Venta de drogas en Rincón Grande de Pavas: aceptación y
oposición de la población local
Sebastián Saborío Rodríguez
InterSedes, Revista electrónica de las sedes regionales de la Universidad de Costa Rica,
ISSN 2215-2458, Volumen XXIV, Número 49, Enero-Junio, 2023.
10.15517/isucr.v24i49 | intersedes.ucr.ac.cr | intersedes@ucr.ac.cr
A: To understand if the authority of drug dealing groups is considered legitimate
by the local population of Rincon Grande de Pavas, a set of impoverished neighborhoods of
capital of Costa Rica, the author carried out research between March 2019 and March 2020.
During the eld work the author realized 67 in deep interviews, mainly with residents of the
analyzed area. e results show that drug dealing groups are not considered legitims by the
residents, mainly because they do not oer them concrete benets and impose their rules in
an authoritative way by using violence.
R: Con el objetivo de comprender si la autoridad de las bandas que se dedican al
narcomenudeo en Rincón Grande de Pavas, conjunto de barrios empobrecidos de la capital
costarricense, es considerada como legítima por parte de la población local, el autor llevó
a cabo una investigación entre marzo 2019 y marzo 2020. Ésta se realizó a través de 67
entrevistas en profundidad, principalmente a residentes de la zona analizada. Los resultados
de la investigación demuestran que los grupos que se dedican a la venta de drogas no son
considerados como legítimos por parte de las personas residentes, principalmente porque
no les brindan benecios concretos e imponen reglas de manera autoritaria mediante el uso
de la violencia.
El autor agradece al Sta de Gestión de Vivienda y Asentamientos Humanos de la
Municipalidad de San José, el cual brindó apoyo nanciero y logístico para llevar a cabo
la investigación. Además, agradece a la Fundación para la Paz y la Democracia por poner a
disposición el trabajo de Brandon Mata, quien colaboró con la recolección y el análisis de
las estadísticas criminales. El presente artículo es el resultado de una investigación que se
llevó a cabo desde el Instituto de Investigaciones Sociales y la Escuela de Sociología de la
Universidad de Costa Rica.
Universidad de Costa Rica
San José, Costa Rica
sebastian.saborio@ucr.ac.cr
Publicado por la Editorial Sede del Pacíco, Universidad de Costa Rica
P : narcomenudeo, legitimidad, Costa Rica, Pavas, violencia
K: drug dealing, legitimacy, Costa Rica, Pavas, Violence
Drug dealing in Rincón Grande of Pavas: acceptance and opposition of the local population
Recibido: 02-06-22 | Aceptado: 04-07-22
C (APA): Saborío Rodríguez, S. (2023). Venta de drogas en Rincón Grande de Pavas: aceptación
y oposición de la población local. InterSedes, 24(49), 70-91.
InterSedes, ISSN 2215-2458, Volumen 24, Número 49,
Enero-Junio, 2023, pp. 70-91 (Artículo).
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Introducción
El fenómeno de la venta de drogas en los barrios empobrecidos
de América Latina ha sido ampliamente analizado (Saborío, 2019).
Esto se debe principalmente a que, si se consideran los homici-
dios declarados, América Latina es la región que, a nivel mundial,
cuenta con la mayor cantidad de registros (Córdova, 2017); y los
protagonistas de la violencia son grupos criminales que se dedican
a la venta de drogas (Ordóñez Valverde, 2017).
Sin embargo, al momento de analizar las consecuencias nega-
tivas de la existencia de estos grupos, es un error enfocarse única-
mente en la violencia que producen. No sólo porque generan im-
pactos negativos en la convivencia comunitaria y la participación
social y política en las localidades donde están situados (Arias,
2017), sino también porque estos grupos necesitan ser percibidos
como entidades legitimas por parte de las poblaciones con las que
se relacionan y, para hacerlo, no pueden limitarse al uso de la vio-
lencia (Berg & Carranza, 2018). De hecho, como se mostrará en el
artículo, para obtener el apoyo de las comunidades locales tienen
que equilibrar la imposición de la fuerza con el convencimiento
mediante la oferta de benecios de diferente naturaleza. En otras
palabras, tienen que ser legítimos y no sólo potentes. En este caso,
por poder entendemos la capacidad de “imponer la propia volun-
tad” (Cortés Vargas et al., 2012), mientras que la legitimidad se
basa en que las personas obedezcan a las autoridades no única-
mente por el temor de incurrir en castigos, sino porque consideran
justo hacerlo (Tyler & Fagan, 2006).
Nivette (2014) explica que la legitimidad del Estado se ve mer-
mada cuando sus instituciones son injustas, inecaces o del todo
ausentes, lo que hace que la ciudadanía no se benecie de su exis-
tencia. En consecuencia, la autora arma que el Estado debe “cul-
tivar” continuamente su legitimidad y no considerar la soberanía
como una derivación ontológica de su poder. Es por estas razones
que los grupos que se dedican a la venta de drogas en América
Latina tienen mayores posibilidades de resultar legítimos ante las
poblaciones socialmente excluidas, las cuales no ven sus necesida-
des básicas satisfechas gracias a la acción estatal (Rao López &
Gómez Calderón, 2017). Dicha situación abre el camino para que
grupos criminales rellenen los vacíos dejados por las autoridades
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legalmente instituidas y compitan con éstas por la legitimidad ante
la ciudadanía (Nivette, 2014); lo que las puede llevar a ser autori-
dades “cuasi políticas” (Berg & Carranza, 2018).
