1. Introducción

La primera universidad de Honduras se fundó en 1847, 26 años después de la independencia centroamericana de España y más de trescientos años después del inicio del dominio del Imperio español en esos territorios (Guardiola, 1952). Aunque esta primera institución tuvo sus orígenes en el periodo posterior a la disolución de la República Federal de Centroamérica, la Universidad Nacional de Honduras se concibió bajo los principios de organización heredados de las instituciones coloniales. En consecuencia, para el último cuarto del siglo XIX, los hondureños educados en el extranjero, que habían sido expuestos a las ideas del positivismo, comenzaron a promover una reforma universitaria en el país para que esta institución se adaptase a los preceptos de la época.

El presente artículo consiste en un recorrido histórico por la reforma universitaria emprendida por el Gobierno de Marco Aurelio Soto (1876-1883) en Honduras. El objetivo principal es exponer la influencia que el positivismo tuvo en la reorganización de la Universidad y demostrar cuáles fueron los resultados de esta transformación de la institución. El escrito se construyó con documentación original de la época, principalmente las gacetas emitidas por el Gobierno de Marco Aurelio Soto y el Código de Instrucción Pública de 1882.

Primero, se presentan dos breves reseñas históricas: una de la Universidad Nacional de Honduras en sus primeros años y otra de la reforma liberal hondureña. Después se procede a demostrar cómo los reformadores hondureños aplicaron la “Teoría de los Tres Estados” de Augusto Comte para interpretar la evolución de la Universidad Nacional de Honduras y argumentar que, para su transformación, era necesaria la aplicación del positivismo. Posteriormente, se discute la legislación aprobada antes de la reforma y la manera en que el Gobierno de Marco Aurelio Soto preparó la Universidad para su transformación. Finalmente, se expone en qué consistió la reforma universitaria del gobierno liberal y cuáles resultados logró.

2. La Universidad Nacional de Honduras antes de la reforma de 1882

La Universidad Nacional de Honduras tiene sus orígenes en una asociación de bachilleres hondureños, quienes eran egresados de las universidades centroamericanas. En 1845, decidieron fundar en Tegucigalpa un establecimiento de enseñanza para la juventud (Reina, 1976). Los emprendedores redactaron unos estatutos y nombraron como su rector a José Trinidad Reyes, un sacerdote que desde 1832 había operado distintos esfuerzos educativos en Tegucigalpa con diversos grados de éxito (Rosa, 1997). El establecimiento que fundaron llevó por nombre Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto y, debido a lo estructurado de su organización, el gobierno decidió extenderle su protección y renombrarlo Academia Literaria de Tegucigalpa (Cruz-Reyes, 2005).

En enero de 1847, Juan Lindo, un hondureño que antes había servido como presidente de El Salvador, ascendió a la más alta magistratura de su país. El Gobierno de Lindo volcó inmediatamente su ayuda a la Academia Literaria, con miras a elevarla al rango de universidad. En marzo, otorgó a dicha academia el edificio del antiguo Convento de San Francisco en Tegucigalpa que funcionaba como cuartel desde los tiempos de la Federación Centroamericana (Posas, 2014). En abril, el mandatario expidió un decreto que garantizaba la procuración de fondos para la institución educativa y también anunciaba un acuerdo con el Obispo de Honduras para que los estudiantes lograran seguir una carrera eclesiástica después de egresados (Durón, 1956). En agosto, el presidente aprobó los estatutos de la Academia Literaria, lo que, efectivamente, la elevó al rango de Universidad de Honduras.

Los primeros estatutos de la Universidad fueron reformados dos años después de su aprobación, en 1849, y fue con esta normativa que continuó operando hasta la reforma del Código de Instrucción Pública de 1882. Los estatutos de 1849 seguían la línea de las universidades europeas de los siglos anteriores, en los cuales la institución funcionaba como un claustro de profesores y estudiantes dedicados al aprendizaje profundo de una disciplina hasta alcanzar su dominio. El órgano administrativo de la Universidad era la Dirección de Estudios en General, compuesta por el rector y cuatro directores. El rector era el representante legal de la institución y el encargado de extender los títulos, preparar los exámenes y presidir las ternas (Estatutos de la Academia Literaria, 1849, título 3). Cada uno de los directores tenía una función distinta: el primero era el bibliotecario; el segundo supervisaba que los catedráticos impartieran sus asignaturas; el tercero se encargaba de llevar los libros de cuentas de la institución; y el cuarto llevaba un registro del estado del edificio universitario (Estatutos de la Academia Literaria, 1849, título 1, sección 2). La palabra facultad aparecía dentro de los estatutos, pero hacía referencia al conjunto de cátedras cursadas por los estudiantes antes de lograr un grado, no a un organismo administrativo constituido.

