Edgar Pérez Saborío

Infraestructura y violencia: Reconfiguraciones biopolíticas y democracia en el bicentenario de Costa Rica

Resumen: El presente artículo reflexiona sobre la biopolítica del bicentenario de Costa Rica a través de sus infraestructuras como dispositivos de seguridad gubernamentales. Se analizan las recientes obras de Circunvalación y la Asamblea Legislativa y se concluye emergen nuevas formas de violencia que dificultan la manifestación política de diversas poblaciones en la vida democrática urbana del país.

Palabras clave: biopolítica, infraestructura, violencia, democracia, bicentenario

Abstract: The present article reflects on biopolitics of the bicentennial Costa Rica through its infrastructures as Governmentality security devices. Recent building works such as Circumvallation and the Legislative Parliament are analyzed, concluding the emergence of new forms of violence that hinder the politic manifestation of various populations in urban democratic life of the country.

Keywords: biopolitics, infrastructure , violence, democracy, bicentennial

Introducción

El día 7 de marzo del 2018, el entonces presidente de la Asamblea Legislativa (AL), Gonzalo Ramírez, daba inicio a la construcción del nuevo edificio de la sede parlamentaria al enterrar, bajo sus futuros cimientos, la Constitución Política y el Pabellón de Costa Rica1. Este acto inaugural hunde sus raíces en un rito arcaico que rememora la violencia intrínseca al acto de construcción. Según las teorías tradicionales del sacrificio, algunas sociedades antiguas inmolaban y sepultaban seres humanos en los cimientos con el de fin de apaciguar los espíritus de la tierra y garantizar así la estabilidad y seguridad del edificio (Kenzari 2011, 151). Con el tiempo la tradición remplazó los sacrificios humanos por la muerte de animales como gallos, corderos o carneros, o bien, por el entierro de objetos de carácter simbólico, como el mencionado caso.

Si bien algunas reminiscencias de este ritual nos llevan a considerar los objetos enterrados como los cimientos simbólicos sobre los que se yergue el nuevo edificio, dotándolo de fuerza y estabilidad, Kenzari propone comprender este acto originario como una alegoría a la violencia que impregna la industria de la construcción contemporánea, en sus nuevas formas y actores (profesionales en arquitectura, ingeniería, política, contratistas, desarrolladores…) empleando la noción de mecanismo de rivalidad. Las ciudades, dice el autor, son “lugares en los que la violencia originaria ha sido cuidadosamente ocultada” (2011, 158), pero donde la violencia –podríamos añadir– sigue siendo una parte activa en el desarrollo y agencia de la infraestructura en el ámbito urbano. ¿Qué nos dice entonces el acto simbólico llevado a cabo en la AL del tipo de violencia que se gesta en el espacio urbano? ¿Qué otras lecturas emergen al comprender el tipo de violencia inherente a la construcción infraestructural?

La argumentación de Kenzari logra llevar la idea de violencia originaria –antaño como protección en el mundo espiritual– a dos posibles maneras de comprenderla en la contemporaneidad: una, siguiendo la propuesta del autor, como una serie de actos donde la violencia es constitutiva de las relaciones políticas entre los diversos actores implicados en la creación de infraestructuras, en pocas palabras, humanos que materializan infraestructuras. La segunda manera, propongo, como un componente político inherente, no ya en exclusiva a las relaciones de poder humanas, sino a una forma de poder que detentan las infraestructuras en el quehacer de las ciudades. Puesto de otro modo: infraestructuras que gestionan cuerpos, empleando para ello mecanismos de violencia.

Dicha segunda manera, sería un tipo de biopolítica materializada en las infraestructuras, la cual tiene la capacidad de organizar y gestionar nuevas formas en que la población puede, o no, ocupar la ciudad. Autoras como Nancy Fraser (1993) y Judith Butler (2017), entenderán esta ocupación y subsiguiente congregación en el espacio público como una primera condición del ejercicio político y vida democrática en las ciudades, con la que se puede dignificar la vida ante la creciente privatización de la vida urbana y precarización en las sociedades contemporáneas. Las infraestructuras (obras viales, edificios construidos, mobiliario urbano, plazas públicas, etc.) cumplen entonces un rol fundamental para facilitar o dificultar el ejercicio de la democracia en el ámbito urbano.

Esta segunda forma de comprender la violencia es precisamente la que interesa desarrollar en este ensayo, la cual abre una discusión importante en la biopolítica contemporánea. Esto es, abordar el biopoder no solo desde su implicación territorial (Foucault 2006; Segato 2013) o espacial (Cavalletti 2010; Massey 2005, Sabsay, 2011), sino desde sus implicaciones infraestructurales en la vida urbana. Me interesa aproximarme a este tema abordando los casos de la nueva obra Estatal edificada en la capital de Costa Rica, donde el acto inaugural mencionado marca un hito para comprender el giro que toma una de las democracias “ejemplares” de la región centroamericana2. Lo anterior, principalmente, al tratarse la AL de uno de los poderes de la república donde se orquestan o amortiguan (en términos políticos) los impactos de las infraestructuras que aquí se abordan.

En síntesis, a modo de hipótesis, propongo que la infraestructura del bicentenario comienza a circunscribir nuevas formas de gestión biopolítica del espacio urbano en el centro de San José mediante un tipo de violencia que interesa identificar, por lo que dichas infraestructuras inciden en una potencial reconfiguración de la democracia costarricense en el marco del avance y fortalecimiento de políticas neoliberales (Molina y Díaz 2021; Arias et al. 2022). Su estudio es particularmente necesario en un contexto caracterizado por un incremento en la desigualdad socio-económica desde mediados de los noventas (Arias et al. 2011) e intensificado en gran medida por la pandemia, con una profundización en la precarización de las condiciones de vida de una gran parte de la población3.

