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11Diálogos Revista Electrónica de Historia, 24(1): 1-34. Enero-junio, 2023. ISSN: 1409-469X · San José, Costa Rica
DOI 10.15517/dre.v24i1.52849
CONSERVACIÓN COMUNITARIA EN EL
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE GANDOCA-
MANZANILLO ENTRE 1984-2007
German Daniel Alvarado Luna
Resumen
El presente artículo tiene como objetivo analizar la implementación del paradigma
de conservación comunitaria en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo
(RVS-GM ) entre 1984-2007 desde un enfoque de la Ecología Política, para
establecer los vínculos entre ese proceso con sus contextos sociopolíticos más
amplios. Para cumplir este objetivo se hicieron entrevistas semi-estructuradas
a actores locales e institucionales, y un análisis de la documentación producida
por las instituciones, los medios de comunicación y organizaciones involucradas.
Se concluye que las políticas de conservación comunitaria en el RVS-GM más
que mermar el conicto entre conservación y sociedad, son parte de los esfuerzos
históricos del Estado para rearmar su soberanía e insertar los modos de producción
capitalista en un espacio históricamente aislado con poblaciones con modos de vida
relativamente autónomos. Dichas políticas son una expresión temporal especíca
de dichos esfuerzos, particularmente de la fase neoliberal, en tanto buscaron reducir
los costos políticos y económicos del control y transformación de ese espacio
mediante la cooptación del conicto con promesas de conservación y desarrollo,
la descentralización de la toma de decisiones y la presentación anti-política de la
intervención estatal, pero sin atender verdaderamente las desigualdades sociales e
inequidades de poder, por lo que terminaron reproduciendo la trayectoria histórica
de exclusión y marginación.
Palabras clave: conservación comunitaria, ecología política, Gandoca-Manzanillo,
territorialización, neoliberalismo.
Fecha de recepción: 19 de octubre de 2022 • Fecha de aceptación: 6 de diciembre de 2022
Autor German Daniel Alvarado Luna • Ministerio de Educación Pública, San José, Costa
Rica • Contacto: german.alvarado.luna@mep.go.cr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5092-8953
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COMMUNITY CONSERVATION THE GANDOCA-
MANZANILLO WILDLIFE SHELTER BETWEEN
1984-2007
Abstract
This article analyzes the implementation of the community conservation paradigm
in the Gandoca-Manzanillo Wildlife Shelter (RVS-GM ) between 1984-2007 from
a political ecology framework, in order to establish the ties between this process
and wider socio-political contexts. Along with semi-structured interviews to local
and institutional actors, an analysis of institutional and organizations’ documents
and newspapers was carried out. It is argued that more than reducing conict
between conservation and society, the community conservation policies in the
RVS-GM represent State historical efforts to reafrm sovereignty and insert the
capitalist production mode in a historically isolated territory, in which dwellers are
characterized for relatively autonomous lifestyles. Community conservation policies
represent a specic temporal expression of those efforts within a neoliberal phase,
which tried to reduce political and economic costs derived from controlling and
transforming the shelter through co-opting conict with promises of conservation
and development, decision-making decentralization and the disguised anti-political
State intervention without facing social and power inequality ended up reproducing
the historical trajectory of exclusion and marginalization
Keywords: community conservation, political ecology, Gandoca-Manzanillo,
territorialization, neoliberalism.
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INTRODUCCIÓN
El paradigma que orientó a la conservación durante la mayor parte del Siglo
XX es aquel denominado conservación de fortaleza. Este ha sostenido que los seres
humanos y sus actividades socioeconómicas son incompatibles con el objetivo de
preservar la naturaleza. Tal postura, sin embargo, generó conictos y gastos que no
todos los Estados pudieron cubrir, lo cual puso su aplicación en cuestionamiento,
principalmente en los países en desarrollo (Durand, 2003).
Con el n de conciliar los objetivos de la conservación con las dinámicas
sociales, económicas, políticas y culturales que se desarrollaban a escala local y
regional se creó el paradigma de conservación comunitaria, cuya difusión global
se dio a través de acuerdos, tratados, foros y cooperaciones internacionales, con
un importante protagonismo de ONG (Organización No Gubernamental) internacio-
nales como la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza)
(Adams y Hutton, 2007; Fonseca, 2009).
Este paradigma ha planteado compatibilizar conservación y desarrollo
mediante la promoción de actividades económicas amigables con la naturaleza, e
incorporar los intereses, visiones y conocimientos de los usuarios locales de los
recursos naturales a través la descentralización en la toma de decisiones (Adams y
Hutton, 2007; Campbell, 2002; Croucher e Igoe ,2007; Durand, 2003).
Costa Rica, país reconocido mundialmente por sus esfuerzos en materia de
conservación, es uno de los lugares donde la conservación comunitaria ha sido una
de las vías más destacadas para cumplir con los acuerdos internacionales suscritos
así como para resolver las limitaciones y los conictos producidos por el paradigma
de fortaleza. (Fonseca, 2009; SINAC, 2006). Uno de los casos más destacables ha
sido el RVS-GM, un área protegida ubicada en el extremo sur de la Región Caribe
de Costa Rica.
En esta área, entre 1984 y el 2007 se implementó la conservación comuni-
taria con el n de conciliar la protección de la biodiversidad con los intereses de los
distintos actores sociales que operaron en ese lugar, pero también para integrarlo
denitivamente a Costa Rica en términos políticos y económicos. Dicha experien-
cias tuvo 2 etapas, la primera se dio entre 1984-1995, y consistió en la implementa-
ción de un refugio de vida silvestre donde los pobladores pudieron seguir en el sitio
con ciertas restricciones de uso, y con posibilidades de ser tomados en cuenta en la
toma de decisiones.
La segunda se dio entre 1996 y 2007, y buscó mejorar la gestión del refugio a
través de un plan de manejo que estableció como una de sus principales disposiciones el
manejo conjunto, que consistió en espacios formales de negociación de toma de decisiones
y gestión de las áreas protegidas con los usuarios locales, e impulsó, principalmente
mediante la re-regularización territorial, actividades económicas sostenibles.
En el 2007, la conservación comunitaria en el RVS-GM fue puesta entredicho,
pues quedó inserta en un limbo legal debido a acciones de inconstitucionalidad
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referentes a vicios de forma y fondo de los distintos decretos y reglamentos que las
permitieron, los cuales hasta la actualidad no se han resuelto, y han dado paso a que
el área se debata entre si algunas de sus partes se retiren totalmente de los regímenes
de conservación o se posicione la conservación de fortaleza.
En todo caso, esta experiencia sirve para comprender el escenario de conicti-
vidad que se mantiene en el sitio desde entonces, donde empresarios y ambientalistas
se disputan la gestión territorial del sitio, mientras la población es cada vez más
desplazada y marginada.
Estudios sobre esta experiencia como Ayales et al. (2004) y Lezama (2018) se
han caracterizado por centrarse en el análisis técnico de los mecanismos normativos
y organizativos implementados, y han determinado una serie de limitaciones que
afrontó esta intervención desde sus comienzos, tales como la carencia de un marco
jurídico fuerte y la débil estructuración a nivel administrativo.
No obstante, desde estos planteamientos, el contexto político económico se
deja a un lado, lo cual es insuciente para comprender esta experiencia, pues las rela-
ciones de poder y la multiplicidad de intereses detrás de ella son omitidas. De igual
manera, se desatiende el papel de estas políticas en la conguración de las estructuras
socioeconómicas, y por tanto en las condiciones de vida de los pobladores locales.
La Ecología Política es un campo oportuno para hacer un dimensionamiento
más amplio de la conservación comunitaria en el RVS-GM, ya que permite entender
que las relaciones sociedad naturaleza están fuertemente relacionadas con procesos
sociales y políticos en múltiples escalas (Calderón, 2013).
Desde este punto de vista, los procesos de signicación, uso, acceso, explota-
ción, apropiación y manejo de los recursos naturales se encuentran condicionados por
disputas sociales donde participan actores con cuotas de poder desigual e intereses
opuestos. En ese sentido, los sistemas socio ecológicos son resultado de complejos
entramados de negociación o imposición que conducen a distintos niveles de susten-
tabilidad y justicia (Adams y Hutton, 2007; Delgado, 2013; Robbins, 2004)
Bajo la óptica de la Ecología Política, la conservación ha sido concebida
no solo como una operación técnico-cientíca, sino también como un instrumento
político en el cual se inmiscuyen una multiplicidad de actores que se relacionan
de manera asimétrica con proyectos distintos (Durand et al., 2015). Según Robbins
(2004) este instrumento ha sido históricamente instrumentalizado por las élites para
ejercer poder sobre la naturaleza y la sociedad en función de sus propios proyectos.
Esto lo han concretado por medio del Estado, a través de áreas protegidas, las
cuales al establecer cartografía de fronteras, sistemas de tenencia de tierra, normas
y contratos de uso, y sistemas de control coercitivo, para separar de manera total y
parcial porciones de naturaleza de poblaciones humanas, permiten la territorializa-
ción de espacios, o mejor dicho el control de un área geográca para afectar e inuir
sobre las personas que la habitan, y la manera en que se usa y acceden los recursos
naturales (Büscher y Whande, 2007; Vandergeest y Peluso, 1995; Sack, 1986).
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Aunque, como señala Büscher (2010), los procesos de conservación no
pueden entenderse solamente de manera unilateral, pues muchas veces los sectores
subalternos se incorporan activamente en la conservación para intentar posicionarse
políticamente de cara a la protección de sus formas de vida o la expansión de sus
opciones de subsistencia. Si bien este autor también indica que la mayoría de las
veces ese intento es infructuoso, y más bien conduce a la legitimación del proyecto
de la élite, no reduce el hecho que incorpora un marco de complejidad a la conserva-
ción que resiste de comprensiones mecánicas.
