de Trabajadores del Campo –UTC”, llamando en
ese sentido a “tomar una actitud enérgica en contra de QUIENES INSTITGAN,
ORGANIZAN Y EJECUTAN DICHOS ACTOS VANDALICOS”.
Por último, FARO recordó el análisis de la situación sociopolítica que su Consejo
Coordinador Nacional había hecho hacia nales del mes anterior, en el cual aseguraban
que las fuerzas opositoras de la izquierda, “los comunistas”, tenían en marcha una
“astuta estrategia global, criminal planicada (sic) por en operaciones de estado mayor,
cuyo n último y principal es la conquista del poder total” (FARO, 1976). Y en seguida,
pasó a enumerar los hechos disruptivos y violentos de las semanas previas (incluidos
los eventos en Quezaltepeque y la muerte de Orellana aquí reseñados), al tiempo que
Francisco Joel Arriola Alarcón • El Salvador 1969-1977: aproximación a la dinámica de las movilizaciones campesinas 17
acusó a FECCAS y UTC de la muerte de “un apreciable miembro de FARO, don
Eduardo Orellana” (FARO, 1976). Así mismo, señalaba FARO:
No son esos directivos, lideres o cabecillas los únicos responsables de los
crímenes mencionados; tanta o mayor responsabilidad tienen quienes los
incitan, dirigen o apoyan, y entre estos sobresalen: los curas párrocos de
Quezaltepeque, Juan Roberto Trejo; de Aguilares Rutilio Grande; de Teco-
luca, David Rodríguez y los párrocos de Opico, Ilobasco, Suchitoto, Jiqui-
lisco, San Vicente, etc. (1976).
En ese sentido, FARO exigió “a la alta jerarquía de la Iglesia Católica que
cumpla y haga cumplir a sus sacerdotes los preceptos constitucionales” (FARO,
1976), al tiempo que declaró “enfáticamente que el Gobierno de la República y las
Fuerzas Armadas tienen la obligación inexcusable e imperiosa de actuar enérgica-
mente para cumplir con sus obligaciones constitucionales de proteger la vida y la
propiedad de los particulares amenazados” (FARO, 1976).
Para responder al ataque de los gremios empresariales, el Arzobispado de
San Salvador publicó un elocuente pronunciamiento el 11 de diciembre en el cual
lamentó la muerte de Orellana “como lamentamos la muerte violenta e injusta de
cualquier persona humana” (Arzobispado de San Salvador, 1976), a la vez que
rechazó las “declaraciones falsas y calumniosas” de los grupos reaccionarios y llamó
a las autoridades competentes a indagar “adecuadamente, con toda imparcialidad”
(Arzobispado de San Salvador, 1976) el caso. Asimismo, el arzobispado señaló a la
ubicua injusticia existente en el campo salvadoreño como la causa de la agitación
social en el país. El mismo día, no obstante, el gobierno de Molina dio muestras de
responder positivamente a las presiones de las élites agroexportadoras: tropas del
ejército bien pertrechadas invadieron el pequeño poblado El Paisnal, al norte de San
Salvador, al tiempo que se iniciaba una larga persecución contra la iglesia y se recru-
decía la represión contra el movimiento campesino y popular en general.
Como puede apreciarse, para el bienio de 1975-1976 las movilizaciones
campesinas tomaron características un tanto distintas a las de período previo. En
primer lugar, están motivadas en lo inmediato por demandas que rebasan, indudable-
mente, el marco de la comunidad local y los problemas especícos de grupos parti-
culares de campesinos. Las protestas más importantes de este período exigen regu-
laciones y mejoras en las condiciones laborales para todo el campesinado del país,
por lo que son demandas proactivas. Por eso mismo, los campesinos interactúan y se
enfrentan aquí con actores nacionales (el Estado, las élites agrarias, el arzobispado de
San Salvador), ponen en juego coyunturas y episodios de confrontación de la misma
envergadura (jornadas de amplias movilizaciones en septiembre y octubre de 1976)
y tienen como escenario geográco de desarrollo los espacios translocales y nacio-
nales. Los niveles de organizaciones alcanzados por los campesinos son también ya
diferentes en el bienio de 1975-1976: las más importantes movilizaciones de este
período, a diferencia del anterior, son organizadas y conducidas por dos grandes y
bien estructuradas organizaciones rurales: FECCAS y UTC.