En el presente artículo el autor analiza el contexto de Rincón
Grande de Pavas, conjunto de barrios de la capital costarricen-
se, los cuales están caracterizados por tener altos niveles de ex-
clusión social y de violencia relacionada con conictos armados
entre bandas que se dedican a la venta de drogas al menudeo. En
lo especíco, se muestra que, para la mayoría de las personas en-
trevistadas, la autoridad de dichos grupos no es legítima. Es decir,
no consideran que sea justo obedecer las normas de conducta que
de éstos emanan. Además, se explicará cuáles consecuencias tie-
ne dicha falta de legitimidad con respecto a quienes se dedican al
narcomenudeo.
Aquí vale la pena mencionar que, como el autor explica en de-
talle en otra publicación precedente (Saborío, n.d.)1, las personas
entrevistadas indicaron que en sus comunidades sí existe un códi-
go de conducta establecido por los grupos criminales. Sin embar-
go, éste se limita a pocos aspectos.2 En primer lugar, a que residen-
tes soporten pasivamente la venta de drogas y las consecuencias
negativas de la presencia de grupos criminales, como la violencia
derivada de los conictos armados entre bandas. Y, en segundo
lugar, que los miembros de las comunidades no obstaculicen dicha
venta; en particular en lo que concierne a las denuncias de esta
actividad ante las fuerzas de policía. Respecto a las personas que
consumen droga, la regla más importante es que paguen el pro-
ducto que se les brinda.
1 El presente artículo es uno de los productos que surgieron de los resultados de
la investigación “Control territorial y narcoviolencia en Costa Rica: el caso de
Pavas” que el autor llevó a cabo desde 2019 hasta 2021.
2 Para llegar a esta conclusión, el investigador propuso los siguientes indicadores
para elaborar parte del guion de las entrevistas que llevó a cabo con las personas
residentes: a. Prohibición de los homicidios, b. Prohibición de las violaciones, c.
Prohibición de la violencia doméstica, d. Prohibición de asaltos y robos, e. Pro-
hibición de riñas, f. Otras prohibiciones no relacionadas a la violencia. En par-
ticular, respecto a este último indicador, vale la pena mencionar que cuando el
investigador preguntaba a las personas entrevistadas cuáles otras prohibiciones
eran impuestas por parte de los grupos del narcomenudeo a quienes viven en
Rincón Grande de Pavas, casi la totalidad respondió que los grupos criminales
les prohíben denunciar la venta de drogas ante las autoridades competentes u
obstaculizar de alguna otra manera la venta de drogas.
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Metodología
La presente investigación se desarrolló, principalmente, me-
diante técnicas cualitativas, las cuales permiten analizar la pers-
pectiva de las personas directamente impactadas por la violencia y
la criminalidad (Aranda, 2017). Además, la investigación cualita-
tiva permite “ilustrar las conexiones entre la violencia estructural,
política y simbólica en la producción de una violencia cotidiana,
capaz de reforzar las relaciones desiguales de poder” (Bourgois,
2005, p. 30)3.
Entre marzo de 2019 y marzo de 2020 el autor llevó a cabo un
total de 67 entrevistas en profundidad que fueron transcritas y,
sucesivamente, analizadas. También se llevaron a cabo tres entre-
vistas que no fueron grabadas por no tener la autorización de las
personas participantes, una de éstas fue a una residente de Rincón
Grande de Pavas y dos a privados de libertad.
La selección de las personas entrevistadas se dio, en un primer
momento, contactando a líderes y lideresas comunitarias, forma-
les e informales, de Rincón Grande de Pavas que aparecían en la
lista de contactos del Sta de Gestión de Vivienda y Asentamien-
tos Humanos de la Municipalidad de San José. Esto permitió su-
perar la dicultad inicial que encontró el investigador al momento
de buscar informantes dado que, al inicio del trabajo de campo,
no tenía contacto directo con personas de la zona analizada. Su-
cesivamente, mediante la técnica de “bola de nieve”, las personas
entrevistadas accedieron a facilitar el contacto de otras personas
que pertenecían a sus círculos de conanza.
Las entrevistas se realizaron principalmente con residentes de
Rincón Grande de Pavas y la mayoría de quienes accedieron fue-
ron líderes y lideresas comunitarias. En las demás entrevistas par-
ticiparon privados de libertad que, precedentemente, pertenecían
a bandas criminales de Rincón Grande de Pavas, representantes
del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de la Policía Peni-
tenciaria, de la Fuerza Pública y de la Policía de la Municipalidad
de San José, líderes políticos y responsables de centros de culto,
dueñas y dueños de pequeños comercios locales y trabajadores y
trabajadoras de instituciones públicas que llevan a cabo sus labo-
3 Todas las citas de textos en idiomas diferentes al español han sido traducidas
literalmente por parte del autor.
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res en el área en estudio. Para hacer las entrevistas el investigador
realizó un total de 43 visitas a Rincón Grande de Pavas y 5 visi-
tas a centros penitenciarios (UAI Reinaldo Villalobos y Centro de
Atención Integral Jorge Arturo Montero Castro).
