Introducción

En 1985 los escultores Coosje Van Bruggen y Clas Oldemberg entregaron al rector de la Universidad de El Salvador (UES), Miguel Ángel Parada, una escultura llamada Monumento a la Supervivencia de la Universidad de El Salvador. Esta obra fue adquirida por la Galería Sueca por 40 mil dólares, dinero donado a la UES para su reconstrucción (Anónimo, 1985). Estos mismos artistas participaron en la iniciativa Artist Call Against U.S Intervention in Central America, la cual tenía como objetivo concientizar a la opinión pública internacional sobre la responsabilidad política y moral del gobierno norteamericano en los acontecimientos políticos de Centroamérica (Bruggen, 1984). Además, Bruggen se encargó de la redacción y divulgación del documento Repression and Resistence at the University of El Salvador, 1968-1983, an Account Based Upon an Interview with José Domínguez², una historia de la UES basada en una entrevista a José Domínguez, profesor de esta universidad y miembro del Instituto de Artes y Letras de El Salvador en el Exilio (INALSE) (Bruggen, s.f.). Dicho documento hace un especial énfasis en la represión sufrida por este centro de estudios desde la década de 1970.

Aquellos hechos forman parte de la construcción de una red internacional de solidaridad en torno a la UES iniciada en 1980 cuando el ejército salvadoreño invadió el campus y clausuró la institución por cuatro años. Artistas, personal académico y estudiantes se organizaron para denunciar la ocupación militar y apoyar las labores de reconstrucción de la universidad. Muchos de estos esfuerzos quedaron documentados en la revista La Universidad, para recuperar tales sucesos, denunciarlos e integrar a la identidad universitaria la lucha contra la represión y los esfuerzos para resistir la destrucción orquestada por los militares.

Durante la Guerra Fría, América Latina vivió episodios de violencia en los cuales las fuerzas de seguridad reprimieron y ocuparon universidades. Impulsados por la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) y la contención hemisférica del comunismo, los gobiernos latinoamericanos colocaron como objetivos militares a las universidades, catalogándolas como espacios de promoción de teorías marxistas y subversivas (Kruijt, 2009).

La experiencia de estas intervenciones ha conducido a la construcción de una memoria que busca recordar y denunciar lo sucedido. De esta manera, en Argentina en julio de 1966 se dio la violenta desocupación, por parte de la policía, de cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) durante la dictadura militar de Juan Carlos Onganía (1966-1970). La memoria construida sobre este episodio, bautizado como la Noche de los Bastones Largos, destaca cómo esta invasión significó el truncamiento del proceso de modernización llevado a cabo por la UBA. Además, se recuerda con precisión la violencia practicada contra docentes y estudiantes, la intromisión en la administración universitaria por parte del gobierno militar y el exilio sufrido por académicos opuestos al nuevo gobierno de la institución, al que juzgaban como mediocre y colaboracionista (Morero, 2016).

En México, el movimiento estudiantil de 1968 fue fuertemente reprimido por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), llegando a ocupar los campus del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El punto máximo fue la noche del 2 de octubre con la matanza ocurrida en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Sobre este hecho se ha construido una memoria que busca visibilizar la responsabilidad del gobierno, mostrar la profunda violencia que se aplicó y combatir la versión oficial que criminalizaba a los manifestantes (Poniatowska, 1975).

En Centroamérica, estudiantes, administrativos y docentes de la Universidad de San Carlos (USAC) en Guatemala fueron objeto de vigilancia, persecución y violencia por parte de las agencias de inteligencia policiales desde el golpe de Estado de 1954 (Domingo, 2011; Aguilar, 2009). La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador fue acosada desde la década de 1970, sufriendo ataques en la prensa, atentados con bombas y cateos policiales constantes. Finalmente, en noviembre de 1989 su campus fue invadido por el Batallón Atlacatl, siendo asesinados su rector, cinco sacerdotes académicos y dos trabajadoras (Doggett, 2001). En Nicaragua, la Guardia Nacional protagonizó la matanza contra varios estudiantes de la Universidad Nacional de Nicaragua (UNAN) en León en 1959 (Rocha, 2019).

En el caso salvadoreño, la UES fue intervenida militarmente al inicio de la administración del coronel Arturo Armando Molina en 1972. La radicalización del movimiento estudiantil dio la excusa al gobierno para entrar y controlar lo que se calificaba como un foco de subversión a lo interno de la Universidad (Martínez, 2010). El 30 de julio de 1975 una manifestación estudiantil en San Salvador, a favor de la autonomía, fue fuertemente reprimida por los militares, con un saldo considerable de heridos, muertos y desaparecidos (Argueta, 2005). En junio de 1980, en el contexto del inicio de la guerra civil, la UES fue nuevamente intervenida por el ejército, permaneciendo cerrada hasta 1984. Durante este tiempo la institución intentó continuar con algunas de sus labores, en un periodo conocido como la “Universidad en el exilio”. Así, con apoyo de la solidaridad nacional e internacional, la UES logró impartir cursos y graduar a estudiantes durante esta época en que fue expulsada de sus propios campus (Quintanilla, 2018).

Se ha construido una importante memoria sobre estos acontecimientos, centrada en la experiencia de quienes los vivieron y en las consecuencias que tuvieron en el desarrollo institucional de la UES. Desde la literatura escritores como Manlio Argueta (1977) y Roberto Cea (2002) describen el ambiente universitario politizado de esta época, relatando hechos como el activismo político de los grupos estudiantiles universitarios y la matanza del 30 de julio de 1975. Participantes directos han documentado su testimonio, en especial lo referido a la mencionada marcha del 30 de julio, la articulación del movimiento estudiantil, las intervenciones militares de 1972 y 1980 y la tensa vida dentro del campus universitario durante los gobiernos militares Estas personas recuerdan su participación en los hechos, como los vivieron (y sobrevivieron), qué papel jugaban en ese momento en la comunidad universitaria y cómo lo sucedido afectó sus proyectos de vida (Chávez, 2018; Bachilleres de la Promoción 1966 del INFRAMEN, 2013; Jovel, 2008; Mena, 2008).

Desde la perspectiva académica, se ha estudiado la memoria producida por estos acontecimientos, principalmente en los grupos estudiantiles. Argueta (2005) analiza la instrumentalización dada por el movimiento estudiantil a la masacre del 30 de julio, concluyendo que la visión colectiva que da a los estudiantes asesinados ese día el título de mártires caídos en nombre de la justicia y la libertad es una construcción favorable a los intereses políticos de las asociaciones de estudiantes. Esto contrasta con los testimonios personales, que resaltan cómo muchos de los participantes no tenían claro los motivos por los cuales se involucraron en ese acontecimiento. En tanto Villela (2011) indaga la reconstrucción que hace el movimiento estudiantil de su propio papel durante la guerra civil. El autor concluye que los estudiantes utilizan mecanismos de memoria similares a las de los guerrilleros, basando sus recuerdos en valores como solidaridad, resistencia y lucha. Con esto las memorias estudiantiles se asemejan mucho a las realizadas por los guerrilleros, pues ambos se consideran como sujetos organizados que lucharon, sufrieron y se sacrificaron por un bien mayor.