Ahora, autores como Büscher y Whande (2007) señalan que con la expan-
sión capitalista global, la conservación ha sido utilizada por la élite para hacer la
naturaleza funcional a ese proyecto, particularmente en su fase neoliberal. Esta se
particulariza históricamente por colocar al Estado como garante del óptimo funcio-
namiento y constante expansión del libre mercado, y por someterse a complejos
arreglos sociales con el n de ajustarse a los ámbitos o lugares donde pretende esta-
blecerse para introducirse y sostenerse socio-económicamente (Villavicencio, 2020).
Eso no signica dejar de lado sus dimensiones identicables como la des-regu-
larización, la re-regularización, la privatización, y la mercantilización, simplemente
es entender que se pueden manifestar de manera compleja combinado con múltiples
arreglos sociopolíticos, económicos, y culturales (Villavicencio, 2020).
La conservación comunitaria, nace con el propósito de democratizar la
conservación, pero ante la presión de justicarse en términos políticos y econó-
micos, ha tenido que coordinarse el neoliberalismo a través de una re-regularización
de la gestión territorial de las áreas protegidas que abra camino a la mercantiliza-
ción, privatización de la naturaleza, y a una gobernanza ambiental basada en una
mínima regulación estatal donde los sectores subalternos participan en desventaja
frente élites empresariales o miembros de organizaciones no gubernamentales trans-
nacionales. (Brockington e Igoe, 2007).
La privatización conlleva poner las áreas protegidas a disposición de nego-
ciaciones con inversores externos mediante la titulación de las posesiones locales o
espacios comunales, las concesión, arrendamientos o cualquier otra forma de delegar
las áreas protegidas a actores no estatales (Adams y Hutton, 2007; Crusher e Igoe,
2007).
La mercantilización implica la cuanticación monetaria de los servicios que
provee la naturaleza con el n de comercializarlos fundamentalmente a través de
prácticas económicas como el ecoturismo, las cuales transforman la naturaleza en
una imagen o experiencia de carácter estético, recreativo, educativa o cultural que se
pueden vender y contribuye con otros nichos de mercado como la alimentación, el
hospedaje, y el transporte (Villavicencio, 2020).
Finalmente, la gobernanza ambiental en la conservación comunitaria al
recurrir a las asociaciones público-privadas, permite que actores no estatales con
interés comerciales o asociados a las redes transnacionales de conservación sean muy
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determinantes en la conservación, y por tanto, sus visiones e intereses se posicionen
con mucha fuerza (Levine, 2007).
Todo esto ha tenido como consecuencia una reestructuración en el modo de
vida de las poblaciones locales encaminadas a incorporarlas a las dinámicas de
mercado y contener la resistencia (Durand, 2014). No obstante, este proceso se
encuentra condicionado por climas políticos, volatilidad económica, y sobre todo
por cuestiones de accesibilidad y visiones de mundo (Brockington e Igoe, 2007;
Büscher y Whande, 2007).
Eso indica que para poder desempeñarse con éxito los sujetos participantes
deben reconocer los valores, perspectivas y formas de organización del mercado y los
conservacionistas, y tener las habilidades técnicas y nancieras relacionadas, pero en
muchas ocasiones las poblaciones locales operan bajo otros esquemas y no tienen las
habilidades requeridas, lo que provoca que no todos los que participan en esos procesos
puedan hacer el mismo aprovechamiento de ellos, lo que desemboca en escenarios de
inequidad de poder y desigualdad económica (Brockington e Igoe, 2007).
Esta perspectiva de la Ecología Política de la conservación comunitaria se
ha sustentado fundamentalmente a partir de estudios de caso en el continente afri-
cano. (Adams y Hutton, 2007; Brockington e Igoe, 2007; Brüsher y Whande, 2007;
Croucher e Igoe, 2007). Aunque, en América Latina también hay casos bien docu-
mentados como el de la Amazonia Ecuatoriana (Villavicencio, 2020). En Costa
Rica, si bien hay estudios desde la Ecología Política que logran visibilizar el vínculo
entre neoliberalismo y conservación, no se concentran propiamente en conservación
comunitaria (Isla, 2015; Ramírez, 2011)
De ese modo, el presente estudio pretende aportar no solamente al entendi-
miento del caso de conservación comunitaria en Gandoca-Manzanillo entre 1984-
2007, sino también abrir la discusión sobre las problemáticas estructurales de este
enfoque de conservación en el país, de manera tal que se pueda entender amplia-
mente sus limitaciones, y no conlleve a reducirlo a una operación técnica que no
logra atender los reclamos legítimos de las poblaciones locales.
Para ello, se examina, primeramente la historia territorial de la costa de
Talamanca desde el contexto socio-político amplio en que se circunscribe. Luego,
se expone la dinámica de actores, ideas, regulaciones, instancias y prácticas que
formaron parte del diseño y ejecución de las políticas de conservación comunitaria
en la RVS-GM, así como las implicaciones socio-económicas resultantes, prestando
especial atención a la situación de los pobladores locales.
En esto, se toma en cuenta los cambios institucionales acontecidos en los años
estudio, y por tanto, se estudian dos períodos de la implementación de dichas políticas
de forma separada: 1984-1995 (creación del RVS-GM) y 1996-2007 (manejo conjunto).
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ÁREA DE ESTUDIO
El RVS-GM se ubica en el extremo sur del cantón de Talamanca, en la
provincia de Limón. Se extiende entre la desembocadura del Río Cocles y el Río
Sixaola, en la frontera con Panamá. Se prolonga por los poblados de Punta Uva,
Manzanillo y Punta Mona, ubicados en el distrito de Cahuita, y los de Gandoca,
Bonifé y San Miguel, en el distrito de Sixaola (ver Figura 1).
La extensión del Refugio es de 9.449 hectáreas, donde 4.436 hectáreas corres-
ponden al área marina del RVS-GM y las otras 5.013 hectáreas a su extensión
terrestre (INBIO, 2012). La asignación de la categoría de refugio mixto no implicó
la expulsión de los pobladores, solo reguló las actividades dentro de éste, de modo
que el 80% de la tierra está en manos privadas, mientras que el Estado solo posee un
20% (INBIO, 2012).
Figura 1.
Mapa de ubicación del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
El espacio geográco que conforma el RVS-GM se caracteriza por ser un
bosque húmedo tropical con diversidad de ambientes marinos y terrestres fuerte-
mente interrelacionados. Algunos de estos ambientes son únicos o destacables tanto
a nivel regional, como a nivel nacional e internacional (INBIO, 2012).
Por ejemplo, allí se encuentra la única asociación de yolillo (raphia taedigera)
y orey (comnosperma panamensis) del país, uno de los manglares de estero más
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extensos del Caribe costarricense, y cinco tipos de arrecifes que poseen plantas y
animales únicos a nivel centroamericano.
Esos ambientes son hábitats y sitios de paso de una gran diversidad de espe-
cies, especialmente marinas. Actualmente, muchas de esas especies, como la tortuga
baula o el manatí, destacan por ser consideradas carismáticos o en peligro de extin-
ción (INBIO, 2012).
METODOLOGÍA.
El enfoque de la presente investigación es cualitativo. Se acudió, fundamen-
talmente, a las perspectivas que los diferentes actores involucrados tienen sobre el
fenómeno en estudio. Estas perspectivas fueron trianguladas, lo que signica un
contraste entre ellas para dar paso a su valoración crítica. La principal técnica para
recopilar la información fue la entrevista semi-estructurada.
En total se realizaron 40 entrevistas entre octubre del 2015 y abril del 2016,
que incluyeron personas locales, miembros de las ONG, activistas ambientales,
funcionarios del MINAE (Ministerio de Ambiente y Energía), la UCR (Univer-
sidad de Costa Rica) y dirigentes de SINTRAMINAE (Sindicato de trabajadores del
Ministerio de Ambiente y Energía). Las entrevistas se realizaron previa coordinación
en los lugares de residencia o trabajo de las personas entrevistadas. Para coordinar,
se les hizo llamadas telefónicas o se les hizo una visita.
La selección de los entrevistados como la cantidad de personas a entrevistar
se denió en función del desarrollo de la investigación, o sea, a partir de la convi-
vencia con los diferentes actores se determinó quienes y cuantos debían ser entrevis-
tados. Se buscó principalmente a aquellas personas con mayor involucramiento en
la gestión del refugio durante el período en estudio, pero con el n de tener mayor
amplitud no se descartó a personas que se mantuvieron al margen o cuyo papel fue
disminuido.
También se utilizó la documentación referente al caso producida por parte
del Estado y las ONG tales como decretos ejecutivos, reglamentos, proyectos de
ley, informes institucionales, informes de investigación y operaciones, y planes de
desarrollo, así como información de carácter periodístico proveniente de medios de
prensa como Diario Extra.
HISTORIA TERRITORIAL DE LA COSTA DE TALAMANCA
Durante casi todo el Siglo XIX, la costa de Talamanca se caracterizó por la
presencia de poblaciones afrodescendientes e indígenas relativamente autónomas
con modos de vida basados en la subsistencia y el aprovechamiento de la naturaleza
(Boza, 2014; Palmer, 1986).
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Si bien, el naciente Estado costarricense ya tenía en su radar este espacio para
consolidar su soberanía territorial frente a posibles disputa limítrofes, y encontrarle
algún potencial económico útil para ampliar la acumulación de capital, las dicul-
tades de acceso, las limitaciones políticas y económicas, y los intensos esfuerzos en
consolidarse en su área de mayor inuencia, es decir, el Valle Central, causó que no
hiciera mucho en intervenirlo (Borge y Villalobos, 1994; Boza, 2014).
A nales del Siglo XIX, esa dinámica comenzó a cambiar, pues el Estado
costarricense aumentó sus acciones para apropiarse de la región Caribe con el n
de ampliar los procesos productivos y garantizar el control político del territorio
(Llaguno, 2016).