Durante el trabajo de campo en Rincón Grande de Pavas se
siguieron los consejos de Goldstein (2014), el cual advierte que,
al momento de desarrollar investigaciones en comunidades ur-
bano-marginalizadas y conictivas, es necesario tomar también
precauciones prácticas para garantizar la seguridad del investiga-
dor y de las personas que decidan colaborar con la investigación.
Por ejemplo, se planicaron las visitas tomando en consideración
cuáles eran las localidades y momentos más riesgosos. Además,
la Municipalidad de San José brindó un chofer y transporte insti-
tucional al investigador, el cual para cada visita contactó siempre
una alguna persona residente de manera que, durante el trabajo
de campo, estuviera permanentemente acompañado. Al momento
de realizar las entrevistas, se tomaron en consideración las pecu-
liaridades que comporta el hecho de dialogar con dichas perso-
nas sobre temas relacionados al fenómeno analizado. De hecho, es
probable que las personas entrevistadas desconaran de las mo-
tivaciones y objetivos del investigador. Por estas razones, antes y
durante las entrevistas fue necesario poner en práctica una estra-
tegia ética de acercamiento y diálogo con los miembros de la zona
en estudio (Pérez Galán, 2011). Eso quiere decir que fue necesario
encontrar lugares aptos, en espacios públicos o privados, para ha-
cer las entrevistas, donde las personas no tuvieran temor a hablar;
así como explicar que se les iba a garantiza el anonimato, pedir su
autorización para grabar la entrevista y explicar que en cualquier
momento podían pedir que ésta se interrumpiera.
El análisis de los datos cualitativos se llevó a cabo siguiendo
los pasos indicados por Fernández Núñez aunque no siempre de
manera lineal, ya que la investigación, en particular la cualitativa,
es un proceso circular: 1. obtener la información primaria, en este
caso las entrevistas; 2. transcribir y ordenar la información; 3. ca-
tegorizar; 4. codicar la información; 5. integrar la información,
es decir, “relacionar las categorías obtenidas en el paso anterior,
entre sí y con los fundamentos teóricos de la investigación” (2006,
p. 4). Para la autora, la categorización es aquel proceso mediante
el cual se elabora una unidad conceptual, o código, que tenga una
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importancia para la investigación y ésta puede ser realizada antes,
durante o después de la recolección de los datos. En cambio, la
codicación es la individuación y agrupación de partes de los da-
tos dentro de una categoría (código) elaborada precedentemente y
que tiene características similares. El momento de la codicación
sirve para ordenar la gran cantidad de datos que se producen du-
rante el trabajo de campo. A lo largo de la codicación se determi-
nó que, dentro de la mole de datos, se reconocieron los patrones
entre las diferentes fuentes y se identicaron las relaciones entre
los diferentes elementos conceptuales. Antes, durante y después
del trabajo de campo se elaboraron códigos y sub-códigos relacio-
nados con los temas presentados en este elaborado. El programa
de análisis de datos cualitativos NVIVO R1 fue usado durante los
procesos de transcripción, categorización y codicación de la in-
formación.
Además, con el n de corroborar la información brindada por
parte de las personas entrevistadas, y para proporcionar ulteriores
insumos, se analizaron las estadísticas ociales del Organismo de
Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica respecto a los homici-
dios y robos que criminales llevaron a cabo en Pavas.
Fuentes de legitimidad
La relación de autoridad de los grupos criminales con los
miembros de comunidades locales puede ser de cooperación o de
abuso, en un rango que puede ir de la simbiosis, donde los prime-
ros brindan una gran cantidad de benecios a los segundos que,
a su vez, los apoyan activamente; hasta el nivel de tiranía absolu-
ta, donde la acción criminal resulta predatoria y perjudicial a las
personas (Magaloni et al., 2020). Según esta lógica, la legitimidad
de los grupos criminales depende principalmente del tipo de auto-
ridad, es decir de cooperación o de abuso, que éstos ejercen hacia
quienes residen en las localidades donde llevan a cabo sus activi-
dades ilícitas.
En concreto, en contextos de marginalización y exclusión so-
cial, los grupos criminales pueden resultar legítimos por diferen-
tes razones. En primer lugar, cuando crean trabajo ilegal para las
personas directamente involucradas en la actividad de venta y
benecios económicos a sus allegados, o bien, ofrecen servicios
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e infraestructuras al resto de la población local (Sandoval, 2017),
lo que hace que éstos puedan llegar a desempeñar una función de
“asistencia social” (Cortés Vargas et al., 2012). En segundo lugar,
cuando las agencias de seguridad del Estado son ausentes o in-
ecientes y los grupos criminales ponen en práctica mecanismos
de protección contra agresiones externas, por ejemplo contra la
violencia de bandas provenientes de otras localidades (Biderman
et al., 2019; Cortés Vargas et al., 2012) o contra la micro crimina-
lidad local, en particular contra los robos y asaltos, pero también
prohibiendo la violencia doméstica y de género (Lessing, 2008).