El objetivo principal del presente artículo es analizar la memoria histórica sobre la intervención y represión sufrida por la UES durante la violencia política de la década de 1970 y la Guerra Civil de 1980 a 1992 documentada en la revista La Universidad. Para lograr lo anterior primero se estudia la memoria construida sobre la misión de la universidad, visualizando el desarrollo de su modelo y la vinculación lograda con la sociedad. En segundo lugar, se observa cómo se recuerdan las tácticas utilizadas por el Estado para reprimir a la UES, dando énfasis a la violencia política de la década de 1970 y las intervenciones militares de 1972 y 1980. Finalmente, en una tercera sección se indaga la memoria sobre la reconstrucción del espacio universitario llevada a cabo desde los Acuerdos de Paz (1992), visualizando los reclamos sobre la impunidad en la que se han mantenido estos hechos y los esfuerzos para recuperar la institucionalidad universitaria.

Metodología

En el presente estudio se utiliza como base la revista La Universidad, órgano oficial de difusión de la UES. Desde su fundación como periódico en 1875 y su refundación como revista en 1888, esta publicación ha sido una plataforma para vincular a la Universidad con la sociedad, convirtiéndose en un espacio de debate académico sobre la realidad salvadoreña (Azcúgana, 2020). Para esta investigación se utilizaron un total de 27 números publicados entre 1985 y 2020, identificados y descargados desde la página web oficial del Portal de Revistas de la UES³. Se trabajó principalmente con informes, correspondencia, editoriales, testimonios y entrevistas publicados en la revista y que hacen referencia acerca de la represión sufrida por la universidad, la experiencia de las personas que vivieron estos hechos y la interpretación realizada por diferentes miembros de la comunidad universitaria sobre lo sucedido.

Sobre estos documentos se aplica un análisis de contenido, definido como una técnica para el análisis sistemático del contenido manifiesto de la comunicación (Krippendorff, 1997). Se utilizaron indicadores como el papel de la universidad, los actores involucrados, los daños reportados y las victimas del proceso a modo de herramientas para identificar, en los artículos analizados, elementos argumentativos sobre cómo se recuerdan la misión de la universidad, las tácticas de violencia aplicadas contra la UES y la tarea de reconstrucción de la institución.

Desde la perspectiva teórica se sigue el postulado de Halbwachs, tal y como lo cita Menjívar, sobre memoria histórica, la cual es comprendida como una “memoria prestada” de acontecimientos del pasado que el sujeto no ha experimentado personalmente y que se construye y modifica constantemente (Menjívar, 2005, p. 11). Esta tiene un carácter limitado, selectivo, frágil, parcial, manipulable y discontinuo, moldeada “por la acción del presente sobre el pasado” (Cuesta, 1998, p. 206).

De esta manera se comprende que la memoria no se adquiere exclusivamente de la experiencia personal, sino que la sociedad juega un papel fundamental en la construcción y transmisión del recuerdo. Aunque se reconoce que son los individuos los que tienen la capacidad de recordar, se parte de que estos sumados en grupos sociales producen una memoria colectiva. Las instituciones juegan un papel fundamental en la generación de memoria, pues resguardan y canonizan una versión oficial de lo ocurrido. Estas memorias construidas se encuentran en una constante lucha por el poder, para imponerse, reproducirse y perpetuarse, hegemonizando el recuerdo sobre un hecho histórico (Cuesta, 1998 y Menjívar, 2005).

Tomando en cuenta lo anterior, este trabajo propone que se ha realizado la construcción, por parte de la UES, de una memoria institucional de carácter oficial sobre la vivencia de la violencia política y la guerra civil. Esta ha tenido como autores principales a autoridades universitarias que vivieron este conflicto. Muchos de ellos tuvieron una militancia en distintas organizaciones de izquierda y en el Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) tanto en su fase guerrillera como en su posterior faceta como partido político. Por lo tanto, la memoria universitaria se ha impregnado de la visión de la izquierda y su interpretación de todo este proceso. Estos autores han utilizado la revista La Universidad como vehículo de transmisión de esta memoria con el objetivo de incorporarla a la identidad universitaria. Esta se utiliza como insumo para defender la agenda universitaria contemporánea, en especial en el marco de las luchas por presupuesto para la UES y en búsqueda de un resarcimiento por parte del Estado de los daños sufridos.

Memoria sobre la misión de la Universidad de El Salvador

Centroamérica vivió una época de expansión económica y demográfica considerable desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La diversificación de los sistemas productivos nacionales y el impulso de las industrias y mercados internos moldeados por el desarrollismo, dinamizaron la economía e hicieron del Estado un agente modernizante que participó activamente en la ampliación de la cobertura de los servicios públicos (Bataillon, 2008).

Para el caso concreto de El Salvador, los gobiernos militares partidistas lograron establecer con la Revolución de 1948 y la Constitución de 1950 la primera reforma social exitosa en el país (López, 2021). Contextualizado dentro de las políticas desarrollistas y con la cooperación del gobierno de Estados Unidos, en esta época se realizó la Reforma Universitaria de la UES en 1963. Impulsada por Fabio Castillo Figueroa, esta buscó sintonizar a dicha universidad con los esfuerzos del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) para integrar a la educación superior en la región (Flores, 2018). La mencionada reforma masificó la matricula, pasando de 1 263 a 5 958 estudiantes de nuevo ingreso entre 1966 y 1971 (Ávalos, 2010), amplió la base social del estudiantado, impulsó la construcción de la Ciudad Universitaria, acrecentó los servicios estudiantiles como comedor, residencias y bibliotecas e impregnó a la educación superior de un espíritu humanista y crítico por medio de las Áreas Comunes, cursos de educación básica obligatorios para todos los alumnos (Ramírez, 2013). Además, fueron contratados varios profesores extranjeros que se dedicaron a enseñar teorías marxistas e introdujeron al estudiantado en los debates políticos de la izquierda latinoamericana (Alvarenga, 2013).

Una consecuencia política de esta Reforma fue la concientización social que forjó a toda una generación de estudiantes. En el seno de la UES se formó un vigoroso movimiento estudiantil que participó activamente en las movilizaciones sociales realizadas a finales de la década de 1960 e inicios de 1970. Por ejemplo, el ala universitaria del Partido Demócrata Cristiano (PDC) sufrió una importante radicalización a raíz, primero, de las prácticas de campo de los estudiantes que los puso en contacto con la realidad nacional, y segundo, por la temprana penetración de la Teología de la Liberación (Cáceres, 2014). Este extremismo llevó a la Reforma hacia su propia crisis durante la huelga de Áreas Comunes en 1970. Asimismo influyó en la conformación de El Grupo, un conjunto de estudiantes de Derecho que fueron una de las primeras agrupaciones en promover una revolución armada hacia 1971 (Alvarenga, 2013).

Las siguientes páginas se dedican a estudiar la memoria conservada en la revista La Universidad sobre esta época. Se visualiza la forma en la cual se recuerda la Reforma Universitaria, la vinculación lograda entre la Universidad y la Sociedad y el papel jugado por la UES como conciencia crítica de la realidad nacional.

Un conversatorio sobre la memoria histórica de la UES realizado en 2008, que contó con la participación de Roberto Cañas⁴ y José Luis Quan⁵, brinda importantes testimonios sobre la experiencia universitaria en la década de 1960 y el proceso de Reforma.

Estos autores construyen la memoria sobre esta etapa rescatando dos elementos esenciales. El primero corresponde a la calidad académica alcanzada por la UES, lograda en parte por el esfuerzo institucional para formar docentes fuera de El Salvador y contratar a profesores visitantes extranjeros. En particular Quan detalla su labor como docente en esta época, trabajando como instructor de Filosofía para la Facultad de Ciencias y Humanidades, en la sección de Áreas Comunes. El autor destaca el contenido científico y marxista de los debates académicos realizados en sus clases, concientizando al alumnado y convirtiendo a la UES en un verdadero centro de reflexión humanista y lucha estudiantil (Cañas y Quan, 2008).

