La universidad pública bajo ataque neoliberal
Resumen: El siguiente artículo busca incentivar la discusión en torno a las amenazas contra la universidad pública así como su necesaria defensa. Se hace un recuento histórico de los orígenes de la universidad occidental y del devenir de la universidad pública costarricense. Se destacan los ataques y amenazas procedentes de la contrarreforma neoliberal desde los años ochenta del siglo pasado. Dichos ataques y amenazas se refuerzan ante la presencia de sectores que al interior de las universidades apoyan y apuntalan las “reformas” que plantea la contrarreforma. Esas actitudes y acciones, más los ataques, se solapan con luchas parciales en defensa, ciertamente, de importantes derechos humanos y civiles, pero olvidando o menospreciando los objetivos estratégicos de la lucha política en favor de las grandes mayorías. Finalmente, se hace una propuesta hacia la “pluriversidad” y para la creación de un sistema universitario costarricense único e integrado.
Palabras clave: Universidad. Neoliberalismo. Autonomía.
Abstract: The following article seeks to encourage the discussion about threats against the public university as well as its necessary defense. A historical account is made of the origins of the western university and the future of the Costa Rican public university. The attacks and threats coming from the neoliberal counter-reform since the eighties of the last century stand out. These attacks and threats are reinforced by the presence of sectors within the universities that support and underpin the “reforms” proposed by the counter-reform. These attitudes and actions, plus the attacks, overlap with partial struggles in defense, certainly, of important human and civil rights, but forgetting or underestimating the strategic objectives of the political struggle in favor of the great majorities. Finally, a proposal is made towards “pluriversity” and for the creation of a single and integrated Costa Rican university system.
Keywords: University. Neoliberalism. Autonomy.
Prolegómenos
Se juzga que la universidad occidental (universitas magistrorum et scholarium) nace en Bolonia, Italia, en 1089, aunque recibe el título de universidad hasta 1317. Le siguen la de Oxford, Inglaterra (1096) y París, Francia (1150), entre otras. Sin embargo, la primera que ostentó el título de universidad en Europa fue la de Salamanca en España (1253), gracias al edicto de Alfonso X de Castilla y de León. Las primeras universidades americanas fueron establecidas por el imperio español durante la colonia; Inglaterra, Portugal y otras potencias coloniales menores no fundaron universidades en América. La primera universidad instituida oficialmente, de acuerdo a la normativa jurídica impuesta por la monarquía española, fue la Real y Pontificia Universidad de San Marcos, en Lima, Perú; es la actual Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fundada por “cédula real” el 12 de mayo de 1551. Se considera la más antigua del continente al mantener un funcionamiento continuo desde el siglo XVI.
No obstante, la universidad como centro de estudios superiores se remonta más allá en diferentes regiones y culturas, incluso en Nuestra América precolombina donde hay evidencias de este tipo de centros en las culturas mesoamericanas y andinas. La Universidad Imperial de China, por ejemplo, se funda en el año 124 a.C. durante la dinastía Han; la misma contaba con cinco cátedras. En la Antigua Grecia se recuerdan el Liceo y la Academia, o la ciencia helenística con el Museo y la Biblioteca de Alejandría. Se debe poner atención también al legado pedagógico y científico de Roma, así como a la ciencia y conocimientos de la era árabe/musulmana, responsables en mucho, probablemente más de lo que sabemos, del Renacimiento y la creación, precisamente, de las primeras universidades europeas.
El Manifiesto de Córdoba escrito por la “Juventud Argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica” en junio de 1918, es la primera reforma a la universidad decimonónica y colonial misma que, no obstante haber formado a las élites independistas del siglo XVII y XIX, se había encerrado en un claustro conservador y corrupto. Si bien el movimiento estudiantil cordobés se produjo como reacción frente a una universidad especialmente conservadora, elitista, medieval, decadente y corrupta como la cordobesa de la época, las banderas que se levantaron entonces fueron retomadas a lo largo de todo el subcontinente, convirtiéndose en un importante punto de partida para el avance de la universidad latinoamericana del siglo XX y de sus perspectivas de transformación. Aquellas reformas ponían en el tapete cuestionamientos, no sólo de la universidad, sino del mismo orden social. La búsqueda de mayor autonomía universitaria iba dirigida contra el control que el Estado y el gobierno ejercían como herencia del modelo napoleónico, el cual impedía a la universidad definir con libertad sus planes y objetivos, así como la designación de su cuerpo docente, que tantas veces respondía al interés del gobierno de turno. Esta reivindicación, tal vez motivada por la incapacidad de la intervención del gobierno argentino al momento de la resolución de los problemas que los estudiantes de Córdoba plantearon, no escapaba a una tradición en la historia de las universidades en el mundo: desde Bolonia, París y Salamanca, incluyendo a la misma universidad colonial, cierta autonomía ha sido una condición sine qua nom para la vida académica.