El potencial aporte de la investigación radica en una apuesta teórica-conceptual que, mediante una aproximación a casos concretos, busca delinear las derivas biopolíticas de una gubernamentalidad neoliberal en el contexto reciente de Costa Rica, dentro de un alcance explorativo. Considerando lo anterior, la metodología extrapola una consulta bibliográfica primaria y secundaria en los aspectos teórico-conceptuales, junto a información de corte empírico recolectada mediante artículos y videos de prensa, además de una observación participante en el espacio urbano. Lo anterior con el fin de retroducir la teoría y proponer una lectura teórica más adecuada sobre los hallazgos encontrados.

El texto se desarrollará en 5 secciones. Las dos primeras explicitaran el andamiaje teórico-conceptual. La sección I, lo hará en la distinción e imbricación entre la biopolítica y la gubernamentalidad y la sección II, ampliará la noción de dispositivos de seguridad que de allí se deriva. Las 3 segundas partes abordarán el estudio de los casos de Circunvalación y de la AL de manera intercalada en cada sección. La sección III, brindará un contexto reciente sobre el que emergen estas obras en relación al espacio urbano en la capital acercándose la fecha de conmemoración del bicentenario de la independencia, seguidamente la sección IV delineará los procesos que atravesaron las infraestructuras en el contexto de política neoliberal del país y por último, la sección V desarrollará propiamente los dispositivos de seguridad instalados en dichas infraestructuras a la luz de diversas manifestaciones políticas en el espacio urbano de la capital de Costa Rica.

I. Biopolítica y gubernamentalidad

Del amplio bagaje conceptual y campos de estudios que desplegó la idea del biopoder, interesa la noción de gubernamentalidad debido a su relación con las más recientes formas de gobierno liberal, y particularmente, en el giro que tomaba hacia el neoliberalismo en la década de los años setentas y ochentas (Salinas 2013; 2014; Urabayen y León 2018). El surgimiento del concepto de gubernamentalidad corresponde a un tercer (y último) periodo donde Foucault logra dar forma esta particular forma de poder, la cual será especialmente relevante por la correspondencia que guarda con el actual contexto político global. Contexto que ha incidido en el tipo de política económica que se ha instalado en América Latina en general y en específico en Costa Rica desde mitad de los años ochenta con los Programas de Ajuste Estructural (Carvajal 2013; Gigli 2015; Arias et al. 2022).

La gubernamentalidad como racionalidad neoliberal, propia de la idea de Estado de gobierno, cobra más sentido en relación a los otros tipos de razón y formas de Estado históricos que propone Foucault: el Estado de justicia propio de la era feudal y Estado administrativo propio de la conformación de los Estados-nacionales modernos (Salinas 2014). No profundizaré en cada uno de ellos por aparte, pero sí es necesario recalcar que las diferentes formas de Estado y sus racionalidades no se pueden comprender como una sucesión consecutiva de ´una después de la otra´, sino que acontecen como superposiciones en un proceso histórico de transformación del biopoder (Salinas 2014, 54-85). De modo que es posible hallar formas de poder soberano (razón feudal) en los dos tipos de Estados sucesores, así como mecanismos disciplinarios o fronterizos (propios de la lógica territorial del Estado administrativo) en el tipo de Estado de gobierno (gubernamental). Por lo que, aunque nos situemos mayoritariamente en este último, con frecuencia se recurrirá a algunas de las conformaciones anteriores del biopoder para comprender las formas que actualmente toman.

La idea de gubernamentalidad emerge en los cursos que imparte Foucault en el Collège de France entre 1977-1978 (Seguridad, Territorio, Población) y 1978-1979 (Nacimiento de la Biopolítica). En el primero de los cursos es donde plantea las tres alusiones que pretende con este concepto, la primera de ellas introduce de manera más clara los diversos elementos que conforman la gubernamentalidad:

Entiendo el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma bien específica, aunque muy compleja, de poder que tiene por blanco principal la población, por forma mayor de saber la economía política y por instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad. (Foucault 2006, 136.)

Allí se especifica el blanco al que se dirige esta forma de poder: la población; a partir del tipo de conocimiento que introduce la lógica neoliberal: economía política; por medio de un dispositivo concreto, o instrumento técnico: la seguridad. Esta triada (población, economía política y seguridad) será el foco de interés de la gubernamentalidad en la organización de una nueva forma de poder. Allí, el territorio sufre un desplazamiento como fundamento del poder soberano en el control de las fronteras de los Estados-Nación, y principalmente hacia su nueva configuración gubernamental (aunque bien, como mencionábamos, existen siempre disputas contemporáneas en torno al territorio). Mientras que en el Estado administrativo el poder busca extenderse a la totalidad del espacio vía anatomopolítica (la disciplina de cuerpos), la gubernamentalidad, lo hace por medio de la biopolítica (el gobierno de la población); siendo ambas (anatomopolítica y biopolítica) tecnologías del biopoder (Foucault 2006, 433-434; Salinas 2014, 61-62).

