Lingüística
Aspectos pragmáticos del discurso judicial en
las sentencias de tribunales constitucionales costarricenses
Pragmatic
Aspects of the Judicial Discourse in the Judgements of Costa Rican
Constitutional Courts
Mario Matarrita Arroyo
Universidad
de Costa Rica, San José, Costa Rica
mario.matarrita@ucr.ac.cr
https://orcid.org/0000-0003-1652-7176
DOI: https://doi.org/10.15517/rfl.v49i2.55601
Recepción: 18-11-22
Aprobación: 24-02-23
RESUMEN
El artículo examina la manera en
cómo dos autoridades judiciales costarricenses –tribunales de derecho– se
comportan pragmáticamente al emitir algunas de sus decisiones. Con ese
objetivo, el texto resume, en primer lugar, aportes teóricos acerca del
lenguaje y el discurso jurídico para luego exponer las características de las
sentencias judiciales, textos a través de los cuales una autoridad judicial
presenta, a las partes interesadas y el público en general, las razones que le
llevan a tomar la decisión en un caso. Esa base teórica sirve para, en un
segundo apartado, estudiar el discurso de algunas sentencias judiciales desde
la pragmática lingüística con especial énfasis en los Estudios Críticos del
Discurso y la Teoría de los Actos de Habla. Como resultado de ese análisis, el
texto propone una novedosa clasificación de estrategias de fundamentación que
utilizan las autoridades judiciales costarricenses para motivar sus decisiones.
Palabras clave: sentencia
judicial; juezas y jueces; discurso judicial; actos de habla; fuerza
ilocucionaria.
ABSTRACT
The article examines the way
in which two Costa Rican judicial authorities –law courts– behave pragmatically
when delivering some of their decisions. With this objective, the text
summarizes, in the first place, theoretical contributions about legal language
and discourse and then exposes the characteristics of judicial sentences, texts
through which a judicial authority presents, to the interested parties and the
public in general, the reasons that lead them to make the decision in a case.
This theoretical basis serves to, in a second section, study the discourse of
some judicial sentences from linguistic pragmatics, fundamentally from Critical
Discourse Studies and Speech Act Theory. As a result of this analysis, the text
proposes a new classification of substantiation strategies used by the Costa
Rican judicial authorities to motivate their decisions.
Keywords: judgment;
judges; judicial discourse; speech acts; ilocutionary force.
Primero con Austin (1990) y luego
con Searle despuntó la idea de que el lenguaje es una forma de conducta
(Searle, 1990, p. 22) que sirve a los individuos para comunicarse en
una interacción social insertada en un contexto particular (Wodak, 2002, p. 8;
Calsamiglia y Tusón, 1999, p. 3) y en la que cada uno de esos sujetos
desempeñan roles diferenciados y específicos (Van Dijk, 2000, p. 21).
Desde ese entendimiento, el fenómeno
lingüístico constituye una práctica social, una construcción comunitaria que,
por ese carácter, se opone a cualquier tentativa privatizadora de sí misma
(Wittgenstein, 1999). Esto, además, resulta cierto por el ligamen indisoluble
entre el lenguaje y el contexto del que emana y al que retorna para dejar su
impronta (Wodak, 2002, p. 8). En palabras de Mertz (1992, p. 420), “el lenguaje
es siempre sensible a las fuerzas sociales”.
En el empleo del lenguaje como
herramienta, su manifestación principal es el discurso, al que se le concibe,
justamente, como el uso del lenguaje para propósitos sociales (Danesi, 2013, p.
241), que se compone de elementos lingüísticos organizados entre sí, de manera
explícita o implícita, para lograr la finalidad comunicativa (Van Dijk, 2000,
p. 21; Calsamiglia y Tusón, 1999, p. 207). Es decir, por la vía del discurso,
el lenguaje se concreta en actos comunicativos (Picado, 2018, p. 75).
Tales actos comunicativos son
fenómenos comunes en la vida cotidiana, pues desde la compra de un producto
hasta una declaración de amor son acciones que requieren, para su exitosa
realización, un discurso como instrumento.[1]
Esa innegable presencia también lleva a reconocer que el fenómeno discursivo
ocurre en contextos de mayor complejidad institucional, tales como el ejercicio
de la función judicial.
Con esto se apunta de modo directo
al tema de estudio y se dice que, para llevar a cabo su principal tarea, la
cual es resolver los conflictos de distinto orden, los jueces se valen del
lenguaje para, entre otras actividades, indagar los hechos ocurridos en el caso
y buscar las razones jurídicas, expresadas en textos de distinta índole, que
sirvan para fundamentar su decisión; también, el lenguaje les sirve para
comunicar esta decisión a las partes interesadas y al público en general.
El estudio del lenguaje en el ámbito
judicial es altamente relevante. En ese enfoque es particularmente importante
analizar el discurso de las sentencias judiciales, concebidas como las piezas
–escritas u orales– en las que, una vez expuestos los pormenores del caso, el o
los jueces redactores declaran el derecho, adjudican la razón a una de las partes
y ordenan las acciones pertinentes para dar cumplimiento a su fallo.
A pesar de esa alta relevancia de
las sentencias como formas de expresión discursiva, los estudios acerca del
discurso de los jueces no solo son escasos, sino que denotan sesgos que los
llevan a concentrarse, por ejemplo, en el ámbito del sistema jurídico
anglosajón –sistema de precedentes distinto del costarricense–, o bien, en las
modalidades orales de productos jurídicos: los debates o sentencias orales
emitidas por un juez o jurado.
A partir de esa carencia de
investigaciones, la de estas páginas se concentra en examinar la praxis
discursiva de las decisiones de una muestra de dos de los más importantes
tribunales de justicia costarricenses. El objetivo del texto es identificar y describir
los rasgos pragmático-discursivos más característicos del discurso jurídico
expresado en las sentencias del corpus.
Para ello, y como punto de partida,
se recogen una serie de aportes teóricos en relación con el lenguaje y el
discurso jurídico, lo que se complementa con una breve descripción de los
principales rasgos pragmáticos de las sentencias como textos de autoridades
judiciales. La segunda parte del artículo, aborda los Estudios Críticos del
Discurso (ECD) en condición de herramienta analítica para examinar la manera en
que, pragmáticamente, los jueces costarricenses emiten sus decisiones. Para
este objetivo, la Teoría de los Actos de Habla (TAH) fue el cuerpo teórico
elegido a fin de tamizar los casos de estudio a través de los desarrollos de
Searle (1975 y 1990) y Searle y Vanderveken (1985) a propósito de las fuerzas
ilocucionarias de los enunciados integrantes del discurso.
El texto concluye con la
presentación de una novedosa clasificación de estrategias pragmáticas a las que
recurren los jueces costarricenses para fundamentar sus sentencias y, de esta
forma, dictar el Derecho. Ese análisis se nutre directamente de los postulados
de los apartados precedentes.