La primera universidad costarricense se crea en 1941: Universidad de Costa Rica. Recordemos que la Universidad de Santo Tomás (1843; desde 1814 funcionaba la Casa de Enseñanza Santo Tomás), de orientación católica, es clausurada en 1888 por el entonces Secretario de Estado Mauro Fernández Acuña, quien consideraba que no estaba suficientemente organizada y que era preferible enfocarse en la educación media y no en la superior. Visto desde ahora pareciera que tuvo razón don Mauro. El Instituto Tecnológico de Costa Rica es la segunda universidad estatal en fundarse en Costa Rica (1971, aunque inicia funciones en 1972 y lecciones en 1973). Nace de la idea de abrir un centro de preparación de técnicos, obedeciendo en particular al reclamo de la industria orientada al Mercado Común Centroamericano que requería profesionales medios especializados y preparados en plazos cortos, con mejor adecuación al trabajo y una formación controlada por los propios industriales. Pero, además, luego del Tercer Congreso Universitario en la Universidad de Costa Rica (1972), se pretendía quitarle el monopolio a esa universidad y crear centros universitarios libres de las influencias de un movimiento estudiantil y académico con perspectiva socialista o de “izquierda”.
Posteriormente se crea la Universidad Nacional (UNA, 1973) como una “universidad necesaria” para democratizar la educación superior dándole prioridad de ingreso a los sectores sociales más desprotegidos y recogiendo la herencia de la Escuela Normal de Costa Rica y de la Escuela Normal Superior. En 1977 se crea la Universidad Estatal a Distancia (UNED) como la primera universidad en Costa Rica y América Latina que utiliza la modalidad a distancia; continúa siendo la única universidad costarricense que utiliza esta singularidad en la enseñanza. En el año 2008, se crea la quinta universidad pública de nuestro país, la Universidad Técnica Nacional (UTN), con el fin de dar atención a las necesidades de formación científica, técnica y tecnológica que requiere el país, en todos los niveles de educación superior universitaria. La UTN aparece como una universidad mal trazada en tanto replica las características y funciones del Instituto Tecnológico. Es claro que hay una duplicación de funciones; hubiese sido preferible dotar de mayor infraestructura y contenido económico al Tecnológico para darle cobertura nacional. Tenemos entonces que el sistema de educación superior pública, a tono con la desregulación y privatización crecientes del estado (social de derecho), padece también de una creciente atomización, lo cual produce serias asimetrías entre los campus centrales y regionales de las cinco universidades.
Debemos comprender que la tecnología y la ciencia no son asépticas, ambas se producen y reproducen en el marco de un sistema/mundo global; dicho de otra manera, en una economía global donde las microeconomías empresariales nacionales, dependientes como la nuestra, son una mediación secundaria de la macroeconomía internacional transnacionalizada. Esto es de suma importancia puesto que somos países periféricos que transfieren plusvalía a las metrópolis financieras internacionales en un intercambio a todas luces desigual. Y la universidad debería coadyuvar a la reinvención de países como el nuestro en un mundo multipolar como el de la actual coyuntura bajo esquema neoliberal.
Contrarreforma neoliberal:
“No le ría la gracia al chancho”
En nuestro país, a partir de los años ochenta, se inicia una contrarreforma cuyo objetivo principal es el desmantelamiento del Estado Social de Derecho y las conquistas alcanzadas en los años cuarenta del siglo pasado con las reformas e instituciones ulteriores, especialmente el capítulo constitucional de las Garantías Sociales. La universidad pública, como fundamento de ese estado de bienestar también está en la mira de los ideólogos y políticos neoliberales, que son quienes lideran la contrarreforma apoyados por los grandes empresarios nacionales y transnacionales, aupados por el poder omnímodo de los conglomerados financieros tipo Organización Mundial del Comercio, Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial. Esta contrarreforma global no ha conseguido en nuestro país los “logros” que otros países latinoamericanos, caso de Chile, alcanzaron en poco tiempo. La resistencia civil ha sido enorme y consistente aunque finalmente, con el actual gobierno del partido Acción Ciudadana (PAC: toda una contradicción semántica y política) pareciera que en el corto plazo lo lograrán; cuentan con la venia de una clase media conforme y con unos sectores populares atomizados, intoxicados y cooptados por el discurso único del fundamentalismo político/religioso que deviene en un sancocho criollo particularmente revulsivo.
La Universidad ha ingresado a una encrucijada que adquiere visos dramáticos: la globalización bajo esquema neoliberal impuesta por los países metropolitanos del capitalismo occidental, le exige una serie de desafíos que cuestionan profundamente su esencia y su misión histórica. El acento puesto por nuestros gobiernos en la privatización de instituciones públicas y servicios estatales, la colocan en una situación desventajosa ante el galopante mercado productor de profesionales. La tensión entre la universidad y el poder político/económico/ cultural/militar, que se ha manifestado en Costa Rica de manera distinta al resto de América Latina (en la década de los setenta, en casi todo el subcontinente, escuelas y facultades fueron clausuradas y sus directores sustituidos por militares), evidencia la contradicción entre la academia y las exigencias de los organismos financieros internacionales que desean “reformar” el estado. El dilema consiste en defender la autonomía universitaria para reforzar su papel de agente de cambio por la justicia social, el desarrollo alternativo y sostenible y el bienestar en general; o de lo contrario rendirnos ante la propuesta mercantil y consumista de los gerentes y administradores que anteponen “las leyes del mercado” a los verdaderos fines de la educación superior.
