Introducción

En marzo de 1909, Howard Taft (1909-1913) ascendió a la presidencia de Estados Unidos con el proyecto de continuar con la política exterior de Theodore Roosevelt (1901-1909) y consolidar su influencia geopolítica e inversiones en el Caribe y Centroamérica. El propio secretario de Estado, Philander Knox (1909-1913) hizo declaraciones públicas y difundió en la prensa la intención de intervenir en los conflictos centroamericanos que continuaban a pesar de las conferencias de paz celebradas en Washington a fines de 1907. La coyuntura de crisis bélica de 1909 ponía en riesgo la paz regional. México temía ver lesionada su soberanía nacional y que su espacio territorial fuese afectado por la escalada intervencionista de Washington¹. Derivado de lo anterior, la política exterior de Porfirio Díaz (1876-1911) consideraba prioritario mantener buenas relaciones con Estados Unidos y fungir como su aliado en los conflictos ístmicos. Aún más, la diplomacia porfirista buscaba constituirse en un contrapeso a la influencia de Estados Unidos en el área, priorizando sus lazos de colaboración con Nicaragua y Honduras.

Con base en fuentes inéditas, en este ensayo se reconstruyen los posicionamientos de Washington y México ante el contexto de crisis centroamericana. En particular, la revisión de la correspondencia entre Joaquín D. Casasús, Francisco León de la Barra y José Y. Limantour con sus contrapartes centroamericanos como Antonio Lazo Arriaga y Constantino Fiallos y estadounidenses como Huntington Wilson y Philander Knox, enfatiza las posturas y opiniones del gobierno porfirista ante la crisis hondureña de 1909. Este repositorio documental brinda nuevas luces en torno a la mediación llevada a cabo entre México, Estados Unidos y Honduras en la que estaba en juego la potencial intervención estadounidense a dicho país centroamericano.

A través del presente artículo, se argumenta que la administración porfirista adoptó una política cautelosa, legalista y defensiva ante la intentona de la Casa Blanca de apoderarse de las aduanas de Honduras. Por su parte, el gobierno de Tegucigalpa buscó aliados y adoptó una política dilatoria ante las reclamaciones de pagos y exigencias de parte del presidente William Howard Taft, quien estaba inaugurando la era de la “diplomacia del dólar”. El presente trabajo se conforma de dos partes que tienen que ver con el desarrollo cronológico de la crisis hondureña: en la primera se aborda el escenario centroamericano y en la segunda la postura mexicano-estadounidense.

La crisis hondureña

México y Honduras han estado ligados a una historia común, ambos países fueron colonizados por la Corona española y una vez alcanzada su independencia, Honduras entrelazó su destino al Imperio mexicano entre los años de 1821 a 1823, para posteriormente formar parte de la República Federal Centroamericana hasta 1838, fecha que marcó el inicio de su vida independiente (Manual de organización de la Embajada de México en Honduras, 2010, pp. 5-7).

Los vínculos diplomáticos entre los dos países se iniciaron en 1879, para el efecto se nombró a Francisco Díaz Covarrubias como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de México ante el Gobierno de Honduras. No obstante, fue hasta 1908, durante los gobiernos de Porfirio Díaz y Miguel Dávila (1907-1911), que se establecieron misiones diplomáticas y legaciones en las capitales respectivas. En ese mismo año, el 24 de marzo fue firmado el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación que significó el origen del marco legal que reguló las relaciones bilaterales².

Asimismo, México ha participado en los asuntos hondureños a lo largo de la historia del país centroamericano, que involucró golpes de Estado, gobiernos militares y guerras con países vecinos. En este sentido, resulta relevante la coyuntura de crisis que representaba el año de 1909 para la región ístmica, de cara al recrudecimiento de las tensiones y confrontaciones entre las repúblicas centroamericanas, la sombra de una posible intervención estadounidense y los reclamos británicos de pago, que podrían propiciar una intervención inglesa, so pretexto del cobro de deudas, cuestiones que trascienden los objetivos del presente ensayo. Todavía se encontraba muy fresco el bloqueo naval tripartito de Alemania, Inglaterra e Italia en 1902 en contra de Venezuela, aunado al apoderamiento de las aduanas de la República Dominicana por parte de Estados Unidos (Rodríguez Díaz, 2016, p. 56).

