El 28 de noviembre de 2021 la sociedad hondureña fue testigo y partícipe de un acontecimiento que se sitúa entre los más relevantes de la historia política contemporánea: el triunfo electoral de Xiomara Castro Sarmiento, la candidata a la presidencia de una coalición de partidos de centro e izquierda, liderados por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE).

El carácter histórico de esta victoria electoral reside en varias razones. Es la primera mujer en llegar a la presidencia en Honduras. Rompió con el bipartidismo que, durante todo el siglo XX y parte del XXI, había ejercido el poder de forma casi indiscutible. Es la primera vez que un partido con un importante sector identificado con el socialismo gana unas elecciones presidenciales en un país considerado conservador y aliado histórico de Estados Unidos. Además, el triunfo se da con una participación política muy alta, lo que hace de Xiomara Castro una de las candidatas más votadas en la historia de los procesos electorales hondureños con una participación en torno al 70 % del electorado¹. Sin duda esto ha significado una restauración de la legitimidad política ausente de los gobiernos hondureños desde el Golpe de Estado de 2009.

En lo que sigue analizo algunos factores que se deben tener en cuenta para los próximos años del gobierno de Xiomara Castro y la viabilidad de varias de sus propuestas que han generado mucha expectativa entre la población:

a) Redes de corrupción y narcotráfico. La victoria electoral no ha anulado la persistencia de estas redes que han logrado incrustarse en casi todas las instituciones del Estado. No se descarta que estas estructuras criminales reaccionen al sentirse amenazadas por las políticas del nuevo gobierno. Tampoco que intervengan en las luchas políticas y en la intensificación de la violencia en las calles. La estrecha alianza, ventilada en los tribunales de Estados Unidos, entre la clase política, el ejército, la policía, las maras y los cárteles de la droga, indica que puede haber acciones de las redes criminales tendientes a mantener su influencia en el Estado o al menos a minimizar el daño a sus negocios ilícitos que provoque el ataque frontal del nuevo gobierno. Y aunque es evidente el interés de Estados Unidos para disolver algunas de estas redes, serán un peligro latente mientras no se desarrollen procesos internos de depuración y reformas sustanciales en las instituciones de seguridad.

El punto positivo es que a este contexto internacional favorable para el combate del crimen organizado se une el clamor de la sociedad por justicia. El 14 de febrero de 2022 las fuerzas de seguridad hondureñas capturaron al ex presidente Juan Orlando Hernández en su residencia. Esta detención obedeció a una solicitud de extradición de Estados Unidos que acusa a Hernández de varios delitos, entre ellos el de haber introducido 500 toneladas de droga a ese país. Desde la noche anterior se apostaron policías y militares en los alrededores de la vivienda. También ciudadanos/as que deseaban ser testigos de un hecho considerado por muchos de trascendencia en la historia hondureña. En Honduras, a diferencia de otros países centroamericanos, ningún ex mandatario había sido procesado por algún delito, al menos no de una forma que evidenciara la actuación de las fuerzas de seguridad hondureñas.

La noche anterior también hubo manifestaciones espontáneas de celebración en las calles de varias ciudades. En la tarde del 14 de febrero, al momento de efectuarse la captura, se vio al otrora hombre más poderoso del país, esposado de pies y manos caminar entre una multitud de policías, en un ambiente de calma, sin insultos y sin expresiones ruidosas de júbilo. Esa imagen provocó un estupor generalizado, al menos durante los primeros minutos. En un país donde lo usual es que los miembros del crimen organizado burlen y hasta controlen la justicia, observar a quien casi todos consideraban el jefe principal de las redes de corrupción pública, caminar con paso vacilante por las esposas de sus pies, resultó particularmente chocante. Sin embargo, tendrá otros efectos más importantes porque ahora la sociedad hondureña, víctima de décadas de impunidad, por primera vez atestigua la posibilidad de justicia en el país. Aunque el poder judicial sigue estando compuesto por los magistrados acusados de complacer a Hernández en el pasado, en el 2023 asumirán funcionarios nuevos que deberán atender a una sociedad civil cada vez más exigente en la aplicación de la justicia. La captura es un mensaje claro para los criminales y los políticos. Ya no será tan fácil hacer gala del cinismo pasado con el que asumían las acusaciones públicas de corrupción. Y el poder judicial tendrá que remediar su mala imagen ante una opinión pública que le acusa de inoperancia.

