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11Diálogos Revista Electrónica de Historia, 26(1): 1-19. Enero-junio, 2025. ISSN: 1409-469X · San José, Costa Rica
DOI: 10.15517/dre.v26i1. 62295
LA REVOLUCIÓN COMO APORÍA DEMOCRÁTICA:
EL LENGUAJE POLÍTICO SANDINISTA Y
LA CONSTITUCIÓN DE UN IMAGINARIO
EXCLUYENTE EN NICARAGUA, 1979-19841
Daniel Ugalde Barrantes
Resumen
Este artículo propone una lectura histórico-conceptual del lenguaje político de la
Revolución Sandinista, centrada en el modo en que el concepto de revolución fue
articulado con las nociones de “pueblo soberano” y “legitimidad revolucionaria”
en la Nicaragua del período 1979-1984. El estudio sostiene que en el contexto
nicaragüense, la revolución operó como un concepto legitimador y excluyente
a la vez. Además, esta delimitó los contornos de la comunidad política y
denió quién podía hablar en nombre de la nación. Desde esta perspectiva, la
noción de “pueblo” no solo expresó una forma particular de soberanía, sino que
cristalizó una aporía democrática donde la búsqueda de la unidad revolucionaria
desembocó en la negación de la diversidad política. La investigación concluye
que el lenguaje político del sandinismo, al vincular revolución, soberanía y
nación, produjo un imaginario nacional excluyente, revelando las tensiones
entre representación, participación y legitimidad atravesadas por las democracias
revolucionarias del siglo XX latinoamericano.
Palabras clave: Sandino, conceptos, revolución, soberanía, historia intelectual
Fecha de recepción: 10 de Octubre de 2024 • Fecha de aceptación: 12 de Junio de 2025
Daniel Ugalde Barrantes • Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.
Contacto: daniel.ugaldebarrantes@ucr.ac.cr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0733-4367
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THE REVOLUTION AS A DEMOCRATIC APORIA:
SANDINISTA POLITICAL LANGUAGE AND
THE CONSTITUTION OF AN EXCLUSIONARY
IMAGINARY IN NICARAGUA, 1979-1984
Abstract
This article offers an historical-conceptual reading of the political language of the
Sandinista Revolution, focusing on the way in which the concept of revolution was
articulated with the notions of “sovereign people” and “revolutionary legitimacy”
in Nicaragua during the period 1979–1984. The study argues that, in the Nicaraguan
context, the revolution operated as both a legitimizing and exclusionary concept.
Furthermore, it delineated the boundaries of the political community and dened
who could speak in the name of the nation. From this perspective, the notion of “the
people” not only expressed a particular form of sovereignty but also crystallized
a democratic aporia in which the pursuit of revolutionary unity culminated
in the denial of political diversity. The research concludes that the Sandinista
political language—by linking revolution, sovereignty, and nation within a single
language—produced an exclusionary national imaginary, revealing the tensions
between representation, participation, and legitimacy that traverse Latin American
revolutionary democracies of the twentieth century.
Keywords: Sandino, Concepts, Revolution, Sovereignty, intellectual history.
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INTRODUCCIÓN
De acuerdo con Koselleck (2004), el concepto moderno de revolución
experimentó cambios fundamentales en el transcurso del siglo XVIII. Entre
ellos, destaca su transformación en un “concepto meta-histórico” (p. 50), donde
se desprende completamente de su origen naturalista y pasa a ordenar histórica-
mente las experiencias revolucionarias que recoge en su núcleo. Esta transforma-
ción se concentra en un singular colectivo que sitúa dentro de sí las posibilidades
de todas las historias individuales o colectivas. En consecuencia, desde el siglo
XVIII se amplió el horizonte de futuros imaginables (Burke, 2009), lo que abrió
la puerta a nuevos proyectos políticos y de sociedad.
En este sentido, el concepto de revolución obtuvo una nueva perspec-
tiva de futuro que también cambió la forma en que se miraba el pasado. Así,
se convirtió en un “concepto perspectivista de carácter losóco-histórico”
(Koselleck, 2004, p. 51). En otras palabras, esta noción de revolución indicaba
una dirección sin retorno, que solo permitía el debate sobre un antes y un después
de los movimientos sociopolíticos que marcaban una ruptura histórica desde la
perspectiva de los actores sociales involucrados.
Para quienes impulsaron la Revolución Sandinista, el triunfo de esta en
julio de 1979 sin duda alguna signicó una ruptura fundamental para la historia
de Nicaragua. Se interpretó como un suceso que terminaba con un período
histórico caracterizado por la intervención imperialista, la corrupción y los
vejámenes a las clases populares. Asimismo, se pensaba que abría paso a un
nuevo régimen de igualdad, de unidad nacional, de desarrollo económico y de
democracia, ideas que se encarnaron en la juventud como un símbolo de renova-
ción política (Bataillon, 2013).
Parte de este legado retórico sobre la revolución sandinista, aún persiste
en los discursos públicos enunciados por el régimen de Daniel Ortega Saavedra
en Nicaragua, esto a pesar de sus más que evidentes contradicciones. El régimen
de Ortega-Murillo más bien se ha caracterizado por el personalismo autoritario,
por la cooptación de partidos políticos opositores, y por la exclusión, acoso y
represión de los organismos de la sociedad civil y de los movimientos sociales
críticos al régimen (Jarquín, 2016).
