La “marea rosada” latinoamericana llegó a El Salvador en 2009, cuando el electorado optó por el candidato presidencial Mauricio Funes, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Al igual que en otros países alcanzados por la “marea rosada”, la población votante estaba harta de la forma hueca de la democracia que caracterizaba a América Latina en la era del neoliberalismo, en la que las instituciones democráticas formales no habían logrado un desarrollo económico igualitario, una gobernanza receptiva o la independencia de la influencia estadounidense. Lo que hizo único a El Salvador fue el contexto de fondo: una guerra civil de doce años (1981-1992) que enfrentó a los grupos revolucionarios contra una implacable alianza de oligarquía y militares. Después de la guerra, la coalición guerrillera del FMLN se convirtió en un partido electoral, y en 2009 llegó a ser la segunda organización de guerrilleros en ganar una elección presidencial en la era moderna de América Latina (después de los Sandinistas en Nicaragua). Las presidencias de Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), este último ex comandante de la guerrilla, fueron un acontecimiento notable dada la historia del país.

Sin embargo, el historial político de la década del FMLN en la presidencia fue mixto. El partido promulgó algunas reformas notables, entre ellas el nuevo apoyo gubernamental para los escolares y los pequeños agricultores, un aumento en el salario mínimo, un programa de alfabetización, la expansión de la atención médica pública y una ley que facilita el acceso a medicamentos de bajo costo. La pobreza y la desigualdad disminuyeron, ambos por márgenes significativos. Pero el grado de reforma fue decepcionante para mucha gente en la base del FMLN, quienes habían sufrido enormes dificultades durante y después de la guerra. El partido también tuvo grandes dificultades en combatir la plaga de violencia de maras y la delincuencia en el país, que era, con mucho, la principal preocupación en las encuestas de opinión pública. Al final, las políticas del FMLN se parecían demasiado al statu quo. Las calificaciones favorables de votantes al final del mandato de Funes dieron paso a una mayor desilusión y desaprobación bajo Sánchez Cerén. En las elecciones legislativas y municipales de marzo de 2018, el FMLN sufrió enormes pérdidas ante el principal partido de derecha, la Alianza Republicana Nacionalista, ARENA. En las elecciones presidenciales de febrero de 2019, el candidato del FMLN ganó solo el 14 %, y casi la mitad del electorado se abstuvo. El ganador fue un millonario carismático, Nayib Bukele, quien hizo campaña a partir de una plataforma vaga que repudió a los dos partidos principales y dijo poco sobre las políticas que pretendía seguir (Goodfriend, 2019).

Este artículo analiza la historia política de El Salvador entre finales del siglo XX y principios del XXI, en un esfuerzo por comprender las fluctuaciones de la fortuna electoral del FMLN y su éxito mixto en la implementación de reformas progresistas. La mayoría de las restricciones son externas al partido: la oposición de una derecha con bolsillos hondos que posee un gran poder electoral y judicial; el poder del gobierno de los Estados Unidos y los capitalistas transnacionales para coordinar el flujo de recursos hacia o desde la economía del país; y el control de las organizaciones criminales sobre grandes franjas del territorio. Sin embargo, dentro de este terreno hostil todavía hay cierto margen de libertad, que el liderazgo del FMLN a menudo no ha logrado explotar. Ya sea por motivos de interés propio o por razones electorales estratégicas, los líderes del partido han optado por un curso “moderado” sobre política económica y una política de seguridad que está en gran medida alineada con la de ARENA.

Los izquierdistas electos en todas partes se enfrentan a obstáculos similares. País tras país, los gobiernos de la “marea rosada” han encontrado fuerzas formidables de reacción. En este contexto, la mayoría de los gobiernos progresistas se han reconciliado, en mayor o menor grado, con los capitalistas (una estrategia que, sin embargo, no los ha inmunizado contra los golpes de derecha, como sugieren los ejemplos de Haití, Honduras, Brasil y Bolivia). El resultado ha sido una sensación generalizada de que la marea rosada se ha replegado e incluso se ha invertido. El caso de El Salvador puede arrojar luz sobre algunos de los dilemas que enfrentan otros gobiernos de izquierda en América Latina.

La guerra civil y sus legados

Reducir a El Salvador de las décadas de 1970 y 1980 a una historia maniquea de mártires y asesinos, sería solo una modesta simplificación. Las luchas no violentas por la democracia política y los mejores salarios se encontraron con una feroz represión de una élite ultra reaccionaria, que desplegó fuerzas militares y paramilitares entrenadas y equipadas por los Estados Unidos para cometer decenas de miles de asesinatos. El arzobispo Óscar Arnulfo Romero (1917-1980) fue la voz más famosa que denunció la masacre desatada contra los movimientos sociales civiles antes de la guerra civil. En su sermón del 23 de marzo de 1980, llamó a los soldados a desobedecer órdenes que iban “en contra de la ley de Dios” y reconoció el popular “derecho legítimo a la violencia insurreccional” en situaciones de extrema represión (citado por McClintock, 1985, pp. 263-264). La noche siguiente recibió un disparo en el corazón mientras oficiaba misa, a la orden del comandante de un escuadrón de la muerte, Roberto D’Aubuisson (Commission on the Truth for El Salvador, 1993, pp. 127-131).

El asesinato de Romero, y de miles de civiles más en los meses subsecuentes, excluyó la posibilidad de cualquier solución no violenta al conflicto entre los sectores populares movilizados y una oligarquía ultra-reaccionaria. Cuando el estado emprendió lo que el sucesor de Romero llamó “una guerra de exterminio y genocidio contra una población civil indefensa”, los activistas progresistas que permanecieron vivos hasta 1980 se exiliaron o entraron a los ejércitos guerrilleros (Arturo Rivera y Damas citado por Bonner, 1984, p. 207). En octubre, las facciones guerrilleras del país se unieron para formar el FMLN y prepararon una ofensiva que marcaría el inicio oficial de la guerra. El año siguiente, D’Aubuisson formó ARENA, que el ex embajador de los Estados Unidos, Robert White, calificó sin rodeos de “un partido fascista violento” (testimonio en U.S. Congress, 1981, p. 40). Para 1992, habían muerto unos 75 000 salvadoreños, la gran mayoría a manos de los paramilitares y del Estado respaldados por Estados Unidos¹.

