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11Diálogos Revista Electrónica de Historia, 24(1): 1-22. Enero-junio, 2023. ISSN: 1409-469X · San José, Costa Rica
DOI 10.15517/dre.v24i1.51697
UN TEMA REZAGADO: PODER JUDICIAL
Y ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE LA
INSTITUCIONALIDAD COSTARRICENSE
Carlos Humberto Cascante Segura
Resumen
El texto tiene como objetivo realizar un estado de la cuestión acerca de los
estudios existentes sobre el desarrollo del Poder Judicial y la administración de
Justicia en Costa Rica. Para ello, compara las fuentes y los métodos empleados
por los diversos autores que han trabajado esta temática. Se concluye que la
carencia de estudios sistemáticos y continuos del desarrollo del Poder Judicial
son especialmente notables para el siglo XIX. Asimismo, en los trabajos sobre
la materia se han preferido aquellos vinculados con la instrumentalización
de la administración de justicia para el control social, empero, se ha dejado
de lado el desarrollo institucional, entendido como la evolución normativa,
la conformación de cuadros burocráticos y la estructuración de discursos
legitimadores de este proceso. De estos elementos, son los estudios sobre
normativa jurídica los que han prevalecido, estos en general adolecen de
contextualización de los fenómenos sociales que explican la existencia de esas
normas.
Palabras clave: institucionalización, control social, administración de justicia,
normatividad, judicial.
Fecha de recepción: 4 de julio de 2022 • Fecha de aceptación: 10 de noviembre de 2022
Carlos Humberto Cascante Segura • Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica y
Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.
Contacto: carlos.cascantesegura@ucr.ac.cr
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1933-9015
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“…porque, por remotos o remotísimos que parezcan cronológicamente
los hechos que entran en ella, es, en realidad, historia referida siempre a
la necesidad y a la situación presente”.
Benedetto Croce
CONSIDERACIONES PREVIAS
El 16 de octubre de 2018, en sesión de Corte Plena, el ente más importante
de la organización del Poder Judicial costarricense, pues reúne a los 22 miembros
de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado presidente del alto cuerpo colegiado,
Fernando Cruz Castro, emitió una elaborada defensa del principio de independencia
del Poder Judicial. En una tensa sesión, el magistrado presidente pretendía establecer
la relevancia del Poder Judicial como un componente central de la democracia costa-
rricense. La reunión del principal órgano de gobierno judicial se desarrolló durante
un álgido momento de la discusión sobre el plan scal en Costa Rica, solo uno más
dentro de una etapa caracterizada por las duras acusaciones y escándalos dentro
de este poder de la República, que han llevado a cuestionar su transparencia y su
eciencia; dado que meses antes se había producido la destitución de un magistrado
y habían producido la renuncia del anterior presidente de la Corte.
Los hechos descritos son una evidencia palpable de la relevancia que tiene el
Poder Judicial y la administración de justicia en la alta política costarricense. Impor-
tancia que, paradójicamente, se contrapone con los escasos estudios en la literatura
académica de ciencias sociales e historia sobre su conformación y consolidación. De
tal forma, este artículo pretende establecer un estado de la cuestión sobre los textos
de carácter histórico -aunque se incluyen algunos textos con un enfoque jurídico-
existentes en Costa Rica sobre la conformación del Poder Judicial y la adminis-
tración de justicia, elaborados en el periodo comprendido entre 1960 y 2020. Para
los efectos de esta recopilación, se seleccionaron trabajos en los que se estudia la
evolución del gobierno judicial (Corte Suprema de Justicia), así como los tribunales
que dependían jurídicamente de este, aquellos relativos a los debates sobre nan-
ciamiento, así como los que conciernen a su funcionamiento cotidiano. Se excluyen
aquellos trabajos sobre agencias gubernamentales que pertenecieron a la Secretaría
de Gobernación y otros entes del Poder Ejecutivo.
El esfuerzo por determinar las características de la producción en este ámbito
se realiza en el contexto de los estudios históricos sobre la conformación institucional
del Estado costarricense. Lo que permite plantear la necesidad de trabajar proyectos
de investigación en esta línea, la cual, desde diversas perspectivas, ha tomado mayor
relevancia en la historiografía latinoamericana, donde se ha dirigido a determinar
A LAGGING AFFAIR: JUDICIAL BRANCH AND
HISTORICAL STUDIES ON COSTA RICAN
INSTITUTIONALISM
Abstract
This paper aims to present a state of art on research about Judicial Branch and
Justice Administration in Costa Rica. It compares the sources and methods used by
the various authors who have worked on this subject. It is concluded that the lack
of systematic and continuous studies on Judicial Branch are especially notorious
for the Costa Rican 19th century, likewise, research on justice administration as
instrument for social control have been a predominant issue. However, research on
institutional development, understood as the normative progression, bureaucratic
consolidation process and political legitimation discourses conformation; has been
scarce. From these institutionalization components, studies on legal norms with
regulates Judicial Branch have been predominant, but, in general, these ones had
suffered for the lack of contextualization of the social phenomena that explain the
existence of such legal norms.
Key words: institutionalization , social control, justice administration, normativity, judicial.
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En la corta literatura disponible se encuentran dos tipos de estudios sobre
esta materia. Por una parte, los escasos textos de carácter general que se encuentran
dirigidos a realizar un recorrido por los casi dos siglos de historia del Poder Judicial
y, por otro lado, los que se concentran en aspectos parciales de este tema, en general,
de orden más técnico jurídico o de orden crítico a los problemas que, en determi-
nado momento, ha evidenciado el quehacer de esta institución. Por consiguiente, el
presente estado de la cuestión se organiza en tres acápites: una introducción sobre la
evolución de los estudios sobre justicia en el ámbito latinoamericano, que permita
comprender la evolución general de estos estudios y como estos han ido desarro-
llando líneas de investigación; los siguientes dos apartados se concentran en la litera-
tura costarricense sobre la materia, el primero analiza los trabajos generales sobre el
Poder Judicial, el segundo analiza los trabajos sobre temas particulares. Por último,
se realiza, a modo de conclusiones y reexiones nales, una valoración crítica del
conjunto de estos textos.
