RGE_04_Vol_11_Num

Los sistemas educativos han incorporado diversos procesos y estrategias para mejorar la calidad educativa y una de estas acciones son las certificaciones y acreditaciones que evalúan los procesos de enseñanza aprendizaje. Este artículo tiene como objetivo analizar la función que desempeñan las certificaciones y acreditaciones otorgadas a las instituciones de educación superior, como una herramienta de transparencia y rendición de cuentas del uso de los recursos económicos que el estado asigna a las instituciones de educación superior públicas. Metodología: la presente investigación es de corte cualitativo, se utilizó el método interpretativo y la investigación documental. Resultados: las normas internacionales ISO (Organización Internacional de Normalización) y en concreto las especificaciones de la norma ISO 21001 y la norma ISO 21001:2018 cuentan con indicadores que muestran aspectos de rendición de cuentas. Conclusiones: la educación, y de manera específica, la educación superior es considerada un bien común y un medio fundamental para generar desarrollo económico y social en el país. Por tal razón, es imprescindible la existencia de mecanismos que den lugar a la transparencia y rendición de cuentas de las autoridades educativas, para que los recursos asignados estén destinados a la formación óptima de los profesionistas.

Palabras clave: certificaciones; acreditaciones; transparencia; rendición de cuentas; educación superior.

Abstract

Educational systems have incorporated a diversity of processes and strategies to improve educational quality and one of these actions are certifications and accreditations that evaluate teaching-learning processes. Aim: this article aims to analyze the role played by certifications and accreditations assigned to higher education institutions, as a tool for transparency and accountability on the usage of economic resources that the government assigns to public higher education institutions. Methodology: this research is qualitative; the interpretive method and documentary research were used. Results: ISO (International Organization for Standardization) and specifically the specifications of the ISO 21001 standard and the ISO 21001:2018 standard which have indicators that show aspects of accountability. Conclusions: education, specifically, higher education, is considered a common good and a fundamental means to generate economic and social development in the country. For this reason, the existence of mechanisms to raise transparency and accountability of educational authorities is essential, so that the allocated resources are destined for the optimal training of professionals.

Palabras clave: certifications; accreditations; transparency; accountability; higher education.

Resumo

Os sistemas educacionais têm incorporado diversos processos e estratégias para melhorar a qualidade educacional e uma dessas ações são as certificações e credenciamentos que avaliam os processos de ensino-aprendizagem. Mirar: este artigo tem como objetivo analisar o papel desempenhado pelas certificações e acreditações concedidas às instituições de ensino superior, como ferramenta de transparência e responsabilização pela utilização dos recursos económicos que o Estado atribui às instituições de ensino superior públicas. Metodologia: esta pesquisa é qualitativa, utilizou-se o método interpretative e a pesquisa documental. Resultados: as normas internacionais ISO (International Organization for Standardization) e especificamente as especificações da norma ISO 21001 e da norma ISO 21001:2018 possuem indicadores que evidenciam aspectos de responsabilização. Conclusões: a educação, e especificamente o ensino superior, é considerada um bem comum e um meio fundamental para gerar desenvolvimento económico e social no país. Por este motivo, é essencial a existência de mecanismos que dêem origem à transparência e à responsabilização das autoridades educativas, para que os recursos atribuídos sejam destinados à formação óptima dos profissionais.

Palavras-chave: certificações; acreditações; transparência; prestação de contas; ensino superior.

Introducción

De acuerdo con Can (2022), en el siglo XXI, se han establecido mecanismos jurídicos, políticos y económicos que permiten la consolidación de sociedades democráticas, así como la instauración de acciones que promueven la participación ciudadana en la exigencia de rendición de cuentas de las autoridades e instituciones. Esto con miras a construir “un nuevo patrón de gobernabilidad” (Martínez et al., 2007, p.15), que abra espacios de involucramiento y participación ciudadana. as 2).

De manera específica, Martínez et al. (2007) sostienen que la rendición de cuentas en el ámbito educativo ha sido un ejercicio desempeñado por la supervisión escolar, por los resultados obtenidos en las pruebas estandarizadas y por la labor de los Consejos de Participación Social en la Educación (CPSE), los cuales se instauraron en 1993 y se mantienen en la actualidad a través de la participación de los actores involucrados en el proceso educativo.

En esta investigación, se sostiene que, además de dichas acciones, las certificaciones y acreditaciones son instrumentos con los cuales las instituciones educativas públicas rinden cuentas a la sociedad sobre el uso eficaz y eficiente de los recursos asignados. El objetivo es identificar los elementos que contienen las normas internacionales ISO (Organización Internacional de Normalización) y en concreto las especificaciones de la norma ISO 21001 y la norma ISO 21001:2018 que convierten dichos instrumentos en mecanismos de rendición de cuentas.