Sin duda, la guerrilla hizo cosas injustificables: mataron de vez en cuando a civiles, usaron minas terrestres y reclutaron por la fuerza durante un corto período de tiempo a mediados de la década de 1980, por ejemplo. El antropólogo Philippe Bourgois sostiene que “el movimiento revolucionario en El Salvador fue traumatizado y distorsionado por la misma violencia contra la que se estaba organizando”, evidente por ejemplo en la violencia interpersonal en muchas familias de ex combatientes después de la guerra (Bourgois, 2001, p. 19)². El binario moral no era absoluto. Sin embargo, a pesar de los matices, la guerra fue profundamente asimétrica desde un punto de vista moral y militar. Mientras que la izquierda luchó para derrocar una orden oligárquica represiva, la derecha luchó para mantenerla. Entretanto la izquierda, en términos generales, trató de ganarse a la población civil con un comportamiento fundado en los valores revolucionarios humanistas, el gobierno se basó sobre todo en el terror. El gobierno y los escuadrones de la muerte atacaron de forma sistemática a la población civil, cometiendo al menos el 85 % de la violencia contra los civiles, en comparación con el 5 % cometido por el FMLN (Commission on the Truth for El Salvador, 1993, p. 43). Los recursos militares de la derecha eclipsaron a los de la izquierda, gracias a más de un millón de dólares al día en ayuda de Washington (Schwarz, 1991, p. 2). Y como el mismo Bourgois enfatiza, la violencia de la izquierda fue ante todo producto de la brutalidad de la oligarquía salvadoreña y de una estructura social opresora, que causó la guerra en primer lugar y que obligó a los combatientes y civiles a tomar decisiones desgarradoras: usar las minas terrestres contra un enemigo equipado con una tecnología muy superior, matar a alguien sospechoso de ser espía del gobierno, sofocar al bebé que llora y así evitar que los soldados del gobierno lo detecten.

Las diferencias morales entre la izquierda y la derecha parecen aún más marcadas cuando la atención se centra en la gente de base del lado guerrillero. La izquierda salvadoreña nunca ha sido reducible al liderazgo del FMLN, y las circunstancias de la guerra, en cualquier caso, habrían evitado que la dirigencia superior dictara la vida diaria en los territorios de la guerrilla. La izquierda de base a menudo desarrolló visiones e instituciones revolucionarias que excedían los planes originales de la alta comandancia del FMLN. En el departamento de Chalatenango, los consejos semiautónomos regían muchos aspectos de la vida campesina durante la década de 1980. Las mujeres jugaron un papel central en esas redes, donde muchas desarrollaron análisis feministas que llevarían a la era de la posguerra (Pearce, 1986; Sierra Becerra, 2019).

Décadas más tarde, Óscar Arnulfo Romero y Roberto D’Aubuisson siguen siendo las dos figuras más icónicas de la cultura política de El Salvador: el monseñor canonizado, héroe amado y mártir de la gente progresista; su asesino, un venerado padre fundador de la derecha. El rostro de D’Aubuisson continúa adornando las oficinas de ARENA, los monumentos públicos erigidos por el partido y su sitio web. El himno oficial de ARENA continúa declarando que El Salvador “será la tumba donde los rojo[s] terminarán” (ARENA, s. f., párr. 4). En 2015, mientras miles de progresistas marchaban en San Salvador para celebrar el anuncio de la beatificación de Romero por parte del Vaticano, el alcalde de ARENA de la ciudad acababa de intentar cambiar el nombre de una calle importante para rendir homenaje a D’Aubuisson (Figura 1). Las celebraciones de estas figuras diametralmente opuestas son parte de una guerra más amplia sobre cómo entender el pasado. Desde los acuerdos de paz, las luchas por la memoria histórica colectiva han jugado un papel central en la lucha por la política estatal y el contenido de la democracia (Hernández Rivas, 2011; Ching, 2016; Sierra Becerra, 2016).

Figura 1. Asesino de profetas.

En diciembre de 2014, el alcalde de ARENA en San Salvador anunció que planeaba cambiar el nombre de una de las calles principales de la ciudad, la calle San Antonio Abad, nombrándola por Roberto D’Aubuisson. Un artista de grafiti calificó a D’Aubuisson como un “asesino de profetas”. La pérdida de ARENA en la elección de la alcaldía de 2015 llevó a la restauración del nombre antiguo.

Foto del autor, mayo de 2015.

No obstante, si bien la retórica política y la iconografía siguen polarizadas, el espectro de políticas (es decir, las políticas que los políticos aplican o pueden adoptar) se ha reducido de manera considerable desde 1992. Los cambios en la base de élite de ARENA lo han obligado a abandonar algunas de sus prácticas pasadas más extremas. La clase empresarial salvadoreña se ha diversificado notablemente desde principios de la década de 1980, cuando fue dominada por la élite terrateniente. Las fuerzas patrocinadoras de ARENA se han ampliado para incluir una multitud de sectores de servicios, construcción, comercio, finanzas y manufactura, que operan en alianza con el capital multinacional (Towers y Borzutzky, 2004; Bull, 2013). Este cambio dentro de la élite del país ayudó a empujar al Estado a la mesa de negociaciones durante la guerra (Wood, 2000). Estos grupos permanecen unidos detrás de una agenda a favor de la empresa privada, pero reconocen que el retorno de los escuadrones de la muerte podría asustar a los inversores. ARENA ha “moderado” su política en el sentido de que ya no emplea el asesinato político sistemático³.

En el lado opuesto del espectro, las políticas del FMLN en la era de la posguerra, y más visibles durante su década en la presidencia, han sido decididamente menos radicales que su plataforma original. Los líderes del FMLN han continuado una serie de políticas pro-capitalistas mientras persiguen reformas para mejorar los peores síntomas del sistema, no para derrocarlo. Mientras tanto, la estrategia del partido para reducir la violencia de pandillas a menudo ha sido tan dura e ineficaz como la de ARENA. Los resultados han sido una considerable desilusión entre la base histórica del FMLN y el menguante apoyo al partido entre otras partes del electorado. El resto de este artículo busca explicar esta compresión del espectro de políticas, en particular la moderación del FMLN⁴.