2. El lenguaje y el discurso
jurídicos
El vínculo
entre lenguaje y Derecho es uno neurálgico porque los profesionales del Derecho
–juristas, académicos, jueces, funcionarios, litigantes, entre otros– ejercen
su actividad comunicándose por las vías oral y escrita (Jiménez y Moreno, 2017,
p. 1). Ese ligamen ha marcado la existencia de un profuso debate en torno a si
el Derecho constituye una especie “particular” de lenguaje –distinta de las
demás– o si tan solo es una modalidad de este que, al compartir rasgos y
características, se desempeña en un ámbito puntual del conocimiento.[2]
De un
lado, quienes defienden que el jurídico es un lenguaje diferenciado de los
restantes se basan en que, contrario al de otras profesiones, este es
incoherente para el público general. En esa misma línea, otros autores
defienden que esa diferenciación del lenguaje jurídico con el de otras
profesiones responde a una cuestión de poder en el tanto quienes lo dominan
asumen una posición especial en la sociedad, la cual buscan preservar al evitar
el acceso irrestricto de cualquiera a su comunidad lingüística (Holland y Webb,
2003).[3]
En la
acera contraria, se promueve que el lenguaje jurídico es una modalidad del
lenguaje ordinario con características especiales que, sin embargo, no lo
separan absolutamente del resto. Así, Morrison (1989) apunta, sobre la base de
la interpretación en el Derecho, que esa labor no es atípica, pues muchas de
las convenciones sobre las que opera se derivan de principios reguladores del
habla y la escritura ordinarios.
La postura
del lenguaje jurídico como uno integrado a los restantes lenguajes tiene su
fundamento en que: a) este es lenguaje ordinario que se hace acompañar de
terminología técnica; b) un texto jurídico puede ser interpretado como
cualquier otro texto del lenguaje ordinario; y c) las convenciones de la
interpretación en el Derecho son derivables de los principios que regulan el
lenguaje ordinario (Azuelos-Atias, 2011, p. 44).
En esta
investigación, de un innegable carácter “jurilingüístico” (Jiménez y Moreno,
2017, p. 1), la segunda de las posiciones se defiende por su verosimilitud en
vista de que, allende sus tecnicismos y estructuras singulares, el lenguaje
jurídico se presenta como un derivado del ordinario, con el que mantiene una
relación directa. De hecho, esta postura califica al lenguaje del Derecho como
un dominio específico (domain-specific
languages) que coexiste con el lenguaje cotidiano y aquellos empleados en
la Medicina, la Física y otros (Engberg, 2010, p. 50).[4]
Por tal
razón, y de acuerdo con Wagner (2002, p. 323), el discurso jurídico recurre al
lenguaje jurídico para transmitir significados especializados en el Derecho que
se consolidan a través de su uso en ese ámbito específico del conocimiento.
Y es que
ese uso tiende a una perspectiva instrumentalista del lenguaje en el tanto
cumple una función trascendental pues, al servir para la implementación y
aplicación de la ley (Wagner, 2002, p. 324), refuerza el carácter simbólico con
el que el Derecho trabaja a fin de lograr dos de sus principales cometidos: la
ordenación de las conductas en una estructura social y la evitación de la
desobediencia (Tuffin y Frewin, 2008, p. 80).
De lo
explicado se concluye que el Derecho está constituido por una variedad del
lenguaje común (Haba, 2012, p. 39; Pardo, 1992, p. 30) o una especie del
lenguaje estándar que, no obstante esa familiaridad,
es empleado de forma particular y para conseguir determinados efectos, como un
código profesional compartido entre aquellos que se desempeñan en ese ámbito. Presentado
en esos términos, el lenguaje jurídico corresponde lo propio en cuanto al
discurso jurídico.
El
discurso jurídico no es una especie extraña en el marco de los discursos que
suceden comúnmente en la vida cotidiana; es, de hecho, una modalidad discursiva
que, por la vía del lenguaje, maneja el Derecho en la medida deseada por los
agentes que lo elaboran e interpretan. Así, Cornu (2005, p. 33) señaló que el
discurso jurídico es una serie de acciones que realizan el Derecho.
Con esto
se dice que, valiéndose del lenguaje, el discurso jurídico se construye como un
producto que apunta a conquistar un objetivo fijado por los hablantes o
escritores, de modo que, en su marco no ocurre nada relevante que esté librado
a la arbitrariedad.
Los
planteamientos precedentes tampoco permiten asegurar que el Derecho solo esté
integrado por el discurso (pues su construcción es más vasta, al incluir hechos
y valores, por ejemplo) ni, mucho menos, que en este ámbito únicamente suceda
un determinado tipo de fenómeno discursivo.
El primero
de los puntos se explica a partir de la amplia gama de aspectos que requiere el
discurso jurídico para ser elaborado por sus responsables; en cuanto a la
segunda de las premisas se sigue a Haba (2012) en el sentido de que, en el
Derecho, concurren tres tipologías discursivas:
a)
Discurso del derecho positivo: en el que los sujetos
productores gozan de libertad para determinar qué lo integrará; materializado
en textos oficiales (una ley) que resultan de un procedimiento de elaboración
técnico y político y en el que, debido a su vocación prescriptiva, el lenguaje
está “petrificado en su letra, mientras se halle vigente el precepto en
cuestión” (Haba, 2012, p. 43). Además, propone programas de conductas para
situaciones específicas. Dada su necesidad de ser ampliamente comprendido, se
caracteriza por escasos niveles de cientificidad.
b)
Discurso del derecho de los jueces: producto de la
acción intermediadora de las autoridades judiciales, quienes “traducen” de modo
autoritativo (Breeze, 2011, p. 113) los significados del discurso del derecho
positivo. Defendida por los propios jueces como una tarea “aséptica”[5]
(Epstein et al., 2013), esta
labor se funda en la ficción de una visión “objetiva” y “descontextualizada” de
los textos, a partir de la cual el juez alcanza su único y verdadero
significado, y descarta, por incorrectas, las lecturas o posturas que se
opongan a este.[6]
Valiéndose de la metáfora, el discurso de los jueces
funciona como una interfaz entre los textos del Derecho y los casos que se le
presentan, la cual se encuentra altamente influenciada por un sinnúmero de
elementos cognitivos, emocionales, axiológicos, culturales y tantos otros que
se albergan en la “cabeza” del juez y de los que no puede disociarse (Haba,
2012, p. 65).
c)
Discurso del derecho de la literatura especializada:
desarrollos que abordan el Derecho como instituto social desde posturas
analíticas y especialmente académicas. Aunque vinculados a las restantes
tipologías discursivas, muestran una mayor independencia, pues se elaboran, en
tesis de principio, siguiendo pautas de cierto grado de cientificidad y rigor
metodológico, estándares en los que se hace descansar su credibilidad como
vehículo para su proyección en las comunidades social y académica.
Entre estas modalidades del discurso del Derecho ocurren una serie de
interacciones que afirman su complementariedad; no obstante, por su conexión
con los objetivos de este trabajo, el análisis de las siguientes páginas se
concentrará en la segunda modalidad, sea, el derecho como discurso de los
jueces.
3. Los textos jurídico y judicial
Los desarrollos
anteriores se aplican para los discursos jurídicos textuales o
conversacionales. Sin embargo, como fue adelantado, en estas páginas se
analizan exclusivamente los discursos judiciales como modalidad de texto
jurídico.
