Diálogos Revista Electrónica de Historia ISSN 1409- 469X
Volumen 6 Número 1 Febrero - Agosto 2005.
Dirección web: http://historia.fcs.ucr.ac.cr/dialogos.htm
( páginas 94 -143)
DIÁLOGOS. REVISTA ELECTRÓNICA DE
HISTORIA
Escuela de Historia. Universidad de Costa Rica
Centroamérica: Política y Economía en la Posguerra
(1944 -1979)
Jorge Rovira Mas*
Comité Editorial:
Director de la Revista Dr. Juan José Marín Hernández jmarin@fcs.ucr.ac.cr
Miembros del Consejo Editorial: Dr. Ronny Viales, Dr. Guillermo Carvajal, MSc.
Francisco Enríquez, Msc. Bernal Rivas y MSc. Ana María Botey
“Diálogos Revista Electrónica de Historia” se publica interrumpidamente desde octubre de 1999
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Palabras claves: Centroamérica, democracia, política, desarrollo capitalista, historia,
economía, sociedad y cultura.
key words: Central America, democracy, political, capitalistic development, history,
economy, society and culture.
Resumen
Se presentan los rasgos fundamentales, políticos y económicos, del ciclo histórico
centroamericano transcurrido entre 1944 y 1979. Los dos grandes temas del periodo,
la democracia y la aceleración del desarrollo capitalista, son analizados bajo la
perspectiva interpretativa que le atribuye a los factores políticos internos el peso
decisivo y último para comprender el aborto de la alternativa democrática y el
crecimiento económico concentrador y excluyente que caracterizó, con la excepción de
Costa Rica, al resto de la región. Los factores externos, económicos y políticos, se
entienden como condicionantes mas no como determinantes.
Abstract
This article presents the fundamental political and economic features of the Central
American history cycle between 1944 and 1979. Here, the period’s two most relevant
topics —democracy and the fast development of capitalism— are analyzed under the
interpretative stance that points to internal political factors as the ultimate influence to
understanding the abortion of the democratic option, and the concentrating and excluding
economic growth of the region, with the exception of Costa Rica. The external factors, both
economic and political, are understood as conditioning and not as determining factors.
* Doctor en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Docente e investigador de la Universidad de Costa Rica, con la categoría
académica de Catedrático, en su Escuela de Antropología y Sociología y en el
Instituto de Investigaciones Sociales (IIS-UCR). Autor y editor de varios
libros, ha publicado extensamente en revistas académicas especializadas en
varios idiomas. En 1988 le fue conferido el Premio Jorge Volio por su libro
Costa Rica en los años ochenta y en 1994 el Premio de Historia Nacional Cleto
González Víquez por su obra en colaboración La industria: su evolución
histórica y su aporte a la sociedad costarricense. Casilla de correo electrónica:
jrovira@racsa.co.cr
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Centroamérica: Política y Economía en la Posguerra
(1944 -1979)
“El carácter de las luchas sociales que hoy día
califican la situación centroamericana como una
situación de profunda crisis política, son resultado
de un largo proceso de desequilibrios y problemas
creados por el crecimiento económico y nunca
satisfechos, pero especialmente de reivindicaciones
permanentemente pospuestas, de derechos
reiteradamente violados, en suma, de luchas
sociales y políticas pacíficas y legales, pero
ilegalizadas y reprimidas por el Estado. Esto es
particularmente agudo en la década de los setenta.”
Edelberto Torres Rivas (1981)
1
UNA OPORTUNIDAD FALLIDA: LA ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA ENTRE
1944-1954
Dos son los grandes temas que emergen tempranamente en Centroamérica en el
albor de la Posguerra: la democracia y la aceleración del desarrollo capitalista. Ambos
concebidos en términos de modernización de la sociedad. El primero, político; el segundo,
económico. Éste, en algunos de sus resultados últimos más importantes, determinado por
aquél.
El ciclo histórico de 35 años (1944-1979), un ciclo políticamente determinado que
se inicia con la caída de dos regímenes no democráticos de tipo tradicional, el del general
Jorge Ubico (1931-1944) en Guatemala y el del general Maximiliano Hernández Martínez
(1931-1944) en El Salvador, concluye con el desplazamiento del poder de Anastasio
Somoza Debayle en Nicaragua en 1979 por los sandinistas. Este ciclo representó el primer
intento por propiciar la institucionalización de la democracia representativa de masas de
una manera durable en los dos primeros países y desde aquí, de haber resultado así, quizás,
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por su efecto de demostración, habría podido contribuir a que se produjeran o preservaran
consecuencias democratizadoras de largo plazo sobre el conjunto de la región
centroamericana
2
.
La factibilidad de este escenario histórico -no, ciertamente, su necesidad- pudo
presentarse en el horizonte político regional porque se hallaba enraizado esta vez en una
más diversa y compleja estructura social que aquella que había prevalecido durante “el
periodo de expansión hacia fuera”, ese que Cardoso y Faletto fecharon desde mediados del
siglo XIX hasta finales de los años 20 del siglo pasado, que concluiría para varios países de
la América Latina con la crisis económica mundial de 1929 y que en ellos daría inicio
tempranamente a un periodo de transición hacia una mayor industrialización que la hasta
entonces existente y sobre todo a una “fase de consolidación del mercado interno”
3
. Pero
que en Centroamérica -esta modalidad de desarrollo capitalista esencialmente
agroexportadora- llegó a prolongarse mucho más, sin cambios de significación, gracias al
ascenso, en el transcurso de los años treinta, de los liderazgos autoritarios ya aludidos, que
buscaron preservar intacto el orden social gestado y dominado por la oligarquía
4
tanto en
Guatemala como en El Salvador, reprimiendo brutalmente cualquier manifestación de
descontento. Y esto es cierto -dígase de nuevo de la factibilidad de este escenario histórico
de los años cuarenta, no de su necesidad- porque, como lo destacó con énfasis hace ya
muchos años Torres Rivas: “[...] el denominador común de los mismos [se hace referencia
a los procesos políticos que derrocaron a Ubico y a Hernández Martínez; JRM] lo dará la
movilización de sectores populares urbanos (artesanos, obreros y otros asalariados,
empleados del sector público y privado) dirigidos por importantes sectores de las clases
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medias (estudiantes, profesionales, maestros, oficiales del ejército, y pequeños propietarios
y comerciantes)”
5
.
Esta primera “crisis del poder oligárquico”
6
, que se manifestó a mediados de los
años cuarenta del siglo XX en vísperas de la conclusión de la II Guerra Mundial y del
comienzo de un prolongado y sin precedentes boom expansivo de la economía mundial,
fue la que le abrió las puertas a la alternativa democrática en Centroamérica por vez
primera de una manera casi generalizada. Los diez años que transcurrieron entre 1944 y
1954, este último cuando se produjo el aborto de la Revolución de Octubre con la salida de
Jacobo Arbenz después de haber sido electo democráticamente a fines de 1950, primer
mandatario así escogido de manera consecutiva luego de que lo fuera también Juan José
Arévalo en diciembre de 1944, estos diez años representan no sólo la “primavera
democrática de Guatemala” (en paráfrasis de lo destacado en su momento por el escritor
guatemalteco Luis Cardoza y Aragón)
7
, sino aquellos en los cuales puede afirmarse que la
opción democrática para casi toda esta región en su conjunto, aunque fuera de una
manera incipiente y débil, se presentó por vez primera como parte de una disyuntiva
política viable.
Como acontecimientos también de esa década de los cuarenta, en marzo y abril de
1948 se produciría la guerra civil de Costa Rica, que culminaría con el triunfo armado de
José Figueres Ferrer y un gobierno de facto de 18 meses que tras la entrega del poder al
presidente electo en las elecciones de febrero de 1948, el periodista Otilio Ulate, y la
inauguración de la Constitución de 1949, condujo al reinicio de la vida democrática en este
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país
8
, cuyo régimen político alcanzaría hacia 1962 una consolidación muy temprana y
duradera cuando se la compara con el resto de la América Latina
9
.
En Honduras, a su vez, al concluir el año de 1948, se concretaría el retiro del
general Tiburcio Carías Andino, quien había dirigido el país desde 1933 con cierta fachada
constitucional y con un estilo de gestión mucho menos severo que el de sus congéneres de
El Salvador y Guatemala. A este retiro le sucederían varios intentos democratizadores, el
inicial con duración precisamente hasta 1954, intentos en los que fue necesario hacer
concesiones, por parte de las fuerzas democratizantes, para convivir hasta 1963 con una
creciente importancia del Ejército, el que finalmente dio un golpe de Estado en este año,
manteniendo desde entonces el control del poder hasta 1981 con la sola excepción de los
años 1971-1972.
Pero fue en Nicaragua en donde la situación política preservó la herencia de los años
treinta: un régimen tradicional que rápidamente fue adquiriendo la fisonomía de un
sultanato en el segundo tercio del siglo XX latinoamericano
10
. Este régimen estuvo
liderado por el general Anastasio Somoza García, quien fue colocado en 1933 al frente de
la entonces recién constituida Guardia Nacional. Esta entidad castrense fue concebida
como un nuevo órgano orientado formalmente a servir a la nación al margen de los
intereses partidarios circunstanciales, es decir, como el ejército de un Estado débil,
fragmentado e intervenido por la potencia económica y política en ascenso que eran por
esos años los Estados Unidos, entidad que contribuyera por fin a garantizar el orden público
por encima de los conflictos interminables entre liberales y conservadores, capaces siempre
de organizar sus propias fuerzas de combate para dirimir cualquier intento de hegemonía
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duradera de unos u otros. La Guardia Nacional debía servir de salvaguarda, al mismo
tiempo, de los intereses norteamericanos, en particular de su monopolio al derecho de
construir una vía interocéanica en Nicaragua. Somoza García fue escogido para ocupar esta
posición por sugerencia directa de la representación norteamericana, cuyos marines habían
permanecido en Nicaragua desde 1910-1912 hasta ese año de 1933, pasando por un breve
interludio de unos pocos meses entre 1925 y 1926. Pero ya desde 1937 Somoza se hizo
elegir presidente, posición en la que se mantuvo, con algunos cortos periodos en los que
gobernó por interpósita mano (1947-1951) como concesión a una oposición siempre
propensa a los pactos con él, hasta setiembre de 1956, cuando fue asesinado por un hombre
quien actuó en condición de patriota y tiranicida solitario, Rigoberto López Pérez. A la
muerte de Somoza García, fueron sus hijos, reproduciendo al detalle el comportamiento
aprendido del padre, quienes se mantuvieron al frente de la Guardia Nacional, la fuente
última de su poder y de sus atropellos, al frente del Partido Liberal Nacionalista –una
fabricación de la familia- y de la presidencia del país. Ellos, al igual que su progenitor, con
algunos cortos periodos sin detentar directamente la primera magistratura y siempre
inclinados a pactar acuerdos que rara vez cumplían con sus opositores principales, de
filiación política conservadora, pero que les servían para posponer la atención de las
demandas de estos y diluirlas, mientras se aferraban al poder y continuaban con una
apropiación de bienes y con un enriquecimiento de enormes proporciones fruto del uso
abusivo e impune del poder político.
