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Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Universidad de Costa Rica
Enero-junio 2022
23.1
ISSN: 1409-469X
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
1Diálogos Revista Electrónica de Historia, 23(1): 1-26. Enero-junio, 2022. ISSN: 1409-469X · San José, Costa Rica
DOI 10.15517/dre.v23i1.46603
VENEZUELA EN LOS ESTERTORES DEL
DOMINIO ESPAÑOL Y SU RELACIÓN CON
LAS ANTILLAS EXTRANJERAS, 1820-1823
Roger Pita Pico
Resumen
El eje central de este artículo apunta a abordar la relación que existió entre las
autoridades políticas y militares españolas en Venezuela y las Colonias extranjeras
en el Caribe en la etapa culminante de la lucha independentista. Bajo el ambiente
de tensión e incertidumbre a causa de la guerra, fue clave el despliegue diplomático
del gobierno español asentado en Venezuela, no solo en su acercamiento con los
gobiernos de aquellas islas sino con las potencias de las cuales dependían. Aún con
todas las dicultades, fue valioso el auxilio de estas colonias extranjeras al agónico
gobierno de Venezuela, aunque no fue suciente para evitar que sucumbiera frente
a la ofensiva de los republicanos, quienes de manera creciente recurrieron también
el apoyo político, económico y militar de las posesiones insulares en el Caribe.
Palabras clave: Venezuela, España, Caribe insular, Costa Firme, guerras de
independencia, relaciones diplomáticas.
Fecha de recepción: 12 de abril de 2021 • Fecha de aceptación: 19 de agosto de 2021
Roger Pita Pico • Secretario Académico dela Academia Colombiana de Historia, Bogotá,
Colombia. Magíster en Estudios Políticos de la Ponticia Universidad Javeriana.
Politólogo de la Universidad de Los Andes (Bogotá). Contacto: rogpitc@hotmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9937-0228
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VENEZUELA IN THE ESTERTORS OF THE
SPANISH DOMAIN AND ITS RELATIONSHIP WITH
THE FOREIGN ANTILLES, 1820-1823
Abstract
The central axis of this article aims to address the relationship of the Spanish
political and military authorities settled in Venezuela with the foreign colonies
in the Caribbean in the culminating stage of the independence struggle. Under
the atmosphere of tension and uncertainty due to the war, the diplomatic
deployment of the Spanish government based in Venezuela was key, not only
in its rapprochement with the governments of those islands but with the powers
on which they depend. Even with all the difculties, the aid of these foreign
colonies to the agonizing government of Venezuela was valuable, although it
was not enough to prevent it from succumbing to the offensive of the republican
government, which increasingly resorted to the political, economic and military
support of island possessions in the Caribbean.
Keywords: Venezuela, Spain, insular Caribbean, Costa Firme, wars of independence,
diplomatic relations.
Roger Pita Pico • Venezuela en los estertores del dominio español y su relación con las Antillas extranjeras, 1820-1823 3
INTRODUCCIÓN
En el siglo XVIII y durante las décadas iniciales del siglo XIX, el territorio
de la América continental e insular fue inuenciado por agitaciones políticas e ideo-
lógicas, la emergente corriente liberal y la era de las revoluciones, lo cual se vio
reejado en la revolución haitiana, en la caída del antiguo régimen absolutista y en
el desarrollo de los proyectos independentistas emprendidos en buena parte de los
dominios ibéricos del Nuevo Mundo (Piqueras, 2005).
Hacia el año de 1810 se dio inicio en Venezuela al periodo de Independencia
que se extendió por más de una década y que estuvo signado por un alto nivel de
polarización y retaliación en la lucha política, y en el campo de batalla entre el
bando realista y el bando republicano. Todo esto atizado con un fuerte ingrediente de
confrontación social y étnica (Hébrard, 2005).
Un gran avance logró en 1817 el general Simón Bolívar, al mando del ejército
republicano, al liberar la provincia de Guayana en donde jó su gobierno provi-
sional y, dos años más tarde, instaló el primer Congreso republicano. En lo militar,
el control de los llanos de Apure y Casanare serviría de espacio para organizar la
campaña que le permitiría ocupar la Nueva Granada luego del triunfo obtenido en
la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819. Al cabo de cuatro meses, el Congreso
aprobó la Ley Fundamental de la República de Colombia (1819), por medio de la
cual se legitimó ocialmente la unión de la Nueva Granada y Venezuela dentro de la
lucha conjunta de ambos pueblos por alcanzar la Independencia. Después de esto, los
esfuerzos se enfocaron en la liberación del territorio venezolano.
El año de 1820 comenzaría con un ambiente de convulsión política en España
tras el estallido de la revolución de Riego, lo cual dio inicio al trienio liberal bajo
el cual se acrecentó la división en el ya “frágil” régimen político y militar español
(Earle, 2014, pp. 186-187). Por otro lado, se frenó el ritmo imparable de la guerra que
se libraba en los dominios de ultramar y se allanó el camino para la rma a nales
del mes de noviembre de un acuerdo de armisticio por espacio de seis meses y de
un tratado de regularización de la guerra (Tratado, 1820, p. 95). Tras la reanudación
anticipada de las operaciones militares, se abrió paso a la fase nal de la guerra en
Venezuela con el triunfo alcanzado por los republicanos en la batalla de Carabobo el
24 de junio de 1821 y la toma denitiva de la ciudad de Caracas. De allí en adelante
sería más evidente el paulatino debilitamiento del Ejército Expedicionario Español,
cuya resistencia se había limitado a la zona costera central; a ese momento, falta-
rían, únicamente, dos años para ver caer sus últimos bastiones, que eran las plazas
de Maracaibo y Puerto Cabello, con lo cual se dio n al dominio colonial en estos
territorios de Costa Firme
1
.
Durante estos cruciales años, en el juego de la estrategia geopolítica, el
gobierno español en Venezuela contaba con el apoyo y la alianza de las pose-
siones hispánicas en el Caribe insular, como Cuba, Puerto Rico y de manera inter-
mitente República Dominicana
2
. Sin embargo, el panorama en esta región insular
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era mucho más complejo por cuanto abundaba una gran cantidad de pequeñas islas
pertenecientes a otras potencias europeas, dominios a los que se les conoció genéri-
camente en la época con el nombre de Colonias (Ver Tabla 1 y Figura 1).
TABLA 1
Distribución de las islas del Caribe y su adscripción a las
potencias europeas durante el periodo 1820-1823.
POTENCIA
EUROPEA
ISLAS
Inglaterra Jamaica, Caimán, Trinidad, Tobago, Barbados, Granada, Santa
Lucía, Dominica, Antigua, Barbados, Bahamas
Francia Guadalupe, Martinica
Dinamarca Saint Thomas, Saint John, Saint Croix
Suecia San Bartolomé
Holanda Curazao, Aruba, Bonaire
España Puerto Rico, República Dominicana*, Cuba, San Andrés y
Providencia
Fuente: (Kadt, 1972). *Bajo dominio español hasta 1821.
Eran en total seis naciones europeas las que durante estos años ejercían su
poder sobre el Caribe insular como puntos estratégicos de enlace para sus propó-
sitos de expansión política y comercial. Es importante precisar que, desde el siglo
XVI con la llegada de los conquistadores españoles a América, cada una de esas
islas fue objeto de una álgida disputa entre aquellas naciones del Viejo Mundo, lo
cual se vio reejado en los continuos cambios de gobierno, ya fuera a través de
pactos bilaterales o como resultado de las avanzadas en el dominio político-militar,
todo esto en torno a la lucha por el control de las riquezas, la fuerza de trabajo y
las potencialidades comerciales que ofrecían aquellas islas. Aunque este territorio
de las Antillas tenía en común el hecho de hacer parte del mundo atlántico y de ser
enclaves de aquellas potencias de ultramar, era evidente la diversidad social y las
particularidades económicas y políticas de cada una de las islas que integraban ese
espacio, cuyos contrastes eran marcados en relación con los dominios dependientes
del imperio español (Naranjo, 2011, p. 9).
Roger Pita Pico • Venezuela en los estertores del dominio español y su relación con las Antillas extranjeras, 1820-1823 5
Figura 1. Ubicación geográca del territorio de Costa Firme y la zona del Caribe insular,
1820. Nota: Este mapa fue elaborado por el autor de este artículo con base en la información
recopilada en este trabajo de investigación.
Bastantes escritos han tratado de explicar los pormenores y las vicisitudes de
la postrera fase del proceso de Independencia de Costa Firme, particularmente desde
la perspectiva del bando republicano triunfante. Es por ello que aún existen vacíos
historiográficos sobre las expectativas, vicisitudes y desaciertos del alto mando
político y militar español. Bajo esta apuesta y, dentro del marco de la conmemoración
del bicentenario de la independencia de las naciones hispanoamericanas, el propósito
central de este artículo apunta a examinar la relación que existió entre las autoridades
políticas y militares españolas en Venezuela y las Colonias extranjeras en el Caribe
en la etapa culminante de la lucha independentista.