El artículo tercero de los estatutos convertía a la Universidad Nacional de Honduras en una reproductora del pensamiento estatal y del catolicismo cultural hegemónico, pues establecía que la dirección tenía: "el derecho de prohibir que se enseñen máximas contrarias a la moral cristiana o pública o subversivas de los principios sancionados en la Constitución o leyes del país" (Estatutos de la Academia Literaria, 1849, título 1, art. 3).

La Universidad Nacional de Honduras ofrecía dos grados: el de bachiller y el de doctor. El grado de base era el de Bachiller en Filosofía. Para obtenerlo, los estudiantes debían aprobar un examen de gramática castellana y uno de latinidad, además tres cursos adicionales que podían ser los idiomas inglés o francés, matemáticas puras, geometría práctica, retórica y geografía (Estatutos de la Academia Literaria, 1849, título 6, art. 120). Una vez titulado como Bachiller en Filosofía, el estudiante podía continuar sus estudios en Medicina, Derecho Canónico o Civil y Teología, siempre en el grado de bachillerato. Para lograr el grado de doctor, se debía primero ser bachiller y luego solicitar al rector la realización de un examen que consistía en presentar una disertación ante un panel examinador (Estatutos de la Academia Literaria, 1849, título 6, art. 139).

Las cátedras que se impartían en la Universidad Nacional de Honduras eran humanistas y, cuando a finales del siglo XIX se planteó la reforma de la institución, fue justamente contra estos cursos que se movilizó el accionar de los reformadores. En 1882, el nuevo rector de la recién reformada Universidad Central explicó lo que consideraba las falencias del primer modelo educativo de la institución:

La Universidad de Honduras, instituto calcado sobre las universidades coloniales, que era el único tipo que se conocía, adoleció por supuesto de todos los vacíos, de todas las imperfecciones, de las falsas vistas, de la torcida dirección, y aún de los absurdos de una época que ya no era la nuestra. Dio entera y exclusiva preferencia a las ciencias o profesiones que hoy llamamos humanistas, como la filosofía escolástica, la teología y el derecho, olvidándose absolutamente de las ciencias o profesiones realistas, para los trabajos del orden económico en la esfera de la producción, como la agricultura, la mineralogía, la mecánica, la industria y el comercio, que son los ramos del saber humano de que más necesitan estos nacientes y desiertos países. (Zúñiga, 1882, pp. 2-3)

En ese entonces, la Universidad Nacional de Honduras había sido fundada más de veinte años después de la independencia de Centroamérica y casi una década después de la separación de Honduras de la Federación Centroamericana. Aun así, se creó en imitación de sus análogas coloniales. El problema era que, para la década de 1840, los profesionales que vivían en el país se habían egresado, justamente, de las universidades establecidas por el Imperio español en América y era el único modelo educativo que conocían. Cuando la reforma liberal inició en Honduras, en la década de 1870, había pasado suficiente tiempo para que el desarrollo de nuevas ideas penetrara en la clase dominante hondureña y que el Gobierno planteara una reforma total de la Universidad.

3. Breve reseña histórica de la reforma liberal en Honduras

En Honduras, se ha llamado reforma liberal a las políticas inspiradas en el positivismo de Augusto Comte que fueron aplicadas desde 1876 por el Gobierno de Marco Aurelio Soto hasta, aproximadamente, 1903 con el mandato de Manuel Bonilla (Barahona, 2017). Si bien las ideas de Comte fueron las bases del programa de reforma de los liberales, según Zelaya (2001), los intelectuales hondureños conocieron la filosofía del positivismo mediante la interpretación de los argentinos José Victoriano Lastarria, Domingo Faustino Sarmiento y el chileno Juan Bautista Alberdi. En consecuencia, el positivismo empleado por los reformados liberales hondureños contaba con aspectos propiamente latinoamericanos como la creencia de que la inmigración europea serviría para introducir aspectos de la modernidad a una nación eminentemente mestiza.

El proceso hondureño está ligado a la reforma liberal de Guatemala mediante sus dos principales ideólogos: Ramón Rosa y Marco Aurelio Soto. Ambos intelectuales estudiaron en la Universidad de San Carlos de Borromeo de Guatemala y participaron en la prensa de aquel país en apoyo al proyecto liberal (García, 1980). Con el triunfo de la revolución guatemalteca en 1871, que fue conducida por Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados, Soto y Rosa fueron nombrados ministros de Educación y Relaciones Exteriores, cargos que ejercieron en alternancia entre 1873 y 1876 (Oyuela, 2007).

A inicios de 1876, el gobierno de Justo Rufino Barrios decidió extender el alcance de la reforma liberal en Centroamérica, ya que se pensaba que el proyecto solamente podía triunfar si no había intervención de las otras naciones vecinas (Argueta y Reina, 1978). Por consiguiente, mediante amenazas de invasión, el Gobierno de Guatemala instaló a Marco Aurelio Soto como presidente de Honduras. En su país natal, Soto y Rosa buscaron replicar el experimento guatemalteco y reformar la nación completamente bajo los ideales del positivismo.

