Introducción

Presentación y antecedentes históricos

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) derrocó la dictadura de Anastasio Somoza Debayle el 19 de julio de 1979 e instauró un gobierno revolucionario; entre sus prioridades estaba el desmantelamiento de la estructura agroexportadora que en buena medida heredó de la dictadura, se trató de una política fundamental en un país eminentemente agrícola y tradicional en sus formas productivas y culturales. Las primeras medidas tuvieron el objetivo de erradicar a los grandes terratenientes, principalmente de la zona del Pacífico, estatizar los medios de producción y, con ello, reorganizar las actividades económicas a través de cooperativas de producción. La confiscación de las propiedades de Somoza y sus allegados –una quinta parte de las tierras cultivables– fueron la base del reparto en la reforma agraria sandinista (Close, 2005, p. 44) y la base territorial para organizar las primeras cooperativas de producción². Posteriormente, el Estado revolucionario inició la confiscación a los pequeños y medianos productores, lo que generó malestar entre las comunidades campesinas del norte y el interior del país, y luego el abierto rechazo a las políticas gubernamentales a través de la masiva incorporación de combatientes anti-sandinistas, así en 1981 eran aproximadamente 600, para 1986 eran 17 032, y en 1987, un año después de la reforma agraria ya sumaban 17 500 hombres en armas en la Contra (Morales, 1989 ;Núñez y Cardenal, 1992).

El rechazo estatal a la propiedad individual y la entrega de derechos colectivos atentó contra las aspiraciones de ese campesinado que deseaba ser propietario, o ya lo era, pero no debido a una reforma agraria, sino a causa de su esfuerzo por empujar la frontera agrícola al norte y al Caribe (Rueda, 2013). Si bien entre 1984 y 1985 se flexibilizó la entrega individual de la tierra, el malestar de un sector importante del campesinado no tenía marcha atrás. A pesar de los múltiples problemas surgidos en la implementación de la reforma agraria, durante la Revolución el acceso del campesino al crédito mejoró considerablemente. Según un estudio del Banco Mundial citado por ACNUR:

[…] las políticas de reforma agraria iniciadas en 1980 han sido exitosas ya que lograron invertir el patrón de tenencia de la tierra de los años setenta, haciéndolo uno de los sistemas […] más equitativos en toda América Latina, en el cual el 75% de la tierra de uso agrícola pertenecía a pequeños y medianos productores (ACNUR, 1991, p. 17).

El gobierno sandinista también instauró una serie de políticas de comercialización y distribución de los productos agrícolas, así pudo regular los precios de los granos y tener el control de ocho productos de consumo básico por medio de la Empresa Nacional de Alimentos Básicos (ENABAS). Estas medidas atentaron contra los comerciantes e intermediarios acostumbrados a regirse por las leyes del mercado y no por un tope de precios impuesto por el gobierno. Estos productores sentían que no tenían libertad de vender a quienes ellos acostumbraban o deseaban.

Un sector campesino se armó para detener la Revolución, así la guerra en Nicaragua evidenció la complejidad del campesinado, que no es, ni ha sido, un sector cohesionado por su origen o con reivindicaciones comunes, sino que responde a un entramado de relaciones sociales e intereses mediatos e inmediatos. La vertiente campesina de la Contra se organizó con las Milicias Populares Anti-sandinistas (Milpas). Se trató de los primeros grupos insurgentes que no tuvieron, en un primer momento, ningún tipo de ayuda externa, pero sí el apoyo de la población rural, eran grupos independientes entre sí que actuaban en las montañas del norte, cerca de la frontera con Honduras y en cuyas primeras operaciones buscaban recuperar armas y pertrechos³. Estos pequeños productores se sentían víctimas de atropellos por parte del gobierno revolucionario. El comandante Rubén, uno de sus fundadores afirmó:

Nos organizamos como los Milpas […], luego este grupo fue creciendo […] de repente, empezaron los sandinistas a sacar a todos aquellos alfabetizadores que tenían en la montaña porque ya la cosa era seria […] pudimos presenciar que el gobierno sandinista empezó a quitarles las propiedades a los productores, a gente que no tenían que ver con la Guardia Nacional o con cualquier otra autoridad del gobierno de Somoza […]. Además, los asesinatos que se empezaron a dar eran a personas inocentes, productores, las confiscaciones y la persecución a los jóvenes y a toda aquella persona que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo la revolución […] esa persona tenía dos caminos, o se iba preso […] o aceptaba irse a la oposición a luchar contra ellos (O. Sobalvarro “Comandante Rubén”, comunicación personal, 2 y 3 de noviembre de 2006).

A la cementera del maíz también se le llama milpa y los combatientes de las Milpas se auto nombraron Chilotes, que en la cultura tradicional campesina nicaragüense significa el primer brote de una planta. Es entonces que, en los orígenes de la Contra, los Chilotes representan las primeras semillas fundadoras de la Contrarrevolución y su origen campesino es innegable. Eran productores que dependían de los precios del mercado internacional, pero al mismo tiempo tenían cierta independencia pues tenían acceso a los productos básicos que producían o que eran de fácil acceso en la zona, en muchos casos combinaban la producción de subsistencia con la producción para el mercado. Formaban comunidades con cierta movilidad económica y social, con mínima relación con el Estado, así que cuando este intentó integrarlos, el rechazo fue inminente⁴.

La guerra interna provocó el desgaste de la economía. Para febrero de 1988, el gobierno revolucionario implementó el llamado Plan de Ajuste que consistió en una reforma monetaria, devaluar el córdoba respecto al dólar en una relación de 80 a 1⁵ e impulsar medidas de austeridad económica como: un ajuste salarial, la compactación del aparato estatal, la reestructuración crediticia, la renegociación de las deudas bancarias, la liberalización de precios y salarios y, finalmente, la reducción del gasto en salud y educación (La Reforma monetaria…, 1988). Estas políticas eran las recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en todo el continente.

Entre 1987 y 1989 el empleo público disminuyó, afectando a 50 000 personas y la tasa de desempleo fue del 28 % en 1989 (Vilas, 1993). Para las elecciones de 1990, la crisis económica era profunda a causa de la guerra contra una población campesina contrarrevolucionaria que rechazó las políticas sandinistas (Rueda, 2015). Posterior a la victoria electoral de Violeta Barrios, las movilizaciones campesinas cambiarán sustancialmente, pues ya no serán ideológicas ni de tintes contrarrevolucionarios. Sin embargo, seguirán siendo armadas durante la década de 1990, posteriormente harán algunas modificaciones en sus estrategias y discursos para mantener su vigencia.

El objetivo de este artículo es comprender los cambios que se han dado en las luchas campesinas, por ello se analizan sus movilizaciones, incluidas las de excombatientes durante la era neoliberal, hasta llegar al 2018 bajo el régimen de Daniel Ortega, que no cambió las políticas agrarias instauradas por sus antecesores. Se busca entender cómo el neoliberalismo se ha convertido en el enemigo a vencer para los agricultores en la actualidad. El trabajo se encuentra dividido en cuatro partes, en la primera sección se analiza la contrarreforma agraria del gobierno de Violeta Barrios, así como la instauración de políticas formuladas desde los organismos internacionales y las reacciones populares al neoliberalismo. En la segunda parte se desarrollan las movilizaciones campesinas durante el gobierno de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños (1997-2006), en la tercera parte se analizan las políticas extractivistas y de construcción del Gran Canal Interoceánico, así como las reacciones campesinas durante el régimen de Daniel Ortega (2007-2018).

Discusión

La profundización de las políticas neoliberales y el rearme de los excombatientes de origen campesino (1990-1996)

El 25 de abril de 1990, Violeta Barrios, viuda de Chamorro, se convirtió en jefe de Estado, ese mismo día anunció una propuesta de ley relativa a la revisión de las confiscaciones sandinistas, pues buscaba beneficiar a aquellos que durante la década revolucionaria habían sido expropiados por sus vínculos con Somoza o como parte de la Reforma agraria, así como a los miles de campesinos que habían accedido a tierras durante la Revolución sin títulos de propiedad (INCEP, 1994, p. 580). En los hechos se trató del primer elemento de la contrarreforma agraria neoliberal de la señora Barrios, otro elemento importante también fue el anuncio de dar garantía de libertad a los productores para cosechar según sus intereses, así como para definir el precio y escoger a sus distribuidores que también serían libres para comercializar (INCEP, 1994, p. 578).

El gobierno de Chamorro eliminó las políticas de control estatal y de carácter redistributivo e impuso el libre mercado en su sentido más amplio, lo que incluyó la privatización de las empresas estatales y los intentos por desmembrar la fuerte organización sandinista para instalar una democracia meramente procedimental-electoral. Como muestra de beneplácito, Estados Unidos aprobó inmediatamente un paquete de ayuda económica al nuevo gobierno por 300 millones de dólares, mismo que después sería condicionado debido a la “escasa capacidad de gestión del gobierno” por lo que en un primer momento solo fueron desembolsados 147 millones (UNOs contra UNOs…, 1990, párr. 8).