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1977: CON O SIN (Y CONTRA) EL ESTADO
La negativa del parlamento para responder positivamente ante las demandas
de los campesinos, sumado al ambiente cada vez más amenazante instalado tras las
protestas de noviembre y diciembre de 1976 y la forma en que el gobierno de Molina
y las élites agroexportadoras respondieron ante estas, favorecieron un nuevo cambio
en las modalidades la contienda campesina; a la vez que se mantenían, parcial-
mente, las acciones reivindicativas (proactivas y reactivas; locales, translocales y
nacionales), los campesinos buscaron la solución de sus demandas antes dirigidas al
Estado a través de acciones que implicaron el ejercicio de la autoridad y el poder de
la organización campesina por fuera, y de hecho, en contra de los dictados del poder
público y la política de las élites agroexportadoras. El repertorio que expresó este
cambió fue, sin duda, la toma de tierras ocurridas durante todo el año de 1977.
Termina el año de 1976. De la misma forma que demandaron aumentos sala-
riales y mejores condiciones laborales en las plantaciones de café, algodón y caña
de azúcar y amparados en la Ley de Arrendamiento de Tierras, FECCAS y UTC
exigieron al Ministerio de Agricultura que pusiera un paro a la negativa creciente
de los terratenientes a rentar una porción de tierra a los campesinos, agregando
que aquella renta debía ser a precios asequibles. Los campesinos esperaban que el
gobierno respondiera positivamente a sus demandas, por lo menos parcialmente,
para nales de ese año o a principios del siguiente, de cara a la temporada de
cultivo de granos básicos que se iniciaba regularmente en abril. Sin embargo,
como ni el ministro de agricultura ni otra autoridad competente se pronunciaron
sobre las demandas de los campesinos (y probablemente teniendo como antece-
dente las peticiones irresueltas de octubre de 1976 señaladas arriba), las organi-
zaciones campesinas prepararon entonces una serie de tomas de tierras coordi-
nadas, al principio pacícas, en distintos puntos del país para el 5 de abril de 1977
(Cf. Cabarrús, 1983; Pearce, 1986). La decisión, al parecer, llegó desde arriba,
desde la dirección de la FTC. Dice un campesino de cabañas al respecto:
La dirección de FECCAS mandó una circular que distribuimos en las bases de
Cinquera, Jutiapa, Azacualpa y Tejutepeque. En la circular FECCAS llamaba a
realizar unas cuantas tomas de tierras, programadas para la media noche del 5
de abril de 1977. Las tomas tenían que ser sincronizadas, y debíamos entrar por
diferentes rumbos para no ser detectados. Esas tomas eran las primeras acciones
fuertes, por lo que le llamamos el primer “bombazo”. Nosotros sentíamos que
la vida se nos retorcía, sobre todo al pensar que teníamos que ir de frente dando
la cara; ese temor nos empujaba a muchas dudas y hasta nos daban ganas de
arrepentirnos, pero cuando vimos que la gente de las bases respondieron (sic),
se nos fue quitando la timidez y fuimos recuperando el espíritu, de manera que
comenzamos a levantar la cabeza (Alvarenga, 2008, p. 139).