En este contexto, la pregunta que sigue vigente es ¿por qué no se consoli-
daron los ideales revolucionarios de igualdad política, cultural y socioeconómica de
los sandinistas? Para abordar esta cuestión, se puede considerar diversos factores.
En primer lugar, la rápida desintegración de las fuerzas políticas que lideraron el
triunfo de la Revolución, junto con la hegemonía desmedida de los miembros del
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en los espacios de deliberación
política. En segundo lugar, la creciente oposición de algunos sectores de la iglesia
católica y del empresariado, así como el limitado alcance de la reforma agraria
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y las promesas incumplidas contribuyó al debilitamiento del proyecto revolucio-
nario. Y, en tercer lugar, la presión externa de los Estados Unidos y su papel en
el nanciamiento, entrenamiento e impulso de las Contras representó un factor
contundente en el deterioro de los ideales sandinistas (Forno, 2017).
No obstante, el lenguaje político-conceptual adoptado por los miembros del
FSLN ha quedado por fuera de dichas explicaciones. De ahí que no se ha explo-
rado el peso de los conceptos en la construcción de una racionalidad política que,
en última instancia, resultó contradictoria. Por esa razón, este artículo propone
un análisis del concepto de revolución utilizado por los principales miembros del
FSLN entre 1979 y 1984, para tratar de dilucidar sus contradicciones, las prin-
cipales líneas de tensión y los equívocos desarrollados en la construcción de un
concepto que actuó como espina dorsal del proyecto revolucionario.
La razón del período analizado (1979-1984) está directamente vinculada al
proceso de consolidación de la hegemonía del FSLN en Nicaragua, que va desde el
triunfo de la Revolución en 1979 hasta 1984, año en que se organizan las primeras
elecciones tras la etapa revolucionaria. La particularidad de este período inicial
del “proceso revolucionario” es que durante esos años se pusieron de relieve las
tensiones entre dos visiones para la Nicaragua pos-Somoza. Por un lado, la visión
de la cúpula sandinista era hegemonizar el programa revolucionario para orien-
tarlo en una dirección socialista ortodoxa. Por otro lado, el modelo pluralista
buscaba implantar un plan de acción caracterizado por un reformismo moderado
(Jarquín, 2020), siendo este modelo el principal eje del consenso nacional que
había catapultado el triunfo revolucionario.
Dicha tensión entre las dos visiones estallaría en 1983 cuando —con el
apoyo del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y de la jerarquía
católica— la CIA consolidó una plataforma política anti-sandinista llamada
Unión Nicaragüense Opositora (UNO), cuyo presidente era el empresario Adolfo
Calero (Kruijt, 2011). Adicionalmente, sería provechoso extender el período hasta
1990 para profundizar en las controversias suscitadas alrededor del concepto de
revolución. No obstante, la decisión de detenerse en 1984 también responde a
la disponibilidad de las fuentes.
El artículo se divide en tres secciones principales. En la primera se explica
el enfoque teórico del que parte el análisis. En la segunda se analiza la narrativa
teleológica sobre la que se fundó el concepto de revolución y la intensión situada
de las actores históricos que la enunciaron para legitimar el proyecto político del
sandinismo. En la tercera sección se analiza el concepto de revolución popular
en relación con el de democracia para exponer las principales aporías (contra-
dicciones en el uso de los términos) de ese par conceptual e identicar las impli-
caciones prácticas que eso tuvo. En particular, se tomarán en cuenta los textos
de cuatro líderes del FSLN durante el período 1979-1984: Daniel Ortega, Jaime
Wheelock Román, Tomás Borge Martínez y Sergio Ramírez Mercado.
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LA PREGUNTA POR LO POLÍTICO: CONCEPTOS
Y LENGUAJES DE LA REVOLUCIÓN
El enfoque teórico utilizado en la investigación corresponde a la historia polí-
tico-intelectual, cuya base son los supuestos teóricos de la historia conceptual. Este
enfoque plantea que el concepto de revolución debe comprenderse dentro y entre las
interacciones más fundamentales de la comunidad política. En ese sentido, se presta
atención a las aporías, lo inacabado, las tensiones y los límites de tales interacciones
dentro de dicha comunidad. Para ello, se parte de una denición de “lo político”
como instancia simbólica que recupera las preguntas de la losofía política sobre el
poder, la vida en comunidad y los principios de legitimidad que instituyen una deter-
minada forma histórica de sociedad y reeren a cómo se establecen las prácticas, las
creencias y las representaciones a lo largo de la trama social (Rosanvallon, 2003).
La única forma donde dicho espacio simbólico adquiere materialidad e histo-
ricidad es a través del lenguaje que usan los actores históricos. En efecto, para histo-
rizar el concepto de revolución no basta con estudiar los discursos aislados sobre
dicho acontecimiento o identicar las doctrinas más o menos estables que subyacen
a dicho concepto. En realidad, es necesario considerar el lenguaje como un “acto
del habla”, lo que implica estudiar el nivel locutivo de un determinado enunciado
y su fuerza ilocutiva. Es decir, resulta imprescindible comprender tanto lo que se
dice (nivel locutivo) como situar el enunciado en su contexto histórico y semántico
de producción para descubrir cuál es la intencionalidad —consciente o no— de los
actores sociales (su fuerza ilocutiva) (Palti, 2005).