Para la realización de este trabajo se tomó como base de fuente documental
el Fondo del General español Miguel de La Torre, cuyos originales reposan en el
Archivo Histórico Nacional con sede en Madrid y del cual se guarda una copia meca-
nograada agrupada en 35 tomos en la Biblioteca Eduardo Santos de la Academia
Colombiana de Historia. Es este uno de los más importantes acervos documentales
para examinar la fase nal del dominio hispánico en Venezuela.
Durante este proceso emancipatorio, la región del Caribe insular se constituyó
en un espacio dinámico en el cual tanto el bando republicano como el bando realista
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buscaron ganar aliados con miras a fortalecerse políticamente y conseguir apoyo
económico para mantenerse vivos en la lucha por el poder.
Particularmente en las Colonias extranjeras, los movimientos insurgentes
lograron contactos valiosos ya fuera como destino de exilio o como epicentro para
preparar operaciones militares (Gómez, 2005)
3
. En Jamaica, Simón Bolívar había
buscado refugio y apoyo, siendo allí donde escribió su célebre carta en la que
anunciaba las bases de su proyecto político. Algunas casas de comercio inglesas
establecidas en las Antillas habían contribuido también al mantenimiento del ejér-
cito republicano (ACH, Fondo La Torre, tomo XXXIII, p. 34). Con Haití había
solidaridad y coincidencias en el proyecto revolucionario y la búsqueda del reco-
nocimiento de la independencia política, aunque no se llegaron a establecer formal-
mente relaciones diplomáticas (Gutiérrez Ardila, 2011, pp. 68-93).
En principio, los españoles contaban con la ventaja de un historial de más de
tres siglos de relaciones políticas y comerciales con buena parte de estos territorios
insulares, aunque, desde luego, con ciertas interferencias y uctuaciones, pues todo
estaba supeditado al tipo de acercamiento del gobierno ibérico con las potencias de
las cuales dependían aquellas posesiones caribeñas.
COMUNICACIONES Y CONTACTOS
POLÍTICOS CON LAS COLONIAS
Durante las primeras décadas del siglo XIX, cuando emergieron las primeras
manifestaciones revolucionarias en Costa Firme, el gobierno español asentado en
Venezuela mantenía relaciones activas con las Colonias extranjeras, en especial con
Curazao, Trinidad y San Thomas.
Tan pronto asumió la comandancia del Ejército Expedicionario Español de
Costa Firme en reemplazo del general Pablo Morillo, el general Miguel de La Torre
4
envió el 3 de diciembre de 1820 una carta a los gobiernos de las islas de Granada,
Trinidad, Jamaica, San Thomas, San Bartolomé, Curazao y Martinica, expresán-
doles su deseo de “guardar la mejor armonía con todas las autoridades extranjeras”
y, además, invitándolos a estrechar lazos de amistad como amigos y aliados de la
nación española (ACH, Fondo La Torre, tomo XXXV, p. 115).
Trinidad a través de su gobernador Rulh Woodbonl respondió el 12 de febrero
con un mensaje de felicitaciones y los deseos por el restablecimiento de la tran-
quilidad en Costa Firme. Cv. Gohocsen, gobernador de la isla de San Thomas, no
respondió sino hasta el 24 de abril por no haber podido enviar oportunamente el
correo, pero reiteró la buena armonía que debía regir entre España y Dinamarca, y el
interés por fomentar una relación “tan lisonjera y apetecible”, cuyo antecedente más
inmediato eran las relaciones amistosas logradas con el anterior general en jefe Pablo
Morillo (ACH, Fondo La Torre, tomo XXVI, pp. 214- 215).
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Hay que reconocer que las autoridades de la Capitanía General de Venezuela
mantuvieron las más intensas relaciones con la isla de Curazao, relaciones que
venían desde de los tiempos del dominio hispánico y que se expresaron a través de
un activo comercio con dicha costa continental. Sin embargo, tras las primeras mani-
festaciones independentistas en Costa Firme, la isla
5
se constituyó en sitio de refugio
tanto para los expulsados patriotas como para los realistas de acuerdo con el vaivén
de la confrontación política y militar. Con uno y otro bando se había logrado enta-
blar también un activo ujo comercial y de contrabando, especialmente con la salida
desde tierras continentales de productos como tabaco, café y añil. Desde luego, como
era apenas de esperarse, el gobierno español no vaciló en exteriorizar su voz de
protesta ante los acercamientos que de manera pública y secreta establecía la isla con
los líderes del movimiento independentista, lo cual incluía el suministro de armas
enviadas desde Holanda. A n de cuentas, la actitud de las autoridades insulares se
mostró más proclive hacia España y, aunque los republicanos empezaron a expe-
rimentar cada vez más progresos en su proyecto político y militar, especialmente
después del triunfo alcanzado en los campos de Carabobo en 1821, el gobierno de
Holanda no se decidió por estos años a reconocer ocialmente la naciente República
de Colombia. De todos modos, el agónico gobierno español en Venezuela recurrió
hasta último momento a la ayuda y solidaridad de la isla (Sytze, 2018, pp. 80-87).
El 4 de agosto de 1822, cuando dejó su cargo como general en jefe para asumir
como capitán general de Puerto Rico, La Torre informó a aquellas islas del Caribe
anunciándoles que sería reemplazado por el general Francisco Tomás Morales,
haciéndoles ver cuán importante era que no sufriesen “alteración las relaciones que
deben conservarse” (ACH, La Torre, tomo XXVI, p. 212).
Las Antillas se constituyeron también en una escala en la ruta que se hacía
desde Venezuela hasta las otras posesiones españolas como Santo Domingo, La
Habana y Puerto Rico, aunque no eran pocas las contingencias que debían afrontarse.
El ocial Lorenzo Fitz Gerah lamentó el 12 de marzo de 1821 su imposibilidad
de realizar el viaje a Puerto Rico por no haber llegado un buque que fuera hasta allí
de manera directa, pues solo había uno disponible que haría escala en San Thomas. Al
nal, decidió no tomar esta ruta larga porque los ministros del Tesoro solo le habían
entregado 30 pesos, que era muy poco pues en las Colonias extranjeras “los gastos
son muy grandes” y no sabía cuánto tardaría en conseguir un buque para embarcarse
directamente a Puerto Rico. En razón a todas estas vicisitudes, pidió a sus superiores el
anticipo de un mes de paga (ACH, Fondo La Torre, tomo XXII, p. 226).
El 18 de julio de 1821 se embarcaron en Puerto Cabello 140 hombres al
mando de la expedición del recién nombrado capitán general del Nuevo Reino de
Granada, el mariscal Juan de la Cruz Murgeon, para lo cual el general La Torre pidió
al gobernador de la isla de Curazao recibir y atender estos viajeros que harían allí
escala (ACH, Fondo La Torre, tomo XXVI, p. 185).
Fue activo el ujo de cartas cruzadas entre Costa Firme y las Colonias y, ante la
dicultad en el transporte, bastante útil resultó el contacto con los gobiernos de las islas
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para enviar ocios a las sedes imperiales en Europa. El 17 de enero de 1822 se le informó
a La Torre que en pocos días saldrían de la isla de Curazao dos buques “de conanza” por
si deseaba mandar cartas a España, para lo cual debía contactarse en la isla con don José
María Pando (ACH, Fondo La Torre, tomo XXXV, p. 84). Tras tener ya cinco meses de
no recibir noticias de Europa por el escaso tránsito de embarcaciones provenientes de la
península, La Torre despachó a Curazao un buque de guerra bajo el mando del alférez
de navío don Francisco Machado para que a través de él enviase las noticias que hubiese
recibido. Todo esto en aras de la buena correspondencia y cooperación que debía imperar
entre la nación española y la holandesa (ACH, Fondo La Torre, tomo XXVI, p. 209).
El 14 de enero de 1822 el conde de Danselot, gobernador de Martinica, apro-
vechó la salida de la goleta Bearnesa a Puerto Cabello para pedir noticias al general
La Torre sobre la situación en Costa Firme, y para obsequiarle algunos periódicos que
daban cuenta del panorama político en Europa. La inquietud era en torno a saber si a
Venezuela habían llegado los vientos de la revolución que sacudieron el 1º de diciembre
de 1821 a la isla de Santo Domingo. Aprovechó además la ocasión para informar sobre
la insurrección acaecida en Veracruz a manos de los “revoltosos” de México y, por
último, se ofreció a llevar cartas a La Habana o a Madrid que serían remitidas a través
del embajador de España en París (ACH, Fondo La Torre, tomo XXVI, pp. 224-225).
A nales de abril de 1822, el general La Torre aprovechó la salida desde Puerto
Cabello de una goleta francesa que regresaba a Martinica para enviar unos ocios
que serían recibidos por el gobernador de la isla, con el encargo de hacerlos llegar lo
más pronto posible al embajador de Francia. En los pliegos se brindaba información
detallada sobre la pérdida de Carabobo, la toma de Coro y la resistencia que hacía el
Ejército Expedicionario en espera afanosa de cualquier tipo de auxilios que pudiera
llegar de España (ACH, Fondo La Torre, tomo XXVI, pp. 205-206).