La guerra después de la guerra

El líder sindical Wilfredo Berríos dice que los acuerdos de paz de 1992 pusieron fin a la “batalla de balas”, pero con ellos “se reinicia la guerra política, social y económica”, ahora “con las reglas de la derecha, con las reglas del capitalismo, con las reglas de los Estados Unidos” (entrevista, 9 de noviembre de 2014)⁵. Para la izquierda, dejar las armas y entrar en el campo político formal significaba competir en un terreno diseñado para favorecer a los ricos y poderosos. El aparato legal y judicial permaneció en su lugar, un artefacto de una época en que la oligarquía gobernó sin ser cuestionada y el propio Roberto D’Aubuisson presidió la aprobación de la Constitución de 1983. ARENA aprobó de forma muy rápida una ley de amnistía de 1993 que protege a su gente del procesamiento por sus crímenes de guerra⁶. El Tribunal Supremo Electoral que supervisa las elecciones siguió siendo un órgano partidista de derecha durante la posguerra, ignorando la violación de las leyes de campaña de ARENA (Wolf, 2009; Wade, 2016, pp. 73-79).

La derecha también tenía la mayoría de los recursos económicos. Las capas oligarcas salvadoreñas fueron libres para inundar los cofres de campaña de ARENA. ARENA, por lo general, recibe el triple en donaciones de campaña que el FMLN. Mientras que ARENA obtiene el 92 % de su dinero de corporaciones y otras organizaciones privadas, el FMLN obtiene el 92 % de sus donaciones de individuos. Cuando se consideran las contribuciones a partidos de derecha más pequeños, la disparidad es aún más impresionante (Tabla 1). La publicidad de campaña difiere en consecuencia, ya que ARENA gastó dos tercios del total en el ciclo electoral de 2009 (Rodríguez, 2013). Incluso esa estadística subestima la desigualdad en el acceso a la publicidad, ya que los intereses de las empresas privadas que apoyan a la derecha son los dueños de la mayoría de los medios de comunicación del país y producen un volumen constante de cobertura favorable para la derecha mientras se difama a la izquierda (Wolf, 2009, pp. 440-442).

Los partidarios de la derecha también mantuvieron su control sobre la economía. Las corporaciones multinacionales, las instituciones financieras extranjeras y la élite empresarial salvadoreña cada vez más diversificada tenían la mayor parte del capital de inversión, por lo que tenían la libertad de invertir en el país o en el extranjero cuando fuera considerado oportuno. La posición estructural de estos “controladores de capital” en la economía les dio una enorme influencia política, ya que las fortunas electorales y la estabilidad política dependían en gran parte de su disposición a invertir (Winters, 1996; véase también Mahon, Jr., 1996). La economía dependía de las fuerzas de la derecha de otra manera: cerca de dos millones de salvadoreños vivían en los Estados Unidos y enviaban remesas a sus familias, lo que daba al gobierno de los Estados Unidos la posibilidad de interrumpir la infusión de recursos que se necesitaban. A principios del siglo XXI, las remesas representaban el 19 % del PIB de El Salvador, a diferencia de un 11 % en la década de 1990 y un 4 % en la década de 1980 (Banco Mundial, 2019)⁷. Las empresas estadounidenses también fueron la mayor fuente de inversión extranjera, y Estados Unidos fue el principal socio comercial. El resultado de todos estos factores fue una “democracia de baja intensidad” en la que las instituciones democráticas formales estaban limitadas por fuerzas antidemocráticas (Stahler-Sholk, 1994; véase también Robinson, 1996; Wolf, 2009; Ayala, Morales y Vega, 2012).

Esas fuerzas no dudaron en usar su apalancamiento. Antes de las elecciones presidenciales salvadoreñas de 2004, prominentes republicanos en el Congreso de los Estados Unidos amenazaron de manera abierta con que una victoria del FMLN podría llevar a restricciones en el flujo de remesas y la deportación de salvadoreños indocumentados de los Estados Unidos (Wade, 2016, pp. 98-101). Los medios salvadoreños de la derecha transmitieron este mensaje a lo largo y ancho. Si bien el impacto exacto de la amenaza no está claro, los receptores de remesas en El Salvador tenían más probabilidades de votar por ARENA (Germano, 2017). La derecha salvadoreña emitió las mismas advertencias en 2009 (Montoya, 2012, pp. 58-59). En 2010, puede ser que el presidente Barack Obama (2009-2017) renovara el estatus de protección temporal de los salvadoreños y apoyara un préstamo del Fondo Monetario Internacional a El Salvador a cambio de la aceptación del gobierno de Funes al golpe militar en Honduras (Perla, 2010, p. 27). Las amenazas directas y la coacción fueron acompañadas por advertencias más prosaicas, de que las victorias electorales del FMLN ahuyentarían la inversión empresarial.

Por su parte, la mayoría de los líderes del FMLN aceptaron las “reglas” del juego de posguerra. En los acuerdos de paz, la izquierda había ganado importantes concesiones, como la disolución de la infame Guardia Nacional, el nuevo respeto por la libertad electoral y un modesto programa de transferencia de tierras que beneficia a muchos de los ex combatientes. El fin de la violencia sistemática de los escuadrones de la muerte fue una gran conquista. Pero en el intercambio, los líderes del FMLN acordaron respetar un sistema electoral que pesaba mucho contra ellos y encontrar un terreno común con los capitalistas (González, 2011). En un artículo publicado en 1989 en la revista norteamericana Foreign Policy, el comandante de la guerrilla, Joaquín Villalobos, reconoció el papel central de la empresa privada en el futuro desarrollo económico del país. El FMLN, sugirió Villalobos, había reducido sus ambiciones socialistas y ahora insistía solo en la redistribución de la tierra y en las garantías estatales de ciertas necesidades económicas básicas (Villalobos, 1989, pp. 117 y 121). En las negociaciones de paz que siguieron pronto, “el modelo socioeconómico estaba fuera de discusión”, en palabras del negociador del FMLN, Rubén Zamora (citado por Wade, 2016, p. 44)⁸.