b) Persistencia del bipartidismo tradicional y participación ciudadana. El derechista Partido Nacional (PN) que gobernó durante 12 años sufrió una aplastante derrota. La peor en el ámbito de fórmula presidencial en los últimos años. El Partido Liberal (PL), la otra institución que compone el bipartidismo hondureño está sumergido en una crisis desde el Golpe de Estado del 2009. Empero, esto no ha significado la desaparición del bipartidismo tradicional. El PN obtuvo un importante caudal de votos. Además, consiguió un número alto de 44 diputados en el Congreso Nacional. Por su parte, el poder judicial seguirá bajo control del bipartidismo al menos hasta el 2023. A esto se añade la tendencia a la división o atomización de las fuerzas heterogéneas que componen la Coalición y al mismo partido LIBRE. Si bien en un principio se pensaba que podía darse una ruptura temprana en la coalición por las diferencias ideológicas entre LIBRE, el Partido Innovación y Unidad (PINU), de tendencia socialdemócrata, y el Partido Salvador de Honduras (PSH), de centro-derecha, la implosión se produjo en la propia institución de la presidenta Xiomara Castro a escasos días para que asumiera el poder. Un grupo de 18 diputados electos por LIBRE, contraviniendo la decisión de la mayoría de su bancada, decidió no respetar el acuerdo con el PSH por el cual se debía nombrar presidente del Congreso Nacional a un miembro de este partido. Estos diputados se aliaron momentáneamente al bipartidismo tradicional.

El 23 de enero de 2022 se instalaron dos Juntas Directivas del Congreso Nacional. La presidida por Jorge Cálix, de la facción disidente de LIBRE y apoyada por el bipartidismo, y la presidida por Luis Redondo, apoyada por la coalición LIBRE-PSH-PINU.

Finalmente, los diputados disidentes de LIBRE, ante una enorme e intensa presión popular, desistieron de sus intenciones de seguir manteniendo la Junta Directiva presidida por Cálix y el 7 de febrero reconocieron el pacto entre LIBRE y el PSH. Este acuerdo fue una victoria para el naciente gobierno de Castro, pero se dio cuando los niveles de popularidad de la presidenta y la movilización ciudadana eran los más altos. También el apoyo de Estados Unidos a la nueva administración era evidente. Habrá que prever nuevos conflictos azuzados por los poderes fácticos del país en los que algunos de los elementos de esta ecuación hayan cambiado.

En el fondo de este conflicto, en el Congreso, estaba el asunto de la legitimidad política. El mensaje de los votantes fue claro: no querían un Congreso Nacional dominado por el bipartidismo tradicional y sí uno en el que hubiesen consensos políticos entre las fuerzas diversas no alineadas con el régimen político de Juan Orlando Hernández, quien gobernó entre 2014 y 2022. ¿Un diputado al ser electo recibe un cheque en blanco para ignorar la voluntad popular y aliarse con grupos que no recibieron los apoyos mayoritarios en las elecciones?, fue la pregunta que muchos se hicieron durante la crisis de los diputados disidentes de LIBRE.

Por otra parte, es evidente que la ciudadanía hondureña ha comprendido que posee un poder para impulsar cambios. El fracaso de la rebelión de los diputados de LIBRE indica que, en la actual coyuntura, los políticos tendrán que cambiar sus estilos tradicionales de negociación. Los acuerdos y pactos oscuros realizados a espaldas o contraviniendo la voluntad de la población parecen haber perdido parte de su eficacia para gestionar el poder.

c) Las relaciones con Estados Unidos y el peso de una geopolítica histórica. La geopolítica en la región concede una importancia estratégica especial a Honduras que posee fronteras con tres países (Nicaragua, El Salvador y Guatemala) y una amplia franja costera en el Caribe. Es posible que el interés de potencias como China aumente ahora que ha habido un cambio de gobierno. Esto pondría en una encrucijada a la administración de Xiomara Castro. A lo largo de la historia ha sido evidente la poca tolerancia de Estados Unidos a cualquier gesto de autonomía política de su aliado tradicional, como fue el caso del enfado mal disimulado que le provocó el acercamiento del gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009) a los gobiernos de la izquierda latinoamericana. No obstante, es posible que la acostumbrada prepotencia de la política exterior de Estados Unidos se vea rebajada ante el pragmatismo. Las caravanas de migrantes, compuestas en su mayoría por personas hondureñas, han sido un revulsivo en la política interna de Estados Unidos. La xenofobia y el racismo se han agudizado en la sociedad estadounidense.