A partir de lo anterior es posible enfocar primero la relación que tiene la anatomopolítica en términos espaciales para luego abordar la biopolítica dentro de la razón neoliberal, en tanto esta también se “extiende a la totalidad” de la población por medio de tecnologías espaciales. La primera de estas extensiones, la iba a figurar Foucault desde Vigilar y Castigar cuando analiza el panóptico de Bentham como un modelo arquitectónico ideal (entendido como tipo ideal) que se propagó al resto de la sociedad y sus instituciones por medio del poder disciplinario, con el fin de gestionar los cuerpos (poder que surgió ante la necesidad de contener epidemias, como lo fue con la expulsión de los leprosos). No obstante, el tipo ideal que propone en ese momento pierde de vista la especificidad con que opera más recientemente la biopolítica como forma de poder.

Con el paso a los dispositivos de seguridad propios de la biopolítica gubernamental, la noción espacial se complejiza. Con el régimen disciplinario veíamos como el espacio arquitectónico se plantea como un problema esencialmente de “distribución jerárquica y funcional de los elementos”, no obstante, con los dispositivos de seguridad que propone en Seguridad, Territorio, Población, el poder buscará en términos espaciales “acondicionar un medio en función de (…) series de acontecimientos o elementos posibles”, con lo que habría que asumir “una temporalidad y una aleatoriedad que habrá que inscribir en un espacio dado” (Foucault 2006, 40). Es decir, el poder disciplinario no opera ya de manera abstracta y totalizante en todas las instituciones sociales (prisiones, escuelas, hospitales…), sino que la noción de dispositivo de seguridad introduce la importancia de la especificidad espacio-temporal (aunque Foucault no estuviera realmente interesado en estudiar casos concretos). De esta manera el espacio para Foucault se convierte sencillamente en sinónimo de medio4 para lograr explicar “la acción a distancia de un cuerpo sobre otro” (Foucault 2006, 40). No obstante, el mecanismo material que yace, irónicamente, en medio de ello, no se encuentra postulado en sus análisis y es precisamente lo que interesa desarrollar con el estudio de infraestructuras específicas, si se quiere, a modo de una microfísica del poder.5

II. Biopoder, espacio e infraestructura

Si el biopoder pierde actualidad en su fundamento territorial, saber geográfico, dispositivos de frontera y control sobre los cuerpos (anatomopolítica); es necesario plantearse entonces cómo se despliega el biopoder en términos espaciales con los dispositivos de seguridad. Para ello será clave una entrevista realizada a Foucault en 1982 por Paul Rabinow y publicada en 1984 (año de su fallecimiento), en la cual Foucault deja clara su posición respecto al rol de la arquitectura, pero sobre todo el de la infraestructura. En esta entrevista el antropólogo Rabinow le presiona para profundizar en las implicaciones arquitectónicas de su teoría a partir de la postulación de la “nueva” relevancia política que adquiere la arquitectura en el siglo XVIII. No es que la arquitectura no haya sido política de previo, menciona Foucault, sino que ante el surgimiento de nuevos problemas “propios del orden del espacio” tales como el manejo de la enfermedad, contagios epidemiológicos, e incluso, revueltas urbanas que comienzan a agitar a toda Europa, es que adquieren nueva importancia las técnicas del espacio, siendo la arquitectura una de ellas, pero proliferando también nuevas técnicas del espacio (Rabinow 2015, 3).

En este sentido, paradójicamente, la arquitectura como disciplina pierde relevancia y Foucault introduce la figura de otros técnicos como “los ingenieros, los constructores de puentes, de rutas, de viaductos, de ferrocarriles, así como los “politécnicos” que controlaban prácticamente los ferrocarriles franceses” (4). Sin embargo, al preguntarle Rabinow más adelante sobre la diferencia entre el “edificio mismo” (aludiendo a “los muros”) y “el espacio” dentro del interés arquitectónico, Foucault esquiva completamente la pregunta sobre la diferencia y recalca únicamente el rol de la arquitectura, nuevamente reafirmándola como un “elemento de sustento, que asegura una cierta distribución de la gente en el espacio, una canalización de su circulación, así como la codificación de las relaciones que se mantienen entre ellas”. Con lo que se puede suponer que no hacía una distinción de la cuestión específicamente infraestructural en el auge moderno. Andrea Cavalletti va a explicar la predisposición a omitir aquello que Rabinow postulaba como “el edificio en sí”, esta omisión se debe a que Foucault asume una “espacialidad inerte de los muros”, versus “la espacialidad móvil del poder”, que es desde donde le interesa pensar las implicaciones espaciales (2010, 9). Lo que no dio cuenta Foucault es del poder que detentan las infraestructuras a partir de las relaciones que las conforman, así como de la capacidad que tienen de modelar dinámicas socio-espaciales y con ello subjetividades (aspecto que será central en sus análisis).

La entrevista con Rabinow es crucial para ampliar los aportes conceptuales de la gubernamentalidad en Foucault al margen de los vacíos y enfoques aquí señalados. Como veremos en el caso de la AL en Costa Rica, la discusión de su arquitectura y su relación con el patrimonio, acaparó el debate público desde sus aspectos más formales o estéticos, dejando de lado la multiplicidad de actores gubernamentales detrás de la conformación de esta u otras infraestructuras. Dichas relaciones de fondo son claves en la gubernamentalidad al aludir no solo a las relaciones entre actores sino también a la multiplicidad de instituciones, procedimientos y saberes, como formas de gobierno que entran en juego; en contraposición a la abstracción y mitificación del Estado como unidad de poder en la modernidad propia de la racionalidad administrativa (Salinas 2014, 56)9. Kenzari (2011, 154) retomará también, mediante la noción de mecanismo de rivalidad, la competencia entre actores por imponer la supremacía de un interés sobre otro, donde la figura del arquitecto funge solamente como un chivo expiatorio al cual se puede culpar ante cualquier eventualidad y desviar así la atención de las causas reales.