Es a la luz de estos acontecimientos que puede postularse que el golpe de Estado
que Castillo Armas le propinó a Arbenz en junio de 1954 con el apoyo de la Agencia
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Central de Inteligencia de los Estados Unidos (C. I. A.)
11
no sólo abortó la denominada
Revolución de Octubre guatemalteca, un periodo histórico orientado a una rápida
modernización de esta sociedad, tanto en términos de su desarrollo capitalista como en lo
político, sino que, desde nuestro punto de vista, clausuró por largo tiempo la alternativa
democrática que de manera incipiente (y que incluso así podría no haber resultado muy
duradera) se había abierto para la mayoría de los países centroamericanos.
La reacción política de los grupos más conservadores de Guatemala y El Salvador
(las clases propietarias del sistema agroexportador, la jerarquía de la Iglesia Católica,
sectores de las clases medias urbanas), apoyados en el Ejército, junto con el aval recibido
de los gobiernos norteamericanos (en primera instancia, como reacción política cautelar en
el nuevo contexto de la Guerra Fría; en segunda, para defender los intereses económicos de
sus multinacionales, de los accionistas y grandes ejecutivos de éstas, como ocurrió en el
caso de Guatemala en 1954
12
) delinearon la singladura subsecuente de este ciclo histórico:
uno en el que reiteradamente fracasarían en América Central las fuerzas sociales y
políticas inclinadas por la modernización de la competencia por el poder del Estado bajo
su modalidad democrático representativa. También hubo en esta etapa un “efecto de
demostración” pero, a diferencia de como lo plantea Huntington
13
, el que produjo el golpe
de Castillo Armas en Guatemala en 1954 para el conjunto de Centroamérica en esta etapa
fue más bien favorable a las contrarrevoluciones con vocación autoritaria, debilitando el
empuje democratizador de la Posguerra.
Los años sesenta, que fueron inaugurados en América Latina con el triunfo de la
Revolución Cubana en 1959, proceso que muy pronto tendió a radicalizarse y a alinearse
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con uno de los dos polos comprometidos en la Guerra Fría, es decir, con la Unión Soviética
y sus aliados de Europa del Este, esos años corroboraron cómo en Centroamérica
prevalecían los intereses conservadores, ahora reforzados en su línea y azuzados desde
afuera con la excusa de “la amenaza del comunismo internacional”
14
. Se trató de una
dominación política de perfil ideológico muy débil, impuesta por la fuerza de las armas,
con las instituciones castrenses de la región desempeñando tareas políticas de altísima
visibilidad y primer orden, cautelares del orden sociopolítico interno y garantes de la
hegemonía de los Estados Unidos en una región aledaña a su frontera más inmediata, ahora
amenazada por la presencia del gobierno de Fidel Castro en Cuba.
Para entonces, la aparición de grupos insurgentes inspirados en el ideario
revolucionario cubano y en su definición de la situación latinoamericana, además de ser
apoyados muchos de ellos directamente por el gobierno de Castro, por un lado, junto con el
peso de las fuerzas políticas conservadoras, la acrecida significación del Ejército en el
plano político y el apoyo irrestricto de los Estados Unidos a una política de
contrainsurgencia, por otro, conformaron un cuadro histórico de fuerzas sociales y políticas,
de condicionamientos y determinaciones recíprocas, que sofocaron una vez más cualquier
alternativa orientada a la institucionalización de democracias operantes de manera
competitiva, además de verse amenazados y restringidos los derechos civiles y políticos del
conjunto de los ciudadanos.
Más bien se constituyeron regímenes de tipo autoritario o semiautoritario, con los
propios militares compitiendo, a veces incluso entre sí, mediante partidos políticos que
expresaban la visión simplificada predominante en el Ejército con respecto al orden
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sociopolítico que convenía a las sociedades centroamericanas. A lo que se acompañaba la
acrecida importancia económica de la institución castrense y de muchos militares a título
individual, que crearon fortunas mediante una corrupción e impunidad que iba en paralelo a
la influencia de esta institución. A todo lo cual se le fue agregando el surgimiento y la
internalización, principalmente en Guatemala, de una cultura política del terror, como
componente consubstancial de la vida política y del “poder contrainsurgente”
15
.
CRECIMIENTO ECONÓMICO, DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y
CONCENTRACIÓN DEL INGRESO: UN RESULTADO POLÍTICO
El crecimiento económico de las sociedades centroamericanas se inserta, en este
periodo de la Posguerra, en el marco de la gran expansión experimentada por la economía
mundial capitalista en las primeras tres décadas posteriores a la conclusión de la Segunda
Guerra Mundial, y se encuentra condicionado por ella. Esta expansión correspondió a lo
que se conoce, teóricamente, como una fase A de un ciclo económico largo de tipo
Kondratiev, los que poseen una duración aproximada de 50 años, que cuentan con una fase
A, de alrededor de 25, con tendencia al crecimiento económico elevado de la economía
internacional, y con una fase B, de otro tanto de duración, con tendencia a un crecimiento
económico menor o bajo. La fase A se inició entre 1940-1945 en los Estados Unidos (los
países europeos lo hicieron luego de finalizada la II Guerra Mundial) y fue concluyendo
entre 1967-1971 en los distintos países centrales del capitalismo
16
. En las sociedades
capitalistas periféricas o dependientes, como las centroamericanas, este decurso de la
economía capitalista mundial y sus ciclos son los que enmarcan y condicionan -pero no
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determinan- sus posibilidades de desempeño económico. Lo que finalmente determina las
principales tendencias del curso concreto socioeconómico que estas sociedades siguen son
los factores de poder internos
17
.
Precisamente por esto es que sostenemos la tesis de que la forma como en la región
centroamericana estas sociedades aprovecharon, de manera diferenciada para su desarrollo
nacional, las oportunidades que brindaba ese gran boom capitalista de la Posguerra, estuvo
determinada por factores políticos internos. Puede así contrastarse lo que fue, por un lado,
eso que en otra parte hemos denominado “los años dorados del desarrollo de Costa Rica”
18
en términos tanto económicos como sociales y políticos, como producto de los resultados
muy progresivos que trajo consigo, por sus consecuencias sociopolíticas, la guerra civil de
1948
19
, y por el otro, la forma como las restantes sociedades de la región, principalmente
Nicaragua, El Salvador y Guatemala, sacaron beneficio de ese mismo marco económico
internacional que a todas les fue común y enmarcó. En el caso de Guatemala -siempre
antípoda de Costa Rica en tantos aspectos de su evolución histórica y de su desarrollo-, la
cuestión se torna evidente al contrastarse lo que resultó finalmente de su abortada
Revolución de Octubre de 1944- 1954 tras el golpe de Estado de Castillo Armas, con lo que
se fue construyendo en Costa Rica tras el triunfo armado de Figueres en 1948
20
.
Puntualizado lo anterior, ¿cuáles fueron las características más sobresalientes
alcanzadas por las economías centroamericanas a lo largo del periodo que va desde 1950
hasta finales de la década de los años setenta del siglo XX?
En primer lugar, se trató de alrededor de tres décadas de muy elevado crecimiento
económico, si aceptamos por tal una tasa de al menos el 5% anual en términos reales. En
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efecto, para la región en su conjunto el producto interno bruto (PIB) entre 1950 y 1978
creció a una tasa de alrededor del 5,3% anual. Costa Rica fue el país que alcanzó el mayor
dinamismo (cercano al 6,7%), al que siguieron en ese orden Nicaragua (5,6%), El Salvador
(5,1%), Guatemala (5,1%) y Honduras (4,2%)
21
. Sin embargo, en virtud del gran aumento
de la población ocurrido entre 1950, cuando había 8 250 000 centroamericanos (excluidos
Panamá y Belice), y 1980, cuando esta población sumaba 20 180 000
22
, el PIB por
habitante tuvo una tasa de crecimiento menos notable, con un ordenamiento por países
similar al anterior (sólo El Salvador y Guatemala intercambiaron aquí su posición, con
Costa Rica siempre de primero)
23
. Hay que tomar en cuenta que la tasa de crecimiento
demográfico anual se comportó así entre 1950 y 1975: en Costa Rica pasó de 3,4% en
1950 a 2,6% en 1975; en El Salvador pasó de 2,6% a 2,7%; en Guatemala, de 2,9% a 2,8%;
en Honduras, de 3,1% a 3%; y en Nicaragua, de 3% a 3,2%. Es decir, en todos los países se
mantuvo considerablemente elevada.
La segunda característica, de capital importancia aunque típica igualmente del
desarrollo latinoamericano de este periodo y más aguda aún en América Central, es el
hecho de que este prolongado periodo de elevado crecimiento económico fue descrito por
la CEPAL desde sus primeros estudios comprensivos de los años 1950-1980, como un
“desarrollo concentrador y excluyente”
24
.
La concentración del ingreso en los estratos de ingresos altos y medios altos, y con
una muy baja participación en el ingreso nacional de los dos deciles más pobres de la
población, fue un rasgo de este periodo: “Según las encuestas de hogares realizadas
durante los últimos años, típicamente hacia 1980 el 20% de la población más pobre
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disponía de menos del 4% del ingreso nacional mientras, en el otro extremo, el 20% de los
grupos de mayores ingresos obtenían más del 55%. Existían diferencias importantes de un
país a otro, con los rasgos más disímiles correspondiendo nuevamente a Costa Rica”
25
.
Tampoco se tornó posible reducir significativamente la cantidad de
centroamericanos en condición de pobreza, que para 1980 se estimaba en cerca del 64% de
la población total
26
.
Tercera, el modelo de desarrollo seguido por la región se sustentó básicamente en
dos pilares para su crecimiento: la diversificación productiva, incluyendo los rubros de
agroexportación, y el estímulo a una incipiente industrialización sustitutiva de
importaciones orientada a un mercado regional, este último operante ya desde los años
sesenta del siglo XX
27
. También se aumentó la intervención del Estado en la vida
económica y social, lo que podría considerarse un tercer pilar, pero sólo fue de envergadura
en Costa Rica, mientras que en el resto de los países dicho aumento resultó moderado
28
.
Cuarta, la diversificación del aparato productivo en general y de los rubros de
agroexportación (primer pilar) constituyó una característica que obliga a comentario.