Este trabajo es de corte cualitativo, se utilizó el método interpretativo y la investigación documental. Como primer paso, se llevó a cabo una revisión bibliográfica sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones y organizaciones. Posteriormente, se revisaron las certificaciones y acreditaciones que se aplican al ámbito educativo para retomar aquellos puntos en los que la certificación y acreditación requieran la clarificación de cuentas.

Las certificaciones y acreditaciones son procesos que iniciaron en el sector industrial, con la finalidad de establecer criterios mínimos para que sus productos o servicios fuesen considerados de calidad. Como muchos otros procesos, las certificaciones y acreditaciones se implementaron en el sistema educativo, con miras a establecer una educación de calidad que respondiera a las demandas globales de profesionalización. Cuando se habla de certificación y acreditación educativa, particularmente se vincula con el concepto de calidad (Casassus, 1997), ya que los orígenes empresariales de dicho proceso estaban dirigidos a mejorar el producto; y en este caso, a mejorar la oferta educativa de las instituciones.

Los cambios globales generados en la década de los ochenta trajeron consigo una serie de modificaciones en el sistema educativo. En dicho periodo, se inició la implementación de la evaluación educativa como un instrumento de calidad y esta última como un indicador en la asignación de recursos económicos. Con base en esto, en la década de los noventa, se incorporaron “nuevos esquemas de financiamiento basados en resultados de desempeño con la idea de incentivar la mejora de la calidad de los servicios educativos que brindaban las instituciones” (González, 2022, p. 96).

Las instituciones públicas reciben recursos económicos del subsidio ordinario federal y es complementado por el subsidio ordinario estatal. Dicho financiamiento es responsabilidad de los órganos de gobierno federal, estatal y municipal. Este recurso forma parte del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), coordinándolo con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en el Programa Sectorial de Educación (PSE) (González, 2022).

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Dirección General de Planeación y Programación (DGPP), asigna los recursos económicos a las instituciones de educación superior mediante “las asignaciones ordinarias, es decir, los subsidios y transferencias; los programas y fondos extraordinarios; y las asignaciones adicionales para atender necesidades inadvertidas” (González, 2022, p. 99). Esto trae consigo la obligación de transparentar y rendir cuentas por parte de las instituciones de educación superior sobre el uso de los recursos asignados para consolidar una educación de calidad en el país.

Referente Teórico

Rendición de cuentas: un acercamiento al concepto

De acuerdo con Uvalle (2016), la rendición de cuentas “es una acción que se inscribe en la dinámica de las relaciones de poder implícitas en el sistema político mexicano” (p. 37). Tiene la finalidad de contribuir en la consolidación de una democracia participativa en la que la sociedad civil ejerza un contrapeso al ejercicio del poder institucional. De manera más precisa, Can (2022) plantea que la rendición de cuentas es “un medio de control por parte de la sociedad ya que deben conocer cómo se ejerce el poder público, con el propósito de monitorear y vigilar el desempeño de las instituciones” (p. 3).

Existen tres tipos de rendición de cuentas. En primer lugar, la rendición horizontal, la cual consiste en la vigilancia ejercida por organismos estatales que se crean con la finalidad de inspeccionar a las autoridades e instituciones. En segundo lugar, la rendición vertical, que consiste en el ejercicio ciudadano de elegir a los representantes de gobierno (Can, 2022). Por último, la rendición diagonal “se produce cuando los ciudadanos recurren a las instituciones gubernamentales para conseguir un control más eficaz de las acciones del Estado” (Can, 2022, p. 5).

La rendición de cuentas es una estrategia que busca “prevenir y corregir abusos de poder: obliga al poder a estar sujeto a la inspección publica [sic] ; lo fuerza a justificar y explicar sus actos; y lo somete a las posibles sanciones” (Can, 2022, p. 4). Tal ejercicio se realiza a través de tres pilares: la información, la justificación y la sanción. De tal forma, “la rendición de cuentas involucra por tanto el derecho a recibir información y la obligación correspondiente de divulgar todos los datos necesarios”. Así como, “el derecho a recibir una explicación y el deber correspondiente de justificar el ejercicio de poder” (Can, 2022, pp. 4-5).