El hecho de que los recursos económicos fueran condicionados, complicó aún más los primeros meses de gobierno, pues eran los momentos en que más se necesitaban fondos para la reducción del Ejército Popular Sandinista (EPS) que debía mandar a retiro a buena parte de sus miembros, y para la desmovilización de los 22 413 combatientes de la Contra, la fuerza irregular que habían financiado los norteamericanos hasta hacía algunos meses de manera legal e ilegal.

Durante 1990, la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación de la Organización de Estados Americanos (CIAV-OEA) debía: “administra[r] los 30 millones de ayuda que Estados Unidos ha dado para ese objetivo” (UNOs contra Unos…, 1990, párr. 21). Es significativo que de los 300 millones otorgados, solo un 10 % se destinó a la desmovilización de los contras, los Freedom Fighters de Ronald Reagan a través de la CIAV-OEA y el restante 90 % fuera directamente para el gobierno. En una entrevista, el conocido líder contrarrevolucionario Boanerges Matus “Pepe” precisó que:

Los 30 millones no fueron aprobados para planes de desarrollo, sino sólo para nuestra desmovilización y reubicación. Como aún no se hablaba de los Polos [de desarrollo]⁶, la mayoría de los fondos se gastaron. La cantidad que queda, unos siete millones son insuficientes para respaldar programas productivos (Selser, 20 de octubre de 1990, p. 17).

Lo anterior demuestra la poca información existente entre la CIAV-OEA y los líderes contrarrevolucionarios que colaboraban con el gobierno de Violeta Barrios, pues desde junio de 1990 se había autorizado:

Un fondo especial de 30 millones de dólares entregado por el gobierno de Estados Unidos a la CIAV-OEA [...] y que serviría para proveer a los desmovilizados de créditos, vivienda, salud, educación, agua potable, electricidad y caminos de acceso en las zonas de los polos [...] (Los Contras de Franklin…, 1990, párr. 21).

En los hechos, en 1990 los excombatientes fueron desmovilizados, pero se quedaron sin financiamiento para su inserción productiva. Con Violeta Barrios, el Estado dejó de ser el principal empleador, en 1990 proporcionó 285 000 empleos, al final del gobierno, en 1996 solo 77 000 (Monroy, 2001, p. 115). Asimismo, se promovieron las exportaciones, la disminución de aranceles, se dio libertad cambiaria, la eliminación de subsidios, liberalización de precios, créditos y tasa de interés, disminución del papel del Estado en la economía, la privatización de sus activos, y la promoción de la iniciativa privada como motor único de la economía (Arancibia, 1993) y de poco a poco se fue instaurando la maquila y las zonas francas por medio de legislaciones que promovían la inversión extranjera.

Al implementarse estas medidas, no se cumplió la promesa electoral de una pronta recuperación económica. Entre 1990 y 1992, la combinación de desempleo y subempleo cubrió dos tercios de la población económicamente activa (Vilas, 1994, p. 260), así, durante la posguerra, la población se empobreció rápidamente, incluso más que durante los duros años de guerra, la diferencia estaba marcada por el discurso democratizador promovido por el gobierno que posteriormente creó un nuevo plan económico que incluía programas para aliviar los costos sociales de los ajustes, una reconversión agropecuaria hacia productos no tradicionales, la compactación de otros 10 000 puestos de trabajo en el Ejército y 15 000 en el gobierno central, ello cuando el 40 % de la población económicamente activa estaba sin empleo o con trabajos eventuales nada consistentes (Alternativas populares…, 1990, párr. 17).

La respuesta popular a las políticas económicas del gobierno neoliberal de Barrios, viuda de Chamorro, fue el inmediato rechazo. Luego, la gente se organizó y se realizaron los primeros “tranques”, el término coloquial para referirse al cierre de carreteras y vías de comunicación, una estrategia por completo nueva en el país y que resultó dañina para la economía, pues la distribución se volvió en extremo difícil. Los tranques fueron organizados en buena medida por el sandinismo electoralmente derrotado que perfeccionó la técnica utilizada por el grupo indígena Yatama, innovador en la estrategia (Combates en la zona norte…, 8 de enero de 1993, p. 8). A esto le siguieron múltiples huelgas, entre ellas destacan las sindicales, las de enfermeras y de profesores, las de hambre de militares retirados, entre otros gremios; así como la lucha estudiantil y los dos meses de huelga en 1992 contra el recorte inconstitucional del presupuesto universitario. Además, en septiembre de 1993 tuvo lugar el paro nacional de los transportistas que paralizó al país por varios días, entre otras protestas.

La presidenta y su grupo de tecnócratas se abocaron a cumplir con los acuerdos y compromisos contraídos con los organismos financieros internacionales. Asimismo, favorecieron los intereses de algunos grupos económicos y políticos que exigían recuperar las prerrogativas perdidas con la Revolución. Fue palpable la falta de recursos económicos, a lo cual se sumó el añejo problema de la propiedad, sin los títulos correspondientes los bancos no otorgaban préstamos a los productores, sin producción no había granos básicos ni exportaciones con lo cual el panorama económico se agravó.

Para 1990 existían 60 000 demandantes de tierra, además de 2 millones de familias afectadas por el problema de la propiedad y unos 6 000 ex propietarios que exigieron la devolución de sus propiedades (Descolectivización…, 1994). El gobierno creó las Corporaciones Nacionales del Sector Público (CORNAP) como uno de los mecanismos de privatización y devolución de las propiedades del Área de Propiedad del Pueblo (APP), que representaba en 1990 aproximadamente 40 % del Producto Interno Bruto (PIB) y empleaba a casi 78 000 trabajadores (Privatización: Tres puntos de vista, 1991) y empezó a desmembrarse para beneficiar a un grupo reducido.

En su campaña electoral, Violeta Barrios había prometido la devolución de la propiedad a sus antiguos dueños, y en la desmovilización de la Contra prometió entregarles tierras, luego se sumaron los retirados del Ejército Popular Sandinista (EPS) y los “cesanteados” del Ministerio del Interior (MINT), los trabajadores de las empresas de la app y el regreso al país de los desplazados y refugiados, todos demandantes de tierra. Violeta Barrios apostó, desde su llegada a la presidencia, al crecimiento agrícola y ganadero, pues la tierra podía entregarse a los ex combatientes para hacerlas producir, con ello se insertarían económicamente y abastecería el mercado interno y externo, pero el complejo problema de la propiedad y las promesas a sus aliados confiscados lo impidieron.

Con la venta de las empresas estatales, el gobierno pretendió obtener fondos frescos, creó la Comisión Nacional de Revisión, encargada de resolver los problemas de la propiedad, y para el 31 de diciembre de 1990 ya habían acumulado 6 000 reclamos que buscaban que se les restituyeran las propiedades confiscadas por la Revolución (Enríquez, 1993, p. 152). La contradicción generada fue: 800 somocistas empecinados en revertir las transformaciones agrarias y urbanas contra 300 000 familias; 120 000 beneficiados por la reforma agraria, la misma cantidad de beneficiados con lotes y casas por la reforma urbana y más de 60 000 desmovilizados de la Contra, cuyo nombre oficial al final de la guerra fue Resistencia Nicaragüense (RN), además es necesario incluir a los retirados del EPS y trabajadores participantes del proceso de privatización. Unos 2 millones de personas estaban involucrados en problemas de titulaciones, es decir, casi la mitad de la población nicaragüense (La Propiedad Urbana, 1995). La Comisión fue fundamental en la contrarreforma agraria, pues únicamente el “70 por ciento de los activos y empresas sometidos a privatización hasta 1992 han sido objeto de devolución a sus antiguos propietarios, y sólo 30% se privatizó” (Vilas, 1994, p. 262).

En este complicado contexto, se dio un paso significativo que cambiaría el panorama de las luchas campesinas en Nicaragua. A partir de ese momento, los conflictos por las tierras tendrán a un nuevo actor: los extranjeros beneficiados con las concesiones extractivistas. En agosto de 1990 el gobierno entregó a la empresa estadounidense Gold Neptune Company licencia para explotar las tres minas auríferas más importantes del Caribe Norte, a Atlantic Timbres Coorporation (ATMICO), 8 333 hectáreas y posteriormente otras 55 000 de bosque tropical húmedo para la explotación de los recursos madereros en el Caribe sur. A ello se suma que en el acuerdo no se estableció indemnización para Nicaragua por el otorgamiento del derecho de aprovechamiento (Gobierno entrega extensos bosques…, 1990, p. 14).

A la vez, el 71 % de los desmovilizados de la Contra eran de origen campesino y el 69 % había manifestado su intención de dedicarse a actividades agropecuarias. Una cifra similar era la de los retirados del EPS y cesanteados del MINT. Por esta razón, los programas para la inserción de excombatientes estaban vinculados a esta área, se incluía la entrega de tierras y para el caso específico de los ex contras, la creación de los Polos de desarrollo. Se distribuyeron semillas, insumos, animales y herramientas entre los desmovilizados que estaban en posesión de tierras, con lo que dejaban indefensos a los más pobres, es decir, a los que no tenían tierras que trabajar y con ello se dificultaba su inserción productiva. Además, muchas de las tierras se empezaron a cultivar después de años de abandono, así que no producían lo suficiente, o no eran aptas; a esta situación hay que sumar la sequía de los años siguientes (CIAV-OEA, 1998, p. 97).