Fruto de estas discusiones filosóficas, opinan estos autores, el movimiento estudiantil mantenía un debate constante entre la visión teórica del marxismo y la práctica revolucionaria. La formación teórica de los estudiantes pasaba por leer todo el material que caía en sus manos. La base del conocimiento sobre marxismo estaba contenido en los libros que circulaban entre el estudiantado, en especial de editoriales mexicanas, los cuales eran “pirateados”. Se utilizaban máquinas offset y mimeógrafos para reproducir y distribuir su contenido. Así “surgieron expresiones interesantes como la famosa ‘comuna’, integrada por estudiantes, instructores y docentes de física y matemáticas, que se encontraban con estudiantes de economía o de otras carreras que también estudiábamos marxismo” (Cañas y Quan, 2008, p. 23). Además, se contaba con publicaciones como Opinión Estudiantil, la cual era gestionada por la Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños (AGEUS).

El segundo refiere a la expansión de la matrícula, que se alimentó en un robusto sistema de becas y servicios estudiantiles, que logró cimentar los primeros pasos para una democratización de la educación superior salvadoreña, permitiendo la entrada de distintas clases sociales a esta institución.

La combinación de estos dos elementos convirtió a la UES en un espacio de concientización social. Así los estudiantes, rememora Quan, replicaban en las calles, barrios y colonias lo aprendido en las aulas, logrando conectar a la Universidad con el pueblo. Esta conciencia los solidarizó para apoyar movilizaciones como las huelgas de la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES). Todo lo anterior permitió construir un modelo universitario concentrado en la transformación de la sociedad y convirtió a esta universidad en un proyecto atrayente para la juventud salvadoreña. Este grupo educado teóricamente en marxismo fue, según los autores, “temido por el Ejército y las clases económicas dominantes de este país” (Cañas y Quan, 2008, p. 24).

El periodo antes descrito sería para Cañas y Quan la época dorada de la institución, truncada violentamente con la intervención militar de 1972, que dio un golpe fatal pues “lo que se perdió no se recuperó” (Cañas y Quan, 2008, p. 18).

En 2011, al celebrarse el 170 aniversario de la fundación de la UES La Universidad realizó una serie de entrevistas a las autoridades universitarias del momento. Ese espacio permite tener un acercamiento de la visión que sobre la historia de la UES fue construida por estas personalidades universitarias.

En ese contexto, el vicerrector académico Miguel Ángel Pérez Ramos y el secretario general Douglas Vladimir Alfaro Chávez argumentaron que la idea de crear un centro universitario en El Salvador respondió primero a los intereses de los oligarcas del siglo XIX para promover su proyecto de Estado-nación. Es la autonomía, lograda constitucionalmente en 1950, la que hace que la UES no se acomode de manera exclusiva a las exigencias estatales, conformándose así como un espacio de libertad de pensamiento. En sus orígenes, la UES fue un proyecto elitista de estudiantes de “traje y corbata”, cambiando este panorama durante la década de 1960 con la Reforma, la cual logra que entren alumnos de diferentes estratos y clases. Lo anterior vincula a esta universidad con el movimiento social salvadoreño, al entrar en contacto con la realidad nacional a través de alumnos venidos de todo el país (La Universidad, 2011b y 2011d).

Este vínculo Universidad-Sociedad, según Ricardo Quiñonez en “De cierres, exilios y movimientos estudiantiles”, se manifiesta en la herencia de lucha contra la opresión recogida por la UES. Esto ha unido a la comunidad universitaria con la política nacional y la sociedad en actos como la solidaridad mostrada con movilizaciones sociales y huelgas obreras a lo largo de la historia universitaria (Quiñonez, 1986).

Antonio Rufino Quezada⁶, siendo presidente de AGEUS en 1986, concluye que la principal motivación de los ataques gubernamentales contra la UES ha sido su compromiso con las clases desposeídas. Así, la institución está constantemente amenazada “pretendiendo que la Universidad deje de estar al servicio de su pueblo” (Anónimo, 1986c, p. 50). En una línea similar, un editorial de 1986 insiste en la idea del acoso militar como una estrategia para desarticular la proyección social de la UES (Anónimo, 1986b).

La identificación entre la UES y los intereses de las clases subalternas puede observarse en la siguiente afirmación:

La existencia de la Universidad de El Salvador, en regímenes de política de fuerza, demuestran que, bajo gobiernos dictatoriales, ya sea que haya un presidente civil, con militares que gobiernen tras el trono (como el presente), los gobiernos de fachada y la UES se convierten en polos opuestos. Los primeros por la defensa de intereses ajenos a su clase y la Universidad por su identificación con los sectores marginados de la sociedad salvadoreña (Anónimo, 1986c, p. 47).

Así, desde la revista se interpreta que el binomio UES-clases subalternas es tan fuerte que la defensa que los universitarios han hecho de los intereses de esta clase social les ha granjeado una oposición directa contra el Estado, representantes de los intereses de las clases dominantes.

En las mencionadas entrevistas de 2011, Miguel Ángel Pérez Ramos y el entonces vicerrector de administración Óscar Noe Navarrete exponen que la posición del gobierno al atacar a la UES es resultado de las acciones consecuentes de esta institución a favor de la justicia. Los intelectuales universitarios históricamente se han sumado a las movilizaciones sociales como las grandes huelgas magisteriales de 1968 y 1971 y las protestas contra los fraudes electorales de 1972 y 1977. Inclusive, para estos autores, la incorporación masiva de estudiantes al FMLN durante la guerra puede interpretarse como una expresión más de esta identificación entre los intereses universitarios y los intereses populares. Estos ejemplos muestran como la UES estrecha de manera profunda sus raíces con el movimiento social, construyendo vasos comunicantes con las organizaciones populares desde la década de 1970 (La Universidad, 2011). Por lo tanto “Ya aquí la Universidad pasa a un plano plenamente político y es identificada por el pueblo y los movimientos populares y consecuentemente, es calificada de revolucionaria, de izquierdista, de subversiva, por el gobierno” (La Universidad, 2011c, p. 29).

La conmemoración de los aniversarios de fundación de la UES son también espacios aprovechados para recordar ese vínculo entre los intereses universitarios y los intereses populares. Así, en el mencionado 170 aniversario, el director de La Universidad, David Hernández⁷, enlaza la historia de la institución con su vocación rebelde en el sugerente título “170 años de estudio y lucha”. El director destaca la manera en que la existencia de la universidad está vinculada a la lucha progresista, resaltando que las intervenciones militares no han logrado doblegar la voluntad democrática de la institución (Hernández, 2011). En esta misma línea, en 2013, la revista publicó un “Bosquejo Histórico de la Universidad de El Salvador” a propósito de la celebración de los 172 años de fundación. El objetivo de este documento fue fomentar una identidad entre la comunidad universitaria, al conocer el desarrollo histórico de la institución. Se vuelve a plantear el esquema que presentan a la UES como una institución que pasó de ser un proyecto al servicio de las élites a transformarse en un centro que ha volcado sus esfuerzos favor de los grupos subalternos. Lo anterior se ha manifestado en un potente movimiento estudiantil que ha contado con personalidades tales como Farabundo Martí, Alfonso Luna y Mario Zapata, protagonistas en la fundación del Partido Comunista Salvadoreño (PCS) y en el levantamiento de 1932. Además, en la década de 1950 estudiantes de Derecho conformaron el Circuito Cultural Universitario, destacándose la generación de los poetas comprometidos Manlio Argueta, Roberto Armijo y Roque Dalton (La Universidad, 2013).

