Revista Población y Salud en Mesoamérica

ISSN-1659-0201

Volumen 19, número 1. Julio-diciembre 2021

Doi: https://doi.org/10.15517/psm.v19i2.44317



Homicidios de niñas, niños y adolescentes en el sureste de México, entre 2000 y 2017

Homicides in children and adolescents in Southeast Mexico, between 2000 and 2017

Sarai Miranda Juárez[1] y Angélica Aremy Evangelista García[2].

 

 


Resumen. Introducción: México atraviesa por un contexto de violencia creciente que incluye el aumento de homicidios y feminicidios a lo largo del territorio nacional. Los estudios existentes presentan vacíos de corte regional y de grupos de edad, en particular, el de 0 a 17 años. El objetivo de este artículo es describir el impacto de la mortalidad por homicidios sobre la población de 0 a 17 años en el sureste mexicano, una de las regiones más sacrificadas en materia de derechos humanos y bienestar social. Metodología: mediante las estadísticas de mortalidad general del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se calcularon las tasas brutas de mortalidad y las tasas específicas por sexo y grupos de edad correspondientes al período 2000-2017. Se estimó el promedio de Años de Vida Perdidos. El tipo de estudio es descriptivo y analiza el efecto de los homicidios en la tendencia de la mortalidad y la esperanza de vida. Resultados: los resultados mostraron que el más alto porcentaje de homicidios lo obtuvieron los hombres de todos los grupos etarios. En términos del promedio de AVP, las mujeres adolescentes del conjunto de 12 a 17 años evidenciaron los mayores incrementos. Conclusiones: las tasas de mortalidad por homicidio se comportaron heterogéneamente; resalta la vigencia y aumento de ataques letales contra niñas, niños y, especialmente, adolescentes.

Palabras clave: infancia, adolescencia, homicidios, AVP, México.

Abstract: Introduction: Mexico is currently facing a context of raising violence that includes the increase of homicides and feminicides in the nation-wide territory. The existent studies present certain gaps regarding regional and age groups information. In particular, those gaps are relevant for population from 0 to 17 years old.  That is why this article aims to describe the mortality impacts by means of homicides among that age group in Southeast Mexico. This region is one of the most abandoned in terms of Human Rights and Social Well-Being. Methodology: The article uses the general mortality statistics of the National Institute of Statistics and Geography to calculate the gross mortality rates as well as the specific rates by age and sex groups from 2000 to 2017. Likewise, the average years of life lost are calculated. The study is descriptive and analyzes the impact of homicides within the trend of mortality and life expectancy. Results: A main result shows to the highest percentage of homicides occur among men. However, in terms of the average number of YLL and for the age group 12 to 17 years the largest increases occur among adolescent women. Conclusions: The Southeast region of Mexico presents heterogeneous behavior in homicide mortality rates for the age group 0 to 17 years, highlights the validity and increase of lethal violence against girls, boys and particularly adolescents.

Keywords. Children, Adolescents, Homicide, YLL, Mexico.

Recibido: 21 oct, 2020  |  Corregido: 12 may, 2021  |  Aceptado: 13 may, 2021

Las cifras cuentan historias de terror, pero quizá las historias de verdadero terror, las inimaginables, sean aquellas para las cuales todavía no hay números, para las cuales no existe ninguna posible rendición de cuentas, ninguna palabra jamás pronunciada ni escrita por nadie[3]

 

 


1.  Introducción

 

Durante las tres últimas décadas, México se ha caracterizado por experimentar el auge de distintas formas de violencia. La puesta en marcha de la guerra contra el narcotráfico supuso la intensificación de abusos y atropellos a los derechos humanos. La política pública de seguridad nacional apuesta por institucionalizar la cultura de la militarización e intenta legitimar el uso de la fuerza en todos los niveles de gobierno, sin detener la escalada de violencia con ello (Red por los Derechos de la Infancia en México [REDIM], 2019).

Bajo ese panorama, violencias extremas aquejan a la niñez y la adolescencia mexicanas, tales como la desaparición forzada, el reclutamiento persistente de jóvenes por parte del crimen organizado y de las propias fuerzas de seguridad nacional, la trata de personas, el turismo sexual y el crecimiento del número de homicidios contra este grupo de población (REDIM, 2019).

Una vez iniciada la estrategia frente al narcotráfico, fueron las entidades fronterizas del norte del país las más afectadas; sin embargo, a lo largo de los años, las dinámicas regionales se transformaron y en la actualidad preocupan otras zonas, por ejemplo, Guerrero, con altas tasas de homicidios, y Chiapas, la cuarta más letal para el género femenino (REDIM, 2019). Ambas pertenecen a la región sureste de México, foco de atención de esta investigación: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

Este estudio retoma el criterio establecido por Castro y Riquer (2012), con el cual, los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo integran la región sureste. Su propuesta permite preguntarse cómo, en contextos y territorios determinados, la violencia contra niñas, niños y adolescentes (NNA) se entrecruza con otras formas de subordinación que la reproducen de manera sistémica y le otorgan expresiones y dinámicas propias. Específicamente, permite explorar si existe algún tipo de interacción entre las causas estructurales de la violencia hacia NNA y la violencia social, entendida esta última en el marco de la creciente criminalidad e inseguridad pública registradas en el país.

A nivel nacional, durante 2017 las muertes por homicidio en el grupo poblacional de 0 a 17 años representaron el 3.6 % del total de las defunciones del mismo grupo; mientras que, los porcentajes de homicidios referentes al de 15 a 17 años fueron del 27 % y 11.7 % para los hombres y las mujeres, respectivamente (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2017).

En la región sureste de México, para el año mencionado, las muertes por homicidio en la población de 0 a 17 años correspondían al 3.5 % de las defunciones totales en ese grupo de edad; el conjunto de 15 a 17 años presentó el mayor porcentaje de la región (23.5 %). Los adolescentes estuvieron a la cabeza con un 40 % de muertes por concepto de homicidio, frente a un 5.6 % de las adolescentes de 15 a 17 años (INEGI, 2017).