De manera específica, la rendición de cuentas en la educación está conformada por tres tipos de sistemas. El primero se refiere a la necesidad de cumplir con los reglamentos establecidos en las leyes. El segundo hace énfasis en la adhesión a las normas profesionales. Y el tercero es aquel que se basa en los resultados obtenidos por las personas estudiantes. Este último lleva implícito el reconocimiento público del desempeño obtenido por el estudiantado (Anderson, 2005).

Las instituciones educativas le deben rendir cuentas a la ciudadanía de “las políticas, planes y programas que, con recursos públicos, se operan dentro (y fuera) de las escuelas” (Martínez et al., 2005, p. 13). Este ejercicio conlleva que las autoridades educativas (directivos, docentes, administrativos) respondan por los resultados educativos obtenidos por las escuelas. Esta es una acción fundamental de las instituciones de educación pública, ya que una de sus responsabilidades es evidenciar ante la ciudadanía el uso de los recursos otorgados y los resultados obtenidos. La rendición de cuentas “implica responsabilizar a los funcionarios del sector educativo por los niveles absolutos de desempeño de los sistemas bajo su control” (Martínez et al., 2005, p. 21).

Resultados y discusión

1. Las certificaciones y acreditaciones como un instrumento de transparencia y rendición de cuentas de las universidades públicas

1.1. Las Certificaciones

Tanto la certificación como la acreditación son elementos primordiales que garantizan la calidad, confiablidad y transparencia existente en la infraestructura, la gestión escolar y en los procesos enseñanza-aprendizaje de una institución de educación superior. La norma UNE-EN 45020 define certificación como el proceso mediante el cual una tercera parte da garantía escrita de que un producto, proceso o servicio cumple con los requisitos necesarios para obtener un aval (Universidad de Extremadura, s.f.).

La obtención de una certificación no genera directamente “recompensas financieras”, pero sí adquiere “beneficios sociales” que indirectamente generarán un incentivo a la institución como recompensa a su esfuerzo y compromiso por lograr o mantener sus servicios con calidad. En la tabla 1, se plasman los “beneficios sociales” que genera una certificación.

Tabla 1.

Beneficios sociales que otorga una certificación.

Beneficios sociales de una certificación	Descripción
Ventaja competitiva	Una certificación confirma ante la sociedad y la comunidad estudiantil que la institución tiene características que hacen diferencia, sobresaliendo de las demás.
Control de calidad	Asegura a sus clientes y prospectos a ser, que el servicio que ofrece la organización cumple con los requisitos mínimos de calidad en sus procesos o servicios.
Seguridad en la información	La certificación en sistemas de seguridad genera tranquilidad en su comunidad estudiantil, ya que establece medidas de protección para mantener segura su información.
Calidad en la infraestructura	Manifiesta a la sociedad en general que la institución tiene espacios con las condiciones adecuadas, garantizando un entorno de calidad.
Transparencia financiera	Genera certidumbre a los contribuyentes de que la institución gestiona de manera correcta sus fondos, teniendo información a disposición de manera clara y comprensible.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por CONAECQ, 2020.

Para los puntos mencionados, existen diferentes tipos de certificación, pero el presente trabajo se centra en la certificación que ayuda a demostrar transparencia en la rendición de cuentas a terceros, considerando para ello las normas internacionales ISO (Organización Internacional de Normalización), en concreto las especificaciones de la norma ISO 21001 que se refiere al Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas (SGOE) o por sus siglas en inglés Educational Organisations Management System (EOMS). La norma ISO 21001:2018 contempla la identificación de los indicadores de gestión con los que se debe realizar la evaluación y el análisis del desempeño de la empresa educativa, así como su eficacia, dirigida tanto para instituciones públicas como privadas (ISO.GOB, 2022).

Los 11 principios que marca el SGOE sustentados en la Norma ISO 21001:2018 son:

1. Enfoque al estudiantado y otros beneficiarios

2. Liderazgo visionario

3. Compromiso de las personas

4. Enfoque a procesos

5. Mejora

6. Toma de decisiones basada en la evidencia

7. Gestión de las relaciones

8. Responsabilidad social

9. Accesibilidad y equidad

10. Conducta ética en educación

11. Seguridad y protección de datos (ISOTools, 2020, párr. 7).

De estos once principios, en esta investigación, se retoman las acciones posibles y los beneficios clave que ayudan de forma directa a una institución educativa de nivel superior a dar un acto de confianza y transparencia al servicio de la sociedad o instancias que lo requieran como parte de rendición de cuentas o transparencia de su gestión. Por lo tanto, con base en la Norma ISO 21001:2018 en su anexo B, la tabla 2 muestra los principios a considerar específicamente.

Tabla 2.

Principios específicos de la Norma ISO 21001:2018 en su anexo B.