Las autoridades españolas también aprovecharon sus relaciones cordiales con
las Colonias para jar allí espías e informantes que estuvieran al tanto de las noticias
y acontecimientos políticos. Cuando estaba de paso por Curazao dentro del viaje a su
nuevo destino en Puerto Rico, el general La Torre decidió comisionar el 2 de julio de
1822 al coronel Manuel Junquito, exgobernador de Maracaibo, para que pernoctara
algunos días en aquella isla holandesa y recibieera cuantas novedades viniesen del
extranjero y de las provincias “insurreccionadas” con el n de reportarlas de inmediato
al alto mando político y militar con asiento en Puerto Cabello. Para ello, podía asociarse
con el ministro tesorero de las Cajas Reales de Caracas don Esteban Cambreleng,
quien hacía poco había emigrado a aquella isla y manejaba varios idiomas extranjeros,
lo cual podía resultar útil para conocer los papeles públicos sobre aspectos políticos
y comerciales que se consideraban claves para el rumbo del gobierno de Costa Firme
(ACH, Fondo La Torre, tomo XXVIII, p. 684; tomo XXXII, p. 306). Días después, La
Torre reconoció la buena gestión de Cambreleng, quien, además de todo lo anterior,
había ayudado a difundir proclamas a favor de la bandera monárquica, las cuales hizo
imprimir en la gaceta de la isla y las tradujo al castellano para que circularan amplia-
mente por todas partes (ACH, Fondo La Torre, tomo XVI, pp. 650-651).
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EL FLUJO DE EMIGRADOS: ENTRE APOYOS Y SOSPECHAS
El conicto político y militar suscitado en torno a la Independencia de Venezuela
afectó a todos los sectores de la sociedad, sin distingos de clase o condición social y
étnica. Desde los tiempos de la guerra a muerte se vivió un espiral de odios y reta-
liaciones en donde fueron frecuentes los destierros y las amenazas que obligaban a
varios habitantes a emigrar hacia otras tierras en procura de salvaguardar sus vidas y
sus patrimonios. Incluso, durante el lapso de tiempo en que estuvo vigente el armisticio
(O´Leary, 1983, p. 576), los emigrados se hallaron sometidos a una situación de tensión
y de permanente sospecha, por lo cual el ujo de personas padeció innumerables restric-
ciones. No hay que perder de vista el hecho de que muchos de ellos eran parientes y alle-
gados de los militares y autoridades políticas de uno u otro bando (Pita, 2019, pp. 94-95).
Una de las opciones de escape que tenían los emigrados de Costa Firme eran
las islas del Caribe y, en especial, Curazao por su cercanía a la costa continental.
Las batallas y las capitulaciones que tuvieron lugar en Venezuela, especialmente
durante el lapso de tiempo comprendido entre 1820 y 1823, fueron los hechos que
suscitaron la mayor salida de personas que buscaban afanosamente un sitio seguro
ante el ambiente de disputa y persecución reinante. También habría que tener en
cuenta algunos prisioneros de guerra que fueron enviados temporalmente a aquellas
posesiones en el Caribe, ya fuera por ser expulsados por el bando contrario o por ser
remitidos como resultado de los acuerdos de canje. Sin embargo, fue tal el ujo de
gentes que llegó a constituirse en un problema social y económico de grandes magni-
tudes para las autoridades de aquellas pequeñas islas.
Desde los inicios del proceso independentista en Venezuela y tras la escalada
en los niveles de tensión política, las autoridades españolas se aseguraron de acordar
con los gobiernos de las Colonias algunas medidas de control al creciente ujo de
personas. El 13 de abril de 1815, el general de Reconquista don Pablo Morillo arribó
a la isla de Margarita, y aferrado a las relaciones que desde tiempo atrás había soste-
nido con las islas extranjeras del Caribe, se aseguró de escribir sendos mensajes a los
gobernadores de Trinidad, Martinica y San Thomas, instándolos para que sus territo-
rios no se convirtieran en refugio para los emigrados y expulsados desafectos de la
causa monárquica y para los que se habían rehusado a acogerse a los indultos decre-
tados, y además, para que estuviesen muy atentos de impedir cualquier suministro
de armas para las fuerzas rebeldes. Advertía Morillo sobre la amenaza que repre-
sentaba también para esas islas la presencia de aquellos “revoltosos” y los planes
de conspiración para atacar Costa Firme. En particular, a Martinica se pidió ubicar
y deportar al general republicano cumanés Francisco Bermúdez, quien había huido
junto con 500 hombres a aquella isla mientras que a Trinidad se exigió la expulsión
del Marqués del Toro (Rodríguez, 1910, pp. 449-459).
Esos llamados a cooperar en el control del ujo de emigrados se intensi-
caron durante los estertores de la guerra en territorio venezolano. El 12 de junio de
1820 el general Morillo, en cumplimiento de los propósitos conciliadores y pacistas
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del Rey, envió una circular a los gobernadores de las Antillas: Curazao, Santo
Thomas, Granada, Martinica, Jamaica, Guadalupe y Trinidad y, adicionalmente, a
La Habana, Puerto Rico y Estados Unidos. En ese documento el alto mando español
manifestó su intención de garantizar el retorno a Venezuela de los emigrados que
habían salido por causa de las anteriores turbaciones políticas. Era, de algún modo,
un mecanismo de conciliación con aquellos individuos que se habían alejado de la
causa monárquica (ACH, Fondo La Torre, tomo X, pp. 201-204).
Durante el levantamiento independentista de Maracaibo ocurrido a principios
de enero de 1821, a varios “españoles europeos” se les tramitó pasaporte para pasar
a las Colonias, entre los cuales guraba el funcionario don José Vicente de la Huerta
(ACH, Fondo La Torre, tomo XXVII, p. 432). A mediados de año, la pérdida de la
batalla de Carabobo y la pérdida de la capital desencadenó una masiva migración
de más de 2.000 realistas que buscaron refugio en Curazao (Sytze, 2018, p. 96)
en momentos en que la población de la isla era de aproximadamente 14.000 habi-
tantes. Esto puso en aprieto a la isla por cuanto esta ola de emigrados coincidió con
una época de sequíaque afectó la agricultura y el estancamiento en el movimiento
comercial (Vogel y Hubrecht, 1992, pp. 29-30).
Así entonces, en esas islas caribeñas conuyeron una capa heterogénea de
gentes de todas las corrientes y con disímiles adhesiones políticas, un ambiente en
el que no fueron extrañas las persuasiones y las lealtades uctuantes. Sobre este
particular, el ocial español José María Pando se quejaba, en julio de 1821, de la
“poca delicadeza” de algunos militares al servicio del Rey que habían emigrado a
Curazao, quienes no habían titubeado en plegarse a los insurgentes residentes en
la isla. Incluso, muchos de ellos habían elevado brindis por la causa republicana
y habían tildado al régimen español de sanguinario y represivo (ACH, Fondo La
Torre, tomo XVIII, p. 364).
Pando informó que, en días pasados, había llegado a Curazao la emigración
realista de Coro, a causa de la invasión de la ciudad por parte de las huestes repu-
blicanas (ACH, Fondo La Torre, tomo XVIII, p. 361). Durante la ocupación de esta
plaza, Juan Firpo y Pedro Morón estuvieron presos en el castillo entre el 2 y el 30
de noviembre, en donde eran alimentados diariamente con una “totumita de maíz”
hasta que un Mayor del Ejército de apellido Campos viajó a Curazao en comisión en
la goleta Peroso a buscar harina, carne, arroz y menestra. Finalmente, el par de reos
salieron de Coro a bordo de la embarcación de Peroso hasta aquella isla y desde allí
reportaron a La Torre, el 19 de diciembre de 1821, la presencia de una gran cantidad
de emigrados, la mayoría de ellos agobiados por la pobreza y sin poder costear sus
pasaportes ni mucho menos realizar sus traslados de regreso a Costa Firme. Por
ello, imploraron ayuda y de paso informaron que tenían listos cuatro quintales de
pólvora, 45 fusiles y 2.000 piedras de chispa que no habían podido enviar en una
goleta que recién había partido a tierras continentales (ACH, Fondo La Torre, tomo
XXXV, pp. 665-668). Finalmente, La Torre logró rendir a principios de enero de
1822 las fuerzas republicanas que defendían Coro.
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Al mes siguiente, desde aquella misma isla holandesa, José Torres informó
haber sido enviado por el capitán general de la Nueva Granada, quien recomendó
al gobernador Pablo Rodolfo Cantzlaar para que le proveyese lo necesario para
su curación, pero al nal ninguna atención había recibido. Torres aseguró que, de
los ociales venidos de la Península, algunos como el teniente de caballería, dos
alféreces y otro se quedaron en la isla y, sorpresivamente, tomaron partido con los
rebeldes de Costa Firme (ACH, Fondo La Torre, tomo XXVII, pp. 386-387).