En un primero momento, debido a sus limitaciones político-económicas,
dichos procesos se dieron de la mano con el capital privado transnacional, princi-
palmente a través de la United Fruit Company (UFCO) fundada por el empresario
estadounidense Minor Keith. El Estado costarricense le otorgó 214.000 hectáreas
de tierra del Caribe a esta empresa, la cual conformó un enclave bananero donde las
intervenciones territoriales en dicha región dependieron casi por completo de sus
intereses (Viales, 1998).
En este contexto, la costa de Talamanca fue un espacio poco intervenido por la
UFCO dada su baja rentabilidad para la compañía. Cuando a inicios de la década de
1910 esa empresa se extiende por todo el valle intermontano de Talamanca y amplia
las operaciones al Valle de la Estrella como respuesta al agotamiento ecológico de la
producción de Limón y Bocas del Toro, decide no invertir en la costa por su acceso
dicultoso y su menospreciado potencial productivo (Sandner, 1962).
A lo mucho, en esta área, la UFCO compró banano y cacao a los pequeños
productores, los cuales utilizaron esa venta como un respaldo a sus economías de
subsistencia (Boza, 2014; Palmer, 1986).
Ahora, esta incursión de la bananera en Talamanca y el Valle de la Estrella,
si bien no implicó una conexión con el centro del país, al menos mejoró sustancial-
mente la accesibilidad a la costa, permitiéndole al Estado hacer ciertas interven-
ciones territoriales en asocio con inversores privados pequeños.
Las motivaciones especícas de estas intervenciones fueron controlar la
ocupación de tierra por los trabajadores migrantes de bananera, rearmar su sobe-
ranía frente a las disputas limítrofes con Colombia (posteriormente Panamá), y
promover actividades productivas rentables (Boza, 2014; Palmer, 1986).
Los instrumentos utilizados para ello fueron básicamente tres: el nombra-
miento de funcionarios estatales para que vigilaran ese territorio, campañas de
formalización de tierras, y otorgamiento de concesiones a empresas privadas (Boza,
2014; Palmer, 1986).
Estas primeras intervenciones estatales en la costa de Talamanca, hicieron
pocas transformaciones en la dinámica histórica local de la zona. De hecho, poste-
rior a la crisis bananera de la década de 1930, la intervención del Estado dimsinuye-
disminuye y la vida campesina se consolida, pues la compañía comenzó a comprar
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cacao a productores independientes para comercializarlo y promovió la ocupación
de tierras abandonas a través de mecanismos como el arriendo, las transferencias
directas o el precarismo (Bourgois, 1994)
Esto permite que inmigrantes campesinos ocupen Gandoca y conformen un
poblado, o que las comunicaciones del área quedaran casi totalmente en manos de
los locales al punto que estos tuvieron que construir artesanalmente sus vías, y con-
guraron un comercio de baja escala de productos agrícolas con Panamá (Colegio
Técnico Profesional Agropecuario de Talamanca, 1983; Palmer, 1986).
No obstante, no se debe perder de vista que desde entonces se conguraba
una lógica estatal utilitarista sobre ese territorio, que omitió por completo la apro-
piación histórica de sus pobladores para rearmar la soberanía estatal sobre esa zona
y colocar la planicación económica del capital privado en un lugar preponderante.
Ello dio paso a los primeros síntomas de conictividad entre el Estado-Empresa y
las comunidades locales, pues signicó que los primeros dirigieran esfuerzos para
despojar a los segundos de sus territorios.
Esto se hace evidente en los intentos continuos para controlar la circulación
comercial marítima, que incluso llevaron a que los pobladores locales se enfrentaran
a decomisos y denuncias (Camacho, 1978; Palmer, 1986). También, se debe destacar
la condición irregular en que quedaron las posesiones, pese los esfuerzos de forma-
lización de la tierra (Palmer 1986).
En un segundo momento, luego de la guerra de 1948, ascendió una nueva
clase gobernante que buscó reformar el Estado costarricense para modernizar y
diversicar la estructura productiva del país, y por tanto, las posibilidades de acumu-
lación de capital (Rovira, 1982). La región Caribe tuvo especial consideración en ese
proyecto por ser el centro de comercio internacional del país y su vocación agrícola,
especialmente con la producción bananera (Llaguno, 2016).
De ese modo, el Estado invirtió en infraestructura para conectar esta región
con el resto del país, promovió un segundo ciclo de inversiones directas, préstamos
y asociaciones con inversores privados para producir banano, e insertó una serie
de disposiciones con el n de controlar el territorio (Barrios, et al., 2014; Blanco y
Zapata, 2014; Montero y Viales, 2013).
La costa de Talamanca no fue excluida de ese proyecto, so pretexto de ordenar
el conicto agrario provocado por la falta de titulación de tierra y las ocupaciones
ilegales de los campesinos sin tierra, despojados principalmente por la expansión y
modernización del agro costarricense, consolidar la frontera con Panamá mediante
presencia activa y controles garantizados, y proteger la importante biodiversidad
conservada en este lugar (Llaguno, 2016).
De ese modo ese espacio comenzó a ser intervenido mediante la construcción
de caminos y las legislaciones de regulación espacial. Entre 1953 y 1990, se cons-
truyeron 7 caminos por parte del gobierno, aunque en algunos casos los pobladores
dieron un importante apoyo de cara mejorar sus economías.
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De igual modo, con las normativas de la milla fronteriza, la ley de zona marí-
tima terrestre, las reservas indígenas y los parques nacionales, se implementó un
régimen restrictivo del uso de los recursos, que otorgó derechos precarios sobre la
tierra. Los niveles de restricción de cada una de estas disposiciones fueron variables
por los climas políticos y las vocaciones asignadas a las localidades (Llaguno, 2016;
Palmer, 1986).
Estas intervenciones territoriales transformaron denitivamente el paisaje
agrario autónomo en uno de control estatizado. La lógica territorial estatal se profun-
dizó, y las territorialidades locales fueron fuertemente atacadas. Esto se tradujo en
el despojo de los recursos naturales fundamentales para la subsistencia y cultura de
los pobladores, lo cual dio paso a un escenario de amplia conictividad entre Estado
y comunidades.
Muchos pobladores fueron desplazados forzosamente de sus tierras sin
recibir pago alguno, otros quedaron con un derecho de ocupación irregular bajo una
amenaza latente de desalojo, y se restringió severamente el uso de los recursos natu-
rales fundamentales para la existencia de los locales.
Todo esto condujo a diferentes acciones colectivas mediante las cuales los
pobladores reclamaron su situación ante el Poder Ejecutivo (Palmer, 1986). Un
ejemplo destacable de estas transformaciones fue el Parque Nacional Cahuita, esta-
blecido en 1978, pues siguió un estricto enfoque de conservación de fortaleza que
implicó fuertes restricciones a los usos consuntivos de los recursos naturales y la
expulsión de la gente que allí habitaba, lo que produjo un importante conicto entre
las autoridades y la comunidad (Fonseca, 2009).
Así, en los albores de la década de 1980 el Estado costarricense tuvo impor-
tantes dicultados para cumplir sus cometidos sobre la costa de Talamanca, pues la
desconanza de las poblaciones por sus intervenciones, especialmente las vinculadas
a la conservación, ya para ese momento era amplia.
EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE-GANDOCA MANZANILLO 1984-1995
A inicios de la década de 1980, la conictividad por la conservación no fue
un asunto exclusivo de la costa de Talamanca, pues por todo el país las comuni-
dades rechazaban el modelo implementado basado en un estricto enfoque de conser-
vación de fortaleza (Campbell, 2002). A eso se le suma que el ajuste estructural
neoliberal implementado por la élite nacional para palear con la crisis económica de
ese momento redujo el presupuesto estatal en conservación de manera importante
(Ramírez, 2011; UICN, 2006).
En ese sentido, el modelo de conservación costarricense se encontró en una
encrucijada, y ello encontró mayor reejo en la costa de Talamanca, no solo por los
amplios escenarios de conictividad, sino también por la disminución signicativa de
personal y presupuesto que sufrieron las áreas protegidas de ese lugar (Valverde, 2000).
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Para afrontar estas condiciones y mantener la continuidad de la conserva-
ción en el país, los conservacionistas costarricenses, ayudados por organizaciones
no gubernamentales extranjeras, comenzaron a impulsar la incorporación del para-
digma de conservación comunitario.
Este al plantear la incorporación de las necesidades e intereses de las comuni-
dades en la gestión de las áreas protegidas, y considerar las posibilidad de desarrollo
de actividades con competitivas en el mercado internacional como el ecoturismo, lo
cual también correspondió con el ajuste estructural neoliberal de ese momento, se
pensó como la panacea para legitimar socialmente el conservacionismo y proveerle
de recursos (Ramírez, 2011).
Este paradigma se implementó primeramente mediante nuevas categorías de
manejo, como refugio de vida silvestre, que graduaron el nivel de protección de las
áreas protegidas e incorporaron posibilidades de ocupación e intervención humana
(Peña, 2015).
Ahora, para nales de la década de 1970, las presiones sobre la costa de Tala-
manca habían aumentado signicativamente por parte de las compañías madereras y
petroleras, el contingente de trabajadores vinculados a las bananeras, los turistas, y
los migrantes nacionales o centroamericanos en busca de tierras por situaciones de
despojo, desocupación, o conictos militares (Barrios et al., 2014; Llaguno, 2012;
Palmer, 1986). Los pueblos de Gandoca y Manzanillo fueron los que más sufrieron
están presión debido a su aislamiento, mínima presencia estatal, y poca formaliza-
ción de la tierra (Anger, 1989; Palmer, 1986).