Para la década de 1970 y la guerra civil, la UES estrecha su alianza con los sectores subalternos. La institución se transforma en un pilar del movimiento y la lucha social al promover la vinculación de las organizaciones estudiantiles con las organizaciones de masas. Desde los edificios de la UES se apoya la formación de la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM), la organización de la Marcha del 22 de enero de 1980 y la creación del Frente Democrático Revolucionario (FDR) (La Universidad, 2013).

La memoria universitaria se encargará de mostrar la manera en que esa vinculación entre la UES y la sociedad es la base que legitima a esta institución como la conciencia crítica de la nación salvadoreña. Carlos Evaristo Hernández⁸ señala en “Notas para un testimonio sobre el 30 de julio de 1975” que en la década de 1970: “cerradas las vías de la expresión democrática, la sociedad en su conjunto encontraba en la única Universidad del país una forma de respirar aires de democracia, inmersa en el asfixiante mundo represivo” (Hernández, 2008, p. 23).

En 1989 en un artículo de opinión titulado “La misión de las universidades en El Salvador”, se señala que las luchas populares realizadas por la UES durante el siglo XX son pruebas del compromiso social de esta universidad y muestran como esta institución es una conciencia crítica comprometida con el cambio. Las aulas de este centro de estudio han sido refugio de disidentes contrarios al autoritarismo y por ese motivo los regímenes han trazado como meta destruirlo. Así, la historia universitaria ha sido “un camino lleno de espinas” (Anónimo, 1989).

En tanto el rector en 2011 Justo Rufino Quezada afirma que las intervenciones militares a la UES a lo largo del siglo XX son resultado de la permanente denuncia universitaria contra la injustica. Estas han sido estructuradas desde el gobierno, con el beneplácito de las fuerzas de seguridad y la oligarquía, para intentar acallar una voz favorable a las clases populares (La Universidad, 2011a). De la UES, apunta Quezada, han surgido grandes revolucionarios y se han liderado importantes luchas políticas. Lo anterior evidencia que la Universidad ha forjado y construido su identidad junto al pueblo salvadoreño. Para justificar la intervención de 1980, los militares aseguran que esta institución es un santuario de la subversión, cuando la realidad dice que era de los pocos espacios democráticos en el país. Al final, las intervenciones y la violencia militar no lograron derrotar a la UES (La Universidad, 2011a).

En esta misma serie de entrevistas, Navarrete opina que la UES ha influido en el análisis crítico de la realidad nacional y con esto también ha influido en las causas populares. Prueba de estos es que esta universidad se convirtió en una institución crítica del estatus social surgido durante la Guerra Fría (La Universidad, 2011c). En tanto el director de La Universidad, David Hernández, recuerda que la UES ha tenido una histórica oposición contra los gobiernos reaccionarios de turno generados por militares, y oligarcas con el patrocinio de Estados Unidos (Hernández, 2009a).

Uno de los documentos que mejor demuestra ese papel de conciencia nacional jugado por la UES, es el discurso del rector Félix Ulloa⁹ durante la apertura de la “Universidad en exilio”. Este se dio originalmente en el edificio de Corte de Cuentas de la República en 1980 y fue reproducido por La Universidad en 2016, en el marco de la celebración del 175 aniversario, en un número titulado “175 años de ciencia, excelencia académica y compromiso social”.

Para Ulloa, la UES ha pagado un alto costo por el uso valiente que hace de su autonomía. En el ambiente político del momento, es el único espacio democrático en donde se pueden expresar las fuerzas progresistas y es por ese motivo por lo que es señalada de terrorista y de ser un centro de entrenamiento de guerrilleros. Así, el gobierno confunde la libertad de cátedra con el adoctrinamiento y la extensión universitaria con la subversión (Ulloa, 2016).

El rector reflexiona que, considerando la tradición de lucha de la UES, es equivocada la estrategia de los militares de invadirla, pues es imposible acallar el indómito espíritu universitario. Lo único que han logrado es una condena internacional por la persecución al conocimiento. El rector cierra su discurso afirmando que la universidad resiste, que esta no es sus edificios ni las aulas, auditorios o laboratorios. La esencia de la UES está en las personas que la conforman, siendo una trinchera de ciencia y cultura que nació y vive con El Salvador, acuñando la emblemática frase, esta es la Universidad que se niega a morir (Ulloa, 2016).

Recuerdo de las tácticas represivas utilizadas contra la UES

A pesar de la expansión del aparato público, El Salvador no pudo resolver la contradicción entre la acumulación del capital y las condiciones de la clase trabajadora. Al final de la década de 1960 estallaron importantes movilizaciones sociales, como las huelgas de ANDES, exigiendo mejoras en las condiciones laborales. El descontento social se sumó al descontento político con los fraudes electorales de 1972 y 1977. Lo anterior, añadido al profundo anticomunismo de las élites, dio como resultado una enorme violencia política durante la década de 1970, que criminalizó, persiguió, reprimió y masacró cualquier intento de organización popular (Sprenkels y Melara, 2017).

A lo interno de la UES, esta década fue testigo de la vinculación de los bloques estudiantiles con las coordinadoras de masas de las Organizaciones Político-Militares (OPM)¹⁰. Estas coordinadoras buscaban posicionar a miembros de las OPM dentro de las organizaciones populares, articular y orientar la lucha social y crear un respaldo para apoyar una posible insurrección de masas (Martín, 2010).

La relación entre estas organizaciones se resume en el siguiente cuadro:

Estas organizaciones disputaron la hegemonía del movimiento estudiantil y el liderazgo de AGEUS (Alvarenga, 2016).

La escalada de la violencia llegó al punto de no retorno en 1980 con el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero (24 de marzo), el fracaso de la primera Junta Cívico-Militar en detener la represión y la unificación de las cinco OPM existentes, articulándose en el FMLN (Bataillon, 2008). Con esto se abrió un periodo de 12 años de guerra civil, que culminaría hasta la firma de los Acuerdos de Paz en Chapultepec, México en 1992.

Considerando el contexto anterior, este apartado analiza la memoria en relación con las tácticas represivas aplicadas contra la UES y documentados en La Universidad. Esta memoria recuerda cómo se practicó la violencia política durante la década de 1970 y la guerra civil a través de tácticas legitimadas por la DSN como secuestros, desapariciones, torturas y asesinatos selectivos contra integrantes de la comunidad universitaria. Además, se refieren las intervenciones militares de 1972 y 1980 y los cierres sufridos por la Universidad a consecuencia de estas acciones.

El acontecimiento que por excelencia genera la mayor cantidad de testimonios es la marcha del 30 de julio de 1975 y la posterior masacre cometida por los militares. Así, en 2008 La Universidad edita un número conmemorativo titulado “Julio: Memoria Histórica de la Universidad de El Salvador”. La publicación enfatiza que este mes debe convertirse en el principal espacio para la recuperación de memoria y reflexión acerca de la historia de la UES, pues en julio han sucedido acontecimientos determinantes como la intervención militar de 1972 y la mencionada masacre estudiantil de 1975 (Hernández, 2008).