En algunos casos hasta pueden proteger a la población local contra
la brutalidad policial (Alves, 2016). En tercer lugar, cuando relle-
nan otros vacíos dejados por parte de las instituciones del Estado
y crean formas de mediación de conictos entre vecinos y vecinas
o favorecen la acción de agencias del Estado y del sector privado
para que suministren diferentes tipos de servicios dentro de las co-
munidades, como sucede en las favelas de Río de Janeiro en Brasil
(Gay, 2017; Lessing, 2008; Saborío, 2014). Es debido a este tipo de
benecios que, independientemente de la violencia que los gru-
pos criminales generan dentro de los barrios donde se encuentran,
sus residentes no sólo pueden llegar a tolerarlos pasivamente, sino
también a aceptarlos (Cortés Vargas et al., 2012) e, incluso, a apo-
yarlos activamente; por ejemplo, avisando de la presencia policial,
escondiendo a criminales en sus casas o guardando armas y drogas
(Auyero et al., 2014; Cortés Vargas et al., 2012; Lessing, 2008).
En el caso de Rincón Grande de Pavas, cuando se les preguntó a
las personas entrevistadas si las bandas generaban benecios para
el resto de la comunidad, es decir, para todas las personas que no
colaboraban con sus actividades ilícitas, las respuestas fueron casi
siempre negativas. Solo un privado de libertad relató, hablando del
pasado y explicitando que hoy en día esto no sucede, que la ban-
da a la que pertenecía le había ayudado a la escuela local a repa-
rar el cielo raso y que Colas, ex líder del narcomenudeo en Finca
San Juan de Pavas que falleció asesinado en 2010, repartía, entre
las personas que más lo necesitaran, parte de la mercancía que su
grupo robaba. Es el caso de alimentos como arroz y frijoles proce-
dentes de un camión asaltado, así como juguetes para los niños y
las niñas durante la época navideña. Sin embargo, la investigación
dejó claro que actualmente la criminalidad local no ayuda a las co-
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munidades de Rincón Grande de Pavas de esta u otra manera. De
hecho, todas las personas entrevistadas respondieron de la misma
forma cuando se les preguntaba respecto a los benecios que las
bandas criminales aportan hoy en día en sus comunidades, como
lo muestra el siguiente ejemplo:
Entrevistador: Y, respecto a estos grupos [las bandas] ¿us-
ted cree que ellos hacen algo bueno por la comunidad?
Persona entrevistada: No.
Entrevistador: ¿No? Por ejemplo, si alguien necesita plata.
Persona entrevistada: No.
Entrevistador: Si alguien necesita medicinas, necesita algo,
tiene alguna necesidad…
Persona entrevistada: No en ese sentido no.
Entrevistador: ¿Nunca han hecho algo bueno para la gente?
Persona entrevistada: Que yo sepa, que haya escuchado, no.
(Entrevista 11, grabada, mujer, residente, 15/5/2022)
Además, vecinas y vecinos se mostraron molestas y molestos
ante el consumo de las drogas que las bandas venden y que en mu-
chos casos se lleva a cabo en el espacio público. Esto expresó una
de las entrevistadas:
Por ejemplo, yo en mi caso me he cansado de llamar [a la
policía] y ni vienen. Tengo vecinos que consumen y son
hasta seis [de la mañana] personas sentados fumando ma-
rihuana en la calle.
Y por ejemplo mi bebé tiene cuatro años y mi bebé dice
“mamá que olor a marihuana”. O sea, él no la consume ni
siquiera pero ya sabe cómo huele. A mí no me interesa que
ellos la consuman, porque son ellos, pero que respeten.
Pero obviamente ya por vivir uno ya tan pegado con los
vecinos, tampoco tiene esa privacidad. (Entrevista 48, gra-
bada, mujer, residente, 5/11/2019)
Respecto a la seguridad, las bandas de Rincón Grande no sólo
no brindan protección ante la violencia de grupos criminales ex-
ternos o ante la brutalidad policial, sino que, debido a los conic-
tos armados y las balaceras en la vía pública, éstas aumentan la
inseguridad entre las personas (Saborío & Astorga, n.d.). De he-
cho, según estadísticas del Organismo de Investigación Judicial4 el
4 Organismo de Investigación Judicial (OIJ), solicitud de información 571-OPO/
UAC/S-2019 sobre homicidios dolosos en Pavas, 2019.
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distrito de Pavas es uno de los que, en todo el país, ha presentado
mayor cantidad de incidencias por homicidios dolosos entre 2010
y 2018. Además, ha sido el distrito con mayor cantidad de homi-
cidios del cantón central de San José durante cinco de los últimos
nueve años de este periodo. Entre 2010 y 2018 se han presentado
un total de 147 homicidios dolosos en Pavas, lo cual representa un
22% del total de homicidios dolosos ocurridos en el cantón de San
José y hace que Pavas tenga un 8% más de casos que el de su suce-
sor inmediato, el distrito Hospital, con un total de 105 homicidios
dolosos en el mismo periodo.
El móvil, es decir, la motivación principal de los homicidios en
Pavas es el “ajuste de cuentas o venganza”. Éste móvil es descrito
por parte de las autoridades policiales de Costa Rica como aquel
en el que preexiste un conicto entre personas y que motiva a una
de ellas a matar a la otra. Con respecto a lo anterior, es importan-
te hacer la salvedad de que las autoridades policiales registran los
homicidios que se dan por conictos por territorio para la venta
y distribución de droga, impagos de droga por consumo o distri-
bución como “ajuste de cuentas/venganza”. De 2010 a 2019, se han
presentado 83 casos motivados por “ajustes de cuentas o vengan-
zas” en Pavas, esta cifra representa el 49,11% de los casos totales
ocurridos en esta área en el mismo periodo de tiempo. Como pue-
de apreciarse en el Gráco 1, en el año 2010 no se presentó ningún
caso por ajuste de cuentas o venganza; sin embargo, con el pasar de
los años se dieron constantes aumentos hasta que se convirtió en la
modalidad de homicidio más común. En el gráco estos casos se
representan con las barras de color azul.
