El Programa de Pensión Alimentaria (no contributivo) para adultos
mayores en México, Distrito Federal ante el envejecimiento demográfico
The
(non-contributory) Pension Program for older adults in Mexico, Federal
District in front of the aging population
Sandra Díaz1, Eliud Silva2
Resumen
Se realizan diversas
estimaciones que evidencian los alcances y
limitaciones del programa de pensión alimentaria para adultos mayores
en México, Distrito Federal (DF), ante su inminente envejecimiento
poblacional. Según los últimos datos censales, se tiene y se presentará
un proceso más acelerado de lo previsto del fenómeno, lo cual traería
como consecuencia directa, serias implicaciones económicas para
mantener en operación al programa. Se emplean proyecciones
demográficas, se plantean supuestos y se cuantifican a valor futuro los
recursos económicos requeridos. Se concluye que resulta altamente
comprometida su viabilidad, sin un estrategia profunda capaz de
financiarle.
Palabras clave: envejecimiento
demográfico, proyecciones demográficas,
pensiones, pensiones no contributivas.
Abstract
Someestimatestopresentscopes
and limitations of theelderlypension in
the Federal District, Mexico, amiditsdemographicageing, are made.
Accordingtothelatestcensus, theprocess of ageingis and will be
fasterthanexpected, and in suchscenario, therewill be
substantialeconomicimplicationsforthe performance of theprogram.
Officialpopulationprojections are used, someassumptions are assumed and
futurevalues of theprogram in differentcircumstances are quantified.
Weconcludethattheviability of theprogramishighlycompromisedwithout a
deepstrategyabletofinanceit.
Keywords: ageing,
demographicprojections, pension,
non-contributorypension plan.
Fecha de
recibido: 4 noviembre del 2013 Fecha de aceptado: 17 marzo del
2014
Fecha de corregido: 7 abril del 2014
1.
Introducción
En la actualidad, según
cifras oficiales, cerca del 50% de la población
económicamente activa en México, no cuenta con una pensión de
jubilación para cuando llegue a la edad de retiro. Ante ello, poco a
poco se han venido diseñando diversos programas de desarrollo social
que otorgan pensiones universales en los distintos estados del país,
donde se busca apoyar a dicho sector de la población, más allá de haber
o no cotizado en algún sistema de pensión público o privado. Por citar
algunos ejemplos, se tienen los casos del Estado de México, Guerrero y
el Distrito Federal (DF).
De hecho, en el DF su
gobierno, a través del Instituto para la Atención
del Adulto Mayor (IAAM-DF), en 2001 inició la operación del programa de
apoyo alimentario, atención médica y medicamentos gratuitos para
adultos mayores de 70 años residentes en su demarcación, que comenzó en
marzo de 2001 con 150 mil beneficiarios. En noviembre de 2003, se
aprobó como Ley dicho programa, que estableció el derecho a la pensión
alimentaria para adultos mayores de 70 años residentes en el DF y, en
septiembre de 2009, el derecho se amplió a personas de 68 y 69 años.
Para finales de 2010, el padrón de derechohabientes ascendió a 464 mil
998 adultos mayores residentes en las 16 delegaciones del DF (órgano de
Difusión del Gobierno del Distrito Federal, 2011).
Este programa, que puede
ser clasificado como de pensión no
contributiva, pretende dotar de un ingreso a quienes no cuentan con
otro y, adicionalmente, para quienes han visto deteriorados sus
ingresos en sus pensiones por pérdida de poder adquisitivo. En el
presente, el programa está dirigido a todos los adultos mayores de 68
años que radiquen permanentemente en el DF, o que tengan como mínimo 3
años de residencia al momento de solicitar la inscripción al programa.
Para 2012, el total del padrón de beneficiados fue de 480 mil personas,
de las cuales 62% fueron mujeres y el 38% hombres (órgano de Difusión
del Gobierno del Distrito Federal, 30 de enero de 2013).
Mientras tanto, en el
2011, el presupuesto anual del programa ascendió
a $5,165,491,086.00, donde el monto mensual de la pensión era de $897.3
pesos (órgano de Difusión del Gobierno del Distrito Federal, 2011). En
el 2012, el presupuesto anual fue de $5,101,042,155.00, con un monto
mensual de $934.95 pesos por derechohabiente. En el 2013, el
presupuesto destinado fue de $5,459,895,448.00 y el monto de la pensión
de $971.4. Este monto corresponde a una pensión diaria no menor a la
mitad del salario mínimo vigente en el DF.