De tal modo, entre el período de 2000 a 2017, la región sureste representó el 16.8 % del total de muertes por homicidio de ese mismo grupo poblacional, en relación con el resto del país. Los homicidios de niñas, niños y adolescentes aumentaron un 85 % en la zona estudiada, lo cual fue superior al incremento a nivel nacional (62.5 %). Asimismo, los homicidios contra hombres mostraron un crecimiento del 101.8 %, mientras que, los de mujeres, un 31.4 % (INEGI, 2017).

Así pues, el presente artículo tiene como objetivo describir los niveles y el impacto de la mortalidad por homicidios sobre la población de 0 a 17 años, según sexo y grupos de edad en la región sureste de México, mediante el análisis de las tasas de mortalidad y los Años de Vida Perdidos (AVP) en el periodo de 2000 a 2017.

Se parte de la necesidad de abonar a los estudios sobre la violencia extrema ejercida contra los grupos de población más vulnerables, pues, como afirman González y Cárdenas (2004), niñas, niños y adolescentes son, en algunos casos, intencionalmente agredidos por los responsables de su crianza y bienestar, en un entorno de creciente violencia social y criminal, además de la violencia feminicida de la que son víctimas las niñas y las adolescentes.

A su vez, NNA enfrentan barreras tanto de género como de edad al solicitar ayuda en caso de ser víctimas, ya que, los procesos de denuncia están permeados por una cultura profundamente patriarcal y adultocéntrica (González y Cárdenas, 2004); por tanto, explorar y describir lo que sucede con dichos homicidios se vuelve un imperativo ético en una sociedad con altos niveles de violencia, donde urgen acciones de política pública dirigidas a la prevención y salvaguarda de las vidas.

 

2.  Homicidios contra niñas, niños y adolescentes

 

La violencia extrema hacia NNA no es un fenómeno nuevo; aunque en 2019 se logró que más de 196 países del mundo ratificaran la Convención sobre los Derechos del Niño, poco se ha registrado y estudiado en relación con los homicidios perpetrados contra esta población, si bien existen algunos esfuerzos por parte de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) para hacer visible el creciente riesgo de morir de forma violenta al cual se exponen.

Al respecto, en el Informe mundial sobre la violencia contra los niños y las niñas, en 2017 América Latina figuró como el continente con mayor tasa de homicidios de NNA con un 5.8, en comparación con un 2.7 de África, lo que podría estar vinculado a las dinámicas regionales orientadas a la criminalización de la juventud y la lucha contra las drogas (World Health Organization [WHO], 2020).

La literatura académica reporta la común práctica del infanticidio selectivo de niñas a lo largo de la historia, incluso actualmente, en India, China, Taiwán, República de Corea, Pakistán y entre poblaciones de esquimales, bajo diferentes justificaciones: la pérdida de tiempo al amamantarlas, la dote, la política de un solo hijo y las creencias en espíritus malignos y mala suerte. El infanticidio también ha sido identificado en países desarrollados y en desarrollo como Alemania, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Gran Bretaña, Japón, Suecia, Suiza, Brasil y Perú (Calandria, 2017; Jaffary, 2012; González y Cárdenas, 2004).

Ahora bien, entre las problemáticas ligadas a esta problemática, de acuerdo con la literatura, se mencionan el estado mental y emocional y el abuso de drogas por parte de las personas cuidadoras (González y Cárdenas, 2004). También, las presiones de índole económica y, en caso de madres adolescentes y solteras, la ausencia de apoyos sociales y las carencias emocionales (Calandria, 2017; Jaffary, 2012).

Otros estudios de orden internacional expusieron que los varones mexicanos tienen más probabilidad de ser víctimas de homicidio y el riesgo se agrava para los recién nacidos y los niños de 12 a 36 meses de edad (Trujillo y Cuesy, 2015). Esa sobremortalidad masculina se explica, por un lado, con ser objeto de fuerza superior en el castigo o severidad en el maltrato y, por otro lado, con la socialización diferenciada por género, al permitirles “pasar más tiempo fuera del hogar, realizar actividades que implican mayor energía, riesgo y agresividad física, inclusive en los juegos” (González, Vega y Cabrera, 2012, p. 112). Esto último, a decir de González et al. (2012), se eleva con la edad, porque se prolonga el tiempo fuera del ámbito doméstico. De hecho, se ha documentado ampliamente el uso restringido de los espacios públicos según la edad y el género: “los adolescentes, particularmente hombres, son el grupo con mayor presencia” (Segovia, 2005, p. 85).

González y Cárdenas (2004) determinaron que más de la mitad de los homicidios de menores de cinco años (56.6 en 1992 y 56.8 en 2001) ocurrieron en el hogar, por lo tanto, es muy probable que el agresor haya sido alguna de las personas responsables del cuidado.

Por su parte, González, Vega y Cabrera (2012) analizaron los homicidios de niñas y niños menores de diez años entre 1980 y 2000, asumiendo que, por la edad, las víctimas se encontraban en el proceso de desarrollo, donde la socialización se da primariamente en el hogar y bajo la tutela de la familia, de tal manera, los progenitores o personas conocidas por ellos serían los principales victimarios. Así mismo, observaron que mientras la mortalidad infantil global se había reducido de manera importante, la mortalidad específica por homicidios en menores de diez años no mostró tal efecto, más bien, exhibió incrementos; además, aunque las tasas de homicidio tendían a mantenerse en determinado rango, existía un punto álgido entre 1988 y 1993 coincidente con un periodo de radicales ajustes económicos nacionales, por ende, lo interpretaron a partir de los efectos emocionales de las crisis económicas; es decir, concluyeron que el estrés provocado por las dificultades financieras podría incidir en la violencia contra NNA.

Gutiérrez, Fernández y Viguri (2011) analizaron los homicidios por grupos de edad cometidos durante el periodo de 2000 a 2010 en México. El mayor incremento de homicidios se dio entre 2007 y 2010, particularmente en el grupo de menores de un año, donde las tasas se elevaron alrededor del 130 %; los autores supusieron que se trataba de homicidios causados por violencia intrafamiliar.

También, los homicidios de adolescentes y jóvenes se han analizado dentro del marco de las políticas nacionales de la guerra contra el narco; algunos autores han utilizado el término juvenicidio para referirse al incremento en los homicidios de personas entre 15 y 24 años. Desde este enfoque, el juvenicidio alude a componentes que rebasan los registros de mortalidad por homicidio de jóvenes, inscritos en la violencia estructural de la sociedad en su conjunto (Otamendi, 2019; Valenzuela, 2016).