De ese modo, la historia del concepto de revolución debe incluir una reexión
sobre cómo los sujetos estudiados comprendieron su situación histórica, cuáles
eran los intereses y las convicciones que los llevaron a formular sus objetivos y
cómo su visión de mundo delimitó su campo de acción política. Siguiendo esa línea,
los conceptos no son solo indicadores, sino también factores del cambio social y
político. Más aún, “conceptos generales” como revolución invitan a ser ocupados por
experiencias y expectativas específicas, lo cual aviva la disputa por su significado
(Koselleck, 2004). Desde esta perspectiva, se busca generar una reflexión acerca
de los sujetos históricos (en este caso, de los dirigentes políticos del FSLN), sus
visiones de mundo y la manera en que estas cambiaron durante el período de estudio,
y cómo ese contexto marcó sus concepciones sobre la revolución.
Es posible aproximarse a la revolución como un concepto sociohistórico
gracias al hilo de las experiencias y las expectativas, así como de los intereses y los
objetivos de los sujetos históricos. De esta forma, el concepto está sujeto a la dinámica
de un campo político abierto a las controversias, a las disputas, a los retrocesos y a
los conflictos. Dichas tensiones buscan definir la legitimidad política que subyace al
concepto mismo, siendo el lenguaje la instancia de mediación entre el pensamiento
y el discurso político (Skinner, 1969; Pocock, 1971).
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En este sentido, la hipótesis principal de este estudio es que el concepto de
revolución y la densa red de sentido que lo acompañó, construyó una racionalidad
política. Esta racionalidad desembocó en un accionar institucional contradictorio,
debido a las crecientes tensiones entre actores sociales y políticos, y a la necesidad
de mediar conflictos entre la cúpula del sandinismo y el sector empresarial. Además,
se trata de un concepto que registró las experiencias de la reactivación de la Guerra
Fría en Centroamérica y reaccionó a la presión externa e interna tanto de los Estados
Unidos como de las Contras durante el período en estudio.
LA NARRATIVA TELEOLÓGICA: LA
REVOLUCIÓN “INEVITABLE”
En 1981, dos años después del triunfo de la Revolución, el comandante
Tomás Borge Martínez pronunció un discurso en el que señaló que esta había
planteado una lucha del presente y del futuro contra el pasado. Para Borge, la
revolución había signicado erradicar la “irresponsabilidad” y la “delincuencia”
para implantar el “humanismo” y la “justicia” (p. 250), para lo cual era funda-
mental cumplir con las tareas asignadas al Ministerio del Interior (MINT).
Este ministerio, creado y dirigido por el propio Borge desde el triunfo
revolucionario en 1979, había sido caracterizado como un organismo “al servicio
del pueblo”, de los “trabajadores y de los explotados” (Borge, 1981, p. 256).
La descripción que hizo el comandante sobre los funcionarios del MINT, en su
mayoría militares y antiguos revolucionarios, ayuda a entender las caracterís-
ticas de dicha lucha contra el pasado que pretendían librar los sandinistas.
Además, esa caracterización le permitió a Borge (1981) argumentar que el
sandinismo contaba con una amplia tradición identicada con los obreros agre-
didos y explotados por el régimen de los Somoza. Los entendía como sujetos de
la revolución y de quienes dependía “el destino de Nicaragua” (p. 263). En ese
sentido, la transformación en el régimen de tenencia de la tierra fue uno de los
principales ejes de tensión entre las promesas de un futuro más favorable para los
sectores populares y un pasado atado a las estructuras de dominación colonial.
En efecto, Borge planteó que desde la independencia del imperio español
en el siglo XIX la propiedad territorial había sido usurpada por “un grupo de
terratenientes”, quienes habían luchado por la independencia solamente para
“consolidar su poder político y económico; no tenían ningún interés en cambiar
el sistema de explotación” (p.265). Para el comandante, el fracaso de un desa-
rrollo genuinamente endógeno e independiente en América Latina se explicaba
porque la “oligarquía agraria” era dueña de la mayor parte de los medios de
producción del continente y estaba subordinada a los intereses políticos y econó-
micos de las potencias industriales. En palabras de Borge (1981): “El desarrollo
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independiente de América Latina fue frustrado por la expansión del imperialismo
y por la existencia de la oligarquía terrateniente, subordinada política y económi-
camente a intereses extranjeros” (p. 266).
Desde esa perspectiva, el concepto de revolución, al vincularse con los inte-
reses de los sectores obreros y campesinos, proyectó un escenario de futuro que
prometía romper con las relaciones de explotación en el campo. Además, se dife-
renciaba de aquellas promesas incumplidas de los movimientos independentistas del
siglo XIX. Años más tarde, cuando fue necesario “defender” la revolución de las
fuerzas opositoras, Borge (1987) fue más contundente al plantear que la “verdadera”
independencia de Nicaragua fue el 19 de julio de 1979.