A diferencia de las predecesoras, las actuales autoridades de Estados Unidos están conscientes de que el problema de la migración no se resolverá erigiendo muros y aumentando la vigilancia de las fronteras. Reconocen que la campante corrupción pública y el crimen organizado en la sociedad hondureña son los principales factores que ocasionan las migraciones. Esto ha llevado a la tarea imperiosa de colaborar con el gobierno de Xiomara Castro para sanear el sistema político hondureño y de ser posible desarticular las principales mafias políticas que han debilitado la institucionalidad. Por ahora esta parece ser la prioridad y haría que las diferencias ideológicas pasen a un segundo plano.

Si ambos gobiernos acuerdan una relación en términos menos asimétricos y más respetuosos, es posible que a corto plazo no se llegue a enfrentamientos o desacuerdos significativos. Sin embargo, esto no será suficiente para anular a largo plazo las preocupaciones geopolíticas de Estados Unidos, todavía más si se van multiplicando o ampliando las relaciones bilaterales y multilaterales de Honduras con gobiernos que mantienen conflictos abiertos con la potencia del norte.

d) Movimientos sociales y Estado. El régimen concesionario de territorios, impulsado después del Golpe de Estado de 2009, agravó los conflictos con las comunidades rurales y los pueblos indígenas y negros. Pese a la represión intensa que llevó a Honduras a ser el país más peligroso de Latinoamérica para los activistas sociales, los movimientos sociales han logrado crear coaliciones amplias. Una Asamblea Permanente de Poder Popular se instaló el 11 de enero de 2022. Desde un concepto de autonomía y de ejercicio de la “soberanía popular comunitaria”, esta entidad, conformada por 50 organizaciones, pretende velar por los intereses del movimiento popular ante un gobierno que reconoce está conformado por la coalición de distintas fuerzas sociales, algunas de ellas representantes de los intereses económicos de los grupos dominantes (Movimiento Amplio, 12 de enero de 2022). En caso de que el gobierno de Xiomara Castro pretenda impulsar los intereses políticos de los sectores populares organizados, las relaciones de colaboración, a efectos de evitar corporativismos autoritarios, debería darse en unos términos que impida la cooptación por las estructuras estatales y el respeto a la autonomía política de una auténtica sociedad civil. Y para limitar los poderes fácticos antidemocráticos debería construirse un “contrapoder” del pueblo organizado que más que impositivo sería el despertar de la sociedad civil contra el poder excluyente y la realización de una voluntad general dirigida a un bien común (Villoro, 1997, pp. 87-90). El principal obstáculo es la polarización política entre las élites y varios sectores de las clases populares, así como el miedo de las primeras a los ejercicios políticos que favorezcan una mayor participación ciudadana, elementos que llevaron al Golpe de Estado de 2009. Esta condición permanece y es posible que incluso se haya agudizado durante los 12 años de abusos, violencia y persecución política de los gobiernos conservadores.

Asimismo, existe un problema más de fondo: el modelo económico de depredación de los entornos naturales exige nuevas formas de organizar la producción y cambios en las lógicas empresariales de maximización de las ganancias. Conciliar los intereses de los empresarios nacionales y del capital transnacional con los de varias comunidades que han creado sentidos identitarios territoriales basados en un ecologismo de los pobres y en el comunalismo (Martínez Alier, 2009), requerirá no solo una gestión juiciosa e inteligente de los problemas por parte del gobierno, sino también el compromiso de las elites de cambiar sus ideas acerca del clasismo, el racismo y el fundamentalismo de mercado que han sido los rasgos centrales de sus relaciones históricas con las clases populares. También se tendrá que consensuar, de forma honesta, el aprovechamiento de los recursos en los que se considere tanto la sustentabilidad de los ecosistemas como el factor social de beneficio para la colectividad.

Referencias

Consejo Nacional Electoral. (21 de diciembre de 2021). Certificación 2617-2021. La Gaceta, pp. 7-15.

Martínez Alier, Joan. (2009). El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valores. Barcelona: Icaria.

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. (12 de enero de 2022). Asamblea Permanente del Poder Popular. Recuperado de https://madj.org/tag/asamblea-permanente-del-poder-popular/

Villoro, Luis. (1997). El poder y el valor. Fundamentos de una ética política. México: Fondo de Cultura Económica.

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