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Revista de Biología Tropical, ISSN: 2215-2075, Vol. 70 (Supl. 1): e52282, Diciembre 2022 (Publicado Ago. 30, 2022)
Compensación Ambiental en Costa Rica:
Legislación y alcances
Fabián Bonilla1*; https://orcid.org/0000-0002-5095-2750
Juan S. Monrós2; https://orcid.org/0000-0002-0952-2089
Mahmood Sasa1,3,4; https://orcid.org/0000-0003-0118-5142
1. Instituto Clodomiro Picado, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica; fbonillamurillo@gmail.com
(Correspondencia*)
2. Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, Universidad de Valencia, Valencia, España; monros@uv.es
3. Museo de Zoología, Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ecología Tropical, Universidad de Costa Rica, San
José, Costa Rica; msasamarin@gmail.com
4. Organización para Estudios Tropicales, San José, Costa Rica.
Recibido 03-III-2022. Corregido 19-IV-2021. Aceptado 00-X-2022.
ABSTRACT
Environmental Compensation in Costa Rica: Legislation and scope
Introduction: Environmental compensation is a technical-legal instrument of environmental management used
to offset damage due to non-reversible and unavoidable impacts. Usually, offset regulations are included in
national environmental legislations. This paper summarizes environmental compensation legislation in Costa
Rica, a country with a recognized conservation tradition and environmental awareness. Our goal is to describe
how compensation is formulated in that country and identify possible regulations gaps.
Methods: We carried out a systematic review of environmental legislation through the Costa Rican Legal
Information System (http://www.pgrweb.go.cr/scij/avanzada_pgr.aspx), considering both regulations and
pronouncements on compensation measures and mitigation.
Results: The Political Constitution of Costa Rica recognizes a healthy environment as a fundamental right for
all citizens. At least seven laws dealing with environmental issues and their respective regulations are currently
enforced. This bulky legislation aims to protect natural resources by regulating their use and creating an assem-
blage of protected wild areas. However, the legislation is somewhat repetitive and open to interpretation, facili-
tating confusion. Actions requiring compensation are regulated in a general way, making it difficult to establish
when and how to apply them. In addition, compensation is considered based on when the damage is identified
and not on its level of environmental impact. Furthermore, the regulations do not make explicit the principles
and goals that support the compensatory measures or how they should be carried out, briefly mentioning some
actions that do not ensure that the net environmental loss is zero.
Conclusions: This review reveals the need to standardize the mechanisms to determine compensatory measures
at the regulatory level, also analyzing the strategies that will be followed to ensure proportionality and ecological
equivalence. The legislation must emphasize the importance of compensation as a positive practice, which must
be incorporated within the guidelines of the Environmental Impact Study.
Key words: biodiversity; compensation; environment; mitigation; protected areas; SETENA.
https://doi.org/10.15517/rev.biol.trop.2022.52282
SUPLEMENTO
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La compensación ambiental designa una
serie de instrumentos de gestión ambiental
encaminados a indicar las medidas y acciones
para resarcir –de manera proporcional– los
daños o perjuicios ambientales generados por
el impacto de proyectos de desarrollo (Cowell,
1997; ten Kate et al., 2004). Es pues un instru-
mento orientado a la generación de beneficios
ambientales, que se implementa en aquellos
casos en los que no se puedan adoptar medidas
de prevención, corrección, mitigación, recu-
peración o restauración eficaces (US Environ-
mental Protection Agency & US Department of
the Army [US EPA & DA], 1990; McKenney &
Kiesecker, 2009).
La fiscalización de las medidas de miti-
gación suele realizarse por agencias guberna-
mentales ambientales, aunque en ello pueden
también participar entidades externas privadas
(Georgoulias et al., 2016). López-Arbeláez &
Quintero-Sagre (2015) señalan que común-
mente hay tres mecanismos empleados para
regular compensaciones por parte del Estado:
(1) legislación sobre especies o hábitats, usual-
mente apoyados en leyes del Estado y/o conve-
nios internacionales; (2) regulación a través de
la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) del
proyecto, que generalmente constituye uno de
los requisitos previos a realizar un proyecto de
desarrollo; y (3) disposiciones específicas de
compensación. Un cuarto mecanismo lo esta-
blecen los requisitos y normas de las agencias
financieras externas, como el Banco Mundial
o el Banco Interamericano de Desarrollo, que
solicitan a los proyectos resarcir la pérdida o
modificación substancial de hábitats a partir
de lineamientos particulares, como la creación
o fortalecimiento de áreas protegidas (Banco
Mundial, 2001; Georgoulias et al., 2016).