Como región, Centroamérica dejó de concentrarse casi exclusivamente en la exportación de
café y banano para el mercado internacional, que la definían desde la segunda mitad del
siglo XIX, y al mismo tiempo que la producción de estos bienes se expandía y en ellos se
incrementaba la productividad gracias a fuertes inversiones de capital y a la innovación
tecnológica en estas ramas, también se aumentó la producción para el mercado mundial de
otros bienes. Se sumaron, a los hasta entonces tradicionales, la carne de ganado vacuno
para atender la demanda creciente de las nuevas modalidades de consumo en la Posguerra
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en los Estados Unidos: los restaurantes de cómidas rápidas (fast food); el azúcar, para
contribuir a reemplazar la cuota cubana al mercado norteamericano, una vez que se
rompieron relaciones diplomáticas y comerciales entre Cuba y los Estados Unidos en 1960
tras la Revolución Cubana; y el algodón. Aunque no todos estos bienes se produjeron en
cada uno de los países, en todos sí que la oferta de bienes agroexportables se amplió en
número e incrementó en cantidad
29
. Debe señalarse, empero, que esta diversificación de los
productos agropecuarios de exportación, indudablemente importante para hacer a estas
economías menos vulnerables frente a los altibajos de la demanda y de los precios de sus
principales rubros, fue relativa, pues la concentración en café y/o banano aún significaba en
1970 el 75% de las exportaciones extrarregionales de Costa Rica, el 72% en El Salvador, el
64% en Honduras y casi el 61% en Guatemala, siendo Nicaragua la nación que mostraba el
perfil más diversificado con sólo el 24% de tales exportaciones en café (casi otro 26% en
algodón, 20% en carne y más del 7% en azúcar)
30
.
Quinta, lamentablemente esta extensión de la producción, que se realizó a base de
una profundización de las relaciones sociales de producción capitalistas en el agro, fue
lograda sin que se alteraran significativamente los patrones de concentración de la
propiedad agrícola
31
; sin que los salarios experimentaran una mejoría importante en las
zonas rurales y, consecuentemente, sin que los niveles de vida y la calidad de ésta se vieran
apreciablemente beneficiados. Con razón Torres Rivas señalaba ya hacia finales de la
década de los sesenta que esto constituía para Centroamérica el “Talón de Aquiles” de su
desarrollo socioeconómico
32
, un talón, desde el punto de vista interpretativo que sustenta el
presente artículo, políticamente determinado.
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En Centroamérica en este periodo sólo en Honduras en el primer lustro de la década
de los setenta se produjeron avances en la distribución de tierras entre los campesinos y
entre los habitantes de las zonas rurales, lo que tuvo bien reconocidos efectos políticos para
suavizar la oposición popular a los militares en un país en donde el principal producto de
exportación, el banano, estaba en manos de multinacionales extranjeras pero en donde, a su
vez, no existía una fuerte oligarquía agroexportadora, lo que facilitó el proceso. Pero en las
sociedades restantes, todo intento de reforma agraria fue boicoteado y hecho fracasar por
esta oligarquía que se mostró completamente renuente a aceptar dinámicas de expropiación
y posterior distribución de sus tierras, tal y como sucedió con las que Jacobo Arbenz
emprendió en Guatemala entre 1952-1954. Incluso en los años sesenta, cuando la
administración norteamericana de John F. Kennedy (1961-1963) promovió la Alianza para
el Progreso como un ambicioso plan para acelerar la modernización capitalista de América
Latina, aminorar el descontento social y modificar así las condiciones que hubieran podido
favorecer otras revoluciones similares a la cubana, e incluyó en su concepción y en su
diseño a la reforma agraria, los resultados en el conjunto de Latinoamérica y no menos en
América Central fueron exiguos, ciertamente insignificantes, debido a la resistencia que de
distintas formas opusieron las oligarquías agroexportadoras y los grandes terratenientes.
Así fue como se impidió en Centroamérica que este mecanismo tan exitoso en el
sudeste de Asia en el mismo periodo -nos referimos a las reformas agrarias de Taiwan y de
Corea del Sur durante los años cincuenta-, con el que se iniciaron y fomentaron en ambas
sociedades “círculos virtuosos” rápidos y profundos de desarrollo capitalista (por sus
implicaciones para mejorar la distribución de los activos, la distribución del ingreso,
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ampliar el mercado interior y fomentar el ahorro interno, junto a otras)
33
, en nuestra región
su revés reforzó más bien los “círculos viciosos” ancestrales del atraso y de la debilidad en
el desarrollo del capitalismo (la concentración de la propiedad y del ingreso, la contratación
de la mano de obra a base de jornadas extensivas y salarios bajos, la debilidad del mercado
interno, entre otros aspectos).
Sexta característica, la que alude al comportamiento de la agricultura orientada a la
producción de bienes para el consumo básico de la dieta del centroamericano: maíz, arroz,
frijoles, sorgo, trigo, frutas, hortalizas y leche. En la Posguerra su producción fue oscilante
entre las posibilidades de abastecer las necesidades del consumo interno y las urgencias de
importar ciertas cantidades, lo que se tornó frecuente y creó dificultades para la
autosuficiencia en el rubro alimentario. La producción de alimentos para el mercado interno
fue realizada principalmente en fincas de pequeño o mediano tamaño, con débil capacidad
de producir excedentes, de conseguir crédito, de invertir y de introducir nuevas técnicas, e
incluso de conseguir de parte de los gobiernos una atención apropiada mediante otros tipos
de políticas públicas. El desarrollo capitalista y empresarial de estas actividades contrastó
muchísimo con lo que sucedía en los ámbitos de la agricultura diversificada de exportación.
Las tierras usadas para ello tampoco fueron las mejores para tales destinos, todo lo cual se
tradujo en bajas productividades, fluctuaciones en los volúmenes producidos y una calidad
de vida de apenas subsistencia apremiante para muchos de estos productores
34
.
Sétima, el fomento de la industrialización se asentó en dos pivotes: el primero, la
aprobación de un paquete de leyes proteccionistas y de estímulos fiscales en cada país de la
región durante la década de los años cincuenta, con el que la inversión en el nuevo sector
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que se procuraba dinamizar se atraería, bien que proviniera del ahorro interno de los
empresarios nacionales, bien que fuera inversión extranjera directa (IED), a la que se
procuró interesar sin ambages
35
; y el segundo, la conformación de un mercado de alcance
regional para los bienes industriales producidos dentro de la región, por medio de la
constitución del Mercado Común Centroamericano (MCCA). El Tratado General de
Integración Económica de Centroamérica, que fue el instrumento de libre comercio con el
cual se le dio luz verde al Mercado, se aprobó en Managua (Nicaragua) en diciembre de
1960 con la firma de cuatro naciones y la renuencia de Costa Rica, que finalmente adhirió a
él en 1963
36
.
De esta manera, el nuevo mercado, que lo era para los bienes industriales nada más,
sí que surgió “aditivamente” y no en profundidad, mediante la mera sumatoria de los
potenciales mercados nacionales, de por sí depimidos por la debilidad del desarrollo
capitalista y los bajos salarios pagados a la inmensa mayoría de los trabajadores.
Desde los años setenta, estas políticas de industrialización y de estructuración y
funcionamiento del nuevo mercado regional han sido objeto de valoraciones disímiles y
contrastantes desde diversas perspectivas teóricas e interpretativas
37
.
En todo caso, al soslayarse modificaciones socioeconómicas de fuste como aquellas
orientadas a mejorar apreciablemente las pautas de distribución del ingreso y la reforma
agraria, las cuales hubieran podido contribuir a darle mayor extensión al desarrollo del
mercado interno, se evitó el conflicto con la oligarquía agroexportadora, que podría haber
hecho fracasar el proyecto de industrialización sustitutiva de importaciones y de creación
de un mercado común, si de suyo este proyecto integracionista hubiera supuesto
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transformar las relaciones sociales en el agro tal y como se había intentado en Guatemala
durante los años 1952-1954
38
.
Comportamiento histórico bien conocido de arreglo político con grandes
implicaciones socioeconómicas entre las burguesías ancladas en el agro, las que le dieron
vida al orden socioeconómico agroexportador y que medraron con él, por un lado, y la
incipiente así como débil burguesía industrial y las clases medias urbanas emergentes en
Centroamérica, por el otro, tipo de arreglo que, con diversas manifestaciones, tuvo un
alcance muy general en toda la América Latina a lo largo de este periodo, no sólo en
América Central
39
. Circunstancia probablemente clave para que se pueda comprender por
contraste, vis a vis el desarrollo en la Posguerra de los dos principales “tigres asiáticos”
(Taiwan y Corea del Sur), el enorme déficit en la profundización de su desarrollo
capitalista que ha padecido crónicamente la América Latina y mucho más aún
Centroamérica.
Octava, ya se decía antes que la intervención del Estado aumentó en general en las
economías y en la sociedades centroamericanas de los años 1944-1979, a tono con lo que
fue una tendencia en el conjunto de América Latina. Pero, ¿qué significó esto y cuáles
implicaciones tuvo? Significó esencialmente que el Estado abandonó la postura doctrinaria
e institucional del Estado Liberal, que había prevalecido durante casi toda la fase de
“expansión hacia fuera”, la fase agroexportadora típica, aquella que duró hasta la crisis
económica mundial de 1929 en varias de las sociedades más grandes de América Latina,
pero que se prolongó aún más, con leves modificaciones, en Centroamérica.
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Durante este periodo de 35 años que estamos reseñando (1944-1979), el Estado de
las sociedades de la región cumplió más funciones reguladoras que en el pasado (mediante
el establecimiento de instituciones estabilizadoras de precios, mediante la fundación de
bancos centrales, etcétera); también más funciones en la producción directa de bienes y
servicios (con empresas encargadas de generar y distribuir energía eléctrica, con otras
dedicadas a la telefonía, con bancos de desarrollo, para la industria o para la vivienda, y
con instituciones estatales dirigidas a los servicios de salud y de seguridad social, entre
muchas otras instituciones, empresas y actividades); y preservó su papel como entidad a
cuyo cargo se encontró en grandísima medida la creación de infraestructura material y
humana requerida para el proceso de desarrollo (creación de carreteras, puertos,
aeropuertos, inversión pública en educación en los distintos niveles, desde la primaria hasta
la universitaria).
En todos los países la intervención del Estado avanzó, pero hubo distancias notables
entre los distintos casos nacionales. Los extremos aquí, como en numerosísimas otras
cuestiones, le corresponden a Costa Rica, con la mayor intervención, y a Guatemala, con la
menor, fruto en ambos casos de los resultados políticos que sellaron la impronta del
desarrollo nacional de ambos países en la Posguerra: los de la guerra civil de 1948 y el
ascenso exitoso y durable de los sectores políticos reformistas costarricenses, y los del
fracaso de similares sectores en Guatemala con el aborto de la Revolución de Octubre.
La novena de las características es la del comportamiento de la IED En
Centroamérica la IED estuvo concentrada de larga data, desde que comenzó en las últimas
tres décadas del siglo XIX, en la producción bananera de exportación, que fue la que
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configuró los “enclaves”
40
en la región, es decir, se trató de inversiones, principal aunque
no exlcusivamente, en el sector agrícola.