Sin duda tuvieron que hacer grandes concesiones para terminar la guerra. Sin embargo, cuáles concesiones eran justificables y cúales serían justificables en los años posteriores, sigue siendo un asunto contencioso dentro del FMLN. Las fracturas ideológicas y estratégicas se hicieron visibles dentro del partido poco después de los acuerdos de paz, incluso cuando el partido estaba disolviendo oficialmente las cinco facciones que habían formado la coalición de la guerrilla. Un nuevo grupo, la Corriente Revolucionaria Socialista (CRS), defendió una plataforma de principios de izquierda adaptada para tiempos de paz. En contraste, los llamados renovadores instaron a un reformismo más cauteloso y evitaron hablar de revolución o socialismo. Un tercer grupo pequeño, el cual incluía a Joaquín Villalobos, se separó del FMLN y comenzó a colaborar con ARENA.

Estos conflictos internos no son sorprendentes dado el contexto de posguerra. El período de la posguerra creó una gran tentación para las acciones egoístas entre el liderazgo superior. Para algunos oportunistas, como Villalobos, era demasiado fácil descartar por completo su política revolucionaria. El terreno electoral desigual también presionó al FMLN para imitar ciertas prácticas de ARENA. Después de todo, ¿de qué otra manera podría esperar vencer a un oponente extremadamente rico que no dudó en jugar sucio? En muchos sitios, el liderazgo local del partido comenzó a establecer relaciones de clientela, en gran parte como una forma de competir con las extensas redes de clientela de ARENA en el campo (Sprenkels, 2018, pp. 309 y 323).

Los conflictos internos del FMLN también reflejaron verdaderos desacuerdos sobre lo que era necesario para que la izquierda ganara las elecciones: ¿debería el FMLN continuar con una ambiciosa agenda igualitaria, o debería “renovarse” para atraer a votantes menos progresistas? Algunas voces del partido, y mucha gente de base, estaban convencidas de que la izquierda debía ganar a los grupos centristas y de clase media para ser elegida; esta lógica llevó a la selección del moderado Mauricio Funes, quien no era miembro del partido, como candidato del FMLN 2009. Además, también existía una lógica pragmática para mantener un principio de izquierdismo, que podría ser más atractivo para los grupos de clase baja. Este debate se intensificó por las repetidas derrotas electorales en los años de 1990 y principios de los 2000, que naturalmente produjeron recriminaciones mutuas sobre la estrategia.

Mientras el FMLN luchaba por encontrar su identidad de posguerra, ARENA estaba segura de la suya. Durante sus 20 años en la presidencia, mantuvo una alianza hermética con los Estados Unidos, incluso envió soldados para participar en la ocupación de Irak. Económicamente, persiguió un enfoque neoliberal agresivo que incluía la austeridad, la privatización de empresas públicas, la desregulación de negocios, incentivos generosos para inversionistas extranjeros, la dolarización de la economía en 2001 y la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América Central (CAFTA) en 2004 (Towers y Borzutzky, 2004; Spalding, 2014; Wade, 2016). El resultado fue la mayor dependencia de la población salvadoreña de las fuerzas capitalistas globales. En términos económicos, estos cambios llevaron a la consolidación de una economía de exportación de las maquiladoras basada en la mano de obra barata y la expansión de la fuerza laboral informal. También exacerbaron la dependencia de la economía en la exportación de personas, quienes tenían pocas opciones más que migrar hacia el norte en busca de supervivencia personal y remesas que pudieran ayudar a sus parientes. En términos sociales, el neoliberalismo salvadoreño contribuyó al individualismo y a la desintegración de la comunidad, alimentando el reclutamiento de las maras, el consumismo y otras conductas destructivas.

Los grupos partidarios del CAFTA, de la dolarización, de la Ley de Inversiones de 1999 de ARENA y de otras revisiones institucionales, las diseñaron como camisas de corpiño que “encierran” las políticas neoliberales y evitan que los gobiernos futuros cambien de rumbo (Eiras, 2005). Y, de hecho, el FMLN tendría grandes dificultades para hacerlo al ganar la presidencia en 2009.

El FMLN en la Presidencia

Algunas reformas del FMLN durante las administraciones de Funes y Sánchez Cerén (2009-2019) marcaron una clara ruptura con las políticas de ARENA. El presidente Mauricio Funes inició nuevas inversiones en educación, incluidas comidas gratuitas y materiales escolares. En el campo, lanzó un programa que compró y distribuyó semillas para familias campesinas y cooperativas. Se expandió acceso al sistema sanitario público y firmó una ley para mejorar el acceso a los medicamentos de bajo costo. Un nuevo programa llamado Ciudad Mujer ofrecía servicios y capacitación para mujeres. Sánchez Cerén continuó estas políticas, agregando una nueva iniciativa de alfabetización, un aumento importante en el salario mínimo y una ley histórica que prohibía la minería metálica en el país, la que había sido un blanco de protesta popular durante la década anterior. En total, las políticas del FMLN contribuyeron a mejoras sustanciales en el bienestar material de la población. Entre 2008 y 2017, la pobreza se redujo del 40 % al 29 % y la pobreza extrema se redujo del 12 % al 6 %. La desigualdad también disminuyó notablemente. Estas mejoras son bastante sólidas en comparación con la mayoría de los vecinos de El Salvador en América Central, lo que es aún más notable dado que El Salvador recibió menores flujos de inversión extranjera durante ese período⁹.