De acuerdo a J. Masis (comunicación personal, 15 de diciembre 2015),
funcionario del RVS-GM, la Dirección de Vida Silvestre (DVS), ente estatal encar-
gado de planicar el establecimiento de áreas protegidas en ese momento que ya
había identicado el valor de los recursos naturales del área, estaba interesado en
frenar esas presiones a través del establecimiento de un área protegida que permitiera
rearmar el control estatal sobre ese espacio, sin embargo, las condiciones políticas y
presupuestarias ya mencionadas, no permitían el establecimiento de un nuevo parque
nacional.
Ante tal escenario, la Asociación de Nuevos Alquimistas (ANAI), una orga-
nización ambientalista de origen estadounidense que desde 1976 operaba en la zona
promoviendo la convergencia entre conservación y desarrollo a través de alternativas
productivas basas en los postulados del desarrollo sostenible, propuso al gobierno
establecer el paradigma de conservación comunitaria en Gandoca-Manzanillo a
través de un refugio de vida silvestre.
Según ANAI, dicha categoría solventaría de manera técnica los problemas
políticos y económicos de la conservación, ya que permitiría la titulación de la tierra,
generaría ingresos a través de negocios verdes, como el ecoturismo, e involucraría
los pobladores locales en la gestión del Refugio (Chacón, 2007).
El establecimiento del Refugio arrancó en 1984 con un proceso de consulta
a líderes locales, básicamente para convencerles de los benecios de esta categoría
German Daniel Alvarado Luna • Conservación comunitaria en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca- Manzanillo entre... 1313
de manejo. Luego la DVS con apoyo de ANAI y el Programa de Áreas Silvestres
del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), buscaron
fondos a través de la World Wildlife Fund for Nature (WWF) y de la Fundación
Jossie Noyes Smith para desarrollar los estudios y proyectos que justicaron y facili-
taron la creación del Refugio (Anger, 1989; Chacón y Ochoa; 1998; SINAC, 2013).
Finalizadas estas gestiones, el 1 de Julio de 1985, el Poder Ejecutivo a través
del Decreto Ejecutivo N° 16614-MAG crea el RVS-GM. Luego, el 24 de julio de ese
mismo año, por medio del Decreto Ejecutivo N° 16631-MAG se establece el Regla-
mento Interno del RVS-GM.
La principal regulación establecida por estas disposiciones reere a la titu-
lación de tierras de las personas con ocupaciones tanto en el Refugio como en las
comunidades aledañas para evitar gastos de expropiación y conictos por desalojo.
No obstante, esta titulación se dio mediante permisos de ocupación los cuales son
considerados como derechos otorgados unilateralmente por el Estado, por lo que
no crearon derechos adquiridos particulares, y por tanto, pudieron ser revocados en
cualquier momento, en razón dedebido a oportunidad y conveniencia, sin que ello
implicara indemnización.
Además, siguieron dentro de un régimen de dominio público que los hacía
inalienables, inembargables e imprescriptibles. Pese a eso, ese derecho era trans-
ferible, lo cual permitió someterlo a transacciones mercantiles, y que inversores de
otras partes se apropiaran de él (Cabrera, 2015).
En cuanto a las normativas de uso, aunque se dijo que no se buscó afectar
las actividades de subsistencia, lo cierto es que se puso una serie de tramitaciones
y restricciones que las obstaculizaron ampliamente. De ese modo, para cuestiones
como el cambio del uso del suelo, las actividades forestales, la pesca, la caza, extrac-
ción de minerales, se requirió planes de manejo y aprobaciones de la Dirección
General Forestal (DGF).
Aunque la construcción y el turismo tuvieron estos mismos requerimientos,
e incluso, se les solicitó estudios de impacto ambiental, puede decirse que fueron
sumamente favorecidos, pues al restringirse las actividades de subsistencia, el paisaje
era más acople a lo buscado por los turistas, y actividades como las visitas guiadas y
las actividades recreativas no fueron muy restringidas.
Esto se vincula a las medidas de coerción tomadas para hacer cumplir estas
medidas, pues básicamente consistieron en poner guardaparques a perseguir personas
que realizaron actividades de subsistencia sin los debidos permisos (Anger, 1989).
F. Grenald (comunicación personal, 17 de diciembre del 2015), quien ejerció como
guardaparque, ilustra como funcionó ese sistema de control al contar lo siguiente:
…yo tenía que hacer un informe del trabajo de lo que yo hago a diario,
entonces yo llegó donde un nquero que tal vez está talando algo, yo le tengo
que decir sobre la ley, le tengo que dar una acta de decomiso y le tengo que
quitar la motosierra.
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Así, al sobreponerse el turismo sobre la subsistencia se dio paso a la apertura
de una serie de nichos de mercado que favorecieron a la mercantilización de la natu-
raleza. Adicionalmente, la delimitación del Refugio se traslapó con el régimen de
zona marítimo terrestre, el cual es más exible en cuanto a cambios de uso del suelo
y más rme a la hora de proteger derechos de posesión privada sobre la tierra, debido
a la falta de claridad del decreto de creación del Refugio en el establecimiento de los
límites. El artículo 1 del decreto de creación cubrió por completo los poblados de
Punta Uva, Punta Mona y Manzanillo.
En Gandoca, sólo incluyó algunas ncas y casas ubicadas en zona marítima
terrestre, y en San Miguel y Bonifé, los poblados no fueron incluidos de ninguna
forma, pero los bosques aledaños a ellos sí. No obstante, el artículo 6 de ese
mismo decreto crea una confusión respecto a esos límites. Dicho artículo señala
que las áreas urbanas de acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Nacional
de Vivienda y Urbanismo (INVU) en 1979 que estén comprendidas dentro de los
poblados de Manzanillo, Gandoca y Puerto Viejo no estarían sometidas a las regu-
laciones del decreto.
En este caso, también es importante señalar que estas zonas urbanas tampoco
fueron claramente delimitadas, por lo que su extensión quedó a criterio de interpre-
taciones arbitrarias. Por otro lado, el artículo 5 referente al asunto de la titulación de
tierra hace una diferenciación entre tierras adentro del Refugio y tierras en comuni-
dades aledañas, incorporando dentro de estas últimas al poblado de Manzanillo. De
ese modo, no se deja con claridad si la zona urbana de Manzanillo está dentro o fuera
del Refugio, y tampoco cual es la extensión de dicha zona urbana.
Esto abrió un portillo legal para que los distintos actores involucrados jugaran
con los regímenes territoriales de acuerdo ade acuerdo con su convivencia. Esta
confusión también fue fundamental para facilitar la privatización y mercantilización
de la tierra, pues aquellos poseedores que quisieran dar mayor seguridad a sus pose-
siones y tener mayores posibilidades de desarrollo turístico apelararon al régimen de
zona marítimo terrestre.
Finalmente, estas disposiciones contemplaron un Comité Asesor con el n de
involucrar a los actores locales en el manejo y desarrollo del Refugio. Sin embargo,
nunca fue efectivizado, por lo que las gestiones sobre esta áreas protegida quedaron
en manos de la DGF y sus socios más cercanos como ANAI, lo cual también corres-
ponde con una gobernanza neoliberal, en tanto se deja que actores no estatales nan-
ciados por inversores u organismos internacionales fueran determinantes en las
decisiones sobre el territorio (Anger 1989).
Esta regulación espacial sufrida con el establecimiento del RVS-GM lo que
buscó realmente fue rearmar el control territorial del Estado sobre los poblados de
Gandoca-Manzanillo, tratando de reducir conictos y costos mediante promesas ganar-
ganar, sin embargo la lógica con que fue estructurada abrió el camino para la privati-
zación y mercantilización de la naturaleza. Es decir, la prioridad no fue lo económico,
German Daniel Alvarado Luna • Conservación comunitaria en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca- Manzanillo entre... 1515
sino lo político, pero el enfoque de conservación comunitaria llevado ahí por la orga-
nización ANAI condujo a esos procesos claramente asociados con el neoliberalismo.
Como tal, una vez que las medidas de administración territorial del Refugio
fueron implementadas, el conicto no se hizo esperar. De inmediato, los pobladores
locales externaron que las limitaciones al uso de los recursos habían sido una impo-
sición y un engaño. Los pobladores locales consideraron que la DVS y ANAI dieron
información falsa o poco precisa respecto a los potenciales impactos del Refugio
(Anger, 1989; Meza, 1990).
Anger (1989) señala que la discusión en el proceso de consulta respecto a la
creación del Refugio giró más entorno al derecho a la tierra y los programas de desa-
rrollo y no tanto sobre el tema de las restricciones de uso y acceso. El agricultor local
E. Wallen (comunicación personal, 16 de diciembre del 2015) expresa ese sentir de
la siguiente manera: “…diría que fue un engaño, porque vinieron unos extranjeros y
nos ofrecieron primero titular los terrenos porque aquí nadie tenía títulos. Y con esa
cuando nos percatemos era todo contra nosotros”.
Para protestar por estas condiciones, los pobladores locales hicieron uso de
la desobediencia civil, enviaron delegaciones de representantes y manifestantes a
Casa Presidencial, amenazaron a los funcionarios públicos a cargo de la adminis-
tración, y rechazaron a las organizaciones y habitantes locales adeptos al Refugio
(Anger, 1989).
Sin embargo, estos esfuerzos no rindieron frutos, y una vez consolidadas estas
medidas el Refugio terminó obstaculizando actividades críticas para la economía
local y dejó al ecoturismo como la única opción para subsistir. El ecoturismo, sin
embargo, fue una actividad económica para la cual no tenían ninguna experiencia,
capital, o capacidad de nanciamiento (pedir préstamos era imposible dada la condi-
ción precaria en que quedaron inmersas sus tierras tras la creación del Refugio)
(Anger, 1989; Meza 1990).
De ese modo, muchos no tuvieron más opción que vender sus lotes e irse, o
bien insertarse al ecoturismo de forma subordinada como mano de obra asalariada
(Fernández, 1995). F. Grenald (comunicación personal, 17 de diciembre del 2015)
da una muestra de esa situación cuando cuenta que “…llegó el MINAE con lo de
refugio, entonces como la gente no estaba haciendo agricultura ni nada, la gente
comenzó a vender esas tierras”.