Dentro de ese marco, las universidades públicas se convierten en casas de enseñanza neocoloniales pues concentran “élites cognoscitivas” con estudios especializados y, por tanto, disociados; o con la aparición y proliferación de la universidad privada - nichos básicos para la globalización inducida y el proyecto neoliberal - en garajes, salvo serias excepciones, donde se venden títulos a granel. Así, los estudiantes, independientemente de su origen social y de su posible inserción en el mercado de trabajo, se preocupan casi exclusivamente por ser miembros de aquella “élite” para adquirir estatus, o, al menos, conseguir un título que los acredite como “profesionales”, olvidando su papel humanista y transformador como agentes que deberían regresarle a la sociedad lo que ésta ha invertido en su formación académico/profesional, o, en todo caso, como servidores de un proyecto “nacional”.
Nadie niega que en este contexto de desigualdades (Norte-Sur/Élites-Multitudes/Opulencia-Miseria) y de angustias generalizadas por la inseguridad ciudadana y la violencia estructural y, obviamente, delincuencial, los estudiantes debieran jugar un importante rol, tal como lo han hecho en el pasado. La historia destaca que las luchas del movimiento estudiantil hacen de la Universidad un verdadero centro político que estimula las relaciones sociales y los diversos proyectos de cambio/resistencia cuál verdadera “ágora”, es decir, como un extraordinario foro sociocultural. Sin embargo, en la etapa actual, por los procesos de cooptación y de inercia que genera el “sistema” (a pesar de su propia crisis, o quizás por eso mismo), los estudiantes no han incidido de manera significativa en sus necesarias transformaciones. Al contrario, se han atomizado y desmovilizado con una actitud claramente apática, por no decir pesimista, incluso arribista y colaboracionista. En el Tecnológico, por ejemplo, los dirigentes de La Federación de Estudiantes (FEITEC) se presentaron en la Asamblea Legislativa para pedir a los diputados que les rebajen el salario a sus profesores porque cobran “salarios de lujo”.
Las grandes movilizaciones estudiantiles de la posguerra (años dorados de los sesenta: en Estados Unidos denuncian la intervención del estado en los estudios sociológicos de Centroamérica, luchan contra el reclutamiento militar y la guerra genocida contra Vietnam, marchan por los derechos civiles; en París el ya mítico Mayo del 68 pone en jaque al gobierno francés; el tristemente célebre 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México, donde son asesinados miles de estudiantes; en nuestro país se toma la avenida central en el año setenta para luchar contra la concesión para la explotación de bauxita por parte de la transnacional ALCOA, y más cerca de nuestra historia inmediata las jornadas de principios de los ochenta por la democratización del Instituto Tecnológico de Costa Rica, hoy conocido como TEC) han cedido la beligerancia histórica al desencanto, el desinterés y a la reproducción de una conciencia “profesionalista” (adquirir un título “como sea”) y, por tanto, acrítica, sumisa y despojada de una identidad propia, con serias excepciones, claro está.
La crisis del modelo neoliberal es patente ya no solo en países “modelos” como Chile, sino en el resto del continente y a nivel global. No obstante, en nuestro país se insiste en la contrarreforma con un velo de subjetividad e individualismo mesiánico que esconde la debacle del mismo sistema. Esa lenta desestructuración ha generado una nueva subjetividad signada por la competencia desleal, el consumismo desmedido, la apariencia virtual, la doble moral, la prepotencia y la absoluta indiferencia ante los problemas de los demás. En otras palabras, asistimos a la eclosión de un individualismo feroz que practica indiscriminada y cotidianamente el “sálvese quien pueda”, desestimando al otrora costarricense cortés, atento, cooperador, solidario. Esa nueva subjetividad, desafortunadamente, ha ingresado a la universidad travestida de docente, en algunos casos, y de estudiante en otros. Por esa razón, para ciertos colegas lo que cuenta es el ascenso y el reconocimiento de su carrera profesional, sobre todo si se expresa en forma contante y sonante, sin reparar en los otros. Se cumple en ellos a cabalidad el aserto maquiavélico: el fin justifica los medios. Si a lo anterior le agregamos el rejuego político interno donde sutilmente se ofrecen y se cobran favores, o se tapan “errores”, para acceder a puestos en propiedad y a jefaturas, podremos columbrar cierta subjetividad “académica” que no soporta la crítica ni la polémica porque queda al descubierto y generalmente no la puede sostener.