La pensión es de carácter
público, y se asume que no es patrocinada ni
promovida por ningún partido político y que sus recursos provienen de
los impuestos que pagan los contribuyentes. Actualmente, las
delegaciones, es decir, unidades geográficas dentro del DF, con mayor
número de derechohabientes son: Gustavo A. Madero, Iztapalapa y
Coyoacán. En 2011, para el 29% de las mujeres derechohabientes y el 15%
de los hombres, este fue el único ingreso económico. Y, para muchas
mujeres derechohabientes, fue el primer ingreso propio (órgano de
Difusión del Gobierno del Distrito Federal, 2012).
Por otra parte, México, y
en particular el DF, están inmersos en un
proceso de envejecimiento demográfico acelerado, es decir, en un
proceso en el que la proporción de adultos y ancianos aumenta en una
población, mientras disminuye la proporción de niños y adolescentes
(Haupt y Kane, 2013). Su efecto, en términos descriptivos, significa
que la pirámide poblacional paulatinamente pierde anchura en su base,
mientras la gana en la cima. Este proceso se debe, en particular, a un
notable descenso de la mortalidad y natalidad, así como a la
insuficiente inmigración de jóvenes de otros sitios para compensarlo.
Para mayor detalle acerca del envejecimiento demográfico en México
véase, entre otros, Romo (2008), Zúñiga y García (2008) y de manera
oficial lo que se reporta en el Consejo Nacional de Población (CONAPO),
según las proyecciones de población (2013).
Ante el envejecimiento
demográfico y a la implicación que ello tiene en
cuanto al programa, se tienen como objetivos, en el presente documento:
describir, de manera general, el proceso de envejecimiento demográfico
por el que atraviesa el DF; dimensionar cómo dicho proceso impacta en
la necesidad de que se aumente sustancialmente el presupuesto del
programa y estimar cuánto se necesita ahora y en un futuro para cubrir
los montos requeridos por las cohortes de beneficiarios, considerando
que el monto de las pensiones se irá incrementando cada año en una
cierta proporción.
Para ello, se tiene como
hipótesis central que el ritmo de crecimiento
de la población adulta mayor beneficiada por el programa ha sido
desproporcionado con respecto al ritmo de crecimiento de los recursos
económicos que se le han venido dotando. Así como que, si se toma en
cuenta el crecimiento de la población adulta mayor, para la cual está
destinado el programa, la cantidad de recursos económicos que se
necesitarán para mantener en operatividad al mismo, cada vez serán
notablemente mayores. Además, debe recordarse que el proceso de
envejecimiento es un fenómeno significativamente diferenciado entre la
población residente dentro de las 16 delegaciones del DF.
Por lo anterior, el
trabajo está organizado como sigue. En la siguiente
sección se citan algunos antecedentes que dan cuenta de la situación
demográfica en torno al envejecimiento demográfico por el cual
atraviesa el DF; posteriormente, se desarrolla el Marco teórico dentro
del que se circunscribe este trabajo; más adelante, se describe la
metodología empleada para la obtención de las distintas estimaciones y
se enmarcan algunos supuestos; en la parte final del documento, se
exponen los resultados principales y, finalmente, se elaboran algunas
conclusiones y sugerencias en función de los resultados obtenidos.
2.
Antecedentes
La edad media de la
población de México pasó de 26.6 años en el 2000 a
30.2 años en el 2010, y se espera que aumente a 37 años en el 2030 y
42.7 años en el 2050 (CONAPO, 2012). En el caso del DF, la edad media
pasó de 30.9 años en el 2005 a 32.9 en el 2010, y se proyecta que
ascenderá a 40.1 años en el 2030. Por su parte, la esperanza de vida en
México ha experimentado una ganancia sustantiva en años, pasando de
menos de 50 años en 1950 a casi 74 en 2005 y se prevé que seguirá en
aumento por encima de los 80 años para el 2050. La esperanza de vida en
el DF también va en incremento, pues en el 2005 era de 75.4 años y se
incrementó a 76.3 en el 2010; de acuerdo a las proyecciones del CONAPO,
se espera que Esta aumente a 79.2 años en el 2030.
En México, la natalidad
disminuyó entre los años 1950 y 2000 de 37.6 a
22.7 nacimientos por cada mil habitantes, y se espera que para el 2050
disminuya a 13.7. Mientras que la mortalidad pasó de 19.6 defunciones
por cada mil habitantes a 9.2 en el mismo periodo, y se prevé que
alcance sus menores niveles alrededor del año 2015 (9 defunciones por
cada mil habitantes) y a partir de ese momento aumente hasta alcanzar
10.4 en 2050 (Romo, 2008). En el DF, en particular, la natalidad pasó
de 14.8 nacimientos por cada mil habitantes en el 2005 a 14.6 en el
2010, y se avizora que disminuya a 11.5 para el 2030. La mortalidad,
por otro lado, transitó de 5.3 defunciones por cada mil habitantes en
el 2005 a 5.7 en el 2010 y se proyecta que aumente a 8.5 en el 2030.