BREVES APUNTES SOBRE LOS ACERCAMIENTOS
CONTEMPORÁNEOS AL ESTUDIO DEL PODER
JUDICIAL Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Los principales trabajos contemporáneos sobre formación de las instituciones
judiciales provienen de un proceso de recomposición de la tradicional historia del
Derecho (la cual tenía su propio espacio en las escuelas de derecho y no en las de
historia). Esta última, vinculada con los primeros intentos de consolidación de la
disciplina historiográca y con el positivismo jurídico pretendía determinar – de
forma aislada – los orígenes de las instituciones jurídicas existentes (fuentes del
derecho). En este sentido, desde nales de la década de 1990, se ha iniciado un
proceso para recomponer los elementos formuladores de este tipo de historiografía,
de forma tal que, las instituciones dejan de ser entes descontextualizados para ser el
fruto de la organización social en la cual se conforman (Angeli, 2010). De tal forma,
la historia del derecho ha encontrado en la historia del fenómeno político un intere-
sante aliado que, en palabras de Agüero (2012), puede entenderse como:
[…] la necesaria problematización de los conceptos y la consecuente crítica
historiográca, pasaron a ser así preocupaciones metodológicas de la historia
del derecho que la acercan notablemente a las cuestiones puestas en la agenda
de la más reciente historia política. La revisión que implicó, por ejemplo, para
la historia política latinoamericana el reconocimiento de una teleología implí-
cita en el relato sobre el origen de la nación, así como la tarea de componer
una historia semántica a partir de conceptos fundamentales, guardan una
estrecha relación con el giro que implicó para la historia jurídica el rechazo a
la teleología estatalista que había condicionado casi por completo su desarrollo
cómo fueron congurados los diversos componentes del Estado en sus territorios, y
cómo se produjo se evolución. Desde esta perspectiva, este texto se congura a partir
de la distinción entre los estudios sobre historia institucional e historia de la justicia,
estos últimos también han proliferado en la historiografía latinoamericana, pero han
estado enfocados de manera prioritaria con la historia social, la historia de la crimi-
nalidad y las estructuras de control social (Castro-Valdebinito, 2019).
Por tal motivo, previo a iniciar el estudio de los textos detectados en Costa
Rica sobre esta materia, resulta importante establecer un acercamiento a las distintas
modalidades en que los estudios historiográcos han abordado la conguración de
la institucionalidad costarricense, estas pueden periodizarse, a grandes rasgos, en
cuatro fases. El primer acercamiento a las instituciones costarricenses se encuadra
en los primeros estudios historiográcos que los intelectuales liberales produjeron
a nales del siglo XIX y principios del siglo XX. Los textos en cuestión describen
la creación de instituciones públicas, sin embargo, estas son el producto de la inte-
ligencia de los grandes hombres de estado. El segundo acercamiento, se congura
a mediados del siglo XX, con la conformación de la denominada “Segunda Repú-
blica”, con las características propias del historicismo; en esta etapa se incluyen los
fenómenos económicos para entender la conformación de una cada vez más deli-
neada institucionalidad estatal, aunque el peso de los eventos y los liderazgos sigue
presente. El tercero, que se produce a nales de la década de 1970 y principios de la
década de 1980, se caracteriza por el impacto del marxismo histórico en Costa Rica
en la sociología y la historiografía, por lo que la institucionalidad se encuentra condi-
cionada por las estructuras económicas y los movimientos sociales, con menor peso
de los eventos y en un lenguaje de procesos sociales. La última etapa se encuentra
en formación desde inicios del presente siglo, en esta, el peso del análisis ha recaído
sobre el estudio de instituciones especícas y su impacto sobre el proceso de cons-
trucción del Estado; así como un profundo interés por los aspectos nancieros que
sostienen la institucionalidad.
En los trabajos desarrollados dentro de las aproximaciones descritas, el
estudio del Poder Judicial ha quedado rezagado, pues existe una preferencia tanto
de los historiadores del pasado como de los del presente por investigar la estruc-
turación institucional por Poder Ejecutivo. En efecto, no han existido proyectos de
investigación de largo aliento que produzcan trabajos sistemáticos que estudien el
desarrollo histórico de la rama judicial en Costa Rica, o bien, que utilicen métodos
historiográcos vinculados al análisis institucional. Por consiguiente, el análisis
del origen, conguración y evolución del Poder Judicial constituye un tema menor
dentro la historiografía nacional relativa a la construcción del Estado, que, en gran
parte, ha sido asumida por juristas. Sin embargo, como se esbozará más adelante, las
características de la última fase de evolución de los estudios sobre institucionalidad
en Costa Rica abren un espacio para trabajar con un nuevo instrumental al Poder
Judicial y a la administración de justicia.
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original. Y este acercamiento no es sólo cuestión de métodos, sino también
de objetos, en tanto que éstos son, en buena medida, resultado de aquéllos.
Si, como señalábamos antes, lo “jurídico” y lo “político” no remiten a dimen-
siones naturales de los comportamientos humanos sino que constituyen modos
de atribución de sentido a partir de actos de habla que vehiculizan creencias,
valores y representaciones del mundo social, que construyen realidad mediante
su efecto performativo, un amplio terreno de convergencia se ha abierto una
vez problematizadas aquellas categorías y reconocido el carácter contingente
de su separación. (p. 82).
En tal sentido, estos cambios han tenido como fundamento primordial los
trabajos en Europa de los italianos Pietro Costa y Paolo Grossi; el portugués Antonio
Hespahna; y los españoles Bartolomé Clavero, Jesús Vallejo y Carlos Garriga. Por
otra parte, en América Latina se han destacado los trabajos de Víctor Tau Anzoá-
tegui, José de la Puente Brunke, Tamar Herzog, Alejandro Agüero y Juan Manuel
Palacio. Desde esta perspectiva de análisis, no basta con entender la formación de
las normas jurídicas, sino cómo estas se aplican mediante las estructuras judiciales.