Se organizaron, de ese modo, tomas de tierras en varias ncas y plantaciones
agrícolas de los municipios de El Paisnal (departamento de San Salvador), Tecoluca
(departamento de San Vicente), Zacatecoluca (departamento de La Paz), Tejutepeque,
Francisco Joel Arriola Alarcón • El Salvador 1969-1977: aproximación a la dinámica de las movilizaciones campesinas 19
Jutiapa, Cinquera (departamento de Cabañas), Azacuapa y otros puntos del oriente
del departamento de Chalatenango (Cf. Alvarenga, 2008; Cabarrús, 1983, Pearce,
1986). Para cuando las tomas de tierras comenzaron, los campesinos habían orga-
nizado, recientemente, comités de autodefensa (aunque estos no eran para entonces
más que pequeñas células –o a veces incluso un solo delegado– responsables de la
seguridad del grupo), que no dudaron en utilizar en las tomas. Un campesino de
Cabañas a cargo de la toma que tuvo lugar en el municipio de Cinquera cuenta como
esta se organizó en su localidad:
[El] 5 de abril [día de la toma], como que los de ORDEN
8
olfatearon lo que
estaba pasando, porque al ser más de quinientos los que íbamos a participar de
Cinquera, comenzamos a realizar movimientos anormales, ya que estábamos
preparando los peroles para cocer maíz, comprando azúcar, frijoles, cal,
sal, arroz y todo lo que nos pudiera servir para vivir en esas tierras que nos
íbamos a tomar (…). Todos salimos a las 7.30 p.m. de las casas y por difer-
entes rumbos (…) cuando ya eran las 12.00 de la noche (…) nos dieron la
orden de entrar a las tierras. Todos entramos. La hacienda estaba cultivada
de plantillas de caña, pero los coordinadores de la toma dieron la orden de
arrancarlas (…) Uno de los que más animaba las actividades de esa toma era
un compañero universitario que le llamábamos “Chile Verde” (…) Nos infor-
maron que el patrón tenía 10 agentes de la guardia y muy armados, cosa que
nos dio cierto temorcito y algunos hasta queríamos chiviarnos [retirarse de la
toma], pero “Chile Verde” agarró una barita y se puso a hacer una línea recta
en medio del terreno y dijo: “Nadie se va de aquí, los compañeros que tengan
huevos revolucionarios, que den un paso al otro lado de la raya”. La decisión
era maldita, pero el primero que dio un paso y cruzó la raya, fue un viejito
de 70 años y sus hijos. Ese fue un reto bien jodido, porque ¿Quién diablos se
iba a quedar atrás cuando el viejito ya había dado un paso adelante? Todos,
o algunos, estábamos temblando, pero ahí estábamos. “Chile Verde” y otros
compañeros nos orientaron para que fuéramos a cortar varas de bambú y
ramas para hacer las ramadas. Así es como caímos en la cuenta de que la toma
no era para un ratito, sino para más tiempo del que pensábamos (Alvarenga,
2008, p. 139-140).
La respuesta del gobierno ante las tomas de tierra fue diferente de un lugar
a otro, a pesar de que, a la larga, todas cayeron en manos de la fuerza pública
del Estado. En efecto, en algunos puntos, particularmente en los municipios de
Cabañas, las tomas persistieron durante todo el año sin una intervención militar
decidida, pero en otros los aparatos de seguridad del Estado, incluida la fuerza
armada, irrumpieron violentamente y desalojaron a los campesinos movilizados.
El caso de El Paisnal y los eventos colaterales ocurridos en el vecino municipio
de Aguilares son el ejemplo más brutal en ese sentido. En todo caso, ahí donde las
tomas persistieron, los campesinos lograron, aunque sea parcialmente, la satis-
facción de sus demandas originales: acceso a la tierra para el cultivo de granos
básicos, yendo incluso más allá al constituir incipientes espacios autónomos de
sociabilidad política en los márgenes de la ley y del Estado.
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Durante ese año [1977] que nos mantuvimos en esas tierras tomadas –dice un
campesino de la zona–, sembramos maíz, frijoles y todo tipo de hortalizas, y hasta
llegamos a tener talleres de formación. En esa toma también tenían talleres los
sindicatos, los estudiantes de la Universidad, de secundaria, los maestros y los
religiosos. Era una experiencia educativa en todos los sentidos. Tan importante fue
nuestra actividad en esas tomas, que hasta llegaba gente de otros países a querer
conocer la experiencia. Pero el gobierno y los militares siempre nos asediaban
y hasta mandaban avionetas que volaban sobre nosotros, tirándonos panetos y
propaganda para hacernos guerra psicológica y que nos diera miedo para que nos
fuéramos (…). Al nal de ese año de habernos tomado la tierra, en 1978, cuando
ya casi todo se había calmado, comenzó a escucharse el rumor de que los cuerpos
represivos nos iban a invadir (…) La toma terminó, pero nosotros seguimos traba-
jando para reivindicar nuestros derechos. (Alvarenga, 2008, p. 140).