El “embrollo centroamericano”, como Joaquín Casasús aludía a la situación, era de pronóstico reservado para la paz del espacio geopolítico del que México formaba parte, aunque la Conferencia de Paz de Centroamérica de 1907 había concluido con la firma de un Tratado General de Paz y Amistad, en el entendido de que reduciría los niveles de conflicto en el istmo³. Entre las sugerencias que se hacían en dicha conferencia estaban las siguientes: restringir las actividades de exiliados políticos, así como crear una base para extradiciones legales de agentes subversivos; una de especial interés fue la exigencia de neutralidad a Honduras en cualquier conflicto centroamericano. El 19 de febrero de 1907 declararon roto el Pacto de Corinto, celebrado entre los gobiernos de Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, a consecuencia de la falta de cumplimiento de lo estipulado en sus cláusulas (Scholes, 1961, pp. 613-627).

La primera prueba de fuego de dicho tratado fue la invasión a Honduras por el ex presidente Manuel Bonilla (1903-1907), junto con algunos exiliados, quienes intentaban derrocar al presidente Miguel Dávila, con el apoyo de Guatemala y El Salvador, mientras que Nicaragua apoyaba al presidente Dávila. Dichos acontecimientos hacían que la guerra pareciera inminente, por lo cual se buscó una solución pacífica a fin de evitar la intervención estadounidense (Toussaint Ribot, 2013, pp. 13-24; Rodríguez Díaz, 2013, pp. 67-86; Gardner Munro, 2003, pp. 208-212).

El inminente envío de fuerzas armadas por parte de Guatemala a la frontera con Honduras a inicios de 1909, abonaba al clima de tensión, porque de este suceso se esperaba que Nicaragua acudiera en apoyo de Honduras, mientras que El Salvador se alinearía con la postura guatemalteca. Ante este ambiente de conflagración, era necesario dar parte a la nueva Corte Centroamericana. El 12 de marzo de 1909 se llevó a cabo una reunión entre Francis Huntington Wilson⁴, quien se desempeñaba como subsecretario del Departamento de Estado, y el embajador mexicano en Washington, Francisco León de la Barra⁵, en donde abordaron la situación en Centroamérica y acordaron manejar una política de cooperación a fin de que se cumplieran los propósitos de paz que habían quedado establecidos en la Corte de Justicia. El propio Philander Knox⁶, secretario de Estado, abundaba sobre las bondades de la mediación y la colaboración entre las naciones del continente en la solución de los problemas hemisféricos:

El espíritu de ayuda fraternal es común a los gobiernos de las otras Repúblicas y al nuestro. Mencionándose solo uno o dos de muchos ejemplos que hay para demostrar este hecho, puede recordarse el arreglo del delicado asunto de límites entre Perú y Bolivia; el sometimiento a arbitraje de la añeja disputa de fronteras entre Panamá y Costa Rica, gracias a los buenos oficios de los Estados Unidos y muy, recientemente, la tripartita oferta de mediación, por la cual la República Argentina, los Estados Unidos del Brasil y los Estados Unidos de América, obrando de perfectísimo acuerdo, ejercieron la influencia de las tres grandes Repúblicas Americanas a favor de la paz, en su empeño de evitar una guerra pendiente entre el Perú y el Ecuador; obrando así, los tres gobiernos han dado a este hemisferio el honor de ser el primero en invocar las amplísimas disposiciones de la Convención de La Haya para el Arreglo Pacífico de Disputas Internacionales (“Importantes declaraciones del Secretario Knox”, Monthly Bulletin, American Republics Bureau, 1910, pp. 987-989).

Las entrevistas y el intenso intercambio epistolar entre Knox y los operadores diplomáticos mexicanos, naturalmente, se encaminaban a convencer al gobierno de Porfirio Díaz de la encomiable oportunidad para ayudar a Honduras, un país vecino en problemas. El Departamento de Estado buscaba, afanosamente, seguir contando con la colaboración de México en los asuntos continentales, y lo más importante mostrar ante sus vecinos del sur que sus políticas estaban desprovistas de unilateralidad. Aún más, arropado en un discurso moralista y de hermano mayor, el ex abogado de las corporaciones señalaba, ante un público estadounidense, que la República de Honduras se encontraba en una lamentable situación económica y que los banqueros de su país acudirían en apoyo de la República Centroamericana:

Pesa sobre ella una enorme deuda de bonos, tenidos en Europa, para la cual no saca de su riqueza nacional rentas en proporción. El pago de los intereses se retrasó y se hizo absolutamente necesario que se consolidara la deuda y que la hacienda fuera puesta sobre una base sólida. Hallándose las cosas en tal estado se presentó un grupo de banqueros americanos dispuestos a ofrecer condiciones más ventajosas a Honduras que las propuestas a los actuales acreedores (“Importantes declaraciones del Secretario Knox”, Monthly Bulletin, American Republics Bureau, 1910, p. 989).