ARENA se opuso a los aspectos progresistas de la agenda del FMLN en todo momento, con éxito mixto. Intentó sin éxito privatizar el agua, uno de los pocos sectores que permanece bajo control público. También fue derrotado, a pesar del respaldo de los Estados Unidos, en su búsqueda por detener la ley de medicamentos del FMLN y su programa de adquisición y distribución de semillas (Young, 2015). La habilidad ocasional de los legisladores del FMLN para ganar el apoyo de partidos de derecha más pequeños como la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) puso un control parcial sobre el poder de ARENA. Pero la derecha también ganó muchas batallas. Uno de sus más consecuentes triunfos fue sobre la política fiscal. En 2014, una serie de nuevas leyes intentaron introducir modestos cambios progresistas en la estructura tributaria altamente regresiva del país¹⁰. Las casas de lujo, las transacciones financieras mayores y los activos de los grupos ricos estarían sujetos a nuevos impuestos pequeños, y las lagunas que beneficiaban a los magnates de los periódicos serían cerradas. En 2018, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema anuló las leyes. Como resultado, no solo se privó al estado de los fondos que tanto se necesitaban para los programas sociales y la prevención de la violencia, sino que el FMLN sintió una mayor presión para capitular sobre otros cambios apoyados por la derecha. Durante el periodo de Sánchez Cerén, se redujeron los subsidios para los servicios públicos y se aceptó una ley de reforma de las pensiones que dejó intactas a las administradoras de fondos privados, una industria parasitaria despreciada por una gran parte de la población jubilada (Gómez, 2017). Estos reveses populares confirman la opinión del veterano de guerra del FMLN, Celestino Rivera: “No hemos tomado el poder, apenas vamos trepando los peldaños, porque la derecha todavía tiene dominio” (entrevista, 11 de abril de 2015).

Sin embargo, el antagonismo entre la izquierda y la derecha puede oscurecer los puntos de unidad. Las batallas sobre reformas particulares, aunque feroces, tuvieron lugar dentro de un amplio consenso entre partidos sobre el mantenimiento del capitalismo. Las administraciones de Funes y Sánchez Cerén se cuidaron mucho de construir una “alianza con el sector privado” (Funes, 2013, p. 17) y de preservar una relación de amistad con el gobierno de los Estados Unidos. Según el ex consejero económico de la Embajada de los Estados Unidos, John Barrett, “Funes entró con buena voluntad”, la que ayudó a tranquilizar a los observadores escépticos en Washington y en las sedes corporativas (entrevista, 26 de noviembre de 2014). El secretario general del partido, Medardo González, redefinió el concepto del socialismo de una manera “no radical” para hacer referencia a un sistema similar a la democracia social de Europa Occidental (Soriano, 2015). Aunque Funes era un forastero del FMLN y no era conocido por su fuerte ideología izquierdista, este enfoque no era exclusivo de él o de la facción de renovadores. Incluso la dirigencia de la facción izquierda, la CRS –la cual incluye a González y Sánchez Cerén– parecía aceptar que era necesario fortalecer la prosperidad capitalista y mantener el favor de los Estados Unidos si se deseaba lograr las reformas que podrían aminorar los impactos negativos del sistema.

Los Estados Unidos ofrecieron incentivos sustanciales. En respuesta a la “buena voluntad” de Funes, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo “llegaron con muchos nuevos fondos” (John Barrett, entrevista, 26 de noviembre de 2014). En 2011, el gobierno de Obama anunció que El Salvador sería uno de los cuatro países invitados a un “Asocio para el Crecimiento” con los Estados Unidos. En 2014, Washington renovó su acuerdo de ayuda de la Millennium Challenge Corporation (MCC) con El Salvador, el cual entregó $277 millones en fondos para la educación, infraestructura y otros usos (Figura 2). Ayudas adicionales llegaron a través de la llamada Alianza para la Prosperidad en el Triángulo del Norte, que se anunció el mismo año como una forma de reducir la violencia y la emigración en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Condiciones estrictas acompañaron a esta ayuda. Encabezando la lista estaba la creación de un Consejo Nacional de Crecimiento, la mitad del cual sería compuesto por líderes empresariales. El Consejo recibió un enorme poder para dar forma a una nueva legislación que “incentivaría y atraería la inversión extranjera”, en palabras del coordinador del Consejo durante la administración de Funes (Alexander Segovia, entrevista, 25 de noviembre de 2014). En particular, el Consejo elaboró una ley de asocios público-privados que abriría los sectores económicos controlados por el Estado de El Salvador a la inversión privada. En 2013-2014, Washington suspendió la renovación de la ayuda de MCC en un esfuerzo explícito para obligar a la legislatura a ampliar la ley de asocios y eliminar el programa de semillas. Si bien el FMLN mantuvo con éxito su política de semillas frente a las amenazas de Estados Unidos, el rechazo total de la agenda de Washington estaba fuera de discusión (Young, 2015).

Cultivar la confianza del sector privado también significó continuar con muchas otras políticas neoliberales. Funes y Sánchez Cerén mantuvieron la Ley de Inversiones de 1999, que, como lo aprueba el Departamento de Estado de Estados Unidos (U.S. Department of State, 2018), “no exige que los inversionistas cumplan los objetivos de exportación, transfieran tecnología, incorporen un porcentaje específico de contenido local o cumplan con otros criterios de desempeño”; además permite la repatriación ilimitada de utilidades y capital. El Departamento de Estado también admite que las leyes laborales favorecen a la clase empleadora, dado que las sanciones por la quiebra de sindicatos no son “suficientes para disuadir las violaciones” y el “Ministerio de Trabajo carece de recursos suficientes”. En el sector informal, donde trabaja la mayoría de la población, hay incluso menos protecciones. El aumento del salario mínimo de 2017 no llegó a esos grupos.

Todas estas políticas estaban destinadas a proporcionar seguridad a los grupos controladores del capital privado. La embajadora de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, quien nunca tuvo vergüenza de amenazar públicamente a El Salvador si desafiaba las órdenes de Estados Unidos, destacó la importancia de enviar “señales claras […] a los inversionistas”, quienes “son los que en última instancia invierten en el país” (citada por Meléndez y Morán, 2013). Washington y las instituciones financieras con sede en dicha ciudad, por ejemplo el Banco Mundial, actuaron como guardianes: el gobierno salvadoreño reconocía que “la relación con Estados Unidos fue clave […] para mandar mensajes, para incentivar la inversión privada” (Alexander Segovia, entrevista, 25 de noviembre de 2014). La ironía fue que todas las señales positivas de El Salvador atrajeron solo una fracción de la inversión extranjera observada en los países vecinos. El Consejo Nacional de Crecimiento, por su parte, entregó la tasa de crecimiento más baja en América Central¹¹.

Figura 2. Reconciliación arriesgada.