Es así como, en este acápite, se dedicará a analizar las principales líneas de investi-
gación sobre la construcción de dichas instituciones.
Como puede apreciarse en los trabajos de autores europeos sobre la materia, el
gran problema vinculado con las estructuras judiciales se encuentra en las transfor-
maciones de la “justicia”, término con que se conoce el ejercicio de la actividad juris-
diccional, desde las sociedades de antiguo régimen hasta las sociedades modernas.
En esta línea, la literatura se ha caracterizado por analizar y describir el proceso
por el que la autonomía de la autoridad local se enfrenta con el poder central, en su
intento por la conformación de un Estado “centralizado” (Hespanha, 1989; Garriga,
1994). En esta línea, autores como Sánchez Rubio (2001) y Costa (2012), incluso
analizan los cambios producidos en los siglos XVII y XVIII, donde plantean un
proceso de cambio en que la centralización de ejercicio jurisdiccional pasa de los
jueces “locales” a los jueces de la corona, para luego sufrir un nuevo proceso de
centralización para construir cuerpos más burocratizados, para independizarse de la
propia corona y construir poderes judiciales.
Este cambio solo pudo plantearse al diferenciar e identicar los perles de los
funcionarios encargados de impartir justicia. Desde esta perspectiva, Hespahna inicia
un relevante proceso de investigación para establecer las características que tenían
los funcionarios encargados de impartir justicia. Para ello establece la categoría de
los jueces legos y letrados, categorización que va más allá del sentido normativo,
sino en la línea de sus comportamientos e intereses. En otros términos, para el autor
portugués la construcción de la judicatura no se realiza solo a partir de las interrela-
ciones de los grandes intereses de la corona con las autoridades locales, sino también
desde los funcionarios de la corona, que no siempre responden a un modelo mecá-
nico de cumplimiento de instrucciones verticales y que guardan intereses propios
(Hespahna, 1989).
Asimismo, dentro de los trabajos estudiados se desarrolla el concepto de
cultura jurídica. Este hace referencia no solo a la conciencia de la existencia de
normas obligatorias en las relaciones sociales de los individuos, sino que también
implica la relación entre la sociedad y el aparato judicial. En otros términos, esta-
blece una visión y una serie de valores sobre la actuación de lo judicial en la vida
cotidiana de las sociedades, tanto desde mecanismos de imposición como de nego-
ciación social. Desde esta perspectiva la cultura jurídica puede constituir un nuevo
campo de enfrentamiento entre grupos sociales, pues conlleva un importante espacio
para el ejercicio del poder (Hespahna 2002, Petit-Calvo, 1995, Becchi, 1997).
En el contexto latinoamericano, el desarrollo de los poderes judiciales cons-
tituye uno de los componentes de mayor crítica en el proceso de construcción del
Estado y la institucionalidad. Esta crítica se encuentra enfocada en señalar una serie
de deciencias de gestión, que tienen como base la falta de independencia respecto
del Poder Ejecutivo, la desigualdad en la aplicación de la ley, la falta de presupuesto
reservado para el ejercicio de esta potestad y la incapacidad de cubrir todo el terri-
torio estatal (Ratliff y Buscaglia, 1997; Acuña y Alonso, 2003; Esquirol, 2008).
Con este panorama y en el marco de las reformas democráticas a la justicia en
el continente, a mediados de la década de 1990 se inició la producción de trabajos
que valoraron la importancia de reconstruir estudiar las relaciones entre los aparatos
judiciales y las sociedades del siglo. Se distinguen en este ámbito los trabajos reali-
zados en Argentina (Tau Anzoátegui, 1992; Agüero, 2008; Palacio, 2001 y Barriera,
2001 y 2010) y México (Galante, 2011), aunque se han elaborado relevantes trabajos
en otros países del Cono Sur (Herzog, 1995; Velasco-Herrera, 2013). Las líneas lati-
noamericanas han recogido los cambios postulados desde Europa, mediante la incor-
poración del concepto de cultura jurídica; no obstante, se ha evolucionado hacia
una historia social de la justicia, la cual fue denida por Barreira (2010) como el
concepto ideal para expresar “que historizando la justicia buscamos comprender
mejor las relaciones sociales”. Por tal razón, tanto en Europa como en América se ha
dado un redescubrimiento de los archivos judiciales, como fuente útil para descubrir
las distintas características de las relaciones sociales, al tiempo que se reconstruyen
en parte las características de las instituciones judiciales.
Asimismo, dentro de los otros elementos relevantes en estos análisis se
encuentran las distintas formas de administración de justicia entre el campo y la
ciudad, las también reejan los problemas vinculados con la conformación de un
aparato de justicia centralizado. En esta línea, los trabajos establecen una vincula-
ción indispensable entre las reformas normativas y las transformaciones administra-
tivas, que pretendían hacer del Estado el único ente encargado de resolver conictos.
Asimismo, se establece un interesante conicto, en el cual – a diferencia de la orga-
nización colonial –, durante el siglo XIX, se establece un lento proceso que pretende
realizar una separación profunda entre el derecho y otros órdenes normativos, para
garantizar la presencia e inuencia del Estados en el territorio, en otros términos,
se pretenden establecer cambios sustantivos a la cultura jurídica interna y externa a
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las instituciones que ejercen la potestad jurisdiccional del Estado (Candioti y Yangi-
levic, 2013).
Ligada esta línea de trabajo han estado los estudios sobre criminalidad, donde
destacan, entre otros, los trabajos de Aguirre y Salvatore (2017), Albornoz (2007),
Caimari (2016) y Castro-Valdebenito (2019). Esta corriente se encuentra claramente
vinculada con el estudio del poder desde las líneas marcadas por Foucault en la
academia francesa, por lo que no se quedaron el ámbito judicial, sino que abordaron
el marco la prisión y sus especiales características en América Latina, así como la
construcción social y cultural del delincuente como un instrumento que reproduce
las relaciones de poder en las sociedades latinoamericanas.