Hernández, en su testimonio sobre el 30 de julio, apunta que los alcances de esta manifestación superaron los intereses académicos y buscaron defender la justicia y la democracia salvadoreña. Consignas para motivar la unión de más estudiantes y de otros grupos sociales confirmaban el carácter nacional de la convocatoria de esta protesta (Hernández, 2008). Este autor interpreta la represión sufrida como el primer ensayo realizado por las fuerzas de seguridad salvadoreñas para experimentar tácticas militares contra movilizaciones civiles. Dentro de las estrategias, se dio la presencia de los llamados “orejas”, infiltrados en la marcha que funcionaron como informantes para las fuerzas armadas. Este testigo finaliza su relato invitando a no olvidar lo ocurrido, señalando que las vidas segadas ese día renacerán en la Universidad y en los procesos democráticos del país, calificando de mártires a los universitarios asesinados. (Hernández, 2008).

En su testimonio titulado “El Salvador, el país de la sonrisa”, Rodolfo Aníbal Vázquez Morales recuerda las causas que condujeron a la marcha del 30 de julio. Su relato resalta el papel de los estudiantes como críticos de la realidad nacional, utilizando medios como el desfile bufo para manifestar esa criticidad. El desfile convocado en 1975 por los alumnos del Centro de Occidente en Santa Ana tenía como objetivo denunciar el patrocinio hecho por el gobierno militar al concurso de Miss Universo. La crítica iba dirigida al uso de recursos públicos en su organización, con el fin de promocionar al régimen. El autor enfatiza que esto se dio en un contexto de efervescencia revolucionaria, en donde existían bloques estudiantiles que ya simpatizaban con la tendencia insurgente (Vásquez, 2008). Este autor menciona la violencia provocada por el cateo militar ejecutado contra el patrimonio universitario durante la represión de este desfile en Santa Ana. Una comitiva de estudiantes del Centro de Occidente denuncia la situación a AGEUS en San Salvador y estos deciden convocar una marcha en solidaridad con lo sucedido. Vázquez interpreta la violencia desatada por parte de las fuerzas armadas como un indicador del grado de amenaza que los militares observaban en la organización estudiantil. Este espíritu de rebeldía era interpretado por las autoridades dentro del marco de la DSN, con lo cual observaban ahí una amenaza al orden público y un posible desplazamiento de los bloques estudiantiles universitarios hacia la insurgencia (Vásquez, 2008).

Quan conecta los sucesos de 1975 con la intervención de 1972, recordando que la administración de la UES, impuesta por el gobierno posterior a la intervención, funcionó como una policía universitaria que expulsó al movimiento estudiantil del campus, perdiendo así un espacio vital de socialización. La escalada militar se intensificó durante esta década y ante el aumento de la protesta social, la UES se convirtió en un objetivo militar, pues se consideró un centro de adoctrinamiento de ideas subversivas (Cañas y Quan, 2008).

Esta respuesta violenta contra la universidad, medita Quan, obedeció al temor de la unión entre el movimiento social y los grupos insurgentes a través de los cuadros estudiantiles. Así, lo ocurrido en la matanza del 30 de Julio fue un ensayo de los militares para practicar una metodología de represión de masas, que posteriormente se utilizaría en las marchas y protestas durante el resto de la década. Esta represión, por influencia de la DSN, tendría un diseño global patrocinado por el imperialismo estadounidense (Cañas y Quan, 2008).

La matanza, plantea Quan, es el punto de partida para la radicalización y militarización de los cuadros estudiantiles. El autor afirma que el mismo movimiento subestimó el accionar de los militares y creyeron que no se atreverían a disparar contra civiles. Al demostrarse lo errado de esta premisa, se inició la estrategia de formar grupos de autodefensa para armar a la población civil. Ejemplos de estos son los llamados Grupos Armados de Masas (GASMAS), organizados por la RN y el FPL, dos de las OPM activas en ese momento. La gran lección que dejó el 30 de julio fue que el accionar organizado de las masas siempre sería inferior a la capacidad de respuesta de las fuerzas armadas. Así, después de esta experiencia, toda manifestación de masas incorporó algún elemento militar para su defensa (Cañas y Quan, 2008). Esta vinculación entre las OPM y los grupos universitarios harían de esta marcha una demostración de masas organizada por grupos subversivos. Así, esta manifestación fue un movimiento que superaría las reivindicaciones educativas y plantearía demandas nacionales. De esta manera, según el autor, la marcha del 30 de julio fue uno de los primeros ejemplos de un movimiento de masas subversivo (Cañas y Quan, 2008).

Consecuente con la visión anterior, Cañas afirma que después del 30 de julio se inaugura en El Salvador un nuevo modelo de represión. Las fuerzas de seguridad invocan la figura del complot comunista para atacar las concentraciones de masas, convirtiéndolas en objetivos militares. Asimismo, dice este autor, 1975 es el año definitivo para unificar la opinión en torno a la vía armada y la unidad guerrillera en la comunidad estudiantil de la UES. Muchos universitarios alimentaron los cuadros de las OPM que protagonizarían la guerra civil de la década siguiente, llegando a escalar hasta la dirección del FMLN, con lo cual se dio la unidad entre estudiante, guerrillero y dirigente (Cañas y Quan, 2008).

A propósito de la aparición de su segunda edición en 2008, La Universidad publicó el tercer capítulo del importante testimonio “25 años de estudio y lucha en El Salvador” de Quezada y Hugo Martínez¹¹. Este testimonio señala que la marcha del 30 de julio sobrepasó el campo de lucha con motivaciones académicas y mostró ser un enfrentamiento abierto contra la dictadura militar. La participación del BPR y la LP-28, coordinadoras de masas de las OPM, evidenciaron el ligamen entre el frente estudiantil y las organizaciones populares. Esta vinculación confirma que los años comprendidos entre 1975 a 1979 encapsulan el nivel máximo de organización del movimiento universitario (Quezada y Martínez, 2008a).

Estos autores apuntan que el 30 de julio se suma a una lista de masacres efectuadas contra manifestaciones de masas ocurridas durante la convulsa década de 1970. Particularmente para el caso de la UES, este hecho inaugura una época de persecución, expresada en el cierre de 1977, la reapertura utilizando la figura de Consejo Administrativo Provisional de la Universidad de El Salvador (CAPUES) y un férreo control sobre la comunidad universitaria. Todo lo anterior generó una enorme violencia interna entre la policía universitaria y los estudiantes. La ola de violencia se expande con el asesinato del rector Carlos Alfaro Castillo (1980) por parte de una de las OPM, quienes acusaban al académico de ser colaboracionista. Esta muerte llevó a una radicalización mayor de los grupos contrarios a la UES. En 1978 fue asesinado el decano de Ciencias Económicas Carlos Alberto Rodríguez por oponerse a la administración de CAPUES (Quezada y Martínez, 2008a).

El 8 de mayo de 1979 se da la Masacre de las gradas en la Catedral de San Salvador, donde participaron activamente estudiantes universitarios. Además, se dan manifestaciones a favor de la liberación de dirigentes del BPR y de UR-19, sumado a las denuncias por la desaparición y muerte de estudiantes y docentes. Estos hechos hacen que, a juicio de los autores, el movimiento universitario se sume a la mitología del Mayo heroico, la serie de protestas contra el gobierno militar realizadas en ese mes de 1979 (Quezada y Martínez, 2008a).

La violencia de esta década conduciría al radicalismo y a intentos del movimiento estudiantil para superar los sectarismos y unificar una sola posición en relación con la revolución. Las reivindicaciones académicas fueron acompañadas de acciones contra la represión y las autoridades intervencionistas colocadas en la UES (Quezada y Martínez, 2008a).