Evidentemente, el mensaje de Knox se encaminaba a la defensa de los intereses financieros estadounidenses y a la búsqueda de consensos para que el Congreso, llegado el momento, aprobase la intervención militar y de las aduanas en Honduras⁷. El discurso enfatizaba sobre la necesidad de que el Senado sancionase un tratado que brinde “a los banqueros legítima seguridad para su inversión, mediante el reconocimiento de la relación que el Gobierno de Honduras creare entre los pagos debidos al prestador y una proporción adecuada de las rentas de aduanas” (“Importantes declaraciones del Secretario Knox”, Monthly Bulletin, American Republics Bureau, 1910, pp. 987-989).

En efecto, desde el Departamento de Estado en Washington, se buscaba la protección de las inversiones estadounidenses y el control geopolítico de la zona ístmica; sin embargo, no todo el beneficio sería para los banqueros neoyorquinos, sino también el país centroamericano saldría favorecido, en palabras de Knox: “Juzgando que una Honduras poderosa contribuiría grandemente a la estabilidad y prosperidad de Centro-América, este Gobierno presta su cordial apoyo al plan para la rehabilitación de aquella República” (“Importantes declaraciones del Secretario Knox”, Monthly Bulletin, American Republics Bureau, 1910, p. 989).

Conviene preguntarse sobre la postura de México ante los planes de Washington de intervenir en la crisis hondureña, y de los embates que estaba sufriendo por parte de Guatemala y El Salvador. De entrada, los intereses de México en su colaboración con Estados Unidos eran de diversa índole: una primera preocupación, a decir del diplomático mexicano Joaquín Casasús, era que las diferencias entre Estados Unidos y Nicaragua beneficiaban a Guatemala, y por ende eso resultaba perjudicial para México (CEHM-CARSO, fondo CDLIV, legajo 60, 1909, foja 4). Lo anterior se explica por la preponderancia que México buscaba alcanzar en Centroamérica, y que se confrontaba con el interés del presidente guatemalteco Estrada Cabrera, sin dejar de mencionar que consideraba que la unión de las repúblicas centroamericanas en una confederación podría constituir un peligro para la estabilidad mexicana. El gobierno de Porfirio Díaz veía el intento guatemalteco de formar la confederación como la pretensión de una dictadura personal de Estrada Cabrera y no de una unión amistosa⁸.

Otro interés perseguido por México era participar en la mediación conjunta con Estados Unidos a fin de establecer una colaboración que evitara la actuación unilateral del vecino del norte en Centroamérica y contener la acción militar que el gobierno estadounidense quería desplegar en Honduras. Con lo anterior, se consideraba que se lograría la pacificación de la zona, y también se aseguraba la tranquilidad de la frontera sur evitando el arribo de refugiados y opositores que derivaban en una relación conflictiva con Guatemala.

Sin embargo, para fines prácticos, cada uno concebía a su modo la intervención. Para el gobierno mexicano, estaba claro que se debía mostrar una postura de mediación apegada al legalismo y al respeto de la soberanía de Honduras; mientras que el gobierno estadounidense pugnaba por una intervención más directa y enérgica. Como ya se mencionó, la preocupación en cuanto al predominio que adquiriría Guatemala si se modificaba el tablero centroamericano, fue el principal motivo que orilló a México a participar en la mediación. Para ejemplificar, reproducimos la preocupación de Casasús:

[…] la intervención americana en las aduanas de Honduras va a poner a Guatemala en una situación de preponderancia en Centro América, que para nosotros va a ser perjudicial, y la verdad es que, si nosotros estamos aceptando la política de intervención en unión de los Estados Unidos, me parece incomprensible que la llevemos a cabo con perjuicio de nuestros propios intereses (CEHM-CARSO, fondo CDLIV, legajo 60, 1909, f. 4).

El párrafo anterior nos permite entender las implicaciones que la administración Díaz ponderaba con respecto de los acontecimientos en Centroamérica. El propio Casasús afirmaba que la línea de conducta del gabinete en Washington parecía dictada por el deseo de favorecer a Guatemala a fin de contrarrestar la influencia regional del presidente nicaragüense José Santos Zelaya, y de paso intervenir en Honduras. Por su parte, el embajador mexicano en Washington, Francisco León de La Barra, externaba su consternación por la crisis centroamericana al ministro de hacienda José Y. Limantour, en los siguientes términos:

[…] pasan los asuntos centroamericanos por un periodo de crisis. En entrevista con Knox logré que la petición de Washington al gobierno de Díaz se circunscribiese a dos asuntos: no se impondrá la intervención a Honduras; ni será un comisionado americano el encargado del arreglo de la hacienda pública… Por consiguiente, solo en el caso de que Honduras lo solicitare, expresamente se convendrá en el nombramiento de una comisión internacional, en la que México estaría representado, encargada de aquel fin (CEHM-CARSO, fondo CDLIV, legajo 21, 1909, f. 3).

