Revista de Ciencias Jurídicas N°160 (1-34) ENERO-ABRIL 2023
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Ello no impidió que posteriormente la Corte IDH acreditará la responsabilidad del
Estado en la sentencia del caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, en virtud de que
los hechos denunciados se llevaron en fecha anterior a cuando entró en vigor la denuncia en
cuestión. El conflicto se presentó porque en la Constitución y en el ordenamiento jurídico
interno se permite la pena de muerte para ciertos delitos, lo cual va en contra del criterio
interpretativo desarrollado por la jurisdicción interamericana de limitar definitivamente su
aplicación, de modo que éste se vaya reduciendo hasta su supresión final
51
. En particular,
en la sentencia del caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, la Corte IDH
concluyó
“(…)
que

en

tanto

el

efecto

de la llamada Ley

de Delitos contra la Persona consiste

en
someter a quien sea acusado de homicidio intencional a un proceso judicial en el que no se
consideran
las

circunstancias

particulares

del

acusado

ni

las

específicas

del

delito,

la
mencionada Ley viola la prohibición de privación arbitraria de la vida, en contravención
del artículo 4.1 y 4.2 de la Convención Americana
52
. Lo anterior, evidencia la existencia
de
una

guerra

entre

ordenamientos

jurídicos

que

solo

se

superaría

con

la

reforma

de

la
Constitución
y

de

la

normativa

interna

que

es

incompatible

con

el

parámetro

de
convencionalidad,
de

conformidad

con

ese

deber

de

los

Estado

de

adaptar

su

derecho
interno reconocido en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
6. Conclusiones
El
diálogo

judicial

vertical

que

se

desarrolla

entre

las

Cortes,

Salas

y

Tribunales
Constitucionales y la Corte IDH plantea temas de gran actualidad e interés en el ámbito del
constitucionalismo
interamericano.
En
primer
lugar,
por
la
viva
interacción
que
actualmente existe entre algunas jurisdicciones constitucionales de la región y la Corte de
San José que se acredita por la citación recíproca en algunas temáticas de sus sentencias. En
segundo
lugar,

por

la

existencia

de

una

serie

de

instrumentos

normativos

que

ha
desarrollado
el

juez

interamericano

que

han

potenciado

el

diálogo

judicial

con

el

juez
nacional como la formalización del control difuso de convencionalidad y la técnica de la
51

Corte

IDH.

Restricciones

a

la

pena

de

muerte

(arts.

4.2

y

4.4

Convención

Americana

sobre

Derechos
Humanos). Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de septiembre de 1983. Serie A No. 3, párr. 57.
52
Corte IDH. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párr. 108.