Jorge Montoya ilustra este ambiente tenso mediante un cuento titulado “El Cerco”, en donde describe la represión de las fuerzas armadas contra las actividades universitarias. El autor coloca su relato en un desfile bufo, el cual es emboscado por los militares:

¡De pronto!... Aparecieron dos tanquetas y muchísimos cuilios; un gran animalero de cerotes trompudos con sus cascos amarrados a la jeta, G-3 en mano listos a disparar, se apostaron a ambos lados de la 25 Avenida Norte, cerrándonos toda salida (Montoya, 2010, p. 234).

Es una opinión generalizada que la represión, la violencia contra la comunidad universitaria y las intervenciones militares radicalizaron al estudiantado y encausaron al movimiento universitario a unirse a las OPM (Cañas y Quan, 2008;Hernández, 2008; Quezada y Martínez, 2008a). Esto motiva a las fuerzas armadas a convertir a la UES en un objetivo militar, asociándola con los movimientos subversivos. Se da una ruptura completa con el gobierno e inicia un proceso de estrangulamiento financiero. La consecuencia de esto, según varios de los autores analizados, es que la universidad pagó un elevado costo político, social, académico y económico durante la guerra “incluso con el asesinato de varios de sus mejores hijos" (La Universidad, 2011c, p. 29).

El mencionado “Bosquejo Histórico” de la UES, asegura que “Vistas desde la distancia, el movimiento estudiantil con sus revueltas carentes de visión universitaria le sirvió en bandeja de plata la cabeza de Minerva a la oligarquía salvadoreña y su Ejército títere del Presidente [sic] y Coronel Arturo Armando Molina” (La Universidad, 2013, p. 57). Así, la versión oficial difundida por la misma universidad reconoce la cuota de responsabilidad del radicalismo estudiantil en los acontecimientos de 1972.

Víctor Valle¹² en “Un Zarpazo de lesa cultura: la intervención de 1972” también señala a las luchas internas de la UES como la justificación que permitió la intervención militar de 1972. Como consecuencia de esta acción, se exiliaron a las autoridades universitarias en Costa Rica y se derogó, por medio de la Asamblea Legislativa, la ley universitaria. El gobierno militar formó una nueva administración universitaria colaboracionistas que se dedicó a dirigir a esta institución con la misma mentalidad de los cuerpos de seguridad (Valle, 2016).

En lo que respecta a la intervención de 1980, el Bosquejo apunta como consecuencias de esta acción el asesinato de rector Félix Ulloa en octubre de 1980, el asalto a la reunión del Consejo Universitario en el Colegio San Cristóbal en 1981, siendo arrestados varios de sus miembros y la destrucción del patrimonio universitario por parte del ejército durante los cuatro años en los cuales los campus permanecieron cerrados (La Universidad, 2013).

Las primeras memorias sobre la violencia aplicada en la intervención de 1980 se pueden rastrear en los testimonios de trabajadores de la UES publicados en el número monográfico de 1986. Estos mencionan el uso de tanques y soldados para rodear el campus, las sesiones nocturnas del Consejo Universitario por miedo a represalias y el arresto de docentes y estudiantes y su posterior trasladado en camiones a los cuarteles para ser interrogados. Además, se menciona el ahogamiento presupuestario, la intervención en el gobierno universitario y las amenazas de muerte a dirigentes estudiantiles y autoridades universitarias (Anónimo, 1986c). Uno de los testigos, trabajador universitario desde la década de 1960, afirma sobre la intervención de 1980:

no puede compararse a las anteriores. Antes lo peor que les podía ocurrir a los universitarios era que se los llevaban capturados, luego de varios días los sacaban del país exiliados. Hoy, la clase de castigo es diferente como usted sabe, se paga con la pérdida de la vida (Anónimo, 1986c, p. 49).

La cita anterior muestra cómo fueron cambiando las técnicas represivas, siendo recordadas las del tiempo de la guerra civil como las peores que ha sufrido la institución.

Otra de las interpretaciones lee las causas de la intervención de 1980 en la misma línea de 1972, considerando a la UES como una institución atrapada en el torbellino revolucionario. El espontaneísmo descuidado en la vinculación de los grupos estudiantiles con las organizaciones de masas de las OPM fue aprovechado por “los enemigos de siempre” para decretar la intervención de 1980 (Anónimo, 1986c).

El “Diagnóstico de la Universidad de El Salvador” publicado en 1985 y confeccionado por la misión de cooperación holandesa se puede considerar como el primer balance sobre las consecuencias de la intervención militar de 1980. Este documento reseña la manera en que los gobiernos militares han utilizado la ocupación del campus y el asesinato selectivo como mecanismos para debilitar a la UES. Junto a esto, se aplican otras estrategias como el incumplimiento presupuestario, la paralización del nuevo ingreso de estudiantes por cuatro años y la multiplicación de universidades privadas. Finalmente, cuatro años de intervención significaron la destrucción de material bibliográfico y el deterioro de la infraestructura del campus (Althuis, de Wit y García, 1985).

Mientras la UES estuvo cerrada, de 1980 a 1984, el gobierno se negó a pagar los salarios de los funcionarios universitarios (Varios, 1986). En su réplica a esta medida, el rector Miguel Ángel Parada rememora diversos mecanismos represivos utilizados contra la comunidad universitaria, tales como asesinatos, desapariciones, acoso laboral y disminución de jornadas de trabajo (Varios, 1986)¹³.

Para defender la legitimidad de la UES el rector, en esa misma correspondencia, señala:

Señor Presidente, la Universidad de El Salvador no ha estado cerrada y no puede lógicamente, continuar cerrada. Se ha explicado ya en comunicados anteriores que la ocupación militar de la Ciudad Universitaria solo produjo una limitación del acceso a ella y que, al no haberse decretado la intervención legal, la Universidad continúa funcionando bajo la dirección de sus mismas autoridades (Varios, 1986, p. 61).

El párrafo anterior muestra un argumento que será reproducido constantemente y es la idea de que la UES no fue clausurada y que sus actividades, aunque limitadas, se llevaron a cabo en otros espacios. Por lo tanto, la universidad conservó su legitimidad y el Estado debía mantener sus responsabilidades con la institución. Esta idea alimentó el lema de resistencia que afirma que la esencia de la Universidad no estaba en sus campus, sino en su comunidad de estudiantes, docentes y administrativos. Quiñonez, por ejemplo, menciona que estos son los fundamentos de la “Universidad que se niega a morir”. El autor interpreta la sobrevivencia de la UES como un acto de desobediencia, que llegó a su máxima expresión durante este periodo de la Universidad en el exilio (Quiñonez, 1986).

En el II Congreso en apoyo a la UES celebrado en 1990, se describe el funcionamiento de la universidad en condiciones de guerra. Se muestra como un mecanismo de ataque contra la UES la campaña de desinformación sobre la supuesta colaboración universitaria a los comandos urbanos del FMLN durante la Operación Hasta el Tope de noviembre de 1989. En este contexto se realizó un cerco militar al campus y se volvió a intervenir a la universidad por el supuesto auxilio brindado desde el campus universitario a las maniobras de la guerrilla. Esta nueva intervención, juzga el autor, suspende el proceso de reconstrucción de la UES iniciado después de la devolución de los campus en 1984, desarticula al gremio estudiantil e intenta convertir a la universidad en una institución dócil, acorde a los intereses del gobierno de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) (Anónimo, 1990).