Uno de los temas más controvertidos y que causó mayores fricciones entre las
autoridades realistas de Venezuela y las Colonias fue el de las órdenes de bloqueo
al tráco marítimo
6
. En una carta enviada el 13 de agosto de 1821 por el contraal-
mirante Cantzlaar, gobernador de Curazao, denunció el gran número de emigrados
de Costa Firme que se hallaban en la isla tras el reciente bloqueo impuesto sobre La
Guaira. Ante esto, propuso la necesidad de que estas gentes regresaran a sus sitios de
residencia, todo con el “[…] objeto de desembarazarla de una cantidad de forasteros,
quienes ocasionaron carestía, y lo que es más, gran escasez de víveres de primera
necesidad, y principalmente de agua” (ACH, Fondo La Torre, tomo XXVI, p. 186). El
problema era cómo mantener por más tiempo a estos forasteros sin que cayeran bajo la
amenaza de la pobreza, además de los temores asociados a las funestas consecuencias
de una superpoblación. Fue así como se ordenó embarcar en varios buques convoyados
por el bergantín de guerra holandés El Mercurio a una gran cantidad de esos migrantes
de regreso a La Guaira, de donde muchos eran oriundos, pero el problema surgió a raíz
del bloqueo que padecía esta plaza por cuenta de las huestes republicanas. Conaba el
comandante Cantzlaar en que los buques españoles que rodeaban aquella plaza auto-
rizarían el desembarco de aquellas gentes y abrigaba además la esperanza de que esta
operación no fuera vista como una infracción al bloqueo, todo esto en aras de la huma-
nidad y del bienestar de la población nativa de la isla.
De manera especial, se instó al general La Torre que admitiera la operación de
desembarco, tal como se había hecho meses atrás con la llegada de varios vecinos de
La Guaira que habían buscado asilo en Puerto Cabello. Se pidió atender este clamor
en aras de las históricas relaciones de amistad de la nación española con el Reino
de los Países Bajos y como una forma de consideración a la hospitalidad y protec-
ción que esta Colonia había prodigado a aquellos emigrados españoles. A todo esto
respondió el comandante de la marina española Ángel Laborde, quien explicó que
solo se circunscribía a obedecer las órdenes superiores de bloqueo y, por lo tanto,
sugirió tratar el asunto directamente con el general en jefe La Torre. Ya se sentía por
esos días el ambiente de zozobra ante la creciente presencia de corsarios al servicio
de los republicanos. Finalmente, La Torre respondió positivamente a esta solicitud, a
n de conservar las relaciones “amigables” y para que no se impidiese el regreso de
aquellas embarcaciones con bandera de los Países Bajos.
Para el retorno de los emigrados, las autoridades españolas en Venezuela
debieron establecer una serie de controles y ltros. El 22 de enero de 1822 el coman-
dante militar realista de la provincia de Coro, pocos días después de haberse rendido
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la guarnición republicana que defendía esta plaza, fue alertado sobre la llegada de
varios desafectos a la causa monárquica que estaban llegando de Colonias a esta
zona costera para alentar la contraofensiva revolucionaria. Ante esto, se dispuso que
cualquier sospechoso proveniente de aquellas islas sería detenido y deportado y, en
caso de que algún adepto a la bandera del Rey quisiera retornar a su casa y a su
antiguo negocio, debía tramitar formalmente el respectivo pasaporte (ACH, Fondo
La Torre, tomo XXVI, pp. 36-37).
El ujo de personas entre tierras continentales y las Antillas se dio también
por el natural y sentido anhelo de estar cerca a los seres queridos. Don Blas de León
envió en 1821, desde Puerto Cabello, un sentido clamor ante el general La Torre en
el cual abogaba por la expedición de pasaporte para reunirse con sus familiares más
allegados que se hallaban en Curazao, ante el agravante de no tener ellos alternativas
para subsistir económicamente. Su estado de invidencia le impedía ser útil para el
servicio militar y por ello, en aras de la humanidad, pedía estar al lado de sus seres
queridos (ACH, Fondo La Torre, tomo XVIII, p. 381).
De igual modo, por cuenta del conicto militar en Venezuela, también se registró
el paso a las islas del Caribe de algunos prisioneros de guerra que tras la rma del
tratado de regularización en noviembre de 1820 habían quedado con ciertas garantías.
Así por ejemplo, el l7 de abril de 1821 el general en jefe La Torre informó al general
Simón Bolívar que el coronel Juan Escalona y demás prisioneros de guerra republi-
canos ya habían salido de Caracas hacia las Colonias extranjeras (ACH, Fondo La
Torre, tomo XXXV, p. 340). No obstante, cabe precisar que la mayoría de los prisio-
neros realistas arribaron a las islas aliadas como Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico.
Desde luego, la situación para esas oleadas de emigrados que buscaban,
afanosamente, refugio en las islas caribeñas no fue muy alentadora. Así por lo menos
lo atestiguan dos emigrados españoles en una carta fechada el 30 de mayo de 1824
desde San Thomas, y dirigida a un amigo en Europa, en la cual hacían un crudo
balance de la pérdida de los dominios de Costa Firme. Según ellos, eran muchos los
que vagaban “[…] sin patria y sin hogar, obligados de pena y víctimas de la tristeza,
de la miseria y el desprecio” (Carta, 1824, p. 1).
CLAMORES DE AYUDA ECONÓMICA
Desde nales del periodo de dominio hispánico ya venía registrándose un decre-
cimiento de los índices de la economía venezolana (Álvarez, 1963, pp. 110-112) a lo
cual se sumaba el aumento de las cargas tributarias. Esta tendencia recesiva se acentuó
durante las guerras de Independencia de principios del siglo XIX, y su impacto fue
notorio en varios sectores: en el estancamiento del comercio marítimo y del mercado
doméstico, en la caída de los precios de productos exportables como el café y el cacao,
en la salida de capitales hacia las islas del Caribe, en la interrupción de las comunica-
ciones, en los crecientes niveles de inación, en el encarecimiento de la mano de obra,
Roger Pita Pico • Venezuela en los estertores del dominio español y su relación con las Antillas extranjeras, 1820-1823 13
en el estado de desolación de las haciendas y hatos ganaderos, en la escasez de alimentos
y en la crisis del sistema scal (Arellano, 1973, pp. 366-373; Cartay, 1988, pp. 38-60).
Por causa de la guerra, un considerable porcentaje de los recursos ociales
estaban direccionados al sostenimiento de las tropas y de las operaciones militares
7
.
El panorama social y económico se complicó aún más con la implementación de
medidas extraordinarias de represión, tales como las recurrentes contribuciones
forzosas, los saqueos y las conscaciones. Después de 1819, como resultado de la
confrontación militar, los realistas habían perdido paulatinamente zonas de singular
importancia estratégica como fuente de provisión de recursos.
Por la cercanía y por los vínculos de vieja data, el gobierno monárquico de
Venezuela buscó de manera reiterada ayuda económica de las colonias extranjeras
del Caribe, así como también recurrió al respaldo de las otras posesiones españolas
en América para el pago de las acreencias adquiridas, todo con miras a no sucumbir
frente a la creciente presión ejercida por los republicanos.
Tras la pérdida sufrida en la batalla de Carabobo, la inmediata toma de la capital
Caracas por parte de las huestes independientes, el connamiento de los vencidos
reductos del ejército realista a Cumaná y Puerto Cabello, y la falta de recursos para
abastecer esta tropa, el general La Torre decidió comisionar el 5 de julio de 1821 a
don Antonio Bausá, comerciante y regidor del ayuntamiento de Puerto Cabello para
que, luego de hacer escala en Puerto Rico, pasara a las Colonias a formar contratas
de víveres (ACH, Fondo La Torre, tomo XVII, pp. 217-218).
Ante la incontenible emigración de familias pudientes adeptas al régimen
español y el estancamiento del ujo comercial en Puerto Cabello, en agosto la Junta
de Autoridades establecida para la pacicación de Venezuela lanzó una campaña más
amplia que se extendió a los Estados Unidos, a los aliados españoles en ultramar y
a las colonias extranjeras en procura de obtener auxilios, en víveres o en metálico.
A cada uno de esos puntos se enviaron sendos comisionados de la Hacienda pública
para que reclamaran esos recursos, ya fuera de los respectivos gobiernos o de parti-
culares ofreciendo para el pago libranzas sobre las casas comerciales de La Habana,
Nueva España o de la Tesorería General de la Nación con sede en Madrid.
Ninguna respuesta se obtuvo de Estados Unidos, de donde nada podía esperarse
tras el reconocimiento que esta nación había hecho del gobierno republicano (ACH,
Fondo La Torre, tomo XXXIII, p. 186). Tampoco había señales de apoyo de las pose-
siones insulares españolas, pero sí de las Colonias del Caribe. Al gobernador de Marti-
nica se le pidió que intercediera ante las personas adineradas de la isla para la remisión
de 30.000 pesos en víveres, además de 12.000 pesos en metálico. En vista también
de la buena armonía que había regido en las relaciones con la isla de San Thomas, el
16 de septiembre el general en jefe La Torre pidió esa misma cantidad de ayuda. Para
ambos casos se trajo a colación el respaldo que brindarían las tesorerías de México y
La Habana, según disposición Real (ACH, Fondo La Torre, tomo XXVI, p. 189).