Eran 22 413 comandos de la RN, más 72 000 del Ejército Popular Sandinista y 5 100 cesanteados del MINT (Barrios de Chamorro, 1996, p. 40). La mayoría quería regresar al campo, pero no tuvieron los apoyos suficientes, el patrocinio norteamericano a la contrarrevolución acabó prácticamente cuando entregaron el arma, la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación de la Organización de Estados Americanos (CIAV-OEA) no fue “generosa”. Por su parte, el gobierno, el ejército y el ex mint tampoco se hicieron cargo de sus ex miembros. Para Genaro, un desmovilizado de la RN, no se cumplió con lo mínimo:

Bueno se hablaba de un proceso de reinserción para el combatiente y su núcleo familiar […] y lo que recibimos fue un paquete de ayuda alimenticia que consistía en un poquito de arroz, fríjol, maíz, aceite y azúcar, cosas mínimas por seis meses, después ampliaron eso a un año, se nos entregaron 50 córdobas oro y catorce láminas de zinc, eso fue todo […] me lo entregaron en San Juan y yo tuve que transportarlo 12 kilómetros a San Juan Río Coco, que es donde yo vivía (G. Pérez Merlo, comunicación personal, 22, 23 y 24 de septiembre de 2006 en Managua).

En las terribles condiciones en que estaban los excombatientes, el rearme fue la única solución que encontraron estos campesinos ante las políticas neoliberales del gobierno. Entre el 14 y el 17 julio de 1990, en Jinotega, un grupo de desmovilizados de la Contra -denominados a partir de ahí como Recontras, es decir, contras que retomaban las armas- junto con sus familiares se apropiaron de dos haciendas privadas en respuesta a la “urgente necesidad de tierra que tenemos”, dijo su líder “Bolívar”, en una entrevista a El Nuevo Diario y afirmó encabezar un “movimiento reivindicativo de los contras por la tierra” (¡Huelga a fondo!..., 1990, p. 1). Las tomas de tierra siguieron hasta que se dio el rearme masivo de excombatientes buscando su inserción productiva.

Otro líder de la Recontra, “El Colombiano”, reclamó en una nota en el Nuevo Diario tierra para 5 000 desmovilizados y colaboradores de la RN, criticó públicamente al gobierno por no cumplir las promesas hechas durante la desmovilización: “La gente en la montaña anda desesperada, sin trabajo y sin nada, por lo que urge darnos atención, tierra y créditos para trabajar […]” (Contras amenazan…, 1990). Para German, uno de los pocos estudiantes que ingresó a la Contra:

[…] el 95% de nuestra gente es campesina y […] lo importante era hacernos capaces de producir […] la gente sintió que no tenían con que subsistir porque no tenían tierra, […] el más desfavorecido es el de la Resistencia, porque también entre nosotros hay gente maleante que agarró propiedad y que en vez de dársela al desmovilizado, se la vendió al latifundista y se las quedó el que tenía más reales, [unos] se hicieron ricos de la noche a la mañana con el sudor y la sangre de la gente nuestra. Es por eso el rearme (G. Zeledón, comunicación personal, 8 y 9 de octubre de 2006 en Jinotega).

Posteriormente, se dieron ataques a fincas, poblados y luego a la policía y al ejército, cierre de carreteras, toma de iglesias –entre ellas la Catedral de Managua– y sedes diplomáticas como la Organización de Estados Americanos (OEA), la CIAV-OEA, la embajada venezolana, la colombiana, e incluso la de Nicaragua en Costa Rica. El norte se convirtió nuevamente en una zona de revueltas campesinas armadas. Para complicar más el panorama, en octubre de 1993 se firmó un acuerdo entre el gobierno y el FMI que incluyó nuevas políticas restrictivas (Acuerdo con el FMI…, 1993). Para 1994 el “66% de los nicas estaban en desempleo y […] un 53% está fuera del mercado de trabajo” (66% de nicas…, 1994), no había recursos para la inserción de excombatientes, el país era el segundo más pobre del hemisferio; sin embargo, el gobierno se ufanaba de haber cumplido con todos sus compromisos internacionales.

En 1994, el ejército informó que entre enero y septiembre había consignado 583 actividades relacionadas con el rearme. Se trató de 50 asesinatos, 45 secuestros, 48 asaltos, 31 incendios de vehículos, 92 combates entre rearmados y fuerzas del orden público que dejaron un saldo de 66 muertos, 75 heridos y 5 capturados. Además, se logró desarticularen combate a 85 bandas y se desmovilizaron 5 agrupaciones (Miskitos combaten…, 1994).En 1995 la policía había investigado 48 737 delitos. Si lo comparamos con el año 1985, en el fragor de la guerra habían sido 15 189. En otras palabras, se puede decir que la posguerra fue en muchos sentidos tan violenta como la guerra. Entre el 20 de enero de 1992 y febrero de 1995, por medio de la Brigada Especial de Desarme (BED), se desmovilizaron a 131 grupos y 24 419 hombres (Arévalo, 2007, p. 40); siendo este un número mayor a la cifra oficial proporcionada por la CIAV-OEA de desmovilizados de la RN: 22 413 hombres.

El rearme fue el resultado de un proceso organizativo de un sector importante de excombatientes de origen campesino que ejercieron presión por medio de las armas para la entrega de las tierras. Durante los primeros años de la posguerra, la enorme cantidad de demandantes de tierras demostró la falta de planeación gubernamental para atender a ese sector fundamental de la sociedad. Así, ante la imposibilidad de entregarla en las zonas tradicionales de producción, se promovió el avance a otras más alejadas y también, de manera autónoma se dieron constantes movimientos de la frontera agrícola hacia el poco poblado Caribe. Como resultado de lo anterior, en el corto y mediano plazo, las zonas agrícolas de los pequeños productores se extendieron en detrimento del medio ambiente. Paralelamente, por iniciativa estatal, se empezaron a gestar una serie de proyectos mineros y de infraestructura, provocando el surgimiento de nuevos movimientos sociales pro-ambientales y anti-neoliberales.

La movilización campesina durante el gobierno de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños

Durante el gobierno de Arnoldo Alemán (1996-2001), se evitó la negociación y, por el contrario, se privilegió el combate frontal con los excombatientes en armas, así como el descabezamiento o la compra de los líderes de los grupos rearmados. A pesar de ello, las circunstancias obligaron a las autoridades a reactivar, en 1997, la Brigada Especial de Desarme (BED), que en un año de labores desmovilizó a 1 882 hombres con 716 armas (Arévalo, 2007, p. 60). Asimismo, un nuevo acuerdo fue firmado el 30 de mayo de 1997 con el Frente Norte 3-80 (FN-380), un grupo enfrascado en acciones meramente delincuenciales y, finalmente, en el Caribe en febrero de 1999 se firmó el último acuerdo con los grupos rearmados, ahí fueron beneficiados 1 500 indígenas de la agrupación Yatama. Para “El Chacal” líder del FN-380:

Las primeras armas nosotros las compramos a gente del ejército, al desmovilizados del ejército, yo les compré 200 fusiles AK, había un contacto ahí […] pasábamos por cooperativas del Frente Sandinista que estaban armadas y [las recuperábamos] así hasta que armábamos a toda la gente […] después de 1990 era más fácil comprar armas que comprar comida, había fusiles en abundancia. […] [ya en el rearme]. Los grupos que negociaban con el gobierno y pedían un solar, lo que le daban nada más, eran 20 pliegos y no un terreno para hacer la casa, entonces para suplir sus necesidades en ese momento lo que hacía era vender el zinc, gastar el dinero y quedar otra vez así, o sea que en ese sentido hubo un plan muy desorganizado de parte del gobierno para reinsertar a la gente en masa (J. Á. Talavera “El Chacal”, comunicación personal, 22 de noviembre de 2006 en Managua).

En el Triángulo Minero de Siuna, Bonaza y Rosita, en mayo de 2000, todavía existía un grupo de rearmados. Se trataba de un remanente del Frente Unido Andrés Castro (FUAC) que en esta época ya solo se dedicaba al secuestro y extorción, y no a reivindicaciones de excombatientes que habían marcado su inicio como organización. En esos días, un helicóptero robado por tres narcotraficantes mexicanos tuvo un aterrizaje forzoso en la zona, los pasajeros fueron capturados, aunque uno se suicidó en la cárcel, también viajaba un ciudadano nicaragüense que logró huir tras la caída de la aeronave. Para el ejército era prueba de la relación entre los carteles del narcotráfico internacional con el FUAC. Posteriormente, el ejército movilizó a 1 500 efectivos para aniquilarlos, varias organizaciones solicitaron una amnistía para los excombatientes, pero esta no fue aceptada por las autoridades y sorprendentemente fue rechazada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), con el argumento de que la amnistía reforzaría la impunidad (Rearmados en el Triángulo Minero, 1999). Finalmente, se eliminó al último grupo de rearmados de origen campesino.