A la altura de 1959, es decir, en vísperas de la firma del Tratado General de
Integración Económica, la importancia en valores absolutos de la IED era mucho mayor en
los casos nacionales de Guatemala, Honduras y Costa Rica (precisamente en las sociedades
en donde se producía y exportaba banano bajo esa modalidad) y mucho menor en El
Salvador y Nicaragua. En este periodo que estamos presentando en sus rasgos más
descollantes, ocurrió un destacable fenómeno de modernización de la producción bananera
regional por parte de las empresas extranjeras tradicionales en la rama (principalmente la
United Fruit Company, que pasaría a ser la United Brands), así como de participación en
este negocio de nuevas firmas agroalimentarias (como la Standard Fruit Company,
subsidiaria de Castle and Cook; y como Del Monte Corporation, con diversas subsidiarias
en la región)
41
. Además, las empresas transnacionales también invirtieron en la exportación
ganadera y en los nuevos rubros agroalimentarios que se diversificaron y expandieron en
esta etapa que transcurre de 1950 a 1979
42
.
Ahora bien, ya hacia 1969, una década después de que se acelerara la
industrialización y de que entrara a operar el Mercado Común Centroamericano, la IED se
había duplicado, pasando de USA$388 millones en conjunto en 1959 (con USA$14
millones localizados en el sector manufacturero, apenas 3,8% del total) a USA$755 (con
USA$232 millones invertidos en el sector industrial, un 30,8% del total). No sólo era
sustancial el incremento experimentado por la IED, sino que resultaba palmario hacia cuál
sector se dirigía de modo prioritario
43
. Aunque el orden en importancia de los países
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receptores se mantuvo idéntico, fueron Guatemala, Nicaragua y El Salvador las sociedades
que más IED recibieron en estos diez años en su sector industrial. Su origen
mayoritariamente fue el capital norteamericano
44
. El impacto de la IED sobre las
exportaciones extrarregionales fue pequeño por lo menos hasta entrados los años setenta,
pero de enorme relevancia sobre las intrarregionales de naturaleza industrial orientadas
hacia el entonces recién constituido Mercado Común Centroamericano
45
.
La décina característica es la del acelerado proceso de urbanización que acompañó a
la explosión demográfica vivida por América Central en el periodo 1944-1979. De acuerdo
con las Naciones Unidas, la población urbana en Centroamérica pasó de alrededor de 40%
en 1950 a 57% en 1975, aunque el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE)
ofrece datos más moderados según los cuales el porcentaje de población urbana sólo
empezó a superar el 50% del total a partir de 1985 en algunos países como Nicaragua y
Panamá, encontrándose mucho más rezagado este proceso en Guatemala y con tendencias
intermedias en El Salvador, Costa Rica y Honduras
46
. Al igual que en el resto de América
Latina según una tesis ya hoy clásica
47
, también en Centroamérica la aceleración de la
urbanización fue anterior a que la industrialización se acentuara en los años sesenta y no
una consecuencia de ella como ocurriera en los países capitalistas centrales. La expulsión
de población de los campos centroamericanos por el aquí incluso más acentuado
incremento en el número de habitantes, que se conjugaba con la insuficiente disponibilidad
de empleos en las actividades económicas rurales; la ampliación del sector servicios en las
ciudades, incluidos los de baja productividad y de tipo tradicional (como el servicio
doméstico, por ejemplo); y las oportunidades de vida diferentes y en principio más
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atractivas que ofrecían las urbes, contribuyen a explicar este fenómeno, bastante dinámico
si se le compara con la proporción de la población en las ciudades durante el primer tercio
del siglo XX.
Por último, para redondear esta síntesis y no dejar de mencionar un aspecto hoy
cada vez más valorado, la undécima y última característica a la que aludiremos es el
carácter aceleradamente depredador del medio ambiente y de los recursos naturales que
tuvo el desarrollo centroamericano en este periodo que hemos venido describiendo
someramente. La expansión de los cultivos de exportación, pero sobre todo el auge de la
ganadería extensiva, produjeron una acelerada deforestación, que alcanzó a las hasta
entonces bien resguardadas regiones del Caribe centroamericano
48
.
En suma, la evolución económica del prolongado periodo que va de 1950 a 1979 en
Centroamérica contó con condiciones muy ventajosas: un contexto internacional
excepcionalmente favorable, el del boom de la economía mundial en la inmediata
Posguerra en el marco de una fase A de un ciclo de expansión económica capitalista de
largo plazo, de tipo Kondratiev, de más de un cuarto de siglo de duración. El factor tierra y
los recursos naturales eran abundantes, con una baja densidad poblacional al iniciarse el
periodo de 19 habitantes por kilómetro cuadrado
49
. El factor mano de obra fue muy
copioso, sobre todo debido a la elevada tasa de crecimiento demográfico por largos treinta
años. Estas condiciones fueron relativamente bien aprovechadas por el empresariado de la
región: la agricultura capitalista de exportación se diversificó y se expandió muchísimo.
Por otra parte, se creó una incipiente base industrial para la producción de bienes de
consumo final, aunque altamente dependiente de materias primas y de bienes de capital,
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con muy débiles o casi inexistentes encadenamientos internos. Sólo hacia el final del
periodo se establecieron en algunos países estímulos a la producción industrial para la
exportación allende las fronteras centroamericanas, por lo que la industria se vio altamente
privilegiada con medidas proteccionistas y de estímulo que los industriales luego estuvieron
renuentes a renunciar tras la crisis de los años ochenta, cuando se tornó imposible mantener
incólume este patrón de crecimiento. Una de las resultantes más sobresalientes fue
entonces la notable tasa de expansión económica que la región experimentó anualmente
durante tres décadas, algo indiscutiblemente excepcional.
Sin embargo, este crecimiento económico no se tradujo, con la excepción muy
contrastante de Costa Rica, en una mejora sustantiva de las oportunidades de vida de la
inmensa mayoría de la población centroamericana, especialmente de la rural. La
concentración del ingreso al final del periodo mostraba la profunda desigualdad que seguía
caracterizando a estas sociedades. La pobreza alcanzaba a casi los dos tercios de la
población total, evidenciándose así cuántos eran en realidad los beneficiarios de estas tres
décadas de un impetuoso crecimiento, cuya índole era del tipo “concentrador y excluyente”.
La verdad es que estos resultados económicos se encontraban en alto grado
determinados políticamente. En el amanecer de la Posguerra, la Revolución de Octubre de
1944-1954 en Guatemala, proceso político de inclinación transformadora en términos
capitalistas y de modernización de la sociedad, anunciaba cambios de envergadura y aires
de renovación y de esperanza para el conjunto de la región centroamericana. Se trataba
tanto de institucionalizar la competencia por el poder del Estado por la vía del método
electoral, como de avanzar en tareas propias de la profundización del desarrollo capitalista,
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para lo cual la transformación de la estructura agraria era un punto nodal, económica y
políticamente de primera significación. Lo que ocurriera en el curso histórico de
Guatemala en aquel periodo -una suerte de país divisa en el concierto regional desde los
tiempos de la Colonia- habría de tener un impacto importante en el conjunto de la América
Central, por su influencia de siempre primero en El Salvador y luego en otros países, bien
que su desenlace fuera progresivo -entendiendo por este adjetivo la institucionalización de
la democracia representativa y la profundización del desarrollo capitalista acompañado de
una mejora en la distribución del ingreso- o conservador y hasta reaccionario.
La guerra civil de 1948 en Costa Rica y sus resultados (el triunfo de José Figueres
Ferrer y de un grupo de jóvenes de inclinación doctrinaria socialdemócrata por la
importancia que le atribuían al papel y a las funciones del Estado en el proceso de
desarrollo), decididos a modificar con un sentido muy progresivo el curso que seguiría la
sociedad costarricense pero de hacerlo en un marco político democrático, representa el otro
proceso histórico demarcador en la Centroamérica de la Posguerra. Su capacidad de
ejercer alguna influencia sobre el derrotero de las restantes sociedades centroamericanas
era, empero, mucho menor.
El golpe de Estado a Arbenz en Guatemala en 1954 convocó, con el apoyo de los
Estados Unidos, a una reacción conservadora de duraderas y amplias consecuencias, y
pospuso por largo tiempo el problema de la tierra, preservando una estructura de la
propiedad agraria no sólo injusta sino también atrasada, una monumental rémora para la
profundización del desarrollo capitalista y para la modernización de la sociedad en su
conjunto. El logro de la institucionalización de la democracia pasó a ocupar igualmente un
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lugar secundario. Una de las grandes paradojas de este periodo histórico en el plano
mundial, el de la Guerra Fría, es que mientras en tal conjunto de circunstancias en América
Central influían notoriamente los Estados Unidos, en el sudeste asiático esta nación
apoyaba al gobierno autoritario de Chiang Kai- shek en Taiwan y al de Syngman Rhee en
Corea del Sur, y desde luego que no interferían allí en las profundas reformas agrarias
emprendidas por ambos dictadores, todo ello en virtud de algo que a ambos
comportamientos los hacía consistentes: consideraciones geopolíticas de altísima
precedencia en la política exterior norteamericana.
En Costa Rica, mientras tanto, la entrega del poder a Ulate culminada por Figueres a
finales de 1949 tras encabezar durante dieciocho meses una junta de gobierno mediante la
cual emprendió atrevidos cambios de contenido reformador y de mucha envergadura para el
ulterior derrotero de la sociedad, principalmente para la emergencia de nuevos actores
sociales y políticos diferentes a la oligarquía cafetalera, esta entrega de la titularidad del
Gobierno poseía otro signo completamente diferente. La competencia política democrática
se reanudó a partir de 1953 y la hegemonía de los sectores progresistas que buscaban
profundizar el desarrollo capitalista bajo la enseña de “un desarrollo económico
socialmente orientado”
50
se impuso.
Ambos eventos políticos le otorgarían el sello distintivo y alternativo que seguiría el
curso de la historia socioeconómica y política centroamericana de los sucesivos 30 años.
La suerte a partir de entonces -bien podría decirse- estaba echada. Y no se presentaría una
nueva alternativa histórica para el conjunto de Centroamérica hasta finales de los años
setenta y la década de los ochenta.
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LOS AÑOS SETENTA: LOS ESTERTORES DE UN CICLO HISTÓRICO
Hubo que esperar a la década de los años setenta para que se acelerara el desgaste de
la fórmula política prevaleciente en la región, la de los regímenes autoritarios, y para que
un conjunto de factores, internos y externos, aportaran las condiciones y los recursos que
tornaron posible a determinados actores retar y colocar en situación de declinio irreversible
a ese orden sociopolítico, conservador, atrasado y violento, que sobrevino a la alternativa
democrática fallida experimentada por la América Central entre 1944 y 1954. En suma,
para que se produjera una inequívoca “ruptura histórica”
51
.
Pero, ¿cuáles fueron en nuestra región esos factores?
Hay que comenzar por puntualizar que es en el marco de la tercera ola
democratizadora (1974 en delante de acuerdo al planteamiento de Huntington ampliamente
aceptado en cuanto a esta periodización
52
), más bien en el primer lustro de ella, que
arrancan los procesos de transición al régimen político de la democracia representativa en
Centroamérica, con la excepción costarricense cuya consolidación databa de 1962 según ya
lo hemos destacado. Huntington enumera en su obra un conjunto de factores o de causas
generales que identificó como parte del telón de fondo que favoreció el despliegue de esta
tercera ola vivenciada a finales del siglo XX
53
, en la que se constata un saldo neto
altamente favorable para el número de sociedades que realizaron dicha transición desde
regímenes políticos autoritarios hacia aquel otro en el que la lucha por el poder se dirime
mediante elecciones competitivas.