Los
textos judiciales son la más importante puerta de acceso al discurso de los
jueces; si bien el discurso es una acción socialmente significativa no
reductible al texto (Breeze, 2011, p. 96), lo cierto es que funciona como un
mapa de coordenadas para encontrar las notas distintivas de ese suceso
comunicativo.
Empero,
esa labor no es del todo simple, ya que, por los rasgos que denota el lenguaje
y el discurso, los textos judiciales asumen una forma fija, jurídica y
convencional, extremadamente precisa, con expresiones especiales y sintaxis
propia, la cual depende de las funciones que con ellos se busquen cumplir (Van
Dijk, 1978, p. 24).
En
desarrollo de esa premisa, Pardo (1992, pp. 34, 37, 45 y 117) apareja al texto
judicial una serie de atributos que no en todos los casos suponen una ventaja:
a) Es oscuro, en la medida en que
comparte características con otros textos burocráticos: una escritura que puede
presentar complicaciones sintácticas, tales como enunciados largos, muchas
oraciones subordinadas, verbos impersonales, uso de ítems lexicales en
brocardos y opacidad referencial (Rodríguez-Toubes, 2017, p. 149). También
influyen el uso de términos técnicos, los juegos de ausencias de las
autoridades involucradas y las reglas de conducta empleadas para su
elaboración.
b) Es objetivo, pues, en su mayoría,
se emite para zanjar disputas entre partes, de ahí que su autoridad creadora lo
presente como uno de contenido moral y axiológico neutral.
c) Es manifestación institucional y
de poder, ya que proviene de una autoridad pública que, al emitirlo, cumple una
de sus competencias primordiales. En su contenido, se muestran posturas
ideológicas de la autoridad judicial que sirven para transmitir objetivos de
poder.
d) Es argumentativo y retórico, ya
que buena parte del texto judicial se encuentra construido con estructuras
argumentativas (Van Eemeren y Grootendorst, 1992, p. 117), en la recurrente
utilización de la modalidad aristotélica del silogismo, a fin de ofrecer
razonamientos que sustentan un criterio o respaldan hechos de importancia. Para
Lavandera (1993), este atributo impacta el nivel pragmático –la
argumentatividad– en la medida en que, en las sentencias judiciales, las
estrategias argumentativas se suceden lógicamente para que el juez plantee sus
argumentos. Ello lleva a considerar al texto judicial como esencialmente
retórico, pues su contenido es desplegado a fin de persuadir o convencer a una
audiencia –las partes y la sociedad en su conjunto– de que la respuesta del
juez es la correcta, mientras que las restantes no (Wetlaufer, 1990, p. 1589).
El carácter retórico de las sentencias
judiciales no se agota allí, pues también tiene su razón de ser en que el
discurso en ellas contenido se plantea de modo que se autoinmuniza frente a
cualquier conocimiento que haga temblar “las presuposiciones ideológicas, las
conclusiones simplistas o los eufemismos de que se vale la argumentación
jurídica normal” (Haba, 2012, p. 289).[7]
4. Los
Estudios Críticos del Discurso (ECD)
De acuerdo con Van
Dijk (2000), los discursos, entendidos como una unidad igual o superior al
enunciado que constituye un mensaje, se construyen a partir de cuatro
principales factores:
a) Acción: en la medida en que el discurso es una forma de
actuación controlada, intencional y dirigida hacia un propósito; en ese
carácter, constituye la base de la interacción (Van Dijk, 2000, pp. 28-31).
b) Contexto: entendido como el entorno o circunstancia que
rodea al discurso, representado como un “conjunto estructurado de todas las
propiedades de una situación social posiblemente pertinentes para la
producción, interpretación y funciones del texto y la conversación” (Van Dijk,
2000, p. 32). No se le puede considerar ni estática ni objetivamente, menos
como algo dado, pues se construye de forma dinámica por hechos sociales cuyas
interpretación y valoración son percibidas de forma disímil por los sujetos
(Van Dijk, 2012, p. 42), a la vez que estos hechos mutan en el tiempo (Van
Dijk, 2020, p. 31).
Desde la cognición, el contexto se construye como
intelección (Condor y Antaki, 2010, p. 456) sobre la base de representaciones
mentales individuales y culturales de los usuarios del lenguaje en relación con
las propiedades de la situación social específica (Román, 2018, p. 185). Por
eso, el contexto asume la condición de representaciones subjetivas que se
comparten, merced al lenguaje, a gran escala en la sociedad para, entre otras
funciones, supervisar la producción y comprensión del discurso semántico, oral
y textual (Van Dijk, 2020, p. 31) y evaluar la situación social que constituye
el foco del discurso (Román, 2018, p. 185).[8]
c) Poder: es una relación específica entre grupos sociales e
institucionales cuyo concepto explicativo es el control, es decir, existe poder
si una persona o un grupo controla a otra persona u otro grupo. En cuanto al
tema aquí abordado, el vínculo discurso-poder sobresale en tanto el primero se
dirige e interpreta para expresar una intención de control que lleva a los
interlocutores a actuar según lo desee la persona o el grupo dominante (Román,
2018, pp. 180-181). Por último, el tándem discurso-poder se justifica en
vista de que el lenguaje del que se nutren los discursos es, en palabras de
Habermas (1971), un medio de dominación y fuerza social que sirve para
legitimar relaciones de poder organizado. En síntesis, el lenguaje con el que
se construyen los discursos es un espacio permanente de lucha, donde los grupos
que integran la clase social dominante imponen los usos correctos y adecuados a
los demás actores.
d) Ideología: superada su concepción como engaño y mecanismo
de dominación (Tasa, 2021, p. 24), se entiende, en condición de interfaz entre
los intereses del colectivo y las prácticas sociales que sus integrantes habrán
de cumplir para alcanzarlos (Van Dijk, 2020, pp. 28-29). Se desarrolla para
resolver problemas específicos relativos a la coordinación de los actos o las
prácticas de los miembros individuales del grupo, ya que, al compartirse, las
ideologías ofrecen un estándar conductual en virtud del que, frente a
situaciones similares, los sujetos están llamados a actuar de modo similar (Van
Dijk, 2000, p. 52).
Además de coordinar a los individuos, las ideologías
organizan las creencias del grupo para que este pueda autodefinirse (Van Dijk,
2000, p. 22);[9]
de tal manera, las estructuras ideológicas pueden manifestarse en expresiones
discursivas específicas y relativas a las contrapartes mentales de las
categorías sociales, tales como la identidad grupal, las actividades del
colectivo, los valores, los objetivos, la posición y los recursos (Van Dijk,
2000, pp. 56 y 58).
Sobre
la base de esos cuatro aspectos que confluyen en la construcción del fenómeno
discursivo, los Estudios Críticos del Discurso (ECD)[10]
se asumen como un paradigma de análisis teórico –una herramienta– que entiende
de modo especial el vínculo entre el lenguaje y la sociedad, así como las
relaciones y las prácticas que a partir del primero se concretan en el marco de
la segunda.
