GONZALO GÓMEZ RODRÍGUEZ: Resolución alterna de conflictos en modalidades de economía
colaborativa de transporte de personas: Apuntes para el debate legislativo desde la perspectiva de tutela al
consumidor
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sean declaradas
como un servicio público, lo que implica un fuero de atracción hacia un
régimen de sujeción especial, tal y como se ejerce sobre los taxistas.
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El CTP, órgano de
desconcentración máxima adscrito al MOPT ha solicitado a la Procuraduría General de la
República (PGR )que presente una demanda contra dichas empresas por brindar servicios de
transporte remunerado de personas sin estar autorizados, pidiendo además a la ARESEP que
le
aplicaciones
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. La fundamentación del Consejo se basa en la preocupación sobre el riesgo de
los
técnicas
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al año (como sí lo hacen los taxistas) y que no cuenta con pólizas que cubre al
usuario.
La ARESEP como regulador multisectorial de servicios públicos, ha indicado a la
Asamblea Legislativa
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, que se debe valorar que dichas plataformas fijen tarifas dentro de
una banda para proteger a los usuarios, así como la conveniencia de definir un valor tope por
los picos de demanda para evitar que los usuarios paguen precios más elevados. También, la
Autoridad Reguladora ha aprobado tarifas máximas
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a los taxistas, a fin de promover que
negocien
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conductores de las plataformas por lo que ha considerado una prestación ilegal de un servicio
público.
Por su parte, las asociaciones de consumidores, han presentado distintas posiciones
teniendo como eje el consumidor, pero con diversas perspectivas, que van desde la libertad
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Semanario
Universidad,
“Jerarca
del
MOPT:
Uber
y
taxis
ofrecen
el
mismo
servicio”.
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El Observador, “CTP pide a la Procuraduría demandar a Uber, Didi e inDriver”.
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Anteriormente RITEVE era la empresa concesionada por el Estado que realizaba dichas revisiones técnicas.
A partir de octubre de 2022 dicha labor la realiza la empresa DEKRA.
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Monumental, “Taxistas con luz verde para negociar tarifas con clientes y obviar precio de “maría”: ARESEP
fijará
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