Desde Martinica, el gobernador conde de Danselot fue el primero en responder
al llamado y remitió por cuenta de los particulares de la isla una carga de víveres
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estimada en 24.131 pesos a través de la casa comercial de Juan Dellue, cargamento que
hizo escoltar por barcos de guerra de su marina, con el ofrecimiento adicional de que si
el importe de este suministro era pagado cumplidamente, seguiría el abasto de cuantos
fueren necesarios. El 14 de noviembre La Torre pidió al Intendente de La Habana
el pronto pago de esta acreencia y de otras más, como la del comerciante de Puerto
Cabello don Manuel María Moraton por valor de 5.344 pesos, recursos que habían
permitido el mantenimiento de la tropa. Esta solicitud fue reiterada el 3 de diciembre,
pues pensaba el general en jefe que el incumplimiento de estas obligaciones causaría
en las naciones extranjeras el desprestigio del manejo del crédito por parte de España
(ACH, Fondo La Torre, tomo XVII, pp. 201-203; tomo XXVI, pp. 256-260).
Resultados muy poco satisfactorios fueron los que presentó en agosto de 1821
José Galcerán del Vall, comisionado por el gobierno venezolano a Curazao. Tras varias
gestiones entre los comerciantes y emigrados que se hallaban en la isla, solo encontró
lamentos, especialmente entre aquellos que habían dejado precipitadamente abando-
nadas sus riquezas tras la toma de Caracas. Por esos días la isla padecía una conmoción
interior ante el descontento popular que había generado la orden del gobernador de
reclutar milicianos para reemplazar la tropa veterana que debía marchar inmediata-
mente a Holanda, sede del imperio (ACH, Fondo La Torre, tomo XVIII, pp. 268-269).
A través de una reunión de la Junta de Pacicación llevada a cabo en Puerto
Cabello el 1º de octubre para evaluar nuevas estrategias de solución ante la escalo-
nada escasez de medios para solventar la tropa y atender otras erogaciones propias de
la guerra, se decidió que el brigadier Francisco Tomás Morales, segundo al mando del
Ejército, pasara a Curazao con el n de que invitara, personalmente, a los emigrados
de las provincias de Venezuela que se hallaban en aquella isla para que contribuyeran
a esa causa
8
. Se pensaba que el largo servicio y vecindad de más de seis años de aquel
brigadier en Costa Firme podían ejercer un positivo inujo en aquellos exiliados. A
manera de estímulo y respaldo, debía Morales llevar copia de las Reales órdenes en
las que se prevenía el envío de caudales por las cajas de Nueva España y La Habana.
Morales llegó a la isla el 4 de octubre y, aunque reconoció haber sido reci-
bido con honores, por otro lado fue objeto de actos hostiles al ser apedreada la casa
en donde estaba pernoctando. Tan pronto arribó, programó para el día 7 la reali-
zación de una junta con los emigrados y españoles más pudientes para conseguir
víveres al menos por tres meses para el Ejército Expedicionario, y recursos adicio-
nales para emprender la campaña militar que tendría como meta el restablecimiento
del gobierno central en Caracas. En su informe, lamentó que el gobernador de la
isla se había mostrado muy poco diligente en este proceso. En una carta dirigida al
general en jefe La Torre, se solicitó formalmente la venida de la goleta Hércules para
que transportara con las debidas escoltas el metálico y los auxilios recogidos (ACH,
Fondo La Torre, tomo IV, pp. 377-382).
En respuesta a esta convocatoria, uno de los “beneméritos españoles” en
responder fue don Eugenio Corona, quien franqueó 3.000 pesos pagaderos por la Teso-
rería General contra la cual se giró la correspondiente letra con cargo a la Tesorería
Roger Pita Pico • Venezuela en los estertores del dominio español y su relación con las Antillas extranjeras, 1820-1823 15
de Madrid. Se consiguió, igualmente, formalizar un contrato con los comerciantes de
la isla don Jorge Federico Lens y don Jorge Curiel. La suma total de lo contratado y
donado ascendió a 44.400 pesos en metálico y en especie. Aun cuando la intención
era haber conseguido mayor cantidad de víveres, el gobernador de la isla lo impidió
en aras de no perjudicar el abastecimiento interno que cada vez era más gravoso
debido a la masiva llegada de refugiados realistas. A nales del mes siguiente, el
general La Torre solicitó de manera expresa a la Gobernación de Ultramar la pronta
satisfacción de estas acreencias en reconocimiento al invaluable servicio prestado
(ACH, Fondo La Torre, tomo XVI, pp. 17-18; tomo XVII, p. 191).
Se reportó además que el gobierno insular, por representación de sus vecinos,
había impedido la salida de mayor cantidad de víveres, aunque se reconoció el apoyo
suministrado por el comerciante de Puerto Cabello, don Luis Manuel Galardi, para el
establecimiento de los contactos con otros colegas aportantes (ACH, Fondo La Torre,
tomo XXVII, p. 635). En ese mismo mes de octubre, don Teodoro Jutting, comerciante
de la isla, entregó a las autoridades de la plaza de Puerto Cabello el equivalente a 6.594
pesos en harinas, carnes y arroz a manera de libranza con cargo de la tesorería de la
Nación. El general La Torre pidió al secretario de Gobierno de Ultramar el pronto pago
de esta letra en momentos en que la plaza no contaba con reservas en sus almacenes.
Desde esa fecha al 2 de octubre se tramitaron ese tipo de préstamos por valor de 314.
647 pesos (ACH, Fondo La Torre, tomo XVI, pp. 207-210).
A principios de febrero de 1822 llegó un mensaje a Coro de los comerciantes de
Curazao sobre el interés que tenían en hacer donativos para aquella provincia costera
venezolana y, tan pronto se diera el aval del general en jefe, el Marqués de Casa León
estaba dispuesto a enviar mil pesos en víveres (ACH, Fondo La Torre, tomo XIII, p. 80).
En el mes de abril se informó a la Gobernación de Ultramar que de nada
valieron las reiteradas órdenes emanadas desde España a los gobiernos de La Habana,
México y Puerto Rico, previniéndoles que socorriesen al Ejército de Costa Firme,
ni las súplicas que, en el mismo sentido, había dirigido La Torre. Nuevas quejas se
recibieron del gobernador de Curazao en solicitud de que se satiscieran las acreen-
cias pendientes, pues le preocupaba haber quedado mal ante las casas comerciales
que solidariamente contribuían a la causa. Esto, a juicio de La Torre, era un pésimo
precedente que destruía la credibilidad del gobierno español en su reputación credi-
ticia, siendo cada vez más difícil obtener ayuda de las naciones extranjeras (ACH,
Fondo La Torre, tomo XVI, pp. 625-626).
Pocos días antes de dejar el cargo como comandante en jefe y partir hacia
Puerto Rico, el general La Torre en una reunión sostenida el 18 de junio expuso ante
el ayuntamiento de la ciudad de Puerto Cabello las dicultades que afrontaba la plaza
para su sostenimiento, pues solo quedaba en los almacenes reserva para 45 días y,
por ello, había que adoptar soluciones extraordinarias. De otro modo, no habría más
camino que acceder a la capitulación. Ante esto, se acordó delegar al alcalde segundo
don José Antonio Cucullo para que pasara inmediatamente a la isla de Curazao en
solicitud de auxilios adicionales para sostener la defensa de la plaza con la esperanza
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de que pudieran ser franqueados con el ofrecimiento que hicieron algunos comer-
ciantes españoles residentes en aquella isla.
En virtud de este llamado, don José Benito de Austria, don Francisco de
Aspurna, don Juan Carbó, don Juan Francisco Altuna y don Martín José de Yrigoyen
lamentaron no poder contribuir de acuerdo con las expectativas sino a sus propias
posibilidades, pues habían sido requeridos también para apoyar a la división del ejér-
cito que defendía Coro y por ello apenas se comprometieron con la provisión de unos
cuantos víveres para un mes. Ese mismo día, este grupo de comerciantes envió una
carta al gobierno de Puerto Rico y a los emigrados en esa isla exhortándolos a que
se sumaran a la causa de auxiliar a la sitiada plaza de Puerto Cabello (ACH, Fondo
La Torre, tomo XXIV, pp. 424-433). Como resultado de las gestiones de ayuda, a
principios de julio llegó a esta ciudad la fragata Ligera procedente de Curazao con
un cargamento de arencones, carne salada, tocino, manteca, fríjol, pan, jabón, entre
otros productos (ACH, Fondo La Torre, tomo XIX, p. 443).
La situación en los meses siguientes, para las tropas realistas, no fue más
alentadora, ante lo cual, irremediablemente, sintieron de una manera más acentuada
las privaciones y escaseces hasta mediados de 1823 cuando cayeron los últimos
bastiones monárquicos: Maracaibo y Puerto Cabello.
ECONOMÍA Y FLUJO COMERCIAL
La consolidación del monopolio comercial de España, con sus colonias de
ultramar en el periodo colonial tardío, fue una estrategia proteccionista de la Corona
frente a las pretensiones de otras potencias europeas como Inglaterra, Francia y Holanda.
Esto suscitó cierta resistencia por parte de algunos sectores locales en el territorio ameri-
cano que, ante las deciencias de abastecimiento en los mercados, avizoraron en el
contrabando una opción de supervivencia y de autonomía económica aun cuando fuera
un claro desafío hacia la legislación imperante (Gutiérrez Mesa, 2011, p. 197).