En efecto, la presión a la intermediación de México se incrementaba conforme aumentaban las tensiones. A decir de Walter Scholes, ya desde tiempo atrás, Elihu Root, secretario de Estado (1904-1909)⁹, preveía que sería necesaria la intervención de México en conjunto con Estados Unidos para hacer cumplir los compromisos de paz adquiridos en la Corte de Justicia Centroamericana; la finalidad era “defender la neutralidad de Honduras” (Scholes, 1961, pp. 613-627; Gardner Munro, 2003, p. 240).

Ahora bien, los operadores de la diplomacia porfirista dilucidaban sobre los posibles escenarios que México enfrentaría en su colaboración con Washington para arreglar los asuntos de las repúblicas centroamericanas. Por ejemplo, Casasús consideraba que, al aceptar la mediación conjunta con el vecino del norte, México estaba llegando muy lejos, cuestión que satisfacía a Estados Unidos, quien quería seguir contando con la colaboración de su vecino del sur. A pesar de pronunciarse en contra de la intervención política en Centroamérica, el ex embajador sugería sacar algún provecho de la colaboración para evitar “encumbrar todavía más a nuestro irreconciliable enemigo” (CEHM-CARSO, fondo CDLIV, legajo 60, 1909, f. 4) refiriéndose a Guatemala.

El secretario de Hacienda mexicano, José Y. Limantour, era amigo cercano de Joaquín Casasús, con quien tenía una correspondencia frecuente y en la que se notaba una plena confianza para abordar asuntos de diversa índole, sobre todo los referentes a la intención estadounidense de tomar control de las aduanas de Honduras. Esta cercanía entre ambos llevaba a Casasús a hacer partícipe a Limantour, ya fuera buscando consejo o intercambiando opiniones de la problemática centroamericana. En este sentido, los dos coincidían en calificar de agresiva la postura del vecino del norte, el secretario de Hacienda mexicano incluso la calificaba como torpe y que revelaba una crasa ignorancia en quien la dirigía, por lo cual le recomendaba a Casasús mantener una política dilatoria y de mucha cautela. El propio Limantour externó sus temores ante el expansionismo de Washington, en correspondencia confidencial:

De mucho tiempo a esta parte he tenido la impresión de que los Estados Unidos quieren dominar en Centroamérica, no con el propósito de tenernos entre dos fuegos, porque no necesitarían acudir a esos medios para buscarnos camorra si lo quisieran, sino con el objeto de ofrecernos algún día esa situación preponderante en Centro América en cambio de un doloroso sacrificio que nos pidieran por el lado del norte (CEHM-CARSO, fondo CDLIV, legajo 21, 1909, f. 4).

El temor de ver lesionada la soberanía territorial de la nación, manifestada por el secretario de Hacienda era compartida por otros miembros del círculo cercano a Porfirio Díaz como Enrique Creel y el propio Joaquín Casasús. Entonces, no resulta fortuito, que en correspondencia diplomática reservada, Limantour le explicase al embajador de México en Washington, León de la Barra, sobre las implicaciones del conflicto en sus relaciones con Washington, las cuales consideraba prioritarias:

En mi concepto nuestra línea de conducta, a pesar de las situaciones difíciles que pueda acarrearnos, debe ajustarse a este propósito: demostrar muy buena voluntad para cooperar con Washington al mantenimiento de la paz en Centroamérica, sin usar de coacción material, ni menos crear precedentes que pudieran un día alegar en contra nuestra los vecinos del norte (CEHM-CARSO, fondo CDLIV, legajo 21, 1909, f. 4).

Independientemente de los designios injerencistas estadounidenses, Limantour consideraba que esta mediación ponía en dificultades a México, porque este no podría “rehusarse a hacer una demostración material de nuestras miras comunes” (CEHM-CARSO, fondo CDLIV, legajo 60, 1909, f. 12). Con demostración material se refería a que México no podría y no debería emplear acciones concretas como el envío de cañoneros a las aguas hondureñas, ya que esta negativa podría contribuir a que las relaciones mexicano-estadounidenses se enfriaran, de manera que debía evitar mostrar una postura a este respecto en la medida de lo posible.