Haciendo un contraste de las cifras anteriores con la de otras
entidades, así como el país en su conjunto, resulta que el proceso de
envejecimiento en el DF es el más acelerado.
En una sociedad en proceso
de envejecimiento, se pronostica que la
cantidad de personas jóvenes por generación sea menor que la de adultos
en edad de pensionarse o jubilarse, lo cual se traduce en dificultades
financieras en los sistemas de pensiones: la base que cotiza para los
sistemas se reduce, mientras que la cantidad de personas jubiladas se
incrementa como consecuencia del incremento en la expectativa de vida.
Justo este problema se observa en la Figura 1: la evolución de
las
pirámides de población.
Este problema también se
refleja en la proporción de adultos mayores.
En efecto, en México en el 2000 fue de 7% (6.9 millones) y se estima
que aumente a 12.5% en el 2020 y 28% en el 2050. Se calcula que en el
2030 serán 22.2 y 36.2 millones en 2050, de los cuales más de la mitad
tendrán más de 70 años. En el DF, la proporción de adultos mayores pasó
de 5.1% en el 2005 a 5.9% en el 2010 y se espera esta proporción
ascienda a 8.5% en el 2020 y 12.9% en el 2030 (Ver Figura 2).
Se podría advertir que
durante el siglo XXI la población en edades
avanzadas marcará los rumbos sociales y económicos del país. En algún
momento, poco después de 2030, la población de 65 años y más comenzará
a ser más numerosa que la de 0 a 14, de tal manera que para 2050 habrá
167 personas de 65 años y más por cada 100 de 0 a 14 (Ham, 1999).
Aunado a este proceso de envejecimiento demográfico, se tiene
constancia de que el acceso a la seguridad social continúa siendo
limitado en general y en particular para este grupo etario.
Con base en la muestra del
Censo de Población y Vivienda 2010, 26.6% de
la población de 65 años y más no tenía derecho a servicios médicos y,
por tanto, a la constitución de la reserva para algún tipo de pensión.
Respecto al grupo de menores de 65 años, el 63% de la población carece
de acceso a la seguridad social. Este hecho se vuelve preocupante al
observar al 20% más carente de ingresos, en el cual 92.9% de los jefes
de hogar no forman parte del sistema de seguridad social ligado al
empleo, conformado por instituciones como el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos o el
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
(ISSFAM).
3.
Marco Teórico
El principal objetivo de
todos los sistemas de pensiones es
proporcionar seguridad social. Según la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), la seguridad social
se define como “la protección que la
sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas
públicas contra las privaciones económicas y sociales que ocasionaría
la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos, a causa de
enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, enfermedad laboral,
desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma
de asistencia médica y de ayuda a las familias” (Fonseca, 2012, párr.
3).
Por un lado, desde el
punto de vista de financiamiento, existen dos
tipos de sistemas de pensiones de los adultos mayores: el sistema
público y el sistema privado. El sistema público se basa en los
principios de solidaridad, universalidad y obligatoriedad. Se asume que
su ventaja principal es que cubre a los grupos sociales más
desfavorecidos y que dan un tratamiento básico e igual para todos. Su
principal desventaja es que está expuesto continuamente a los vaivenes
poblacionales; las aportaciones que se realizan no toman en cuenta el
riesgo individualizado del asegurado y el empleo de los recursos podría
ser de forma no eficiente; existen déficits presupuestarios que son
financiados por cotizaciones adicionales o vía impuestos.
Por otro lado, el sistema
privado basa su cálculo en el riesgo asumido
y en su protección, atiende a las necesidades individuales. Sus
principales ventajas son que las primas que se abonan son acordes al
riesgo de salud correspondiente, por lo que los movimientos
poblacionales no causan un perjuicio económico y hay una gestión
adecuada de los recursos. Sus desventajas son que solo los tomadores
con recursos económicos suficientes son los que pueden suscribir estas
pólizas, quedando desprotegidas las familias menos pudientes (De la
Peña, 2003).
Dentro de estos sistemas
existen dos tipos de esquemas de pensiones:
los de Beneficio Definido (BD) y los de Contribución Definida (CD). En
los primeros, los beneficios al final de la vida laboral están
establecidos con claridad. En los segundos, lo único que se tiene por
cierto es la cantidad de aportaciones individuales del patrón y del
trabajador a su cuenta individual para el retiro, pero el monto de la
pensión dependerá del total ahorrado, la expectativa de vida de los
individuos, el rendimiento obtenido y las comisiones cobradas por las
administradoras (Aguirre, 2012). El monto de las pensiones depende de
varios factores: 1) el número de años de contribución, 2) el
rendimiento real promedio anual de la cuenta individual, 3) las
comisiones a ser cobradas por el manejo del fondo y 4) el número de
años durante los cuales se pagará la pensión (Murillo y Venegas, 2011).