En esta foto de 2014, el presidente Sánchez Cerén y un equipo de oficiales estadounidenses anuncian un nuevo paquete de ayuda de la Millennium Challenge Corporation para El Salvador. El telón de fondo es una pintura del Monseñor Romero.

Foto por Juan Quintero para la Embajada de los Estados Unidos (dominio público).

¿El FMLN tenía otra opción? En efecto, la escasez de recursos naturales lucrativos de El Salvador, el pequeño tamaño de su mercado de consumo y su grado único de dependencia de las remesas de los migrantes y la inversión de los Estados Unidos, lo hicieron especialmente dependiente de las fuerzas externas. La falta de una mayoría legislativa y la hostilidad hacia el FMLN por parte de un poder judicial de derecha también limitó sus opciones. Sin embargo, atraer inversionistas extranjeros no siempre implica el camino “bajo” de las condiciones laborales miserables, los subsidios masivos y las deducciones fiscales. El desarrollo económico en Corea del Sur y Taiwán, por ejemplo, fue el resultado de una fuerte intervención estatal para fomentar una fuerza laboral calificada, para disciplinar al sector privado y para asegurar que la economía doméstica retuviera una gran parte de los beneficios tecnológicos y monetarios de la inversión extranjera. Costa Rica recibe casi tanta inversión extranjera como El Salvador, Guatemala y Honduras combinados, pero sin tomar el mismo camino bajo. Tiene menos pobreza y mayor crecimiento económico que los otros tres países y, no por casualidad, una tasa de emigración mucho más baja. Mucha gente progresista en El Salvador está de acuerdo con la necesidad de la inversión y la ayuda extranjeras, pero argumenta que no debe exigir que su país participe en la carrera global al fondo. Además, refuta que debe responder a las necesidades de las poblaciones más necesitadas, en lugar de brindar “desarrollo para los que tienen recursos económicos, para hacer más pisto” (Ana Dubon, entrevista, 23 de noviembre de 2014; Young, 2015).

Los sectores activistas y veteranos de guerra tienen una amplia gama de explicaciones sobre la falta de una reforma progresiva más profunda bajo el FMLN. Alguna gente culpa tanto a la dirigencia del partido como al capitalismo, las pandillas y la derecha. Considera que una gran parte del liderazgo del partido ha traicionado al colectivo en favor de la riqueza y el poder personal (Silber, 2011; Binford, 2012; Sprenkels, 2018). Esta desilusión aumentó durante el mandato de Sánchez Cerén, ya que una mayoría de votantes del FMLN en 2018 consideraba que la administración no respondía a las necesidades populares (IUDOP, 2018, p. 22).

Otras voces son más indulgentes. Consideran que el FMLN ha logrado avances sustanciales frente a la dura oposición de la derecha y las fuerzas limitantes del capitalismo y del imperio. Para Wilfredo Berríos, el simple hecho de que el FMLN ganara la elección en un terreno que favorece a la derecha, y que las fuerzas de derecha “tuvieron que aceptar”, señala un enorme logro (entrevista, 9 de noviembre de 2014). Tales interpretaciones tienden a coincidir con un mayor optimismo para el futuro. Al igual que Berríos, Celestino Rivera comentó en 2015 que “vamos avanzando, pero a pulgaditas” (entrevista, 11 de abril de 2015). Estos diferentes puntos de vista no siempre son contrapuestos: mucha gente en la base del FMLN tiene críticas del liderazgo del partido, pero continúa considerando a la derecha como el verdadero adversario.

Las diferentes explicaciones y los diferentes niveles de optimismo no reflejan de manera simple las diferentes posiciones de clase. Varios estudios del FMLN de posguerra enfatizan la estratificación interna. Por ejemplo, quienes formaban parte de la comandancia por lo general viven con más confort que los soldados que supervisaron o las poblaciones civiles que vivían en zonas de guerra (Sprenkels, 2018). Entre las mujeres del FMLN, las que estaban más cerca de la comandancia durante la guerra terminaron en mejores circunstancias después de esta (Viterna, 2013, pp. 172-202). Se esperaría que las personas veteranas de guerra que obtuvieron buenos resultados después de 1992 tengan una opinión más favorable del FMLN. Se necesita una investigación más sistemática sobre las actitudes de las bases. Pero las encuestas sugieren que la correlación no es de ninguna manera universal. Incluso mucha gente pobre sigue creyendo en el partido, aún si tiene críticas (IUDOP, 2014, 2017, 2018).

Sin embargo, el apoyo de esta minoría militante es a todas luces insuficiente. Si el FMLN ha de tener éxito en el futuro, se debe llegar a segmentos más amplios de la población. Hacerlo será un reto. Quienes no apoyaron al FMLN durante la guerra no tienen una lealtad histórica a la izquierda. Por lo general, carecen de vínculos con sindicatos, con las ONG progresistas o con otras organizaciones que promuevan un análisis crítico de las relaciones de poder. A menudo, las organizaciones más visibles en sus localidades son aquellas que mitifican y engañan de manera activa: las maras con su forma particularmente parasitaria de capitalismo, las oficinas de ARENA, las iglesias conservadoras que promueven formas de explotación más respetables¹². Este vasto segmento del electorado es mucho más probable que se vuelva contra el FMLN cuando no ven mejoras inmediatas en sus vidas. Y, de hecho, los índices de aprobación del FMLN y de su presidente se desplomaron en los últimos años del mandato de Sánchez Cerén, a menos de un cuarto de la población en algunas encuestas (Corporación Latinobarómetro, 2018, p. 46; IUDOP, 2018). La población encuestada expresó una gran desilusión con todos los partidos principales y una fuerte preferencia por un “forastero” como presidente, lo que allanó el camino para la elección de Nayib Bukele en 2019¹³.