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Gráfico 1
C
P (-).
Fuente: Elaboración propia con datos de Organismo de Investigación Judicial.
Nota: Las etiquetas de datos en “Ajuste de cuentas/venganza” representan el valor
para el año correspondiente; porcentaje respecto al total de homicidios por año.
Es solo a partir del año 2015 que el Organismo de Investiga-
ción Judicial lleva a cabo un registro de los homicidios dolosos que
pueden ligarse policialmente a la venta de drogas. El porcentaje
de este tipo de homicidios en Pavas ha venido en crecimiento en
los últimos años. De manera general, entre los años 2015 y 2018
se dieron 80 homicidios en el distrito de Pavas, de los cuales un
46,25% (37 casos) podrían ligarse policialmente a la venta de dro-
gas según el OIJ.
Además de lo anterior, existe la posibilidad de que, sobre todo
en 2015 (que es cuando se empiezan a registrar estos casos), pero
también en los años posteriores, se hayan presentado homicidios
que estaban relacionados con actividades ligadas a la venta de
drogas y que, por equivocación o falta de costumbre por parte de
la policía de categorizarlos de esta manera, estos hayan sido ca-
talogados como simples riñas. Esto explicaría el hecho de que en
2015 (primer año en el que el OIJ usó dicha categoría) la cifra de
muertes vinculadas con la venta de drogas sea la más baja entre
los años analizados. En el año 2015, según las autoridades poli-
ciales, los homicidios ligados a la venta de drogas representaron
el 22%. Sin embargo, este porcentaje ha crecido constantemente
durante los siguientes años; especícamente, los porcentajes res-
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pectivos correspondieron a: 33% (2016), 67% (2017) y 82% (2018)
con respecto al año 2019 (Ver Gráco 2). Es importante, entonces,
evidenciar que el porcentaje de estos homicidios va en constante
aumento y que, en consecuencia, resulta evidente que las bandas
criminales no consiguen mantener bajo control dicho crimen.
Gráfico 2
C
P (-).
Fuente: Elaboración propia con datos del Organismo de Investigación Judicial.
En relación con los robos y asaltos, varios de las personas resi-
dentes de Rincón Grande y de los privados de libertad que fueron
entrevistados coincidieron en que, en años anteriores, líderes de
las bandas prohibían los robos y asaltos, principalmente para evi-
tar la presencia de cuerpos policiales en las comunidades; mien-
tras que, en cambio, hoy en día es una práctica poco común.
Las estadísticas ociales nos muestran que, a nivel de distrito,
en la última década ha habido un aumento en el número de asaltos
a personas. Entre 2008 y 2018 la cantidad se duplicó, pues pasó
de tener 207 incidentes en el primer año, a 436 en 2018. En otras
palabras, las cifras aumentaron en un 111% durante el periodo
analizado. Al igual que con los asaltos a personas, los hurtos en
Pavas también muestran una tendencia al aumento. En el periodo
2008-2018 el número de casos correspondientes a este fenómeno
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incrementó en un 75%. El marcado aumento en el número de ca-
sos que ocurrió a partir del lapso entre 2013 y 2015 permite com-
prender que se pasó de 78 a 212 incidentes, de ahí se mantiene este
comportamiento hasta llegar a la cifra más elevada de hurtos en
2016, es decir, 221 casos. Tras la revisión de los datos se identicó
que Pavas es el segundo distrito del cantón central de San José con
mayor cantidad de robos registrados entre 2008 y 2010, precedido
únicamente por el distrito Catedral. Durante estos años se presen-
tó un total de 1.106 robos en Pavas, lo que representa el 14% del
total de incidentes registrados a nivel cantonal y demuestra que, en
la actualidad, los grupos criminales de la zona no tienen interés o
no consiguen mantener este tipo de delitos bajo control. Respecto
a la relación entre los robos, asaltos y la venta de droga, algunos
de los residentes mencionaron que estos delitos son cometidos, en
muchos casos, por consumidores de drogas cuyo objetivo es poder
pagar las deudas que tienen con narcomenudeantes. Otras perso-
nas indicaron que quienes roban en Rincón Grande de Pavas son
los miembros de las bandas dedicadas al narcomenudeo, como las
personas que se dedican a la venta, o personas cercanas a éstas
que, en casos, andan armadas para robar las pertenencias de las
víctimas.