Desde esta perspectiva, la historiografía latinoamericana el estudio de esta
materia ha estado ligada, como se señaló anteriormente, a la denominada historia
de la justicia. Esta perspectiva de análisis tiene en común con la historia institu-
cional la necesidad de entender la formación de las normas jurídicas y cómo estas se
aplican mediante las estructuras judiciales en la vida cotidiana, lo que implica prestar
menos atención a cómo se construyen las instituciones centrales de la administración
de justicia y las luchas de poder entre las elites judiciales centrales y los poderes
ejecutivos (Zimmerman, 1999). La fortaleza del abordaje de historia de la justicia
ha quedado reejada en la continuidad de la revista Historia y Justicia, publicación
que recoge trabajos con esta línea de todo el hemisferio, y cuyo primer número fue
publicado en 2013.
No obstante, en el trayecto seguido por la denominada historia de la justicia
faltan los grandes estudios sobre historia institucional que permitan comprender
a los poderes judiciales dentro del juego político de las elites latinoamericanas. A
pesar de ello, desde el punto de vista de la comprensión institucional del problema
de formación de los poderes judiciales, este tipo de planteamientos ha permitido
comprender la preservación, durante las primeras décadas del siglo XIX, de las
formas y tradiciones jurídicas coloniales, a pesar del impulso de las formas jurí-
dicas liberales y la importancia para el desarrollo de las instituciones judiciales del
ejercicio “municipal” de la justicia en disputa/transacción con la autoridad central.
Asimismo, permite comprender que la ausencia de estudios sobre la construcción
y evolución de las instituciones judiciales son parte del panorama latinoamericano.
LOS ESTUDIOS DE ALCANCE GENERAL DEL
PODER JUDICIAL EN COSTA RICA
Como se señaló líneas atrás, existen escasos trabajos generales sobre el devenir
histórico de la institucionalidad judicial. De este carácter se han detectado solo dos
textos. El primero, de Luis Paulino Mora Mora, exmagistrado y expresidente la Corte
Suprema de Justicia, denominado Historia del Poder Judicial en la segunda mitad
del siglo XX (2001); y, el segundo, de Jorge Francisco Sáenz Carbonell, conocido
historiador jurídico y diplomático, y Mauricio Masis Pinto, intitulado Historia de
la Corte Suprema de Justicia (2006). Por un lado, el texto de Mora Mora (2001)
tiene como propósito efectuar una síntesis descriptiva, aunque poco detallada, de
los principales hitos normativos que conformaron al Poder Judicial costarricense,
mediante lo que explica una evolución lineal y siempre positiva del Poder Judicial
en Costa Rica, sin mostrar momentos de conicto o transformaciones abruptas. El
objetivo del texto, en términos generales, es brindar una postura optimista de la
conformación de la administración de justicia, con un pilar de la democracia y la
paz social costarricense, sin mayores ambiciones explicativas. Este primer texto se
enmarca en una noción difundida en los círculos jurídicos nacionales, según la cual,
la madurez institucional del Poder Judicial se alcanzó con la Constitución Política de
1949; sin distinguir periodos posteriores a este acontecimiento.
Por otra parte, el texto de Sáenz Carbonell y Masis Pinto (2006) se enfoca
en el desarrollo normativo de la Corte Suprema de Justicia, ente superior del Poder
Judicial, sin entrar a una elaboración del proceso de consolidación de los actores que
inuyeron en la formación de la Corte y resto del Poder Judicial, que incluiría a los
tribunales inferiores, es decir, los juzgados y las alcaldías. A diferencia, del trabajo
de Mora, Sáenz y Masís establecen una periodización mejor elaborada, aunque
sometida a los cambios constitucionales y no a elementos políticos y sociales que
causaron las transformaciones normativas de la organización judicial.
La evidencia para la construcción de ambos textos está constituida por las
normas jurídicas que regularon al Poder Judicial y a la Corte Suprema de Justicia. Por
consiguiente, se reconstruye la historia del Poder Judicial por medio de un repaso por
la organización constitucional y las regulaciones legales que han regido a la institu-
ción. No hay profundización, sin embargo, de elementos de contextualización de las
razones políticas, sociales y económicas que produjeron dichas normas. A pesar de
ello, el trabajo de Sáenz y Masís resulta valioso, dado que demuestran la existencia
de una composición organizativa y recopilan los componentes normativo - jurídicos
de dicha organización.
Cabe agregar que dos componentes se destacan en el trabajo de Sáenz y Masis.
Además, se realiza una pormenorizada recolección de los datos biográcos de las
personas que llegaron a ocupar la presidencia del Poder Judicial, mediante un trabajo
de revisión en la Colección de Leyes y Decretos, con lo que sigue el esfuerzo de un
trabajo anterior escrito por Guillermo Solera Rodríguez (1966). Dichos datos faci-
litan el análisis del origen y las relaciones político - personales de quienes llegaron a
dicho estrado, además, contiene el componente más complejo en términos investiga-
tivos, pues logran completar la nómina de las personas que ocuparon la magistratura
en Costa Rica desde 1826 hasta 2006, lo que sería la materia prima para iniciar estu-
dios prosopográcos en esta materia.
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LOS ESTUDIOS DE ALCANCE ESPECÍFICO (TEMPORAL
O TEMÁTICO) DEL PODER JUDICIAL
Sin ser abundante, existe mayor producción de trabajos que retoman el tema
del Poder Judicial o la administración de justicia con fundamento en periodos
especícos o aspectos concretos del desarrollo de este o, incluso sus efectos en la
sociedad costarricense. En este tipo de estudios pueden determinarse dos rutas de
investigación, la primera aborda el carácter institucional del Poder Judicial, bajo
una visión tradicional de sus funciones dentro del Estado, en la que se destacan las
investigaciones de juristas e historiadores del Derecho e Instituciones; por ende, en
algunos casos, los componentes históricos funcionan como instrumentos de interpre-
tación normativa más que como una indagación independiente. La segunda, de más
reciente data, ha sido elaborada por historiadores preocupados por construir modelos
de historia política renovada e historia “desde abajo” y control social, que desarro-
llaron estudios sobre las funciones ideológicas y de control social de las agencias del
sistema judicial.