Esa visión sobre el pasado y la revolución no era particular de Borge Martínez,
sino que era parte de la discursividad del FSLN desde el triunfo revolucionario en
1979. Jaime Wheelock —líder de la tendencia proletaria y miembro de la Direc-
ción Nacional del FSLN desde 1973— planteó en 1979 que el poder colonial se
había manifestado en Nicaragua bajo la forma de una “cultura del colonizado” y
que era necesario romper. La intención de Wheelock con el texto Raíces indígenas
de la lucha anticolonialista en Nicaragua (1980) era “demostrar la continuidad de
la resistencia armada indígena y los brotes insurreccionales que tuvieron lugar a lo
largo del período colonialista” (p. 7). Asimismo, se pretendía reinterpretar el pasado
nicaragüense para anular las “tesis, mitos y prejuicios que han privado en Nicaragua
producto del monopolio cultural que ejerce la burguesía criolla” (pp. 11-12).
Este relato intentó legitimar una nueva hegemonía narrativa al interpretar el
pasado colonial como el inicio de una cadena de luchas sociales que terminó, inevi-
tablemente, con la revolución en 1979. En Carlos, el amanecer ya no es una tenta-
ción (1982), Tomás Borge estableció un vínculo entre la muerte de Augusto César
Sandino en 1934 y el nacimiento de Carlos Fonseca Amador solo dos años más tarde.
Con ello, interpretó la gura mítica de Fonseca como heredero directo de Sandino, y
el sandinismo lo explicó como una respuesta histórica necesaria “a más de cien años
de lucha popular” (Borge, 1982, pp. 15-39).
El sandinismo y la revolución se entendieron como sinónimos, en la medida
en que el FSLN se convirtió en el anclaje histórico del concepto. Esto se rearmó
a partir del desarrollo del Frente como institución partidaria, la cual buscaba legi-
timarse como heredera directa del legado histórico de lucha popular. No obstante,
las fragmentaciones del consenso nacional que impulsó el triunfo de la Revolución
se hicieron evidentes tan pronto la junta de gobierno asumió el poder. De hecho, el
propio Borge Martínez escribió sobre las disputas internas del FSLN, sobre frac-
ciones entre los grupos que alguna vez formaron la ofensiva contra Somoza y de
crisis económica (Cuadra, 2016). Esto le permitió a Borge hacer uso de esa narrativa
para seguir legitimando la interpretación sandinista sobre dicho proceso.
En efecto, el consenso basado en la economía mixta, el pluralismo político y
en el no alineamiento internacional se comenzó a resquebrajar muy pronto. Desde
1980, la junta de gobierno —compuesta por Daniel Ortega Moisés Hassan, Sergio
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Ramírez, Alfonso Robelo (como representante del sector empresarial) y Violeta
Barrios de Chamorro— había planteado el plan de recuperación económica. Este
plan había sido impulsado por el Ministerio de Planicación y estaba orientado a
la modernización de la economía y a la satisfacción de las necesidades básicas de
la población bajo una lógica de economía mixta (Grigsby, 2022). Sin embargo, la
presencia central que daban a la acción del Estado opacó desde el inicio la participa-
ción de la empresa privada.
De hecho, la Dirección Nacional del FSLN desde 1979 admitía que uno de los
primeros pasos de la Revolución consistía en despojar la iniciativa privada de todo
control sobre el sector nanciero y económico. Desde su perspectiva, el objetivo de
la “burguesía vendepatria” era mantener la dependencia respecto al imperialismo y
fortalecer el sistema de libre empresa, lo cual la convertía en una de las principales
enemigas de la revolución (FSLN, 1979). Aunado a las políticas de conscaciones
cada vez más agresivas por parte del gobierno, los empresarios privados comenzaron
a desconar del control centralizado del Estado. Estos se opusieron a las restric-
ciones para el acceso de divisas y resintieron la competencia del Estado, lo que
comenzó a crear tensiones entre los sandinistas y otros grupos de poder económico
(Spalding, 2017; Grigsby, 2022).
Esta situación se reejó en la renuncia a la junta de gobierno de Alfonso
Robelo y de Violeta Barrios de Chamorro. Ambos presentaron su renuncia en abril
de 1980, pocos meses después de haber lanzado el primer programa para la reactiva-
ción de la economía. El sector empresarial sentía que estaba siendo traicionado por
los sandinistas. Esta sensación se explica porque, durante los primeros años poste-
riores después de la Revolución, en Nicaragua se promovió un modelo de expansión
estatal que los sectores empresariales interpretaron como un problema (Spalding,
1994). En contraste con otros modelos de economía mixta en América Latina, que
concedían amplios benecios a la empresa privada (Offner, 2019).
Esto generó tensiones y, como lo ha identicado Spalding (1994), las
medidas de conscación ejecutadas por el sandinismo se trajo abajo el soporte
material que sostenía el principio de “pluralismo político” y de “unidad nacional”
(pp. 85-87). Asimismo, como plantea Cuadra (2016), el campo de disputa abierto
en la economía, pronto se trasladó a la política y tuvo su expresión más cruda en el
conicto militar que perduró durante la década de 1980. En efecto, el desmorona-
miento del consenso nacional revolucionario coincidió con la elección de Ronald
Reagan como presidente de los Estados Unidos en 1981, lo que marcó el inicio de
una agresiva política exterior. Esta política se manifestó, entre otras acciones, en el
nanciamiento y preparación de grupos armados contrarrevolucionarios a través de
la Central Intelligence Agency (CIA).