A medida que esto sucedía, grupos de empresarios extranjeros y provenientes
del interior del país aprovecharon las inversiones y medidas estatales sobre esta área,
y la incertidumbre y condiciones de precariedad en que se encontraron los pobla-
dores, para adquirir tierras y desarrollar negocios turísticos o de especulación inmo-
biliaria, especialmente en la franja costera Cocles-Manzanillo, la cual podían inter-
pretar como en régimen de zona marítimo terrestre para posicionar sus proyectos con
mayor libertad y facilidad (Fernández, 1995). F. Grenald (comunicación personal, 17
de diciembre del 2015) al respecto cuenta que:
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Había muchos extranjeros que compraban y nada más tenían la tierra ahí, otros
que compraban y revendían, otros que compraban porque querían estar acá,
entonces hacían una casa, y los precios en que se vendían en ese entonces eran
muy cómodos, había mucho extranjero que compraba, tenía la tierra por un año
o menos y lo volvía a revender por el doble o el triple.
A inicios de la década de 1990, todo esto culminó con un enfrentamiento
entre esos empresarios y los ambientalistas que también habitaban en este lugar.
Dicho escenario, presionó enormemente a las autoridades ambientales, las cuales
a mediados de la década de 1990 se vieron en la obligación de reivindicar la franja
costera Cocles-Manzanillo a través de denuncias penales, aumento de restricciones
en el uso de la tierra, freno de construcciones y amenazas de desalojo y desmantela-
miento, lo cual atenuó la conictividad, pues las comunidades locales se vieron aún
más afectadas (Boza, 2015; Salazar, 2004).
Con todas estas situaciones es claro que el establecimiento del RVS Gando-
ca-Manzanillo estuvo lejos de cumplir sus promesas, y más bien condujo a comple-
jizar aún más los problemas políticos y económicos de la región, por lo que clara-
mente su pertinencia fue puesta entredicho.
EL MANEJO CONJUNTO 1996-2007
A inicios de la década de 1990, con la suscripción de Costa Rica, de la Decla-
ración de Río de Janeiro y el Convenio sobre la Diversidad Biológica el paradigma
de conservación comunitaria fue profundizado en Costa Rica mediante mecanismos
de descentralización y desconcentración de áreas protegidas.
Estos mecanismos fueron los consejos regionales y locales, los planes de
manejo, los comités de inspección y vigilancia de los recursos naturales, los volunta-
riados, la concesión de servicios no esenciales y el manejo conjunto, que permitieron
la participación de actores no estatales no solo en la toma de decisiones sino también
en la ejecución de los acuerdos (Fonseca, 2009; PROAMBI, 1996; UICN, 2006)
Todo esto fue parte de los mecanismos diseñados para consolidar el sistema
de conservación en un momento donde la expansión de la agricultura para la expor-
tación amenazaba ampliamente recursos forestales estratégicos para mantener el
equilibrio de la balanza comercial, y a los cuales gracias a la exitosa promoción del
ecoturismo se les podía dar otro valor económico importante.
Además, ante el amplio protagonismo que tuvieron las ONG por el desnan-
ciamiento de los entes estatales de conservación, y la amplia inuencia de los Estados
Unidos en los asuntos internos del país producto de las importantes relaciones de
cooperación establecidas en el marco de las guerras centroamericanas, Costa Rica
se convirtió en laboratorio prueba y experimentación de políticas ambientales
(Ramírez, 2020)
German Daniel Alvarado Luna • Conservación comunitaria en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca- Manzanillo entre... 1717
En ese mismo momento, la conictividad que vivía el RVS-GM mantenía
preocupado a los inversores turísticos y organizaciones internacionales que operaban
en zona, ya que sus intereses corrían peligro, sobre todo ante el posicionamiento
institucional del enfoque de conservación de fortaleza en ese lugar. Por ello, de
acuerdo a los inversores turísticos E. Pucci y L. Arias (comunicación personal, 21 de
diciembre del 2015) a inicios de 1994 los empresarios se organizaron en la Asocia-
ción de Desarrollo Ecológico Cocles Manzanillo Gandoca (ADECOMAGA) con el
n de corregir el desorden institucional y acabar con las arbitrariedades en la toma
de decisiones por parte de las autoridades ambientales.
En ese sentido, presentaron los problemas del Refugio como un asunto
técnico, el cual podría ser solventado mediante una mejora en los instrumentos de
gestión de esa área protegida. Según E. Pucci y L. Arias (comunicación personal,
21 de diciembre del 2015), la principal acción de esa organización fue presionar
al gobierno para que destinara fondos en la elaboración un plan de manejo en el
RVS-GM, en el contexto de un proyecto nacional para la elaboración de los primeros
planes de manejo de las áreas protegidas del país, conados en que esa innovación
técnica daría salida al escenario de conictividad.
El 9 de enero de 1995, el ministro de ambiente René Castro envió una carta
al Coordinador del Grupo de la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la
Investigación (FUNDEVI) de la UCR, instancia que, a través del Programa de Estu-
dios Ambientales (PROAMBI), había ganado la licitación para elaborar esos planes
de manejo. Allí se le solicitaba que pospusiera la elaboración del plan de manejo del
Parque Nacional Cahuita y en su lugar realizara el del RVS-GM (PROAMBI, 1995).
Una vez con esa orden, el PROAMBI inició la elaboración del plan de manejo
del RVS-GM. El equipo a cargo contó con 22 profesionales de los más diversos
campos, los cuales en un primer momento, realizaron un diagnostico biofísico,
socioeconómico e institucional de la zona Luego, con los resultados de esos estudios,
diseñaron una propuesta que se sometió a escrutinio de los sectores involucrados.
El plan de manejo resultante retomó el paradigma de conservación comuni-
taria al plantear armonizar la relación sociedad naturaleza, mediante la ocupación y
aprovechamiento racional de ese espacio, y la integración de los usuarios locales en
el manejo y control del área a través de las posibilidades de participación en la toma
de decisiones (PROAMBI, 1996).
No obstante, esta vez este proyecto se presentó con mayor claridad y estruc-
tura, debido principalmente al diseño de normativas de zonicación y de instan-
cias de manejo conjunto. A nivel legal, estas medidas se concretaron mediante un
reglamento de zonicación y el Decreto Ejecutivo N° 25595-MINAE Crea Comité
Asesor del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
El reglamento de zonicación estableció las principales regulaciones espa-
ciales relacionadas con el Refugio, mientras que el decreto, además de ocializar
dicho reglamento y las instancias de manejo conjunto, estableció la reglamentación
referente a las funciones y conformación de estas últimas.
Diálogos Revista Electrónica de Historia, 24(1): 1-34. Enero-junio, 2023. ISSN: 1409-469X · San José, Costa Rica1818
Las principales disposiciones del reglamento de zonicación de acuerdo al
Manual de Procedimientos para la ejecución del Plan de Manejo del Refugio Mixto
Gandoca Manzanillo elaborado por el Comité Asesor del RVS-GM en 1996, fueron
incorporar de manera clara la franja Cocles-Manzanillo al régimen de protección, y
dividir el Refugio en zonas diferenciadas por vocación, con la idea ajustarse especi-
cidades biofísicas y socio-culturales de cada unidad del área. El Refugio, entonces,
fue divido en 15 zonas, 9 terrestres y 6 marinas (ver Figura 2).
Figura 2.
Mapa de zonicación del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo 1995-2007.
La zona 1, es decir, la planicie costera que va de Cocles a Manzanillo, que
correspondió al 9,88% de la totalidad del Refugio, fue a la que se le asignó una
vocación urbana relacionada con el sector servicios e inmobiliario del turismo que
tuvo que ajustarse a la protección de ciertas condiciones ecológicas (parches de
bosque y nacientes de agua). Así, esta zona fue divida en 15 subzonas. El 43.5
% del total de esa área correspondió a subzonas de protección, un 11, 21% a la
subzonas agropecuarias, y un 45,32% a las subzonas urbanas, principalmente,
hoteleras, residenciales y comerciales.
Las otras 14 zonas vocación de conservación e investigación. No obstante, el
ecoturismo, sobre todo recreativo, cientíco y de contemplación, y las actividades de
subsistencia y comerciales de baja escala como la pesca, la agricultura y la forestaría
también fueron contempladas (algunas más turismo, algunas más conservación,
German Daniel Alvarado Luna • Conservación comunitaria en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca- Manzanillo entre... 1919
etc.). Acá las zonas terrestres correspondieron al 62,25% del Refugio, mientras que
las acuáticas abarcaron el 37.5%.
También modicaron las normativas de uso con el n de asegurar que las
actividades desarrolladas fueran sostenibles. Esto, sin embargo, culminó deniendo
restricciones muy evidentes y rígidas al uso de la naturaleza local, asociado funda-
mentalmente a las actividades de subsistencia, al tiempo que facilitó el desarrollo
urbano y ecoturístico.
En la zona 1, las subzonas urbanas tuvieron limitaciones muy exibles (densi-
dades entre 20 y 60 personas por hectárea, propiedades con un tamaño mínimo entre
1000 metros cuadrados y 2 hectáreas y con una cobertura máxima entre 20% y 40%,
aunque, en algunos casos, se permitió en un 60% con sistema de aguas residuales),
mientras que las sub-zona agrícolas tuvieron limitaciones rígidas ( densidad máxima
era de 2 viviendas, el tamaño mínimo de las propiedades de 1 ha y la cobertura
máxima de 2%).