Referente al ámbito nacional, el informe Los peligros de la niñez, indicadores para México, realizado por Save the Children (2017), estimó el Índice de Peligros para la Niñez y colocó a México en el lugar 90, puesto menos aventajado que el de países como Palestina y Tailandia. El informe da cuenta de ocho indicadores de reducción de la esperanza de vida en la infancia y justamente la violencia letal es una de las dimensiones más impactantes en el aumento de peligros que enfrentan NNA mexicanos. Además, mostró una relación directa entre estos homicidios y el aumento de la violencia en el país asociada al crimen organizado y a la ejercida desde el propio Estado (Save the Children, 2017).

En el mismo tenor de las políticas de combate contra la delincuencia organizada, Terán (2013) estudió la llamada “Base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial” publicada en 2011 por el Gobierno Federal. La autora tomó una muestra de 18 estados de la República y los agrupó en dos tipologías: dónde se llevaron a cabo los Operativos Conjuntos (9) y dónde no (9, aleatorios); verificó un incremento de homicidios de personas de 0 a 17 años en «aquellos estados en donde se han llevado a cabo los Operativos Conjuntos, es decir estados en donde se dio entrada completa a la milicia, marina y policía federal para llevar a cabo actividades de revisión, detención, persecución y captura.» (Terán, 2013, p. 205). Su análisis confirmó el crecimiento de homicidios con particular gravedad en Chihuahua, Durango, Guerrero, Sinaloa y Tamaulipas; incluso tres estados considerados “seguros” (San Luis Potosí, Nayarit y Morelos) también registraron incrementos de homicidios infantiles referentes a enfrentamientos con las fuerzas del Estado. [4]

Desde los estudios demográficos, se han realizado importantes investigaciones sobre el aporte de los homicidios a la disminución de la esperanza de vida. Dávila y Pardo (2016) estimaron los Años de Vida Perdidos por causas externas en México durante el período de 2000 a 2013 e identificaron algunos patrones: a) la tendencia de los homicidios mostró aumentos importantes en 2008, sobre todo en hombres de 15 a 49 años; b) la muerte por homicidios representó el mayor aporte a la disminución de la esperanza de vida en los hombres jóvenes de 15 a 49 años; c) aunque no consideraron edades menores a los 15 años, los autores reflexionaron sobre la relación existente entre exposición al riesgo y construcciones de género,  al corroborar «que los hombres tienen hasta tres veces más riesgo de morir por causas externas que las mujeres, principalmente, los adolescentes y adultos jóvenes» (Dávila y Pardo, 2016, p. 259).

Con todo, a pesar de las particularidades regionales del sureste de México, el estudio de la mortalidad infantil por concepto de homicidios está poco explorado (Cadena y Garrocho, 2019). En cambio, existe un importante acervo de investigaciones sobre mortalidad infantil debida a enfermedades prevenibles y curables, por ejemplo, las enfermedades infecciosas y parasitarias (Hernández y Narro, 2010; Trujillo y Cuesy, 2015), motivadas por los altos niveles de pobreza y marginación predominantes en varias entidades de la región.

En cuanto a la mortalidad por homicidios, Cadena y Garrocho (2019) escudriñaron los patrones temporales y espaciales de los homicidios y las desapariciones forzadas a nivel nacional; si bien la investigación no tiene perspectiva generacional, encuentran resultados interesantes para la región analizada. Los investigadores encontraron importantes diferencias entre las entidades que conforman la región, como el estado de Guerrero (con altas tasas de mortalidad por homicidios) en contraste con zonas como Campeche y Yucatán (con las tasas más bajas de todo el país); en consecuencia, queda claro que los índices de violencia extrema de la región son heterogéneos. Lamentablemente, los autores no desplegaron la información por grupos de edad, entonces no es posible observar la tendencia de la población de 0 a 17 años.

En un contexto nacional con índices de violencia criminal e inseguridad tendientes al alza desde 2008, inclusive con niveles muy cercanos a las cifras de la década de los noventa (Ramírez y Perez, 2019), se esperaría encontrar más literatura reciente sobre la violencia homicida hacia NNA por región.

 

3.  Metodología

 

Se tomaron en cuenta siete entidades federativas: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, denominadas por Castro y Riquer (2012) como «Región Sureste de México». En 2015 concentraba 20 254 947 personas, es decir, el 16.8 % del total de la población nacional y el 59 % de hablantes de lengua indígena de todo el país (INEGI, 2015). Se trata de estados con características diferenciadas; Chiapas, Oaxaca y Guerrero presentan bajos promedios de escolaridad y ocupan siempre altos niveles de pobreza y marginación. Yucatán y Quintana Roo tienen más alto promedio de escolaridad cada cual y la cuarta parte de sus habitantes habla lengua indígena. Solo Campeche y Tabasco poseen promedios de escolaridad cercanos al nacional y menor proporción de población indígena (INEGI, 2015).

Se toma el concepto de homicidio utilizado por el INEGI, en apego a la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10) de la OMS, el cual establece que el homicidio se presenta cuando:

el médico determina que la o las causas que provocaron la muerte de una persona no fueron naturales, sino factores externos por agresiones directas hechas por cualquier arma, sustancia o mecanismo que ocasionaron su muerte, ... y se registra bajo los códigos X85-Y09 de la CIE-10. (INEGI, 2016, p.8)

Cabe señalar que las Estadísticas de Mortalidad General del INEGI cumplen con la normatividad internacional aprobada en 2014. Esta define que los microdatos sobre defunciones y homicidios deben cumplir con estricta confidencialidad para uso exclusivamente estadístico (INEGI, 2016). Los microdatos aquí utilizados no contemplan ninguna referencia a la identidad de los individuos.[5]

3.1         Enfoque

La investigación es de corte cuantitativo y longitudinal, tiene un alcance descriptivo y hace uso de técnicas demográficas tales como las estimaciones de Tasas Específicas de Mortalidad y promedio de Años de Vida Perdidos.