Con todo y su política cautelosa, dilatoria, y tratando de no querellarse con su vecino del norte, México accedió a enviar, a mediados del mes de abril de 1909 al puerto de Amapala en Honduras, el cañonero General Guerrero con las instrucciones de no tomar parte en medidas coercitivas y de unirse al acorazado estadounidense estacionado en ese puerto. Desde luego, esta situación contrariaba a Limantour, quien consideraba que, una vez enviado el buque de guerra, el gobierno quedaría expuesto a “aventuras ridículas y desastrosas” (CEHM-CARSO, fondo CDLIV, legajo 60, 14 de abril de 1909, f. 7; Benítez López, 2013, pp. 286-287). En efecto, cuando la prensa mexicana cuestionó el motivo del envío, en entrevista realizada al ministro de Guerra, este manifestó ignorar la misión, pero dijo estar cumpliendo instrucciones del secretario de Relaciones Exteriores de México. A decir del periódico El Diario del Hogar, de tendencia oposicionista, con el viaje inesperado del cañonero, México daba muestra de su determinación de apoyar a Estados Unidos ante cualquier dificultad en Centroamérica¹⁰.

Meses más tarde, El Diario del Hogar volvía a dar pluma al clima de tensión generado por la posible intervención de Estados Unidos en Honduras, además de que la visita del diplomático estadounidense, William Buchanan, a tierras mexicanas abonaba a la especulación sobre el motivo de que su estancia estaba relacionada directamente con los problemas centroamericanos. La edición del 8 junio de 1909 afirmaba que Buchanan había venido a México a lograr un acuerdo para la intervención conjunta a fin de “conjurar de raíz la efervescencia bélica en que se mantienen aquellos países”¹¹. Además, este rotativo, aprovechaba para criticar la política exterior porfirista, sobre la cual afirmaba:

Las complacencias la han orillado a conservar una actitud poco airosa en relación con la política de Norteamérica. De continuar en esa actitud, llegará al abismo del desprestigio a los ojos del pueblo centroamericano, en donde ya se han notado manifestaciones hostiles al gobierno de nuestra patria, pues cuando el cañonero General Guerrero llegó a las aguas de El Salvador, el pueblo de esta capital, pretendió derribar la estatua del General Díaz (El Diario del Hogar, 8 de junio de 1909, p. 1).

En efecto, el conflicto hondureño había aumentado sus proporciones desde el arribo de los barcos de México y Estados Unidos a las costas centroamericanas. La tensión se incrementó en junio de 1909 cuando Guatemala y El Salvador habían invadido Honduras. Al mismo tiempo, los diplomáticos mexicanos intentaron convencer a sus contrapartes hondureños de la necesidad de establecer canales de negociación ante el despliegue de tropas en Honduras. En un esfuerzo por mediar la situación, Casasús se entrevistó con Antonio Lazo Arriaga, diplomático hondureño, quien le manifestó que si México estaba dispuesto a analizar la situación financiera de su país y ofrecer su respaldo, se detendría la respuesta que debía dar el gobierno de Honduras al de Estados Unidos, solicitando la intervención de las aduanas (CEHM-CARSO, fondo CDLIV, legajo 60, f. 4).

Aquí valdría remarcar, con respecto a la intervención hacendaria de Honduras, que meses atrás William Buchanan había mencionado de forma oral a Joaquín Casasús un plan de acción, del cual no contamos con la fuente. Pero a decir de Casasús, dicho plan había sido concebido para que, de manera unilateral, se diera la intervención, y que después esta iniciativa fuera modificada en el sentido de que ahora se le pediría a México contribuir enviando delegados, cuestión que para el experimentado secretario de Hacienda de México, Limantour, resultaba inviable, por lo que aconsejaba rehusar dicha invitación de la manera más suave posible (CEHM-CARSO, fondo CDLIV, documento 28, 1909, ff. 1-7). Esta situación colocaba a México en una posición delicada frente a su objetivo primario de mantener buenas relaciones con Estados Unidos. Aún más, esta actitud expresaba la política dilatoria, que a veces representaba un paliativo pero era a la vez uno de los puntos débiles de la diplomacia porfirista.

La reticencia mexicana a la propuesta estadounidense no era bien vista por Philander Knox, a quien le decepcionaba la postura de México de buenos oficios, la cual, en su opinión, no bastaba para resolver la situación en el istmo. El 25 de marzo de 1909, Knox le envió una carta a León de la Barra, encargado de la embajada de México en Estados Unidos, en donde le pedía a la administración Díaz consentir su intervención en las aduanas hondureñas, además le solicitaba que se convirtiera en una suerte de fiador de la estabilidad centroamericana; decía a la letra:

Creo que debemos acordar que la neutralidad de Honduras requiere una garantía más efectiva; que la debilidad económica y política de Honduras es una amenaza permanente; que un cambio radical en la posición de Honduras impediría probablemente que Nicaragua, bajo el gobierno del señor Zelaya, siguiera siendo un centro de peligro e inquietud (Citado en Scholes, 1961, pp. 613 -627).