No hay duda de que la crisis económica tiende a profundizarse luego de la aprobación de algunos proyectos hegemónicos de dominación, como el TLC/USA/Centroamérica/Dominicana, lo cual le ha restado capacidad adquisitiva a la clase media –para no hablar de la pauperización y exclusión galopantes en los sectores populares– en la cual nos incluimos la mayoría de los funcionarios públicos. Ello ha conducido a la búsqueda de otras formas de remuneración que, de alguna manera, estabilicen ingresos para no renunciar a estilos de vida decorosos. Esa búsqueda de nuevas fuentes de ingresos hizo florecer las fundaciones universitarias y el empleo en otras instancias, especialmente en universidades privadas. En algunos casos se pretendía prestar, o vender, servicios desde las estructuras universitarias, como una forma de redondearse un buen salario. Aún no se ha evaluado a profundidad si esas prácticas se “adecuan” a la función universitaria y si responden a las diversas problemáticas de la sociedad costarricense contemporánea. Es asunto de retórica, pero dicha adecuación parece sostenerse más bien desde la mercantilización galopante de la misma universidad. Esa búsqueda ha pervertido, de muchas maneras, las tradicionales funciones universitarias, especialmente la extensión y en menor grado la investigación. En otras palabras, la extensión se convirtió en venta de servicios y en transferencia tecnológica o, más neoliberal, en el vínculo universidad/empresa. La investigación también pasa por ese tamiz empresarial de venta de servicios o de búsqueda de patentes y reconocimientos más allá del mundo académico: el mundo de los negocios. Por supuesto, no vamos a negar que las funciones universitarias deben transformarse y ajustarse a las circunstancias históricas, pero acá se trata de revisar si dichos ajustes han mejorado esas funciones o les han agregado componentes nocivos o contradictorios para la misma praxis universitaria.
El problema podría plantearse oblicuamente: ¿acaso la universidad está desfasada en su relación con una sociedad en estado de anomia por la corrupción institucionalizada y el favoritismo estatal hacia los sectores dominantes y transnacionales? Puede que la institución universitas no responda a las exigencias de sociedades altamente complejas con su atomización interna y su escasa capacidad operativa. Se precisa tal vez de una estructura más dinámica y plástica con altos grados de inter y transdisciplinariedad. ¿O habrá de transformarse en una empresa para que “compita” en el mercado?, tal y como proponen algunos “académicos”, caso de un profesor en el Instituto Tecnológico que, posiblemente en una inversión inconscientemente proyectiva, se refiriera a los miembros de la Asamblea Institucional Representativa (AIR, máximo órgano de decisión de esa universidad) como a los accionistas de una empresa. La gran maquinaria global que induce un pensamiento único (“monocultura de la mente”) ha calado con la intromisión de un pensamiento empresarial/mercantil proveniente del business administration y de la transferencia de tecnología universidad/empresa y viceversa (fundaciones: venta, o prestación de servicios). Es decir, una visión neoliberal de la universidad como empresa con procesos industriales y una perversión de sus fines y principios. De ello hay hartas evidencias.
Lo anterior, con infames tergiversaciones, desató una larga campaña de desprestigio orquestada desde diversos medios bajo la excusa de la corrupción universitaria y el supuesto despilfarro aunado al “privilegio” de los funcionarios con salarios exorbitantes. Algo de ello hay, por supuesto, como la asimetría en los procesos de contratación y de ascenso de categoría profesional, o con los eternos interinos, por ejemplo. Pero, sin duda, la campaña apunta hacia la creación de desconfianza y desprestigio en la “opinión pública” ante la institución mejor evaluada, por esa misma opinión, en las últimas décadas. Y, claro está, el inmediato, e incluso programado, despliegue mediático de la prensa comercial en momentos de contraofensiva de la universidad privada y del inminente recorte del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) ante la negativa del anterior y del actual gobierno a negociarlo. Anótese la criminalización de la protesta social y la reiterada acción policial contra la escasa protesta estudiantil o las amenazas ensayadas en la Universidad Nacional y en la Universidad de Costa Rica.
A la cola de toda esa trama, misma que presagia un país más controlado por la represión policial y la judicialización de la resistencia social, se atisban, en clara discordancia, dos diseños o modelos universitarios que obedecen a proyectos de nación según los diversos intereses económicos de los grupos hegemónicos/transnacionales o de los grupos medios y subalternos de nuestro país: la universidad/empresa tal y como nos la recetan, o la universidad pública tradicional, tal y como la hemos conocido. (Aparte está una “tercera vía”, propuesta que haremos más adelante). Algunos colegas bien intencionados pretenden un equilibrio entre ambas posiciones. Lo que sucede es que el equilibrio, en estos casos, no existe: o tenemos una verdadera universidad pública o acometemos una empresa universitaria, que son dos cosas muy diferentes. En última instancia se trata de la descapitalización de la universidad que se reconfigura ante los procesos de globalización neoliberal inducida. Es una contrarreforma interna dirigida por la nueva generación de tecnócratas que ven en la universidad horizontal y democrática un obstáculo a sus fines mercantiles. Dicho de otro modo, las universidades públicas se irán mercantilizando para convertirse en servicios de alta rentabilidad, tal y como lo propone la Organización Mundial del Comercio a través del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (GATS); ello conducirá, es otro objetivo de la OCM, a la transnacionalización del capital universitario.
