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Sociedad y Políticas Públicas
tránsito o desplazamiento de personas, en el sector
privado continuaran laborando las empresas,
negocios, establecimientos mercantiles y todos
aquéllos que resulten necesarios para hacer frente
a la contingencia de manera enunciativa: hospitales,
clínicas, farmacias, laboratorios, servicios médicos,
información, servicios hoteleros, restaurantes,
gasolineras, mercados, supermercados, misceláneas,
servicios de transportes y distribución de gas,
siempre y cuando no correspondan a espacios
cerrados con aglomeraciones. Y los acuerdos,
para garantizar la salud pública y una vida digna,
buscando la seguridad jurídica de la sociedad
venezolana (Transparencia Venezuela, 2020a).
Esto conlleva a una interpelación sobre cuán
ajustado y razonable es nuestro sistema procesal,
cuán adecuado es el funcionamiento del sistema de
justicia y los procesos orientados a la protección
de derechos fundamentales amenazados por este
evento de la naturaleza como lo es este nuevo
Coronavirus, donde se requirió de formas de
avance contagio, enfermedad y por ultimo la muerte
de las personas.
Si a esto se le agrega un hecho, dentro de esta crisis
como lo es la coartación o vulneración del derecho
al acceso a la administración de justicia por la
incautación o el sometimiento del poder judicial
por parte del poder ejecutivo, ya que este último
no concibe con la separación de poderes que rige en
toda democracia liberal y representativa, entonces
su intromisión junto la interrupción o paralización
del sistema jurídico preceptuado por el Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ), tras decretarse el Estado
de Alarma por el gobierno nacional producto de la
pandemia.
Las políticas públicas, para las pandemias como
es el caso del SARS-COVID-19 en Venezuela, deben
darse, sin duda alguna, escuchando u observando
la salud, pero sin perder de vista que todo acto de la
autoridad de la administración pública debe estar
amparado, ajustado y apegado a los principios de
legalidad, constitucionalidad y convencionalidad,
por lo que no se puede, o no se debe dejar de observar
lo que indica el ordenamiento jurídico en su sistema
legal, en su parte dogmática, para hacer frente a esos
escenario pandémico .
Es acá donde surge la importancia de las políticas
públicas respecto a esta pandemia del SARS-
COVID-19 que radica en que, estas deben ser
pertinentes, convenientes, legales, constitucionales
garantizarle y asegurarle a la sociedad, en general,
mental, el de la libertad, el de la legalidad y el respeto
a sus derechos humanos, pues de lo contrario, se
puede ocasionar una atmósfera generalizada de
y sus gobiernos en general, lo que puede gestar
o propagar una crisis psicosocial, además, de la
Ramos, 2020).
Es por lo anterior, que la falta de dominio del
conocimiento sobre salud pública respecto a
pandemias como el SARS-COVID-19 y su asociación
o relación con la ciencia jurídica, puede ser lo que ha
estimulado a que se adopten y se apliquen decisiones
de Estado no apropiadas e inconstitucionales,
transgrediendo e infringiendo, con ello, derechos
fundamentales de las personas en Venezuela, lo que
Poder Ejecutivo para hacer frente al Coronavirus
SARS-CoV-2, y las débiles y caóticas reacciones
institucionales, dieron margen al surgimiento de
nuevas prácticas ilegales y al incremento de las
dinero para realizar pruebas rápidas de despistaje
de COVID-19 o la entrega de salvoconductos que
permitan el tránsito dentro del territorio venezolano.
Esta misma situación del cobro ilegal de dinero,
del retraso en los tramites también sucedió en los