A diferencia de Kenzari, no me interesa evidenciar la violencia (institucional) en esos procesos de rivalidad en el orden político, sino más bien dar con la violencia (material) que encarna y ejerce la infraestructura mediante las “técnicas del espacio”. Técnicas que, como vimos, no son solo materia propia de la arquitectura, sino un saber más amplio donde diversos especialistas traducen materialmente los requerimientos que emergen desde las relaciones políticas y de poder que las modulan. Asumir estos múltiples actores desde una aproximación infraestructural, implica dar un giro a los dispositivos de seguridad (que postula en abstracto la teoría foucaultina), para visibilizar las dinámicas de violencia específicas que tienen en la población de manera diferenciada, aspecto medular en la idea de microfísica del poder (Witto 2001).

Al tratarse las infraestructuras de un producto asociado a los principios de la economía política neoliberal, es necesario evidenciar como buscan hacer más eficaz la productividad y aumentar el rendimiento, al tiempo que suponen una disminución en la inversión [entendido como la maximización de la influencia política con la menor cantidad de recursos económicos], así como menor regulación [en términos jurídicos-normativos] (Salinas 2014, 61)6. Dicha eficiencia y desregulación trabaja ya no solo en el aspecto económico, como lo era con el liberalismo clásico, sino que alcanza ahora todas las dimensiones de la vida en población, en una gubernamentalización de las formas de vida que apunta ya no únicamente a una “estatalización de lo biológico” (Salinas 2013, 82), sino a una optimización de los procesos inherentes a la vida7 como forma de producción capitalista (Moore 2020). Nos centraremos en las siguientes secciones exclusivamente en la vida urbana y su relación con la democracia.

III. Seguridad e infraestructura hacia el bicentenario de la independencia

En lo siguiente abordaré dos de las infraestructuras que más figuraron para la conmemoración del bicentenario de la independencia de Costa Rica con el fin de desarrollar empíricamente lo postulado en el anterior apartado y reintroducir así la teoría. Por un lado, se contempla una serie de obras conceptualizadas como el Anillo de Circunvalación (ruta 39), esta es una propuesta vial que surgió en 1950 con el fin de crear una autopista que rodea el centro de la capital con aproximadamente 20 kilómetros de circunferencia. La obra se comenzó a construir en 1978 y el gobierno 2018-2022 esperaba concluirla para las fechas del bicentenario al completar una serie de tramos pendientes para cerrar el circuito. Valga decir que uno de los pasos a nivel del último tramo construido, tomó incluso el nombre de “la Rotonda del Bicentenario” (en el cruce de la ruta 39 con la ruta 218, en Guadalupe)8. Por otro lado, figura también, el edificio de la AL que, inaugurado un año antes de la conmemoración, la página oficial de la Asamblea propone que el edificio “marca un hito en la historia costarricense ya que se estrena en el marco de la celebración del bicentenario”, siendo la “nueva casa de la democracia costarricense” (Asamblea Legislativa de Costa Rica 2020).

Al interesarnos por la biopolítica que se configura en el devenir democrático en Costa Rica para este momento histórico, es necesario poner en contexto el levantamiento masivo de rejas que venían en aumento en la capital de previo al bicentenario; tanto en espacios privados de casas y negocios pero también en diversas instituciones públicas ubicadas en la capital del país. Dicho escenario fue el caso de la plazoleta del Hospital Calderón Guardia que, para agosto del 2014, enrejó toda la franja abierta al público al frente del inmueble hospitalario aduciendo razones de seguridad de los bienes y personas que hacen uso del hospital ante el incremento de la indigencia en la zona y el comercio de vendedores ambulantes (Repretel, 2014a). Algo similar ocurría unos cuantos meses después con el surgimiento de unas rejas perimetrales que confinaron la plaza de la Contraloría General de la República, cerrando el paso también por “razones de seguridad” y “actos de mucho riesgo” que atentaban contra la integridad física de las personas de la institución y de las personas que hacen uso del edificio” (Avendaño 2014; Rojas 2015).

En la misma línea de cierres, fueron significativos los de parques públicos a raíz de la pandemia por Covid-19, que, entendiendo era un mecanismo de bio-seguridad para resguardar la salud de la población en los primeros meses de contagio y propagación del virus, se mantuvieron clausurados aun cuando a centros comerciales le concedían la reapertura al público. Dos parques públicos permanecieron cerrados incluso por más 10 meses luego del inicio de la pandemia (Canales 2022). No obstante, en relación con la culminación del edificio de la AL (que sucedió en sincronía con la pandemia), surgió la propuesta de enrejar, de manera definitiva, su perímetro, alegando también razones de “seguridad”.

Tras la inauguración y entrada en funcionamiento del nuevo edificio legislativo, alrededor del mes de octubre del año 2020, se mantuvo por aproximadamente tres meses la valla perimetral temporal colocada por las obras de construcción, que restringía el acceso a las nuevas plazas que rodeaban al inmueble. La propuesta de Antonio Ayales (director ejecutivo de la AL y gestor del proyecto), era instalar de manera permanente una cerca perimetral que “permanecería abierta 24 horas al día, los 365 días del año, excepto cuando el Ministerio de Seguridad les advierta que deben cerrarla por algún riesgo de seguridad” (Pomareda 2021). Finalmente, las latas provisionales de construcción, en lugar de ser materializadas en nuevas rejas como los anteriores casos, fueron removidas el 18 de febrero del 2021 por “otros trabajos pendientes”, pero principalmente ante la zozobra de algunos diputados que dieron declaraciones sobre la incongruencia de dicha propuesta ante un ya hermético edificio (Días 2021; Santamaría 2021; Romero 2021; Ramírez 2021).