Ahora bien, desde el punto
de vista de la seguridad social, se podría
sugerir que existen tres tipos de mexicanos: a) Aquellos que no cuentan
con un sistema de pensiones y representan aproximadamente el 50% de la
población económicamente activa (PEA); b) afiliados al IMSS, que
constituyen el 35% de la PEA, quienes, a su vez, se dividen en: quienes
están amparados por el esquema de beneficio definido de 1973 y quienes
se rigen por la ley de 1995, que considera el sistema de cuentas
individuales; c) afiliados a los sistemas de pensiones para servidores
públicos.
Se considera que los tres tipos de mexicanos deberían
tener un
tratamiento diferente a la hora de diseñar las políticas relativas a
los sistemas de pensiones. Para quienes carecen de pensión, sería
apropiado procurar una pensión universal. Para los afiliados al IMSS,
en las condiciones establecidas por la ley de 1995, se deberían mejorar
las tasas de reemplazo en los ingresos y, por último, para los
afiliados a sistemas de pensiones para servidores públicos se deberían
negociar reformas tendientes a elevar la edad de jubilación y los
requisitos de antigüedad para obtenerla. Existen ciertos grupos de
mexicanos que requieren de mayores beneficios, mientras que otros gozan
de privilegios extraordinarios que es necesario disminuir (Aguirre,
2012).
De igual manera, existen
diversos problemas respecto a las pensiones
que se otorgan en las instituciones que componen al sistema de
seguridad social en México. Uno de ellos es que la distribución de los
beneficios es desproporcional. La mayoría de los trabajadores se
retiran con una pensión muy baja (un salario mínimo), la cual es
insuficiente para cubrir sus necesidades futuras; mientras que solo una
poca proporción de los trabajadores se retiran con una pensión
“privilegiada”, con montos muy altos.
Otro problema serio, en
particular, es que en muchos de los casos se
presentan retiros anticipados. Esto afecta no solo a la viabilidad de
las instituciones de seguridad social, sino también a las finanzas
públicas, además de poner en riesgo el pago de pensiones y prestaciones
que se ofrecen. Los sistemas públicos que otorgan pensiones por
antigüedad resultan incosteables a largo plazo (Aguirre, 2012). En
muchas instituciones se obtiene una pensión equivalente al último
salario bruto percibido y superior al salario neto, lo que significa
que el pensionado recibirá una pensión mayor que su sueldo como
trabajador activo. Asimismo, estos sistemas otorgan pensiones que se
encuentran indexadas a algún indicador de la economía.
Ya se mencionaron las
características y situación de las pensiones
contributivas en México. Sin embargo, desde otra perspectiva, también
se cuenta con otro tipo de pensiones: las no contributivas. Las
pensiones no contributivas, como su nombre lo indica, son aquellas
donde los beneficiarios directos o indirectos no hacen aportación
alguna para la constitución de reservas que lo sustenten. Generalmente,
son financiadas bajo normatividad dictada en decretos locales o
federales para paliar carencias de algunos sectores de la población a
través de los diversos programas de desarrollo social creados por el
gobierno, como el que se describe en el presente escrito. En México son
diversas instituciones las que otorgan pensiones contributivas, a saber
el IMSS, el ISSSTE y PEMEX, entre otras.
Con base en los datos
derivados del Censo de Población y Vivienda 2010,
poco más del 73.5% de los adultos de 65 años y más, no contaban con
alguna pensión o jubilación del tipo contributiva. Es digno de
mencionar que esta situación cambia y es contrastante con relación a la
situación de residencia del tipo rural/urbana del adulto mayor. En el
caso rural, de este grupo de edad, el 91.5% no cuenta con algún tipo de
pensión o jubilación, en tanto que en el caso urbano 67.3%. Al margen
de la situación de residencia, la condición adicional de ser hablante
de lengua indígena precariza aún más las proporciones, pues se tiene
que 92.6% no cuenta con algún ingreso por pensión o jubilación.
De acuerdo con la Encuesta
Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares
(Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática [INEGI],
2014), se tiene una fuerte correlación entre el decil de nivel de
ingreso y la cobertura en cuanto al goce de alguna pensión del grupo de
65 años y más. Se transita desde el primer decil con apenas un 0.8% a
un 22.2% del último decil de ingreso. Ante tales circunstancias, no es
difícil advertir que los rasgos principales que se identifican con la
población carente de pensiones son la vulnerabilidad por bajos ingresos
y lo que esto conlleva en términos de alimentación, salud, etcétera.
Debido a todos los
problemas existentes dentro de los programas de
seguridad social, principalmente la cobertura, es que se crean los
programas de pensiones no contributivas para los adultos mayores que,
dada su condición de marginación o pobreza, no alcanzan a cotizar en
los sistemas de seguridad social para recibir una pensión suficiente.