El programa de reforma liberal de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa consistía en el fortalecimiento del poder estatal frente a las entidades locales, la promoción de la educación como instrumento estatal, la secularización del Estado, la codificación de las leyes, la reforma agraria, el ingreso al mercado mundial mediante cultivos selectos y la inmigración europea para suplir a la nación de tecnócratas (Amaya, 2009). Este amplio programa requirió que Marco Aurelio Soto se mantuviera en el poder de manera prolongada, lo que generó un descontento en Justo Rufino Barrios y desembocó en la renuncia del presidente hondureño de su mandato (Argueta y Reina, 1978).

Después de la salida de Soto de la presidencia, sus sucesores Luis Bográn y Policarpo Bonilla continuaron el proyecto de aplicación de las ideas positivistas; sin embargo, las luchas políticas del periodo condujeron a que las arcas hondureñas se encontraran constantemente sin fondos para ejecutar las reformas planificadas. A finales del siglo XIX, se adoptó una nueva estrategia por parte de los gobernantes: ceder generosas concesiones de explotación a compañías extranjeras a cambio de su apoyo económico y político (Posas y Cid, 1983), con lo que la reforma liberal llegó a su fin.

La reforma liberal hondureña tuvo un profundo impacto en el futuro del país. Su programa de centralización articuló el Estado de modo que las dependencias del Gobierno contaran con representantes en cada cabecera departamental. Se considera que el logro más significativo del proyecto liberal fue la fundación de escuelas y colegios en comunidades que anteriormente no los tenían (Barahona, 2017). Sin embargo, las políticas económicas de la reforma liberal debilitaron a los pequeños productores y facilitaron su precarización. La política liberal de combatir la propiedad comunal de la tierra condujo a que las comunidades locales no tuvieran otra opción que vender sus tierras al momento de la llegada de las concesionarias extranjeras.

4. El positivismo como base de la reforma de la Universidad Nacional de Honduras

La participación de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa en la reforma educativa de Guatemala condujo a que, con su llegada al poder en Honduras, se produjera la esperanza de un proceso análogo en el país. Desde los primeros años de la reforma liberal hondureña, el personal de la Universidad Nacional de Honduras comenzó a expresar su deseo de un cambio basado en el positivismo. En el informe que el secretario de esta Universidad, Jerónimo Zelaya, dirigió al gobierno en 1877, se suplicó al régimen que pusiera en marcha las transformaciones necesarias:

Con las materias que en la actualidad se explican puede ejercitarse bastante la memoria de los alumnos, mas [sic] quizá muy poco su inteligencia o razón que necesita más amplio horizonte para dilatar su vuelo. Creo, señores, que el nuevo gobierno ha de fijar sus miradas en este plantel, y que modificará profunda, sino radicalmente, el plan de estudios, pues tiempo es ya que la inveterada preocupación, la añeja rutina y los hábitos coloniales de que aún nos resentimos, cedan el campo a la luz nueva, a las tendencias invasoras del progreso y al espíritu vivificador con que por doquiera alienta al mundo la moderna civilización. (Zelaya, 1877, p. 2)

Las autoridades de la Universidad Nacional de Honduras no solamente estaban preocupadas por la modernización de los aspectos educativos de la institución, sino que también planteaban que era necesaria una reforma económica y en el régimen disciplinario de los estudiantes. Según el secretario Zelaya, el Estado no había cumplido con la recolección y distribución de los fondos asignados a la Universidad (Zelaya, 1877). Además, comentó el secretario que los estudiantes se habían negado a asistir a las cátedras de matemáticas y de idiomas, y que hacía falta una reforma para remediar esta situación.

Cuando Ramón Rosa, ministro de Instrucción Pública, procedió a trabajar en el código de ley que significaría un nuevo comienzo para la educación hondureña, uno de sus objetivos fue sustituir los modelos educativos antiguos, a los que llamó teológicos y metafísicos, por el modelo positivista (Rosa, 1882a). La terminología empleada por Rosa es una clara referencia a la “Ley de los Tres Estados” formulada por Augusto Comte en su Curso de filosofía positiva (1830). Según Comte, el proceso de formación de las ideas de los individuos pasaba por tres etapas o estados: primero, por un estado teológico o ficticio, en donde los fenómenos de la realidad son atribuidos a deidades o fuerzas espirituales; segundo, por uno metafísico o abstracto, en que la explicación del funcionamiento del mundo depende de construcciones filosóficas; y finalmente, por el científico o positivo, en el cual el investigador descubre las leyes universales mediante la observación y utilización de la razón (Comte, 2004).