Los cambios se plantean desde argumentos eficientistas típicos de la administración de empresas, con discursos “progresistas” dentro de la alta y sofisticada “sociedad del conocimiento” o de la “información”. Las políticas del Banco Mundial están en el centro de la escena: sus créditos para infraestructura y programas especiales contienen recomendaciones en cuanto a la autonomía, la democracia y la gratuidad que ha caracterizado a la universidad latinoamericana y costarricense en particular, y que según los expertos limitan la “modernización” de las mismas. Se impondrán procesos de evaluación por competencias con indicadores cuantitativos, igual que la promoción de una investigación cada vez más dependiente de agencias y empresas transnacionales. Los espacios se atomizarán y se vincularán a las grandes corporaciones o a los trusts universitarios privados mercantilizando y transnacionalizando sus funciones.
Con la aprobación del “combo fiscal”, a pesar de la férrea y heroica oposición de los empleados públicos, vanguardizados por los educadores y su digna resistencia reprimida en varios puntos del país, la criminalización de la protesta subió muchos decibeles aupada por la grotesca campaña de desprestigio de los “mass media” corporativos quienes, obviamente, apoyaron las medidas de shock tributario porque quienes tienen más pagan menos (ellos) y los que tienen más, y son más, pagarán más. Las falsas noticias de sabotajes y “terrorismo” estuvieron a la orden del día para desprestigiar al movimiento huelguístico el cual, por cierto, fue vergonzosamente desamparado por los universitarios: ni estudiantes ni funcionarios se sumaron a la huelga en una actitud insolidaria y absolutamente equivocada. Hoy, la mayoría de la masa costarricense, intoxicada por esos brutales “mass media”, se opone a la huelga como derecho ciudadano de los trabajadores y los sindicatos aparecen casi como organizaciones delincuenciales cooptados por dirigentes corruptos y “comunistas”, léase “terroristas”. La pírrica victoria tributaria de la oligarquía se tradujo en una derrota simbólica, es decir ideológica, para el movimiento social. Pero, paradójicamente, hay que agregar, en una derrota política para el gobierno dado que muchos de sus votantes de base hoy lamentan el voto emitido.
Dentro de la vil campaña mediática la universidad pública también se convirtió en el blanco de los ataques cual ablandamiento artillero antes del asalto final. Está claro que ahora vienen por ella. Para la contrarreforma neoliberal y los “buenos negocios” la universidad pública es un escollo y un apetitoso objetivo por dos grandes razones: 1. La universidad pública, bien que mal, produce pensamiento crítico e incide en variados sectores productivos y periféricos con sus labores de investigación y acción social; eso incomoda e interfiere en la implementación de la agenda neoliberal. 2. La apertura de la universidad privada, con su omnívora manera de lucrar ofertando una formación mediocre, salvo contadas excepciones, necesita eliminar esa “competencia” y hacerse del presupuesto, la infraestructura y los servicios instalados por las universidades estatales. De tal modo que la batalla estaba planteada y no tardaría en generar una escalada de ataques más agudos, cínicos e ilimitados. Para iniciar, de manera inconsulta e inconstitucional y sin decir agua va, los diputados, encabezados por el fundamentalismo político y religioso, cercenaron de un tajo 10.000 millones de colones del presupuesto del FEES para el año 2019. Dicho sablazo impactó de forma negativa en la gestión de las universidades y en el recorte de acciones sustantivas. (¿La cuestionada sala constitucional resolverá como corresponde el recurso de amparo presentado por las mismas universidades en manos del rector de la UCR? Por cierto, la intemperancia del discurso único mediático no se hizo esperar ante ese hecho: titularon que las universidades estaban desacatando el plan fiscal. ¡Habrase visto mayor canallada!). De seguido se nombró una comisión especial en la Asamblea Legislativa para estudiar ciertas reformas al FEES en una descarada violación de la autonomía universitaria y de los protocolos del ejecutivo, toda vez que es la Contraloría General de la República la responsable de velar, año tras año, por la transparencia y la buena administración de los fondos que el estado asigna para la función universitaria. Lo asombroso es que todo eso sucedía sin que las comunidades universitarias se inmutaran ni ripostaran, ¡como si no sucediese nada!