Dentro del primer ámbito de investigaciones, que empezaron a escribirse a
nales de la década de 1960, pueden mencionarse las obras de Eloy González Volio,
titulada Historia de la Corte Suprema de Justicia, de 1821 a 1949 (1967), y Carmen
Lila Gómez, La Corte Superior de Justicia del Estado de Costa Rica (1969). En
el caso de Gómez, su estudio se encontraba dentro de los trabajos de esta autora
sobre los años en el poder de Juan Mora Fernández. Dichos textos aparecen durante
años en que habían desarrollado conictos sobre el presupuesto del Poder Judicial
y la aplicación del artículo 177 de la Constitución que lo establece (Cascante, 2014,
34). Ambos trabajos plantean una historia eventual, con fuentes primarias y norma-
tivas que intenta explicar el desarrollo del Poder Judicial costarricense; sin embargo,
entre líneas, permiten comprender los cambios abruptos en el diseño institucional
que dicho poder tuvo en las primeras décadas de existencia del Estado. Asimismo,
el texto de González Volio (1967) empieza a establecer una división temporal que
será tradicional en los estudios sobre la materia, dado que ja la gran transformación
del Poder Judicial con el proceso de guerra civil y la redacción de la Constitución
de 1949.
Junto con estos estudios historiográcos, también al nal de la década de
1960 y la década de 1970, dadas las disputas por el presupuesto del Poder Judicial
y el fortalecimiento de Corte Suprema de Justicia como actor político, aparecen los
trabajos en la Facultad de Derecho de Víctor Manuel Hernández, La crisis institu-
cional de la Corte Suprema de Justicia (1967), Rodrigo Rojas Rodríguez, La inde-
pendencia nanciera del Poder Judicial (1973) y Carlos José Gutiérrez Gutiérrez, El
funcionamiento del sistema jurídico (1979) y un par de artículos de este mismo autor
relaciones con dicha obra central. Los dos primeros trabajos permiten comprender
las disputadas normativas y políticas del momento, así como, dentro de la Facultad
de Derecho existió toda una línea de pensamiento sobre la necesidad de dotar al
Poder Judicial de un mayor presupuesto que se deniese legalmente y no a partir de
los vaivenes de la negociación política.
Por su parte, el trabajo de Gutiérrez Gutiérrez, aunque con un enfoque socio-
lógico-jurídico y no historiográco, constituye un texto de la mayor relevancia para
los estudios de actualidad del Poder Judicial, dado que cuenta con capítulo dedicado
a analizar el desarrollo del Poder Judicial desde 1948 hasta 1970. El trabajo en cues-
tión fue una evolución de un estudio corto sobre las características de los jueces en
Costa Rica, publicado previamente en la revista de Ciencias Jurídicas (Gutiérrez,
1973), en el que se planteó varias hipótesis sobre el comportamiento de los jueces
respecto de sus funciones y en relación con su proveniencia social. Por su parte, en el
texto de 1979, se emplea una interesante base de estadística, este avance le brindó a
Gutiérrez las herramientas necesarias para caracterizar al Poder Judicial durante esos
años. La trilogía de trabajos de Gutiérrez concluyó con un artículo corto publicado
en 1981, en este trató de aproximarse a comprender el funcionamiento de la Corte
Suprema de Justicia, a partir de entrevistas a los magistrados e, incluso, de reconstruir
el día a día de sus funciones. No cabe duda de que, desde la sociología del derecho,
los trabajos de Gutiérrez constituyen una evolución metodológica, a pesar de lo cual
conserva incólume la idea de que la constituyente de 1948 y la Constitución de 1949
conforman el origen del Poder Judicial contemporáneo (Gutiérrez, 1981).
A pesar de ser un dinamizador de las investigaciones sobre el Poder Judicial
y su institucionalización, la discusión sobre el nanciamiento y la independencia
judicial no siguió pesando en la elaboración de tesis o estudios históricos respecto de
este. Durante la década de 1980, solo aparece la tesis de Víctor Manuel Hernández
Cerdas, Crisis institucional de la Corte Superior de Justicia en la formación del
estado nacional (1980), cuyos anexos fueron publicados como artículo de revista con
el mismo nombre (1984), describe el devenir jurídico normativo y los problemas de
integración de la Corte entre 1821-1848. Resultaba muy innovador en este trabajo la
búsqueda de salarios y presupuestos para la época, así como las nóminas completas
y las biografías de algunos de los magistrados electos durante esas décadas; sin
embargo, no vincula con profundidad este proceso con los discursos jurídicos plan-
teados durante dicho periodo histórico, por lo que no puede comprenderse con la
claridad los motivos de la debilidad institucional del periodo.
Más allá de la inuencia de los textos elaborados en la década de 1970, o un
intento por profundizar en sus hallazgos, fueron los recortes al presupuesto de la
Corte, los intentos de modicación al nanciamiento de esta y, sobre todo, las acusa-
ciones de corrupción e irrupción de la inuencia de los grupos narcotracantes en el
país, los que generaron más innovación en los estudios sobre el Poder Judicial en la
década de 1980 y principios de la década de 1990 (Cascante, 2014). Desde esta pers-
pectiva, al enfocarse en una dura crítica a la situación del Poder Judicial, tanto por
su relación nanciera con el Poder Ejecutivo como por la ineciencia para cumplir
sus funciones en la concepción del Estado de Derecho, y la pérdida de legitimidad
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política que estaba experimentando una serie de investigaciones, tuvieron un carácter
más minucioso y menos complaciente con la labor del Poder Judicial.
Este contexto generó tres tipos de trabajos, los informes técnicos y los artí-
culos críticos sobre la situación del Poder Judicial, en un marco de discusión sobre su
reforma; los estudios de historia del derecho sobre el control de constitucionalidad;
y, por último, los trabajos académicos sobre las relaciones de poder que rodean al
desarrollo del Poder Judicial tanto como actor político como instrumento de control
social.