Según Ramón Rosa (1882a), la educación hondureña tuvo su momento teológico durante los años del Imperio español, cuando la Iglesia católica se encargó de la educación, y su momento metafísico después de la independencia, en específico con la fundación de la Universidad Nacional de Honduras. Para él, había llegado el momento, entonces, de pasar de la metafísica al pensamiento positivo del método científico (Rosa, 1882a). Para él, el sistema positivista de la ciencia y la educación era utilitario y se basaba en la realidad observable. Se debía otorgar a los estudiantes una formación que les permitiera servir los designios del Gobierno y operar como obreros dentro del sistema capitalista. Lo anterior quedó manifiesto cuando Rosa afirmó que existían profesiones más útiles que otras:

¿Quiénes son más útiles y más felices, nuestros bachilleres que, después de cuatro o cinco años de estudio, nos hablan mucho de ontología, de teodicea y de dialéctica, y que no pueden procurarse una ocupación provechosa; o nuestros telegrafistas que, con seis meses de estudio de una de las aplicaciones de la electricidad, prestan servicios importantísimos, y tienen siempre un empleo que satisface a sus necesidades y a las de sus familias? (Rosa, 1882a, p.13)

Queda establecido, entonces, que el aspecto educativo de la reforma liberal hondureña tenía como fundamento la filosofía del positivismo. Evidencia de lo anterior es que Ramón Rosa, como encargado de elaborar el Código de Instrucción Pública, citó a Augusto Comte y Émile Littré como inspiraciones del nuevo sistema educativo que se establecería en el país (Rosa, 1882a).

5. Las reformas antes de la emisión del Código de Instrucción Pública de 1882

En la fecha del 26 de abril de 1877, el Gobierno de Marco Aurelio Soto emitió un acuerdo ejecutivo en el cual ordenaba la redacción de los códigos de ley del país (Rosa, 1877a). La prioridad era la sustitución de aquellas leyes que pervivían del Imperio español, por ejemplo, los compendios civiles y penales. En consecuencia, la redacción del Código de Instrucción Pública, el cual se esperaba que revolucionara la educación de Honduras, debió esperar que primero se aprobaran otras normativas de ley. No obstante, el Gobierno no permaneció inactivo entre los años de su institución y la aprobación del Código de Instrucción, ya que se efectuaron algunos cambios que impactaron el futuro de la nueva universidad que deseaba crear.

Durante el 30 de diciembre de 1876, el Gobierno de Marco Aurelio Soto aprobó una de las leyes que tuvo mayor impacto para la reforma educativa: se otorgó la libertad para que todos los centroamericanos que poseyeran un título profesional lo pudieran ejercer en la república de Honduras (Rosa, 1877b). El único requisito era presentar su diploma a la Secretaría General del Gobierno para que se autenticara. Mientras duró el Gobierno de la reforma liberal, esta ley fue utilizada para incorporar a las filas de funcionarios públicos y de la Universidad Nacional a intelectuales que habían logrado una titulación en el extranjero.

Al momento de la inauguración de la Universidad Central, algunos profesionales que se vieron beneficiados por la antedicha ley pasaron a formar parte de las nuevas facultades. Por ejemplo, Carlos Alberto Úcles, doctor en jurisprudencia por la Universidad Nacional de Guatemala e incorporado al régimen hondureño en 1878 (Bonilla, 1878), sirvió como secretario en la primera planilla de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Honduras (Rosa, 1882b). En el caso de Manuel Molina Vijil, su título de médico y cirujano obtenido en Guatemala fue aceptado en Honduras en 1880 (Rosa, 1880a) y en 1882 pasó a ser vocal de la primera planta de la Facultad de Medicina y Cirugía (Rosa, 1882b).

Para solucionar el problema presupuestario de la Universidad Nacional de Honduras, el Gobierno aprobó dos decretos con el fin de asegurar los fondos para el sostenimiento de la institución y prepararle para la aplicación de las reformas expansivas que se planificaban. El primero de estos decretos fue emitido en 1876 y estaba orientado a combatir la corrupción de los Gobiernos anteriores al de Marco Aurelio Soto. Correspondía a la Universidad la cuarta parte de lo que la tesorería nacional recibía por la extracción de ganado en territorio hondureño; sin embargo, los mandatarios anteriores, en vez de otorgar ese dinero a la Academia, lo habían repartido entre sus allegados (Rosa, 1876). El Gobierno ordenó a los extractores de ganado reportar sus cuentas a la intendencia de hacienda y a los particulares devolver los pagarés que se les había otorgado ilegalmente o enfrentarse a procesos judiciales por fraude. El segundo decreto se emitió en 1881 y estableció un impuesto de 2 % sobre todas las mercaderías importadas por los puertos de Honduras que debía de ser remitido a las arcas universitarias para su sostenimiento (Rosa, 1881).