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El primero de estos factores fue el impacto que en términos generales ejerció, sobre
la modernización de la estructura social, el crecimiento y la diversificación estimuladas por
el boom económico internacional de la Posguerra. En Centroamérica esta expansión
productiva, así como la urbanización que entonces avanzó, hicieron posible que, además de
la importante extensión cuantitativa de los trabajadores asalariados en las zonas rurales, se
ampliaran los grupos de empresarios y las clases medias y populares en las ciudades, dentro
de los cuales el interés y la voluntad democratizadora caló en muchos de ellos. Aunque
algo peculiar en varios de estos países fue que también una parte considerable de los
nuevos grupos empresariales, surgidos a menudo a partir de desdoblamientos en el seno de
la oligarquía, una vez frustrada la alternativa democrática y sobrevenida la reacción
conservadora, se contentaran con medrar aprovechando las oportunidades que brindaba el
auge económico al mismo tiempo que no estuvieran dispuestos a cuestionar frontalmente la
administración castrense del poder político
54
.
Desde otra perspectiva teórica, la de la llamada “teoría empírica de la democracia”,
muy influenciada en su origen por los pioneros trabajos de Lipset de 1959
55
, se ha puesto
en evidencia asimismo que en el transcurso de los años setenta del siglo XX se
encontraban, por fin, por primera vez presentes de una manera generalizada en
Centroamérica dos condiciones necesarias, aunque no suficientes, para la sobrevivencia
duradera de los regímenes políticos democráticos: un mínimo de producto per cápita y una
proporción de alfabetizados no menor al 50% de la población total, ambas condiciones
socioeconómicas surgidas durante el prolongado periodo de amplio crecimiento económico
de la Posguerra
56
.
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El segundo factor, de nuevo aquí coincidiendo con lo postulado por Huntington en
una perspectiva geográfica más amplia que abarca el conjunto de los países que se
orientaron hacia la transición a la democracia durante la tercera ola, factor muy presente
igualmente en esta década en Centroamérica, sobre todo en su segunda mitad, fue la
creciente pérdida de esperanza que fue cundiendo entre muy diversos sectores políticos de
algunos de los países de la región (con la excepción de Costa Rica y de Honduras) en lo
referente a la posibilidad de que la competencia por el poder del Estado y las elecciones
pudieran resultar limpias y no amañadas. En suma, la ilegitimidad en aumento que
entonces experimentaron los regímenes no democráticos centroamericanos, a lo cual luego
hizo igualmente su contribución, aunque no fuera lo prioritario, el deterioro de la situación
económica de finales de la década de los años setenta, que presentaremos más adelante.
Los fraudes electorales, la violencia política, la desaparición de los opositores
incluso si eran de filiación demócratacristiana o socialdemócrata, ni qué decir si adherían a
posiciones de izquierda socialista, aumentaron aún más la pérdida de legitimidad de los
militares y de sus organizaciones al frente de la vida pública. Y se fortaleció así el
sentimiento y la convicción de que la rebelión popular constituía una alternativa justificada
y prácticamente la única y cada día más urgida para intentar el cambio de un tipo de
régimen autoritario políticamente excluyente y que además administraba un modelo de
desarrollo empobrecedor de las grandes mayorías. Régimen completamente renuente (en
Nicaragua, en El Salvador y en Guatemala) -circunstancia que además se corroboró una y
otra vez- a abrirse y a propiciar el reconocimiento de la competencia política democrática
limpia, y a brindarle así, mediante el acuerdo y la negociación entre las distintas fuerzas
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políticas, una atención a los problemas económicos y sociales que padecían estas naciones.
El caso más sobresaliente de estos años y de este contexto histórico de los setentas fue el
del fraude en 1972 en El Salvador, que impidió la elección como presidente del ingeniero
José Napoleón Duarte, quien encabezaba la alternativa democrática aglutinada en la Unión
Nacional Opositora, con lo que se le dio la victoria al candidato del partido de los militares,
el Partido Conciliación Nacional, y se nombró presidente una vez más a un miembro del
organismo castrense, al coronel Arturo Armando Molina. A lo que siguió la alteración de
los resultados electorales en Guatemala en 1974 por medio de la cual le otorgaron el triunfo
al general Kjell Laugerud en detrimento de Ríos Montt, otro militar, así como el burdo
fraude cometido por Anastasio Somoza Debayle en las elecciones de 1974 para reelegirse.
El tercer factor, mencionado igualmente en términos generales por Huntington en su
estudio, pesó también en los casos centroamericanos: los cambios ocurridos en el seno de
la Iglesia Católica durante el pontificado del papa Juan XXIII (1958-1963) y de su sucesor,
Pablo VI (1963-1978), quienes convocaron y completaron la realización del Concilio
Vaticano II (1962-1965), con el fin de propiciar cierta actualización de las posturas
doctrinarias y de las prácticas religiosas de esta institución respecto de la época que se vivía
entonces. Al Concilio le sucedió, en el ámbito de la llamada Doctrina Social de la Iglesia,
la encíclica de este segundo papa, la Populorum Progressio (1967), en la cual, al mismo
tiempo que se denunciaba una vez más -cosa recurrente desde León XIII y su Rerum
Novarum (1891)- al “capitalismo liberal”, se planteaba una “visión cristiana del desarrollo”
y se insistía en que “el desarrollo es el nuevo nombre de la paz”
57
. En ella, si bien no se
avalaba la revolución social, hay un párrafo que admitía la “insurrección revolucionaria” -
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dicho literalmente- como recurso límite “en el caso de tiranía evidente y prolongada, que
atentase gravemente a los derechos fundamentales de la persona y damnificase
peligrosamente el bien común del país”
58
. Por su parte, los obispos latinoamericanos
analizaron ampliamente la situación de América Latina en su trascendental II Conferencia
del Episcopado Latinoamericano (CELAM) celebrada en Medellín en 1968 y debatieron
sobre la posición que los católicos debían adoptar frente “a la cuestión social” desde una
perspectiva bíblica. Todo lo cual contribuyó a nutrir una corriente doctrinaria paralela a la
oficial de la jerarquía eclesiástica que se ha llegado a conocer como la Teología de la
Liberación y que ejerció no poca influencia en América Latina y no menos en
Centroamérica más específicamente.
Como consecuencia, la década de los años sesenta, pero sobre todo la de los setenta,
fueron testigos en esta región del despertar de un movimiento religioso popular. Fue en
Costa Rica, por cierto, en donde caló menos, país cuya Iglesia Católica desde los años
cincuenta contaba con una jerarquía no sólo muy conservadora, sino que también
completamente desinteresada de renovarse en materia de orientación social, que adhería
satisfecha a la práctica política exitosa que se vivía en el país en un marco de carácter
democrático operante, jerarquía con poder suficiente como para colocarle sordina a los
intentos provenientes de algunos miembros del clero llano de sensibilizarse frente a la
realidad de pobreza de algunos sectores de la sociedad costarricense
59
. Pero en el resto de
Centroamérica se trató del desarrollo de una práctica pastoral que, enriquecida con las
nuevas tendencias doctrinarias, insertaba su mensaje religioso, su visión del mundo y el
ejercicio de sus ritos, en el contexto de vida de los sectores populares, urbanos y rurales,
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aportándoles una vivencia religiosa y una toma de conciencia crítica frente a la situación de
miseria y dominación que experimentaban. Hubo aquí, con ello, una contribución por
demás importante en Nicaragua, en El Salvador y en Guatemala, a la deslegitimación de los
regímenes políticos autoritarios y, posteriormente, a facilitar el apoyo y la participación
directa de miembros de muchas de las comunidades de base católicas que se fueron
constituyendo poco a poco, a la insurrección popular que tuvo lugar en esta región de
América Latina a partir de finales de la década de los setenta
60
.
Un cuarto factor, destacado por Huntington igualmente como causa o factor general
de la tercera ola democratizadora, influyó asimismo en América Central: la modificación
de las orientaciones en la política exterior de los Estados Unidos a partir de la
administración de Jimmy Carter (1977-1981). Pocos meses después de la toma de posesión
como presidente en enero de 1977, en un discurso en la Universidad de Notre Dame
(Indiana, Estados Unidos), Carter proclamó cambios en la política exterior de este país y
adelantó que el tema de los derechos humanos adquiriría el lugar importante que le
correspondía en la política internacional del gobierno de una sociedad como la
norteamericana. Como lo ha señalado Leogrande, “aunque global en su alcance, la política
de los derechos humanos de Carter encontró su expresión más consistente en América
Latina [...] La política de los derechos humanos de Carter fue aplicada plenamente en
América Central, en donde las cuatro naciones del norte -Nicaragua, Honduras, El Salvador
y Nicaragua- se encontraban gobernadas por dictaduras militares, la mayoría de ellas
notables por la represión sistemática y brutal”
61
. Aunque con una complejidad que no es
del caso reseñar aquí, este nuevo posicionamiento sí que implicó para los regímenes
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autoritarios de la región un debilitamiento en el respaldo internacional que les había
proporcionado prolongadamente Estados Unidos y -circunstancia más relevante aún en el
caso de Nicaragua- una esperanza para la oposición interna de que las largas y tradicionales
buenas relaciones entre ambos gobiernos podían empezar a modificar su carácter, lo que
podría contribuir a una salida de Somoza del poder.
Un quinto factor, argumentado igualmente por Huntington en su planteamiento,
remite al papel desempeñado por “el efecto de demostración” en las olas democratizadoras.
Sólo que en el caso centroamericano este efecto lo que produjo en un primer momento -a
diferencia de lo postulado por este autor- fue la convicción en la izquierda insurgente,
animada a su vez por el gobierno de Castro en Cuba y su intenso y largo anhelo de otras
revoluciones populares triunfantes en América Latina, de que en la segunda mitad de los
años setenta y en los iniciales ochenta se estaba manifestando por fin un cambio radical en
las condiciones objetivas y subjetivas, por fin maduras y propicias para hacer avanzar la
revolución social en Centroamérica. Tras el triunfo de la Revolución Sandinista en julio de
1979 y el golpe de Estado de octubre de este mismo año en El Salvador, y las limitaciones
que rápidamente éste patentizó en cuanto a sus alcances, hubo un ascenso del movimiento
guerrillero en la región en su conjunto. Incluso en Costa Rica en 1981 se abortó una
incipiente guerrilla urbana y el movimiento partidario de izquierda, completamente legal y
presente en las elecciones de 1982, experimentó agudas tensiones internas entre quienes, en
virtud de la crisis política regional a la que se sumaba la severa crisis económica
costarricense de 1980-1982, se inclinaban por un crecimiento político y electoral, por un
lado, y quienes definían la situación como aquella largamente esperada en la cual había que
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apurar las condiciones, que ya se insinuaban, para una eventual lucha revolucionaria, por
otro. De estas junto con otras tensiones sobrevino la división en el partido Vanguardia
Popular en 1984, el viejo y respetado partido de los comunistas costarricenses comandado
por Manuel Mora Valverde, lo que también arrastró consigo una severa crisis en el
conjunto de los grupos de izquierda en Costa Rica, de la cual nunca, hasta el día de hoy, se
han repuesto
62
.