En este sentido, la política exterior de Reagan se interpreta como una reacción
a la crisis del liderazgo global norteamericano. Esta crisis había comenzado en el
sudeste asiático, con la derrota en Vietnam, y se extendió por Medio Oriente (caída
del Sha en Irán, crisis del Líbano, etc.) y Centroamérica. Además, varios aspectos
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fueron percibidos como un retroceso de la inuencia imperial de los Estados Unidos
en la región del Caribe y el istmo centroamericano. Entre ellos, la redenición
del tratado por el canal de Panamá que había impulsado el general Omar Torrijos.
También la creciente autonomía política que habían ganado algunos líderes latinoa-
mericanos —particularmente en Venezuela y México— en la década de 1970. Así, el
evento más notorio para los Estados Unidos fue el triunfo de la Revolución en julio
de 1979 (Pérez, 2000; Sánchez, 2019).
Ahora bien, desde febrero de 1982 el presidente Reagan aprobó un plan
de operaciones encubiertas contra Nicaragua por la CIA. Para 1983, las Contras
—que agrupaban tanto a exsomocistas como disidentes sandinistas— operaban
abiertamente y desataron ofensivas guerrilleras en marzo y septiembre de ese año
(Pérez, 2000). Cabe destacar que la ofensiva de las Contras, como lo ha mostrado
Rueda-Estrada y Vázquez (2023), no solo fue militar, sino también ideológica.
A modo de ejemplo, el Libro Azul y Blanco, publicado en 1983, es
considerado el ideario político de Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN).
Para ese momento, fue la agrupación que mejor aglutinó en una sola organi-
zación a los diversos grupos contrarrevolucionarios. Este libro era parte del
programa de educación política que desplegó la CIA. Con ese texto, el servicio
de inteligencia exterior podía explicar a los sectores campesinos, involu-
crados en el movimiento contrarrevolucionario, los principios y objetivos de
la lucha contra el FSLN, los cuales apelaron a un fuerte componente religioso
(Rueda-Estrada y Vázquez, 2023).
Este contexto de beligerancia político-ideológica y de desintegración del
proyecto sandinista impactó en el concepto de revolución y en la narrativa histó-
rica impulsada por el FSLN. Wheelock (1983) declaró en una entrevista con la
periodista chilena Marta Harnecker que el sandinismo estaba comprometido con
la creación de una “nueva sociedad”, de una “hegemonía revolucionaria” y de
las “transformaciones democráticas” (p. 29) necesarias para integrar a todos los
sectores de la población. Asimismo, argumentó que la revolución había roto con
un modelo general de poder del imperialismo en todo América Latina.
A partir de allí, Wheelock (1983) dio sentido a un concepto de “política
de alianzas” cuyo núcleo es el pueblo y no la burguesía. Esto le permitió al líder
construir una identidad narrativa sobre la revolución como proceso popular que
incluía una democracia supuestamente participativa frente a un régimen dictato-
rial. Al mismo tiempo, visualizó la revolución como una ruptura con el imperia-
lismo en América Latina, pues argumentaba que las dictaduras latinoamericanas
habían surgido como consecuencia de castas políticas nacionales fuertes y de un
movimiento social activo. Wheelock interpretó la Revolución Sandinista desde
una perspectiva teleológica —como resultado de la opresión histórica de los
pueblos latinoamericanos— con el objetivo de legitimar el proyecto sandinista
frente a la presión externa de Estados Unidos y de la Contra.
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Para los sandinistas el valor histórico de la revolución trascendía las fronteras
nicaragüenses y se colocaba como parteaguas latinoamericano contra el imperia-
lismo. Esta era una crítica directa a la política exterior estadounidense sobre América
Latina y con ello se buscó, por un lado, consolidar la legitimidad continental de la
revolución y, por el otro, oponerse a las estrategias de presión de las Contras. Esto lo
dejó claro el escritor y periodista Sergio Ramírez Mercado —quien en ese momento
formaba parte de la junta de gobierno— en un pequeño libro titulado Nicaragua. La
primera frontera: una revolución propia y un modelo soberano:
La revolución sandinista surge en Nicaragua como respuesta histórica a una doble situa-
ción de injusticia secular en lo interno, y de sujeción a los intereses imperiales de Estados
Unidos, en lo externo. Ambas condiciones, injusticia y dominación, están íntimamente
entrelazadas en la historia de Nicaragua, y en la del continente latinoamericano; por lo
tanto, también podemos armar sin ninguna duda, que la revolución sandinista es una
respuesta latinoamericana, o parte de una respuesta histórica latinoamericana, a la injusticia
y la dominación. (Ramírez, 1983, p. 9)
De esta manera, la fuerza ilocutiva del discurso teleológico sobre la revolu-
ción —como necesidad histórica, como destino continental y como cumplimiento
del pueblo con la historia—describe y actúa políticamente. Plantear que la revo-
lución y el sandinismo como par conceptual fueron una “respuesta histórica” no
solo fue una armación ideológica, sino un acto ilocutivo que legitimó el poder
revolucionario. Al respecto, es importante mencionar que desde la perspectiva
sandinista la Revolución no fue un suceso contingente, al contrario, fue algo que
debía suceder. Así, esta deslegitimó a los opositores (porque quien se oponía a la
revolución, quedaba fuera del curso legítimo de la historia) y consolidó la idea
de una inevitabilidad política, que pretendía cerrar el horizonte de alternativas
(el único camino era el camino de la revolución).