Arnoldo Alemán llevó a cabo un nuevo embate a la propiedad campesina a través de la continuación y profundización de la contrarreforma agraria de Chamorro. Para 1998 según datos de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua (UNAG), un millón de hectáreas había pasado a manos de nuevos latifundistas. A ello se sumó que todas las políticas de crédito, tanto públicas como privadas, favorecían a los inversionistas extranjeros y al gran capital nacional. A la cabeza de los beneficiados estaba el mismo presidente que se convirtió pronto en propietario de varias fincas a las que les construyó caminos de acceso con recursos públicos. En palabras de Álvaro Fiallos, en ese entonces presidente de la UNAG: “más que a un presidente vemos a un patrón de finca”. Alemán respondió “Tengo derecho a comprar” (En el vórtice de otro huracán…, 1999). Para la población campesina, el panorama se complicó en 1998 con la llegada del Huracán Mitch que causó mayores estragos entre los más pobres del campo, como dato significativo arruinó el 15 % de la producción agropecuaria nacional, el 40 % del área sembrada de frijol y el 32 % del área de maíz y murieron, tan solo en Posolteca, 1 650 personas enterradas por un alud (Hora de oportunidades y oportunismos, 1998).

Una de las consecuencias del rearme y de la crisis económica de la última década del siglo XX es que la organización campesina en Nicaragua se encontró prácticamente sin liderazgos, sin una agenda y con pocas capacidades de presión ante las voraces políticas de acaparamiento de la propiedad en beneficio de Arnoldo Alemán y sus allegados. Un gobierno cuya característica principal fue su rapaz corrupción y la continuación de políticas dictadas por los organismos internacionales.

En 2002 llega a la presidencia Enrique Bolaños que intentó combatir la corrupción de su antecesor sin mucho éxito. En enero de 2004 logró que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) condonara el 80 % de la deuda a Nicaragua (BID condona deuda, 2006, párr. 11) y dos años después, a partir del 17 de noviembre de 2006, la deuda de unos 800 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI)⁷, misma que fue condonada con el compromiso de mantener el ajuste a la economía según los criterios de esa institución hasta 2011 (FMI da detalles de la deuda condonada, 2005). Estas negociaciones allanaron el camino a Daniel Ortega, quien, en 2007 y durante su primer periodo como presidente en la posguerra, pudo liberarse del pago de los 26 millones de dólares mensuales a la deuda y destinarlos a otros gastos (La herencia de Bolaños..., 2006), como por ejemplo, poner fin a los constantes apagones a causa del desabasto energético⁸.

En cuanto al campo, una de las políticas implementadas por Bolaños fue el cultivo de la palma africana y la caña de azúcar para biodiesel, actividad que la empresa privada puso en marcha y que poco a poco fue acaparando tierras para la producción extensiva, además del daño ecológico que provoca el mono-cultivo (La herencia de Bolaños..., 2006). Un año antes de dejar la presidencia, entró en vigor un tratado de libre comercio con República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos. Parte de las ventajas del acuerdo fueron cosechadas por Daniel Ortega, pues entre 2005 y 2010 las exportaciones comerciales hacia Estados Unidos se incrementaron un 70 %, y en sentido inverso aumentaron 57 % mientras que las exportaciones de Nicaragua a Centroamérica y República Dominicana crecieron casi 50 % en el mismo periodo (Embajada de Estados Unidos en Nicaragua, 2011).

Se trató de uno de los factores del lento y modesto crecimiento económico -3.5 % anual durante el periodo- pues el café, el azúcar y la carne se incrementaron y de la misma manera que en el siglo XIX son los principales productos exportables del país, anclados en las materias primas. La crisis en el campo envió a los nicaragüenses a Costa Rica, España y Estados Unidos, pues solo el 10 % del total del crédito se otorgó al sector agropecuario, por ello, en 2006, eran 800 millones de dólares anuales el monto de las remesas. Durante el gobierno de Bolaños, la inversión en infraestructura fue para las zonas francas de maquila, con la mano de obra peor pagada de Centroamérica, descuidando por completo la infraestructura para que los campesinos pudieran sacar sus cosechas (La herencia de Bolaños…, 2006).

Los retos del campesinado nicaragüense durante el gobierno de Bolaños fueron: en primer lugar, la crisis del café y en segundo, el caso Nemagón. Los precios del café cayeron drásticamente en el 2001, hubo una sobreoferta de 10 millones de sacos, el precio se mantuvo por debajo de los 50 centavos de dólar la libra, el más bajo en 50 años afectando a 300 000 productores centroamericanos (CEPAL, 2002). En Nicaragua, los productores bajaron salarios, pagaron en especie a los trabajadores, no contrataron ni a mujeres ni a menores –una práctica cultural–, muchas fincas fueron abandonadas, la crisis produjo la quiebra de dos bancos, el embargo de fincas al no cumplir sus compromisos crediticios, el aumento del desempleo rural y, finalmente, situaciones de hambruna entre miles de familias. En enero de 2002 estos trabajadores agrícolas, usualmente dispersos en las fincas, se organizaron y realizaron plantones a lo largo de las carreteras de Matagalpa. Entre enero y octubre de 2002, murieron por hambre 21 personas que estaban instaladas en dichos plantones, eran desempleados y hambrientos trabajadores acompañados de sus familias, pues 14 de los fallecidos eran menores de edad. En junio, el gobierno instaló un programa llamado Alimentos por Trabajo destinado a 3 000 cabezas de familia afectados por la crisis del café. El 13 de septiembre se firmó el Acuerdo de Las Tunas como paliativo, el ejecutivo se comprometió a entregar en seis municipios de Matagalpa un bono de apoyo a las familias, reapertura y ampliación de comedores infantiles en áreas rurales, el compromiso para habilitar la producción de café y crear un banco de tierras (Crisis del café, 2002).

El trágico caso de Nemagón cobró visibilidad en Nicaragua en febrero de 2005 cuando se dio una marcha de más de 3 000 personas –en representación de 80 000 afectados– que recorrieron a pie los 150 kilómetros que separan Chinandega de Managua. Eran los campesinos, trabajadores del banano, piña, algodón y caña de azúcar afectados por exposición directa o indirecta al pesticida vendido comercialmente como Nemagón y Fumazone. Durante los años sesenta del siglo XX, las fruteras de capital trasnacional Standard, Dole, Del Monte y United Fruit –actualmente Chiquita Brands– emplearon masivamente el Nemagón en sus plantaciones. El dibromor-cloropropano (DBCP), ingrediente activo, se usa para combatir un gusano que se aloja en las raíces y mancha la fruta. Durante décadas se vendió el pesticida en Nicaragua, a pesar de que en 1977 en California se documentó el primer caso de esterilidad masculina por exposición de DBCP. En Costa Rica se prohibió en 1978, un año después le siguió Estados Unidos por las graves enfermedades que causaba debido a sus efectos cancerígenos –detectados por la Dow desde 1958–; además de sus altos componentes contaminantes que afectaban aire, suelo y agua. Las bananeras nacionalizadas durante la Revolución sandinista siguieron usándolo a pesar de ser sumamente venenoso para los trabajadores del campo (Por los caminos van los campesinos, 2005).

En 1993, a nivel mundial ya se contabilizaban más de 16 000 afectados, en Nicaragua se habló solamente de 195. Dos años después, en 1995 se presentó una causa judicial de más de 16 000 afectados en Asia, África y América Latina en el estado de Texas, Estados Unidos en contra Shell, Dow y Occidental por fabricar y distribuir el Nemagón. Los trabajadores de las compañías que eran padres fueron infectados con mayor intensidad al tener contacto directo con el pesticida, y pronto empezaron a presentar problemas de esterilidad, también lo eran las madres que trabajaban en el empacado de las frutas por lo que también estaban envenenadas. En Chinandega comenzaron a nacer menores con malformaciones y los abortos involuntarios se volvieron comunes:

[…] las parejas dejaban de tener hijos sin explicación, cuando los cuerpos de los hombres comenzaron a llenarse de llagas que nunca cerraban, cuando una extraña comezón en el cuerpo: “echándote agua todo el día, como si tuvieras fuego dentro, como si te estuvieras quemando” se fue extendiendo por la piel de más y más gente. […] Algunos reflexionaron y entendieron que […] había responsables, que el pecado era de las fruteras, que habían diseminado Nemagón y otros químicos tóxicos en las ricas tierras de Chinandega durante tantos años” (Por los caminos van los campesinos…, 2005).

En 1997, un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) reveló que en el 99 % de 154 madres investigadas en el hospital de la ciudad de Chinandega y en otros dos centros de salud chinandeganos se detectaron altas concentraciones de DDT y DDE en la leche materna, en la grasa abdominal, en la sangre y en el cordón umbilical. En 1999, un documental del Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos de Nicaragua (CIRA) señaló que en el occidente del país se usaron tantos plaguicidas que en uno de cada ocho pozos se encontraron sustancias prohibidas a nivel mundial por su alta toxicidad (Por los caminos van los campesinos…, 2005).