El rector en 1990, Luis Argueta Antillón¹⁴, en “Hacia la mayor democratización de la UES” evalúa las intervenciones militares, concluyendo que estas han desnaturalizado la labor de la UES, desgastándola y provocando su atraso institucional y académico, generando una exagerada burocratización en sus funciones y un oportunismo laboral en algunos de sus académicos y administrativos (Argueta, 1990).

Después de la guerra. En búsqueda de la reconstrucción y el resarcimiento

Los Acuerdos de Paz de 1992 pusieron fin a la guerra mediante una negociación que priorizó lo político sobre lo socioeconómico. Los negociantes, el partido en el poder ARENA y la dirigencia del FMLN, acordaron la legalidad política de la izquierda y garantías para su participación dentro del sistema electoral salvadoreño. Junto a esto se acordó el cese a la represión, la reducción y depuración de las fuerzas armadas, la creación de una Policía Nacional Civil (PNC) y el desarme, desmovilización y reinserción de los miembros de la guerrilla. Lo anterior logró importantes avances en la rama política, pero dejó intacta la estructura productiva y la marcada desigualdad social (López, 2021).

Después de la guerra se consolidó el poder de ARENA con cuatro gobiernos consecutivos que impulsaron el modelo neoliberal en El Salvador, dolarizando la economía, privatizando servicios y disminuyendo el tamaño del Estado. Para la segunda década del siglo XXI, se lograron instalar dos gobiernos consecutivos del FMLN, ya como partido político, que intentaron revertir algunas de las políticas anteriores, pero con un margen de maniobra muy reducido (López, 2021).

En lo referido a la comunidad universitaria para esta época los principales reclamos han sido la estrechez presupuestaria en tiempos de restricciones en el gasto público y la reparación del daño sufrido durante el conflicto armado. A pesar de que la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993 fue anulada en 2016 y en 2020 se aprobó la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, la mayoría de las acciones realizadas durante la guerra han quedado en la impunidad. Estas incluyen las realizadas contra la universidad, por lo tanto, no se ha recibido ninguna reparación oficial, ni el Estado ha reconocido su responsabilidad en la violencia practicada contra la comunidad universitaria (Briones, 2017).

El mencionado número monográfico de 1986 contiene el decreto del Poder Ejecutivo sobre la creación de la Comisión de entrega de las instalaciones a la UES. Este documento reconoce la necesidad de operación de la universidad en sus propios campus, pero no estima una compensación por el deterioro sufrido por los años de ocupación militar (Varios, 1986). Ese mismo número contiene las actas de entrega de los campus de San Miguel, Santa Ana y San Salvador. Estos documentos dejan clara la militarización del proceso, requiriéndose los permisos de los cuarteles de la Guardia Nacional de estas ciudades para el retiro de la custodia de los campus universitarios (Varios, 1986).

En lo que respecta a la represión administrativa sufrida por la UES, la “Presentación de La Universidad” de 1985 ya juzgaba la actuación de limitar el presupuesto universitario y permitir la apertura indiscriminada de universidades privadas como una estrategia para aniquilar a la educación superior estatal. La reconstrucción de la UES, afirma este editorial, pasa por priorizar la divulgación del trabajo universitario, al informar el quehacer universitario en tiempos de crisis con la idea de mostrar que la labor de esta institución no ha cesado a pesar de la guerra y la represión (Editores, 1985). La “Presentación” de un año después advierte sobre las nuevas amenazas que se ciernen sobre la UES, señalando la campaña de desprestigio que se da en los medios escritos y la aprobación de una nueva ley universitaria que legitima los atropellos sufridos por la institución (Anónimo, 1986c).

El Diagnóstico de 1985 plantea la primera ruta propuesta para la reconstrucción de la universidad. Los expertos holandeses recomiendan la incorporación de la UES en el análisis y solución de los problemas nacionales como un medio para recuperar su puesto en la sociedad salvadoreña. Para lograrlo debe concentrarse en el servicio social de carreras como salud y educación, junto a la activación de la investigación en temas económicos, productivos y sociales (Althuis, de Wit y García, 1985).

Un editorial de La Universidad de 1986 recalca la tarea de sobrevivencia que significó la existencia de una universidad constantemente acosada como la salvadoreña. Parte de su estrategia de reconstrucción debe ser formar profesionales críticos, humanistas y con calidad científica, contrastados con los tecnicistas creados durante la época de administración de CAPUES (Anónimo, 1986a).

En 1986 se intentó reconstruir la universidad a partir de un nuevo modelo llamado Popular, Democrático, Humanista y Libre. Este intentaba manifestar la opción preferencial de la UES por las mayorías empobrecidas (Argueta, 1990). Este nuevo modelo, agrega una editorial de 1989, debía integrar la docencia, la investigación y la proyección social con un programa que estudiara la realidad nacional, siendo crítico de los sistemas de dominación. Esto brindaría aportes para lograr la salida política de la crisis y contribuiría a orientar un nuevo modelo de desarrollo, algo que necesitaba el país (Anónimo, 1989). La reconstrucción de la UES se debía cimentar, opinaban Handel y Portillo, en un modelo que priorizara la formación de profesionales con una ideología congruente con las mayorías desposeídas del país, participes de las luchas sociales, reflexivos y críticos (Handel y Portillo, 1990). En esta misma línea Cerna afirma en “La UES y el nuevo gobierno de El Salvador”, que la universidad debe renovar su compromiso con la sociedad realizando una producción científica sobre la realidad nacional, liderando la capacitación técnica y académica para formar profesionales integrales. De esta manera la UES alcanzaría nuevamente el protagonismo que tuvo en el pasado (Cerna, 2009).

En tanto para Valle el daño académico sufrido por la universidad durante la invasión de 1980 fue irreversible y muchos estudiantes y docentes migraron hacia la UCA José Simeón Cañas. Esta acción evidencia cómo los militares limitaron el crecimiento y la calidad académica de la UES. Su reconstrucción sigue siendo una deuda pendiente, considerando que no fue incluida en los Acuerdos de Paz (Valle, 2016).

El número conmemorativo de “Julio como mes de la memoria histórica universitaria” resalta la impunidad sobre los hechos del 30 de julio y el deber de enjuiciar a los responsables de estos asesinatos (Hernández, 2008). En esa misma línea, Cañas y Quan mencionan la experiencia postdictatorial en Argentina, Chile y Uruguay, en dónde se han logrado condenas para los responsables de masacres protagonizadas por militares. Inclusive mencionan como modelo a seguir el abordaje dado en México al episodio de la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Los autores expresan la esperanza de que con el gobierno del FMLN se inicie el proceso para enjuiciar a los culpables, catalogar lo ocurrido como crímenes de lesa humanidad para evitar su prescripción y cerrar las heridas aun presentes en la comunidad universitaria y nacional (Cañas y Quan, 2008).