Sin embargo, la desilusión del electorado con el FMLN no indicó un apoyo creciente a la agenda de política económica de la derecha. Las encuestas de opinión continuaron sugiriendo un apoyo mayoritario para las reformas progresivas del FMLN (IUDOP, 2014, pp. 42-44, 51, 53, 68 y 80; IUDOP, 2018, pp. 44, 52 y 79). Mientras que la dirigencia de derecha insistía públicamente en que no existían clases, tres cuartos de la población decían que el “conflicto entre ricos y pobres” y “entre empresarios y trabajadores” era “fuerte” o “muy fuerte” (Corporación Latinobarómetro, 2017, p. 29). Hay buenas razones para creer que más radicalismo económico, no menos, hubiera sido beneficioso para el FMLN. En cambio, la escasez de reformas bajo Sánchez Cerén, la adopción del FMLN de medidas fiscales regresivas, y el alto nivel de violencia y extorsión y las acusaciones de corrupción dentro del FMLN incrementaron el desencanto popular con el partido, lo que llevó a la derrota electoral.

Maras y crimen organizado

Las maras y los grupos del crimen organizado son actores clave en la política salvadoreña. Además de otorgar a El Salvador uno de los índices de homicidios más altos del mundo y expulsar a un flujo constante de refugiados fuera del país (Hiskey, Córdova, Malone y Orcés, 2018), sus actividades ejercen una gran influencia en los resultados políticos (Hernández Anzora, 2015). El fracaso del FMLN para lograr una reducción sostenida de la violencia y la extorsión fue un factor importante en el creciente desencanto con el partido durante el mandato de Sánchez Cerén (IUDOP, 2018, pp. 14, 20 y 35). ARENA y los medios de la derecha, a su vez, utilizaron la violencia como una forma de alimentar el descontento con el FMLN, pidiendo medidas de represión de mano dura, incluso cuando hicieron acuerdos privados con las maras para ayudar a ARENA a ganar las elecciones (Labrador y Ascencio, 2016).

El problema tiene múltiples causas raíz. El contexto de la posguerra a principios de la década de 1990 ofrecía pocas oportunidades de trabajo decente y un sistema de asistencia social muy deficiente. El terror de derecha había fomentado las mentalidades militaristas, había anulado las esperanzas de un desarrollo económico igualitario y había generado una desintegración social generalizada, tal como lo había hecho en Guatemala (Levenson, 2013). Sin embargo, la pobreza y el terror no necesariamente llevan a la violencia de maras y al crimen organizado: Nicaragua es igual de pobre y también sufrió una guerra terrorista respaldada por Estados Unidos en la década de 1980, pero el crimen violento es un problema mucho menor. Al menos otros dos factores distinguen a El Salvador de Nicaragua. Primero, la deportación estadounidense de miles de salvadoreños con antecedentes penales, la que comenzó bajo el mandato del presidente Bill Clinton, desempeñó un papel importante en la expansión y transformación de la presencia de maras en el país. Segundo, la nueva fuerza policial “civil” y otras instituciones de justicia penal continuaron plagadas de liderazgo militarista, corrupción e impunidad. Como varios estudios han señalado, la “derecha saboteó la reestructuración del aparato de seguridad pública”, haciendo “todo lo posible para garantizar el dominio de los elementos autoritarios” (Wolf, 2017a, p. 35; véase también Cruz, 2015). A diferencia de Nicaragua, el fracaso salvadoreño de forzar reformas institucionales más efectivas allanó el camino para tasas de impunidad extremadamente altas correspondientes a asesinatos, violaciones, extorsiones y otros delitos.

La supervivencia del liderazgo institucional de derecha y el control de ARENA sobre la presidencia también inclinaron a la policía hacia un enfoque violento y de tolerancia cero para las pandillas. En 2003, el presidente de ARENA, Francisco Flores, lanzó una política de mano dura, que su sucesor, Antonio Saca, actualizó a “Super Mano Dura”. Los resultados fueron predeciblemente sombríos, ya que la tasa de homicidios se mantuvo alta y aumentaron las violaciones de derechos humanos por parte de la policía (Wolf, 2017a).

El FMLN inicialmente repudió este enfoque. Funes y Sánchez Cerén prometieron una estrategia más holística que daba prioridad al alcance social, la educación, las oportunidades de trabajo y la vigilancia comunitaria. En 2012, el gobierno de Funes parece haber negociado una tregua entre las dos pandillas principales, Mara Salvatrucha (MS-13) y Calle 18, que provocó una disminución del 41 % en los homicidios. Pero los viejos hábitos eran difíciles de romper. La tregua se disolvió en dos años, y para 2015 la tasa de homicidios se disparó a un nivel que no se había visto desde la década de 1990. Mientras tanto, la violencia horrorosa y de alto perfil, como la masacre de pandillas de 17 pasajeros de autobuses en 2010, impulsó los pedidos de un regreso a la mano dura. Además, los aspectos innovadores de la estrategia del FMLN requerían dinero que el Estado no tenía, en parte porque la derecha había frustrado con éxito la reforma fiscal progresista. En ese contexto, el gobierno volvió a duplicar el enfoque represivo (Wolf, 2017b). Cuando Sánchez Cerén concluyó su mandato, de hecho, hubo una gran disminución en la tasa de homicidios desde 2015 (Barrera, 2018). Pero sus causas, y el impacto si lo hubiese, en las percepciones públicas del FMLN, no están claras y es evidente que no dio fruto para el FMLN en las elecciones de 2019.

La persistencia de las políticas de mano dura a menudo se atribuye al clamor popular por un enfoque represivo y de tolerancia cero con el crimen (por ejemplo, Martínez, 2017, pp. 142- 143). Esta interpretación tiene cierta base en la verdad, pero descuida la forma en que las fuerzas de derecha y los medios de comunicación cultivan de forma deliberada ese sentimiento. Como señala la investigadora Sonja Wolf, la “demonización de los mareros y la obsesión por las acciones de supresión de la derecha también han servido para estimular las preferencias populares para tales respuestas sobre alternativas más prometedoras” (2017a, p. 73). Además, el público puede ver que una fuerte represión no detiene los delitos violentos. En una encuesta de 2018, tres cuartas partes del público dijeron que “las medidas extraordinarias de seguridad” habían hecho “poco” o “nada” para reducir el crimen. La población encuestada también expresó una fuerte desaprobación del historial policial de derechos humanos y muy poca confianza en el sistema de justicia (IUDOP, 2018, pp. 45 y 57-58). El público sigue abierto a enfoques más holísticos del problema.

¿Cuál es el futuro para la izquierda y el país?