En enero del 2001, tras varias movilizaciones campesinas, se inició en Nicaragua el proceso judicial, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 364 “Ley Especial para la tramitación de juicios promovidos por las personas afectadas por el uso de pesticidas fabricados a base de DBCP” que respaldaba los reclamos que en los tribunales de Estados Unidos mantiene la mayoría de las víctimas nicaragüenses contra la Dole, la Dow y la Shell, productoras del Nemagón. En 2002 y 2003 siguieron nuevas movilizaciones y la creación de la Asociación de Trabajadores y Ex Trabajadores Demandantes del Nemagón (ASOTRAEXDAN). En enero de 2004, unos 5 000 campesinos de ASOTRAEXDAN iniciaron su tercera marcha a pie desde Chinandega a Managua. El domingo 21 de marzo tras casi dos meses de acampar en champas de plástico en lo que de manera irónica se llamó “Ciudadela Nemagón”, el Presidente Bolaños se reunió con una delegación de los afectados. Se firmaron los “Acuerdos de El Raizón” donde el gobierno se comprometió a brindar asesoría legal en Estados Unidos a los afectados y a denunciar en la Convención Internacional de los Derechos Humanos en Ginebra el caso del Nemagón en Nicaragua.

En 2005 se hicieron nuevas marchas hacia Managua, se informó que unos 2 000 afectados habían muerto en los últimos años, los sobrevivientes exigían una indemnización de 17 000 millones de dólares y el apoyo del gobierno de Nicaragua para poder contrarrestar las trampas legales que para no cumplir les habían tendido las productoras demandadas⁹. Se llegaron a nuevos acuerdos en mayo, el gobierno adquirió el compromiso de garantizar la atención gratuita en salud a las víctimas como grupo de atención priorizado, se entregaron 3 883 carnets de identificación a los afectados, y a apoyar en los gastos funerarios de hasta un total de 300 por año. La Ciudadela fue visitada constantemente por grupos religiosos y de la sociedad civil con los que se lograron establecer lazos solidarios y de apoyo.

Entre los mayores logros de los campesinos víctimas del Nemagón –y que heredaron a los nicaragüenses– fueron los compromisos ecológicos y su acercamiento a otros sectores sociales. Se trata de dos cambios significativos en las luchas campesinas, pues rompieron con el aislamiento tradicional al movilizarse a la ciudad y dejar constancia en medios de comunicación y en organizaciones de la sociedad civil de su agenda. Como parte de su labor organizativa y de sensibilización fueron capaces de participar en la elaboración de un manual de manejo de plagas, desarrollaron campañas educativas para la promoción de alternativas más amigables con la salud y el medio ambiente, metodologías para la evaluación de la calidad del agua, un estudio sobre la vida en las comunidades afectadas, elaboraron propuestas de producción orgánica, proyectos de reforestación en León y Chinandega –región arrasada por el cultivo extensivo del algodón– y capacitación a promotores ambientales en las zonas envenenadas. Estas acciones son muestra de una gran conciencia entre los campesinos que fueron capaces de ver más allá del dinero de la indemnización o de sus cuerpos envenenados y mostraron una seria preocupación ambiental, una característica organizativa entre los campesinos que se mantendrá en los siguientes años.

Otro cambio significativo en la movilización campesina del Nemagón fue que a pesar de las circunstancias adversas –los integrantes de la Asamblea Nacional mostraron mezquindad e indiferencia ante el caso, a lo que se suma la salud misma de los trabajadores agrícolas movilizados–, fueron capaces de crear y consolidar una organización fuerte, solidaria y con valores éticos en sus liderazgos, se trató de una movilización pacífica, con una agenda clara y que tuvo la solidaridad de la sociedad de Managua que movilizó sus conciencias.

El poco apoyo al campo por parte de los gobiernos de Alemán y Bolaños hizo que se trastocaran las formas de vida de los campesinos, la vida agrícola dejó de ser redituable y la migración a los centros urbanos se incrementó. Según un estudio elaborado para la CEPAL en 2007, se muestra que el rendimiento de maíz y frijol no había mejorado significativamente en los últimos 40 años; pese a que se trata de uno de los principales cultivos para la dieta local, y es el cultivo que más área de siembra posee (Vivas, 2007, p. 35), es decir, se requiere de más tierra para cosechar lo mismo.

Nicaragua es peculiar si se compara con otros países de la región, pues hasta el censo de 2005 el 56 % de la población era urbana, su proceso de urbanización había sido una de las más lentas de la región, por el contrario, la migración internacional a Costa Rica y los Estados Unidos es alta, sobre todo entre los campesinos (Vivas, 2007, p. 12), un factor fundamental para entender este lento proceso de urbanización es que la frontera agrícola aún estaba en expansión y con ello se daban desplazamientos internos hacía zonas rurales (Rueda, 2013 ; Vivas, 2007). Entre 2001 y 2005, la población migrante interna era del orden del 20 %. Un punto relevante es que la migración habría disminuido su intensidad entre el primer quinquenio de la década de 1990 y el primero del decenio de 2000 (Vivas, 2007, p. 68). Sin embargo, en 2001, el predominio de la migración campo-ciudad era ligero, mientras que a partir de 2005 era abrumador (p. 70). Es decir, la migración había sido menos grave durante la época del rearme que en los “pacíficos” años de Alemán y Bolaños.

Fue quizá por la pobreza y el cansancio de la guerra que en Nicaragua los procesos de privatización se dieron prácticamente sin oposición. No hubo acciones callejeras masivas ni insurrecciones campesinas ante los proyectos de agricultura extensiva, fue la injusticia y la lucha por una indemnización a las víctimas del Nemagón lo que dará el cariz a las siguientes movilizaciones, la conciencia medioambiental y la unidad con otros sectores sociales.

La movilización campesina durante el régimen de Daniel Ortega: las banderas ambientales, de soberanía, anti extractivistas y por la democracia

Nicaragua ha tenido un paso progresivo de agro-exportación al neo-extractivismo, sin que ninguna de las dos fases haya mejorado las condiciones materiales de los nicaragüenses. Las ganancias generadas como país agroexportador nunca volvieron a los niveles de la década de 1970, cuando buena parte del país era la finca de Somoza, ello a pesar de los intentos fallidos realizados por la Revolución, en buena medida, a causa de la guerra interna. Con la llegada de Violeta Barrios se dio paso a la tercerización de la mano de obra por medio de la maquila, pero sin ser la principal fuente de mano de obra, pues la agricultura y ganadería seguirán siendo los principales rubros de empleabilidad de los nicaragüenses. Además, si bien la explotación de las mineras inició durante el gobierno de Violeta Barrios (1990-1997), aún no es un rubro exitoso de empleabilidad. Tampoco se han realizado obras gigantescas como presas, grandes urbanizaciones u otros megaproyectos extractivistas por lo que se había minimizado el despojo de tierras si se compara con países como Honduras o México.

La expansión de la ganadería y la agricultura no había mejorado las condiciones del campesinado en la posguerra. En 2008, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Fondo Monetario Mundial (FMI) y el Banco Mundial (BM), insistieron en que la solución a la carestía de alimentos estaba en impulsar de nuevo la agricultura familiar (Bartra, 2016, p. 9). En Nicaragua, con fondos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), se realizó una serie de programas como Hambre Cero y Usura Cero que tenían como finalidad promover la producción alimentaria campesina y mejorar su acceso al crédito; si bien su éxito es innegable, al implementarse las políticas extractivistas estas tuvieron efectos negativos, uno de ellos es que se desató la compra de tierras por parte de empresarios nacionales y extranjeros¹⁰. En este contexto se destaca la concesión de tierras al empresario chino Wang Jing para la construcción del Gran Canal Interoceánico (GCIN). Si se concreta la construcción, el país asiático tendrá grandes extensiones territoriales fuera de sus fronteras, un tema del que se hablará más adelante.

Entre 2010 y los primeros meses de 2018 fue un periodo de construcción de varios hoteles tipo resort principalmente en el departamento de Rivas, fronterizo con Costa Rica, estos desarrollos incluyen campos de golf, extensas playas, clubes hípicos y demás infraestructura que evidentemente se nutre de grandes extensiones de tierra. En la zona abundan los empresarios internacionales, pero también los locales, entre ellos Carlos Pellas, el hombre más rico del país, quien, además de invertir en el Ron Flor de Caña, la importación de vehículos japoneses y bancos, ha incursionado en hotelería con “Guacalito de la Isla”, que tiene una extensión de 6.5 kilómetros cuadrados.

Es así que “la privatización, concentración, extranjerización y financierización de la tierra y la agricultura van ganando con mucho el débil impulso que en algunas partes [como en Nicaragua] tuvo la pequeña y mediana producción campesina” (Bartra, 2016, p. 10). Vemos entonces políticas contradictorias implementadas por el gobierno de Daniel Ortega, por un lado, la inversión de grandes recursos para hacer viable la producción campesina a través de programas como Hambre Cero y Usura Cero, y por el otro, la privatización de enormes extensiones de tierra con fines de ganadería y agricultura extensiva, turismo y minería.