Algunos de estos programas realizan estudios socioeconómicos para
enfocarse en ayudar a los adultos mayores más necesitados; sin embargo,
muchos de ellos son universales, como en el caso del programa tratado
en este trabajo. No obstante, todos los posibles efectos positivos que
los programas de pensiones no contributivas puedan tener en la
población adulta mayor, es de suma importancia analizar todo el costo
que representan en términos del presupuesto del gobierno.
4.
Metodología
Se describe, a partir de
estadísticas oficiales, es decir, el Censo de
Población y Vivienda 2010, Proyecciones demográficas y registros
administrativos del programa mismo, cómo es que se ha venido dando el
envejecimiento por el que atraviesa el DF y su impacto en el
presupuesto destinado al programa de Pensión Alimentaria para Adultos
Mayores de 68 años del DF. Asimismo, se matiza el fenómeno demográfico
a nivel delegación. Para ello, se toma en cuenta la población adulta
mayor del DF y sus delegaciones de acuerdo con los datos del Instituto
Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). Se verifica
que todas las delegaciones del DF presentan un envejecimiento creciente
conforme pasan los años, y se evidencia que este fenómeno está
claramente diferenciado.
En igual medida, se
realiza una descripción de la evolución del padrón
de beneficiarios de dicho programa en los últimos meses en todas las
delegaciones (IAAM-DF, 2013). Mediante pirámides demográficas se
compara la población de 68 y más años de 2013 con el número de
beneficiados, para verificar si se está beneficiando a toda la
población potencialmente beneficiaria y tener así una dimensión de la
cobertura del programa. Para este fin se tomaron en cuenta
exclusivamente dos delegaciones, con grado de marginación
sociodemográfico extremadamente distinto (véase CONAPO, 2010): Milpa
Alta (bajo) y Benito Juárez (muy bajo).
Posteriormente, se obtuvo
de la misma fuente, IAAM-DF, el monto del
beneficio mensual que se ha otorgado a cada derechohabiente en los
últimos años. Se proyectó este monto hasta el año 2030, para su
posterior uso en indicadores relativos. De acuerdo con el padrón de
beneficiados de enero de 2013, y de acuerdo con las probabilidades de
fallecimiento por edad y sexo del DF, realizadas por CONAPO, se fueron
proyectando año con año estos contingentes de beneficiarios hasta el
año 2030. Así, fue posible estimar, con su respectivo beneficio
proyectado, el pasivo que se tendrá cada año, para continuar otorgando
la pensión alimentaria a este grupo de personas existentes en enero de
2013. En la proyección de este trabajo no se consideran las posibles
entradas de nuevos beneficiados que cumplan con el requisito de edad
para ser derechohabientes. Matemáticamente se tiene la siguiente
expresión propuesta
(1)
donde, l68+k es
el número de adultos mayores vivos de edad 68+k, k = 0,
1, 2, …, ω; B1+i es el monto del beneficio en el año 1+i, i
= 0, 1, 2,
…, ω; p68+k+i es la probabilidad de que una persona de
edad
68+k+i sobreviva un año, con k = 0, 1, 2, …, ω e i= 0, 1, 2,
…, ω (edad máxima existente en el padrón de beneficiarios).
Para los años 2014 a 2030,
como no se cuenta con un padrón futuro de
los beneficiarios del programa para los próximos años, se realizó el
mismo cálculo, utilizando como insumo la población potencialmente
beneficiaria de 68 y más, para calcular de la misma forma, el pasivo
que se tendrá en los siguientes años. Adicionalmente, se realizó la
misma estimación, suponiendo que la edad para recibir el beneficio se
bajará de 68 a 65 años de edad. Para ilustrar gráficamente dicha
estimación, véase el siguiente Diagrama de Lexis. El eje horizontal
muestra los años desde el 2013 hasta 2030; mientras que el eje vertical
muestra la edad de los adultos mayores potencialmente beneficiarios del
programa. Las franjas inclinadas representan a las respectivas cohortes
de adultos mayores de 68 y más años que habrá en cada año y que habrán
de proyectarse (ver Figura 3).
Tomando en cuenta el
beneficio que habrá para cada año, por un lado, se
obtiene el pasivo total máximo, o bien, el presupuesto que el gobierno
del DF requerirá tener en los próximos años para mantener en operación
al programa, considerando que se beneficia a todos los adultos mayores
de estas edades. Por otro lado, considerando el presupuesto que se ha
destinado al programa de pensión en los últimos ocho años (2006 a 2013)
obtenido de la Gacetas Oficiales del Distrito Federal y del programa
Operativo Anual del Distrito Federal, se realiza una proyección de
este, para estimar aproximadamente cuánto será el presupuesto que
destinará el gobierno por los próximos años hasta el año 2030. Por
último, se comparan ambas proyecciones: la del presupuesto máximo
necesitado y la del presupuesto que se pronostica que el gobierno del
DF destine al programa en los próximos años, para con ello observar
cuánto es el excedente que falta en términos relativos.