En el resto de zonas los usos permitidos de carácter más consuntivo fueron
bastante limitados: densidades máximas eran de 2 viviendas y entre 5 y 20 personas
por hectárea, los tamaños mínimos de las propiedades tenían que estar entre 1 hectá-
reas y 6 hectáreas, la cobertura máxima entre 1% y 2%, la agricultura no podía
cambiar el uso del suelo, sólo se podían cultivar solo especies tradicionales y perma-
nentes, el uso forestal fue mínimo, la cacería y pesca fueron limitadas, hubo prohi-
biciones de acceso a zonas sensibles como Playa Gandoca por desove de tortugas, y
solo fue posible viviendas unifamiliares o recreativas, albergues, comercios pequeños
y áreas de acampar.
Estas disposiciones también estuvieron acompañadas por un sistema de
control que funcionó por medio de la tramitación burocrática de permisos con el
MINAE otras instituciones estatales y las instancias de manejo conjunto, así como,
de acuedo a los funcionarios F. Cruz (comunicación personal, 16 de diciembre del
2015) y J. Masis (comunicación personal, 15 de diciembre del 2015) con inspec-
ciones rutinarias del MINAE, con acompañamiento en vigilancia de organizaciones
civiles como los Comité de Vigilancia de los Recursos Naturales y el Programa de
Voluntarios de ANAI, para dar autorizaciones y asegurar que las medidas estable-
cidas se cumplieran. Estas inspecciones se centraron en aquellas prácticas conside-
radas nocivas para los recursos naturales.
Esta re-regularización de las normativas espaciales, conlleva a una territoria-
lización del estatal que consolida la mercantilización de la naturaleza mediante la
promoción del ecoturismo y el debilitamiento las actividades tradicionales de subsis-
tencia. Primero, con la división del área por vocación de las distintas unidades que
la conforman, se congura el espacio de forma tal que se reservaba una porción para
el desarrollo turístico y otra como atracción para ese desarrollo turístico.
Es decir, se colocan dos lógicas de conguración espacial, una mercantil produc-
tiva y otra con vocación estetizante-ecologista que como señala Huiliñir et al. (2018)
Diálogos Revista Electrónica de Historia, 24(1): 1-34. Enero-junio, 2023. ISSN: 1409-469X · San José, Costa Rica2020
pueden parecer contradictorias, pero en realidad se articulan dialécticamente en pro de
la mercantilización de la naturaleza.
Luego, en la zona 1 si bien se permitieron actividades agropecuarias, sus limi-
taciones fueron sumamente rígidas. Caso contrario, los proyectos inmobiliarios se
pudieron desarrollar con mayor exibilidad. Por otro lado, en el resto de zonas, las
actividades consuntivas asociadas más que todo con la subsistencia fueron suma-
mente limitadas, mientras que las actividades no consuntivas asociadas al ecotu-
rismo fueron abiertamente promovidas.
O sea, las actividades de subsistencia fueron supeditadas al ecoturismo, pero
adicionalmente, la condición de punto de atracción, les implicó que el ecoturismo
se redujera principalmente a usos no consuntivos. Así, el agro se sobrepuso sobre
el turismo en gran parte con el n de mantener imagen turística. Desde luego, los
sistemas de control establecidos se orientaron bajo esa lógica, lo cual se reeja prin-
cipalmente en el caso de Playa Gandoca, donde el acceso en temporada de desove
era restringido fuertemente.
Esta mercantilización se reeja en la apertura de múltiples nichos de mercado
sumamente rentables. Entre los principales nichos de mercado posicionados con el
acondicionamiento ecoturístico de la zona se encuentra los centros de hospedaje y
los restaurantes. guiado en el snorkel, buceo y caminatas en los bosques, así como
la pesca deportiva, los toures de delnes y tortugas, los paseos a caballo, kayak y
bicicleta, las experiencias educativas, culturales y espirituales, también fueron otro
importante nicho. Muchos propietarios también cobraron a los guías o visitantes por
entrar a sus terrenos (Alvarado, 2003).
En el 2005 se calculaba que los ingresos totales aportados por esos nichos en
Cocles-Manzanillo eran de ₡68673654 (Departamento de Servicios Técnicos de la
Asamblea Legislativa, 2005). En cuanto al mercado inmobiliario, según evidencia
presentada por el SINTRAMINAE en una acción de inconstitucionalidad, una casa
de 700 m2 frente al mar tenía un precio de 100 mil dólares (Sala Constitucional,
2005).
Mientras que en Playa Gandoca, el ecoturismo adoptó la forma de volunta-
rismo, es decir, personas que pagaron por utilizar su tiempo de vacaciones en causas
de conservación o desarrollo socio-económico, el cual según ANAI del 2005 generó
$111.374 (ANAI, 2005).Además, esta reglamentación continuó con la asignación de
derechos de la posesión de la tierra mediante permisos de uso transferibles.
No obstante añadió otras formas de apropiación privada de los recursos y
la tierra, que se muestran principalmente en los informes de ANAI, como lo fue
la asignación de derechos exclusivos de acceso a ciertas zonas, principalmente en
playa Gandoca durante temporada de anidación de tortugas marinas, donde solo
investigadores (ANAI) y guías locales debidamente certicados (empleados de
ANAI) podían entrar a la zona, mientras que el resto de personas solo podían si se
hacían acompañar por ellos.
German Daniel Alvarado Luna • Conservación comunitaria en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca- Manzanillo entre... 2121
También estuvo la asignación de derechos exclusivos de uso sobre ciertos
recursos mediante permisos de investigación donde un regente cientíco certicado por
el MINAE como ANAI pudo, por ejemplo, manipular las tortugas de distintas maneras
y permitirles a los voluntarios hacerlo de manera limitada (ANAI, 2003, 2005).
Respecto a las instancias de manejo conjunto, se estableció un Comité Asesor
y dos comités zonales (uno en Gandoca, otro en Manzanillo) en donde bajo el
supuesto de incluir la pluralidad de voces, participaron funcionarios del MINAE, y
representantes de Asociaciones de Desarrollo y ONG locales.
El Comité Asesor pudo inmiscuirse en la creación de reglamentos, planes
de trabajo, búsqueda de nanciamiento y asesoría, nombramiento de comisiones
y comités zonales de apoyo, modicación de planes de manejo, y resolución de
asuntos conictivos, mientras que los comités zonales intervinieron en la tramitación
de permisos de uso y aprovechamiento de la tierra y los recursos, el nombramientos
de comisiones espaciales, y la atención de denuncias o conictos relativos a la admi-
nistración y ejecución del plan de manejo.
Si bien, el papel de estos actores no estatales se restringió al acompañamiento,
consulta, supervisión, los juegos políticos desarrollados en un plano más informal,
difuminaron esa situación, porque la participación los representantes del MINAE
fue muy limitada por cuestiones de experticia (poco conocimiento, externos a la
zona, frecuentemente cambiados), recursos y descuido (Ayales et al., 2004; Basurto,
2013).
De ese modo, el funcionario del MINAE J. Masis (comunicación personal, 15
de diciembre del 2015), y el antiguo coordinador de ANAI, D. Chacón (comunica-
ción personal, 4 de diciembre del 2015), coincidieron con que los actores no estatales
tomaron el control de las negociaciones, y en consecuencia, posicionaron fácilmente
sus puntos de vista en estos comités. Las acciones de esas instancias fueron funda-
mentales en sostener el proceso de privatización y mercantilización del área, ya que
sus acciones se orientaron a disminuir el rol del Estado para facilitar y legitimar las
posesiones, proyectos inmobiliarios, derechos exclusivos de acceso y uso, y el desa-
rrollo turístico en general.
Igualmente promovieron proyectos de desarrollo y conservación orientados
en acondicionar el Refugio al ecoturismo, y programas educativos para aanzar
este modelo en la mentalidad de los sectores locales y turísticos. Por ejemplo, los
acuerdos tomados por los comités tendían a ser favorables para los empresarios turís-
ticos, ya que los distintos permisos se otorgaron de manera exible.
Así, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos señaló en el 2004 que
los permisos emitidos por los comités zonales y raticados por el MINAE, se daban
a “diestra y siniestra” muchas veces al margen de la ley (Sandí, 2004). Ejemplos de
estos permisos lo dan el Ocio REGAMA 52-02 de Agosto del 2002, el Ocio 94-02
del 7 de octubre del 2002, y el Ocio REGAMA 20-03 del 19 de enero del 2003, los
cuales reeren a la aprobación de 3 visados de planos para la empresa Cooperación
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Oceánica de Turismo S.A, 2 visados de planos para COTSA, y la corta de árboles
enfermos para CORICA S.A., respectivamente.
También se registra la construcción de unas cabinas en un lote de 190 m2,
así como otras en un lote de 70 m2, pertenecientes a empresarios locales (Colegio
Federado de Ingenieros y Arquitectos, 2004; Defensoría de los Habitantes, 2004).Es
importante añadir que, la participación de los actores no estatales en las instancias de
manejo conjunto no fue a un mismo nivel. Según E. Cyrus, director del ACLAC, los
pobladores locales “…solo hacían acto de presencia pero no intervenían en la deci-
sión y análisis para tomar decisiones consensuadas” (Catedra Turismo Sostenible
UNED, 2009, 16m,11s)
Como tal, las ONG fueron quienes se posicionaron en las negociaciones, por
sus ventajas en términos capital político, económico, y cultural, por lo que puede
decirse que a través de las instancias de manejo conjunto la gobernanza neoliberal
fue aún más profundizada, al punto que esos actores vinculados con intereses empre-
sariales y redes transnacionales de conservación, tomaron de manera más especíca
la territorialización estatal del área protegida, lo cual explica la orientación neoli-
beral de las acciones de esas instancias de manejo conjunto.
Esta segunda fase de la conservación comunitaria en el RVS-GM, a través
del reglamento de zonicación y las instancias de manejo conjunto, se presentó
como una mejoría técnica para solucionar los problemas que la implementación del
Refugio había causado, de modo que la promesa ganar-ganar se mantuvo vigente, sin
embargo es claro que respondieron más a mantener los intereses de los empresarios
y las organizaciones internacionales, por lo que la re-regularización resultante tuvo
claramente una intención de profundizar la privatización y mercantilización de la
naturaleza en el sitio.
