Revista de Ciencias Jurídicas N° 162 (1-31) SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2023
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de los diversos puestos de elección popular; como fuente o parámetro de interpretación que
permea todo el ordenamiento
justiciable ante instancias
administrativas y jurisdiccionales (ver resolución N° 9197-2006). Desde
el cese de pagos de la deuda
internacional costarricense,
motivado
que presionaba al gobierno
marcha un
Programa de Ajuste Estructural dirigido a recortar la inversión social y priorizar el pago de la deuda externa. En coherencia con dicha postura, el Principio 25 de los Principios Rectores sobre la
deuda
de
Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución N°
instituciones
financieras
presiones,
influencias o injerencias en el proceso de desarrollo nacional del país deudor, situación que podría derivar en la ilegitimidad de una deuda pretendida como pública. Finalmente
y en consecuencia con el respeto
que debe
observar toda deuda pública, los Principios 28, 29 y 32 de los Principios Rectores sobre la deuda
establecen que en atención a
y otros actores del caso,
la
supervisión de los órganos representativos competentes y las organizaciones de la sociedad civil.
De su parte, la Sala Constitucional también ha señalado
la íntima relación entre el
principio democrático y los principios de rendición de cuentas, transparencia, publicidad y participación ciudadana, mismos que por esta jurisprudencia resultan plenamente aplicables al caso de la deuda pública: por cuanto la democracia es el ejercicio del poder en público, en ese tanto el Estado debe rendir cuenta de sus actos ante el pueblo (Constitución Política
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