Principio	Definición	Beneficios clave	Acciones posibles por esta política
Toma de decisiones basada en la evidencia.	Las decisiones y los planes de estudio basados en el análisis y evaluación de datos e información son más propensos a producir los resultados deseados.	Mejora de la eficacia y eficiencia operacional.	Determinar, medir y hacer seguimiento a indicadores clave para demostrar el desempeño de la organización. Hacer que todos los datos necesarios estén disponibles para las personas relevantes.
Conducta ética en educación.	Cuando todos los colaboradores en una organización educativa son tratados con respeto, honestidad y equidad, se minimizan los conflictos y se mejora el ambiente laboral, contribuyendo así en el logro de un mejor servicio y en beneficio de la sociedad.	Reducción de pérdidas por actividades corruptas. Incremento de la imagen de la organización.	Seguir las pautas éticas para la investigación e implementar las estructuras apropiadas para hacerlo. Alentar al personal a reportar conducta no ética a los directores. Instituir medidas para evitar el soborno y los conflictos de intereses.
Seguridad y protección de datos.	La organización crea un ambiente donde todas las partes interesadas pueden interactuar con la organización con plena confianza en que mantienen el control sobre el uso de sus propios datos, y que la organización educativa tratará sus datos con el cuidado y la confidencialidad adecuados.	Proteger la información documentada de la eliminación o modificación o eliminación no autorizada. Prevenir pérdidas debido a la necesidad de restablecer los datos eliminados. Ganar confianza de las personas estudiantes y otras partes interesadas, debido a políticas claras de divulgación.	Establecer, implementar y mantener una política de seguridad de datos que describa los roles, responsabilidades y autoridades con respecto a la seguridad de los datos. Establecer sistemas de respaldo de múltiples etapas, sistemas de disponibilidad continua y sistemas de recuperación de datos.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por ISO 21001:2018(es), 2018.

Por otro lado, aquellas instituciones que promueven la transparencia y el derecho al acceso de la información tienen el soporte de la constitución política en México, la cual reconoce a 32 órganos estatales. Además, el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) es un órgano de transparencia especializado, imparcial y puede certificar a las instituciones educativas públicas como “promotoras de la transparencia”. Un ejemplo de esto es la certificación que recibió la Universidad Autónoma de Coahuila por parte del órgano estatal, específicamente, por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) (Universidad Autónoma de Coahuila, 2020).

De igual manera, para reforzar la transparencia de una Institución de Educación Superior (IES) pública existen certificaciones para verificadores de la información publicada. El órgano de transparencia INAI en colaboración con el centro evaluador del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), avalado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), crearon el estándar EC-1428, el cual certifica a las personas que se desempeñan como verificadores de la información publicada por los sujetos obligados en cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, adscritos a un órgano garante de nivel federal o estatal.

1.2. Evaluación y Acreditación

Sin duda, la acreditación de las universidades en México es un tema relevante para las instituciones de educación superior; pero, de igual modo, es materia de interés para el gobierno. Esto, porque la evaluación y acreditación están vinculadas con aspectos de calidad, transparencia y rendición de cuentas de los directivos y administrativos de las universidades públicas y de las instituciones estatales educativas.

Es tal su importancia que dicho proceso está asentado y normatizado por las leyes constitucionales. La Ley General de Educación Superior (decreto dispuesto el 2021 en el Diario Oficial de la Federación) hace referencia en varios artículos y apartados a las evaluaciones y acreditaciones de las universidades, tal es el caso de los siguientes artículos:

Artículo 48 en su fracción X: donde se menciona que corresponde de manera exclusiva a las autoridades educativas de las entidades federativas, el ejecutar acciones para fomentar la cultura de la evaluación y acreditación entre las instituciones de educación superior de la entidad federativa.

Artículo 65 en su fracción VI: la asignación de recursos financieros a las universidades e instituciones públicas de educación superior se realizará con una visión de largo plazo; para tal efecto, las autoridades respectivas en su ámbito de competencia considerarán el ejercicio responsable y transparente de los recursos públicos, de conformidad con la legislación aplicable.

Artículo 67 en su fracción X: las instituciones públicas de educación superior, con apoyo de la Secretaría, podrán llevar a cabo programas y acciones para incrementar sus recursos, así como ampliar y diversificar sus fuentes de financiamiento, donde las instituciones de educación superior informarán a las instancias correspondientes sobre la captación de recursos y su aplicación, observando las disposiciones de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.

