InterSedes, N°43. Vol XXI (2020). ISSN 2215-2458
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Otra valoración importante es que el Estado debe jugar un papel preponderante para la
implementación de planes de ordenamiento ambiental territorial, pues como lo menciona Werner
(1995, 8), el ordenamiento territorial permitirá al Estado ser, esencialmente, fuerte en su capacidad
reguladora y de planificación, para hacer frente de una manera sustentablemente, al uso y
distribución de los recursos como a la vulnerabilidad de los ecosistemas. Es el instrumento que
permitirá crear una base de conocimientos, o al menos, una base de discusión y acuerdos, sobre el
adecuado o mejor uso del territorio.
Cabe destacar que, a nivel nacional se han realizado importantes esfuerzos en materia de
ordenamiento territorial, pero estos no han dejado de ser aislados y locales, y a la larga, no del todo
exitoso; se puede citar como ejemplos conspicuos de ellos, el desarrollo del plan para el Gran Área
Metropolitana (PLAN-GAM), o bien los relativamente pocos planes reguladores costeros o
cantonales o planes de manejo sectorial, que no tienen vinculación entre sí. Más recientemente en
el Gran Área Metropolitana, se ejecutó el proyecto conocido como PRUGAM (Plan Regulador
Unificado para el Gran Área Metropolitana) apoyado por la Unión Europea (UE), el cual procuró
dotar y homologar los planes reguladores de todas las municipalidades del GAM (Astorga, 2006).
Además, existen otros decretos y leyes, como el Decreto Ejecutivo No. 13853 VAH-OFIPLAN,
del 3 de mayo de 1982, donde se establece el Anillo de Contención Urbana de la Gran Área
Metropolitana (GAM), Ley General de Salud Nº 5395, Ley de Aguas Nº 276, Ley sobre la Zona
Marítimo Terrestre Nº 6043 y la Ley de Uso, Conversación de Suelos Nº 7779 y el Código
Municipal y sus reformas Nº 7794. (Municipalidad de Grecia, 2003) y (Campos, 2005). Para el
caso costarricense, como en otros países de América Central, no se ha desarrollado integralmente
un programa de ordenamiento territorial a una escala apropiada y práctica, lo cual se traduce en la
ausencia de una base fundamental de planificación que sirva de apoyo para la toma de decisiones
por parte de la administración en general. En el marco de la legislación vigente para Costa Rica,
existen muchas leyes y reglamentos que tienen relación directa con el tema de la planificación del
territorio, sin embargo, ha sido insuficiente o débilmente aplicada por los entes respectivos, tanto
en zonas urbanas, como en rurales y costeras.
Metodología
Para realizar esta investigación es necesario contar con datos no manejados directamente por
la Municipalidad, pues no son de acceso a todo público, a la vez son difíciles de conseguir ya que
en muchos casos son datos precisos y que tienen un costo económico elevado, como por ejemplo