Así, la lucha está planteada en un terreno francamente desfavorable puesto que en la zona de confort académica pareciera importarles a pocos. La universidad pública está en la mira de la oligarquía y sus mandamases transnacionales como valioso botín para los “buenos negocios”. Es de esperar que las mismas universidades se sacudan y logren el apoyo de amplios sectores sociales y políticos para su legítima defensa. Sin embargo, está por verse, dado que al interior de las mismas se mueven bizarros intereses favorables a la contrarreforma neoliberal: es la quinta columna o el caballo de troya que introdujeron en la institución y que hace muchos años venimos denunciando. En diversos momentos parece que la bandera de la “conciencia lúcida de la nación” ha sido arreada de nuestras astas. El pensamiento crítico ha sufrido duros golpes en los mismos campus universitarios. El movimiento estudiantil está desinformado y por ello luce dócil, cooptado en su dirigencia y atomizado; igual los sindicatos. Y las autoridades negocian a nuestras espaldas, así comprometieron el FEES al convenirlo y regatearlo anualmente en contra del tradicional quinquenio, además de permitir que se le aplicara la regla fiscal. (En el Tecnológico y la UTN, las autoridades, a principios del 2020, corrieron sumisamente a aplicar el título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas relativo a anualidades y otros componentes salariales, en detrimento de sus propias convenciones colectivas y de los derechos laborales, y en discrepancia desleal con las otras universidades de CONARE que esperan la resolución de la Sala Constitucional y el Tribunal Contencioso Administrativo sobre acciones planteadas el año anterior: aclarar si aplica o no la reforma fiscal en las universidades públicas).
Para complejizar más el escenario, la discusión al interior de la universidad, cual eco de lo que sucede extramuros y a nivel global, se ha deslizado por intersticios político/electoreros, protagonismos extremos o, lo peor, privilegiando luchas puntuales que dejan de lado y menosprecian lo fundamental. Ello se traslapa con el legítimo reclamo de minorías y sectores que no han logrado “posicionarse” dentro del sistema por condiciones de etnia, género, país de origen o preferencias sexuales. Dichas luchas, necesarias y justas sin duda, ocultan el trasfondo de toda pérdida de derechos y valores: la inequidad o desigualdad socioeconómica; dicho de otro modo, la depredación sistémica de la civilización capitalista en el actual sistema/mundo. Por salvar el árbol se pierde la visión del bosque: lo parcial se impone a lo general, lo táctico desplaza a lo estratégico. Se desestima o minimiza que el objetivo fundamental de la lucha política, desde una perspectiva humanista y popular, es la liberación integral del ser humano así como la consecuente construcción de una sociedad más justa, democrática e inclusiva. Eso lo sabe muy bien el sistema, por eso invisibiliza la cuestión desplazándola a temas que deberíamos haber superado tales como la educación sexual, la legalización del aborto o el matrimonio entre personas del mismo género. En otras palabras, escenifica una falsa amenaza: lanza el espantajo para diversionismo y lucha intestina de multitudes previamente intoxicadas, pero tras ese fantoche se incuba el verdadero monstruo, el huevo de la serpiente: la contrarreforma neoliberal, mejor dicho, la vieja y desprestigiada lucha de clases. No digo que estos no sean temas y luchas justas, afirmo que, por su propia naturaleza y por sus impactantes controversias, se desatiende la lucha social estratégica con agendas mínimas y parciales. El sistema, con sus mass media y sus múltiples portavoces en las redes, provoca el escándalo a sabiendas de que, en una sociedad conservadora, mojigata e intoxicada ideológicamente –precisamente por esos medios que usa el aparato global hegemónico– vende y, además, le resta atención a las grandes mayorías sobre la problemática central: la desigualdad económica producto de un sistema inequitativo y expoliador, así como la desestructuración del Estado Social de Derecho con la privatización de sectores estratégicos de la economía, lo que conduce a una pérdida radical de soberanía y de servicios esenciales.
En última instancia las luchas parciales por los derechos humanos, quizás sin pretenderlo, distraen y desmovilizan a los sectores populares de sus luchas primordiales, las de los derechos sustanciales: trabajo, pan, casa, salud, educación. Sería menos problemático si los grupos dirigentes de tales reivindicaciones incluyeran en sus agendas el apoyo a luchas gremiales y sindicales de los distintos sectores sociales y se integraran a redes que bosquejan un proyecto país que pudiera resolver los principales problemas socioeconómicos para no permitir que un pequeño grupo de empresarios nacionales y transnacionales se apoderen de la riqueza que produce el país. Se trata de comprender que los derechos humanos, así como las principales y más sensibles necesidades colectivas, solamente se pueden consolidar y resguardar en una sociedad equitativa, justa e inclusiva. Ello, si se desea una verdadera transformación democrática para alcanzar índices económicos, sociales, culturales y ambientales en términos de desarrollo humano y solidaridad plural avanzada, se logra solo a través de la lucha política organizada. En buen castellano: es un asunto de poder; se trata de arrebatarle la hegemonía política a una oligarquía empresarial encabalgada con el gran capital transnacional y los poderes geopolíticos globales.