Es decir, acá el neoliberalismo se promovió de manera intencionada, pues
se le otorgó más poder de decisión a los actores no estatales, se exibilizaron las
normas para propiciar la mercantilización y se ampliaron las posibilidades de apro-
piación privada de la tierra y los recursos, e incluso las medidas restrictivas imple-
mentadas tuvieron como n producir espacios potencialmente atractivos para los
negocios asociados a ecoturismo.
Las implicaciones políticas y sociales de este escenario tampoco fueron favo-
rables para locales, y nuevamente desembocaron en escenarios de conictividad. A
nivel político, en el proceso de escrutinio de la confección del plan de manejo, las
posiciones de las poblaciones locales fueron abordadas con menor consideración en
comparación con las ONG, a las cuales se les permitió imponer sus planes sobre la
zona.
Esto se reeja en el hecho de que PROAMBI realizó reuniones exclusiva-
mente con ADECOMAGA y ANAI, no se hizo un esfuerzo de adaptar el proceso a la
cultura local, y realizó una limitada difusión de información sobre los días y lugares
en que se realizaron los talleres y reuniones. Así, por ejemplo, el trabajador turístico
A. Hernández (comunicación personal, 15 de febrero del 2016) armó que “…sólo
German Daniel Alvarado Luna • Conservación comunitaria en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca- Manzanillo entre... 2323
como 4-5 estuvieron atentos al proceso y fueron a las reuniones, los demás o no iban
o no se daban cuenta”.
Asimismo, la cultura organizacional que rigió a las instancias de manejo
conjunto, es decir, a formalidad organizacional, la representatividad política, la
burocracia, y los saberes tecnocráticos, condujo a una exclusión de los pobladores
locales a nivel nominal y valorativo. A nivel nominal, los locales que no se vincu-
laron a organizaciones formalizadas, ya sea por desconocimiento o falta de tiempo y
recursos (Ayales et al., 2004).
Si bien, la representación local fue cedida a las Asociaciones de Desarrollo,
estas organizaciones probaron ser insucientes para abarcar la diversidad de voces
locales, sobre todo en Manzanillo donde los líderes de esta organización eran aliados
a ADECOMAGA.
En Gandoca, esta organización actuó de manera autónoma, pero tuvo dicul-
tades para incoporar a personas de comunidades aledañas como San Miguel y Bonife.
Ahora, en Gandoca, los locales también tuvieron posibilidad de participar a través de
alianzas con ANAI, este proceso no fue ni abierto ni autónomo, ya que esa ONG los
escogía y controlaba de acuerdo ade acuerdo con sus propósitos (ANAI, 2003).
A nivel valorativo, los representantes de las Asociaciones de Desarrollo
tuvieron dicultades de posicionarse en las discusiones que se daban en las instan-
cias de manejo conjunto, ya que sus miembros no dominaban los términos legales
ni técnicos con que se regían estos entes. A Rodríguez (comunicación personal, 10
de octubre del 2015) presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Gandoca
(ADIG) durante ese período ejemplica lo anterior con las siguientes palabras: “…
esa gente, ellos viven en eso, y son gente preparada, y académicamente bien prepa-
rada y uno no. Este es un trabajo aparte que uno se mete, lo aprende y se lo juega”.
De igual manera, el Estado y las ONG no hicieron los sucientes esfuerzos
para brindarles información o capacitación pertinente, accesible y precisa. (Ayales et
al., 2004). Adicionalmente, de acuerdo al trabajador turístico A. Hernández, en Punta
Uva, Manzanillo y Punta Uva, estos espacios no eran atendidos por ser considerados
ajenos a los intereses de la población. Con esto en cuenta, las ONG aprovecharon sus
ventajas para posicionarse en la toma de decisiones y en la gestión de Refugio, y con
ello concretar sus proyectos.
A nivel económico, el manejo conjunto cambió las condiciones de acceso a
los recursos naturales, lo cual incluye tanto a las normativas territoriales como a
la estructura de incentivos socioeconómicos vinculada. Tanto en Gandoca como en
Manzanillo, las normativas territoriales despojaron a los locales de recursos natu-
rales importantes para la subsistencia y la cultura.
Estas fueran sumamente restrictivas en actividades como la agricultura, la crianza
de animales y la caza. Ahora, en los poblados de Gandoca, San Miguel y Bonifé,
por no estar totalmente cubiertos por las disposiciones del Refugio, ello sólo implico
el despojo de un espacio comunal importante para complementar la subsistencia,
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mientras que Punta Uva, Manzanillo y Punta Uva, al estar cubiertos completamente,
las restricciones obstaculizaron del todo las actividades de subsistencia.
Estas restricciones también implicaron la pérdida de espacios importantes
para la recreación, la cotidianidad y la cultura. En Gandoca, San Miguel y Bonifé,
ello se dio por la restricción del acceso en temporada de desove, mientras que en
Punta Uva, Manzanillo, y Punta Mona, por la apropiación de la tierra por parte de
inversores extranjeros. Esto se ilustra con las siguientes palabras de la expresidenta
de la ADIG M. Rojas (comunicación personal, 11 de octubre del 2015): “No se podía
ver el desove de tortugas, había gente de la comunidad que no conocía las tortugas.
¡Cómo era posible eso!”.
El título precario con que se asignaron derechos posesorios sobre la tierra,
junto con las normativas territoriales, causó que los locales fueran despojados de su
acceso al uso efectivo del recurso, en particular las limitaciones de acceso al crédito,
herencias, bonos de vivienda, fragmentación de lotes, y construcción de infraestruc-
tura. Al respecto el guía turístico local F. Grenald (comunicación personal, 17 de
diciembre del 2015) expresó:
La gente aquí no tiene plata y el Estado no ayuda al que no tiene. Si yo voy a
pedir un préstamo no me lo dan. Y si uno quiere hacer algo tiene que vender el
terreno, pero tiene la plata pero no el terreno.
En Gandoca, San Miguel y Bonifé, sólo abarcó a unos cuantos que tenían
propiedad en Playa Gandoca, mientras que en Punta Uva, Manzanillo, y Punta Mona
abarcó a la totalidad de la población. Vale decir que muchas de las restricciones no
fueron completamente prohibitivas, pero sí exigieron un permiso que no todos los
locales podían obtener por las dicultades y costos legales que la tramitación buro-
crática les signicaría.
Además, muchos pobladores continuaron algunas de esas actividades en la
clandestinidad, corriendo el riesgo de ser demandados judicialmente y sus bienes
decomisados en el proceso. Aunque, en Punta Uva, Manzanillo y Punta Mona se dio
menos porque técnicamente los usos se redujeron a la vivienda y al ecoturismo.
La nueva estructura socio-económica propuesta por el manejo conjunto
consistía de nuevas actividades económicas verdes vinculadas al mercado mundial.
Estas nuevas prácticas eran insucientes para la comunidad y sólo las ONG podían
desarrollarlas efectivamente por tener los conocimientos, el tiempo, contactos,
recursos humanos y nancieros necesarios para ello. Por ende, estas organizaciones
controlaron la forma en que los benecios fueron distribuidos. Los pobladores
locales, por otro lado, quedaron sometidos a complejas relaciones de subordinación
y dependencia.
En Gandoca, la actividad más importante en esta zona del Refugio fue
el Programa de Voluntariado. En él pocos locales fueron beneciarios, según el
mismo ANAI en sus informes del 2003 y 2005, sólo 25% de la población recibía
los benecios directos.
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Estos informes también señalan que al menos en los servicios de hospedaje
y alimentación, los locales integrados no se beneciaron de la misma manera, pues
hubo familias que se beneciaban más y ANAI fue uno de los principales benecia-
rios. Además, indican que ANAI se dejaba el 70% de los cobro de inscripción, lo cual
signicó $7470 en el 2005. Para ANAI, estos ingresos eran recogidos con el n de
nanciar las operaciones de los proyectos.
En Manzanillo, la actividad más importante fue el ecoturismo. En esta, los
pobladores locales se articularon fundamentalmente como empleados (Ayales et al.,
2004). Estos empleos que otorga el turismo en el Caribe Sur, de acuerdo a Molina
(2007) se caracterizaron por ser de baja remuneración y mucha vulnerabilidad,
sobre todo por la carencia de estabilidad laboral, seguro social y salario mínimo. Al
respecto el trabajador turístico A. Hernández (comunicación personal, 15 de febrero
del 2016), señaló: “Teníamos que trabajar duro porque era un trabajo duro, se ganaba
mal y no quedaba de otra y tampoco había mucha regulación”.
Aquellos pocos locales que lograron invertir se caracterizaron por tener
trayectoria en el mundo de los negocios, ahorros o una porción de tierra extra. Sin
embargo, estos empresarios lo que lograban absorber eran turistas de bajo presu-
puesto, en gran parte nacionales, sobre todos por su dicultad para ajustarse a la
demanda y la poca capacidad en publicidad (Brown, 1998).
Este escenario trajo consecuencias negativas a ambas poblaciones. Sin
embargo, la especicidad en la aplicación del paradigma de conservación comuni-
taria, trajo un nivel de afectación distinto a cada área. En Gandoca, San Miguel y
Bonifé no hubo afectación del núcleo de las economías de los pobladores locales. En
ese sentido, gran parte de los pobladores no se vieron forzados a desplazarse a otras
partes del país.
Empero, eso no omite que algunos jóvenes y nuevas familias migraron en
búsqueda de mejores oportunidades económicas y vivienda digna. De igual forma,
muchos locales al ser despojados de un espacio fundamental para su subsistencia
y cultura, se sintieron sumamente afectados y ofendidos (Chacón y Ochoa, 1998;
Suárez, 2013)
En Punta Uva, Manzanillo, Punta Mona el nivel de afectación fue mayor, pues
acá los habitantes sufrieron intervenciones en todos los aspectos de sus dinámicas
económicas y culturales. Así, gran parte de los pobladores locales quedaron en una
condición marginal que obligó a muchos a vender su tierra a los inversores turísticos
o les dicultó acceder a nueva tierra.