En esta línea, el Informe sectorial sobre la administración de justicia en Costa
Rica, elaborado por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la
Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) (1986), junto con
la Universidad Internacional de la Florida, cuyo coordinador fue Enrique Castillo
Barrantes, importante gura de la política costarricense durante las siguientes dos
décadas, constituyó un diagnóstico sobre el estado del sistema de justicia a mediados
de la década de 1980. En tal sentido, se introduce al Poder Judicial como principal
actor, que puede ser examinado mediante métodos estadísticos y cualitativos.
Este último aspecto es relevante para las futuras investigaciones historiográ-
cas sobre esa época, pues incluyen una serie de entrevistas con diferentes actores
del Poder Judicial, entre ellos jueces, scales; así como con abogados litigantes y
público en general. De tal forma, se brinda una descripción sobre las percepciones
negativas que existían de la administración de justicia, aunque no se plantean las
causas que provocan esa visión con claridad.
En la misma dirección crítica del citado informe, pueden citarse las tesis de la
década de 1980 elaboradas en la Facultad de Derecho. Entre ellas se encuentra las
de Víquez y Carvajal (1986); Macaya Cerdas (1986); Fernández, Molina y Navarro
(1987); y en la década de 1990, de Sedo Jiménez (1990) y Calvo Coto (1993), estas,
con un perl marcadamente jurídico, pretendían establecer los componentes argu-
mentativos para sostener la independencia económica del Poder Judicial, en etapas
en las que este tema se encontraba dentro de debates más álgidos en el país, dadas las
reformas que se estaban dando en la Corte Suprema de Justicia y un nuevo enfrenta-
miento en razón del presupuesto judicial y su administración.
El enfoque de textos críticos elaborados por operadores del sistema judicial
continuó durante las dos décadas siguientes. Se puede mencionar, entre muchos
otros, los trabajos de Cruz (2000 y 2003), Arias (2006), Dobles Ovares (2008) y
Vargas (2021). Estos textos, a diferencia de los mencionados para las décadas de
1980 y 1990, se concentraron en debatir la conformación de una verdadera carrera
judicial (modernización del esquema de contratación y estabilidad laboral de los
jueces) y el impacto que este faltante ha tenido sobre la independencia de los jueces
frente a los órganos de gobierno del Poder Judicial, a partir del estudio de las normas
jurídicas y la experiencia de los autores dentro de la administración de justicia. Cabe
mencionar que el trabajo de Arias se destaca entre estos por brindar un enfoque
de género al problema de la carrera judicial, conceptualizar la composición de este
proceso y mostrar, a partir un ejercicio de inferencia estadísticas, las desigualdades
existes en ese proceso.
El tercer tipo de estudios se enfoca en temas especícos de institucionalidad y
origen del control de constitucionalidad. Entre ellos pueden citarse los trabajos sobre
el Poder Conservador y el control de constitucionalidad. Estos textos se encuentran
motivados por la discusión que surge en la década de 1980 sobre la creación de
un tribunal constitucional, que concluye con la creación de la Sala Constitucional
(conocida como “la Sala Cuarta”) y los debates sobre su comportamiento jurídico
y político en los años posteriores a su creación. Dentro de estos, se encuentran El
poder conservador: cuarto poder del estado de Costa Rica: constitución de 1825
(1984), de Luis Felipe Fernández; y El poder conservador, inicio del control de cons-
titucionalidad en Costa Rica (1993), de Carlos José Gutiérrez; y Los inicios del
control constitucional en Costa Rica, de Jorge Sáenz Carbonell (1999), que reejan
interesantes disputas en la organización del Estado costarricense por las funciones
jurisdiccionales de este. Desde los aspectos metodológicos, estos textos guardan un
enfoque de historia del derecho tradicional, es decir, basado en la descripción de la
evolución normativa.
Por otro lado, dentro del tercer tipo de investigaciones con enfoque historio-
gráco, que empiezan a elaborarse en la década de 1980, sobresalen los trabajos
de Jorge Rhenán Segura Carmona, La clase política y el Poder Judicial en Costa
Rica (1982); Patricia Badilla, Ideología y Derecho: El espíritu de la reforma jurí-
dica costarricense (1882-1888) (1988); Claudia Quirós, Los tribunales de probidad
y sanciones inmediatas (1989); y un trabajo de publicación más tardía de José Daniel
Gil Zúñiga, Morigerando las costumbres. Canalizando las disputas. A propósito de
los conictos en los pueblos heredianos. 1885-1915 (1997), que estuvo basado en su
tesis doctoral. Sobre estos textos, es necesario realizar algunas apreciaciones parti-
culares, por los avances que representaron en su momento.
El texto de graduación de Segura Carmona, que después se publicó como libro
con el título La clase política y el Poder Judicial en Costa Rica (1982), constituye
un primer intento -en una etapa muy temprana en el desarrollo de este tipo de estu-
dios en Costa Rica- por discutir mediante fuentes y métodos novedosos los vínculos
entre la Corte Suprema de Justicia y los actores del sistema político costarricense,
para lo cual retoma alguna de las tesis propuestas por de Samuel Stone (1993). Pese
a ello, las conclusiones no son tan sugerentes como el objetivo propuesto, dado que
no termina por establecer los patrones de cómo la Corte se transformó en un instru-
mento de la elite política, o bien, se convirtió en una facción más de esta con capaci-
dades de decisión propia y presión sobre las demás. Es decir, se sostiene un concepto
muy lineal del poder y de la organización de las elites, sin reparar en los conictos
que toda organización política enfrenta.