En 1992, el FMLN ingresó en un nuevo terreno fuertemente ponderado contra él. La dirigencia del partido respondió moderando de manera notable su agenda económica e imitando algunas de las políticas de seguridad y las prácticas de clientela de la derecha. Los resultados han sido a todas luces mixtos. El partido ganó dos mandatos presidenciales y algunas reformas progresivas notables, pero después de una década en el cargo, sus políticas aún parecían demasiado parecidas al statu quo para la mayoría del electorado. De manera alarmante, el 55 % de votantes del FMLN dijeron en 2018 que les gustaría que se formara otro partido de izquierda (IUDOP, 2018, p. 140). El FMLN enfrenta una batalla cuesta arriba en los próximos años.

Los reveses electorales han intensificado la competencia interna sobre el alma del partido. Por un lado, muchas voces sostienen que se debe distanciar aún más de las políticas de izquierda con la esperanza de recuperar el apoyo popular. Señalan, por ejemplo, la elección de Funes en 2009 y sus altos índices de aprobación al final de su mandato (antes de que llegaran las acusaciones de corrupción contra él). Mucha gente del partido está de acuerdo: en mayo de 2018 la membresía votó para nominar al moderado Hugo Martínez para competir en las elecciones presidenciales de 2019. Sin embargo, se puede afirmar que la disminución en el apoyo popular fue el resultado de demasiada moderación. Sánchez Cerén también fue un presidente moderado en la práctica, a pesar de sus orígenes en la corriente socialista revolucionaria del FMLN, pero esa moderación le ganó poco entusiasmo popular. El moderado Martínez fue derrotado en un desprendimiento de tierras en 2019. Muchas voces progresistas dentro del FMLN atribuyen esto a la deriva política a la derecha del partido. Tras la derrota del partido en las elecciones legislativas y municipales de marzo de 2018, la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia exigió “la sustitución inmediata de todo el gabinete económico cuya perspectiva neoliberal llevó al gobierno a tomar medidas impopulares” como recortar los subsidios populares para servicios públicos. “La dirigencia del FMLN no ha escuchado a sus bases, impuso decisiones y ha perdido la mística revolucionaria” (ARPAS, 2018; Díaz, 2018). Como sugería la declaración, una agenda progresista más audaz, al menos en el ámbito económico, probablemente funcionaría para el beneficio electoral del partido¹⁴.

Esa agenda más audaz no será posible sin los movimientos de base de El Salvador, los cuales se superponen con el FMLN pero operan de manera semi-independiente. La era de la posguerra ha visto movimientos impresionantes en defensa del agua, la atención médica, la pequeña agricultura, los derechos laborales, los beneficios de los grupos veteranos, las pensiones públicas y la igualdad de género y sexual, entre otras cosas (Almeida, 2008, pp. 174-208; Spalding, 2014; Young y Sierra Becerra, 2014; Sprenkels, 2018). Esos movimientos han confrontado a las corporaciones, al imperialismo estadounidense, a la derecha salvadoreña y a los aspectos opresivos de la propia cultura de El Salvador. Fueron impulsores centrales de las victorias progresistas que el FMLN pudo lograr durante su tiempo en la presidencia, desde la ley contra la minería hasta detener los esquemas de privatización del agua de la derecha. La reconstrucción de la izquierda salvadoreña requerirá la expansión de esos movimientos de base y la creación de nuevos espacios para que la gente común participe en la toma de decisiones políticas.

Llegar a la juventud será especialmente importante. Más de la cuarta parte de la población tiene 14 años o menos. Si bien la memoria histórica de la guerra es de vital importancia, un imaginario político que gira en torno a los recuerdos del terror estatal y la resistencia guerrillera es inadecuado para atraer a las generaciones más jóvenes. El legado de la teología de la liberación también es insuficiente, sobre todo por el surgimiento de iglesias evangélicas y la disminución de la religiosidad general (a pesar de la adoración popular continua de monseñor Romero). La izquierda debe complementar su imaginario político de larga data con uno nuevo que fomente “una nueva fe y una nueva esperanza” entre las personas que nacieron después del final de la guerra (Juárez Ávila, 2011, p. 283). La educación y la información sobre el pasado y el presente del país son esenciales. La izquierda debe ampliar sus alternativas a los principales medios de comunicación, que aún están dominados por los negocios y la derecha. La izquierda de base lo ha estado haciendo durante mucho tiempo, por ejemplo, en la red de dos docenas de estaciones de radio administradas por la comunidad formadas después de la guerra (la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador, ARPAS). Una izquierda salvadoreña revitalizada no surgirá de las decisiones de la dirigencia del FMLN, sino del trabajo de líderes de base.

El éxito electoral duradero también requerirá que la izquierda encuentre una alternativa genuina al capitalismo neoliberal, en lugar de mitigar los peores efectos de ese sistema. Desde que terminó la guerra en 1992, el FMLN no ha podido articular, y mucho menos construir, un modelo diferente para el desarrollo económico. A nivel nacional, el partido ha seguido confiando en un camino relativamente bajo hacia el desarrollo, uno basado sobre todo en mano de obra barata y en la exportación masiva de su propia gente, aunque no tan bajo como el camino de la derecha, que sigue siendo de manera abierta regresivo y favorable al capital. Las bajas tasas de crecimiento económico y la falta de redistribución más agresiva han dejado insatisfecha a mucha gente. Desafortunadamente, los experimentos locales radicales en la producción cooperativa a menudo han sucumbido al mercado capitalista (Binford, 2012). Como en otras partes de América Latina, recapturar la imaginación de la población requiere un plan económico que dé esperanza a la gente. Este es un desafío de gran magnitud. Pero los desafíos no son nada nuevo para las bases progresistas de El Salvador.

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Notas

Notas de autor

Información adicional

Aclaración: Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe publica la presente versión en español del artículo “El Salvador´s FMLN and the Contraints on Leftist Government”, el cual apareció publicado originalmente en la revista Oxford Encyclopedia of Latin American Politics, en octubre de 2019. (C) Oxford University Press USA, 2019. Reproduced with permission of the Licensor through PLSclear. La traducción del texto fue realizada por Edwin Balmori Márquez Méndez y el propio autor.