Como otros instrumentos de gestión
ambiental, la compensación está refrendada por
un marco legal en materia ambiental (Trindade
et al., 2020). Este marco legal varía entre dis-
tintos Estados, por lo que es razonable suponer
que las medidas compensatorias y los requisi-
tos para implementarlas difieren también entre
países (Calle et al., 2014; Orozco-Gomez,
2020; Villarroya-Ballarín, 2012). En EEUU,
Canadá, Australia y los miembros de la Unión
Europea, medidas de compensación ambiental
han estado presentes en la legislación sobre
especies y hábitats desde hace varias décadas
(Clarke & Bradford, 2014; McKenney & Kie-
secker, 2009). Por ejemplo, la Ley de Agua
Limpia (Federal Water pollution Control Act
Amendments, 1972) de EEUU establece que
los impactos sobre humedales deben ser com-
pensados por humedales que sean equivalentes
en función; mientras que la Ley sobre Especies
Amenazadas (Endangered Species Law, 1973)
de ese mismo país indica que cualquier impacto
sobre especies amenazadas debe ser compensa-
do mediante la creación de un hábitat para un
número similar de especies (Schwartz, 2008).
En contraste, no es sino hasta hace rela-
tivamente poco tiempo que la compensación
ha aparecido en la legislación de la mayoría
de países latinoamericanos (Andrade et al.,
2012; Sarmiento, 2014), siendo aún incipiente
en varios de ellos (Ariza-Pardo & Moreno-
Hincapié, 2017; López-Arbeláez & Quintero-
Sagre. 2015). Por ejemplo, en Colombia, una
extensa normativa de protección ambiental se
ha ido desarrollando en las últimas décadas
(Murcia et al, 2017; Poveda, 2016), incluyendo
un marco regulatorio específico para la imple-
mentación de compensaciones de diversidad y
hábitats. Así, su ¨Manual para la Asignación de
Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible [MADS], 2012), estipula medidas de
compensación a partir de un índice basado en
la rareza, remanencia, representatividad y tasa
de transformación del ambiente impactado.
Este índice es empleado para estimar el área
a emplear para resarcir por pérdidas en hábitat
particulares y ha sido aplicada en proyectos
sujetos a la licencia ambiental por parte de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
[ANLA] encargada de custodiar que los pro-
yectos cumplan con la normativa ambiental en
Colombia (Novoa & Sánchez, 2016). En Chile,
no se cuenta con una norma general enfocada
en la compensación de recursos naturales,
aunque en la legislación si existen referen-
cias indirectas que permiten compensar estos
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recursos con la entrega de otros de similares
características (Vergara & Leyton, 2002). Ade-
más, este país cuenta con un Sistema de Eva-
luación de Impacto Ambiental que contempla
medidas sujetas a los criterios de equivalencia
ecológica para resarcir por la utilización de
recursos naturales. En Perú, la Ley General del
Ambiente (Ley Nº 28611, 2005) enmarca todos
los aspectos referentes al ambiente, subrayando
el derecho universal a un ambiente saludable y
sostenible, así como a la necesidad de generar
un Plan de Compensación, como parte de la
estrategia de manejo ambiental en estudios de
impacto ambiental (Calle et al., 2014).
En Costa Rica, hay jurisprudencia dispo-
nible en materia medio ambiental, mucha de
la que subraya la importancia de conservación
de recursos y biodiversidad a partir de la pro-
tección de áreas silvestres (Salazar, 2004; Val-
verde, 2000). El país reconoce que los recursos
son bienes del Estado y que su explotación es
importante para lograr el desarrollo socioeco-
nómico. Sin embargo, la normativa enfatiza
que esta explotación debe ser regulada por el
Estado para garantizar su sostenibilidad en el
tiempo (Blanco-Obando, 2016).
A pesar de esa extensa legislación ambien-
tal y de su enorme reputación en materia de
conservación y sostenibilidad (Barton et al.,
2009, Valverde-Sánchez, 2018), Costa Rica no
dispone de un marco regulatorio claro en el
tema de compensación ambiental.
En el presente trabajo analizamos el marco
normativo y la jurisprudencia administrati-
va que sustentan acciones de compensación
ambiental en Costa Rica y analizamos el con-
texto para la realización de dicha compensa-
ción en el país. Nuestra meta es resumir la
información sobre la legislación en el tema e
identificar posibles vacíos a ser contemplados
para consolidar el resarcimiento de impactos
inevitables de proyectos de desarrollo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Revisamos sistemáticamente documen-
tos de carácter legal sobre temas ambientales
en general y sobre aspectos de mitigación
y compensación en particular, depositados
en el Sistema Costarricense de Información
Jurídica [SCIJ] (http://www.pgrweb.go.cr/scij/
avanzada_pgr.aspx). SCIJ es un proyecto digi-
tal del Programa de Modernización de la
Administración de Justicia del Gobierno de
Costa Rica. Este sistema permite la consulta de
normas (leyes, decretos ejecutivos, reglamen-
tos, acuerdos, etc.), pronunciamientos (dictá-
menes, opiniones legales o judiciales) y asuntos
constitucionales en línea. Para la búsqueda de
documentos, empleamos los siguientes descrip-
tores: ambiental, biodiversidad, áreas silvestres,
compensación ambiental, mitigación.