6. Preparación de la Universidad Nacional para su reforma

Ante la inminente emisión del nuevo Código de Instrucción Pública, el Gobierno de Soto comenzó a preparar a la Universidad Nacional para su transformación. Este proceso consistió en la reducción de las actividades de la institución educativa, para que, una vez puesta en vigor la nueva ley, la Universidad comenzara a funcionar sin atender obligaciones pasadas. En específico, se trató de la supresión de las cátedras de latinidad y derecho teórico-práctico, la reducción del plantel administrativo de la Universidad y la cesión de la biblioteca al Ministerio de Instrucción Pública.

Durante el 9 de enero de 1878, el Gobierno de Marco Aurelio Soto suprimió las cátedras de latinidad y derecho teórico-práctico con el argumento de que las primeras no se brindaban con la suficiencia esperada de una institución de educación superior y las segundas no eran culminadas por los estudiantes. Según el Gobierno, los fondos invertidos en pagar catedráticos de estas dos asignaturas podían aprovecharse mejor en la construcción del edificio de la Universidad o en el establecimiento de cátedras de arte o ciencias prácticas (Rosa, 1878a).

En diciembre de 1878, concluyó el periodo de mandato de las autoridades universitarias. El Gobierno de la reforma liberal aprovechó para reducir el plantel administrativo de la Universidad solamente al rector, un secretario y el tesorero (Rosa, 1878b). Al rector se le encomendó la misión de organizar cursos privados para que los estudiantes pudieran culminar sus materias y de presidir los exámenes para la aprobación de certificados y grados. El Estado se comprometió a pagar cátedras de Matemáticas, Física, Química, Historia Natural, Geografía y Dibujo Lineal, las cuales debían de ser cursadas por los bachilleres en Filosofía para luego optar por continuar sus estudios en las facultades que se establecerían en la Universidad de acuerdo con el nuevo modelo educativo. Según el decreto, el objetivo era que la cursada de estas nuevas materias sirviera como curso preparatorio para el ingreso a las múltiples ingenierías que el Gobierno pretendía implementar en los ramos de topografía, agronomía, minas, caminos y telegrafía (Rosa, 1878b).

Finalmente, el 11 de febrero de 1880, el Gobierno de Marco Aurelio Soto declaró que la Biblioteca de la Universidad Nacional pasaría al control del Gobierno para que sus fondos bibliográficos formaran la base de la recién creada Biblioteca Nacional de Honduras (Rosa, 1880b). Antonio Ramón Vallejo, el primer director de la institución, relató el estado de abandono en que las autoridades de la Universidad habían mantenido su biblioteca y así justificó su traspaso al Gobierno central:

Esta colección permaneció por algún tiempo en el mayor abandono en una celda de la Iglesia parroquial de esta ciudad, llamada Depósito.

Como esta Biblioteca nunca tuvo reglamento, los profesores y estudiantes de la antigua Universidad llevaban con frecuencia a sus casas los libros que querían sin que de ellos nadie supiera, resultando de aquí que la mayor parte de ellos se perdían. Así se explica por qué muchas de las obras expresadas se encuentran incompletas. (Vallejo, 1889, p. 458)

Para entonces, en el año 1880, la Universidad Nacional de Honduras había cerrado sus cursos de latinidad y derecho teórico-práctico. A la espera del nuevo plan de estudios había reducido su plantel administrativo para la facilitación del nombramiento de las autoridades de las nuevas facultades que serían creadas, egresado a los estudiantes que cursaban con el antiguo modelo educativo y cedido la biblioteca que tenía en abandono.

7. La reforma universitaria mediante el Código de Instrucción Pública de 1882

El 12 de febrero de 1882 entró en vigor el Código de Instrucción Pública preparado por el Gobierno de Marco Aurelio Soto. Este instrumento de ley pretendía transformar completamente la Universidad Nacional de Honduras y darle un objetivo distinto, acorde con la filosofía positivista adoptada por el Gobierno. Dentro del nuevo sistema educativo, la Universidad pasaría a desempeñar lo que el Gobierno de Soto llamaba “formación profesional”, es decir, el entrenamiento de alguien en una carrera laboral (Rosa, 1882a). Esto es consistente con la crítica que Ramón Rosa hacía de los bachilleres egresados en el antiguo sistema, a quienes llamaba “metafísicos” pues, según él, ellos no servían para ningún propósito práctico en la sociedad.

Con el nuevo código (artículo 166), la Universidad Nacional de Honduras fue renombrada Universidad Central (Código de Instrucción Pública, 1882). Este cambio se debió a que, en 1879, se había elevado al rango de universidad al Instituto Científico de San Carlos en la comunidad occidental hondureña de Santa Rosa de Copán. De este modo, en el nuevo modelo de los reformadores liberales, la antigua Universidad Nacional sería solamente la universidad de la capital del país y se esperaba que se erigieran nuevas instituciones de educación superior en el resto del territorio hondureño.