La acreditación universitaria es el resultado de un proceso de evaluación y seguimiento sistemático voluntario del cumplimiento de las funciones y procesos de una IES, que permite obtener información fidedigna y objetiva sobre la calidad de las instituciones (Baños y Michelena, 2021). Ante ello, se debe considerar el aval que da el gobierno sobre la calidad que existe de manera institucional y que se refiere a la calidad que se encuentra generalmente en una universidad. Por otro lado, está la acreditación que otorgan organizaciones no gubernamentales de forma especializada a los programas académicos después de una evaluación en la que se muestra el cumplimiento de los estándares técnicos propios de la carrera.

En el caso de la acreditación, por parte del gobierno está el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C. (COPAES). Esta es la única instancia autorizada por la SEP que da certeza a la sociedad respecto a la calidad de los recursos humanos formados y de los diferentes procesos que tienen lugar en una institución educativa. Además, COPAES supervisa a Organismos Acreditadores (OA), los cuales actualmente son 31 asociaciones civiles reconocidas por dicha organización, que a través de convenios tienen la facultad para la acreditación de programas de educación superior, suscrito con la SEP. Una vez acreditada la IES, COPAES junto con la OA, dan el seguimiento para la mejora continua en los programas académicos acreditados. En la tabla 3, se nombran algunos OA.

Tabla 3.

Organismos Acreditadores.

Organismos Acreditadores (OA)	Principal función
CACECA	Reconoce la calidad de programas referentes al campo de la Contaduría y Administración.
CACEI	Acreditación de los programas educativos en el área de las ingenierías.
CNEIP	Consejo para evaluación y acreditación en programas de Psicología.
CAESA	Acredita programas relativos a las artes.
COMACE	Evalúa los Programas Educativos de Enfermería de nivel superior.
COMAPROD	Tiene como fin acreditar programas de enseñanza del Diseño a nivel licenciatura.
CONAIC	Consejo acreditador en Informática y computación.
CONEVET	Consejo para la acreditación de programas de licenciatura en medicina veterinaria y zootecnia.
CONAED	Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por IPN, 2004.

Cada uno de estos organismos busca comprobar que las instituciones de educación superior cuentan con los recursos humanos, materiales, económicos, operativos y de espacios necesarios para garantizar la impartición de una educación de calidad. Se considera como un elemento central que las instituciones de educación superior tengan finanzas sanas y el óptimo uso de los recursos públicos destinados a la formación de profesionistas egresados.

Conclusiones

Sin lugar a duda, la educación pública es un bien común. Es un medio a través del cual se forman profesionistas que solucionarán las demandas y necesidades de las empresas y de la sociedad. Considerar la educación como un bien público obliga a las autoridades educativas a rendir cuentas y transparentar el uso de los recursos materiales y económicos para ofrecer una educación de calidad y/o excelencia.

De manera cotidiana, se ha vinculado la calidad educativa con las certificaciones, evaluaciones y acreditaciones con las que cuentan las universidades y los programas educativos. Dicho aspecto es real, pero no es limitativo de los alcances que tienen las certificaciones y acreditaciones en el ecosistema educativo.

A través de los resultados obtenidos, se concluye que las certificaciones y acreditaciones son instrumentos que permiten rendir cuentas y transparentar el uso correcto de la asignación financiera que el estado le otorga a las instituciones de educación superior públicas del país, ya que cuentan con mecanismos que hacen hincapié en dicho aspecto. Es tal su importancia, que dicha función está asentada en la Ley General de Educación Superior, estableciendo en los Artículos 48, 65 y 67 la vigilancia de los recursos asignados, instando a las autoridades educativas a que ejerzan de manera responsable y transparente el uso de los recursos asignados.

Las certificaciones y acreditaciones evalúan aspectos relacionados con la infraestructura, gestión escolar y procesos de enseñanza aprendizaje. Enmarcando dichas valoraciones en verificar la eficacia y eficiencia operativa de las instituciones educativas. En específico, las certificaciones y acreditaciones como una herramienta de transparencia y rendición de cuentas valoran la eficiencia de las universidades, entendiendo esta como la capacidad institucional de contar “con recursos humanos y materiales suficientes, y [que estos sean usados] de la mejor manera posible, evitando derroches y gastos innecesarios” (Schmelkes, 2018, p. 18).

Referencias bibliográficas

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Información Adicional

Cómo citar: Hidalgo-González, A., Martínez-Zavala, L., Morales-García, Y. y Vargas León, N. (2025). Certificaciones y acreditaciones como un instrumento de rendición de cuentas de las universidades públicas. Revista Gestión de la Educación, 11(1). https://doi.org/10.15517/rge.v11i1.62243