IV. Consolidaciones infraestructurales y estado neoliberal

Si bien el intento de cercar el perímetro del parlamento no se concretó, esta propuesta se puede entender como el punto de inflexión de una tendencia que venía en crecimiento. Con lo que cabría preguntarse ¿cuál fue la base de donde tomó forma esta “propuesta”? y, si de manera homóloga ¿lograron materializarse otras expresiones de poder y control tal vez menos evidentes? Asumiendo la premisa teórica que el “hilo conductor en la transformación de sentido de la noción de biopolítica es el de seguridad” (Urabayen y León 2018, 77), interesa ahora profundizar en los argumentos alrededor de la seguridad que recogen ambas infraestructuras, su incidencia en términos de la población y sus efectos en el ordenamiento de una vida democrática en el espacio urbano. Entendiendo por este último las posibilidades de reunión y expresión política que permite o no el espacio urbano para la construcción de una soberanía popular, de modo que en las calles se juega la articulación de demandas y luchas políticas, así como su potencial desarticulación o represión (Butler 2017, 9-23).

En relación a la eficiencia y rendimiento que busca la razón gubernamental, situar lo que señalan Urabayen y León: “en el caso de la seguridad, el espacio está unido a la ciudad vista como un espacio de circulación y de producción necesaria para satisfacer las necesidades vitales” (2018, 77-78). Si bien este es precisamente el caso de Circunvalación, el rendimiento que se obtiene está diferenciado por sectores poblacionales, por un lado con una clara necesidad de optimizar los tiempos de traslado derrochados en embotellamientos, siendo esto un grave problema en la salud de sectores productivos así como facilidad recreacional de la población; otra buena parte queda al margen de los usos que facilita la infraestructura, en un sector urbano que se supone debía ser de renovación del tejido social y espacial a una escala más humana, reforzando formas hegemónicas de movilización (vehículo privado) sobre otras movilidades públicas o activas (autobuses, peatones, bicicletas…)(MRC Media 2020, 2021),

Los desplazamientos de estratos poblacionales marginalizados son aún más evidentes con los desalojos de tejidos comunales existentes para la construcción del Arco Norte de Circunvalación, por donde pasaría la nueva infraestructura. Tal es el caso del Triángulo de la Solidaridad, un asentamiento informal con aproximadamente 23 años de existencia, al que se le ordenó el desalojo de alrededor de 530 familias en el 2014 (Repretel 2014b) en un intrincado y complejo proceso que duraría alrededor de 6 años (9). Para el 2019 efectuaría el desalojo de otras 600 familias justo al lado del primero, esta vez sin ningún tipo de convenio en materia de vivienda como lo fue en el primero. Este segundo desplazamiento de personas se dio por una orden del Ministerio de Salud (gestionada por vecinos de la localidad en conjunto con la municipalidad) que dictaminaba era necesario desalojar el asentamiento informal por la contaminación que hacía de la Quebrada Rivera (Ávalos 2019; Hidalgo 2019; Granados 2019; News Vlog 2020). Aunque según las autoridades este no tenía relación con la construcción del tramo de circunvalación, para agosto del 2019, un mes antes del desalojo, las obras de la unidad funcional IV (tramo donde estaba ubicado el asentamiento informal), llevaba solamente un 41% de avance. Porcentaje que comprende un 80% de la etapa de “limpieza del Triángulo de la Solidaridad” y la colocación de tubería en un 91%, ver imagen 1 (Presidencia 2019).10

Imagen 1. Construcción del tramo IV del arco de Circunvalación Norte y segunda fase de desalojos en el asentamiento informal el Triángulo de la Solidaridad por orden del Ministerio de Salud (señalado en rojo).

Fuente: News Vlog 2020.

Por su parte, el proyecto de la AL con menor escala, magnitud y extensión que el anterior (52.000 m2 de construcción en 21 pisos en un terreno de aprox. 5.000 m2), el desplazamiento poblacional es tal vez menos evidente, pero de igual manera veremos cómo el desplazamiento toma otras formas cuando se encuadra la población propia del proyecto: los políticos de profesión y la ciudadanía en sus extremos, pero también burócratas, técnicos y profesionales de otra índole, en medio. Aunque el proceso del que emerge este inmueble no es el foco de atención, es necesario hacer referencia al giro que tuvo la primera propuesta (abierta en un concurso de anteproyectos) que, ante la negativa de un permiso y ante la posibilidad de aumento de los costos y plazos para un nuevo proyecto, el parlamento decidió contratar directamente al mismo diseñador para definir, a puerta cerrada, los requerimientos de la nueva adaptación del edificio (Pérez y Monge 2021). Dicho viraje volvió un proceso que se pretendía “democrático” a uno bastante opaco y unilateral que, excluyendo a una serie de actores, derivó en el edificio finalmente construido.

Este cambio en la toma de decisiones evidencia que los argumentos en torno a la “seguridad” que al inicio fundamentaban el edificio (y que lo siguen justificando desde los canales de difusión oficiales)11, al final reflejan un tipo de seguridad más extensa que podríamos expresar como una cuestionable seguridad del “sistema democrático costarricense”, caracterizado por una institucionalidad y burocracia en crisis, incapaz de escuchar y responder a las demandas de la población, donde al final se imponen decisiones de manera vertical12, así como por una compleja coyuntura social, política y económica que tiene en vilo a la ciudadanía, de la que la clase política comienza a resguardarse e inmunizarse para legislar en una de las democracias más “sólidas” de la región13. Este escenario deviene en la materialización de una serie de mecanismos de protección hacia lo interno, al mismo tiempo que de expulsión hacia la ciudadanía, así como de manifestaciones indeseables, tal como se podía aducir con el intento de las rejas extras en el perímetro del parlamento, pero también, como veremos, con la censura explícita de otros medios de protesta en la infraestructura del edificio legislativo y de circunvalación.