Esta teleología revolucionaria como mito político se articuló también alre-
dedor de la idea del “pueblo como sujeto histórico”. El mito revolucionario tuvo
una doble función. Por un lado, funcionó como imaginario político fundacional que
buscó dar sentido a lo político con base en una promesa de “democracia popular”
que no admitía el disenso. Por otro lado, también tuvo una función estructurante de
la identidad basada en una dimensión excluyente: quien no se adaptaba al destino
histórico de la revolución, quedaba fuera del “pueblo”.
La lógica discursiva del FSLN formuló las ideas de burguesía vendepatria y
vanguardia política como “contraconceptos” para dar sentido a la narrativa histórica
contenida en el concepto de revolución. Siguiendo esa lógica, la vanguardia política
del FSLN representaba a las transformaciones sociales en favor de los obreros, los
campesinos, la democracia y, por tanto, al futuro. Mientras que la burguesía vende-
patria se asoció al imperialismo y a la dependencia. Por ello, ese segundo concepto
—y todos los actores sociales vinculados a él— quedaba encapsulado en el pasado
como un “residuo del somocismo” (FSLN, 1979, pp. 52-53).
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Así, el triunfo de la Revolución en 1979 dio sentido a una narrativa particular
a partir de conceptos claves como revolución, vanguardia política, democracia, inde-
pendencia y justicia social. Estos conceptos articularon una narrativa histórica que
tornó a la historia misma en un mecanismo de legitimación no solo del pasado, sino
también del futuro, particularmente para validar los ejes programáticos del FSLN
como reivindicaciones históricas de la nación. Sin embargo, el mito de la revolución
inevitable vinculada con la promesa de la democracia popular escondía aporías que
limitaron el accionar político del Frente.
LA REVOLUCIÓN POPULAR: APORÍAS DE
LA DEMOCRACIA SANDINISTA
El comandante de la Revolución Carlos Núñez Téllez –presidente del Consejo
de Estado– realizó un informe y lo presentó en la sesión solemne de clausura del tercer
período legislativo en diciembre de 1982. En el documento se enfatizó en que “la natu-
raleza del Estado revolucionario” podía denirse como popular, democrático y anti-
imperialista. Sobre los dos primeros conceptos se ofrecieron deniciones concretas.
Además, se planteó que la Revolución era popular porque el Estado “ha colocado el
poder en manos del Pueblo, pero además de representar los intereses mayoritarios
hace suyo los intereses de toda la nación” (Núñez, 1982, p. 19). Asimismo, se dijo
que la revolución era democrática porque gracias a esta se observaba la participación
de todos los sectores “en los problemas fundamentales de la nación” (p. 19).
Para el comandante, la democracia tenía varios signicados. En primer lugar,
signicaba un régimen económico que garantizara las necesidades básicas de la
población. En segundo lugar, denotaba el “perfeccionamiento de las instituciones
del Estado” (Núñez, 1982, p. 20) para acortar la comunicación con las mayorías
populares. Y, en tercer lugar, representaba la “institucionalización ordenada, real y
coherente de la participación popular organizada para la realización de los planes
económicos, políticos y sociales” (p. 20). A este respecto, se destacan dos consi-
deraciones. Por un lado, puede observarse en estas deniciones que el concepto de
revolución popular iguala la categoría de “pueblo” a la de “nación”, es decir, se
entendió al pueblo como una entidad singular y no plural. Por otro lado, concebía al
“pueblo” como sujeto del poder soberano, pero admitía la presencia de mecanismos
institucionales que mediaban y negociaban ese poder.
La interpretación de la democracia popular como pilar de la revolución que
planteó Núñez, pone de relieve al menos tres aporías:
a. la contradicción entre legitimidad revolucionaria y legalidad democrática;
b. la contradicción entre la democracia como forma y la democracia como
expriencia social;
c. el pueblo como unidad frente al pueblo como pluralidad.
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Estas aporías, como se verá más adelante, estructuraron un lenguaje y un
imaginario político excluyente que en la práctica no solo resultó en un accionar
institucional contradictorio, sino que dio sustento a prácticas autoritarias.
Hablar de una revolución popular tenía la intención de crear una identidad
compartida e integradora alrededor del proyecto revolucionario que le otorgara
legitimidad. Esto respondió al hecho de que desde 1981 la manera en la que se llevó
a cabo la reforma agraria se tradujo en descontento y en conflicto social en las zonas
rurales (Cuadra, 2016). Este malestar se debió, en parte, porque la reforma agraria
fue interpretada por las comunidades rurales como un atentado contra sus modos de
vida (Martí, 1997; Jarquín, 2020).