3.2         Datos

Los datos se extrajeron de las Estadísticas de Mortalidad General del INEGI; se utilizaron las Proyecciones de Población del Consejo Nacional de Población (CONAPO) para obtener la población a mitad de año por entidad, durante el periodo 2000 a 2017, a nivel regional, por sexo y edades desplegadas. Debido a las altas tasas de mortalidad por homicidios en el primer año de vida, se agrupó en un solo conjunto a las niñas y los niños menores de un año; los demás grupos fueron los siguientes: 1 a 4 años, primera infancia; 5 a 11 años, etapa de la niñez; y 12 a 17 años, adolescencia (Dávila, 2004).[6]

3.3         Procesamiento de datos

Debido a que los Años de Vida Perdidos (AVP) parten de la esperanza de vida, o sea, del resultado del comportamiento entre las defunciones y la población sobreviviente, la estimación se realizó en tres etapas:

1.            Se calcularon tablas de vida según cada año, nivel regional, sexo y edad desplegada. Se aplicaron valores de probabilidad de morir propuestos por Coale y Demeny (1983) para las edades menores a 5 años y se obtuvo la esperanza de vida al nacer, por edad desplegada.

2.            Se calcularon tasas brutas de mortalidad y tasas específicas de mortalidad a causa de homicidios para la región, por sexo y edad desplegada, mediante las siguientes fórmulas:

 

(1)                                         

 

 

(2)                                         

 

3.            Se estimaron los AVP retomando la metodología propuesta por Aguirre (Arriaga, 1996) para encontrar cuántos años de vida en promedio pierde la población de 0 a 17 años a causa de los homicidios: «El cálculo de los AVP parte del supuesto de mortalidad nula (mortalidad debería ser cero entre dos edades elegidas), es decir, que quienes fallecieron debieron haber vivido hasta la edad superior del intervalo elegido» (Arriaga, 1996, p. 48). 

 

(3)                                                            

 

El resultado de la suma de los AVP entre las edades α y v es igual al promedio de años de vida perdidos debido a la causa de muerte j en el intervalo de edad u años.

 

4. Resultados

 

En el sureste de México, los homicidios en las edades de 0 a 17 años tuvieron un comportamiento heterogéneo a lo largo del periodo 2000-2017, en este, hubo un incremento del 85 % y de 2016 a 2017 el porcentaje aumentó considerablemente en un 33 %. Igualmente, las defunciones por homicidios expusieron diferencias por sexo, en mayor medida en los hombres (101.8 %) que en las mujeres (31.4 %). El estado de Guerrero evidenció un crecimiento superior (540 % para hombres y 53.8 % para mujeres). Otros estados con cifras considerables fueron Quintana Roo (425 % hombres y 100 % mujeres) y Tabasco (150 % hombres). En Chiapas y Oaxaca hubo disminuciones para los hombres y aumentos para las mujeres del 28.6 % y 22.2 % respectivamente, mientras que, en Campeche el porcentaje disminuyó para ambos sexos.

Guerrero alcanzó una tasa de mortalidad por homicidios de 20.1 para los hombres de 0 a 17 años en 2011, muy por encima del valor nacional (5.9) para el mismo año. La tasa de mortalidad por homicidios de las mujeres en 2012 tuvo un valor de 5.6 frente a 1.8 a nivel nacional. En contraste, hay dos entidades que muestran tasas de mortalidad cero en algunos años para hombres y mujeres (Campeche y Yucatán).

La figura 1 muestra la tasa de mortalidad por homicidios según grupos de edad y sexo. En el grupo de menos de un año sobresalen valores más altos entre 2008 y 2009 para los hombres (tasas de 3.4 a 5.4, respectivamente) y entre 2012 y 2013 para las mujeres (2.1 a 4.7). Las investigaciones revisadas lo adjudican a ciertos factores como las crisis económicas y las condiciones estructurales de pobreza y marginación, que repercuten en infanticidios (González, Vega y Cabrera, 2012). El aumento de la tasa correspondiente a los hombres podría relacionarse con la crisis económica de 2008, que la literatura liga a asesinatos de niños.

Figura 1

Tasas de mortalidad por homicidio según grupos de edad y sexo en la región sureste de México, 2000-2017  

                         

 Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2017) y CONAPO (2018)

 

También, se observa que dentro del grupo de edad 1 a 4 años, es decir, la primera infancia, la tasa de mortalidad es menor que para el grupo de menos de un año. Los hombres presentan aumentos significativos en los años 2012 y 2013, mientras que, las mujeres, en 2001, 2002, 2006 y 2013. Como bien apuntan algunos autores, durante 2012 y 2013 se experimentaron los efectos más crudos (homicidios, secuestros, feminicidios) de la violencia extrema en el país, al finalizar el sexenio de Felipe Calderón (Cadena y Garrocho, 2019).

En el grupo etario de 5 a 11 años, los datos señalan un comportamiento similar al de 1 a 4 años. Incluso, hay una tendencia a la disminución en ambos grupos y sexos. Los homicidios contra los niños repuntan en 2006, 2009, 2011 y 2013 y, en el caso de las niñas, lo mismo sucedió en 2004, 2009 y 2013.

El grupo de los adolescentes cuenta con las más altas tasas de mortalidad por homicidios. Por una parte, a partir del año 2009, los hombres denotan un incremento sostenido que llega al año 2017 con una tasa de 17.6 homicidios por cada 100 000 habitantes de 12 a 17 años. Saraví (2015) adjudica este fenómeno a los efectos combinados de las crisis económicas con las políticas de guerra en contra del narcotráfico y los conflictos entre los bandos del crimen organizado. Así pues, están claras las implicaciones sexo-genéricas de la exposición al riesgo, ya que, ser un adolescente varón en un país y una región con escasas oportunidades educativas y laborales es definitorio en esta etapa de la vida (Saraví, 2015). 

Por otra parte, las cifras de las mujeres adolescentes, aunque menores que las de los hombres, son mayores que las de cualquier otro grupo de edad (Ver Figura 1). Estos homicidios podrían obedecer a las mismas lógicas de los feminicidios de adultas, de hecho, frente al alza de este tipo de crímenes, se ha empezado a utilizar el término feminicidio infantil, pues exhiben conductas misóginas y responden a la impunidad estatal ante la violencia extrema contra las mujeres y las niñas (REDIM, 2019).