Para las comunidades campesinas, este auge de búsqueda de “nuevas oportunidades” de inversión en el país ha incrementado el despojo, las expropiaciones de territorios y expulsiones de forma pasiva y violenta de poblaciones campesinas y comunidades indígenas de sus lugares de origen. El gobierno le ha apostado a la atracción de inversiones extranjeras por medio de actividades extractivas. Uno de los sectores priorizados ha sido la minería metálica, cuya producción de oro en onzas troy creció en un 220 % entre 2006-2016, es decir, durante los dos periodos de Ortega en la presidencia. Uno de los problemas de la minería metálica a cielo abierto es que 17 % de las concesiones activas del país se encuentran en zonas de alta fragilidad ambiental (Sánchez, 2016) y en áreas protegidas o habitadas por poblaciones indígenas y comunidades campesinas.

Hay que recordar que las autoridades decretaron a Nicaragua como país de vocación minera y se puso énfasis en ello desde 2012, lo que conlleva a la fiebre por la tierra, a través de un proceso de acumulación por despojo, concentración y extranjerización de territorios (Harvey, 2012). Esta fue la realidad que se vivió en Rancho Grande, Matagalpa en las inmediaciones del Cerro Pavón donde se buscaba instalar una mina de oro a cielo abierto en una extensión de 1 301 hectáreas. Desde la década de 1990 varias empresas habían solicitado permisos de explotación en la zona; sin embargo, no obtuvieron el aval del Consejo Municipal. Tras años de prospección, la canadiense Radius Gold encontró los yacimientos y posteriormente logró la concesión en 2005 a través de una subsidiaria local. La comunidad manifestó su rechazo primero por la afectación que traería al medio ambiente, principalmente al río Yaoska y por las precarias condiciones laborales de los planeados 150 empleos directos en la mina, según datos del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL, 2016).

Desde 2010 iniciaron las protestas campesinas con el firme apoyo del gobierno local, las iglesias evangélicas y católicas, asesoradas por el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero del Centro Humboldt y la Red de Mujeres de Matagalpa, estas sinergias dieron lugar a la conformación del Movimiento Guardianes de Yaoska. Organizaron marchas, talleres de sensibilización y la simbólica entrega a la Asamblea Nacional y a la presidencia de la República de un documento con más de 6 000 firmas manifestando su rechazo a la minería. En octubre del 2015, el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) rechazó el permiso ambiental a la minera para iniciar sus operaciones:

Por las características del sitio y su cercanía a la Reserva Natural de Yaoska, tendría impactos negativos a áreas de tránsito natural de las especies en la conectividad biológica con las Reservas del Macizo de Peñas Blancas y Bosawás […] el proyecto no es viable y las afectaciones se tendrían en el modo de vida de las personas, en las fuentes de agua (OCMAL, 2016, párr. 1).

Es innegable que las acciones promovidas por el movimiento social campesino Guardianes de Yaoska lograron incidir en la decisión del Estado para declarar la explotación minera inviable en el Cerro Pavón. Fue la presión de la comunidad la que logró revertir el poder de la trasnacional B2Gold –que compró Radius Gold en 2012– y con ello, de manera indirecta señalar públicamente el rechazo al pago de los costos sociales y ambientales del extractivismo minero en el país. Según la ley nicaragüense, el gobierno solo obtendría el 3 % de toda la producción de oro (Walsh, 2015). Se trató de un hecho histórico, sin precedentes, resultado de un variado repertorio de acciones no violentas, progresivas que incluyeron a amplios sectores de la sociedad tanto en lo local como a nivel nacional. Se trata de dos novedades importantes para el éxito de Guardianes de Yaoska:

(1) que los cambios en la práctica pastoral de la iglesia condujeron a dos dinámicas sociopolíticas: el reforzamiento de los mecanismos de organización y gestión comunitaria, y alimentaron […] (2) la apropiación política de la agroecología contribuyó a la defensa del espacio rural y a mayor autonomía sobre el control de su territorio. Ambas dimensiones se reforzaron mutuamente en la expresión de lucha: el ecologismo campesino (Sánchez, 2016, p. 2).

Otra característica de Guardianes de Yaoska, y que compartirá con el Consejo Nacional en Defensa de Nuestro Lago y Soberanía, es la territorialización de los movimientos, es decir, su capacidad de arraigo en los espacios físicos recuperados a través de las luchas. Se trata de una respuesta de los sectores campesinos en contra de las nuevas formas de apropiación territorial del capital nacional y trasnacional. Una de las mayores diferencias con los anteriores movimientos sociales, populares o campesinos es la conciencia de las consecuencias que trae la desterritorialización productiva. Se trata de una lucha en contra del reacomodo del espacio físico que el gobierno y las mineras pretendían imponer y el rechazo a la re-ubicación de los sectores campesinos en nuevos territorios, ubicados en los márgenes de las zonas de producción rural intensiva o de sus territorios tradicionales. Una realidad que se sabe se vuelve irreversible con la minería.

Se trata de una problemática a nivel global cada vez más visible de luchas campesinas en contra de los proyectos extractivistas y de la extranjerización de la propiedad de la tierra. En este contexto surge el emblemático y novedoso Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía en Nicaragua (El Consejo). Esta asociación, conformada mayoritariamente por estratos campesinos, inició las movilizaciones después de la promulgación de la Ley 840. El auto-denominado gobierno progresista de Daniel Ortega retomó los trabajos que el neoliberal Enrique Bolaños había desarrollado para la construcción del añorado canal por Nicaragua. Así, el 6 de julio de 2012 se publica la Ley 800 del Régimen Jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua (GCIN) y de Creación de la Autoridad de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua:

[…] Art. 2 […] Para todos los efectos legales se declara de prioridad e interés supremo nacional el proyecto de El Gran Canal de Nicaragua, incluyendo los correspondientes estudios, diseño, construcción y operación. El Gran Canal […] constituye un patrimonio de la nación nicaragüense y por su naturaleza tendrá las características de total neutralidad y de servicio público internacional, cuyo funcionamiento no podrá interrumpirse por causa alguna […] Art. 3 […] La Autoridad de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, tiene autonomía financiera, orgánica, funcional, administrativa y de duración indefinida. En consecuencia, ejercerá libremente la facultad de recibir, custodiar y asignar sus recursos financieros y podrá depositar sus fondos en los bancos que estime conveniente […] (Asamblea Nacional, 2012, p. 1).

Esta ley va en contra del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) firmado por Nicaragua, pues en este, para la entrega de concesiones, se requiere tanto de una consulta al pueblo como a las autoridades regionales y locales, y al no hacerse se atenta en contra de su autonomía (Regeneración Radio, 2016). También se contrapone a la legislación nacional, en específico a la Ley 445 “De Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz” y el Reglamento a la Ley 28 “Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua”. Este último define la tierra comunal como:

[…] al área geográfica en posesión de una comunidad indígena y/o étnica, ya sea bajo título real de dominio o sin él. Comprende de las tierras habitadas por la comunidad y aquellas que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas, culturales, religiosas y espirituales, incluyendo la caza, pesca y agricultura, los cementerios y otros lugares sagrados de la comunidad. Las tierras comunales no se pueden gravar y son inembargables, inalienables e imprescriptibles (Asamblea Nacional, 2003, p. 2. El subrayado es de la autora).

A pesar de la ilegalidad, posteriormente, el 13 de junio de 2013 se aprobó la Ley 840 que tenía como objetivo entregar una concesión exclusiva por 50 años –a partir del inicio de operaciones comerciales y prorrogable por 50 años más– a HK Nicaragua Canal Development Investment Co., Limited, (HKND) una compañía de responsabilidad limitada constituida en Hong Kong y al empresario Wang Jing para la construcción del GCIN, en su artículo dos, descripción del proyecto la ley dice:

[…] El Proyecto consiste en el diseño, desarrollo, ingeniería, acuerdos de financiación, construcción, propiedad, posesión, operación, mantenimiento y administración […], de los siguientes proyectos relacionados con infraestructura, […] y “Sub-Proyecto”: a) Un canal tradicional para naves, uniendo los puertos de aguas profundas en el Caribe y litorales del Pacífico […]; b) Un puerto […] en la costa del Caribe […]; c) Un puerto […] en la costa del Pacífico […]; d) Un oleoducto que conecte áreas en litorales del Caribe y del Pacífico; e) Un canal seco para la construcción de una vía férrea para transporte de carga […] uniendo los litorales del Caribe y del Pacífico […]; f) Una zona de libre comercio que se establecerá en las proximidades de donde el GCIN se una con la costa del Caribe […] ; g) [otra zona de libre comercio en la Costa del Pacífico]; h) Un aeropuerto internacional en las zonas de libre comercio […] o alternativamente, la expansión de un aeropuerto actual […]; i) La infraestructura […] que El Inversionista determine necesaria […]; y j) Un proyecto global para asegurar la integración y coordinación de todos los otros Sub-Proyectos […] (Asamblea Nacional, 2013, p. 2).