Por
este motivo, es posible señalar que con esa herramienta se estudia el uso del
lenguaje en la formación de los discursos y desde una perspectiva
contextualizada (Calsamiglia y Tusón, 1999, p. 98), dado que también está
especialmente pendiente de tres niveles de relación que, en el espacio social,
el discurso teje con la sociedad,[11]
el poder[12]
y la ideología.[13]
Con el
propósito de dar especial atención a esas relaciones es que, en su método de
trabajo, los ECD no solo se nutren de aportes interdisciplinarios, sino que
también ofrecen alternativas teóricas para comprender y explicar las notas
distintivas del discurso de los hablantes; justo por esa razón es que, en su
seno, se obtienen resultados de un alto carácter interpretativo. De ahí se
obtienen tres condiciones que son relevantes de mencionar:
a) Los ECD y quienes los aplican asumen un rol socialmente
comprometido frente al discurso, es decir, basado en posiciones críticas.
b) La implicación de los estudiosos críticos del discurso no
supone un desprecio a “la objetividad científica”, pues para ese fin se recurre
a una rigurosidad metodológica similar a las empleadas en otros enfoques del
análisis del discurso (Fairclough y Wodak, 2000, p. 368).
c) Los ECD muestran un alto contenido interdisciplinar
porque el fenómeno que estudian –el discurso– es ampliamente transversal y
constituye un elemento permanente de la interacción social. Ese carácter
interdisciplinar le viene dado a los ECD por el hecho de que el análisis de las
estructuras del texto o la conversación que integran el discurso requiere un
modo que combina aspectos sociológicos, lingüísticos, cognitivos, semióticos,
antropológicos y de otra índole (Van Dijk, 1978, p. 10), por lo que resulta
natural recurrir a saberes, técnicas y recursos de distintas disciplinas, más
allá, incluso, de las letras.[14]
Hecha
esta breve introducción, es preciso aclarar que este estudio trata acerca de un
fenómeno de relevancia social –los pronunciamientos de autoridades judiciales–
desde la perspectiva jurídica. Por ende, el uso de los ECD habrá de entenderse
enmarcado en ese ámbito, el cual es solo una de las subestructuras sociales
vigentes, aunque de las más institucionalizadas (Van Dijk, 1978, p. 24) en
virtud de su alta convencionalización y la rigidez de sus reglas.
Así,
el interés de la lingüística en el Derecho reside, además de en el ya comentado
uso de los textos para el desarrollo del segundo, en el hecho de que, a partir
de estos recursos, el operador jurídico moldea y transforma con palabras lo que
se considerará Derecho (Pardo, 1992, p. 24). Por ello, el discurso adquiere un
valor medular en una de las más destacadas proyecciones del Derecho: la
interpretación.[15]
Y de
ahí, finalmente, se obtiene la conexión entre el lenguaje y el discurso
jurídico con las sentencias judiciales, en tanto las decisiones que los jueces
emiten al interpretar una norma y adjudicar el Derecho son puestas a
disposición de las partes y la sociedad en su conjunto por la vía del discurso,
lo que afirma la participación de estos agentes –como autores del texto de su
decisión– en el contexto social ampliamente considerado.
5. La pragmática en los ECD a partir de la teoría de
los actos de habla
Al valerse del lenguaje y los discursos para comunicarse,
los individuos realizan varias acciones en paralelo, pues no solo emiten
estructuras abstractas de sonidos o construyen textos por la vía de grafemas,
sino que con estas estructuras y textos afectan, a su vez, la dimensión social
en la que el discurso ocurre.
Concentrándose en las sentencias
como textos que expresan discurso, su análisis podría darse desde distintos
niveles, por ejemplo: fonético/fonológico, morfosintáctico, sintáctico,
semántico y pragmático.
Este estudio se dirige a profundizar
en el último de esos niveles y considera el discurso de los jueces como acción
emitida en un contexto determinado; de forma que, al producir sus sentencias,
los jueces también realizan un acto social cuyos efectos tienen la virtud de
influir en el entorno material e inmaterial de las partes involucradas, así
como de todos los agentes sociales.
De ahí que, en términos pragmáticos,
el contexto asuma un papel definitorio y se entienda como el cúmulo de
elementos lingüísticos y extralingüísticos que circundan una situación
comunicativa; entre los del primer tipo –de contenido y carácter lingüístico–
se incluyen aquellos que permiten interpretar y crear expectativas respecto de
los enunciados: tema, marco, canal, código, forma del mensaje, tipo de evento y
características de los participantes (Brown y Yule, 1983); en cuanto a los del
segundo tipo, se cuentan el entorno físico, el comportamiento discursivo de los
partícipes, el contexto o entorno contextual, la intertextualidad y los
elementos cognitivos (Calsamiglia y Tusón, 1999, p. 109).
Como fenómeno complejo que es,
distintas teorías han buscado explicar el contexto y su influencia en la
situación comunicativa. Con diferencia, una de las corrientes más influyentes
es la propuesta por Austin (1990) y complementada por Searle (1975 y 1990),
primero en solitario y luego en conjunto con Vanderveken (1985), respecto de
los actos de habla (Speech acts).
Explicado en forma breve,[16]
Austin (1990) observó que existen enunciados (utterances) que, al pronunciarse, llevan a que su agente, en el
cumplimiento de un rol determinado, produzca una acción distinta de las conductas
requeridas para su verbalización. Así, afirmó que de modo habitual ocurren
escenarios en los que decir algo implica, forzosamente, hacer algo.
La base teórica austiniana le conduce a formular uno de los principales aportes de
su modelo: la diferenciación de los distintos sentidos en que decir algo
constituye hacer algo. Así, propone tres niveles de distinción en los
siguientes términos: acto locucionario (locutionary
act),[17]
acto ilocucionario (ilocutionary act)[18]
y acto perlocucionario (perlocutionary
act)[19]
(Austin, 1990, pp. 138, 144 y 145).
Sobre la base de sus postulados,
Austin ofrece una clasificación de enunciados realizativos explícitos que
demuestran o denotan fuerza ilocucionaria en una expresión; así, ubica cinco
principales tipos de actos de habla: a) judicativos;[20]
b) ejercitativos;[21]
c) compromisorios;[22]
d) comportativos;[23]
y e) expositivos.[24]
En un desarrollo posterior, Searle
(1975 y 1990) profundizó algunos de los conceptos de Austin y buscó reparar
algunas de las deficiencias de esa teoría;[25]
entre sus muchos aportes, destaca el remozamiento de la taxonomía de los actos
de habla austinianos, esfuerzo que
fue consolidado en colaboración con Vanderveken (1985).
Del trabajo conjunto de ambos
teóricos, se obtiene que todos los enunciados que pronunciamos tienen el valor
de una declaración performativa; es decir, declaraciones cuyo contenido es que
el hablante realiza un acto denominado por el verbo que marca la acción: un
verbo performativo (Searle y Vanderveken, 1985, p. 3).
Como punto de partida, Searle y
Vanderveken (1985, p. I) fijaron que todo acto ilocucionario se compone de una
fuerza ilocucionaria y un contenido proposicional, elementos que deben
distinguirse porque una idéntica fuerza ilocucionaria (una orden) puede ser
alcanzada con distintos contenidos proposicionales (“¡te ordeno que cierres la
puerta!”, “mejor cierra la puerta”, “¿por qué dejas la puerta abierta?”).