Llama la atención que los números de los años 2009 y 2013 se elevaron en todos los grupos de edad, tanto para hombres como para mujeres. Ello coincide con dos eventos: la crisis económica mundial de 2008 y el cambio de sexenio en México, lo que confirmaría lo ya expuesto por la literatura, eventos económicos y políticos pueden constituirse en un detonante de las violencias más intensas contra poblaciones vulnerables (Cadena y Garrocho, 2019).

La tabla 1 contiene las tasas de mortalidad por homicidios en el sureste mexicano, por grupo de edad. Se observa una tendencia similar a las tasas nacionales, únicamente destaca que, para el caso del grupo de 12 a 17 años, la tasa para ambos sexos supera a la nacional en la mayor parte del periodo. Específicamente, las mujeres, en 2005 y 2012, duplican la tasa nacional y, en 2017, los hombres de 12 a 17 años la superan en 3 puntos, lo que se justifica por la situación del estado de Guerrero y su papel histórico marcado por la marginación y las escasas oportunidades educativas y laborales para los jóvenes, quienes se ven obligados a involucrarse con el crimen organizado (Cadena y Garrocho, 2019). 

 

 

 

 

 

Tabla 1

Tasas específicas de mortalidad por homicidios en la población de 0 a 17 años, por grupos de edad y sexo en el sureste de México, 2000-2017

Hombres

 

Menos de 1 año

1 a 4 años

5 a 11 años

12 a 17 años

 

Año

Nacional

Región sureste

Nacional

Región sureste

Nacional

Región sureste

Nacional

Región Sureste

 

2000

4.05

3.74

1.31

1.06

1.22

1.57

7.56

6.77

 

2001

3.55

4.24

1.43

0.47

1.24

1.20

7.46

5.61

 

2002

3.82

1.90

1.50

1.43

0.81

0.91

6.82

6.20

 

2003

3.57

1.91

1.26

0.60

0.65

0.63

6.22

8.14

 

2004

3.83

0.96

0.85

0.24

0.60

0.90

5.84

4.69

 

2005

3.14

0.96

1.31

0.97

0.75

0.90

5.82

5.61

 

2006

3.24

0.97

1.33

0.97

0.81

1.18

6.15

7.89

 

2007

2.54

0.98

0.79

1.23

0.59

0.97

4.86

4.74

 

2008

3.68

3.43

0.98

0.74

0.54

0.97

7.46

5.53

 

2009

4.82

5.38

1.51

1.23

0.90

1.33

10.03

8.07

 

2010

2.54

1.47

1.49

0.86

0.68

0.84

13.58

7.98

 

2011

2.81

1.48

1.38

0.74

1.04

1.34

15.41

14.33

 

2012

3.60

1.48

1.49

1.61

1.00

0.70

15.51

14.88

 

2013

3.35

2.48

1.61

1.74

0.80

1.34

11.33

11.91

 

2014

4.15

2.97

1.50

1.12

0.64

0.99

8.73

8.86

 

2015

3.28

2.48

1.26

1.37

0.78

0.78

9.08

11.47

 

2016

2.59

0.00

0.84

0.37

0.74

1.14

10.64

11.76

 

2017

2.60

2.92

1.27

1.09

0.69

0.35

14.89

17.66

 

Mujeres

 

Menos de 1 año

1 a 4 años

5 a 11 años

12 a 17 años

 

Año

Nacional

Región Sureste

Nacional

Región Sureste

Nacional

Región Sureste

Nacional

Región Sureste

 

2000

2.59

1.93

1.07

0.61

0.51

0.50

1.74

1.73

 

2001

3.31

2.93

1.26

0.73

0.69

0.71

1.85

0.81

 

2002

3.24

1.48

1.06

1.23

0.56

0.42

1.71

2.06

 

2003

2.70

1.49

1.06

1.24

0.68

0.85

1.71

1.78

 

2004

2.98

0.00

1.06

0.87

0.54

1.06

1.84

1.85

 

2005

2.81

1.01

1.09

0.63

0.67

0.43

1.79

3.13

 

2006

2.63

0.51

1.15

1.01

0.45

0.78

1.91

2.67

 

2007

3.00

2.04

0.61

0.51

0.48

0.36

1.56

1.71

 

2008

2.64

2.56

0.88

0.38

0.45

0.43

1.76

1.95

 

2009

4.45

2.05

1.31

0.51

0.56

1.16

2.33

2.62

 

2010

2.64

1.54

1.25

0.51

0.61

0.44

3.00

2.11

 

2011

2.91

1.55

0.82

0.77

0.70

0.80

3.26

2.87

 

2012

2.82

2.07

1.16

0.78

0.52

0.66

3.79

4.90

 

2013

4.11

4.67

1.14

1.17

0.60

1.18

2.64

3.14

 

2014

3.02

1.56

0.98

0.52

0.58

0.81

2.69

2.98

 

2015

2.76

1.04

1.03

0.65

0.55

0.44

2.56

3.08

 

2016

2.13

1.04

0.87

0.39

0.59

0.30

2.63

2.93

 

2017

1.96

1.51

1.01

0.37

0.54

0.29

3.64

3.13

 













Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2017) y CONAPO (2018).

Como se aprecia a continuación en la tabla 2, durante los primeros años del periodo estudiado, el número de homicidios en la región, tanto de hombres como de mujeres, está marcado por el peso relativo de los asesinatos en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, tres entidades con niveles inferiores de desarrollo humano. No obstante, en la segunda etapa, a partir de 2009, es Guerrero el estado con principal peso relativo, su territorio ha sido calificado como profundamente violento y parte de las geografías del terror, dada su ubicación geográfica clave que facilita el transporte de drogas y las disputas entre cárteles (Cadena y Garrocho, 2019; Escalante, 2011).