V. Expulsiones, violencia y reconfiguración de la vida democrática

El sujeto normal se constituye como tal excluyendo de sí a uno anormal (…), este movimiento corresponde al desplazamiento progresivo del límite que separa de aquellos que son cada vez más rechazados hacia la muerte.

Andrea Cavalletti, Mitología de la seguridad. La ciudad biopolítica

De los anteriores casos se puede deducir cómo las relaciones de poder configuran al menos dos tipos de dispositivos de seguridad en las infraestructuras. Las infraestructuras pueden en efecto facilitar mejores condiciones de vida, en lo que llamaremos dispositivos de seguridad permanentes, por ello fueron concebidas en primer lugar y por lo general, así son promovidas. Tal es el caso de circunvalación al permitir la movilidad vial y mejora de las condiciones de vida de la parte productiva de la población, o bien con la realización de una nueva sede parlamentaria para poder llevar a cabo de manera adecuada la actividad legislativa. No obstante, se instalan otros dispositivos de seguridad que denomino de tipo emergente, como lo intentó ser el caso de la valla perimetral de la Asamblea, los cuales entran en funcionamiento “solo en caso de emergencia” pero que pueden tener efectos palpables (intencionados o no) hacia diversas poblaciones, por lo general disidentes de la hegemónica política y económica, pero parte constitutiva de la vida democrática.

Al igual que el caso de la (casi) contención perimetral de protestas por “razones de seguridad” en la Asamblea, las infraestructuras de Circunvalación, por su planteamiento, pueden repeler potencialmente manifestaciones indeseables. Precisamente este fue el caso de la infraestructura de paso elevado en Cañas Guanacaste el 8 de octubre del 2020, la cual propició un intenso escenario de represión policial de las manifestaciones que realizaba una parte de la población contra el gobierno debido a las latentes crisis que generaba la pandemia en el país. En este caso la infraestructura funcionó como un elemento de estrategia policial para abrir el paso a los vehículos en una importante ruta comercial (interamericana), así como para repeler indiscriminadamente a las personas que allí se congregaron (algunas que hicieron uso de la violencia, otras que se manifestaban de manera pacífica). Tal como lo muestra la Imagen 2 y diversos videos consultados en redes sociales, la policía tomó el paso elevado para controlar la circulación vehicular y, una vez arriba, arrojaron gases lacrimógenos a la población que quedó debajo, afectando (por causa del viento y el desplazamiento del gas) a las personas allí reunidas, pero también a los barrios aledaños (incluso en días posteriores hubo nuevas represiones en otros sectores de cañas, afectando hogares, poblaciones vulnerables, ancianos e incluso hasta a la niñez) (Meneses 2020; Pérez 2020; Romero 2020).

Imagen 2. Represión policial con gas lacrimógeno en comunidades de Cañas, Guanacaste ante manifestaciones en la Pandemia.

Fuerte: Romero 2020.

El paso elevado en Cañas será la misma tipología infraestructural que se usará para remodelar el anillo de circunvalación en los cruces de Hatillo 4, 7 y 8 de manera continua, removiendo los actuales cruces con semáforos, (mientras para hatillo 6 será un túnel). Todos estos barrios y comunidades, junto a aquellos del arco Circunvalación Norte que quedaron literalmente debajo del viaducto elevado (León XIII, Cuatro Reinas, entre otros barrios populares y asentamientos marginales), pronostican cuál será la nueva condición que abren estas obras de infraestructura prontas a iniciarse, aunque ya con 3 años de retraso (Hidalgo 2022). De modo tal que, al circular en automóvil privado o transporte público por estas vías, dichas comunidades quedarán fuera del “campo de visión” urbana, corriendo el riesgo de aumentar la ya característica marginalización espacial Norte-Sur respecto al centro de San José versus sus polos de desarrollo Este y Oeste (Araya 2014).

Por otro lado, se profundiza la marginalidad estatal e institucional, prueba de ello son los casos de desabastecimiento del agua en Hatillos en abril del 2014 y marzo del 2016, frente a las sequías que enfrentaba entonces el país. Ante este escenario de escasez de agua, los barrios de Los Hatillos se unieron para cortar el tránsito en los cruces de Circunvalación por las que transita una gran cantidad de vehículos diariamente, siendo esta una de las pocas medidas de protesta que tienen para llamar la atención del Estado, los gobiernos locales o las instituciones14. Con las nuevas obras de infraestructura estas comunidades se exponen a nuevos mecanismos de invisibilización de su descontento o de represión policial (como lo fue con el caso de Cañas) al replegarlos al espacio debajo de los pasos elevados donde no interrumpen el “libre tránsito”, o bien la disipación completa de una protesta en un escenario donde fácilmente se controlan y somete los alrededores.