Las variaciones existentes entre las
distintas fuerzas ilocucionarias llevaron a Searle (1975) a identificar, y
luego defender con Vanderveken (1985), doce dimensiones en las cuales los actos
ilocucionarios difieren. Según los autores, de todas esas dimensiones, tres
asumen un carácter determinante:
1.
Diferencias en el punto ilocucionario (ilocutionary
point): el punto ilocucionario es entendido como el propósito esencial del
acto ilocucionario, que forma parte de, pero no es igual a la fuerza
ilocucionaria (una solicitud, una orden, una declaración, etc.).
2.
Diferencias en la dirección de ajuste (direction
of fit): refiere a las posibilidades de relación entre los contenidos
proposicionales y el “mundo” en que se emiten los enunciados (la realidad). Con
este criterio se determina si lo enunciado se ajusta al “mundo” en el que se
emite (word to world: una descripción),
si el “mundo” en que se emite se ajusta a lo que se enuncia (world to word: una promesa o una orden),
si logra ambas direcciones a la vez (double
direction of fit: bautizar a un niño) o ninguna de ellas (null direction of fit: la expresión de
un sentimiento).
3.
Diferencias en los estados psicológicos expresados: se vincula a los estados
psicológicos de la persona (actitud, estado de ánimo) que lleva a cabo la
acción a través del enunciado (una creencia, un deseo y una intención).
A partir de esa tríada como
parámetro y empleando la fuerza ilocucionaria en condición de noción básica, se
identifica una cantidad finita de acciones (fuerzas ilocucionarias) que las
personas llevan a cabo a través del lenguaje, estas son: a) decir cómo son las
cosas; b) intentar hacer que alguien haga algo; c) comprometerse uno mismo a
algo; d) provocar cambios en el mundo a partir de los enunciados; y e) expresar
sentimientos y actitudes (Searle, 1975, p. 369; Searle y Vanderveken, 1985, p.
52).
Estas acciones corresponden a cada
uno de los tipos de acto ilocucionario propuestos para sustituir las categorías
de Austin: a) afirmativo, b) directivo, c) comisivo, d) declarativo y e)
expresivo.
6. Comportamiento pragmático de los jueces
costarricenses: el caso de la Sala Constitucional y el Tribunal Supremo de
Elecciones de Costa Rica
A nivel infraestructural del
Estado Constitucional de Derecho, en Costa Rica ocurre una particularidad que
distingue su modelo, la cual consiste en que, en su seno, conviven dos
tribunales constitucionales creados por el constituyente costarricense.
De un
lado, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (SC) y, de otro,
el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) realizan tareas propias de tribunales
constitucionales,[26] el
segundo desde una posición especializada al tutelar, en exclusiva, los derechos
fundamentales político electorales de la población costarricense.
Ambas
autoridades judiciales están integradas por magistrados y magistradas que
desarrollan sus actividades como tribunales de justicia; es decir, ante su
sede, las personas presentan reclamos que son resueltos de acuerdo con la
técnica jurídica en sentencias que incluyen, fundamentalmente: a) un recuento
de los hechos más relevantes del caso; b) los argumentos y razonamientos sobre
los que los tribunales se basan para emitir su decisión, construidos a partir
de la normativa de aplicación en específico; y c) la decisión y las medidas u
órdenes que se consideren necesarias a fin de lograr la aplicación del criterio
de cada uno de esos documentos.
Esa
estructura de las sentencias es común en el ámbito judicial costarricense; no obstante esa familiaridad, que definitivamente invita al
análisis, la academia no ha profundizado en cuanto a las implicaciones
derivadas, a nivel lingüístico, de esos textos. Mucho menos ha inquirido acerca
de las características pragmáticas que asume el discurso de las sentencias a
fin de fundamentar y presentar la decisión por la que se han inclinado los
jueces.
Constatada
esa carencia, este estudio constituye un corpus de diecisiete sentencias
de los dos tribunales constitucionales costarricenses para su examen, a partir
de un criterio eminentemente cualitativo: las decisiones que, de acuerdo con la
literatura especializada,[27] han
encarnado los más recientes e importantes conflictos entre las jurisdicciones.
La Tabla
1 recoge los datos principales de estas sentencias y el modo en que, a través
de esas decisiones, la SC y el TSE han interactuado conflictivamente.
Tabla 1.
Sentencias de la SC y el TSE integradoras del corpus
de investigación
|
Número
sentencia |
Tribunal
|
Motivo |
Interacción
|
|
3401-E9-2008 |
TSE |
Autorización recolección de firmas referéndum |
SC: 13313-2010 |
|
13313-2010 |
SC |
Anula autorización recolección de firmas de sentencia
3401-E9-2008 |
TSE: 13313-2010 |
|
6187-E9-2016, 8455-E9-2016 y 860-E9-2017 |
TSE |
Trámite y autorización de recolección de firmas
referéndum |
SC: 13270-2019 |
|
13270-2019 |
SC |
Anula trámite y autorización recolección de
firmas de sentencias 6187-E9-2016, 8455-E9-2016 y 860-E9-2016 |
TSE: 6187-E9-2016, 8455-E9-2016 y 860-E9-2016 |
|
1816-E9-2016 y 2360-E9-2016 |
TSE |
Autorización recolección de firmas referéndum |
SC: 13316-2020 |
|
13316-2020 |
SC |
Anula trámite y autorización recolección de
firmas de sentencias 1816-E9-2016 y 2360-E9-2016 |
TSE: 1816-E9-2016 y 2360-E9-2016 |
|
3671-E8-2010, 3603-E8-2016 y 1724-E8-2019[28] |
TSE |
Emite y reafirma criterio jurisprudencial |
SC: 16070-2015 |
|
16070-2015 |
SC |
Anula criterio jurisprudencial de 3671-E8-2010 |
TSE: 3671-E8-2010, 3603-E8-2016 y 1724-E8-2019 |
|
11633-2019 |
SC |
Somete a evaluación criterio jurisprudencial de
1724-E8-2019 |
TSE: 1724-E8-2019 |
|
17833-2014 |
SC |
Anula criterio jurisprudencial |
TSE: 3671-E8-2010, 3603-E8-2016 y 1724-E8-2019 |
|
2120-M-SE-2017 y 5810-M-2017 |
TSE |
Contradice criterio de sentencia 17833-2014 |
SC: 17833-2014 |
Nota: La tabla contiene el número de identificación
de las sentencias integrantes del corpus, el tribunal encargado de su
emisión y la interacción que se genera, a partir de su contenido, con otras
sentencias del propio corpus.
Sobre la base de este texto, a continuación, se
rinde un análisis novedoso y pormenorizado acerca del discurso de los jueces
constitucionales y electorales costarricenses; novedoso porque descansa en una
herramienta que, aunque no del todo ignorada por los juristas, sí ha sido poco
empleada en este ámbito a pesar de sus altos niveles de relevancia y
pertinencia (Ho, 2006, pp. 6-7; Witczak-Plisiecka, 2013, p. 614); y
pormenorizado porque, aunque contempla los dos niveles de examen propuestos por
Van Dijk (1978) para el estudio del texto, el macro y microestructural, se
concentra en el segundo para incrementar la profundidad del estudio y, con
ello, la potencia de sus resultados.