A partir de 2013, Wang Jing cuenta con un plazo de 16 años para tener el total de financiamiento para construir el canal y los megaproyectos que lo acompañan (Asamblea Nacional, 2013). Las respuestas populares a las Leyes 800 y 840 se dividieron básicamente en dos, por un lado, aquellos que simpatizaban con la construcción del Canal al tratarse de un anhelo histórico de los nicaragüenses (Geert, 2014) y, por el otro, los opositores campesinos que no están dispuestos a dejar sus tierras –o venderlas a precio de catastro y no de mercado– ni sus formas de vida (F. “Chica” Ramírez, comunicación personal, 30 de octubre de 2018). A un costo de 40 000 millones de dólares (Asamblea Nacional, 2013), el 7 de julio de 2014 se anunció la ruta del Canal con 278 kilómetros de largo con dos esclusas. La primera que comunicaría al Pacífico con el Lago Cocibolca sería nombrada Brito y la segunda uniría al Caribe con el lago al norte del río Punta Gorda, se le denominaría Camilo. En medios periodísticos se habló de por lo menos 7 000 familias desplazadas en el Pacífico y unas 5 000 en Caribe (Confidencial, 2015). Para HKND no serían más de 6 800 familias o 27 000 personas reubicadas, como contraste, cálculos de la organización Popol Na refieren a que más de 119 000 familias tendrían que ser expropiadas de sus tierras o ser reubicadas (López, 2015).

Se trata de núcleos de campesinos, pescadores y comunidades indígenas principalmente creoles y ramas. En el departamento de Rivas serían 9 las comunidades afectadas, principalmente, en el área de Tola y en las cercanas al río Brito, en San Juan del Sur 2 comunidades, en la Isla de Ometepe 5, en San Jorge 6, en Altagracia 4 y en San Carlos 10. Los departamentos más afectados serían Río San Juan con 22 comunidades, entre ellas El Tule y San Miguelito, en esta última hubo una huelga escolar. Los padres no enviaron a sus hijos por varios meses a las escuelas durante 2014 como rechazo a las leyes y a la campaña a favor del proyecto que se estaba realizando en las escuelas. En Nueva Guinea se ven afectadas 38 comunidades, entre ellas La Fonseca, de donde saldría Francisca Ramírez “Chica” quien es la líder más visible de El Consejo. En Bluefields serían 60 comunidades las perjudicadas. Además, serían afectadas las poblaciones de Buenos Aires y Potosí en Rivas –productivas en plátano y caña de azúcar– por otros proyectos como los 4 complejos turísticos, 2 aeropuertos y las 2 zonas de libre comercio que se incluyen en el proyecto de HKND (Regeneración Radio, 2016; Confidencial, 2015; López, 2015).

Las zonas de construcción del Canal y las aledañas son sumamente productivas, sus principales actividades económicas son la agricultura y la ganadería: en la Zona de Nueva Guinea se produce maíz, frijol, arroz, malanga, yuca, quequisque y jengibre, tanto para el auto-consumo como para el mercado local e incluso para la exportación. En la costa caribeña se pesca camarones, langostas, tortugas, diversos peces y se cría el “chancho de monte”. En Rivas, en el Pacífico se produce plátano, caña de azúcar, mango, sorgo, árboles frutales. En todas las áreas se da la crianza de vacas, gallinas y caballos (MAG-INTA, 2018).

Las primeras movilizaciones fueron discretas y no cubiertas por la prensa; sin embargo, se fueron haciendo cada vez más fuertes. Para junio de 2014, cinco de ellas habían sido reprimidas violentamente; a partir de agosto de 2014, se volvieron más visibles y nutridas, debido al malestar que provocó el inicio de un “Censo de Propiedades” a ser expropiadas por encontrarse en la ruta canalera. Francisca Ramírez, líder campesina y cabeza visible de El Consejo recuerda ese momento como significativo:

[…] comenzaron a llegar chinos [empleados de HKND] acompañados del ejército, personas de la Procuraduría General de la República a medir nuestros terrenos, lo cual nos motivó a preguntarnos ¿por qué estaba pasando eso en nuestra zona? No habíamos sido consultados, sólo sabíamos de una campaña mediática del gobierno que decía en sus medios de comunicación que el proyecto del Canal Interoceánico era la salida para Nicaragua de la pobreza, nosotros estábamos desinformados. Cuando nos dimos cuenta y conocimos la ley 840 que tiene 25 artículos, ahí estaba muy claro que nosotros estábamos desamparados, que era una ley para despojarnos de nuestras tierras, ahí empezamos a organizarnos los campesinos para detenerlo (F. “Chica” Ramírez, comunicación personal, 30 de octubre de 2018).

Los habitantes del departamento de Rivas y la zona de Nueva Guinea se negaron a permitir su entrada. En este contexto, El Consejo incluyó en sus reclamos: el derecho a la tierra, el respeto a la soberanía nicaragüense (Confidencial, 2015), la cual había sido entregada a un empresario chino desconocido, y el cuidado del medio ambiente; ya que el proyecto canalero destruiría el entorno natural del que obtienen su sustento estos campesinos.

El 22 de diciembre de 2014 se realizó un acto de inauguración de las obras en una vieja hacienda ex propiedad de Somoza en el departamento de Rivas. Durante ese año, El Consejo realizó por lo menos 16 marchas anti-canaleras, las más grandes fueron las de San Miguelito y Punta Gorda. En total se llevaron a cabo en 12 municipios y participaron 286 comunidades y más de 30 000 personas. Además de la expropiación o indemnización de las tierras habitadas y trabajadas en la ruta canalera, también se afectarían reservas naturales, zonas arqueológicas y sitios de humedales, entre ellos: la Reserva Biósfera del Suroeste de Nicaragua, la Reserva Natural Punta Gorda, Reserva Biológica Indio Maíz y la Reserva de Biosfera de la Isla de Ometepe, así como los Humedales de la Bahía de Bluefields y de San Miguelito, y el refugio de la Vida Silvestre de Río San Juan (Regeneración Radio, 2016)¹¹. En este contexto, con el apoyo de la sociedad civil, a través de 28 000 firmas notariadas, El Consejo presentó en abril de 2016 una iniciativa para derogar la Ley 840 (Álvarez, 2016). Los argumentos de los campesinos eran muy simples, ejemplo de ello es lo mencionado por uno de los integrantes de El Consejo, Rafael Ángel Bermúdez: “[queremos] que nos quite esa ley 840 que pretende expropiar las tierras a los campesinos, esas tierras no serán para los chinos o aquí se va a derramar sangre” (López, 2015). En una entrevista a un programa de televisión, otro campesino dijo: “En los años ochenta no sabíamos bien porque [sic] pelear, ahora lo sabemos muy bien: la tierra” (Confidencial, 2015).

A lo largo de cuatro años, El Consejo, una organización campesina de productores, fue capaz de articular más de 100 marchas, de constituir un gran frente territorial y sumar fuerzas con Organizaciones no Gubernamentales como el Centro Humboldt, la fundación Popol Na, Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible (FUNDENIC-SOS), Red Nacional por la Democracia y el Desarrollo Local, con grupos ambientales como la Fundación del Río y Grupos Cocibolca y gobiernos locales como el Creole Comunal Goverment of Bluefields para defender la tierra en contra de leyes privatizadoras que atentan contra la propiedad privada de los campesinos, y en contra de la propiedad comunal y social. El Consejo se ha estructurado en redes territoriales de defensores de la tierra, el agua y la vida, pero también se ha aglutinado en un viejo concepto, poco utilizado por otras organizaciones campesinas: la soberanía, es quizá este uno de los elementos que más contundencia política les ha dado.

Es así que El Consejo ha recibido el apoyo de varios colectivos internacionales, entre ellos la “Caravana Mesoamericana para el Buen Vivir” que realizó talleres sobre proyectos ecológicos en comunidades vulnerables. La presencia de estos extranjeros provocó roces con los cuerpos consulares de: Honduras, España, Argentina, Costa Rica y México principalmente. Incluso este último país emitió una alerta el 27 de julio de 2016, en donde no recomendaba a sus ciudadanos viajar a Nicaragua tras la detención de dos connacionales integrantes de la caravana. En este contexto también fue detenida y luego liberada Francisca Ramírez (Duarte, 2016).

Si bien El Consejo tiene cabezas visibles como “Chica” Ramírez y Medardo Mairena, funciona con formas bastante democráticas al defender a los territorios desde los territorios, por ello cada sección tiene sus propias dinámicas. En ese sentido, la defensa territorial de Rivas, con productores en propiedad privada, requiere una estrategia diferente a la de los territorios habitados por creoles en Bluefields. Sin embargo, han encontrado mecanismos para permanecer unidos en El Consejo con demostraciones unificadas. La movilización social iniciada en abril de 2018 encontró a un campesinado organizado por toda la ruta canalera, pero también con un “trabajo hormiga” de campesinos, que si bien no son afectados por el GCIN, lo serían por la minería y que también se han sensibilizado por el daño al medio ambiente.