Lo anterior permite comprender las razones que llevan a las
personas entrevistadas a armar que las bandas del narcomenu-
deo cuentan con un bajo apoyo por parte de residentes en Rincón
Grande de Pavas. Esto se traduce en que solamente algunas per-
sonas, por tener lazos familiares o de amistad con los miembros
de las bandas del narcomenudeo, les informan sobre la actividad
policial o la presencia de grupos rivales o, por otro lado, esconden
armas o drogas para los grupos criminales sin recibir ningún tipo
de remuneración a cambio. No obstante, se obtuvieron diferentes
opiniones con respecto a las características de la población que
les brinda apoyo. Por ejemplo, en algunas entrevistas se armó
que se trata de los familiares y amistades de los miembros de las
bandas, mientras que otras personas dicen que las bandas reciben
apoyo sobre todo de parte de niños y jóvenes. Entre las entrevis-
tas realizadas destacó el hecho de que los grupos criminales reclu-
tan nuevos miembros desde muy tempranas edades. Por ejemplo,
residentes indicaron que en estos grupos se incorporan niños y
adolescentes (a partir de los 8 y 12 años), algunos de los cuales
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se encargan de vender drogas en los centros educativos, como lo
evidencia el siguiente fragmento:
Recuerdo que hace unos seis años yo vi un chiquillo que
tenía unos 8 años y le pagaban 5 mil pesos por ser mula,
cargaba la droga nada más, ir y volver. Lamentablemente
aquí como hay mucha pobreza, que no tienen qué comer,
pero por la misma familia que están en drogas y todo, se les
olvida que tienen hijos y tienen que comer, entonces eso
es lo que hacen. (Entrevista 29, grabada, mujer, residente,
6/7/2019)
Siempre según los residentes, además de la venta, algunos de
estos jóvenes trabajan como “campanas” e incluso pueden andar
armados. Su edad les permite incurrir en menos riesgos, debido
a que, muchas veces, pasan más desapercibidos ante la policía y,
en caso de ser detenidos, rápidamente pueden quedar libres por
ser menores de edad o, del todo, no son el blanco de los controles
policiales. El siguiente fragmento da cuenta de ello:
Ahora agarran chiquillos de escuela que no quieren y por
cinco mil, veinticinco mil colones por día ahí los tienen
vigilando y cuando pasa la policía usted sabe que si ellos
tienen drogas los atrapan, pero si se la dan a un menor
no lo revisan. (Entrevista 51, grabada, mujer, residente,
17/12/2019)
Ociales de Fuerza Pública indicaron que existen personas, a
las que llaman “prestados” que, aunque no están directamente in-
volucradas con las bandas (ya que no venden droga), sí facilitan a
éstas sus viviendas para que sus miembros puedan resguardarse
cuando son perseguidos por ociales de policía. En ese sentido,
quien delinque tiene la posibilidad de ingresar a la vivienda y pos-
teriormente escabullirse a través de los techos. Además, durante
las entrevistas se mencionaron otras formas de apoyo por parte
de vecinas y vecinos, como disponer de las viviendas para guardar
armas o drogas y también facilitar información, principalmente
cuando se aproxima la policía. Entre los motivos que pueden lle-
var a los residentes a brindar apoyo a los grupos criminales, se
mencionó el parentesco, la amistad, el temor a sufrir represalias y
también la posibilidad de obtener benecios personales, como por
ejemplo mejoras a las viviendas:
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Enero-Junio, 2023, pp. 70-91 (Artículo).
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Persona entrevistada: Además de que la misma chusma ha
mejorado la vivienda [de una persona de la comunidad].
Entrevistador: ¿En qué sentido?
Persona entrevistada: La acondicionaron, le construyeron
una planta, la parte de arriba bien, ponele balcón, para con-
trolar mejor la situación y de ahí para arriba, nada más por
el portón de abajo ponen la plata y de arriba tiran la droga,
punto. (Entrevista 2, grabada, mujer, residente, 2/4/2019)
Ausencia de legitimidad y reacción de las
comunidades locales
Los grupos criminales representan un peligro para las comu-
nidades donde se sitúan. No sólo por vulnerar a las personas du-
rante los conictos armados, sino también porque, en algunos ca-
sos, como sucede con las maras en los países del triángulo norte
centroamericano, éstos grupos pueden llegar a “robar, extorsionar,
matar y en general amenazar” (Bruneau, 2014, p. 165) a miembros
de la población local, lo que signica que, respecto a ésta, ejercen
un tipo de autoridad abusiva que obstaculiza su legitimidad.
En Rincón Grande de Pavas, como se dijo, los grupos que se
dedican a la venta de drogas no aportan benecios signicativos a
las comunidades. Aunado a esto, parte de los resultados de la pre-
sente investigación (Saborío & Astorga, n.d.) aclaran que, según
las personas residentes, la autoridad de los grupos criminales para
con la población local tiene rasgos autoritarios que la victimiza
directamente. Por ejemplo, cuando se han dado casos de violencia
sexual por parte de hombres de dichos grupos contra mujeres jó-
venes de las comunidades, cuando se castigan a usuarios de droga
o a sus familiares cuando éstos no consiguen saldar sus deudas o,
como se verá a continuación, cuando las personas no respetan el
código de conducta impuesto por parte de las bandas y deciden
denunciar sus actividades ilícitas ante la policía. Sin embargo, lo
que más genera descontento entre las personas es la victimización
indirecta debida a los conictos armados entre bandas y al temor
de ser alcanzadas por una bala perdida. Además, la percepción
que madres y padres de familia tienen de estos grupos es preva-
lentemente negativa. Esto se debe a la mala inuencia que ellas
y ellos consideran que los miembros de las bandas y el producto
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Enero-Junio, 2023, pp. 70-91 (Artículo).
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que venden tienen sobre sus hijas e hijos. Otro aspecto que lleva a
las personas de las comunidades a no considerar como positiva la
presencia de estos grupos es que, en algunos casos, representan un
obstáculo para que las instituciones públicas, nacionales y locales,
brinden servicios básicos a la población. Por ejemplo, esto se da
cuando impiden el acceso a ambulancias o bomberos, o cuando
irrumpen en la clínica local obligando al personal a que detenga
sus labores para dar prioridad a algún miembro de alguna banda
cuando resulta herido como consecuencia de un conicto armado
(Saborío & Astorga, n.d.).