6.1 La
estructura macropragmática de las sentencias de la SC y el TSE
Las sentencias judiciales se
presentan como marcos cognitivos convencionales que se emiten en un contexto
institucional-formal (Van Dijk, 1977, p. 219) y se plasman en una estructura
lingüístico-discursiva con la que los jueces constitucionales y electorales
“dicen” algo (acto locucionario) y, a la vez, “hacen” otro tanto (acto
ilocucionario) para incidir en la realidad al mediar un conflicto jurídico
(acto perlocucionario). Es decir, tienen un alto carácter performativo.
Ahora
bien, la revisión de todos los textos incluidos en el corpus permite
identificar que esos marcos, como se adelantó, tienen una estructura similar:
un encabezado que identifica las particularidades del procedimiento; la
indicación (numerada) de los hechos relevantes para la decisión; la
individualización del juez redactor de la sentencia; los fundamentos jurídicos;
la declaración del veredicto; y, por último, las firmas de los jueces
intervinientes. Donde los hubo, también se incluyeron votos disidentes y notas
separadas (en las que el juez redactor ofrece razones particulares en
complemento de las de mayoría).
En el
aspecto pragmático, y siguiendo a Van Dijk (1977, p. 228) en el sentido de que
los actos de habla pueden analizarse a partir de las secuencias que en muchos
casos forman, en los textos que integran el corpus de la investigación,
se identifican actos de habla globales –o macroactos de habla– que, comunes a
los textos en general (una carta que se lee como una amenaza o una ley como una
prohibición), en las sentencias analizadas sirven a los jueces costarricenses
en su interacción.
Estos
macroactos de habla, que expresan globalmente objetivos de poder, son: a) una
autorización;[29] b) la
anulación de esa autorización; c) la emisión de un criterio interpretativo;[30] d) la
anulación de ese criterio interpretativo y su reformulación;[31] d) el
desconocimiento de una decisión donde se anula un criterio interpretativo;[32] y e)
la reafirmación de un criterio interpretativo anulado.[33]
El
segundo aspecto relevante en punto al nivel macroestructural del discurso de
los jueces de la SC y el TSE se relaciona con la propuesta de Bernal (2008),
quien defiende que la decisión expresada en las sentencias implica actos
ilocucionarios que pueden evaluarse, a nivel global, pues normalmente implican
secuencias de actos de habla, cuando el juez escribe o enuncia las premisas
mayor y menor, así como su conclusión (la decisión). Estas son fuerzas
ilocucionarias globales que se desprenden de la comprensión del texto apreciado
en su conjunto.
En cuanto
a la premisa mayor (regla general), el autor apunta, recurriendo a Searle y
Vanderveken (1985), que en su construcción intervienen tres fuerzas
ilocucionarias: una afirmativa[34] y dos
declarativas[35]
(diferenciadas por su utilidad); en igual medida, al presentar la premisa menor
(declaración “subsuntiva”) intervienen idéntico número y tipo de fuerzas
ilocucionarias: una afirmativa[36] y dos
más declarativas[37]
(Bernal, 2008, pp. 404-409).
Finalmente,
respecto de la decisión, el autor afirma que el juez lleva a cabo actos de
habla típicamente declarativos[38] y,
excepcionalmente, directivos y expresivos.
Frente a
esa base teórica, y dado que todas las decisiones examinadas de la SC y el TSE
cumplen una estructura argumental silogística, se afirma que, salvo las de
carácter expresivo en la decisión, en la totalidad de la muestra de sentencias
del corpus aparecen las macrofuerzas ilocucionarias descritas por Bernal
(2008) y, además, en los términos funcionales en que el autor los plantea.[39]
Es decir,
en las sentencias, se encuentra una regla general frente a la que es
contrastado el caso concreto (que es una situación de hecho), operación
intelectiva de la que resulta una decisión en la que el juez declara el derecho
y, como corolario de sus razonamientos, adjudica la razón a una de las partes
(Hernández, 2019, p. 105).
6.2 La
estructura micropragmática de las sentencias de la SC y el TSE
Consideradas ahora como entidades
individuales, los actos de habla integran, como una constelación interconectada
lógica y funcionalmente, el discurso con que los jueces presentan su decisión
en calidad de un conjunto de argumentos desplegado para persuadir a las partes
intervinientes, terceros interesados y la sociedad en su conjunto.
Desde esa
óptica, los actos de habla que componen las sentencias judiciales son las
acciones mentales y lingüísticas de los jueces para motivar su decisión, “y
motivar una decisión judicial consiste ... en intentar probar que la decisión
es conforme al Derecho, sobre todo que la decisión es materialmente conforme al
Derecho o dice el Derecho” (Hernández, 2019, p. 105). En el caso concreto del
estudio, se trata de las unidades microestructurales que, articuladas, forman
las sentencias que contienen una decisión judicial.
Para
examinar ese discurso puede recurrirse a distintas técnicas y aproximaciones;
aquí se empleará una codificación novedosa, de orden cualitativo, que al
aplicarse al corpus arroja datos cuantitativos para perfilar
“pragmalingüísticamente” los rasgos del discurso judicial.
Así, esta
investigación sigue las de Murphy (2015) –sobre las disculpas en el Parlamento
británico– y Bayat (2013) –acerca del discurso de profesores de preescolar en
Turquía–, y se concentra en los fundamentos jurídicos de los jueces
costarricenses –actos de habla denominados “estrategias de fundamentación”– en
las sentencias del corpus, los contabiliza y clasifica en una tipología
inédita de estrategias de fundamentación, a las cuales, en cada caso, se
apareja una fuerza ilocucionaria de las propuestas por Searle y Vanderveken (1985).
Valga
aclarar que no todo el texto de las decisiones judiciales será objeto de
contabilización y clasificación, esto porque la atención del estudio se dirigió
a los fundamentos jurídicos, es decir, la argumentación de los jueces; ello
resulta acorde con lo señalado por Van Eemeren y Grootendorst (1992, p. 158) en
el sentido de que la reconstrucción argumentativa de un texto puede obviar
aquellos actos de habla que no son absolutamente indispensables para la
decisión emitida. De ese modo, también se sigue a Tuzet (2018, p. 56) en el
sentido de que, bajo un perfil pragmático, se describe solo aquello que es
relevante en un intercambio comunicativo; en este caso, la argumentación
judicial.
El
análisis practicado en las sentencias del corpus permitió identificar
que los jueces constitucionales y electorales costarricenses emitieron un total
de 1 358 microactos de habla: 675 del TSE y los restantes 683 de la SC. A
partir de su función para el discurso de los textos, esos microactos de habla
fueron englobados en nueve categorías de estrategias de fundamentación.
La Tabla
2 resume cada una de estas estrategias, su utilidad, el tipo de fuerza
ilocucionaria aparejado y un ejemplo por categoría.
Tabla 2.