La guerra entre republicanos y realistas generó traumatismos en las actividades
comerciales que tradicionalmente se desarrollaban entre la Costa Firme y el escenario
insular del Caribe. Algunas islas como Curazao mantuvieron un activo movimiento
mercantil con la costa venezolana aún dominada por los españoles, en tanto que, otras
como Jamaica, estrecharon sus relaciones comerciales con los nacientes gobiernos
republicanos. Está, también, el caso de la isla danesa de Saint Thomas que, en su condi-
ción de puerto libre, se mostró neutral y se constituyó en despensa tanto para el ejército
realista como para el ejército independentista (Elías-Caro, 2016, pp. 35-177).
En los numerales 8º y 10º del armisticio rmado en la provincia de Trujillo
al occidente de Venezuela a nales de noviembre de 1820, el cual se prolongó por
espacio de cinco meses, se estipuló que quedaba abierto el intercambio comercial
entre los territorios dominados por ambos bandos y se dispuso, además, que los
puertos de Maracaibo y Cartagena quedaban habilitados para el comercio interior
Roger Pita Pico • Venezuela en los estertores del dominio español y su relación con las Antillas extranjeras, 1820-1823 17
tanto para los realistas como para los independentistas a excepción del tráco de
armas y pertrechos (AGN, Sección República, Fondo Historia, tomo 7, f. 822r).
Hacia el mes de marzo de 1821, las autoridades españolas asentadas en el
puerto de Carúpano aprovecharon la seguridad que ofrecía esta tregua para sacar
la cosecha de cacao de la costa de Paria y venderla a precios rentables en las Colo-
nias, especialmente, en la isla de San Thomas, donde sería canjeada por productos
de subsistencia para las huestes del ejército de Oriente (AGN, Sección República,
Fondo Historia, tomo 7, f. 787r).
El 6 de junio, poco después de reanudado el ritmo de la guerra tras la ruptura
anticipada de la tregua, La Torre noticó a los almirantes y gobernadores de las islas
antillanas de Jamaica, Martinica, San Thomas, Granada, Trinidad, Curazao, Barbada
y San Bartolomé, la decisión de declarar el estado de bloqueo en los puertos y costas
de las provincias de Maracaibo y Coro que en ese momento estaban en poder de los
republicanos, y con ello la recomendación expresa para que se abstuvieran de socorrer
a estos insurgentes, con efectos de guerra y demás auxilios, pues de lo contrario, sus
bienes serían expuestos a conscación por parte del gobierno español. Igual adver-
tencia se hizo con el gobierno de Estados Unidos. Esta decisión se adoptó en razón de
la experiencia registrada con el suministro de recursos por parte del comercio de aque-
llas islas para el bando republicano, con lo cual, pudieron conquistar la capital Caracas
y el puerto de La Guaira (ACH, Fondo La Torre, tomo XXVI, pp. 167- 168). El 29 de
julio se amplió el bloqueo en esta plaza y, además de esto, el comandante de la marina
española en Puerto Cabello pidió extender esa medida restrictiva hacia la boca del río
Orinoco y a la isla de Margarita, tal como lo había impuesto el general Pablo Morillo
el 16 de agosto de 1817, esto con el n de evitar futuras reclamaciones que pudieran
comprometer la alianza y buena amistad con los gobiernos de aquellas islas extranjeras
(ACH, Fondo La Torre, tomo XIX, p. 307; tomo XXXII, pp. 77-78).
Hacia el mes de agosto, el general La Torre dio vía libre para la entrada de
la fragata Mercurio que llevaba, desde Curazao, varios emigrados de regreso a La
Guaira pero con el compromiso de que no llevaran productos porque, de lo contrario,
serían apresados. Este condicionamiento no le agradó al gobernador de la isla, Pablo
Rodolfo Cantzlaar, pues consideraba que aquellas mercancías habían sido comerciali-
zadas durante el tiempo en que estaba en vigencia el gobierno español y, por lo tanto,
se habían pagado los derechos respectivos. Por todo esto, creía legítimo el retorno sin
ninguna restricción de estos cargamentos pertenecientes a los súbditos de los Países
Bajos (ACH, Fondo La Torre, tomo XII, pp. 473-481; tomo XXVI, p. 186).
Desde luego, esta clase de barreras comerciales socavaba notoriamente los inte-
reses económicos de las islas caribeñas y por ello sus gobernantes buscaron la forma
de que se estipularan excepciones y algunos favorecimientos especiales para que no se
viera truncado el ujo mercantil. El 10 de septiembre de 1821, el gobernador Cantzlaar
pidió a La Torre que permitiera a los súbditos del Reino de los Países Bajos, residentes
en la isla, continuar el comercio con los habitantes de Costa Firme en los puertos
bloqueados, en especial con La Guaira. La Torre reiteró el legítimo derecho que le
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asistía a la nación española de interrumpir el comercio de potencias extranjeras con
aquellos territorios que se hallaban sustraídos de la dominación española. No obstante,
con el ánimo de conservar las mejores relaciones, se concedió la posibilidad de que los
habitantes de aquella isla pudiesen extraer los caudales que tuviesen en Costa Firme
por medio de libranzas o dinero pero, de ningún modo en víveres y frutos porque
serían decomisados, con la posibilidad adicional de regresar a la isla las naves que estu-
viesen detenidas en La Guaira pero sin cargamento alguno, tal como se había dispuesto
el 4 del mes de septiembre (ACH, Fondo La Torre, tomo XXVI, pp. 191-192).
Al cabo de diez días, Cantzlaar hizo sentir nuevamente su voz de protesta
a raíz del incidente sucedido en torno a la goleta holandesa, El Almirante, que en
su viaje de Aruba a Curazao fue interceptada por la goleta armada española, La
Centella. Se exigió, por un lado, la devolución de la nave incautada que había sido
llevada a Puerto Cabello y, por el otro, la entrega de su cargamento con indemniza-
ción de daños y perjuicios. A raíz de estos incidentes, el gobernador insistía en que
ese bloqueo solo podía ser efectivo entre las potencias extranjeras y los pueblos que
se habían apartado del dominio español, mas no en los lugares precisos en donde
habían ocurrido las interceptaciones. Cantzlaar hizo énfasis en el menoscabo que
padecía el comercio y las arcas de la isla ante el bloqueo impuesto en buena parte
de Costa Firme, aunque, se aceptó que se establecieran controles a los buques de
bandera holandesa que no tracaran con pertrechos de guerra.
En aras del derecho de gentes
9
se insistió en que el gobierno español en
Venezuela debía advertir a los corsarios habilitados en los puertos que estaban
bajo dominio monárquico para que se abstuvieran de hostilizar las embarcaciones
neutrales y aliadas. Si La Torre no reconsideraba su posición, el gobernador asumiría
esta actitud como un atentado a la armonía y a las cordiales relaciones entre España
y el Reino de Holanda y al uido comercio entre ambas partes, además de lo cual
se exigirían las respectivas reparaciones por los perjuicios ocasionados a los merca-
deres de la isla acostumbrados a negociar en los puertos venezolanos y se estaba a
la espera del permiso para el retorno de las naves holandesas detenidas en aquellas
costas (ACH, Fondo La Torre, tomo XII, pp. 510-515).
Por esos días, el gobernador de Curazao reclamó la devolución de la goleta
holandesa, Teovallig, que había sido apresada con su cargamento por el corsario
español Moraton, quien también se había apoderado de la correspondencia que
conducía la goleta La Cornelia. Se exigió, también en este caso, el resarcimiento por
los detrimentos causados (ACH, Fondo La Torre, tomo XXXII, p. 154). Otra reclama-
ción de este tipo se hizo a principios de noviembre con la goleta holandesa, Alexandria,
comandada por el capitán Cornelio Koolman que había sido interceptada en un viaje a
Riohacha en la costa neogranadina. Puerto que no estaba cobijado por los decretos del
bloqueo impuesto por los españoles, el cual solo iba hasta Maracaibo. El gobernador
insistía en no reconocer los bloqueos establecidos y de nuevo amenazó con tomar
represalias con miras a limitar también el comercio a las naves españolas.
Roger Pita Pico • Venezuela en los estertores del dominio español y su relación con las Antillas extranjeras, 1820-1823 19
El 10 de diciembre, La Torre reiteró la prohibición de comercio y criticó
al gobierno de la isla por dejar en un segundo plano las relaciones armónicas con
España, todo por el afán de ganancia particular al querer los comerciantes insulares
entablar negocios con los “insurgentes” por el simple aliciente de estos de quedar
exentos del pago de derechos. Esto fue catalogado como un acto de contrabando y
como una negociación fraudulenta, según lo regido por los tratados internacionales
(ACH, Fondo La Torre, tomo XXVI, pp. 199-200).
El gobernador estaba convencido de que ningún buque, así fuese de contra-
bando o por haber violado un bloqueo, podía ser apresado ni mucho menos cons-
cado luego de haber logrado entrar a su puerto de destino y, en un tono más enérgico,
pidió tener en cuenta las peticiones elevadas en aras del derecho de guerra (ACH,
Fondo La Torre, tomo XII, pp. 519-521).
El comandante realista de Paraguaná, Diego Fragoso, informó a nales de
este mes que en las playas de esta península habían fondeado tres embarcaciones
holandesas, procedentes de Aruba, que conducían varios barriles de harina vendidos
a cambio de cuero y frutos de la región. Era tan generalizada la miseria de los pobla-
dores costeros que se decidió mantener la orden impartida tiempo atrás por el coronel
español, Pedro Luis Inchauspe, para que no se pagaran derechos de introducción a
aquella provincia venezolana (ACH, Fondo La Torre, tomo XXVII, p. 428).