Todo lo anterior permite comprender las razones por las cuales
los grupos de narcomenudeo gozan de una legitimidad muy limi-
tada en las comunidades de Rincón Grande de Pavas, lo que los
lleva a imponer su autoridad a través de la violencia para que las
personas respeten las reglas que imponen, incrementando así la
aversión de las comunidades hacia su presencia.
Estudios cuantitativos en Colombia (Cortés Vargas et al., 2012)
han demostrado que residentes que deciden no denunciar la acti-
vidad de narcomenudeo lo hacen por miedo de sufrir retaliacio-
nes por parte de los grupos criminales contra ellas y ellos mismos,
sus familiares y sus bienes materiales. Lo mismo pasa en Rincón
Grande de Pavas, donde las personas entrevistadas, en particular
las madres, arman que casi nadie denuncia, principalmente por
temor que le pase algo a sus seres queridos:
Represalias, amenazas, que no podés hablar porque tenés
que quedarte callado. Si sabés muchas cosas, tenés que que-
darte callado. Si ponés cámaras en tu casa, entonces sos
un sapo, sos un soplón. Entonces hay muchas cosas, ver-
dad, que te atemoriza y en el aspecto de que uno tiene hijos
más pequeños, entonces a la hora que ellos salen o así, a
uno le da un poco de temor, verdad, de que vayan a agarrar
represalias contra los hijos. (Entrevista 48, grabada, mujer,
residente, 5/11/2019)
El miedo de las personas residentes no es infundado, de sus
relatos se desprende que los miembros de los grupos armados han
llegado a amenazar de muerte a las personas que realizan denun-
cias o a obligar a familias enteras a marcharse de sus casas. Fuera
de las grabaciones, otras personas armaron que las bandas han
asesinado a quienes les han denunciado ante la policía. Esto gene-
ra un clima de silencio, donde la mayoría de las personas asevera
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que no denuncian porque “si uno no se mete con ellos, ellos no se
meten con uno” (Saborío, n.d.). Sin embargo, algunos vecinos y
vecinas, sobre todo de forma anónima, sí se atreven a denunciar
a responsables de los delitos relacionados con la venta de drogas,
como fue narrado por parte de Orlando Corrales, jefe de la uni-
dad de análisis criminal del Organismo de Investigación Judicial
de Costa Rica:
Gracias a dios que todavía tenemos una ciudadanía que
nos ayuda. Nosotros tenemos el servicio 800-8000-645 que
la información es condencial, que entra mucha informa-
ción. También tenemos el servicio o las redes sociales que
parece mentira, pero eso también nos dejan mucha infor-
mación para trabajar. (Entrevista 32, grabada, 22/8/2019)
Kilanski y Auyero (2015) sostienen que las personas que viven
en contextos caracterizados por altos índices de violencia desarro-
llan estrategias para hacer frente a los peligros que cotidianamen-
te pueden encontrar y que, en el caso de Rincón Grande, se ven
exacerbados por la autoridad abusiva e ilegítima de las bandas de
narcomenudeo. Para estos autores, es posible dividir las estrategias
en cuatro tipos: a) las individuales y no violentas, b) las individua-
les y violentas, c) las colectivas y no violentas y d) las colectivas y
violentas. Entre las estrategias individuales y no violentas está la
reclusión en el ámbito doméstico, la protección constante de fami-
liares, el reforzamiento de los sistemas de seguridad de las casas,
las arriba mencionadas denuncias de los hechos delictivos a las
autoridades competentes y el cambio de lugar de residencia.
Dada la condición de conicto permanente que viven muchas
comunidades vulnerables de América Latina, no sorprende que la
última sea una de las estrategias más comunes para evitar los peli-
gros y las angustias que las personas viven debido a la existencia de
los grupos que se dedican a la venta de drogas. En casos más drás-
ticos, como el de algunas localidades de El Salvador, Guatemala y
Honduras, que han sido tomadas por parte de grupos criminales,
es posible hablar de “desastre humanitario” (Cantor, 2016) cuando
se trata de desplazamientos a los cuales se ve forzado un número
elevado de personas para huir de amenazas y de la violencia puesta
en acto por parte de dichos grupos. Por ejemplo, en una muestra
de 20 municipalidades hondureñas, el 4% de la población armó
haber sido desplazada de sus barrios de origen por causa de la
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violencia de las bandas (Cantor, 2016). En Costa Rica la situación
todavía no ha llegado a ser tan alarmante como la de los países cer-
canos del triángulo norte centroamericano. Sin embargo, muchas
de las personas han mencionado querer irse de Pavas por causa de
la violencia, mientras que otras ya lo hicieron, como lo muestra el
siguiente fragmento:
Persona entrevistada: [Los grupos narcomenudeantes] ya
tienen varias, varias alamedas ahí, que la gente más bien
está vendiendo las casas cómodas, baratas.
Entrevistador: ¿Por qué?
Persona entrevistada: Por lo mismo por lo que ellos [los
narcomenudeantes] están, eh, como que se están adueñan-
do ya de, de todas las zonas, entonces…
Entrevistador: ¿Y se las venden a quién, a ellos mismos?