En cuanto a la estructura organizativa interna de la Universidad, Ramón Rosa indicó que el cambio fundamental introducido por el Código de Instrucción Pública fue la creación de tres facultades: la de Jurisprudencia y Ciencias Políticas, la de Medicina y Cirugía y la de Ciencias (Rosa, 1882a; Código de Instrucción Pública, 1882). Anteriormente, con los estatutos de 1849, no existían las facultades como entidades, sino que, al utilizar el término, se entendía el conjunto de cátedras que un estudiante aprobó para alcanzar un grado. Con la nueva ley, cada facultad contaba con una junta directiva compuesta por un decano, dos vocales y un secretario, quienes manejaban todo lo referente a las carreras ofertadas por su unidad y reportaban al rector los resultados.

La creación de las facultades estaba ligada a la introducción de nuevos planes de estudio. En el antiguo sistema, los estudiantes cursaban las cátedras ofertadas en el respectivo año e iban obteniendo sus certificados a medida que realizaban sus exámenes finales (Estatutos de la Academia Literaria, 1849, título 6, sección 2). Una vez completado cierto número de cátedras, solicitaban al rector su titulación como bachilleres. Con el nuevo código de ley, los alumnos se matriculaban en una facultad y seguían el plan preestablecido que estaba organizado en cursos anuales, los cuales contenían varias clases. Al aprobarlos, estos se graduaban de licenciados.

Ciertamente, este nuevo modelo era más restrictivo, pero también más efectivo. Los estudiantes ya no podían cursar clases a su antojo y realizar las evaluaciones que desearan, sino que tenían que completar todas las clases de un curso anual para poder proceder al siguiente. De esta forma, el Gobierno de la reforma liberal se aseguraba el egreso de licenciados en un periodo de cuatro o cinco años y no al ritmo de los mismos estudiantes.

La ley favorecía el buen rendimiento estudiantil porque en las tres facultades abreviaba las carreras en un año para aquellos estudiantes que lograran la calificación mayor —muy apto— en sus dos primeros cursos. Por ejemplo, para convertirse en Licenciado en Jurisprudencia y Ciencias Políticas era necesario aprobar cinco cursos, es decir, cinco años. Sin embargo, si en los dos primeros años el estudiante había logrado la calificación de “muy apto” en el 80 % de sus materias, se le permitía graduarse habiendo aprobado solamente cuatro cursos (Código de Instrucción Pública, 1882).

Competía a las facultades otorgar los títulos académicos y solamente informar al rector quiénes los habían obtenido. En cuanto a los doctorados, la nueva ley requería que el postulante, después de haberse licenciado, aprobara un curso anual y luego fuera examinado por un panel compuesto por el rector, el secretario de la Universidad y la junta directiva de la facultad (Código de Instrucción Pública, 1882, art. 284).

Consistente con el pensamiento positivista de los reformadores liberales, los profesionales que egresaban de la Universidad Central eran los que el Gobierno pensaba que servirían al Estado: licenciados en Derecho, notarios, médicos, farmacéuticos, ingenieros civiles y agrimensores. Según Ramón Rosa, los humanistas no encajaban en la realidad social de la Honduras de la época:

No figura en el Código la organización de la facultad de Filosofía y Letras y de Ciencias eclesiásticas. Que no se extrañe este vacío: el país, por ahora, no necesita para los estudios filosóficos y literarios de una facultad especial: basta que tales estudios se hagan elementalmente en los Colegios de segunda enseñanza. El aprendizaje superior de la filosofía y de las letras corresponde a países cuyo desarrollo material e intelectual reclama grandes estudios clásicos. Honduras no está en este caso. Debemos, por lo mismo, concretar nuestros recursos y nuestros esfuerzos a organizar la enseñanza facultativa en relación con las condiciones de existencia y de inmediato progreso del país, en relación con sus necesidades más ingentes y palmarias. (Rosa, 1882c, p. 3)

Como se discutirá en la sección procedente, el Código de Instrucción Pública de 1882 fue un instrumento idealista que no correspondía a la realidad material del país. En los años inmediatos a la reforma universitaria, las facultades de Medicina y Cirugía y la de Ciencias probaron ser un fracaso en comparación con la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas.

8. Los resultados de la reforma universitaria del Código de Instrucción Pública de 1882

En 1884, dos años después de emitido el Código de Instrucción Pública, el rector de la Universidad Central, Esteban Ferrari, comunicó al Gobierno que las juntas directivas de las facultades de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y de Medicina y Cirugía se encontraban disueltas y que, por falta de docentes y estudiantes, se había tenido que reajustar los programas para poder servir los cursos de ese año (Ferrari, 1952). La Facultad de Ciencias aún no había podido empezar a funcionar porque sus clases requerían de equipo que no existía en el país y debía de importarse. El rector reorganizó las juntas directivas y logró examinar a los estudiantes para ese año, pero los problemas continuaron.