Nuevos incidentes sucedieron también durante esos días con Estados Unidos
de donde habían salido varios buques hacia La Guaira y allí resultaron intempes-
tivamente apresados, sin saber que aquel puerto estaba bloqueado por el gobierno
español. Ante esto, los norteamericanos pidieron que el gobierno de Costa Firme
certicara el bloqueo a n de tramitar los respectivos resarcimientos con las casas de
seguros (ACH, Fondo La Torre, tomo XXXII, pp. 307-308).
Tras seguir el ejemplo del gobierno británico, el rey Guillermo I de Holanda
dictó un decreto el 9 de julio de 1822 mediante el cual permitió la entrada de embarca-
ciones con bandera colombiana a los puertos holandeses, lo cual, implicó el libre acceso
al puerto de Willemstad en la isla de Curazao, en lo que fue considerado, prácticamente,
como un implícito reconocimiento del gobierno republicano (Sytze, 2018, p. 140).
LA INCESANTE AMENAZA DE LOS CORSARIOS
Desde el siglo XVI hasta mediados del XIX el espacio marítimo caribeño fue
el escenario en el que corsarios, piratas
10
y contrabandistas desplegaron reiterados
ataques contra los excedentes coloniales y el tráco de mercancías entre España y
sus posesiones americanas. Muchas de las expediciones organizadas por la monar-
quía española para contrarrestar esa amenaza resultaron frustradas
11
.
Durante el periodo de Independencia en el territorio de Costa Firme, se recru-
deció la tensión y la alarma en estas aguas del Caribe tras el continuo accionar de los
corsarios, quienes fueron hábilmente utilizados por el bando republicano y por el bando
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español para defender sus intereses y realizar operativos con los cuales pretendían
menguar el poderío comercial y naval del adversario (Sytze, 2018, p. 97). Durante estos
años de conicto político y militar se tornó más compleja la composición y lealtad de
los corsarios, sin que fueran extraños los cambios de bando y la doble función como
espías. Algunos de los gobiernos insulares y los comerciantes de la zona fungieron como
aliados en las incursiones de esos grupos de corsarios (Grafenstein, 2004, pp. 26-282).
En todo el espacio marítimo caribeño, el puerto de Juan Griego en la isla de Margarita se
constituyó como el sitio preferido por los corsarios insurgentes (Gámez, 2004, p. 135).
El artículo 7º del armisticio de Trujillo, suscrito a nales de noviembre de
1820, estipuló que las hostilidades en los mares de América debían cesar a los treinta
días de la raticación de este tratado. Adicionalmente, se dispuso que “[…] las presas
que se hagan pasados estos términos, se devolverán recíprocamente; y los corsarios
o apresadores serán responsables de los perjuicios causados por la detención de los
buques” (AGN, Fondo Secretaría de Guerra y Marina, tomo 2, f. 260v).
Al llegar la goleta española San Pedro Alcántara el 3 de enero de 1821 al puerto
de La Guaira, procedente de las islas de los Roques, su capitán informó al coman-
dante de aquella plaza que el corsario Mr. Bernar había estado en aquellas islas el 30
de diciembre y se había llevado cuanto había en las salinas. Esto fue calicado por
el comandante de La Guaira como un acto de hostilidad pues aquellas salinas eran
de propiedad de España y porque esto había ocurrido cuando ya había fenecido el
plazo para los 30 días señalados por el armisticio a los corsarios de estas costas. Esta
inquietud fue trasladada al capitán general de las provincias de Venezuela para que
adoptara las medidas pertinentes (ACH, Fondo La Torre, tomo XIII, p. 406).
Para combatir a los corsarios, el gobierno español optó por la vía diplomática o en
otras ocasiones por la vía de la fuerza militar. Con base en denuncias previas elevadas por
el comandante militar de La Guaira, el 22 de enero el general La Torre denunció cómo
más de veinte corsarios de la isla de Margarita, en claro desacato a lo dispuesto por el
armisticio, habían pasado a las Colonias, más especícamente a la isla de San Bartolomé,
lugar donde estaban anclados varios barcos con bandera de Buenos Aires, para mudar
allí de bandera y de esta manera hostilizar las fuerzas realistas. Luego de perpetrar sus
ataques, llevaban a San Bartolomé sus presas en donde eran vendidas bajo la mira indi-
ferente del gobierno de esta isla francesa (ACH, Fondo La Torre, tomo XXXIII, p. 36).
Estos cosarios habían apresado ya cuatro embarcaciones españolas, entre ellas,
la goleta Tres Palos, cuyo cargamento fue vendido en otra isla y ninguna noticia se
sabía de los pasajeros ni de la tripulación. Con estas agresiones, aquel comandante
militar de La Guaira corroboró la mala fe con que procedían los republicanos que,
según él, habían aprovechado el tiempo de tregua para cometer tales atropellos. Esto
fue catalogado como una agrante violación al artículo 7º del armisticio y fue una de las
causas que justicó el 15 de marzo al gobierno español para romper anticipadamente
este tratado (ACH, Fondo La Torre, tomo IX, pp. 99, 102, 247; tomo XIII, p. 354).
El capitán general de Venezuela, Ramón Correa, puso en conocimiento otro
incidente ocurrido en aguas marítimas. El reporte inicial fue hecho por el subteniente
Roger Pita Pico • Venezuela en los estertores del dominio español y su relación con las Antillas extranjeras, 1820-1823 21
de Cachirí, don Francisco Melandro, quien había partido el 8 de marzo de Cumaná
junto con el capitán Julián Llamora, el teniente Francisco Ortiz y cinco mujeres
a bordo de la balandra La Misma. Al cabo de tres días, al frente del cabo Cadera,
fueron interceptados por una goleta que iba a toda marcha con banderas de la isla de
Margarita y sus ocupantes se apoderaron del navío. Este fue el relato de Melandro
en el cual pueden advertirse otros tantos ataques cometidos por aquellos asaltantes:
Al momento que estuvimos a bordo de la mencionada goleta observé arriaron la
bandera margariteña y enarbolaron otra que tenía la parte superior azul, la inferior
blanca y una faja encarnada que atravesaba dichos dos colores desde el engaste
superior hasta la esquina inferior de ella que según vi era de Buenos Aires. Al
cabo de breve rato transbordaron a este buque todo el armamento de la tropa
que iba en la balandra, los sables y los baúles saqueándolos a nuestras vistas a su
satisfacción. […] Esta goleta, según conversaciones que observé en los marineros
de ella, la Criolla, la que había hecho la guerra a favor de la Margarita, llevaba
un cañón de calibre de a 12 y como 50 hombres poco más o menos mandada
por un francés llamado Monsieur Alexandro Velgrat. Los ociales a mi parecer
eran franceses y la tripulación se componía de negros portugueses del Brasil,
franceses, europeos y algunos criollos de la América española; tenían algunos
prisioneros que habían cogido en la fragata mercante que iba convoyando para
España la fragata Diana cuyo cargamento decían los marineros tenían en la vela
nombrada Mona, y también supe habían cogido dos balandras en inmediaciones
de la isla de Puerto Rico (ACH, Fondo La Torre, tomo XIII, pp. 452-453).
El día 12 los corsarios fondearon en la isla La Orchila y allí dejaron a toda
la tropa retenida con algunos víveres. El 17 ancló otra embarcación que iba de La
Guaira a Barcelona pero fue retenida por los mismos corsarios, cuyos tripulantes
habían ofrecido una recompensa para salvar este navío. Finalmente, Melandro y los
otros raptados pudieron, a los pocos días, embarcarse y regresar a La Guaira en
donde pusieron en conocimiento de sus superiores este desafortunado episodio en el
que se habían perdido además 500 vestuarios para el ejército expedicionario español.
El 22 de marzo el gobernador realista de Cumaná don Antonio Tobar pidió al
general La Torre el envío de un buque de guerra que protegiera del ataque de corsa-
rios “insurgentes” la llegada de embarcaciones cargadas con víveres. Esto fue en
respuesta al constante accionar de corsarios que, luego de tramitar patentes en la isla
de San Bartolomé con banderas de Buenos Aires, habían atracado barcos que venían
de la península y otros que salían de Costa Firme para las Colonias (ACH, Fondo La
Torre, tomo XXXII, pp. 316-317).
Joseph Ignacio de Zabala avisó desde Curazao el 16 de julio que se estaba
fraguando desde aquella isla un proyecto de algunos “sediciosos” para ocupar la plaza
de Puerto Cabello. Informó, además, que algunos realistas intentaron salir de la isla
hacia Coro, pero se abstuvieron de hacerlo debido a que por esos días había salido un
corsario con cuatro cañones y cien hombres y, por ello, se pidió el envío desde Coro de
algún buque armado que alejara a aquellos forajidos y permitiera auxiliar con víveres
a esta ciudad costera (ACH, Fondo La Torre, tomo XXVII, p. 406).