Además de la propuesta de enviar consejeros económicos para el gobierno hondureño, se le demandaba a México expresarse en torno a su aceptación, o no, a la invitación de las repúblicas centroamericanas a firmar un tratado con el fin de garantizar la neutralidad de Honduras. Como se puede notar, por parte del gobierno estadounidense se buscaba que México se comprometiera diplomáticamente con el plan de enviar asesores de ambos países por tiempo indefinido, con la instrucción de estudiar la situación financiera y económica para así proponer las reformas necesarias en suelo hondureño. La postura mexicana cautelosa y llena de ambigüedad obligó a Knox a tener una constante correspondencia con la embajada para convencerlos de que la intervención era la única forma de imponer una seguridad más estable. Detrás de esta insistencia a la participación mexicana, se encontraba el deseo de Estados Unidos de ocultar su política unilateral e intervencionista en la región.

Es pertinente señalar que, en esta coyuntura, Joaquín Casasús ya había concluido su misión al frente de la embajada de México en Estados Unidos, pero en virtud de las relaciones cordiales que conservaba con Antonio Lazo Arriaga y Constantino Fiallos, con quienes colaboró durante sus diferentes encomiendas panamericanas y como embajador en Washington, estos diplomáticos centroamericanos lo mantuvieron informado de la situación en Honduras. Lo anterior permitió a Casasús vislumbrar que la solución a los acontecimientos en Centroamérica podría darse más pronto de lo esperado; el motivo de su conjetura residía en que, a decir del diplomático mexicano, “no se sabía si intencionalmente o por casualidad, el gobierno inglés ha venido a ayudar poderosamente en la cuestión de Honduras” (CEHM-CARSO, fondo CDLIV, legajo 60, 1909, f. 3). Las negociaciones comenzaron cuando el ministro de Inglaterra, Lionel Carden, acreditado en Honduras, recibió la instrucción de escribir a los tenedores de bonos y proponerles un arreglo a fin de liquidar la deuda. El arreglo planteado tenía como base la consignación de una parte de las rentas de las aduanas.

Dadas las importantes inversiones estadounidenses en Honduras, la administración del presidente William Howard Taft (1909-1913) se mostró interesada en valorar la deuda externa de dicho país e intentar refinanciarla, máxime si se toma en cuenta que la deuda era un factor que contribuía a la inestabilidad política y social de los países. Sobre todo, tomando en consideración que los principales acreedores eran los ingleses, y se buscaba evitar su intervención o el cobro de la deuda por medio de medidas coercitivas (Barahona, 2005, p. 24). En efecto, la ineficiencia para administrar sus recursos estatales y los empréstitos obtenidos de Europa preocupaba a Estados Unidos ante el temor de que tal conducta motivara una intervención política y militar de las potencias europeas. Como medida preventiva para garantizar sus intereses geoestratégicos, a la manera como lo había realizado en República Dominicana en 1905, se propuso intervenir las aduanas con la finalidad de que Honduras cumpliera sus compromisos financieros.

Por ello, al conocer el gobierno norteamericano la gestión del inglés, buscó estar enterado de los términos del convenio, para esto exigía a Honduras conocer las propuestas de Carden. La petición del estadounidense Philip Brown, ministro plenipotenciario, al embajador hondureño Constantino Fiallos fue hecha en tono tajante, pidiendo que se le informara de las negociaciones de la deuda exterior del gobierno de Honduras, porque de no hacerlo así “la conducta del gobierno se considerará como acto incompatible con las amistosas relaciones que existen entre los dos países” (CEHM-CARSO, fondo CDLIV, legajo 60, 1909, f. 12). Aunado a lo anterior, Brown gestionaba para que Honduras misma pusiera las aduanas en manos de las autoridades estadounidenses.

Ante el tono enérgico, Constantino Fiallos respondió a Philip Brown que, en el proyecto de arreglo de la deuda, los intereses de los acreedores eran considerados y que, al mismo tiempo, las rentas y los recursos naturales del país serían resguardados procurando que los arreglos fueran lo más equitativos y convenientes al país. La petición de Philip Brown era considerada por Joaquín Casasús en términos inadmisibles y poco amistosos, afirmaba: “la petición del Ministro Americano, no puede ser ni más humillante, ni más injustificada. No puede imaginarse como este Gobierno [Estados Unidos] trata a todas estas naciones pequeñas cuando se propone determinado fin” (CEHM-CARSO, fondo CDLIV, legajo 60, 1909, f. 12).