Esta expectativa en el gobierno del FMLN y el impulso que pueda dar para buscar un resarcimiento se manifiesta en el número de 2009 de La Universidad titulado “Nuevo gobierno, cambio y esperanza para la UES”. La “Carta del director” de dicho número resalta la estrecha relación entre el FMLN y la UES, recordando que los principales líderes de este partido se han formado en las aulas universitarias. Así, dice el director de la revista, existen vínculos inseparables entre este partido, la izquierda salvadoreña, el movimiento progresista y la universidad. La omisión de la UES en los Acuerdos de Paz de 1992, continúa el director, desconoce la cuota de sangre que este centro pagó durante el conflicto y a los hijos de esta institución caídos durante la guerra. Por lo anterior, es deber del nuevo gobierno de izquierda agendar a la UES como prioridad, pues esa deuda no fue cubierta por los anteriores gobiernos de ARENA (Hernández, 2009b). Este mismo autor considera que el gobierno del FMLN debe erigir un Julio heroico, rescatando la memoria histórica de la UES, contrarrestando la impunidad de los militares y cambiando “la versión de los vencedores de ayer, de los poderosos y de los explotadores de siempre” incorporando a los marginados y caídos en el relato sobre el conflicto armado salvadoreño (Hernández, 2009a, p. 3).

Como parte de la celebración del 175 aniversario de fundación de la UES en 2016, se declara a este centro de estudios como Noble Institución de Educación Superior, acto llevado a cabo en el Teatro de la Ciudad Universitaria, contando con la participación de los jefes de las fracciones que componen la Asamblea Nacional (Hernández, 2016).

Mario Antonio Ponce López, del Partido de Concertación Nacional (PCN), apunta que esta celebración es un espacio para hacer un alto, recordar y reflexionar sobre los sucesos trágicos ocurridos a la universidad, siendo víctimas de la represión gubernamental y sufriendo posteriormente un ahogamiento económico. Estos son actos repudiables que no deben repetirse, la comunidad nunca más debe someterse a una represión de esa magnitud. Ponce finaliza su intervención abogando por un compromiso político para mejorar el presupuesto universitario (Ponce, 2016).

En ese mismo acto, Norma Fidelia Guevara del FMLN, se presenta “como alumna de esta Universidad, como egresada de sus aulas en los tiempos de mayor dificultad” (Guevara, 2016, p. 10). Recuerda que la autonomía fue cercenada desde 1972, siendo una condición que la Universidad recuperó hasta finalizado el conflicto armado. Califica a la UES como un espacio de encuentro para la clase obrera y señala como los constantes incidentes entre esta y el Estado han generado una tradición estudiantil revolucionaria con personajes como Farabundo Martí (1893-1932) y Schafik Handal (1930-2006).

En el año 2017 se publica una edición especial de La Universidad apropósito del 25 aniversario de los Acuerdos de Paz. En la editorial de este número el director apunta que la universidad participó activamente en la negociación por la paz, señalando que 16 de los firmantes del acuerdo salieron de las aulas de la UES. A pesar de esto, el director vuelve a recordar que la UES no se consideró dentro de los Acuerdos y no ha sido reparada ni jurídica ni económicamente por los daños sufridos en sus instalaciones y los asesinatos y desapariciones padecidas en su comunidad de docentes, estudiantes y administrativos (Hernández, 2017).

Luis Argueta apunta en “Aportes de la UES a la solución política negociada del conflicto político-militar” que la intervención de 1972 neutralizó políticamente a esta institución. Seguidamente, la intervención de 1980 aniquiló a la universidad pública y fue sustituida por la privada. Aun así, la cooperación y solidaridad internacional ayudó a mantener viva a la UES y brindarle alguna protección institucional. En lo referente a los esfuerzos por la paz, autoridades universitarias se reunieron con los presidentes centroamericanos firmantes de los acuerdos de Esquipulas. A pesar de esto, la UES fue olvidada y la implementación del proyecto neoliberal, con el ascenso de ARENA, ralentizó aún más su recuperación (Argueta, 2017).

En tanto Claudia Melgar en “Universidad de El Salvador, 25 Aniversario Acuerdos de Paz” recuerda que por la destrucción y sustracción del patrimonio universitario y las violaciones de derechos contra miembros de la comunidad universitaria, los jefes militares nunca brindaron explicaciones. La política de perdón y olvido, afirma la autora, está ligada a la impunidad y a la corrupción. Así, la UES “continúa siendo la víctima eterna del conflicto, a quien no se le ha devuelto nada de lo saqueado” (Melgar, 2017, p. 39).

Conclusiones

En el año 2020 miembros de la Comisión de Memoria Histórica de la UES concluían, en la televisión salvadoreña, que el proceso de reconciliación posterior al conflicto armado debía pasar por la compensación a las víctimas de la violencia política. En ese aspecto, la UES fue una de las instituciones más agredidas y aún no ha recibido ese resarcimiento, ni el Estado ha aceptado la responsabilidad en los actos represivos contra esta comunidad (FocosTV, 2020). La memoria se convierte en un insumo valioso para mantener vivo el recuerdo de esa represión y no olvidar lo sucedido.

El estudio realizado sobre la memoria construida a partir la revista La Universidad resalta como esta se ligó con la visión de la izquierda, pues muchos de los autores que han construido este recuerdo fueron militantes en las distintas OPM, líderes estudiantiles o miembros del FMLN en sus distintas facetas.

Del análisis se desprende que la UES es recordada como una institución que se identifica con los intereses de los grupos subalternos de la sociedad salvadoreña. Esto forjó una identidad que otorgó a esta universidad una tradición de rebeldía y lucha social que se remonta hasta los tiempos de Farabundo Martí y la huelga contra la dictadura de Hernández Martínez.

La Reforma de la década de 1960 es recordada como el punto de inflexión que colocó a esta universidad en contacto con la realidad nacional. Esto se logró en lo académico con la discusión de teorías marxistas y en lo social con la ampliación de la base socioeconómica del estudiantado. Esta sensibilización tuvo como consecuencia una vinculación mayor entre la universidad y la sociedad. Esta época dorada fue cercenada violentamente con la intervención militar de 1972. Así, para los autores consultados, es casi una acción lógica que la universidad fuera reprimida, perseguida y violentada durante la década de 1970 y la guerra civil, pues su posición de defensa de las clases subalternas la convertía en un peligro para las élites y los militares que defendían los intereses de las clases dominantes.

Esta violencia es recordada en varios niveles destacando el uso de tácticas de terrorismo de Estado, propias de la época de la DSN, como secuestros, desapariciones, torturas y asesinatos selectivos. Los episodios represivos más recordados son las intervenciones militares de 1972 y 1980 y la masacre ocurrida en la marcha estudiantil del 30 de julio de 1975. Junto a esto, se recuerdan las administraciones especiales de la UES surgidas de esta violencia como la intervencionista CAPUES y la Universidad en exilio. Los relatos identifican el origen de esta represión en el celo de los grupos dominantes contra la UES por su proyección social, utilizando la violencia con el objetivo de debilitar la vinculación de los bloques estudiantiles con las organizaciones de masas. Los miembros de la comunidad universitaria, víctimas de esta represión, son recordados como mártires, hijos de la UES sacrificados durante el conflicto.

Los Acuerdos de Paz excluyeron a la UES de la negociación, a pesar de los esfuerzos que esta institución realizó para buscar una salida negociada al conflicto. De esta manera, la reparación de la universidad se llevó a cabo sin el reconocimiento, por parte del Estado, de su responsabilidad en su destrucción. La implementación del modelo neoliberal en la época posconflicto, con los gobiernos de ARENA, limitó el presupuesto de la UES y retardo aún más su reconstrucción.

De esta experiencia surgen lemas como “Estudio y Lucha” y “La universidad que se niega morir”, que manifiestan elementos que se consideran esenciales en la trayectoria institucional de la UES. La revista La Universidad ha cumplido el rol de recopilar y difundir esta memoria, contribuyendo a sumarla a la identidad universitaria salvadoreña.

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Notas

Notas de autor