Como resultado de nuestra revisión, divi-
dimos este trabajo en tres partes. La prime-
ra introduce la legislación nacional referente
a temas ambientales, incluyendo normativa
sobre las áreas silvestres protegidas como ele-
mentos esenciales para la conservación del
patrimonio natural del Estado. La segunda
parte hace una breve descripción del engranaje
administrativo relacionado con la evaluación de
proyectos y sus impactos ambientales, indican-
do la forma como es abordada la compensación
ambiental en Costa Rica. Finalmente, en una
tercera parte identificamos vacíos normativos
sobre la aplicación de medidas compensatorias
y sus posibles soluciones.
RESULTADOS
I. Legislación ambiental general en
Costa Rica
Ambiente como patrimonio estatal:
Costa Rica cuenta con una variada normativa
referente a temas ambientales. El ambiente es
mencionado como un derecho fundamental de
los ciudadanos en su Constitución Política de
1949, que define que el Estado debe procurar el
mayor bienestar ambiental para sus habitantes e
identificándolo como garante de la calidad de
ese ambiente. En su artículo 50 se indica que:
toda persona tiene derecho a un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado. Por ello,
está legitimada para denunciar los actos que
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infrinjan ese derecho y para reclamar la repa-
ración del daño causado”.
La responsabilidad estatal de garantizar
un ambiente de calidad es además reiterada en
varias leyes y documentos, como se indican en
Tabla 1. El núcleo de la legislación ambiental
vigente se formaliza principalmente durante
la década de los años noventas, conforme la
sociedad costarricense adquiere mayor con-
ciencia ecológica y la protección de recursos
naturales toma importancia.
Por otro lado, esta legislación reconoce
que los recursos pueden ser explotados, pero
aboga por hacerlo de manera sostenible y en
procura de beneficios sociales para la pobla-
ción. Así, la Ley Forestal (Ley N° 7575, 1996)
hace explícita la regulación de recursos que
pueden ser explotados, indicando que el Estado
deberá velar por la “conservación, protección
y administración de los bosques naturales
y por la producción, el aprovechamiento, la
industrialización y el fomento de los recursos
forestales del país destinados a ese fin, de
acuerdo con el principio de uso adecuado y
sostenible de los recursos naturales renovables.
Además, velará por la generación de empleo y
el incremento del nivel de vida de la población
rural, mediante su efectiva incorporación a las
actividades silviculturales”.
La normativa además identifica la respon-
sabilidad estatal de interceder ante posibles
daños que se causen al ambiente. En su aparta-
do de contingencias ambientales, la Ley Orgá-
nica del Ambiente (Ley N° 7554, 1995, art. 4
TABLA 1
Leyes ambientales vigentes en Costa Rica
TABLE 1
Current environmental laws in Costa Rica
Normativa Año Indicación
Constitución Política de la
República de Costa Rica
1949 Reconoce la responsabilidad del Estado de procurar el mayor bienestar para
todos sus habitantes, incluyendo el derecho a un ambiente sano y ecológica-
mente equilibrado. Incentiva además a denunciar actos que puedan vulnerar
ese derecho, promoviendo que se repare cualquier daño causado. Promulga el
derecho de todas las personas de acceso al agua potable, como bien esencial
para la vida.
Ley de Conservación de Vida
Silvestre, (Ley N° 7317, 1992)
1992 Considera la vida silvestre (biodiversidad) y otros recursos naturales de
dominio público y que forman parte del patrimonio nacional del Estado. Obliga
al gobierno de turno a realizar esfuerzos sustantivos para su protección y la
regulación de su explotación
Ley Orgánica del Ambiente
(Ley N° 7554, 1995)
1995 Genera los instrumentos y herramientas jurídicas necesarios para conseguir un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en concordancia con el artículo 50
de la Constitución. Marca un precedente importante porque define el ambiente
como un sistema constituido por los diferentes elementos naturales que interac-
túan con el ser humano (artículo 2, inciso C).
Ley Forestal (Ley N° 7575, 1996) 1996 Establecer la responsabilidad del Estado en la conservación, protección y
administración de los bosques naturales y recurso forestal
Ley de Biodiversidad
(Ley N° 7788, 1998)
1998 Subraya la importancia de hacer esfuerzos en conservación de la biodivers-
idad y el uso sostenible de los recursos, aludiendo a la necesidad de distribuir
en forma justa los beneficios y costos derivados de esos aprovechamientos.
Formaliza los criterios ambientales preventivos, precautorios y de interés
público, reconociendo la importancia de anticipar, prevenir y atacar las posibles
causas de la pérdida de la biodiversidad
Ley de Aguas (Ley N° 276, 1942) 1942 Expone a las aguas (lagos, mares, ríos, subterráneas, etc) como de dominio
público y propiedad nacional.
Ley de Servicio de Parques
Nacionales (Ley N° 6084, 1977)
1977 Permite el desarrollo y administración de los parques nacionales y reservas
biológicas, como patrimonio natural del país