El clima de tensión aumentaba cuando se abordaba la cuestión de la neutralidad hondureña y los medios que contribuirían a ello. El Departamento de Estado proponía que Guatemala, Salvador, Costa Rica, México y la propia Honduras garantizarían la neutralidad individualmente ante cada uno de los demás. Incluso Huntington Wilson, en conversación con León de la Barra, al ver que la reacción mexicana no era favorable a la intervención, proponía un acuerdo que implicara un progreso real para que fueran respetados los acuerdos de Washington, si fuera necesario usando la fuerza para pacificar la zona (Scholes, 1961, p. 619).

Además, William F. Sands, como representante de Estados Unidos en Guatemala, no abonaba a la armonía en el área centroamericana, porque ponía en evidencia el respaldo estadounidense a Guatemala incluso en contra de otros países de la región. En este sentido, De la Barra instó a Knox a realizar una declaración con el objeto de mantener la paz en Centroamérica¹². Al mismo tiempo, las cancillerías de México y de Estados Unidos le recomendaron a Honduras que se abstuviera de intervenir en los acontecimientos de Nicaragua, sobre todo porque, a decir del diario oficialista, circulaban rumores de que la actitud hondureña era de apoyo al presidente Santos Zelaya de Nicaragua (El Imparcial, 4 de noviembre de 1909, p. 1).

Por su parte, la prensa opositora de México informaba que “Guatemala y el Salvador unidos estaban amenazando la frontera y la paz de Honduras […] noticias de esta capital durante la noche nos permiten comunicar lo siguiente: Honduras moviliza un ejército hacia la frontera de Guatemala […], el gobierno de El Salvador hará causa común con Guatemala, su gobierno aliado” (El Diario del Hogar, 20 de julio de 1909, p. 1).

Philander Knox ofreció un discurso en junio de 1909 en la Universidad de Pensilvania, en donde abordaba las líneas de la diplomacia estadounidense enfatizando que Honduras era el típico ejemplo de las naciones sobre las que pesaba una deuda enorme, propiciando que se presentara un grupo de banqueros estadounidenses con el fin de ofrecer una resolución más ventajosa que la que proponían los acreedores europeos (“Importantes declaraciones del Secretario Knox”, Monthly Bulletin, American Republics Bureau, 1910, pp. 987-989). A manera de justificación, aludía a la intervención de las aduanas en República Dominicana y lo llamaba “el exitoso caso dominicano”, por medio del cual, y a través del control financiero, había librado al país de la injerencia de los acreedores europeos. La diplomacia del dólar estaba claramente especificada en las declaraciones de Knox, en las que de entrada señalaba que se dirigía a beneficiar a Honduras y a Centroamérica y a modo de ejemplo se remitía al caso dominicano, que por su importancia reproducimos en extenso:

La historia política de la República Dominicana, desde su fundación en 1844 hasta 1905, el año en que se estableció el modus vivendi, que fue seguido por la Convención del 8 de febrero de 1907, puede ser comparada al caleidoscopio de revoluciones interrumpidas solamente por el despotismo. A través de estos caóticos años, tenedores extranjeros de tres o cuatro nacionalidades distintas tenían en virtud de varios convenios hipotecadas a su favor las rentas de diferentes puertos como garantía para empréstitos, unas veces usurarios y siempre malgastados. La situación había llegado a ser, bajo todos los puntos de vista, imposible, y entonces la República Dominicana recurrió a los Estados Unidos para que la ayudara. Después de estudiados varios planes, se convino en el modus vivendi y la Convención mencionados como solución satisfactoria. Como resultado de los buenos oficios de este Gobierno, la gran mayoría de los acreedores, confiando en la garantía que había de aportar la estabilidad financiera producida por la Convención, aceptaron una liquidación por virtud de la cual quedaron reducidas a unos siete millones de dólares obligaciones pendientes cuyo valor nominal era de treinta o cuarenta millones. Así, la cooperación de los Estados Unidos ha puesto a la República Dominicana en situación de poder reducir el valor nominal de su deuda; de suministrar garantías incuestionables, y de tener una administración aduanera tan eficiente que, después de atender a la liquidación de una deuda relativamente enorme, ha suministrado fondos sobrados para todas las necesidades gubernamentales, siendo el superávit para esos fines efectivamente mayor en cantidad que las rentas totales que ingresaban en la tesorería dominicana antes de que se estableciera la actual administración de aduanas (“Importantes declaraciones del Secretario Knox”, Monthly Bulletin, American Republics Bureau, 1910, p. 988).