Es decir, la dicultad de obtener benecios, junto con el aumento de la presión
inmobiliaria, condujo una carestía de recursos cuya principal consecuencia fue
dicultar la tenencia de la tierra. A la postre, esto conllevaría a que muchos locales
tuvieran que emigrar. Así, en 1998 se calculaba que la mayoría de la franja entre Cocles
y Manzanillo estaba en manos de empresarios turísticos externos a la zona (Chacón y
Ochoa, 1998; Brown, 1998). En ese sentido, la empresaria turística local G. Williams
(comunicación personal, 16 de octubre 2015) expresó: “Aquí en Manzanillo no son
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muchos (foráneos). Afuerita saliendo del pueblo sí, en Punta Uva y Cocles la mayoría
son extranjeros. Han comprado por el camino y han hecho sus negocios”.
La conictividad resultante de la segunda fase del paradigma de conservación
comunitaria en el RVS-GM tiene que ver primero, con el reclamo de la comunidad
de Gandoca de desplazar a la ONG que mantenía el control de la playa en temporada
de desove de tortugas, y segundo con los ambientalistas que denunciaron al regla-
mento de zonicación y el manejo conjunto por facilitar el daño ambiental.
Todo lo cual llevo a que la Sala Constitucional en el 2007 dejara sin vigencia
estas medidas, y desde entonces empezara una disputa legal entre las fuerzas esta-
tales favorables a la conservación de fortaleza y los sectores empresariales-comuni-
tarios a favor de eliminar a la zona del régimen de conservación (Quesada, 2016). A
partir de ese momento el área se encontró en una incertidumbre legal que ha mante-
nido las condiciones desfavorables para las personas y la naturaleza, y vuelve la
conictividad en un rasgo característico de ese lugar (Solano, 2014). Así, se puede
decir que en esta segunda fase en el RVS-GM, la conservación comunitaria volvió
a fracasar, y contrario a sus promesas, los conictos se reforzaron, y los pobladores
locales tuvieron aún mayores pérdidas.
CONCLUSIONES
●La costa de Talamanca se ha caracterizado por el aislamiento territorial,
la exuberancia de los recursos naturales, y el desarrollo de modos de vida
relativamente autónomos. Desde el Siglo XIX, el Estado costarricense
ha intentado rearmar su soberanía política sobre esa zona, e integrarla
denitivamente a la dinámica económica nacional.
●Esto ha dado paso a una territorialización estatal, fuertemente acompa-
ñada por actores exógenos, con la que se ha tratado de ejercer control
sobre los usos de los recursos naturales de la región, determinar quién
debe ejercer posesión sobre la tierra, y, ante todo, asignarle a ésta un uso
productivo funcional.
●Como resultado las poblaciones locales se han visto despojados de la
tierra y los recursos naturales fundamentales en su reproducción sociocul-
tural para ponerlos bajo el control del Estado o empresarios privados, lo
que ha dado paso a conictos entre estos y las comunidades.
●Ahora, esta territorialización estatal se ha adecuado a los contextos histó-
ricos en que se ha intentado llevar a cabo. Antes de la implementación del
paradigma de conservación comunitaria, la territorialización estatal pasó
de una intervención estatal débil sostenida ampliamente por el capital
extranjera a una intervención estatal fuerte apoyada por ONG de conser-
vación, donde lo principal fue consolidar el control político sobre esa área.
German Daniel Alvarado Luna • Conservación comunitaria en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca- Manzanillo entre... 2727
●En ambas, etapas lo principal fue la integración política de ese espacio, y
el poder se ejerció de forma sumamente coercitiva, por lo que el enfren-
tamiento Estado y comunidad fue amplio. Aunque, en la etapa donde el
Estado fortalece su intervención, la conictividad es mucho mayor, pues
se generan mayor transformación en las dinámicas locales.
●Ahora, el paradigma de conservación comunitaria implementado desde
mediados de la década de 1980 con el RVS-GM, fue parte del proyecto
estatal sobre la costa de Talamanca, sin embargo, rompe en mucho
la trayectoria territorial anterior al ser una herramienta oportuna para
adecuarse a las circunstancias históricas de entonces.
●Esto último no solamente es mermar el conicto a nivel local para consolidar
de una vez por todas el control de territorial del Estado sobre esa área, sino
también responder al ajuste neoliberal que implicó un desnanciamiento
severo del Estado al tiempo que impulsó la protección de los recursos fores-
tales para mantener el equilibrio en la balanza comercial y generar nuevas
espacios de inversión mediante actividades como el ecoturismo.
●En ese sentido, la intervención estatal que se demandó en aquel momento
requirió disminuir los costos políticos y económicos al máximo, y generar
nuevas formas de acumulación de capital. La manera en que el para-
digma de conservación comunitaria cumplió tales cometidos, fue coop-
tando el conicto mediante las promesas de conservación y desarrollo, las
cuales consistieron en impulsar una categoría de manejo que combinara
la posibilidad de ocupar y aprovechar la tierra y los recursos naturales
con medidas que cerraran el portillo al deterioro de los recursos y dieran
cabida al rentable mercado del ecoturismo.
●El conicto también se buscó cooptar mediante la presentación anti polí-
tica de este paradigma, es decir, como si estuviera fuera de lo político, por
ser construidos por conocimiento experto, regirse por una racionalidad
ecológica-económica, y partir de promesas ganar-ganar (Büscher, 2010).
La funcionalidad de esta imagen fue oscurecer no solo los intereses detrás
de esa intervención, sino también sus contradicciones, con lo cual se logra
su inserción y continuidad, pese a las dudas y escenarios de conicto.
●La descentralización de la toma de decisiones también fue importante en
la cooptación del conicto, pues hizo sentir que las necesidades y pers-
pectivas de todos los involucrados, principalmente los pobladores locales,
serían tomados en cuenta, no obstante su principal aporte fue reducir
los costos de la intervención al dejársela principalmente a los actores no
estatales, principalmente a ONG vinculadas con empresarios turísticos y
redes internacionales de conservación.
●No obstante, lo primordial en la implementación de la conservación
comunitaria en el RVS-GM fue que logró integrar completamente la costa
de Talamanca a la economía nacional, mediante el neoliberalismo en tanto
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facilitó el posicionamiento de la privatización y mercantilización de la
naturaleza, lo cual conllevó a hacer funcional la naturaleza a la acumula-
ción de capital.
●Este proceso, como se presentó en este trabajo se dio a través de dos fases.
Una relacionada con la implementación de la categoría de refugio de vida
silvestre, concentrada en culminar con la integración política del lugar a
través de una territorialización que dio cabida a la privatización de la tierra,
la gobernanza neoliberal, y al posicionamiento del negocio ecoturístico.
●Otra relacionada con el manejo conjunto, que más allá de dotar de sostén
político a la conservación comunitaria mejorando con tecnicismos las
promesas de conservación y desarrollo, la descentralización de la toma de
decisiones, y la presentación anti-política de la intervención territorial, se
concentró en una territorialización orientada a la integración económica
mediante la diversicación de las formas de apropiación privada de la tierra
y los recursos, y la adecuación de la normativa y las ordenanzas a las necesi-
dades del desarrollo turístico controlado por inversores externos y organiza-
ciones extranjeras de conservación, en concordancia con el neoliberalismo.
●En todo caso, en ambas fases la conservación comunitaria no logró
sostener el consenso político de manera prolongada, pues al partir de la
cultura política y económica neoliberal, deja que los distintos actores
compitan entre sí con la nula o mínima intervención del Estado, pese a
que las condiciones entre ellos fueron disimiles. Las poblaciones locales
de la costa de Talamanca, debido a su aislamiento histórico, han tenido
una cultura política y económica muy distinta a la planteada desde la
conservación comunitaria, por lo que sus desventajas frente a los inver-
sores foráneos eran sumamente marcadas.
●Estos últimos llegaron a esta zona con un capital económico y cultural
acumulado en otras partes, mientras que los lugareños se encontraron en
una situación completamente contraria. La competencia, de esa forma,
fue completamente desigual, lo cual explica que los inversores foráneos
lograran acaparar las posibilidades de obtener benecios y poder político,
en detrimento de la vida de los locales. Se puede hablar, entonces, que
la conservación comunitaria en el RVS-GM parte de un triunfalismo de
mercado que invisibiliza las desigualdades estructurales, y como conse-
cuencia, las exacerba (Chaderopa, 2016; Fletcher, 2012).
●Atender esas desigualdades estructurales conllevaría intervenir la acumula-
ción de aquellos individuos en ventaja, lo cual bajo los supuestos del neoli-
berales no tiene cabida alguna, por cuanto la naturaleza de este proceso es
“impedir cualquier cosa menos los modos capital intensivos de producción”
(Harvey, 2004, p.114). Con estas apreciaciones se devela la conservación
comunitaria como un instrumento por medio de los cuales las elites legi-
timan e introducen sus proyectos sobre la naturaleza y la sociedad.
German Daniel Alvarado Luna • Conservación comunitaria en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca- Manzanillo entre... 2929
●Como señala Arguedas (2016) para todos los enfoques comunitarios en
temas ambientales, las demandas de los actores excluidos no son atendidas,
tan sólo cooptadas para eliminar cualquier movilización que amenace el
statu quo. En ese sentido, lejos de renovar los proyectos territoriales esta-
tales hacia escenarios más favorables para los pobladores locales, el para-
digma de conservación comunitaria en la costa de Talamanca reproduce, a
través de sus propias especicidades, la trayectoria histórica de exclusión
y marginación en esa área.
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