El edificio de la AL incorpora también microdispositivos de seguridad emergentes, tales como la inundación de sus espacios públicos techados para evitar que pernocten personas habitantes de calle, así como otros dispositivos sutiles para remover manifestaciones gráficas gracias a la pintura especial que cubre los soportes de todo el edificio que dan hacia las zonas de tránsito público, la cual evita ser pintada por cualquier otro producto. A pesar de dichas medidas, resultan peculiares las nuevas formas de manifestación pacífica que ha encontrado la ciudadanía en el edificio (ver imagen 3). La innovación de uso de la fachada del edificio como telón de proyección fue una de estas nuevas estrategias, no obstante, de manera muy explícita, el director ejecutivo Ayales (el mismo de la idea de la cerca perimetral), le parece esto una violación al espacio de la Asamblea y por tanto se está buscando restringir el sobrevuelo alrededor de 2 km a la redonda del edificio para impedir futuras proyecciones realizadas con drones (Herrera 2020).

Imagen 3. Proyección realizada por drone en el edificio de la Asamblea Legislativa.

Fuente: Herrera, J. 12 de octubre, 2020.

Otro microdispositivo son las diversas mallas que se colocaron luego de terminado el edificio para evitar cualquier tipo de ingreso no deseado al mismo por las pocas aperturas que quedaron hacia el interior del edificio15, las cuales terminaron de afianzar la seguridad de acceso que dan las puertas blindadas de aproximadamente 4 metros en el acceso principal al edificio, además de los controles perimetrales. Por otro lado, los dispositivos emergentes “macro”, como el que veíamos en el paso elevado de Cañas, en el caso de la Asamblea probablemente no entren tan siquiera en el imaginario pacifista que ha predominado históricamente en el país, pero la sólida coraza de concreto, aunados al recurso de las aspilleras, junto al cercamiento completo por las mencionadas vallas y los cristales blindados en los accesos, se trata realmente de una infraestructura defendible ante cualquier tipo de escenario visto en el continente16, acontecimiento difícil de imaginar en tal magnitud en el país, pero siempre presente ante coyunturas políticas más polarizadas y escenarios económicos más adversos. Con lo que en efecto posiblemente constituya la nueva “más sólida democracia” cuanto menos de la región17.

Aunque emergentes (en su condición de usos potenciales, así como de relativa novedad en el contexto), estos dispositivos de seguridad no deben únicamente su existencia a la facilitación de la “circulación y de producción necesaria para satisfacer las necesidades vitales” (Urabayen y León 2018, 77-78) posibilitada, como veíamos, por una seguridad permanente; sino que comienzan a gestionar (en potencia), de distinta manera y a diversas poblaciones, emergentes escenarios de creciente violencia y represión. No se trata ya de una oclusión, entendida como el cierre simple de una vía o espacio público por medio de una obstrucción; tampoco de una exclusión, en tanto dicho cierre impide la entrada de agentes externos; sino de una expulsión que obliga la retirada de los agentes que estaban “dentro” del fijado cierre, hacia afuera del mismo, o en términos de Butler, se trata de una expresión de pulsión de muerte a aquella población “prescindible” o “desechable” por parte de las sociedades neoliberales (2017, 17-25), que afecta, por ende, a la ciudadanía en su conjunto.

En ese paso de la exclusión a la expulsión es donde se comienzan a gestar nuevas formas de violencia a nivel urbano no vistas con anterioridad en la reciente historia del país. Donde la infraestructura detenta un rol en la capacidad o incapacidad de visibilización, reunión, expresión, manifestación o protesta en una vida democrática activa por parte de la ciudadanía ante escenarios políticos y urbanos cada vez más adversos.

Conclusiones

En las dos infraestructuras del bicentenario abordadas, se materializan dispositivos de seguridad que, al tiempo que facilitan condiciones para la vida, la reproducción de capital económico y político de una parte de la población, expulsan a su vez, de manera violenta pero discreta a otros estratos poblacionales, reduciendo su estatuto de ciudadanía y su legítima participación en la vida socio-política de la ciudad, desplazándolos hacia la marginalización y en los casos más extremos hacia la muerte. En otras palabras, en las mismas obras de infraestructura con las que se pregona la soberanía como Nación en sus 200 años de vida independiente, se esgrimen, de manera subrepticia, estrategias de biopoder y gubernamentalidad que reorganizan los términos y condiciones de la democracia costarricense.

Estas estrategias suponen una complejización de los mecanismos de control fronterizo de los cuerpos en el espacio: la anatomopolítica presente en los escenarios de enrrejamiento del espacio público en diversas instituciones (incluida la AL), proceso que dio paso a otros dispositivos de seguridad de corte biopolítico, que, arguyendo a la necesidad de seguridad sanitaria en la pandemia, se reproducen imaginarios en torno a la “contaminación” que apela a sectores vulnerabilizados en el espacio urbano. Allí los dispositivos de seguridad encuentran un apuntalamiento para la gestión biopolítica propia de la racionalidad gubernamental que apuesta a una apertura de “dejar hacer” y facilitar condiciones de vida, al tiempo que “limpia”, del espacio urbano, a las poblaciones que le son disfuncionales en términos de producción y acumulación de riqueza. Es por esto que, contrario a lo esperable de un Estado neoliberal, la construcción e inversión en infraestructura “pública” le resulta más bien atractiva, especialmente cuando se desarrolla con nuevas figuras económico-administrativas (fideicomisos) que permiten ejecutar de manera más eficiente y menor trabamiento político obras rentables para grupos de inversión y funcionales en términos de economía política. Lo anterior representa una innovación de un proyecto neoliberal en consolidación, donde se incorporan, de manera intencionada o por omisión (como consecuencia no pensada), dispositivos de seguridad emergentes que permiten, en caso de ser necesarios, emprender acciones para repeler manifestaciones ciudadanas que signifiquen una oposición a la “seguridad” del poder hegemónico.