Estrategias de fundamentación en el discurso de los
jueces costarricenses
|
Estrategia |
Funcionalidad |
Fuerza
ilocucionaria |
Ejemplo |
|
Dispositivos indicadores de necesidad |
Enuncian la necesidad de un análisis o una
consideración. Distintos grados de intensidad |
Comisiva: juez se compromete con el análisis o la
consideración |
“Es menester agregar que los derechos de las
minorías, por su carácter irrenunciable, constituyen un asunto eminentemente
técnico jurídico ...” (SC, 13313-2010) |
|
Consecuencias |
Señalan la consecuencia de una situación o
razonamiento. Distintos grados de intensidad o carácter hipotético |
Declarativa: juez concluye lo enunciado y provoca
estado de cosas representado en la consecuencia |
“Por consecuencia, dicha interpretación
jurisprudencial específica se deja sin valor por ser, en sus efectos, contraria
al principio de igualdad y a la equidad de género ...” (SC 16070-2015) |
|
Declaraciones conclusivas |
Declaran la conclusión extraída de las premisas
del razonamiento |
Declarativa: juez declara la conclusión a partir
de las premisas seleccionadas |
“Sin embargo, tomando en consideración que los
vicepresidentes solo pueden desempeñar el cargo de presidente en sus
ausencias temporales o definitivas (artículo 135 de la Constitución
Política), el cargo de presidente es único, por lo que la candidatura puede corresponder
a una persona de cualquier sexo” (TSE, 3671-E8-2010) |
|
Afirmaciones |
Aseveraciones incluidas en la sentencia |
Afirmativa: juez representa el estado de cosas
del mundo que es relevante para su decisión |
“La Constitución Política establece dos tipos de
reforma: parcial y general” (TSE, 6187-E9-2016) |
|
Recursos de citación |
Refieren a voces autorizadas para describir,
reafirmar o justificar la decisión |
Comisiva: al citar los pareceres u opiniones de
la autoridad de que se trate, el juez se compromete con su contenido |
“Con acierto, los Tribunales de Justicia, desde
la sentencia Barahona Streber contra el Estado, hicieron, ya hace muchos
años, esa elemental distinción” (SC, 17833-2014) |
|
Autorreferencias |
Interpretaciones en que los jueces fijan o
modifican las propias competencias, o bien, sus posturas valorativas |
Mixta, declarativa y comisiva: al mismo tiempo,
el juez provoca el estado de cosas de la proposición y se compromete con ese
criterio relativo a sus competencias o valoraciones |
“Este Tribunal comparte plenamente el principio
mediante el cual la democracia no solamente implica el gobierno de las
mayorías sino, también, el respeto a las minorías” (TSE, 3401-E9-2008) |
|
Heterorreferencias |
Interpretaciones de los jueces en los que se
refieren a las competencias y funciones del tribunal contraparte |
Mixta, declarativa y comisiva: el juez declara lo
que observa en la realidad, provoca el estado de cosas de su proposición y, a
la vez, se compromete con su criterio |
“Nótese que la especialidad y exclusividad que
tiene el Tribunal Supremo de Elecciones lo es en la materia electoral, y no
en la administrativa, donde, en este último ámbito, cuando incursiona, sus
actos quedan sujetos al control jurisdiccional” (SC, 17833-2014) |
|
Dispositivos indicadores de énfasis |
Marcan el acento en los planteamientos a través
de indicadores explícitos de énfasis o reiteraciones |
Mixta, afirmativa y declarativa: juez presenta
una creencia acerca del estado de cosas del mundo y, a la vez, declara lo que
observa para provocar el estado de cosas del enunciado |
“La Sala debe enfatizar que el proceso de reforma
de la Constitución es un proceso agravado y claramente delimitado desde la
misma Constitución Política, y desde la misma integración del Derecho de la
Constitución ...” (SC, 13270-2019) |
|
Órdenes procesales |
Indicaciones procesales enunciadas de modo
imperativo |
Directiva: mandatos imperativos del juez para,
principalmente, asegurar el cumplimiento de su decisión |
“Se orden la publicación, en el Diario Oficial La
Gaceta, del proyecto con las indicadas correcciones, con el fin de garantizar
su publicidad y adecuada difusión” (TSE, 8455-E9-2016) |
Nota: La tabla recoge las estrategias de
fundamentación identificadas en el discurso de las sentencias del corpus,
el atributo funcional de cada una de esas estrategias, así como la fuerza
ilocucionaria que las distingue. A modo ilustrativo, se incluye un ejemplo de
cada tipo de estrategia de fundamentación.
Por su parte, la Tabla 3 describe
el impacto cuantitativo de esas estrategias de fundamentación en las sentencias
del corpus de la investigación según cada tribunal.
Tabla 3.
Estrategias de fundamentación en el corpus
de la investigación
|
Estrategia |
SC |
TSE |
Diferencia |
|
Dispositivos indicadores de necesidad |
51 (7,5 %) |
33 (4,9 %) |
2,6 % (SC) |
|
Consecuencias |
82 (12 %) |
53 (7,9 %) |
4,1 % (SC) |
|
Declaraciones conclusivas |
286 (41,9 %) |
261 (38,7 %) |
3,2 % (SC) |
|
Afirmaciones |
146 (21,4 %) |
139 (20,6 %) |
0,8 % (SC) |
|
Recursos de citación |
82 (12 %) |
95 (14,1 %) |
2,1 % (TSE) |
|
Autorreferencias |
13 (1,9 %) |
47 (6,9 %) |
5 % (TSE) |
|
Heterorreferencias |
9 (1,3 %) |
5 (0,7 %) |
0,6 % (SC) |
|
Dispositivos indicadores de énfasis |
5 (0,7 %) |
14 (2,1 %) |
1,4 % (TSE) |
|
Órdenes procesales |
9 (1,3 %) |
28 (4,1 %) |
2,8 % (TSE) |
|
Totales |
683
(100 %) |
675
(100 %) |
|
Nota: La tabla consigna las cifras de ocurrencia de
las estrategias de fundamentación en las sentencias del corpus. Esos
datos permiten ofrecer un balance comparativo entre la praxis discursiva de
cada uno de los tribunales costarricenses, el que se expresa como una
diferencia en el hacer discursivo de esas autoridades judiciales.
Partiendo de los datos de la
anterior tabla, puede afirmarse que los comportamientos pragmático-discursivos
de ambos tribunales son, si no idénticos, al menos sí bastante parecidos.
En primer
lugar, esto resulta de que, sobre la base de las
sentencias del corpus, fue posible elaborar una clasificación común de
estrategias de fundamentación a las que recurrieron, de hecho, ambos tribunales
costarricenses para la justificación de sus decisiones. A ese respecto, téngase
presente que las diferentes categorías de estrategias de fundamentación fueron
construidas a partir de una aproximación inductiva; es decir, identificados los
microactos de habla, se establecieron parámetros de subsunción comunes para dar
a luz a esas categorías como entidades diferenciadas.
En
segundo lugar, la similitud en los comportamientos pragmático-discursivos de
los jueces que integraron la muestra del estudio despunta del coeficiente
diferencial presentado en la Tabla 3 (“Diferencia”).
Este fue
calculado sobre la base de las diferencias en los promedios de cada una de las
categorías –sea, respecto de su uso– y muestra, en términos porcentuales,
cuánto más recurrió a esa estrategia de fundamentación en concreto uno de los
dos tribunales (el enunciado contiguo al porcentaje).