Para realizar este
análisis se realizaron varios supuestos, que a
continuación se enuncian:
1. Para la comparación a
través de pirámides de población entre los
contingentes potencialmente beneficiarios y el padrón existente en
enero de 2013, se asume que la estructura demográfica por edad del
Censo de Población y Vivienda 2010 para los grupos de 68 y más años
prevalece para 2013, ya que no se dispone de alguna fuente oficial que
lo indique al nivel de desagregación que aquí se requiere (oficialmente
se tiene de 65 años y más, cuando para los fines de este trabajo se
necesita de 68 años y más. Así pues, se considera que dicha diferencia
sí induce un sesgo nada despreciable en las estimaciones).
2. Para el cálculo del
pasivo para sustentar a los beneficiados
existentes actuales en cada delegación del DF por los próximos años, se
toma en cuenta el padrón registrado en el mes de enero de 2013 y se
considera que estos se mantendrán constantes durante todo ese año.
3. Las tasas de
mortalidad, por 100,000 habitantes para el grupo de 64
y más años en las 16 delegaciones del DF, según el INEGI y la
Secretaria de Salud del DF3, no
muestran una tendencia sistemáticamente
a la baja o a la alza, en los años de 2000 al 2006. Esta información
resulta orientativa mas no útil para proyectar las respectivas
probabilidades de muerte hasta el 2030, por lo que se asume, para el
pronóstico de los beneficiados hasta el 2030, que la mortalidad en las
16 delegaciones es la misma e idéntica a la del DF, así como que las
probabilidades de fallecimiento por sexo y edad permanecen constantes
durante todo un año. Cabe mencionar que no se tomaron en cuenta dos
delegaciones: Iztapalapa y Gustavo A. Madero, pues la respectiva
información del padrón no se dispuso.
4. Para el cálculo del
pasivo de toda la población adulta mayor
potencialmente beneficiaria por los siguientes años, se tomó en cuenta
la proyección de la población que realiza CONAPO (2013).
5. Por simplicidad, aun
cuando se tengan mejores condiciones de vida
debido a los avances médicos, estas no afectarán significativamente la
dinámica del descenso gradual de la mortalidad en el DF.
6. La única posibilidad
para darse de baja del programa (decremento) es
por fallecimiento. No se tomará en cuenta el efecto de la migración o
movilidad interna.
7. El incremento de la
pensión alimentaria por los próximos años será
el mismo e igual al promedio de los últimos 5 incrementos históricos de
2009 a 2013 del IAAM-DF (2013). Este beneficio mensual aumenta cada año
y, con ello, se tiene de manera implícita que las condiciones
económicas y sociales del país permanecerán estables para los próximos
años.
8. Se proyecta hasta el
2030 que es el horizonte máximo con el que
cuentan las proyecciones de mortalidad realizadas por CONAPO para el DF
(CONAPO, 2013).
5.
Resultados
5.1
Población
En la Figura 4 se observa que la
dinámica de crecimiento que ha tenido
la población adulta mayor en los últimos años, de acuerdo con el Censo
de Población y Vivienda 2010, es creciente y continuará siéndolo en un
futuro, con base en las proyecciones de población realizadas por el
CONAPO. En algunas delegaciones el proceso de envejecimiento
poblacional es más acelerado, lo que sugiere que el presupuesto que se
destina a cada una de ellas debería ser diferente y acorde al
crecimiento poblacional que presenta cada una (Ver Figura 5).
5.2
Cobertura
Por su parte, el padrón de
beneficiarios del programa no ha tenido un
crecimiento constante, a diferencia de la población. En algunos
momentos en el tiempo se ha mantenido constante, lo que sugiere que la
cantidad de adultos mayores que han sido beneficiados por el programa
no ha crecido conforme lo ha hecho la población potencialmente
beneficiaria. En la segunda gráfica de la Figura 6, se observa esta
comparación. Es evidente que la tendencia de ambas líneas es diferente:
la población crece mucho más rápido que la cantidad de beneficiados a
través de los años. Por delegación ocurre algo similar. Incluso, en
algunas delegaciones el padrón de beneficiarios ha presentado bajas a
través del tiempo, situación inexplicable en función de la dinámica
demográfica. El comportamiento entre cada delegación es diferente,
véase la Figura 7.
