GONZALO GÓMEZ RODRÍGUEZ: Resolución alterna de conflictos en modalidades de economía
colaborativa de transporte de personas: Apuntes para el debate legislativo desde la perspectiva de tutela al
consumidor
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2. Las plataformas colaborativas de transporte de personas en Costa Rica:
una nueva alternativa para los usuarios, una competencia para los taxistas
formales e informales y una situación a resolver por el Estado en distintos
ámbitos
El debate nacional sobre las plataformas de transporte colaborativo UBER
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y DIDI
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es un tema “en construcción” en Costa Rica, que inicia por la pregunta esencial de si el Estado
debe o no intervenir, en qué medida y profundidad dicho mercado.
Esta “discusión país” no gira necesariamente en torno a los mecanismos para tutelar
los
derechos

del

consumidor,

sino

que

a

nivel

de

opinión

pública,

control

mediático

y
político, la ate nción
se

ha

enfocado

hacia

otras

aristas,

igualmente

sensibles,

como

por
ejemplo: combate al desempleo o empleo informal por medio de la generación de ingresos
para
los

“socios

conductores”

y

sus

familias;

competencia

desleal

y

reglas

de

juego
asimétricas en relación con el gremio de los taxistas regulado por la Autoridad Reguladora
de
los

Servicios

Públicos


(ARESEP)

y

por

el

Consejo

de

Transporte

Público

(CTP);
existencia o no de relación laboral entre las plataformas y las personas conductoras y por
ende de la tutela del derecho del trabajo; contribución o no a los sistemas de la seguridad
social derivados de una eventual relación laboral; generación y recaudación de impuestos a
favor del Fisco, entre otras variables.
La controversia ha estado protagonizada por dos grupos abiertamente polarizados:
taxistas
(formales

e

informales)

y

plataformas

de

transporte

colaborativo,

con

visiones
distintas sobre la regulación y sus formas, pero ambas con un discurso en favor del usuario
(como servicio público) o del consumidor (como servicio comercial privado).
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En operación en Costa Rica desde agosto de 2015.
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En operación en nuestro país a partir de noviembre de 2019.