Me extendí en lo apuntado porque en las universidades públicas el apoyo al actual gobierno (PAC) devino en una confortable disposición que desestimaba el ataque a las mismas dado que nuestros gobernantes se presuponían progresistas y humanistas. ¡Y cómo no, si la mayoría son egresados de la misma “u” pública! Y porque se incrementó, auspiciado por el “feminismo hegemónico”, tal y como define a esa franja feminista el filósofo Roberto Fragomeno, una cacería de brujos interna al criminalizar a presuntos acosadores sexuales sin el debido proceso. Por supuesto que el acoso sexual y laboral debe extirpase de nuestros campus universitarios y de nuestro mundo social, pero sin caer en fundamentalismos ni revanchismos que desestiman el derecho a la defensa de todo ser humano, así como su probidad hasta que no se demuestre lo contrario. En el Tecnológico de Costa Rica, por ejemplo, se implementó una campaña atroz denominada “No le ría la gracia el chancho”, la cual propició que, en ventanas de cubículos y oficinas, al mejor estilo inquisitorial o nazi/estalinista, se colocaran afiches que rezaban: “Aquí trabaja un acosador”. Y en muchas sedes se anotaron nombres de profesores y funcionarios que supuestamente lo eran. Son campañas revanchistas que desestiman el abordaje de la problemática de modo más integral, con sus contextos históricos, políticos y socioculturales tal y como corresponde a una universidad. La actitud de un feminismo extremista y fanático hace más daño aún, sobre todo si calla frente al avance del neoliberalismo y no dice nada en contra de sus políticas empobrecedoras y de tabula rasa con el Estado Social de Derecho, solo por concesiones mínimas en derechos sexuales o de género. Como diría la filósofa estadounidense Nancy Fraser, ese es un “neoliberalismo progresista”.
Lo anterior corrobora, y ojalá me equivoque categóricamente, que hay grupos opositores en la institución universitaria, los cuales, al no atinar políticamente en sus cometidos, se mueven a través de incitaciones peligrosas, ya no dentro de la sana y normal confrontación política, sino, al parecer, y es de suyo muy delicado, dentro del ajuste de cuentas y del rencor pasional. Campañas como las mencionadas podrían utilizarse para acallar voces y posiciones críticas, pero, además, para suscitar una atmósfera de temor y angustia en funcionarios y estudiantes susceptibles de ser acusados sin que medie evidencia alguna. Y lo peor: ¡desde la sombra! Así, el espacio universitario se torna turbio, insano, con una suerte de psicoterror laboral y estudiantil en el ambiente. Porque si no se repara en el daño moral a una persona y su familia, o en el incalculable menoscabo a la imagen institucional y a la autonomía universitaria, ¿en qué podrá repararse? Es claro que esas denuncias, sin el debido proceso, son pasto abundante para el show mediático y la infame campaña en contra de la misma universidad. No debemos reírles la gracia a los verdaderos agentes del desastre quienes han venido realizando una labor de zapa al interior de los campus universitarios; esos que negociaron a espaldas de las comunidades universitarias, los que llamaron a la policía para reprimir estudiantes, es decir, quienes han permitido el actual estado de cosas. Ellos deberían ser los auténticos chanchos. ¿O acaso, ciertamente, asistimos a una grosera y generalizada agarrada de chancho?
La universidad pública, como centro de cultura superior, es parte vital de nuestra alicaída democracia y del estado solidario que hemos construido en los últimos setenta años gracias a un pacto social y político hoy desechado y pervertido por los neoliberales y fundamentalistas de todo cuño, mismos que asaltaron los partidos políticos tradicionales para convertirlos en viles maquinarias electorales independientemente de sus candidatos y de su “signo ideológico”: lo que importa es el pastel. La universidad pública, a pesar de su contenido colonial, su organización jerárquico/patriarcal y atomizada, amén de muchos otros defectos y debilidades estructurales, es uno de los pocos espacios de construcción de saberes, debate y formación integral en un marco de cierta tolerancia académica, que nos quedan. Su salvaguarda es fundamental para la construcción de una auténtica democracia. Sin universidades públicas robustas y consolidadas la democracia formal será un esperpento y un recuerdo mustio en los anales de nuestra historia reciente. Ojalá que no tengamos que padecerlo.
Nuestra propuesta
Se hace necesaria, entonces, una redefinición conceptual y sistémica de la universidad en general y de la pública en especial, para coadyuvar a la mejora del sistema productivo nacional y su empaque histórico, sociopolítico y cultural, custodiando en profundidad el medio ambiente al tiempo que se desarrolla el mercado interno con encadenamientos productivos, con equidad y justicia social. La pregunta es: ¿está la universidad pública preparada para ello? ¿Está presta para responder a los considerables desafíos que enfrenta nuestro país? En principio pareciera que no. La universidad contemporánea se debate ante varios dilemas; el primero de ellos, y fundamental, es su redefinición como Unidad Superior de Cultura, misma que debe conservar y potenciar la formación de grado y de postgrado, la investigación y la extensión o acción social; sin alguno de estos componentes no habrá universidad. El segundo, y no menos importante, es superar una estructura colonial, jerárquica y elitista, que se auto concibe como un enclave de saberes en países asimétricos y dependientes. Se precisa de un desprendimiento epistemológico, de un giro decolonial, para reestructurarla y liberarla ante una realidad de suyo compleja y amenazante. De lo contrario, deberá asimilarse ante el sistema pasivamente y cumplir el rol de formadora de cuadros técnicos para el mercado, es decir, para la reproducción del mismo.