En 1885, la Facultad de Medicina y Cirugía no brindó sus servicios por falta de estudiantes matriculados, por lo que ese año se trabajó en una reforma a su plan de estudios que hiciese la carrera más atractiva para los potenciales educandos (Alvarado, 1886a). El nuevo plan fue emitido en febrero de 1886 y reorganizó las clases de los cursos anuales para balancear las exigencias en los primeros años de la cursada (Alvarado, 1886b). Mientras tanto, la Facultad de Ciencias aún no iniciaba.

La organización que el Código de Instrucción Pública de 1882 había dado a la Universidad Central se rompió en febrero de 1888 cuando, por medio de un decreto ejecutivo, el rector fue revestido de las mismas atribuciones que los decanos (Alvarado, 1888a). Con este mandato, el rector regresaba a tener los amplios poderes que ostentó en el tiempo de vigencia de los estatutos de 1849. El decreto evidenció que el sistema de juntas directivas encabezadas por un decano había fracasado y que, en vez de varias facultades autónomas que se reportaban con un rector, era necesario que el funcionario titular de la Universidad interviniera directamente para sacar adelante la institución.

Al iniciar el Gobierno de Marco Aurelio Soto, el secretario de la Universidad, Jerónimo Zelaya, se quejó de que los estudiantes no asistían a sus asignaturas (Zelaya, 1877). Una década después, el nuevo sistema educativo no había solucionado ese problema. En julio de 1887, el Gobierno de Luis Bográn se vio obligado a emitir un decreto, el cual ordenaba que los alumnos perdieran el curso si, a partir del 1 de agosto de aquel año, reunían quince o más faltas ininterrumpidas a sus clases (Alvarado, 1888b). Ciertamente era una disposición permisiva, ya que quince faltas corresponderían a dos semanas completas más un día, pero que se hayan otorgado tantos días demuestra que los estudiantes estaban acostumbrados a no asistir a sus cursos por mucho más tiempo.

La Universidad Central continuó con los problemas antes expuestos a lo largo de todo el periodo. Por ejemplo, en 1889, cuando el rector Antonio Ramírez presentó su informe anual al Poder Ejecutivo, solamente estaban funcionando la Facultad de Jurisprudencia —con veinticinco estudiantes y sus cinco cursos completos— y la Facultad de Medicina —con doce estudiantes y solamente tres cursos— (Vallejo, 1889), mientras que la Facultad de Ciencias aún no había entrado en funcionamiento (Vallejo, 1889).

9. Conclusión

El Gobierno de Marco Aurelio Soto impulsó una reforma universitaria basada en los principios utilitaristas del positivismo. Los reformadores posicionaron la filosofía positiva en contraposición a la humanista y expusieron en discursos y escritos las ventajas que brindaría la adopción del nuevo sistema. El instrumento elaborado para la aplicación del positivismo en el sistema educativo hondureño fue el Código de Instrucción Pública de 1882, que transformó la Universidad de Honduras de una institución colonial a un centro de formación de profesionales. Sin embargo, los resultados de la aplicación del nuevo modelo positivista contenido en el código fueron negativos. En la década que prosiguió a su emisión, apenas pudo funcionar con regularidad la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas, justamente aquella que estaba más cercana a las disciplinas humanistas que los reformadores liberales hondureños consideraban innecesarias para el país.

Referencias bibliográficas

Alvarado, J. (1886a). Acuerdo en que se restablecen los estudios de la Facultad de Medicina. La Gaceta, 10(344), 2.

Alvarado, J. (1886b). Acuerdo en que se aprueba el nuevo plan de estudios propuesto para la Facultad de Medicina y Cirugía. La Gaceta, 10(350), 2.

Alvarado, J. (1888a). Acuerdo revistiendo al rector de la Universidad de algunas atribuciones. La Gaceta, 11(407), 1-2.

Alvarado, J. (1888b). Acuerdo disponiendo que pierdan el curso los alumnos que desde el 1 de agosto tuviesen quince fallas. La Gaceta, 11(420), 2.

Amaya, J. (2009). Historia de la lectura en Honduras: libros, lectores, bibliotecas, librerías, clase letrada y la nación imaginada en Honduras. 1876-1930. Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. https://www.er-saguier.org/nationstatecrisis.org/archivo/lecturas/Historia_de_la_lectura(final).pdf

Argueta, J. y Reina, J. (1978). Marco Aurelio Soto: reforma liberal en Honduras. Banco Central de Honduras.

Barahona, M. (2017). Honduras en el siglo XX: una síntesis histórica. Editorial Guaymuras.

Bonilla, C. (1878). Acuerdo de incorporación de Carlos Alberto Úcles. La Gaceta de Honduras, 2(32), 2-3.