Para ilustrar este hecho,
es decir, de cobertura y población, se
presentan en la Figura 8,
las pirámides del padrón de beneficiados
existentes en la delegación Milpa Alta en enero de 2013 y la de la
población potencialmente beneficiaria en ese año. Al comparar ambas
pirámides, el diferencial que se observa entre ellas refleja la
población adulta mayor que no se ha visto beneficiada con la pensión de
este programa; es decir, el alcance de esta pensión aún es limitado y
tiene gran oportunidad de mejorar. Esto se puede deber, entre otras
causas, a que a pesar de que la pensión del programa es universal, se
requiere que el adulto mayor acuda a tramitar el beneficio, y muchos de
ellos pueden no estar enterados de la existencia del mismo, sobre todo,
si se reside en delegaciones con más alto grado de marginación
sociodemográfico.
De forma similar, se
realizó lo anterior para la delegación Benito
Juárez, también en enero de 2013. Nuevamente, al comparar ambas
pirámides notamos que existen diferencias, sobre todo en algunas
edades. Esto puede deberse, entre otras razones, a que mucha gente
adulta mayor, al realizar el Censo de Población y Vivienda 2010, tiende
a declarar su edad con preferencia en números con terminación cero o
cinco. Si se hicieran correcciones por métodos demográficos del
problema de preferencia de dígitos, se podría estimar, a partir de su
diferencia, un aproximado de adultos mayores que quedan no considerados
dentro del programa (Ver Figura
9).
5.3
Estimación pasivos para beneficiarios actuales
Para el cálculo del
pasivo, o presupuesto requerido, se precisa conocer
el monto del beneficio que se otorgará a cada derechohabiente para los
próximos años. El beneficio actual que se otorga a cada derechohabiente
es de $971.4 pesos, y tomando en cuenta el monto que se ha otorgado los
últimos 5 años, la proyección del beneficio hacia el 2030 quedará
asumida en términos de un incremento constante para cada uno de los
siguientes años.
Por su lado, tomando en
cuenta el padrón de beneficiarios en enero de
2013, en la Figura 10
se observa el presupuesto o pasivo que esta
cohorte de derechohabientes, de acuerdo con las probabilidades de
fallecimiento proyectadas por CONAPO (2013), necesitará para seguir
siendo beneficiada por el programa en cada delegación. Esta proyección
va en descenso, ya que no toma en cuenta todas las entradas al programa
en los años siguientes, únicamente representa el contingente actual
proyectado al año 2030.
Resulta notoria la
diferencia que se tiene entre la delegación Coyoacán
y Milpa Alta, donde se requieren casi 10 veces más recursos en la
primera con relación a la segunda, en tanto que en términos de
población la proporción de adultos mayores es de casi 9 a 1. Esto
sugiere que la población de Coyoacán está en términos relativos más
inmersa en el programa que la de Milpa Alta. Con base en el índice de
Desarrollo Humano (IDH) elaborado por el PNUD (2010), Coyoacán tiene un
índice de 0.867 entre el de Reino Unido, República Checa y Grecia, en
tanto que Milpa Alta (IDH=0.742) entre Dominica e Irán. En conjunto, es
interesante notar cómo en la parte inferior se ubican los montos
correspondientes a las delegaciones con más bajo índice de desarrollo
humano y en la parte superior las de mayor índice.
5.4
Estimación de pasivos para beneficiarios potenciales
Como no se cuenta con
información acerca del número de beneficiarios
que van ingresando al programa en los próximos años, para esta parte
del trabajo, se calcula el presupuesto anual que el gobierno del DF
requeriría si se otorga la pensión a toda la población potencialmente
beneficiaria del programa. Como se aprecia en la Figura 11, de lado
izquierdo, el presupuesto es cada vez más grande conforme pasan los
años, teniendo un crecimiento casi exponencial. En esta misma gráfica
se observa el presupuesto máximo que se requeriría, si por algún
decreto de orden local o federal, nuevamente bajaran la edad del
programa a 65 años. Esta diferencia representa una gran cantidad de
recursos económicos, de modo que es importante considerar sus
respectivas implicaciones.
En la misma Figura, de
lado derecho, se representan estimaciones
equivalentes por delegación con las proyecciones oficiales más
recientes de CONAPO (2013). De las delegaciones, donde se aprecia un
fuerte incremento es en Iztapalapa (con IDH de 0.783 entre el de
Bielorrusia y Rumania) y en la Gustavo A. Madero (con IDH de 0.806
entre el de Lituania y Latvia). En el extremo opuesto está la
delegación Milpa Alta y Cuajimalpa de Morelos (IDH=0.825, entre Qatar y
Barbados). Con la tendencia de tales series, queda de manifiesto la
necesidad de matizar en cómo disponer y organizar los recursos de
acuerdo con la dinámica demográfica subyacente en cada delegación.