Persona entrevistada: No digamos, las personas digamos
que tienen su casa propia, entonces lo que está haciendo
es venderla.
Entrevistador: ¿Para irse?
Persona entrevistada: Para irse, salir de ahí, de esa zona.
(Entrevista 45, grabada, mujer, residente, 5/11/2019)
En otros casos, los mismos grupos de narcomenudeo obligan a
algunas personas, con las cuales han entrado en conicto, a mar-
charse de sus casas. Sin embargo, la gran mayoría de las perso-
nas de Rincón Grande permanece en sus barrios. Las personas
entrevistadas armaron que muchas quisieran marcharse de sus
comunidades para ir a vivir en otras zonas más seguras, pero no lo
hacen porque no tienen los medios económicos necesarios.
Siguiendo con la clasicación de Kilanski y Auyero (2015), las
estrategias individuales y violentas son aquellas que se llevan a
cabo a través del uso de la fuerza física, como los padres que gol-
pean a los hijos para que se alejen de las drogas o de la actividad de
narcomenudeo, o las personas que reaccionan violentamente ante
amenazas o agresiones por parte de terceros. El uso de la fuerza
física se contempla también en las estrategias colectivas y violen-
tas, como pueden ser linchamientos de criminales por parte de la
comunidad. Durante las entrevistas nadie mencionó la implemen-
tación de estas prácticas.
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En cambio, las personas entrevistadas sí mencionaron estrate-
gias colectivas y no violentas, que los autores (Kilanski & Auyero,
2015) describen como aquellas que son el resultado de la acción
comunal, como manifestaciones públicas contra la violencia. En
una de las comunidades de Rincón Grande, alrededor de cinco
años atrás, vecinas y vecinos organizaron una “marcha para la paz”
después de un periodo en el que se dieron varios homicidios en
poco tiempo. En otra ocasión, instalaron cámaras de seguridad en
los lugares identicados como zonas de venta de drogas, sin em-
bargo, el resultado se limitó a deslocalizar dicha actividad. En dos
de los barrios analizados, las personas decidieron construir muros
o cerrar calles para evitar la llegada de delincuentes de otras loca-
lidades o para impedir que los conictos armados de otras áreas se
trasladaran hasta las cercanías de sus hogares.
También se han llevado a cabo acciones comunitarias orien-
tadas a contrarrestar directamente el narcomenudeo: en un asen-
tamiento informal, la asociación de vecinas y vecinos impuso re-
glas estrictas que prohíben la venta ilegal de alcohol y drogas en
la comunidad. Aunque no ha sido fácil para la organización hacer
respetar las reglas, la Municipalidad de San José está llevando a
cabo un proceso de erradicación del asentamiento informal y de
construcción de vivienda pública para sus residentes. Esto ha per-
mitido que los vecinos y las vecinas se adecuen a las reglas por-
que temen que podrían quedar fuera del proyecto habitacional.
En otro barrio, hace unos años se conformó un grupo de personas
que llevaba a cabo “patrullajes comunitarios” para disuadir la ac-
ción delictiva. Sin embargo, esta iniciativa duró poco y no llegó a
resultados concretos por la escaza participación de las personas.
Un tercer grupo, llamado Coalición Comunitaria de Pavas, realiza
eventos culturales, recreativos y deportivos con el objetivo de brin-
dar posibilidades a las personas jóvenes para que se mantengan le-
jos del consumo de drogas y, de esta manera, reducir las ganancias
y el poder de los grupos que se dedican al narcomenudeo.
Estas acciones puntuales, aunque tienen que ser valoradas y
apoyadas, lamentablemente parecen tener un impacto muy limi-
tado y no consiguen incidir signicativamente en la reducción de
la venta de drogas.
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Conclusiones
La investigación demuestra que la presencia de bandas que se
dedican a la venta de drogas genera benecios sólo para una parte
muy reducida de la población, es decir, a aquellas personas que por
motivos de parentesco y de amistad son cercanas a sus miembros,
o a aquellas que les brindan algún tipo de servicio. Y es principal-
mente por esta razón que dichos grupos no gozan de elevados ni-
veles de legitimidad entre residentes de Rincón Grande de Pavas.
Sin embargo, es posible armar que el nivel de aceptación a las
reglas impuestas por las bandas es muy alto, mientras que el nivel
de apoyo es muy bajo. Esto signica que casi la totalidad de las
personas aceptan pasivamente las imposiciones para no volverse
víctimas de la violencia de los grupos de narcomenudeo, mientras
que, en cambio, son pocas aquellas que brindan un apoyo activo a
estos grupos. En efecto, las personas entrevistadas coincidieron al
indicar que son muy pocas las vecinas y los vecinos que apoyan a
las bandas de narcomenudeo en sus respectivas comunidades; por
ejemplo, escondiéndolos de la policía o guardando armas y drogas.
Es necesario evidenciar también que no todas las personas se
demuestran pasivas ante los hechos analizados. Además de las
denuncias a las autoridades, algunas comunidades han intentado
buscar soluciones concretas, pero de corto alcance. Por ejemplo,
a través de la construcción muros y bloqueos de calles para de-
limitar la acción delictiva de las bandas. En otros casos, se han
generado grupos que tienen el objetivo de mantener bajo control
el narcomenudeo y la violencia a éste asociada.
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