Desde este punto de vista, y por la peculiar interpretación que subyace a este
artículo en el sentido de que la democracia representativa ha venido institucionalizándose
en América Central como una resultante histórica, pero que no fue la opción inicial
preferida por los principales actores en conflicto durante más de una década (la izquierda
revolucionaria y la derecha conservadora acostumbrada a la dominación manu militari), “el
efecto de demostración” se tradujo en un estímulo muy poderoso para que los actores de
izquierda emprendieran o intensificaran la lucha armada. Fue ésta, a la postre, la que
obligó a negociar a unos sectores dominantes de derecha profundamente conservadores y
visceralmente anticomunistas, negociaciones cierto que prolongadas y difíciles, que
supusieron muchísimo derramamiento de sangre a lo largo de los años ochenta, pero que
produjeron en Centroamérica una democracia de amplio espectro ideológico a partir de los
años noventa del siglo XX.
Este conjunto de factores o causas generales -como los ha denominado Huntington
en relación con el ámbito geográfico mucho más amplio que cubrió la tercera ola
democratizadora- conformó el amplio contexto sociopolítico en cuyo marco los causantes -
es decir, los actores particulares dentro de cada caso histórico específico de transición a la
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democracia- desplegaron su actividad y sus luchas, y de cuya confrontación y de sus
resultados emergió el régimen político democrático representativo en la América Central,
entonces sí como una opción políticamente viable en perspectiva de mucho más largo
plazo.
Pero en esta región se presentaron también, en el transcurso del primer lustro de esta
década de los años setenta que estamos describiendo, un conjunto de eventos naturales
catastróficos que contribuyeron, más temprano en algunos países, un poco más tarde en
otros, a agravar las condiciones de vida de vastas poblaciones empobrecidas, como fueron
los siguientes: el terremoto de Managua de 1972, el huracán Fifí de 1974 y sus efectos
sobre la sociedad hondureña, y el terremoto de Guatemala de 1976. Todos, principalmente
el primero y el tercero, cercenaron numerosísimas vidas, pero además, entre otros efectos
sobre la economía y las condiciones de reproducción social, produjeron mucha destrucción
que afectó la infraestructura material y las viviendas, sobre todo las de los más pobres.
En esta década de los años setenta igualmente se empezaron a experimentar en
Centroamérica los primeros síntomas inequívocos de que el modelo de desarrollo
sustentado en aquellos tres pilares que ya comentamos páginas atrás y que había obtenido
beneficio del muy favorable ambiente económico internacional de la Posguerra, estaba
próximo a alcanzar su límite. Éste surgía del difícil entorno mundial que empezaba a
emerger, pues se estaba en plena desaceleración de la economía, es decir, se vivían los
últimos impulsos inerciales de la ya exhausta fase A del ciclo Kondratiev con el cual había
despuntado la Posguerra, y del inicio de su fase B, caracterizada por una tendencia
estructural al bajo crecimiento de las economías capitalistas centrales. Surgía, asimismo,
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de la ausencia de voluntad de los sectores políticos dominantes para emprender
transformaciones en el modelo de desarrollo; devenía de su empecinamiento en mantener
sin alteraciones el statu quo que había ido estableciéndose en el transcurso de la Posguerra.
Un factor nuevo agravaba además este ambiente cambiante y lo hacía de una
manera inusitada. Las principales naciones productoras de petróleo, reunidas en 1973,
adoptaron la decisión de elevar los precios internacionales de los hidrocarburos, administrar
los volúmenes de entrega al mercado y concluir el largo periodo de subsidio a las grandes
economías capitalistas desarrolladas mediante la venta de un crudo barato. Se creó el cártel
denominado Organización de Países Exportadores de Petróleo (O. P. E. P.). A partir de
entonces se empezó a experimentar un fenómeno nuevo en la economía capitalista
internacional: el de la estanflación, es decir, el del estancamiento o bajo crecimiento con
inflación, en virtud del enorme impacto generalizado que sobre los precios de casi todas las
mercancías, de manera directa o indirecta, tuvo el incremento de aquel de los
hidrocarburos.
Como consecuencia de este amenazante entorno económico mundial, las economías
centroamericanas experimentaron un aumento de la cuenta petrolera a lo largo de la década
de los setenta, un encarecimiento generalizado de sus otras importaciones, muchas de ellas
indispensables para el funcionamiento de la industria, y el despunte de la inflación en
sociedades que contaban con una larga tendencia histórica de acusada estabilidad de los
precios. Así, el déficit en la balanza comercial se incrementó notablemente, pasando de
USA$570 millones en 1975 a USA$1 572 millones en 1981; el déficit en la cuenta
corriente (que al déficit de la balanza comercial le suma o resta el resultado de la balanza de
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servicios como transporte, seguros, turismo, y el pago al extranjero de intereses y
dividendos) se trasladó de USA$700 a USA$2 152 en los mismos años. Y para subsanar o
atender, por medio de la cuenta de capital, este cuadro deficitario, se aceleró el
endeudamiento externo, tanto público como privado pero principalmente público, con
entidades financieras, públicas y privadas, del extranjero: la deuda pública externa
desembolsada pasó de USA$564 millones en 1970 a USA$3 211 millones en 1978 y se
incrementó aún mucho más en los siguientes años, aunque en realidad, en perspectiva
temporal de más largo plazo, se multiplicó por 35 veces en tan sólo dieciocho años, al pasar
de apenas USA$93 millones en 1960 al valor antes citado para 1978
63
.
Centroamérica en esa década tuvo un corto respiro durante dos años, cuando en
1976-1977 se produjo un aumento excepcional de los precios del café, tan elevados
entonces que hasta el presente no han vuelto a reiterarse, lo que mejoró mucho los términos
de intercambio. Pero lo cierto es también que tras la posterior vuelta a la normalidad del
mercado cafetero mundial (cuyos precios se habían disparado a causa de heladas en Brasil y
porque aún los productores africanos del grano de oro, y algunos asiáticos, no disponían de
suficiente producción como ocurriría después), no se contó en Centroamérica con recursos
internos y posibilidades para confrontar, en el marco del modelo de desarrollo prevaleciente
y prácticamente agotado, el entorno internacional de signo tan adverso que golpeaba con
dureza a las puertas de la región.
A todo lo cual vino a agregarse, hacia el final de los setenta e inicios de los ochenta,
un nuevo aumento en los precios del petróleo y el incremento en las tasas de interés
internacionales, justo cuando ya pesaba sobremanera la deuda externa, ahondándose así
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todo el cuadro de las tendencias económicas negativas y sumergiéndose América Central en
su conjunto en una crisis económica sin otros antecedentes de similar envergadura en el
siglo XX, que los de la crisis de los años treinta, cuando se experimentaron los efectos de la
Gran Depresión, consecuencia del crack de la Bolsa de New York en aquel octubre negro
de 1929.
En suma, se trató de un cuadro conformado por una gama de factores generales,
internos y externos, sociales y políticos, presentes en el trasfondo histórico del arranque de
la transición a la democracia en muchas sociedades que cursaron este derrotero durante la
tercera ola, pero que en Centroamérica naturalmente evidenciaba sus especificidades; por
catástrofes naturales con severas implicaciones empobrecedoras; y también por un entorno
económico internacional que impactó muy negativamente las cuentas externas de los países
de la región, esto último, sin duda, una pero no la única de las causas de la crisis económica
posterior de comienzos de los años ochenta, como a veces se la ha querido ver. Y sólo una,
porque las otras estuvieron vinculadas a las dificultades acumuladas por el modelo de
desarrollo, por los cuellos de botella económicos pero políticamente determinados, es
decir, por la dinámica seguida por el poder político internamente y por las consecuencias
que de ello se derivaron para el movimiento seguido por la economía.
El deterioro de las condiciones de vida de una gran parte de la población regional y
la mala situación en la que se encontraba, no obstante haberse experimentado en
Centroamérica el hecho inusitado de tres décadas consecutivas de elevado crecimiento
económico, actuó como un caldo de cultivo favorable a las rebeliones sociopolíticas que
empezaron a desarrollarse en varias sociedades de la región hacia finales de la década de
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los años setenta. Pero los factores cruciales, los determinantes, no fueron los económicos,
sino los políticos: el empeño irreductible de las élites por preservar intacto el orden político
centroamericano que se fue configurando con posterioridad al golpe de Estado que derrocó
a Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, una cabal antimodernización política, y que en
Nicaragua, más aún, lo antecedía. Esta fue -aquí sí que en última instancia- la razón
histórica que propició la incitación para que muy diversas fuerzas y actores libraran una
lucha por distintos medios, armados y políticos, encaminada a producir en algunos de los
países (en Nicaragua, en El Salvador y en Guatemala primordialmente, aunque también en
Honduras con rasgos siempre mucho más matizados) la ruptura definitiva de este ciclo de
35 años (1944-1979) cuyos estertores hemos venido presentando en esta última parte de
este artículo.
NOTAS
1
Edelberto Torres Rivas. La crisis del poder en Centroamérica. San José, Costa Rica: Editorial Universitaria
de Centro América, 1981, página 71.
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2
Diversos son los trabajos que presentan de manera sintética y con visión de conjunto muchos de los detalles
de la historia política centroamericana de este periodo. Desde luego, en primer lugar y siempre procurando
aportar sugestivas interpretaciones de la dinámica sociopolítica, los de Edelberto Torres Rivas, como sus
tempranos artículos (posteriores a su clásico de 1969 en edición chilena, a partir de 1971 en numerosas
ediciones centroamericanas, aquí en una de 1973, su Interpretación del desarrollo social centroamericano,
publicada en San José de Costa Rica por la Editorial Universitaria de Centroamérica), artículos tales como
“Naturaleza y crisis del poder en Centroamérica: Notas para su estudio” (con Vinicio González), aparecido en
Estudios Sociales Centroamericanos, (3), setiembre-diciembre, 1972, páginas 37-81; su trabajo “Poder nacional
y sociedad dependiente”, en Rafael Menjívar (compilador), La inversión extranjera en Centroamérica, San
José, Costa Rica: Editorial Universitaria de Centro América, 1974, páginas 239-288; y su “Síntesis histórica
del proceso político”, en Edelberto Torres Rivas (editor), Centroamérica hoy, México: siglo XXI editores s.
a., 1975, páginas 9-118; hasta los más recientes como, por ejemplo, “Construyendo la paz y la democracia:
El fin del poder contrainsurgente en Guatemala”, en Edelberto Torres Rivas y Gabriel Aguilera Peralta, Del
autoritarismo a la paz, Guatemala: FLACSO, 1998, páginas 7-111, tan penetrante desde la perspectiva
interpretativa. Un trabajo de inestimable valor, de carácter muy detallado y sistemático en términos
históricos, es el de James Dunkerley, Power in the Isthmus, Londres: Verso, 1988. Es útil también el de
Manuel Rojas Bolaños, “La política”, en la Historia General de Centroamérica, Tomo V, que dirigió Torres
Rivas, Madrid: FLACSO-Sociedad Estatal del V Centenario, 1993, páginas 85-163.