Nuestra propuesta, asentada en la elaboración teórica de un grupo de intelectuales latinoamericanos y algunos europeos como Inmanuel Wallerstein y Boaventura de Sousa Santos, entre quienes destacan Ramón Grosfoguel, Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Enrique Dussel y Fernando Coronil, quienes, preocupados por dar cuenta cabal de la complejidad del sistema capitalista global, con otros investigadores, conformaron el grupo denominado “Proyecto latino/latinoamericano modernidad/colonialidad”, mejor conocido como “Grupo Modernidad/Colonialidad (GM/C)”, apunta hacia una refundación radical: la creación de la Pluriversidad con una arquitectura heterárquica cuya relativa autonomía la enfrente a los desafíos nacionales e internacionales de cara a los sectores más desprotegidos por la contrarreforma neoliberal del sistema/mundo global a través del mercado, mismo que predica mayor competitividad para ampliar las asimetrías entre minorías que lo poseen todo y crecientes mayorías expulsadas del paraíso de la abundancia porque “no producen”, por tanto no consumen. Ello requiere de un convencimiento consciente y de una voluntad colectiva contundente y, lo primordial, de una auténtica apertura hacia la sociedad que le permita desarrollar nuevas disciplinas y nuevos campos de investigación adecuados a su realidad histórica, político/económica y sociocultural.
La apertura hacia la sociedad significa un nuevo tipo de organización institucional donde la verticalidad y la burocracia cedan paso a una horizontalidad que permee los feudos académicos y oxigene las gastadas estructuras. Ello precisará de un diálogo continuo a lo interno y, primordialmente, hacia la exterioridad, hacia los demás; es decir, hacia los sectores que la hacen posible, especialmente los más desfavorecidos por la contrarreforma; lo que se entrelaza con la defensa y construcción de autonomía real y provechosa. Si la autonomía universitaria significa libertad de pensamiento y responsabilidad con el autogobierno universitario, también significa una independencia ética y científica ante cualquier poder político, económico y sociocultural; en otras palabras, la necesaria libertad para optar por contribuir a resolver los problemas acuciantes de nuestro país, la región latinoamericana y el planeta en general.
Para el caso concreto de nuestro país, se torna más que necesaria la transformación del sistema de educación superior. La propuesta en ese sentido es la creación de un sistema integrado que administre todos los fondos del FEES y que planifique quinquenalmente el funcionamiento de las cinco universidades para evitar la duplicación de funciones así como el entrecruzamiento de las diferentes líneas de la oferta académica. Se ajustarían de mejor manera los campos de investigación y se afinaría la acción concertada en términos de extensión y acción social. Un sistema único de administración y toma de decisiones permitirá una mejor planificación estratégica, una adecuación eficaz de los recursos y una presencia más amplia en el territorio nacional con programas de regionalización robustos y suficientemente estructurados.
Para todo lo anterior se precisa, reitero, tanto de una voluntad política concertada como de la movilización mancomunada de todos los sectores universitarios. Se impone un diálogo transparente y sistemático al interior de los campus para establecer un consenso y una plataforma inmediata de lucha. Es claro, sin embargo, que la universidad y sus comunidades por sí solas no podrán lograrlo. Se necesita además, el concurso de otras fuerzas sociales y políticas para levantar un proyecto integral de país que coloque la educación como un derecho humano y un deber del estado, no como una mercancía más para el rejuego del mercado. Eso exigirá alianzas tácticas y estratégicas con movimientos ya conformados o en proceso de formación para la configuración de una agenda nacional que, en primera instancia, impida el avance de la contrarreforma neoliberal con el objetivo de salvaguardar las instituciones estratégicas del estado social de derecho y para, en un futuro próximo, reformarlas de cara a las necesidades de las grandes mayorías y de una democracia auténtica y plena, es decir, más participativa, justa, equitativa y solidaria. La tarea es ardua y compleja. ¿Será posible?
Barrio Amón, noviembre 2019-enero 2020
Adriano Corrales Arias (acorrales@tec.ac.cr), Dr. en Letras y Artes de América Central. Escritor y profesor catedrático del Instituto Tecnológico de Costa Rica en el Campus de San José. Ha publicado más de veinte libros en poesía, novela, cuento, ensayo y dramaturgia. Colabora con varias publicaciones nacionales e hispanoamericanas.
Recibido: 14 de junio de 2020
Aprobado: 21 de junio de 2020
Rev. Filosofía Univ. Costa Rica, LIX (155), 137-146, Setiembre-Diciembre 2020 / ISSN: 0034-8252 / EISSN: 2215-5589