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Tan pronto arribó a Curazao el 4 de agosto el teniente español Martín de
Mendoza, comandante del bergantín español Hércules, elevó una queja ante el
gobernador y capitán general de la isla al ver cómo entraban y salían con frecuencia,
de ese puerto, varias embarcaciones, unas con banderas de Buenos Aires, otras de la
isla de Margarita y otras más con bandera blanca. Mendoza se mostraba extrañado
de observar cómo la autoridad local era permisiva frente a este movimiento al estar
su Rey “en paz y alianza con la nación española”. Al tiempo que anunció dar parte de
esta anómala situación al comandante de la marina de Costa Firme, Mendoza exigió
que estos navíos fueran conscados y su tripulación tratada como pirata. Sobre este
particular, el gobernador contestó a Mendoza haciéndole ver que, si se percató de
que eran piratas, debió haberlos capturado y conducido al puerto. Sin embargo, agra-
deció por esta información y prometió que adelantaría las investigaciones pertinentes
(ACH, Fondo La Torre, tomo XIX, pp. 335-337).
Al parecer, durante este tiempo era ya generalizado el temor de navegar estas
aguas. Juan Antonio Díaz escribió el 9 de agosto desde Curazao al general La Torre
expresando su inconformidad ante el hecho de que ninguno de los buques que zarpaban
desde allí querían llevarlo a Costa Firme “[…] por el temor de tantos corsarios insur-
gentes que siempre están a la vista de esta isla” (ACH, Fondo La Torre, tomo XXVII,
p. 180). En la mañana del 26 de agosto entró enfermo en una goleta el ocial Luis
Brion a Curazao, nacido en esta isla pero con una larga trayectoria de servicios a favor
de la causa republicana. De inmediato, el gobernador ordenó su expulsión pero al cabo
de pocos días falleció (ACH, Fondo La Torre, tomo XVIII, p. 276).
Al año siguiente, el accionar de los corsarios no parecía ceder. Así lo conrmó
un ocial al general La Torre, a mediados de enero de 1822, tras asegurar que ellos
continuaban infestando las aguas de Curazao (ACH, Fondo La Torre, tomo XXVII, p.
225). Por su parte, Manuel Junquito reportó el 19 de marzo que aún no había podido
zarpar de la isla el buque etado por los emigrados, debido a la presencia de tres corsa-
rios que merodeaban esta zona insular. Juan Bautista Fraginal, entre tanto, confesó
que a nes de este mes, cuando iba en su buque hacia Curazao fue apresado por un
corsario “colombiano”. A mediados de junio las autoridades de Puerto Cabello estaban
a la espera de la goleta Holandesa con migración a bordo pero había ya mucha preo-
cupación pues a la fecha no aparecía y se creía que había caído prisionera a manos de
corsarios (ACH, Fondo La Torre, tomo XXVII, pp. 195, 377, 380).
Desde 1817 el gobierno español había elevado sentidas quejas ante el apoyo
del gobernador Norderling de la isla de San Bartolomé a los corsarios insurgentes,
entre ellos a Brión. Hacia el año de 1822 los reclamos aumentaron de tono y
llevaron incluso al gobierno de España a enviar un delegado ante la Corte de Esto-
colmo. Al parecer, fue muy ambigua la actitud del gobierno sueco pues, al tiempo
que pedía explicaciones al gobernador de la isla, también intentaba vender navíos
de guerra a los gobiernos republicanos de Nueva Granada, Venezuela y México
(Gámez, 2004, p. 134).
Roger Pita Pico • Venezuela en los estertores del dominio español y su relación con las Antillas extranjeras, 1820-1823 23
A MODO DE CONCLUSIÓN
Desde el periodo de dominio hispánico, las autoridades monárquicas de
Venezuela lograron mantener unas relaciones amistosas con las islas extranjeras
del Caribe, relaciones que se vieron reejadas en el activo intercambio comercial,
aunque, también se registraron algunas complicaciones en cuanto a los altos niveles
de contrabando y el ataque continuo de corsarios.
Sin duda, el proceso de Independencia experimentado en el territorio de Costa
Firme a principios del siglo XIX alteró el estado de estas relaciones políticas y econó-
micas. Las islas fueron clave como enlace en las relaciones de Venezuela y Nueva
Granada con las potencias europeas y, asimismo, inuyó la geopolítica vivida en Europa
tras las continuas alianzas y el estado de convulsión experimentado en su territorio.
Bajo este nuevo panorama, atizado por el ambiente de tensión e incertidumbre,
por causa de la guerra, fue importante el despliegue diplomático del gobierno español
asentado en Venezuela, no solo en su acercamiento con las autoridades de aquellas
islas sino con las potencias de las cuales dependían.
En realidad, la economía de estas islas no era tan próspera como para albergar
la creciente ola de emigrados de Costa Firme, a lo cual se sumaba el estado de convul-
sión política interna vivida en algunas de esas posesiones insulares y la actitud deli-
berante que, en ciertas ocasiones, asumieron algunos de los gobernantes coloniales
en claro distanciamiento con las directrices dictadas por la máxima autoridad de las
potencias europeas de las cuales dependían.
Es importante precisar, además, que la situación de guerra que afectaba el
territorio de Costa Firme propició una participación más activa de los corsarios,
especialmente de aquellos al servicio de la insurgencia, por cuanto develaron las
aquezas de la Armada española, además del impacto causado en el comercio que
tradicionalmente se realizaba desde y hacia la península ibérica. Resultó bastante
difícil combatir el accionar de estos corsarios, ante lo cual primó un estado de cons-
tante zozobra e impunidad (Gámez, 2004, p. 40).
Aún con este cúmulo de dicultades, fue valioso el apoyo de las colonias
extranjeras al agónico gobierno de Venezuela, aunque, a n de cuentas, fue insu-
ciente para evitar que sucumbiera frente a la arremetida de los republicanos. En
los años posteriores a 1823 los contactos entre estas posesiones insulares extran-
jeras y los últimos reductos del dominio hispánico como Cuba y Puerto Rico fueron,
en realidad, muy escasos y esporádicos en momentos en que estaba prácticamente
desmoronado el otrora imperio español y cuando ya eran prácticamente remotas las
esperanzas de reconquistar sus antiguos dominios (Ghotme, 2020).
Por su parte, en su lucha emancipatoria, el bando republicano, cada vez
más fortalecido militarmente y bajo el marco de una ofensiva diplomática, buscó
abrirse nuevos espacios de relación con aquellas posesiones insulares en procura de
respaldo a su proyecto revolucionario ampliado, a lo que se conoció, en ese entonces
como República de Colombia, la cual, para 1823 había logrado integrar plenamente
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los territorios de Venezuela, Nueva Granada y al sur las provincias de Quito. Sin
embargo, el reconocimiento político de las potencias europeas, bases de esos domi-
nios coloniales, se dio de manera muy lenta y diferenciada pues dependió de los
avances bilaterales logrados por los nuevos gobiernos republicanos.
NOTAS
1 La Costa Firme comprendía el territorio de la zona norte de la América Meridional e incluía la
capitanía general de Venezuela y el Virreinato de la Nueva Granada.
2 En República Dominicana se registró en 1821 un efímero movimiento emancipatorio republica-
no, pero desde el año siguiente y por espacio de más de dos décadas fue ocupada por los haitianos.
3 Véase además (Mendoza, 1962, pp. 133-385).
4 Este ocial español llevaba ya varios años de lucha en territorio venezolano, pues había arriba-
do en 1815 en la expedición de Reconquista del general Pablo Morillo (Pérez, 1971).
5 En 1807 la isla pasó a ser dominio de los británicos pero nuevo fue retomada por los holan-
deses en 1816.
6 Un antecedente de ello sucedió en 1815 cuando el general Pablo Morillo reconquistó la plaza de
Cartagena y anunció a las islas de Curazao y Martinica el bloqueo del ujo de embarcaciones
(Rodríguez, 1910, pp. 445, 588).
7 En una carta dirigida el 15 de enero de 1821 al ministro de Guerra de España, el general
La Torre solicitó el urgente envío de más recursos para el sostenimiento de la tropa ante el
estado de escasez y miseria. Denunció la falta de dinero para sufragar los salarios, pues los
ociales recibían una cuarta de la paga mientras que a los soldados apenas se les proveía un
pedazo de carne y un cuartillo. La Torre veía además con preocupación la nula disposición
de los pueblos en contribuir voluntariamente al sostenimiento del Ejército Expedicionario
(Pérez, 1971, pp. 272-273).
8 Vale precisar que este general había estado en agosto de 1821 refugiado en la isla tras la pérdida
sufrida en la batalla de Carabobo y estando allí participó en el mes de agosto en la celebración
del cumpleaños del Rey Guillermo I (Sytze, 2018, p. 96).
9 Por esta época, el derecho de gentes hacía referencia al derecho público en especial en los casos
de guerras entre naciones o a los derechos que regían entre todos los pueblos sin distingo de
nacionalidades (Álvarez, 2000, pp. 60-62).
10 La principal diferencia entre piratas y corsarios consiste en que los primeros eran bandas orga-
nizadas de delincuentes particulares dedicados a saquear barcos en los mares mientras que los
segundos actuaban bajo el auspicio y las banderas de un gobierno (Lane, 2007).
11 Sobre esta temática, véase (Apestegui, 2000).
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