La infraestructura se presenta entonces como contraparte (o complemento) de otras formas de control y represión que se han venido desarrollando a nivel legislativo en distintas normas y jurisdicciones. En el caso de las infraestructuras, es propio la “violencia originaria” que se da en toda determinación de ´qué se va a construir´, donde predomina siempre algún sector o individuo sobre otro, que, en el caso de un Estado cada vez más neoliberal y acompasado por el empuje de latentes crisis económicas, sociales y políticas, las infraestructucturas exacerban más aún una latente violencia en las relaciones del espacio urbano y el acceso a la vida en democracia. Dicho escenario hace que el acto inaugural de la AL puede interpretarse, no tanto como la colocación de los pilares fundamentales que sostienen el edifico político del país, sino más como un rito funerario donde se anuncia la muerte política de diversos sectores sociales, así como el sacrificio de una parte de las garantías, jurisdicción e historia del país para dar paso a una reconfiguración del Estado democrático costarricense.

Notas al pie de página

1. Además de una copia del contrato del fideicomiso, la orden de inicio de las obras, la Ley Fundamental del Estado de 1825 y una biblia.

2. Me refiero a la democracia costarricense como un modelo que se desarrolló en la región, vía política, con la influencia de EEUU para consolidar un país de corte liberal abierto a sus intereses comerciales y económicos. Veáse Oliviere Dabene (s.f).

3. Falta un análisis detallado de los efectos de la pandemia en CR, a nivel centroamericano hay una clara afectación en el empleo, la disminución de ingresos, así como un deterioro en diversas democracias; en el caso de Costa Rica se registraron “situaciones de riesgo o eventuales violaciones a los derechos humanos” (Programa Estado de la Nación 2021).

4. En el mismo fragmento menciona “El espacio en el cual se despliegan series de elementos aleatorios es, me parece, más o menos lo que llamamos un medio”, entiendo por medio como “lo necesario para explicar la acción a distancia de un cuerpo sobre otro. Se trata, por lo tanto, del soporte y el elemento de circulación de una acción.” (Foucault 2006, 40).

5. Idea que se desarrolló a partir de una recopilación de textos dispersos de Foucault (Castro 2019; Witto 2001).

6. Los paréntesis cuadrados son aclaraciones propias a partir de lo postulado por el autor.

7. Lo delimitaremos solo a la humana, aunque este sistema de dominación se basa en otros más amplios consolidados en el proyecto moderno (otras especies o la naturaleza en su conjunto).

8. La ruta recoge una serie de monumentos históricos, como las (también intervenidas) rotondas de las Garantías Sociales y la Bandera, entre otros hitos urbanos.

9. Cuando en el 2018 se realizaba el desalojo de 8 familias, se exponía el reasentamiento de 100 nuevas en terrenos aledaños (Repretel 2018; Granados 2018), muchas de ellas fueron reubicadas con soluciones de vivienda, pero las que no calificaban volvieron a asentarse en la propiedad privada cercana al no tener alternativas (Repretel 2019).

10. Este es un caso que merece una investigación más detallada, dado que por un lado hay varias muestras de discriminaciones a la población, pero por otro se expone como uno “emblemático” e “integral” por parte del Ejecutivo (Presidencia 2019). Me restrinjo en los detalles por la extensión del artículo.

11. Tales como las malas condiciones sanitarias de las viejas instalaciones, la mejora de la estabilidad financiera y economía del país.

12. Decisión posible gracias a la figura del Fideicomiso como alternativa a la Ley de General de Contratación Pública, la cual permitió concretar la nueva sede después de haber fracasado alrededor de 12 proyectos anteriores.

13. Este criterio puede sonar desmedido, pero en el actual contexto neoliberal existe una lucha abierta contra las huelgas y manifestaciones de diversos sectores en aras a desmovilizar la oposición en la reforma del Estado (Díaz 2021).

14. Otros puntos de circunvalación como la intersección de “Derecho” UCR son también sitios de protestas frecuentes por parte de estudiantes. Actualmente se removió el cruce y se instaló otro paso elevado.

15. Así lo fue con el balcón que se abría hacia el atril interno del edificio desde el boulevard público que conecta Avenida 1 con la Avenida Central.

16. Sobre la tendencia a la militarización del urbanismo contemporáneo véase Graham (2011).

17. Los diseñadores y promotores del proyecto buscaron posicionar la estética y materialidad del concreto de la fachada exterior del edificio como un “símbolo” de la solidez de la democracia costarricense (Pérez y Monge 2021).

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Edgar Pérez Saborío (edgar.perezsaborio@ucr.ac.cr) Docente en la Universidad de Costa Rica e investigador independiente. Licenciado en Arquitectura, Bachiller en Sociología y estudiante de Maestría en Filosofía. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran: Pérez, Edgar y Pedro Monge. 2021. “La verticalidad no es democracia”. Notas sobre el nuevo edificio legislativo de Costa Rica. Revistarquis 10(1), pp. 34-60 https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/revistarquis/article/view/45256/45259; Pérez Edgar. 2021. Crónica de la toma del edificio de arquitectura (18-25 de octubre 2019). Un registro desde los acontecimientos y las vivencias. Gráfica de Protesta. https://graficadeprotesta.wordpress.com/2021/10/25/cronica-la-toma-de-arquitectura/; Pérez Edgar. 2022. Materia en apertura: hacia una política de los materiales. Publicación en catálogo de exhibición “Revocar” de Yavheni León en Satisfactory.

Recibido: 15 de febrero, 2023.

Aprobado: 22 de febrero, 2023.