Es en este contexto de constantes luchas campesinas que los pensionados y trabajadores afectados por las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) encontraron primero el apoyo de los jóvenes estudiantes de las universidades y estos a su vez se beneficiaron de la solidaridad campesina. Es importante recordar que el 28 de abril de 2018 Francisca Ramírez y cientos de campesinos que viajaron en camiones desde zonas alejadas de Nueva Guinea y el Caribe, participaron en la marcha organizada por la Iglesia católica; la expectativa de la llegada de los campesinos anti-canaleros llenó de esperanzas a la ciudadanía auto-convocada.

Los jóvenes habían sido apáticos en la política nacional (Cuadra, 2016), salvo su participación solidaria con los #OcupaInss en 2013, habían estado prácticamente ausentes, era una paradoja que siendo Nicaragua un país de jóvenes, durante el siglo XXI los movimientos sociales habían sido protagonizados por adultos mayores y campesinos. En abril de 2018, los jóvenes nuevamente apoyaron a los pensionados, pero una semana antes se había dado un cambio significativo. Estos estudiantes y ambientalistas habían participado en la manifestación contra el incendio de la Reserva Indio Maíz y a partir de ahí marcharían juntos exigiendo cambios.

A partir del 19 de abril, la sociedad nicaragüense regresó a su cauce de movilización juvenil, misma que había abandonado prácticamente por más de dos décadas –excepción hecha por la movilización de 1992 por el 6 % al presupuesto universitario–. Era el regreso de la “tradicional” insurgencia estudiantil. Pero ahora era apoyada por los campesinos que llevaban más de 40 años en constantes rebeliones y por ende estaban curtidos en los rigores de las insurrecciones. Nicaragua es un país de jóvenes y de campesinos, ambos sumamente productivos, o bien, en camino a serlo, si bien las políticas de los diversos gobiernos nicaragüenses en muchos sentidos han querido enviarlos a la migración, a la marginalidad, a la desesperanza, como contraste estos sectores son los únicos que han puesto en jaque al gobierno de Daniel Ortega.

Se trata de un gobierno supuestamente de izquierda, pero que se mueve en un horizonte capitalista, pues mantiene y profundiza las estructuras neoliberales en forma de extractivismo, la mano de obra barata y el uso de bienes estratégicos sin cambiar la estructura productiva primario-exportadora. En ese sentido, a lo largo de dos siglos, desde la revolución liberal, pasando por la lucha de Sandino, la dictadura somocista, el gobierno revolucionario y los gobiernos neoliberales de Violeta Barrios, Arnoldo Alemán, Enrique Bolaños y de Daniel Ortega, Nicaragua no ha transformado su estructura económica, al grado de que se sigue produciendo prácticamente lo mismo que a finales del siglo XVIII¹².

El régimen ha frenado la participación popular a través de acuerdos cupulares con el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP); asimismo, por 11 años ha intentado demostrar una posición democrática, pero a final de cuentas, solo se había entendido con la élite, pues otras formas de participación social, popular o laboral han sido frenadas como los sindicatos independientes. A pesar de su discurso popular y de considerarse un gobierno que impulsa cambios profundos, en sentido estricto los hechos demuestran que la idea de la alternativa ha sido inexistente en Nicaragua. Tampoco logró un modo de producción económico alternativo, por el contrario, sus programas sociales, aunque exitosos, solo sirvieron para atemperar la pobreza de los sectores más desprotegidos. Podemos decir que, como muestra puntual del poco interés por transformar la economía nacional, el régimen Ortega-Murillo no planteó en ningún momento una reforma agraria, por el contrario, buscó expulsar a los campesinos asentados en la ruta canalera de sus tierras. El comandante Ortega ha continuado con las políticas de sus antecesores, él mismo resultó un excelente alumno del FMI, logrando que en 2012 su deuda fuera de cero (AFP, 2016); sin embargo, los informes anuales subsecuentes refieren al aumento de la deuda fiscal y la insolvencia del INSS –con déficit desde 2013–, esto último causante de las movilizaciones de abril que tienen en serios aprietos al gobierno¹³.

Otra muestra de las excelentes relaciones con el capital trasnacional es que en Nicaragua la Inversión Extranjera Directa (IED) se ha incrementado constantemente. Entre 2005 y 2009, el crecimiento fue de 394 millones de dólares, en 2011, al inicio del segundo periodo de Daniel Ortega, fue de 936, en 2012 alcanzó los 768 millones de dólares, para 2013 sumaba 816, en 2014 eran 884 millones de dólares de ingresos del IED. En 2015 alcanzó su pico más alto con 950, en 2016 registró una caída al llegar a los 899 millones de dólares y, finalmente, en 2017 registró una nueva caída de -2 en relación con el año anterior al obtener 897 millones de dólares (CEPAL, 2018, p. 30). Siguiendo con el informe de la CEPAL (2018), se debe considerar que: “Nicaragua es el único país [de la región centroamericana] que ha ganado mercado en los Estados Unidos desde 2002” (p. 149) y para los primeros meses del 2018, el 80 % de la inversión extranjera era en la industria textil (p. 143).

Como contraste a la apertura del capital, una de las características de estos colectivos –Guardianes y Consejo– es la evolución hacia el empoderamiento de los movimientos pro defensa de los derechos socio-ambientales. Es así que estos grupos han reaccionado de manera contundente ante las políticas extractivistas nicaragüenses. Sus acciones son diametralmente opuestas a las que realizaron otros colectivos en las décadas anteriores. Pues a diferencia de aquellos, no están investidos en planteamientos ideológicos o reivindicativos de excombatientes, sino de una identidad agrícola mediada por la lógica ambiental.

Conclusiones

Las movilizaciones campesinas en los últimos 40 años en Nicaragua han demostrado además de rebeldía, un profundo deseo de autonomía productiva y, por ello, de rechazo a la injerencia estatal (reforma agraria, contrarreforma agraria, políticas extractivistas). Recientemente han sumado a su agenda el cuidado del medio ambiente y la inclusión de otros sectores (jóvenes, auto-convocados, las iglesias, sociedad civil, entre otros). Es por ello que los campesinos no caben en el concepto de nuevos actores sociales, por el contrario, como se ha visto en este rápido recorrido son y han sido los tradicionales actores de las movilizaciones, mismas que se han dinamizado al tratarse de un país profundamente agrícola y tras la instauración de políticas neoliberales extractivistas.

Así, desde sus territorios, siguen enarbolando una serie de proyectos a corto, mediano y largo plazo. En el corto se encuentra la derogación de las Leyes 800 y 840, y la justa indemnización de las víctimas de Nemagón; en el mediano plazo está el establecimiento de alianzas con otras fracciones de los sectores populares y de las capas medias en un proyecto de democratización común; en el largo plazo se ubica la capacidad de producir y reproducir la vida, incluyendo nuevas formas de explotación agrícola y tecnologías amigables con el medio ambiente.

Las novedades mostradas por las recientes movilizaciones campesinas son en primer lugar la autonomía total de su lucha. Tanto las víctimas del Nemagón como El Consejo se han separado en la práctica y en el discurso del Estado, de las iglesias y de los partidos políticos, con esta ruptura están construyendo una ciudadanía más amplia que la practicada por los partidos políticos o el Estado que solo los consideran electores. Por el contrario, estos campesinos buscan incidir en la agenda nacional y tienen una visión de país. En segundo lugar, sus luchas son una afirmación identitaria de los trabajadores del campo y de su cultura. Además, El Consejo ha logrado traspasar las barreras del género, clase y etnia, pues su líder más visible es una mujer y entre sus bases hay campesinos migrantes que han movido la frontera agrícola, productores ricos y pobres, e indígenas del Caribe, unidos para defenderse de la amenaza que el GCIN representa para sus formas de vida. En tercer lugar, han transformado su relación con la tierra y con el medio ambiente, pues el desequilibrio de los ciclos productivos usando insumos artificiales puede ser fatal –caso víctimas Nemagón y Guardianes de Yaoska– a partir de este cambio se vuelve más importante el territorio –como espacio social, cultural y político– que la tierra en sí.

Durante el largo gobierno de Daniel Ortega, las principales amenazas que enfrentan las comunidades campesinas ante sus embates neoliberales son: el incremento de la inversión extranjera en las distintas industrias extractivas, la extranjerización de la propiedad de la tierra y la privatización de sus territorios. En el actual contexto de crisis nicaragüense los campesinos pueden inclinar la balanza en la resolución del conflicto, pues gracias a su tradición rebelde ahora son capaces de visualizar un proyecto de país que los empresarios y políticos son incapaces de ver. El campesinado en Nicaragua, a pesar de la represión tiene mucho que aportar.

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Notas

Notas de autor

Información adicional

Recepción: 6 de noviembre de 2018

Aprobación: 7 de mayo de 2019