En Chalatenango las tomas subsistieron hasta nales de agosto, después de
que una media centena de agentes de la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda,
sumados a los efectivos de ORDEN que patrullaban permanentemente la zona, se
lanzaron en contra de los campesinos movilizado, asesinaron a tres de ellos (entre
ellos, a dos “delegados de la palabra”) e intimidaron al resto (Pearce, 1986). En
El Paisnal y Aguilares las acciones fueron más cruentas: unos 2mil elementos del
ejército invadieron la ciudad el 19 de mayo con helicópteros, tanques, vehículos
blindados y una vasta cantidad de armamento pesado; se desalojó violentamente
a los campesinos que participaban de la toma, al tiempo que se requisó casa por
casa en búsqueda de “material subversivo”. Un comunicado ocial del Ministerio
de Defensa reportó que “un soldado y seis civiles resultaron muertos en un enfren-
tamiento que se registró hoy [20 de mayo], en las primeras horas del día, en el área
urbana de la ciudad de Aguilares, departamento de San Salvador” (Enfrentamiento
en Aguilares, 1977, p. 1), después de que contingentes policiales intentaron catear
una de las casas en la cual se encontró, supuestamente, “material de tipo subver-
sivo, pelucas, máscaras, bombas de fabricación casera y proyectiles calibre 38 y 45”
(Enfrentamiento en Aguilares, 1977, p. 44).
Cualquier tipo de actividad reivindicativa, política y pastoral fue entonces
ligada a la labor “subversiva” de las FPL que, efectivamente, operaba en la zona,
pero que estaba lejos de controlar completamente la situación. La ciudad fue virtual-
mente sitiada: se prohibió la libre entrada y salida de sus habitantes y se restringió
al máximo la movilidad interna del municipio. Al mismo tiempo, otro contingente
asaltó la parroquia de Aguilares, asesinó al sacristán y apresó a otros tres religiosos
extranjeros que fueron puestos de inmediato en manos del Ministerio del Interior, el
cual los expulsó del país argumentando que habían “realizado actividades subver-
sivas desde hace varios años, alterando la paz social y promoviendo la intranquil-
idad ciudadana” (Enfrentamiento en Aguilares, 1977, p. 44). Los bienes de la iglesia
fueron maltratados y algunas de sus propiedades corrieron la misma suerte que los
sembradíos (frijol y maíz principalmente) de los campesinos de la zona: fueron
hurtados por ORDEN y otros miembros de los aparatos de seguridad del Estado.
Francisco Joel Arriola Alarcón • El Salvador 1969-1977: aproximación a la dinámica de las movilizaciones campesinas 21
De esa forma, los municipios de Aguilares y El Paisnal permanecieron sitiados
durante un mes, después de lo cual las fuerzas de seguridad del Estado se retiraron.
La brutal represión contra la población de la zona no solo terminó con las tomas
de tierras, sino que también tendió a recrudecer aún más un ambiente represivo ya
bañaste exacerbado, lo que a la larga imposibilitó el ejercicio de la actividad reivin-
dicativa y política no armada. La actividad armada de las OPM apareció entonces
como la única forma de contienda y participación política realmente viable. Se vivía
entonces en los bordes de la guerra civil, a la cual se incorporarían en masa los camp-
esinos entre 1978 y 1981.
Las tomas de tierras fueron, sin duda alguna, el repertorio de acción prepon-
derante durante el año de 1977. Esta modalidad de contienda puso sobre el primer
plano características ya observadas en las protestas previas del bienio de 1975-1976:
se trató de movilizaciones con demandas que rebasaron el marco de lo local y fueron
organizadas por dirigentes y organizaciones con alcance nacional; interactuaron, en
ese sentido, con actores también nacionales. Fueron, por otro lado, movilizaciones
proactivas que buscaron avanzar en la conquista de mejoras básicas para todo un
amplio y heterogéneo sector de clase: el campesinado en general. El signo distintivo
de la toma de tierras, no obstante, fue su arrojo por concretar las demandas camp-
esinas por fuera, y de hecho en contra, del poder público y privado del Estado y las
elites agrarias respectivamente. Estuvieron expresadas en estas movilizaciones de
1977, aunque en germen y de una forma que aún no logra cristalizar, atisbos de una
voluntad de dirección política del conjunto de la vida rural; de una voluntad estatal.