5.5
Presupuestos: requerido y destinado
Ahora bien, se tiene el
presupuesto que se ha destinado desde 2006
hasta 2013 y se le ha elaborado un pronóstico puntual, con el software
estadístico Statgraphics, discriminando entre varios modelos, con base
en criterios de precisión de pronósticos. Para este fin, se contempló
un horizonte de 17 años, que parte desde 2014 hasta el año 2030.
En el Cuadro 1, comparando
presupuestos, el que se necesita para cubrir
a toda la población adulta mayor de 68 años y el que realmente se
destina al programa, se observa que hay un gran porcentaje de recursos
que se requiere para beneficiar a toda la población adulta mayor. Este
porcentaje se incrementa notablemente con los años, pasando de 127%
hasta representar el 173% en el 2030 si la edad del otorgamiento de la
pensión se mantiene en 68 y más años.
Haciendo una estimación
similar, pero si este beneficio se extendiera a
la población de 65 y más años, el porcentaje pasaría de 150 en 2013 a
ˇ203%! en 2030. En cualquiera de los casos, resulta que está altamente
comprometida la viabilidad del programa, salvo que se instaure a la
brevedad alguna política agresiva a través de alguna intervención en el
sentido de solvencia.
Es importante recalcar que
una estimación equivalente se podría
elaborar en función de cada una de las delegaciones y, más aún, para
cada uno de los estados o provincias, si este programa se generaliza
para toda la población respectiva en el país. Por su parte es meritorio
citar que los totales de población se tomaron con base en los datos más
recientes publicados por el CONAPO. En lo tocante a la estimación
puntual del Beneficio, se podría elaborar con base con alguna
estimación por intervalo.
6.
Conclusiones
El proceso de
envejecimiento de la población en el DF se ha ido
acelerando en los últimos años y seguirá creciendo según los
pronósticos oficiales. Algunas delegaciones presentan un proceso más
acelerado que otras; sin embargo, todas estas unidades geográficas
están inmersas en dicho fenómeno. Esto tiene varias implicaciones en el
programa. En primer lugar, el aumento acelerado de los adultos mayores
en el DF y todas sus delegaciones, sugiere que el número de
derechohabientes del programa tendría que ir en aumento en la misma
proporción, por su principio de universalidad, lo cual no precisamente
se cumple. Este programa es relativamente nuevo y es posible que la
carencia de información y/o difusión haga que mucha población no esté
enterada de su existencia.
Se piensa que el
presupuesto que se destina al programa de Pensión
Alimentaria para adultos mayores de 68 años, se debería ir
incrementando de la mano con el crecimiento de la población adulta
mayor para la cual está destinada este beneficio, lo cual resulta cada
vez más comprometido. Más aún si se otorgan los recursos de manera tal
como el proceso de envejecimiento se suscite en las distintas
delegaciones. Por otra parte, desde el punto de vista social, este
programa representa una gran ayuda para los adultos mayores que no
cuentan con ningún tipo de ingreso económico.
En términos económicos, el
programa representa un costo creciente muy
alto para el gobierno y, por ende, para los ciudadanos que contribuyen
vía el pago de impuestos diversos, dado que esta pensión es no
contributiva. Cabe mencionar que existen muchos otros programas
parecidos a este y no únicamente en el DF, sino en varios estados de la
república, o bien, de orden federal. Por tanto, la implementación de
estos beneficios, al generalizarlos a nivel nacional, resulta mucho más
comprometedora.
Una buena propuesta para
seguir otorgando esta ayuda, pero minimizando
el presupuesto destinado, sería beneficiar a los adultos mayores que
realmente necesiten esta pensión y no tengan ningún otro tipo de ayuda
o ingreso económico, ya que muchos beneficiados cuentan además con
alguna otra pensión contributiva otorgada por alguna institución como
el IMSS o ISSSTE, o continúan trabajando. De la misma manera, existen
personas que no se benefician por este programa, ni cotizaron tampoco
para que se les otorgara una pensión de alguna de estas instituciones.
Es por esta razón que se tendría que realizar un análisis previo de las
personas que realmente necesitan el beneficio.
Finalmente, el
envejecimiento de la población del DF no es uniforme.
Hay delegaciones dentro del mismo que presentan un proceso de
envejecimiento más avanzado. Esto se debería considerar al momento de
destinar los recursos para el programa en cuestión. Cabe enfatizar que
este estudio no se dirige a dimensionar si el monto del beneficio es
suficiente o no para cubrir las necesidades de los beneficiados, sino
solo se realiza a nivel macro. Se considera que tanto los objetivos de
investigación se alcanzaron y las hipótesis originalmente planteadas se
cumplieron.
7.
Agradecimientos
Los autores agradecen a
los dictaminadores anónimos del presente
documento, sus valiosas observaciones para el mejoramiento de la
calidad del mismo.
8.
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Véase el link
http://www.salud.df.gob.mx/ssdf/media/agenda/morta2/204.htm