 



Tabla 2

Homicidios absolutos y relativos contra la población de 0 a 17 años en la región sureste de México

Hombres

Absolutos

Relativos

Año

Nacional

Región sureste

Campeche

Chiapas

Guerrero

Oaxaca

Quintana Roo

Tabasco

Yucatán

Región sureste

Campeche

Chiapas

Guerrero

Oaxaca

Quintana Roo

Tabasco

Yucatán

2000

693

111

6

32

20

41

4

6

2

100

5.4

28.8

18.0

36.9

3.6

5.4

1.8

2001

690

90

0

9

30

39

7

3

2

100

0.0

10.0

33.3

43.3

7.8

3.3

2.2

2002

623

96

1

26

22

39

5

2

1

100

0.9

27.1

22.9

40.6

5.2

2.1

1.0

2003

559

107

2

28

20

37

9

7

4

100

1.8

26.2

18.7

34.6

8.4

6.5

3.7

2004

516

69

1

15

17

29

4

2

1

100

0.9

21.7

24.6

42.0

5.8

2.9

1.4

2005

542

86

1

20

26

29

6

2

2

100

0.9

23.3

30.2

33.7

7.0

2.3

2.3

2006

573

117

0

41

41

24

4

6

1

100

0.0

35.0

35.0

20.5

3.4

5.1

0.9

2007

438

81

1

4

37

27

3

8

1

100

0.9

4.9

45.7

33.3

3.7

9.9

1.2

2008

633

92

5

16

25

29

8

6

3

100

4.5

17.4

27.2

31.5

8.7

6.5

3.3

2009

875

136

3

16

65

34

3

13

2

100

2.7

11.8

47.8

25.0

2.2

9.6

1.5

2010

1072

117

0

12

66

27

7

3

2

100

0.0

10.3

56.4

23.1

6.0

2.6

1.7

2011

1223

201

1

9

141

36

2

6

6

100

0.9

4.5

70.1

17.9

1.0

3.0

3.0

2012

1240

206

4

22

139

29

3

7

2

100

3.6

10.7

67.5

14.1

1.5

3.4

1.0

2013

942

182

4

22

106

36

5

6

3

100

3.6

12.1

58.2

19.8

2.7

3.3

1.6

2014

757

136

1

14

72

35

1

10

3

100

0.9

10.3

52.9

25.7

0.7

7.4

2.2

2015

771

165

2

18

100

23

5

12

5

100

1.8

10.9

60.6

13.9

3.0

7.3

3.0

2016

847

160

2

11

104

20

5

16

2

100

1.8

6.9

65.0

12.5

3.1

10.0

1.3

2017

1152

224

2

24

128

32

21

15

2

100

1.8

10.7

57.1

14.3

9.4

6.7

0.9

 

 

 

 

 

 

Mujeres

Absolutos

Relativos

Año

Nacional

Región sureste

Campeche

Chiapas

Guerrero

Oaxaca

Quintana Roo

Tabasco

Yucatán

Región sureste

Campeche

Chiapas

Guerrero

Oaxaca

Quintana Roo

Tabasco

Yucatán

2000

228

35

1

7

13

9

2

2

1

100

0.9

20.0

37.1

25.7

5.7

5.7

2.9

2001

266

31

0

5

6

10

7

3

0

100

0.0

16.1

19.4

32.3

22.6

9.7

0.0

2002

237

42

0

18

8

12

2

2

0

100

0.0

42.9

19.0

28.6

4.8

4.8

0.0

2003

241

45

3

15

8

8

8

1

2

100

2.7

33.3

17.8

17.8

17.8

2.2

4.4

2004

242

43

0

9

9

18

3

3

1

100

0.0

20.9

20.9

41.9

7.0

7.0

2.3

2005

248

33

0

9

6

13

4

1

0

100

0.0

27.3

18.2

39.4

12.1

3.0

0.0

2006

240

51

0

21

17

11

0

2

0

100

0.0

41.2

33.3

21.6

0.0

3.9

0.0

2007

200

33

1

4

16

9

1

1

1

100

0.9

12.1

48.5

27.3

3.0

3.0

3.0

2008

219

37

1

4

16

8

3

4

1

100

0.9

10.8

43.2

21.6

8.1

10.8

2.7

2009

304

55

3

20

20

7

0

5

0

100

2.7

36.4

36.4

12.7

0.0

9.1

0.0

2010

329

38

1

7

18

5

3

2

2

100

0.9

18.4

47.4

13.2

7.9

5.3

5.3

2011

337

54

0

4

28

15

2

4

1

100

0.0

7.4

51.9

27.8

3.7

7.4

1.9

2012

372

77

4

12

34

16

3

5

3

100

3.6

15.6

44.2

20.8

3.9

6.5

3.9

2013

315

71

4

13

26

18

4

6

0

100

3.6

18.3

36.6

25.4

5.6

8.5

0.0

2014

298

53

1

10

24

16

1

1

0

100

0.9

18.9

45.3

30.2

1.9

1.9

0.0

2015

285

49

1

10

23

9

1

3

2

100

0.9

20.4

46.9

18.4

2.0

6.1

4.1

2016

279

43

0

9

18

8

3

5

0

100

0.0

20.9

41.9

18.6

7.0

11.6

0.0

2017

345

46

0

9

20

11

4

2

0

100

0.0

19.6

43.5

23.9

8.7

4.3

0.0

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2017).


Respecto a los Años de Vida Perdidos (ver figura 2), de 2000 a 2017 la tendencia fue creciente para los dos sexos. En el año 2000, los hombres tuvieron un valor de 0.031 y en 2017, de 0.057. Las mujeres presentaron valores de 0.0097 y 0.012, respectivamente. Esto puede interpretarse como la esperanza de vida temporaria que se elevaría si se eliminan completamente los homicidios de la población analizada en la región. Los AVP representan la reducción de la mortalidad por concepto de homicidios en el periodo 2000-2017 y su impacto sobre la esperanza de vida.

Figura 2

Promedio de Años de Vida Perdidos (AVP) por homicidios entre 0 y 17 años de edad en el sureste de México, 2000-2017

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI (2017) y CONAPO (2018)

 

Así, a lo largo del periodo mencionado, las subidas del promedio de los AVP de hombres y mujeres fueron de un 84.8 % y un 25.5 %, cada cual. Es decir, el cambio relativo de la mortalidad por homicidios se tradujo en un descenso de 0.026 años en la esperanza de vida para los hombres y de 0.002 años para las mujeres de 0 a 17 años de edad.