En efecto, desde 1981, el rechazo estatal de la propiedad individual y la
entrega de derechos colectivos acabó con las aspiraciones del campesinado que
deseaba ser propietario. Además, las políticas de comercialización y distribución
de los productos agrícolas atentó contra los comerciantes e intermediarios, quienes
estaban acostumbrados a regirse con las leyes del mercado y no con el control de
precios establecido por el gobierno. Esto evidenció al campesinado como un sector
complejo y dinámico que no estaba cohesionado por reivindicaciones comunes. Esta
situación potenció el descontento de los campesinos y, finalmente, se institucionalizó
con las Milicias Populares Anti-Sandinistas (Milpas), uno de los primeros grupos
insurgentes (Kruijt, 2008, Rueda-Estrada, 2019).
Como respuesta a este descontento, la retórica de la revolución popular buscó
crear unidad, pero partió de una singularización de la categoría de “pueblo”. En
Los primeros pasos. La revolución popular sandinista (1981), el comandante Tomás
Borge no solo denió la revolución como “una organización de vanguardia”, sino
que planteó la diferencia entre el pueblo y la dirigencia sandinista:
Los mejores hijos de la patria ponerlos al frente del pueblo, pero no encima del pueblo.
Mezclados con el pueblo, integrados al pueblo, pero a la cabeza del pueblo en su capacidad
de entrega, en su espíritu de sacricio, en su abnegación, en su modestia revolucionaria
en su sencillez y en su capacidad de morir si es necesario por ese pueblo y su revolución.
(Borge, 1981, pp. 193-194).
La aporía ente concebir al pueblo como unidad frente y, al mismo tiempo,
como pluralidad, se expresó primero en una jerarquización basada en criterios
morales. De ese modo, quienes luchaban por la revolución con los valores del
“sacricio”, la “entrega” y la “abnegación”, estaban por encima de quienes no se
preocupaban por apoyar o cumplir con los objetivos del FSLN o por quienes de
lleno rechazaban y se oponían al sandinismo. Al constituirse como una categoría
excluyente, el pueblo como unidad anulaba las voluntades plurales inherentes de una
democracia popular como la que el Frente armaba defender. Esta aporía se hizo más
evidente durante el discurso de Daniel Ortega con motivo del segundo aniversario
de la revolución el 19 de julio de 1981:
Daniel Ugalde Barrantes • La revolución como aporía democrática: el lenguaje político sandinista y la constitución... 1313
Con esto estamos tratando de fortalecer nuestro proceso, no vamos a seguir discutiendo
reglas del juego, las reglas del juego las pone el pueblo y el que quiere, que las juegue y el
que no, que se vaya, o el pueblo lo aplasta. (Ortega , 1981, p. 13)
La cita anterior evidencia que el fundamento de pluralismo político no se
sostiene. Nuevamente, se parte de una interpretación del pueblo como unidad, pero
en esta ocasión Ortega crea una división retórica entre quienes forman parte del
pueblo y quienes no. Con esto cierra cualquier posibilidad de disenso en torno al
concepto de revolución, el pueblo se considera una unidad sólida que no admite
voluntades plurales. Como lo ha planteado el historiador francés Pierre Rosanvallon
(2012) la idea del “pueblo uno” es una cción que ha sido utilizada en muchas revo-
luciones para justicar el poder concentrado en un partido político. En ese sentido,
cuando el FSLN se entendió como único representante legítimo del pueblo, pero a
la vez aceptaba las formas institucionales de una democracia plural, se hizo evidente
otra aporía: el intento de representar al pueblo como unidad en un marco que institu-
cionaliza su diversidad (el de las democracias liberales).
Ciertamente, los grupos guerrilleros que privilegiaron el uso de la vía armada
en Centroamérica2 y se constituyeron como fuerzas de izquierda3 se encontraban,
o bien políticamente aislados —como es el caso de Costa Rica y Honduras— o
negociando su ingreso al escenario de la participación política legal como ocurrió
en El Salvador, en Guatemala y en Nicaragua (Torres-Rivas, 1991). Si bien la crisis
política, económica y militar que vivía la región centroamericana en la década de
1980 causó preocupación, algunos de los cambios que experimentaron las institu-
ciones políticas del istmo dieron paso a un sentimiento de conanza y esperanza
con respecto a la posible consolidación de instituciones democráticas en el istmo
(Rovira, 1996; Kruijt, 2008; Díaz, 2025).
En Honduras, la junta militar que gobernaba en 1982 entregó el poder a una
Asamblea Constitucional y se llamó a elecciones presidenciales. Por su parte, en El
Salvador hubo elecciones en 1982 y en 1984, al igual que en Nicaragua, donde se
convocaron elecciones presidenciales en 1984 (Díaz, 2025). Esto signicó un cambio
importante del posicionamiento de los ciudadanos nicaragüenses con respecto a la
vía armada (Bataillon, 2014). En ese contexto político y social, se desenvolvió el
concepto de la nueva democracia evocado por los líderes sandinistas. Con motivo del
cierre del tercer período legislativo del Consejo de Gobierno en 1982, Daniel Ortega
planteó que la revolución fue “el más grande triunfo democrático de la historia”,
dividiendo nuevamente la historia de Nicaragua en un antes y un después del 19 de
julio de 1979. También Ortega (1982) sostuvo que con la “democracia revolucio-
naria, estamos armando la democracia popular” (pp. 8-9).