Salvo
tres excepciones,[40] los
valores presentados en esa columna se mantienen por debajo del tres por ciento
de diferencia (tomando el 0 % como la perfecta simetría), mientras que, desde
una visión consolidada (sumando cada uno de esos coeficientes en beneficio del
tribunal que más recurre a ellos), el coeficiente general asciende, tan solo,
al 0,6 %.
Desde esa
plataforma de resultados se insiste en que, en su condición de altos jueces
costarricenses, los integrantes de la SC y el TSE asumen comportamientos
pragmático-discursivos similares, ya que no solo presentan sus decisiones con
una estructura idéntica, sino que, además, estas se hacen descansar en silogismos
que emplean estrategias análogas al construir las premisas: dispositivos
indicadores de necesidad y énfasis, consecuencias, declaraciones conclusivas
(parciales, en este caso), afirmaciones, recursos de citación, así como auto y
heterorreferencias. En la presentación de la conclusión del silogismo, por su
parte, interviene un único tipo de estrategia: las declaraciones conclusivas.
Lo dicho
constata un modus operandi pragmático-discursivo que comparten los
magistrados de ambos tribunales en su condición de “mediadores” de la
interpretación de las normas. Al respecto, debe tenerse presente que, sin serlo
formalmente, los integrantes del órgano electoral se comportan en su pragmática
discursiva como jueces del tribunal constitucional, aspecto que abona a la
tesis de Sobrado (2018) y otros acerca del estatus de jueces de los miembros
del TSE y a su otrora reconocido rol de “tribunal constitucional
especializado”.
Finalmente,
el último punto por destacar tiene que ver con las particularidades en el comportamiento
pragmático-discursivo de cada tribunal. Así, de acuerdo con los datos obtenidos
de la Tabla 3, es palpable que, en las sentencias de la SC, priman determinadas
estrategias de fundamentación, a partir de su uso más recurrente, en
comparación con el TSE, de ahí que resulte posible caracterizar su discurso
como uno más consecuencialista y que recurre, al menos ligeramente, a más
afirmaciones sobre los hechos y el Derecho de los casos del corpus.
Asimismo, declara más habitualmente conclusiones en sus decisiones y, por
último, elabora con más frecuencia acerca de las competencias del TSE en
comparación con las ocasiones en que este último se refiere a las competencias
de la propia SC.
Por su
parte, las estrategias pragmático-discursivas del TSE utilizan más voces de
autoridad sobre las cuales fundamentan sus decisiones (recursos de citación) a
la vez que los jueces de ese tribunal son más proclives a traer a colación sus
propias competencias y valoraciones que las de la SC. También, el suyo es un discurso
con mayor tendencia al énfasis de las argumentaciones y, finalmente, a las
órdenes dictadas en el marco de los procedimientos en que se emiten sus
decisiones.
6. Conclusiones
En las sentencias judiciales, los jueces transmiten el
discurso de sus decisiones con un objetivo perlocucionario en común: convencer
a los lectores (las partes, el tribunal contraparte y la sociedad en su
conjunto) de que, con su decisión, crean el Derecho que permite zanjar disputas
de variada índole (Witczak-Plisiecka, 2013, p. 635).
Con esa operación, el lenguaje
jurídico constituye una forma de acción contextualizada que, en las sentencias
de los jueces, materializa su discurso valiéndose de un texto que, entre otras
características, es una manifestación institucional del poder delegado a esas
autoridades y en cuya construcción priman, a nivel pragmático, estructuras
argumentativas y retóricas.
Por todos esos caracteres, aunado al
déficit analítico que persiste en materia del discurso judicial, es relevante
estudiar el comportamiento pragmático de estos actores, esenciales en todos los
regímenes democráticos y, especialmente, en Costa Rica, por ser esta la
democracia más longeva y estable de toda América Latina (Sobrado, 2018).
Para ello, los Estudios Críticos del
Discurso y la Teoría de los Actos de Habla ofrecen un instrumental teórico
apropiado en el tanto, al ser aplicadas a un corpus de sentencias en Costa Rica, parten de que ese discurso
judicial es una forma de actuación controlada, dentro del respectivo contexto,
que denota poder como expresión ideológica.
Profundizado en esa aplicación de
los ECD y la TAH, a las sentencias de la Sala Constitucional y el Tribunal
Supremo de Elecciones, dos de las autoridades judiciales más relevantes de ese
país, queda en evidencia que, a nivel global, esas piezas textuales sirven para
manifestar objetivos de poder que, en el caso concreto, se encuentran en pugna:
la emisión de una autorización y su posterior anulación; la emisión de un
criterio interpretativo, su posterior anulación y su reformulación; el
desconocimiento de una decisión que anula un criterio interpretativo y, en
paralelo, la reafirmación de ese criterio anulado.
También, a nivel global, de las
sentencias de los jueces costarricenses se desprenden macrofuerzas ilocucionarias,
a partir de lo enunciado por Searle y Vanderveken (1985), que responden a la
estructura silogística argumentativa de la que se valen esos tribunales para
perseguir y eventualmente alcanzar los objetivos retóricos trazados. Estas, y a
partir del planteamiento de Bernal (2008), están presentes en la construcción
de las premisas mayor (macrofuerzas afirmativa y declarativa) y menor
(macrofuerzas afirmativa y declarativa), así como la conclusión que de ellas
construye el juez (macrofuerzas declarativa y directiva).
Por su parte, aún en el nivel
pragmático-discursivo, pero ahora con un enfoque micro, del estudio de las
sentencias del TSE y la SC que integraron el corpus se extrae una novedosa categorización de los actos de habla
con que, de hecho, los jueces de esos órganos justifican sus decisiones.
En esos documentos judiciales queda
patente que, con los enunciados que integran el fundamento de sus criterios,
los jueces hacen nueve cosas en concreto: indicar una necesidad, señalar una
consecuencia, declarar una conclusión, realizar una afirmación, citar una voz
autorizada, generar una autorreferencia respecto de sus competencias y
valoraciones, generar una heterorreferencia respecto de las competencias y
funciones del otro tribunal, indicar un énfasis y dar una orden.
La cuantificación de esas distintas
estrategias de fundamentación permite, a partir de un análisis de sus
frecuencias, construir un panorama preciso acerca del comportamiento
discursivo-pragmático de los citados tribunales costarricenses. Con ello, queda
demostrado que los jueces de uno y otro tribunal elaboran un discurso de signos
similares a partir de un proceso común de justificación de sus decisiones; ese
rasgo conductual no soslaya el hecho de que, entre el discurso de unos y otros
jueces, se susciten particularidades que diferencian pragmática y
discursivamente sus sentencias.
Por ejemplo, los jueces de la SC
recurren con mayor frecuencia a la enunciación de consecuencias, afirmaciones,
declaraciones de conclusiones y referencias a las competencias del TSE; por su
parte, el discurso de este último aparece más impregnado, en comparación con el
de la SC, de voces de autoridad externas, referencias a sus propias
competencias y valoraciones, indicaciones de énfasis y órdenes de naturaleza procedimental.
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