En una línea similar, pero vinculada con el método de análisis de contenido,
el trabajo de Badilla (1988) -basado en su tesis de maestría- analiza los discursos
en torno al sistema jurídico y al Poder Judicial en el escenario de la gran reforma
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jurídica que se organiza y ejecuta en la década de 1880. Según la tesis de Badilla, la
reforma planteaba el principio de “Estado de Derecho”, un concepto que se tornaría
en un eje central en la visión de orden y progreso impulsada por los intelectuales y
políticos liberales. Este principio formaba parte de las visiones propias de la época,
según las que alcanzar niveles civilizatorios dependía de la existencia de un régimen
jurídico estable, orientado a la protección de garantías individuales. Esto se traducía
en la existencia de un aparato administrativo debidamente normado, en el cual se
destacaba el principio de independencia política y administrativa de la Administra-
ción de Justicia. El problema fundamental del planteamiento de Badilla consiste en
establecer a la élite política como un cuerpo unitario con un discurso unitario, donde
la organización judicial se transforma en un brazo más del poder de la élite, lo que
no permite comprender si los miembros de esta organización tienen un discurso e
intereses propios.
El trabajo de Quirós (1989) constituye una reconstrucción de las formas en
que fueron constituidos los tribunales de probidad y sanciones inmediatas, así como
una descripción de cómo estos operaron y contra quiénes fueron dirigidos. A partir
de lo que la autora concluye que los tribunales en cuestión permitieron consolidar el
poder de las fuerzas leales a Figueres tras la guerra. El texto se torna muy descriptivo
de los expedientes revisados por la autora y reeja poco de los efectos en el mediano
y largo plazo que estos tribunales causaron en la institucionalidad judicial existente.
El trabajo de Gil (1997), por otra parte, sin ser, en términos estrictos, historia
institucional, dado que se orienta más al estudio del control social, toma en cuenta la
institucionalidad judicial, lo que podría asimilarse a la historia de la justicia a que se
hizo referencia con anterioridad, pero con una clara visión de la capacidad del control
de grupos subalternos. Una renovación de estas temáticas se produjo con la publi-
cación del libro conjunto editado por Juan José Marín Hernández y José Daniel Gil
Zúñiga, titulado Delito, poder y control en Costa Rica 1821-2000 (2011), en que se
recogen los artículos El sistema jurídico de conciliación cotidiana y la construcción
de la legitimidad: el caso Costa Rica 1821-1840, de José Manuel Fernández Molina
(2011); y Las faltas y las felonías en Costa Rica, por regiones durante (1880-1940),
del propio Marín Hernández (2011). Los trabajos en cuestión, desde diferentes enfo-
ques, abordan las funciones del Poder Judicial y el sistema de justicia más allá la
normativa jurídica y la visión tradicional del Estado de Derecho, y ligan la acción
judicial a diversas manifestaciones de poder, como se expondrá a continuación.
De especial importancia por su planteamiento, el cual se acerca a los estudios
de historia de la justicia realizados en Europa y América Latina, el texto de Fernández
Molina (2011) inicia un debate entre localismo y poder central en los primeros años
de construcción del Estado costarricense tras la independencia (1821-1840). En
este sentido, con fundamento en la lectura y descripción de las resoluciones que
se conservan sobre la labor de alcaldías y juzgados, el autor en cuestión argumenta
que, tras la independencia, la normativa impulsada por las elites modernizadoras fue
contrarrestada por la forma tradicional y colonial de resolver los problemas locales.
Sin embargo, concluye que con forme el sistema jurídico se fueron expandiendo y
sustituyendo las formas tradicionales por las visiones de la elite en un proceso de
legitimación de esta. La propuesta presentada por Fernández Molina resulta de espe-
cial relevancia, en la medida que plantea un punto de partida para comprender los
obstáculos iniciales en la implementación de los diseños institucionales planteados
por las elites políticas de las primeras décadas tras la independencia.
Más vinculado con una historia del control social y su relación con el sistema
judicial que con el desarrollo de la institucionalidad Poder Judicial y sus poderes
infraestructurales, los citados trabajos de Gil Zúñiga y Marín Hernández (2011) se
concentran en el proceso de control institucional que desarrolla el Estado. Dicho
proceso se alcanza mediante las agencias del sistema penal y la introducción de
un discurso moralizante para explicar cómo todo ese aparato tenía como n esta-
blecer la formalización judicial y el desarrollo de una “mentalidad legalista”, como
un sustituto a la violencia física como último mecanismo para resolver los conictos
cotidianos, lo que generó un gasto moderado del Estado en el aparato judicial, que se
reeja en el trabajo estadístico desarrollado en el capítulo de los estos autores.
Esta línea de investigación debe ser ampliada, en la medida que no observa
otros elementos de la relación entre autoridades judiciales/policiales y sociedad. En
otros términos, elimina las posibilidades de transformación de las instituciones del
sistema judicial que se pueden desarrollar por la protesta social y la intervención de
los grupos subalternos, lo que parece que pudo haberse dado en algunos casos, como
un reciente trabajo de Viales Hurtado y Díaz-Arias (2017) en el cual se efectúa un
recorrido de largo plazo por la evolución de las normas y la organización de los tribu-
nales laborales en el país, que constituye un punto de partida válido para comprender
la inuencia de grupos ajenos al Poder Judicial en la conformación de su estructura,
así como la inclusión o especialización de sus funciones a lo largo de la historia
costarricense.
CONCLUSIONES
El estudio de los trabajos recogidos para desarrollar este apartado permite
apreciar la necesidad de avanzar en el estudio historiográco del Poder Judicial y la
administración de justicia en Costa Rica. También permite realizar algunas valora-
ciones sobre las temáticas que podrían abordarse, así como las fuentes por emplear
en eventuales estudios en esta materia. De tal forma, en este balance se realizarán
algunas cuatro reexiones sobre estos elementos.
Una primera reexión gira en torno a la distribución temporal de los estudios
realizados. En esta línea, los pocos trabajos existentes se han concentrado en el
siglo XX, mientras que el siglo XIX apenas tiene pocas referencias de peso, en
especial dentro del periodo comprendido entre la dictadura de Carrillo y las reformas
de la década de 1880. Probablemente, la preferencia por estudiar el siglo XX, ha
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favorecido la reproducción sistemática de que el Poder Judicial costarricense se
considere un fruto más del “corte” institucional producido en 1948 y la Constitución
de 1949, sin que se tome en cuenta el peso del siglo XIX y el estado del Poder
Judicial y la administración de Justicia al iniciar el siglo XX; a pesar del peso que en
la historiografía nacional ha tenido la reforma liberal de nal del siglo XIX.