Código de Instrucción Pública. (1882, 26 de febrero). Ministerio General de Gobernación. Tipografía Nacional de Honduras.

Comte, A. (2004). Curso de filosofía positiva (lecciones I y II). Negocios Editoriales Need. https://historiadeeuropacontemporenea.files.wordpress.com/2017/12/curso-de-filosofia-positiva.pdf

Cruz-Reyes, V. (2005). Reseña histórica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Rhela, 7(1), 37-48. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2334911

Durón, R. (1956). Biografía de don Juan Nepomuceno Fernández Lindo y Zelaya. Editora Nacional.

Estatutos de la Academia Literaria. (1849, 1 de noviembre). Gobierno del Estado de Honduras. Imprenta de la Academia de Honduras. https://www.cervantesvirtual.com/obra/estatutos-de-la-academia-literaria-o-universidad-del-estado-de-honduras-decretados-por-el-gobierno-en-1-de-noviembre-de-1849-y-aprobados-por-las-camaras-en-2-de-julio-de-1850/

Ferrari, E. (1952). Memoria anual de la Universidad Central de Honduras. En E. Guardiola (Ed.), Historia de la Universidad de Honduras en la primera centuria de su fundación (pp. 66-69). Talleres Tipográficos Nacionales.

García, J. (1980). La reforma liberal en Guatemala. Universidad Nacional Autónoma de México.

Guardiola, E. (1952). Historia de la Universidad de Honduras en la primera centuria de su fundación. Talleres Tipográficos Nacionales.

Oyuela, L. (2007). Ramón Rosa: plenitudes y desengaños. Editorial Guaymuras.

Posas, M. (2014). Hitos Históricos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Centro de Arte y Cultura de Honduras.

Posas, M. y Cid, R. (1983). La Construcción del sector público y del Estado Nacional en Honduras (1876-1979). Editorial Universitaria Centroamericana.

Reina, J. (1976). Historia de la Universidad. Editorial Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Rosa, R. (1876). Acuerdo en que se resuelve una solicitud de la junta de instrucción pública de la Universidad de Honduras. La Gaceta Oficial, 1(1), 5.

Rosa, R. (1877a). Acuerdo en que se dispone la formación de los códigos de la República. La Gaceta de Honduras, 1(17), 1.

Rosa, R. (1877b). Acuerdo en que se dispone que todos los centroamericanos puedan ejercer sus profesiones, sin más requisito que la autenticidad de sus títulos. La Gaceta Oficial, 1(10), 3.

Rosa, R. (1878a). Acuerdo en que se suprimen temporalmente las clases de latinidad y derecho teórico-práctico en la Universidad de la República. La Gaceta de Honduras, 2(28), 3.

Rosa, R. (1878b). Acuerdo en que renuevan los estatutos de la Universidad de Honduras. La Gaceta de Honduras, 3(40), 1.

Rosa, R. (1880a). Acuerdo en que se incorpora a los señores Manuel Molina Vijil y Abraham Ruiz, como médicos y cirujanos de la República. La Gaceta de Honduras, 4(96), 2.

Rosa, R. (1880b). Acuerdo en que se manda establecer en esta ciudad una biblioteca nacional. La Gaceta, 7(69), 1.

Rosa, R. (1881). Acuerdo en que se establece el impuesto de un 2% sobre las mercaderías que se introduzcan por los puertos de la República desviándose su producto para el sostenimiento de la Universidad. La Gaceta, 5(135), 1.

Rosa, R. (1882a). Discurso que, en el acto de inaugurarse la Universidad Central y el Colegio Nacional de segunda enseñanza de Tegucigalpa. Tipografía Nacional de Honduras.

Rosa, R. (1882b). Acuerdos en que se organizan las facultades de Jurisprudencia y Ciencias Políticas, Medicina y Cirugía. La Gaceta, 6(147), 1-2.

Rosa, R. (1882c). Discurso que, en el acto de abrirse los cursos de la Universidad Central y el Colegio Nacional de segunda enseñanza de esta capital. La Gaceta, 6(152), 1-4.

Rosa, R. (1997). Biografía de José Trinidad Reyes. Editorial Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Vallejo, A. (1889). Primer anuario estadístico de Honduras. Tipografía Nacional de Honduras. https://www.cervantesvirtual.com/controladores/portales/portal.php?seccion=catalogo_por_titulo&portal=letras_de_honduras&q=anuario

Zelaya, G. (2001). El legado de la reforma liberal en Honduras. Editorial Guaymuras.

Zelaya, J. (1877). Memoria leída por el secretario de la Universidad licenciado don Jerónimo Zelaya. La Gaceta de Honduras, 1(22), 1-2.

Zúñiga, A. (1882). Discurso del señor doctor don Adolfo Zúñiga, rector de la Universidad Central. La Gaceta, 6(153), 2-4.