Los años con valor máximo para ambos sexos fueron 2017 con 0.057 en hombres y 2012 con 0.020 en mujeres. Los promedios destacados de AVP se dieron en distintos años, de 2008 a 2009 las mujeres obtuvieron un 32.5 %, de 2002 a 2003 los hombres, un 69.4 %. De 2010 a 2011 se acrecentó en un 39.9 % y de 2016 a 2017, en un 31.6 %.[7] 

Ahora bien, los AVP para la población de 0 a 17 años de edad presentaron diferencias al desagregarlos por grupos etarios, así lo describe la tabla 3. El porcentaje del grupo de hombres de 1 a 4 años creció (3.2 %), pero no el de las mujeres. Ambos sexos del grupo de 12 a 17 años obtuvieron los mayores números de AVP durante todo el periodo, por un lado, los hombres un 158.5 % y, por otro, las mujeres un 81.3%. Los dos sexos de los grupos de menores de un año y de 5 a 11 años no manifestaron incremento, por el contrario, hubo disminución.  

Tabla 3

Promedio de Años de Vida Perdidos por homicidio en la población de 0 a 17 años de edad en el Sureste de México, 2000-2017

Edades/Año

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Hombres

Menos de 1 año

0.002

0.003

0.002

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.002

0.003

0.001

0.001

0.001

0.002

0.002

0.002

0.000

0.002

1 a 4 años

0.003

0.001

0.002

0.001

0.001

0.002

0.002

0.003

0.002

0.003

0.002

0.002

0.004

0.004

0.003

0.003

0.001

0.003

5 a 11 años

0.006

0.005

0.003

0.002

0.003

0.003

0.005

0.004

0.004

0.005

0.003

0.005

0.003

0.005

0.004

0.003

0.004

0.001

12 a 17 años

0.020

0.016

0.002

0.024

0.014

0.017

0.023

0.014

0.016

0.024

0.023

0.042

0.043

0.034

0.025

0.033

0.034

0.051

Total

0.031

0.025

0.009

0.029

0.019

0.023

0.031

0.021

0.024

0.035

0.030

0.050

0.051

0.045

0.034

0.041

0.039

0.057

Mujeres

Menos de 1 año

0.001

0.002

0.002

0.001

0.000

0.001

0.000

0.001

0.002

0.001

0.001

0.001

0.001

0.003

0.001

0.001

0.001

0.001

1 a 4 años

0.001

0.002

0.002

0.003

0.002

0.002

0.003

0.001

0.001

0.001

0.001

0.002

0.002

0.003

0.001

0.002

0.001

0.001

5 a 11 años

0.002

0.003

0.003

0.003

0.004

0.002

0.003

0.001

0.002

0.004

0.002

0.003

0.003

0.005

0.003

0.002

0.001

0.001

12 a 17 años

0.005

0.002

0.002

0.005

0.005

0.009

0.008

0.005

0.006

0.008

0.006

0.008

0.014

0.009

0.009

0.009

0.009

0.009

Total

0.010

0.009

0.009

0.013

0.012

0.013

0.014

0.009

0.010

0.015

0.010

0.014

0.020

0.020

0.014

0.013

0.011

0.012





















Fuente: Elaboración propia con base a INEGI (2017) y CONAPO (2018)

 

Las Estadísticas de Mortalidad General del INEGI permiten aproximaciones limitadas a algunas características de las defunciones por homicidio[8], entre estas, la de mejor calidad de datos es el lugar donde ocurrió el homicidio[9]. Se observa que, para los hombres, la tendencia fue superior en la vía pública y, en la mayoría de años, el porcentaje de homicidios superó en más de 10 puntos porcentuales a los de las mujeres, a excepción de los años 2003 y 2005. Pese a ello, los porcentajes de asesinatos de mujeres en ese espacio evidenciaron un alza durante el periodo 2000-2017. El incremento porcentual de los homicidios en la vía pública fue de 134 hombres y 230 mujeres (ver tabla 4). 

Tabla 4

Porcentaje de homicidios según el lugar de ocurrencia para la población de 0 a 17 años a nivel nacional y en la región sureste de México, 2000-2017

Hombre

 


2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Vivienda Nacional

15.7

19.1

20.1

19.9

20.2

26.4

20.1

25.1

24.0

36.3

16.1

9.6

14.3

15.1

17.2

13.1

22.8

36.2

 

Vivienda Regional

14.4

13.3

13.5

13.1

15.9

17.4

12.8

11.1

26.1

22.8

12.0

9.5

14.8

14.8

13.2

9.7

18.4

25.4

 

Vía Pública Nacional

45.6

47.8

46.7

42.8

46.9

44.1

45.4

48.4

44.5

49.1

51.9

60.1

63.1

51.0

50.5

55.5

50.4

54.1

 

Vía Pública Regional

33.3

32.2

36.5

3.7

33.3

24.4

48.7

56.8

37.0

36.0

42.7

62.2

63.6

48.9

51.5

61.8

57.7

58.0

 

Mujeres

 


2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

Vivienda Nacional

41.2

37.2

29.5

43.2

46.7

46.4

41.3

39.0

41.1

32.6

32.5

26.4

25.8

29.5

36.2

34.0

32.5

38.7

 

Vivienda Regional

51.4

38.7

23.8

51.1

44.2

33.3

25.5

33.3

45.9

21.8

28.9

35.2

28.6

25.4

28.3

30.6

30.6

34.5

 

Vía Pública Nacional

26.8

30.8

29.1

28.2

24.8

23.8

26.7

26.0

26.5

28.6

33.4

39.8

45.2

37.8

23.8

34.0

30.9

36.4

 

Vía Pública Regional

17.1

22.6

21.4

6.7

25.6

30.3

33.3

33.3

21.6

16.4

34.2

40.7

48.1

38.0

30.2

46.9

31.6

38.5

 

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI (2017)

 

Al respecto, estudios sobre el caso de proliferación de feminicidios en la vía pública atribuyen el hecho a la “mayor presencia y circulación de las mujeres en el espacio público, lugares de trabajo, o esparcimiento, centros educativos, etc.” (Incháustegui, 2014, p. 394). 