La segunda reexión se concentra en la variedad de enfoques que han existido
para abordar el tema en cuestión. De tal manera, aunque poco numerosas, a partir esta
revisión de literatura nacional sobre dicha temática, pueden sintetizarse al menos tres
líneas de acción: el estudio de los procesos de creación jurídica del Poder Judicial,
que son los más cercanos a una historia institucional de este; los trabajos que en su
momento de elaboración estudiaron la actualidad del Poder Judicial en Costa Rica
(tesis de la Facultad de Derecho, algunos informes) y, por último, aquellos que se han
acercado a una historia social, mediante el análisis de la labor de la institucionalidad
judicial en las clases sociales subalternas.
Los trabajos de actualidad constituyen, para el historiador interesado en los
temas judiciales, una fuente primordial para comprender las características de las
coyunturas en que fueron escritos, asimismo, brindan una ventana para comprender
cómo en periodos de crisis política del Poder Judicial, este se ha convertido en un
tema de investigación. Por otra parte, los trabajos de control social han sido impor-
tantes en Costa Rica, en especial dentro de los esfuerzos por construir una “historia
desde abajo”, lo que ha permitido entender – al menos en parte – la importancia de la
conformación de un aparato estatal para los mecanismos de control social del Estado.
De tal forma, los esfuerzos investigativos dirigidos a escudriñar el siglo XIX, se han
concentrado, en general, en este tipo de enfoques.
La tercera reexión se encuentra dedicada a los trabajos más cercanos al
estudio del desarrollo de la institucionalidad del Poder Judicial y la administración
de Justicia. Estos han sido elaborados, en su mayoría, por abogados, y se enfocan
en las transformaciones normativas, sin explicar con profundidad el contexto que
causó su formulación. Asimismo, con excepciones, estos trabajos no han empleado
una serie de fuentes y métodos novedosos. Por el contrario, se han caracterizado
por el uso de unas escasas fuentes (leyes y datos biográcos) y métodos clásicos de
investigación histórica (crítica documental externa e interna). Resulta posible que
por adolecer de métodos más novedosos y por no haber explorado otras evidencias
se ha sostenido que 1948 es el punto central para comprender la lógica de relación
entre el Poder Judicial, junto con el resto de los actores del sistema. Lo cual parece
claro desde la normativa constitucional, pero no desde una visión sociológica de las
normas jurídicas. En otros términos, no han existido estudios que establezcan las
relaciones políticas existentes entre el Poder Judicial (comprendido como gobierno
judicial e instancias de administración de justicia) con el resto del sistema político
costarricense. Desde esta perceptiva, el estudio del Poder Judicial y la administra-
ción de justicia también debe enfocarse desde el proceso de institucionalización de
dicho ente, lo que se encuentra vinculado no solo con el diseño normativo, sino
también con la expansión en el territorio, el desarrollo burocrático y los cambios en
la cultura jurídica de dicha institución; así como las conictividades que tal fenó-
meno enfrentó.
La última reexión se concentra en la posibilidad de los estudios sobre la
historia de del Poder Judicial y la administración de justicia de encajar dentro de
la última etapa de estudios institucionales en el país. En las últimas dos décadas,
este tipo de estudios se han concentrado en dos aspectos claves de la construcción
institucional del Estado: la conformación de las nanzas públicas (Román,1995;
Calderón, 2012; Rodríguez, 2013a, 2013b, D´Alolio-Sánchez, 2014) y la consolida-
ción de cuadros burocráticos, junto con la estructura político-normativa del Estado
(Rodríguez-Solano, 2012; Corella-Ovares, 2013). De tal forma, un trabajo innovar
sobre el desarrollo institucional del Poder Judicial debería seguir un enfoque similar,
mediante el empleo de los archivos judiciales, el legislativo y en este caso el presu-
puestario como fuentes de trabajo. Además, debe utilizar como método el análisis
estadístico contextualizado de los presupuestos para comprender la relevancia prác-
tica que tuvo la institución, y comprender mediante la prosopografía las caracte-
rísticas de las élites y los grupos involucrados en el proceso de conformación del
Poder Judicial en el siglo XIX. Este tipo de enfoque metodológico permitiría llenar
los silencios investigativos detectados y, además, hacerlo con métodos distintos al
tradicional historicismo que predomina en los trabajos sobre esta materia.
NOTAS
1. Para los efectos de esta investigación se entiende como institución aquellos componentes políticos
y sociales que estructuran el comportamiento de los individuos (normas, reglas, procedimientos
y organizaciones), que tienen cierta perdurabilidad y que, por ende, no podrían cambiarse con
facilidad) (Mahoney y Thelen, 2010).
2. El único programa continuo de largo plazo que pretende evaluar el estado del Poder Judicial lo ha
desarrollado el Proyecto Estado de la Nación, que ha publicado cuatro informes sobre el Estado
de la Justicia, este pretende abordar diversos temas de impacto para la ciudadanía. No obstante, el
interés del informe no es historiográco, sino que su fundamento es la evaluación de los resultados
que el Poder Judicial brinda a la ciudadanía. Por otra parte, el Poder Judicial ha intentado elaborar
algunos insumos para construir una historia de la administración de Justicia, uno de ellos es la
recopilación de sentencias de recursos de habeas corpus resueltos por la Corte Suprema de Justicia
entre 1918 y 1990, momento en que pasan a conocimiento de la recién creada Sala Constitucional.
Este valioso aporte puede observarse en: https://habeascorpus19181989.poder-judicial.go.cr/.
3. Se entiende, en este artículo, como historia institucional al estudio de la conformación de los diver-
sos poderes estucturales dentro del Estado. Este implica que las instituciones políticas y las formas
jurídicas son enfocadas como escenarios de los conictos sociales que subyacen en lo político, por
lo que su elaboración, aplicación y transformación son el producto de choques y negociaciones;
imposiciones y pactos (Jakobs y Zelizer, 2003).
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