CONCLUSIONES
Como puede apreciarse a lo largo de este artículo, entre 1969 y 1977 se
sucedieron claramente tres períodos diferenciados de protestas campesinas no armadas
dirigidas en su mayor parte por FECCAS y UTC; cada uno de estos períodos estuvo
caracterizado por una forma o modalidad preponderante de contienda política. En su
conjunto, lo que se tiene en el corte es un claro proceso de escalamiento de la activ-
idad reivindicativa y política de los campesinos salvadoreños, las cuales pasaron de
protestas locales y reactivas a movilizaciones translocales, nacionales y con atisbos
de voluntad estatal. La diferencia clave de cada modalidad de contienda se encuentra
en tres conguraciones de factores estrechamente vinculados: a) el alcance reivindic-
ativo o programático, geográco y político de las movilizaciones, vinculado, además,
al tipo de contrincantes con los que los contendores se enfrentaron; b) la naturaleza
de la demanda considerada; y c) el poder y los recursos humanos, políticos y orga-
nizativos que fueron capaces de acumular y desplegar en el terreno los contendores.
Como tales, estos factores son meramente analíticos; en la realidad se presentaron de
forma indisociable, interconectados e inuyéndose el uno con el otro.
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En el primer período, de 1969 a 1975, el alcance reivindicativo de las protestas
campesinas estudiadas fue puramente local. En efecto, el motivo inmediato de la
contienda fue la resolución de problemas especícos de grupos particulares de camp-
esinos; el alcance geográco y político fue igualmente local: se trató de movili-
zaciones que, en su mayor parte, no sobrepasaron los marcos de un municipio, o a
veces de una hacienda, y tuvieron solo escasa o nula repercusión en la vida pública y
en la política nacional. La naturaleza de la reivindicación fue claramente reactiva: el
propósito de la movilización tuvo que ver siempre con la defensa de algún recurso o
bien que estaba amenazado por la representación local del Estado, las élites agrarias
u otro actor con mayor peso. No resulta extraño, entonces, que los campesinos no
lograran desplegar aquí gran capacidad de movilización; salvo raras excepciones, las
protestas de este período estuvieron basadas en redes informales antes que en organ-
ismos reivindicativos. La movilización fue, por tanto, más espontánea y horizontal.
En el bienio de 1976-1977 la situación cambió considerablemente. El alcance
geográco y político de las demandas se amplió al ámbito translocal y nacional,
lo cual provocó la reacción furibunda de grandes actores nacionales. Programáti-
camente las movilizaciones también avanzaron; aunque se mantuvieron reivin-
dicaciones especícas sobre problemas particulares, se elaboraron (y esto fue lo
preponderante en este sentido) agendas de lucha y reclamos tendientes a cambiar la
situación de todo el campesinado en general. Además, la reivindicación se volvió
proactiva; aunque la defensa de recursos se mantuvo, la lucha por mejorar las
condiciones de vida del campesinado se amplió y dominó el panorama. Para este
momento, asimismo, los campesinos habían alcanzado ya importantes niveles de
organización, aunque sobre la base de las informales redes previas; por ello, fueron
capaces de desplegar grandes recursos y disputar sus reivindicaciones en la escena
pública nacional, si bien sin gran éxito.