En el mensaje de Knox también hacía referencia a que la ocupación en dicho país caribeño se había interpretado como una desviación de la política de no intervenir en los asuntos interiores de otros países. Como se puede notar, el Departamento de Estado estaba dispuesto a cometer nuevamente esa “desviación” para lograr la estabilidad económica y política de Honduras. Lo que Knox no mencionaba era la reticencia mostrada por sus contrapartes mexicanos a la diplomacia coercitiva que planeaba implementar en el istmo.

La labor de convencimiento del Departamento de Estado rindió frutos y obtuvo la anuencia de organizar las negociaciones entre los representantes de Honduras y los banqueros de Nueva York, dirigida por John Pierpont Morgan. A finales de 1909, un acuerdo alcanzado preveía una reducción de la deuda y la emisión de nuevos bonos del 5 %: los banqueros controlarían el ferrocarril de Honduras y el gobierno de Estados Unidos tomaría el control de los ingresos de aduanas; dichos acuerdos eran lesivos al desarrollo de Honduras como nación independiente. Naturalmente, los términos propuestos por los banqueros encontraron en Honduras una gran oposición, lo que debilitó aún más el gobierno del presidente Miguel Dávila. Esto fue visto por los hondureños como una violación a la soberanía nacional, no así para las élites oligárquicas que pedían la intervención de Estados Unidos. Como lo afirmaba el periódico mexicano (El Diario del Hogar, 25 de junio de 1909, p. 1), el gobierno de Honduras había pedido la intervención de Estados Unidos y México, sin embargo, el pueblo hondureño la rechazaba.

A manera de conclusión

A lo largo del texto hemos estudiado cómo, desde Washington, se intentó que la cooperación mexicana en los asuntos del istmo asumiese un papel más protagónico. Es decir, se les solicitó no solo la mediación político-diplomática, sino acciones concretas en el ámbito militar y de asesoría financiera a los oficiales de aduanas en Honduras, que se materializara en la presencia de efectivos mexicanos en territorio hondureño. Por su parte, el papel de México se circunscribió a desempeñar una política dilatoria y pragmática, en la que si era necesario cooperar, se haría, pero no incondicionalmente ni con el ánimo de atacar a un país centroamericano. Por ello, en Honduras, la participación mexicana fue acotada y tendió al carácter legalista, buscando resolver a través del derecho internacional, de la mediación y de los buenos oficios los diferendos entre las naciones del istmo.

Asimismo, ubicamos a los operadores de la diplomacia porfirista, como Joaquín Casasús, interactuando con sus contrapartes centroamericanas y estadounidenses. En este sentido, resaltó su relación con el diplomático hondureño Lazo Arriaga, con quien mantuvo correspondencia privada sobre la posibilidad de que México participara como mediador, en caso de una intervención de las aduanas. Aún más, le fueron remitidos documentos oficiales que explicaban la gestión del gobierno inglés y una copia del arreglo propuesto por Lionel Carden, antes de que se diera a conocer al gobierno estadounidense, para que con sus conocimientos y su trayectoria en cuestiones económico-financieras y monetarias, pudiese aconsejar a la administración hondureña sobre el particular. En esta coyuntura, la administración porfirista priorizó el mantenimiento de buenas relaciones con Washington. Adicionalmente, los operadores diplomáticos porfiristas consideraban que para México constituía un problema muy serio embarcarse en compañía de Estados Unidos en la política de intervención “amistosa”, cuando existían otros medios como el legalismo y el arbitraje para resolver asuntos de cobro de deudas sin tomar medidas coercitivas. México y Estados Unidos tenían objetivos e intereses encontrados: la diplomacia porfirista priorizaba mantener buenas relaciones con Estados Unidos y, basado en argumentos morales y de conciliación, buscaba aumentar su influencia en el área centroamericana. La coyuntura bélica en la región centroamericana no disminuyó con la mediación mexicano-estadounidense ni la intervención de las aduanas en Honduras lograron la ansiada “estabilidad y prosperidad” hondureña, pregonada en la retórica estadounidense, por el contrario, los tenedores de bonos se enriquecieron, y pavimentaron el camino de Honduras bajo los designios de Washington.

Por su parte, Estados Unidos, a través de la diplomacia del dólar, se planteó controlar las finanzas de los países centroamericanos para salvaguardar sus intereses en la región y contener la presencia e inversiones europeas, y sobre todo controlar el Canal de Panamá como un imperativo geoestratégico para acceder a la hegemonía continental.

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Notas

Notas de autor