3
Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto. Dependencia y desarrollo en América Latina. México: Siglo
XXI editores s. a., 1969, páginas 54 y ss.
4
Se ha insistido mucho en la imprecisión y en la ambigüedad implicada en el concepto de “oligarquía”, tan
recurrido por la sociología latinoamericana y sobre América Latina. Con él aquí nos referimos, siguiendo de
cerca a Torres Rivas para los casos centroamericanos, a una noción que contiene una referencia a clases
sociales junto con una manera de concebir la sociedad y de ejercer el poder dentro de ella. Sobre lo primero,
con “oligarquía” se apunta principal pero no únicamente a la clase terrateniente que vinculó a los países de
Centroamérica, en el transcurso de la segunda mitad del siglo XIX, al mercado capitalista internacional
mediante los productos de agroexportación, el café en este caso. El concepto involucra a los grupos
propietarios insertos en el negocio agroexportador, titulares de diversas funciones en la división social del
trabajo en el universo de la agroexportación, sin restringirse estrictamente a la función de propietario y gran
productor de las fincas de café, es decir, incorpora también a beneficiadores, banqueros y comerciantes
importadores. Sobre lo segundo, Torres Rivas ha decantado lo siguiente: “Lo oligárquico alude más que a la
forma del Estado y al desarrollo de sus aparatos materiales, al estilo de la conducción política-ideológica de
las clases agrarias, basadas en la exclusión “natural” de los dominados y en una identificación sin
mediaciones entre los intereses dominantes (los cafetaleros por excelencia) y los más generales, atribuidos a
la nación. Una nación construyéndose como una identidad particular alimentada por una cultura excluyente”
(La crisis del poder en Centroamérica, página 84). De paso señalar que hay diferencias en el uso de este
concepto entre Torres Rivas, por un lado, y Cardoso y Faletto, por otro, para quienes a menudo las
“oligarquías” son los grupos terratenientes atrasados durante el “periodo de expansión hacia fuera”, no
vinculados más que indirectamente a la dinámica agroexportadora (véase, por ejemplo, Dependencia y
desarrollo en América Latina, páginas 44-46 y 51).
5
Edelberto Torres Rivas. Interpretación del desarrollo social centroamericano, página 167.
6
Ibidem, página 166 y ss.
7
Un texto de Torres Rivas de mucho interés es “Crisis y coyuntura crítica: La caída de Arbenz y los
contratiempos de la Revolución Burguesa”, en Historia y Sociedad, (15), 1977. Una obra importante para
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conocer numerosos aspectos y detalles de la vida política de Guatemala desde 1944 hasta 1970 es la de
Francisco Villagrán Kramer, Biografía política de Guatemala, Guatemala: FLACSO, 1993.
8
Para un examen de los trascendentales años cuarenta en Costa Rica en términos políticos, se recomiendan
especialmente los siguientes trabajos: el de Oscar Aguilar Bulgarelli, Costa Rica y sus hechos políticos de
1948, San José de Costa Rica: Editorial Costa Rica, 1969; el de John P. Bell, Guerra civil en Costa Rica,
San José de Costa Rica: EDUCA, 1976; y el de Manuel Rojas Bolaños, Lucha social y guerra civil en Costa
Rica 1940-1948, San José de Costa Rica: Editorial Porvenir, 1979.
9
Véase de Jorge Rovira Mas, “Elecciones Generales en Costa Rica: Primero de febrero de 1998”, en Boletín
Electoral Latinoamericano, (19), enero-junio, 1998, página 11.
10
Para un examen de los regímenes políticos, puede consultarse de Juan Linz su clásico artículo “Totalitarian
and Authoritarian Regimes”, en F. I. Greenstein y N. W. Polsby (editores), Handbook of Political Science, Vol.
III: Macropolitical Theory, Reading (Mass.): Addison-Wesley, 1975, páginas 175-411. Así como también el
importante libro de Leonardo Morlino, Cómo cambian los regímenes políticos, Madrid: Centro de Estudios
Constitucionales, 1985, páginas 81-115.
11
Sobre el papel desempeñado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos en el golpe de
Estado a Arbenz, puede consultarse de Susanne Jonas, “Anatomía de una intervención: La “liberación”
norteamericana en Guatemala”, en Susanne Jonas y David Tobis, Guatemala: Una historia inmediata, México:
siglo XXI editores s. a., 1976, páginas 111-137; y también su libro Guatemala: Plan piloto para el Continente,
San José, Costa Rica: EDUCA, 1981, páginas 17-143.
12
Dados los vínculos existentes entre miembros del personal de alto nivel y de confianza de la administración
Eisenhower (1953-1961) y la United Fruit Company, mucho se ha discutido si el apoyo norteamericano al
golpe en contra de Arbenz representó no tanto una reacción política estratégica a partir de la definición de la
situación tal cual era percibida por el Departamento de Estado (la creciente infiltración comunista en el
Gobierno y en el movimiento laboral, y desde aquí el temor de que se produjera un efecto de demostración
sobre los países vecinos), cuanto una reacción defensiva directa de los grandes intereses económicos y
empresariales de esa multinacional en Guatemala. El tema ha sido objeto de recurrentes y valiosos estudios
(como los de Jonas aludidos en la nota anterior y el más reciente de Piero Gleijeses, Shaterred Hope: The
Guatemalan Revolution and the United States, 1944-1954. Princeton: Princeton University Press, 1991,
entre otros). En su trabajo comprensivo reciente sobre las relaciones de los Estados Unidos hacia América
Latina, Lars Schoultz, a partir de documentos del Departamento de Estado puestos a disposición del público
recientemente, muestra la concepción que se tenía entonces de que, aun cuando este ministerio no contaba con
evidencia sobre los vínculos del gobierno de Arbenz con Moscú e incluso considerando que las
transformaciones sociales impulsadas por éste eran de naturaleza reformista, sí se admitía una creciente
influencia encubierta de los comunistas locales en el Gobierno, con la consecuente amenaza que esto
implicaría para otras naciones por la supuesta manera de actuar del comunismo en todas partes, amenaza en
un principio interna pero que posteriormente lo sería externa. En suma, en criterio de Schoultz, estando
palmariamente documentados los vínculos entre el personal de alto nivel de la administración Eisenhower y la
multinacional aludida, pese a ello, “el problema real era la percepción del comunismo” (Schoultz en su obra
Beneath the United States. A History of U. S. Policy toward Latin America, Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, 1998, página 338, traducción nuestra al castellano). Y más adelante: “Así fue como
América Latina fue conceptualizada hasta el fin de la Guerra Fría -como una fila de dominó cuya inmadurez
política la hacía fácil presa de un golpe comunista” (Ibidem, página 343, traducción nuestra al castellano).
13
Samuel Huntington. La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX. Barcelona: Ediciones Paidós,
1994, página 43.
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14
Señala Torres Rivas algo que si bien es acusado en el caso guatemalteco es extensible al conjunto de la
región centroamericana: “Es pues evidente que la Guerra Fría se experimentó diferencialmente en sus
consecuencias en el corazón del bloque occidental y en su periferia autoritaria y subdesarrollada. Entre
nosotros empezó puntualmente pero terminó tarde y tuvo efectos devastadores al internalizar sobre todo la
rivalidad militar, ideológica, cultural y postergar la democracia para más adelante” (Del autoritarismo a la
paz, página 25).
15
Ibidem, página 26.
16
Para ampliar sobre este tema, véase el libro de Ernest Mandel, El capitalismo tardío, México: Ediciones
Era S.A., 1979, especialmente sus páginas 106 y ss.
17
Para decirlo en términos ya hoy clásicos pero que tan a menudo se pasan por alto, a la manera de Fernando
Henrique Cardoso y Enzo Faletto hace ya muchos años: “Son justamente los factores político-sociales
internos -vinculados, como es natural, a la dinámica de los centros hegemónicos- los que pueden producir
políticas que se aprovechen de las “nuevas condiciones” o de las nuevas oportunidades de crecimiento
económico. De igual modo, las fuerzas internas son las que redefinen el sentido y el alcance político-social
de la diferenciación “espontánea” del sistema económico” , Dependencia y desarrollo en América Latina,
página 27.
18
Jorge Rovira Mas. Estado y política económica en Costa Rica: 1948-1970. San José, Costa Rica:
Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2000, página 14.
19
El desarrollo costarricense de la Posguerra, como lo hemos sostenido también en otra parte (Rovira Mas,
editor, La democracia de Costa Rica ante el siglo XXI, San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad de
Costa Rica-Fundación Friedrich Ebert-Instituto de Investigaciones Sociales, 2001, página ix), tuvo la
excepcionalidad, visto esto en una perspectiva comparativa internacional, no sólo centroamericana o
latinoamericana, que permitió simultáneamente alcanzar logros significativos en tres dimensiones: la
económica, la social y la política, logrando la consolidación de su democracia representativa tan temprano
como lo fue en la década de los años sesenta del siglo XX.
20
Una excelente comparación entre Costa Rica y Guatemala en la segunda mitad del siglo XX, puede
encontrarse en el artículo de Edelberto Torres Rivas titulado “Contrapunto entre reforma y revolución: La
democracia en Guatemala y Costa Rica”, en Jorge Rovira Mas (editor), La democracia de Costa Rica ante el
siglo XXI , páginas 21-40.
21
Estos datos provienen de uno de dos trabajos producidos en los años ochenta por la Comisión Económica
para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL) sobre el origen y el porvenir de la crisis económica de
Centroamérica. Los trabajos fueron compilados y distribuidos por el Instituto Centroamericano de
Documentación e Investigación Social (ICADIS), entonces establecido en San José de Costa Rica bajo la
dirección de Edelberto Torres Rivas y Gabriel Aguilera Peralta, bajo el título de Raíces y perspectivas de la
crisis económica, San José, Costa Rica: ICADIS, 1986, y los datos pueden encontrarse en la página 11 de
este documento.
22
Carmen Miró. “La población del Istmo Centroamericano. Tendencias hacia fines del Milenio y retos para el
siglo XXI”, en Luis Rosero Bixby (editor), Población del Istmo 2000: Familia, migración, violencia y medio
ambiente, San José, Costa Rica: Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica, 2001,
página 18.
23
ICADIS. Ob. cit., página 11.
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24
Ibidem, página 198 y ss.
25
Idem.
26
Idem.
27
A este modelo de desarrollo de Centroamérica se le acuñaron varios nombres durante los años ochenta:
“modelo aditivo” (CEPAL) o “modelo híbrido” (Bulmer Thomas).
28
ICADIS. Ob. cit., páginas 131-147.
29
Alfredo Guerra Borges. “El desarrollo económico”, en Historia General de Centroamérica, Tomo V.
Madrid: FLACSO-Sociedad Estatal del V Centenario, 1993, páginas 16-34.