En 1977, el tercer período considerado, la naturaleza de las demandas y su
alcance reivindicativo, geográco y político se mantuvieron. Pero lo decisivo, y el
cambio más importante, ocurrió en el campo de los recursos y la acumulación de
fuerzas que los campesinos fueron capaces, y tuvieron la voluntad, de desplegar en
diferentes partes del territorio nacional. En ese sentido, y a diferencia del bienio
previo, las elites agrarias y el Estado no fueron capaces, en este año, de doblegar
y someter de golpe el desafío campesino. Los aparatos coercitivos del Estado y las
fuerzas paraestatales de las élites agrarias dominaron, por supuesto, pero solo a
mediano plazo (es decir, hacia 1978) y a través de una inusitada escalada represiva
que debió sostenerse por un lustro completo (1977-1982); por ello, la derrota de las
tomas de tierras y el dominio material de las movilizaciones campesinas en estos
años fue solo relativo: la escalada represiva no eliminó de lleno el poder organiza-
tivo y contencioso alcanzado por los campesinos; antes bien, frente a la imposibil-
idad de continuar la contienda por métodos prioritariamente no armados, el Estado
y las élites agrarias obligaron a los contendores rurales a recurrir sistemáticamente
a la lucha armada en todo su despliegue.
Francisco Joel Arriola Alarcón • El Salvador 1969-1977: aproximación a la dinámica de las movilizaciones campesinas 23
NOTAS
1 No signica esto que las formas no armadas de contienda fueron las únicas en estos años. Los
primeros grupos armados surgieron en El Salvador en 1969 y acapararon la atención de la
opinión pública rápidamente (Martín Álvarez y Cortina Orero, 2014). Sin embargo, en términos
de los desafíos representados a las élites en el poder, es claro que fueron entonces las movili-
zaciones populares no armadas (y una oposición electoral creciente y unicada) los actores más
importantes del período. No obstante, esta armación debe ser relativizada al menos por dos
razones: en primer lugar, el balance del peso de los actores opositores fue cambiando en favor
de los grupos armados a lo largo de la década de 1970 (Baloya-Herp, 1984); y, en segundo
lugar, el desarrollo de los sectores populares no armados y sus organizaciones tuvieron siempre
“vasos comunicantes” con las OPM (Cf. Pirker, 2008).
2 Ver más sobre la historia de FECCAS y UTC en Arriola (2019b); Cabarrús (1983); Chávez
(2017); McElhinny (2006); y Pearce (1986).
3 La narración de los sucesos ocurridos en el año de 1969 en el municipio de Suchitoto se basa
en Alas (2003).
4 Hacia nales de 1969, también, “con la participación de diputados del PDC, FECCAS organi-
zó un mitin de 4,000 campesinos en Suchitoto para demandar más acceso a tierra” (Almeida,
2011, p. 162).
5 En el boletín No5 de la FTC (1977), por ejemplo, se recuentan una serie de demandas míni-
mas que van desde los reclamos por la ampliación de una calle en cuyas labores se ha afecta-
do el alambrado de algunas pequeñas propiedades campesinas en Suchitoto, hasta amenazas
de muerte a miembros o simpatizantes de FECCAS por parte de las autoridades locales en
otros municipios del país.
6 No signica esto que las direcciones de FECCAS y UTC condenaran la acción disruptiva de las
bases campesinas, la cual consideraban, de hecho, como una “heroica combatividad mostrada
por las masas” (FTC, 1976, p. 8), misma que “debemos mantener bien en alto (…) y estar dis-
puestos a defendernos de los zarpazos de la tiranía militar, con toda la creatividad y la fuerza
de que son capaces los trabajadores organizados revolucionariamente” (FTC, 1976, p. 8). Las
orientaciones señaladas iban más bien en el sentido de evitar una masacre.
7 Las páginas principales (y algunas portadas) del El Diario de Hoy, La prensa Gráca y el Dia-
rio el Mundo fueron dedicadas durante tres días consecutivos a los sucesos ocurridos alrede-
dor de la muerte de Orellana. En la edición del 9 de diciembre de La Prensa Gráca, incluso,
apareció una nota titula “testigos vieron ayer acusado en la muerte de Orellana Valdés”, con
un contenido que se limitaba únicamente a rumores sobre el paradero de los acusados de la
muerte de Orellana.
8 Se reere a la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN), una agrupación campesina
afín a las élites militares y agrarias del período, que desempeñó un papel represivo en el campo
salvadoreño en las décadas de 1960 y 1970.
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