En relación con los homicidios cometidos en la vivienda, se verificó una tendencia decreciente tanto para hombres (50 %) como para mujeres (49 %), pero las mujeres experimentaron proporciones más significativas. En la primera parte del periodo, el porcentaje de mujeres fallecidas por homicidio al interior de la vivienda superaron hasta en 30 puntos porcentuales a los varones. En 2000, el 14.4 % de los homicidios de hombres fueron perpetrados en la vivienda, en comparación con el 51.5 % de las mujeres; en 2003, los porcentajes fueron de 13.1 en hombres y 51.1 en mujeres. A partir de 2006, los números se igualaron entre vivienda y vía pública.  Para los hombres el riesgo de ser asesinado en la vía pública ha ido en aumento a lo largo de los 17 años analizados; las niñas y las adolescentes se exponen a más riesgo en el hogar, pero, al mismo tiempo, se ha intensificado la posibilidad de ser asesinadas en la vía pública.

 

5.  Conclusiones

 

A lo largo de la última década, México ha experimentado un proceso de creciente violencia e inseguridad; los sucesos vinculados con la estrategia de guerra contra el narcotráfico impulsaron el interés de estudio por parte del sector académico. Concretamente, el análisis de la violencia homicida contra NNA resulta significativo, pues se trata de un sector que idealmente se esperaría esté bajo los cuidados de la población adulta y de las instituciones diseñadas para su atención.

Los resultados obtenidos mostraron el comportamiento a nivel regional de las tasas de mortalidad por homicidios en la población de 0 a 17 años de edad, en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2017. La región sureste presentó un incremento superior al nivel nacional (84.9 % vs. 62.5 %), donde destacan los estados de Guerrero, Quintana Roo y Tabasco.

De igual modo, se ratificó que el mayor porcentaje de homicidios se presentó en el sexo masculino; sin embargo, en términos del promedio de AVP, la esperanza de vida de las mujeres del grupo de 12 a 17 años fue afectada por el incremento considerable de violencia homicida en la región (81.3 %), lo cual no ocurría en México desde la guerra civil acontecida en las décadas de 1910 y 1920 (Dávila y Pardo, 2016). Resulta imperante tomar en cuenta este resultado frente a la ola actual de feminicidios y desapariciones de adolescentes y mujeres (Valenzuela, 2016).

Las características de los homicidios se asumieron con cautela, no obstante, hay resultados que dan pie a formular algunos cuestionamientos abiertos. Destaca el incremento de homicidios de mujeres en la vía pública, poco más del doble que en el caso de hombres (230 % vs. 134 %), pese a que sigue siendo mayor el riesgo de sufrir homicidio en la vía pública para hombres y en la vivienda para mujeres. Estos resultados coinciden con estudios enfocados en el riesgo de morir para los varones a causa del crimen organizado y para las mujeres, por la violencia de género al interior de los hogares (Incháustegui, 2014; Torres, Bertone y Andrada, 2018; Urdinola,Torres y Velasco, 2017). Se trata del uso de la violencia con un sesgo de género, donde en el polo de la violencia no familiar (la que se produce en los espacios públicos) las principales víctimas son hombres y en el de la violencia familiar (hogares, asilos, internados, casas hogar, etc.), mujeres (Incháustegui, 2014).

Finalmente, en el sureste de México, las condiciones sociales, económicas y políticas implican un escenario favorable para la proliferación y el auge de manifestaciones distintas de violencia, lo cual se traduce en una disminución en la esperanza de vida de las nuevas generaciones. Vale la pena reflexionar sobre el papel del Estado en la garantía de los derechos humanos más fundamentales, para así prevenir los costos, en términos de esperanza de vida, que se acrecientan en regiones tan complejas y heterogéneas como la estudiada.

 

6.  Referencias

 

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[1] El Colegio de la Frontera Sur-CONACYT, Unidad San Cristóbal de las Casas, Chiapas, MÉXICO. Correo electrónico: smiranda@ecosur.mx. ORCID:  http://orcid.org/0000-0003-1387-0497

[2] El Colegio de la Frontera Sur-CONACYT, Unidad San Cristóbal de las Casas, Chiapas, MÉXICO.  Correo electrónico: aevangel@ecosur.mx. ORCID:  http://orcid.org/0000-0002-4460-854X

[3] Luiselli, V. (2016), Los niños perdidos. Un ensayo en cuarenta preguntas. Ed. Sexto Piso, México.

[4] Los 9 estados de Operativos Conjuntos fueron Baja California, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. Los 9 aleatorios sin Operativos Conjuntos fueron Campeche, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.

[5] No se identificaron implicaciones éticas que requirieran revisión por parte del Comité de Ética para la investigación (CEI) de El Colegio de la Frontera Sur, cuyos lineamientos se sustentan en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en 2005. Para mayor información de los lineamientos técnicos del Comité de Ética de la Investigación de El Colegio de la Frontera Sur ver: https://sitios.ecosur.mx/intranet/comites/comite-de-etica/

 

[6] Las tasas por grupos de edad no fueron estandarizadas debido a que usualmente es aceptable utilizar el tamaño de la población a mitad de año como una estimación de los años-persona vividos durante el año, por lo que el error en el uso de aproximación a mitad de año será muy pequeño aun cuando el crecimiento de la población cambia a un ritmo constante, positivo o negativo (Preston, Heuveline, y Guillot, 2001).

[7] Resalta la disminución en 2002 para los hombres, la cual igualó el nivel presentado por las mujeres ese año. Dada la tendencia general, esto podría atribuirse a cuestiones administrativas de subregistro.

[8] Los datos con menos casos no especificados se registran para el “sitio donde ocurrió la lesión” (4.8 %), seguidos por “lengua indígena” (46 %) y “afiliación a servicios de salud” (42.5 %). Mientras tanto, “presencia de violencia familiar” y “parentesco del agresor con la víctima” tienen un porcentaje muy alto de casos no especificados (93 % y 96 %, respectivamente), por lo que se descartó su análisis al no poder asumirse como el comportamiento de la distribución total.

 

[9] La característica de lugar de ocurrencia del homicidio tiene en promedio 4.8 % de casos no especificados (estimaciones propias con base en INEGI, 2017).

 


 

Licencia Creative Commons
Homicidios de niñas, niños y adolescentes en el sureste de México, entre 2000 y 2017 por Sarai Miranda Juárez y Angélica Aremy Evangelista García. se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.