30
Víctor Bulmer Thomas. La economía política de Centroamérica desde 1920. San José, Costa Rica: Banco
Centroamericano de Integración Económica-EDUCA, 1989, página 248.
31
Hacia finales de la década de los años setenta, la CEPAL estimaba que cerca del 54% del número total de
fincas, con un tamaño de entre 0,7 y 7 hectáreas, no alcanzaban a sumar el 10% del total del área en fincas,
mientras que el 0,5% del número total de fincas, con más de 350 hectáreas cada una, concentraban más del
33% del área total (ICADIS, Ob. cit., página 124).
32
Edelberto Torres Rivas. Interpretación del desarrollo social centroamericano, página 187 y ss.
33
La literatura sobre el exitoso desarrollo capitalista de Taiwan y Corea del Sur es inmensa. De nuestra
preferencia por su excelente calidad son los trabajos incluidos en el libro de Frederic C. Deyo (editor), The
Political Economy of the New Asian Industrialism, Ithaca (New York): Cornell University Press, 1987. Es
notable igualmente el artículo de Cal Clark, “The Taiwan Exception: Implications for Contending Political
Economy Paradigms”, en International Studies Quarterly, 31, (3), September 1987, páginas 327-356. Para
contrastar el desarrollo y la industrialización de estos países con los de algunos de América Latina, puede
consultarse también el de Gary Gereffi, “Repensando la teoría del desarrollo: Visión desde el Asia Oriental y
Latinoamérica”, en Alejandro Portes y Douglas Kincaid (compiladores), Teorías del desarrollo nacional, San
José de Costa Rica, EDUCA, 1990, páginas 49-96.
34
Víctor Bulmer Thomas. Ob. cit., páginas 211-216; Alfredo Guerra Borges, Ob. cit., páginas 20-21.
35
En Centroamérica, a diferencia de la situación prevaleciente en los países de mayor desarrollo capitalista
relativo de América Latina (como México, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Chile), no existía una
burguesía industrial de alguna importancia, que hubiera surgido y cobrado alguna fuerza a lo largo de la
primera mitad del siglo XX, por lo que el conflicto posible entre burguesías nacionales industrializadoras y el
capital extranjero multinacional de naturaleza industrial que a mediados del siglo pasado se encontraba
ansioso por extenderse sobre la América Latina, no encontró en lo absoluto foco alguno importante de
reticencia, menos aún de resistencia.
36
Alberto Fuentes Mohr. La creación de un mercado común. Apuntes históricos sobre la experiencia de
Centroamérica. Buenos Aires: Instituto para la Integración de América Latina, 1973; Jorge Rovira Mas,
Estado y política económica en Costa Rica: 1948-1970, páginas 99-103 y 143-151.
37
Véanse especialmente los varios artículos incluidos en las partes quinta y sexta del tomo 2 de la
compilación de Eduardo Lizano Fait titulada La integración económica centroamericana, México: Fondo de
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136
Cultura Económica, 1975. También la compilación de trabajos de Daniel Camacho Monge de título El
fracaso social de la integración centroamericana, San José de Costa Rica: EDUCA, 1979.
38
Como lo señalara con lucidez Torres Rivas en 1969: “El primero de los requisitos claves del orden
constituido es el mantenimiento, a expensas de la gran masa campesina, de la vieja estructura agraria cuya
modificación y superación, señaladas antes por los críticos radicales del sistema y ahora hasta por los
militares desarrollistas, es condición sine qua non del desarrollo; en otras palabras, si éste se concibe,
estrechamente, como industrialización a autrance se hace garantizando a la aristocracia cafetalera la
inmovilidad de la estructura agraria; tal es la más importante contradicción latente, de origen inrterno, en la
mecánica integracionista y, seguramente, una importante fuente de conflictos sociales que conspiran contra
la estabiliad política de aquella alianza de clase y contra la viabilidad misma de los cambios intentandos”,
página 243, pero con el destacado nuestro, de Interpretación del desarrollo social centroamericano.
39
Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto. Ob. cit., páginas 98-99 y 102 y ss.
40
El enclave, en la clásica conceptualización de Cardoso y Faletto (Dependencia y desarrollo en América
Latina, página 53), es la producción de un bien de exportación orientado hacia el mercado internacional que
es llevada a cabo por el capital extranjero en el territorio de otra nación. Esta es formalmente soberana, en
modo alguno se trata de una colonia; pero el capital extranjero posee muchos más vínculos económicos con su
país de origen que con los del país que lo aloja y le brinda las condiciones para su reproducción ampliada.
Las excepcionales facilidades y condiciones con las que opera este capital dentro del territorio de la sociedad
dependiente, se deben a los vínculos políticos que desarrolla con los grupos de poder dentro del sistema de
dominación de la nación receptora.
41
Reinaldo Carcanholo. “Sobre la evolución de las actividades bananeras en Costa Rica”, en Estudios
Sociales Centroamericanos, (19), enero-abril, 1978, páginas 143-203; Donald Castillo Rivas, Acumulación de
capital y empresas transnacionales en Centroamérica, México: siglo XXI editores s. a., 1980, páginas 83-
102.
42
Donald Castillo Rivas. Acumulación de capital y empresas transnacionales en Centroamérica, páginas
103-140.
43
Gert Rosenthal. “El papel de la inversión extranjera directa en el proceso de integración”, en Edelberto
Torres Rivas (editor), Centroamérica hoy. México: siglo XXI editores s. a., página 125.
44
Susanne Jonas Bodenheimer et al. La inversión extranjera en Centroamérica. San José, Costa Rica:
EDUCA.
45
Gert Rosenthal. Ob. cit., página 136.
46
Carmen Miró. Ob. cit., páginas 10-11.
47
Comisión Ecónomica para América Latina (CEPAL). El desarrollo social de América Latina en la
Posguerra. Buenos Aires: Solar/Hachette, 1966, páginas 55 y ss.
48
Entre 1950 y 1970 el uso de la tierra en pasturas, en el conjunto de la región, pasó de ser el 31,1% a ser el
43,4% del total, mientras que el uso forestal declinó de 45,4% a 23,4%; la proporción en cultivos, sin
embargo, no cambió tan notoriamente, pues pasó de 23,5% a 26,2% (ICADIS, Ob. cit., página 120).
También: “el avance tanto del frente ganadero como de la frontera agrícola se ha desplazado hacia las zonas
más húmedas y con mayor cobertura forestal. Juntos han sido el principal motor de las altísimas tasas de
deforestación de las décadas de los setenta y ochenta, que se estiman entre 324 000 y 431 000 hectáreas por
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año según estimaciones de 1996” (Comisión centroamericana de ambiente y desarrollo, Estado del ambiente y
los recursos naturales en Centroamérica 1998. San José, Costa Rica: Comisión centroamericana de
ambiente y desarrollo, 1998, página 45).
49
Carmen Miró. Ob. cit., página 18.
50
Jorge Rovira Mas. “El nuevo estilo nacional de desarrollo”, en Juan Manuel Villasuso (editor), El nuevo
rostro de Costa Rica. San José de Costa Rica: Friedrich Ebert Stiftung-Centro de Estudios Democráticos de
América Latina, 1992, páginas 441-456.
51
Edelberto Torres Rivas. La crisis del poder en Centroamérica, páginas 71-74.
52
Véase su obra La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX ya antes mencionada,
especialmente el capítulo 1.
53
Ibidem, páginas 41-106.
54
Edelberto Torres Rivas. La crisis del poder en Centroamérica, páginas 97-98.
55
Seymour Martin Lipset. El hombre político. Las bases sociales de la política. Buenos Aires: REI
Argentina, 1988. Si bien esta edición data de este último año, el libro, aparecido originalmente en inglés en
1959, constituye la reunión de una serie de artículos de Lipset, varios muy influyentes, escritos durante los
años cincuenta.
56
Véase de Mitchell A. Seligson, “Development, Democratization and Decay: Central America at the
Crossroads”, en James M. Malloy y Mitchell A. Seligson, Authoritarians and Democrats. Regime Transition
in Latin America. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 1987, páginas 167-192. Y aquí mismo lo
que destaca Seligson: “Los estudios empíricos revisados en la introducción a este artículo, sugieren que el
umbral de aproximadamente $250 de ingreso per cápita (en US$ de 1957) y el 50% de alfabetizados debe ser
atravesado antes de que la democracia tenga alguna probabilidad razonable de sobrevivir en una nación
determinada [...] Los datos de Centroamérica son en verdad consistentes con la teoría. Una mirada al
producto nacional per cápita [...] revela que solamente Costa Rica había atravesado ese umbral económico.
Más aún, solo Costa Rica, con un grado de alfabetización del 79% en 1950, había atravesado el umbral
sociocultural. En los años cincuenta, es claro que los prerrequisitos fundamentales para la democracia no se
encontraban presentes en Centroamérica fuera de Costa Rica, y por ello no es sorprendente que la democracia
no sobreviviera allí” (página 173, traducción nuestra al castellano). Y también: “La evidencia empírica
sugiere claramente que las condiciones económicas y socioculturales que constituyen prerrequisitos para el
surgimiento y arraigo de la democracia en cualquier parte del mundo, han venido emergiendo a lo largo de
toda Centroamérica en el transcurso de los últimos diez o quince años [...] El desarrollo económico y
sociocultural son solamente condiciones necesarias, pero no condiciones necesarias y suficientes para la
democracia; lograrlos no garantizan el desarrollo y la estabilidad de la democracia. Más aún, con esto no se
implica ninguna perspectiva teleológica según la cual todos los sistemas políticos se encontrarían tendiendo
de manera “natural” hacia el régimen democrático. Sin embargo, ha habido en los años recientes signos
inequívocos de que la democracia, si bien de manera frágil, está comenzando a emerger en la región” (páginas
175-176, traducción nuestra al castellano).
57
Pablo VI. Populorum Progressio. Madrid: Editorial del Apotolado de la Prensa, S. A., 1967, páginas
12 y 45.
58
Ibidem, página 21.
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59
Andrés Opazo. Costa Rica. La Iglesia Católica y el orden social. San José, Costa Rica: Departamento
Ecuménico de Investigaciones (DEI), 1987; Miguel Picado, La Iglesia costarricense entre el pueblo y el
Estado, San José, Costa Rica: Ediciones Guayacán, 1990.
60
Un estudio sintético valioso, de carácter introductorio, de lo que fue todo este proceso, se encuentra en el
artículo de Andrés Opazo, “El movimiento religioso en Centroamérica”, en Daniel Camacho y Rafael
Menjívar (coordinadores), Movimientos populares en Centroamérica, San José de Costa Rica: EDUCA,
1985, páginas 143-199.
61
William M. Leogrande. Our Own Backyard. The United States in Central America 1977-1992. Chapel Hill:
The University of North Carolina Press, 1998, páginas 16-17.
62
Roberto Salom Echeverría. La crisis de la izquierda en Costa Rica. San José, Costa Rica: Editorial Porvenir,
1987.
63
ICADIS. Ob. cit., páginas 215, 216 y 54.
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