La contraposición histórica entre dos Nicaraguas, nutrida por la narrativa
histórica de Sandino, del sandinismo y de la revolución, sustentaron la mitología de
la nueva democracia. En ella se manifestó la aporía de la democracia como expe-
riencia social frente a la democracia como forma. En el texto Nicaragua. La primera
frontera (1983), Sergio Ramírez evocó el concepto de soberanía y de revolución
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soberana para hacer referencia al concepto de democracia como experiencia social
de independencia y de liberación de la tiranía somocista. Desde esa perspectiva, se
asumió que todo el pueblo es soberano, pero igualmente es un sistema que opera bajo
la lógica de las democracias liberales:
Por otra parte, para nosotros la democracia no es un modelo meramente formal, sino un
proceso constante capaz de resolver los problemas fundamentales del desarrollo, y capaz de
dar al pueblo que elige y que participa, la posibilidad real de transformación de sus condi-
ciones de vida, una democracia que establezca la justicia y termine con la explotación (…)
este modelo propio de revolución soberana es el que estamos dispuestos a cualquier desafío
y a cualquier sacricio. (Ramírez, 1983, pp. 52-54)
Es así como en la Nicaragua sandinista, el discurso de la democracia popular
apuntó hacia la democracia como experiencia social, interpretando el poder del pueblo
como fuerza de transformación. No obstante, en la práctica el FSLN se enfrentó a
la necesidad de estabilizar el orden político, a legitimarse ante la comunidad inter-
nacional y a gestionar la pluralidad política al interior del país en un contexto de
descontento social y de presión contrarrevolucionaria.
De modo que el tránsito de una legitimidad revolucionaria a una legalidad
democrática —sin abandonar el discurso de la soberanía popular — generó una
contradicción difícil de superar del todo. De hecho, con la institucionalización de las
Contras y la puesta en marcha de las movilizaciones armadas en contra del sandi-
nismo, Ortega (1983) volvió sobre el mito de la nueva democracia:
Hoy se han cumplido los sueños de Sandino, de Rigoberto, de Carlos, con una dirección
unida siempre, con un Frente Sandinista unido para siempre, con un pueblo unido para
siempre, con un gobierno unido y un solo poder, el del pueblo armado, que no podrá ser
derrotado ni por las balas ni por los votos. (p. 13)
La tensión entre la revolución como legitimidad y la democracia como lega-
lidad se maniesta en la idea de que el pueblo armado es el soberano, pero también
se rerió a la democracia como «auténtica, legítima y defensora de la paz» (Ortega,
1983, p. 13). Con esto, Ortega trató de legitimar la acción armada en caso de inter-
vención extranjera ante la presión de Estados Unidos. De acuerdo con Rosanvallon
(2009), una de las claves para entender lo político es la distinción y tensión entre la
legitimidad (lo que justica el poder) y la legalidad (lo que lo estructura y limita).
En el caso del FSLN, al plantear una democracia popular se articula una forma
de legitimidad basada en la participación directa del pueblo como cuerpo social y
revolucionario, lo cual pretendía superar la legitimidad formal-procedimental de
las democracias representativas liberales. Esto llevó a una confusión entre “pueblo
soberano” y “pueblo en armas” que condujo a una paradoja: si el pueblo se dene por
su unidad armada, toda disidencia se interpreta como traición o contrarrevolución.
Como se ha planteado, esta contradicción no pudo ser superada por la nece-
sidad del sandinismo de acoplarse a los mecanismos institucionales de la democracia
liberal para estabilizar el orden político interno y legitimarse como fuerza política
Daniel Ugalde Barrantes • La revolución como aporía democrática: el lenguaje político sandinista y la constitución... 1515
internacionalmente. De hecho, en mayo de 1983 el Consejo de Estado hizo un llamado
a las urnas para el año siguiente y sostuvo el principio del pueblo armado como
garantía del proceso electoral y revolucionario (Núñez, 1983). Lo anterior evidencia
una democracia en tensión entre dos interpretaciones de la legitimidad. Por una
parte, la lógica de la legitimidad revolucionaria, donde la soberanía se concibe como
acción directa del pueblo armado. Por otra parte, la lógica de la legitimidad electoral
que entiende la soberanía como expresión institucionalizada de la ciudadanía.
Las aporías que se expresaron en el lenguaje político del sandinismo entre
1979 y 1983— forman parte de una contradicción mayor que puede resumir el centro
del problema alrededor del concepto de revolución: la aporía entre “necesidad histó-
rica” y contingencia democrática.
CONCLUSIONES
Entre la “necesidad histórica” y la contingencia democrática
Como se observó en el análisis presentado, la legitimidad de la Revolución se cons-
truyó, por un lado, sobre una narrativa histórica que interpretó el proceso revolucionario
como un suceso inevitable. Por otro, como una “respuesta histórica” donde se sintetizaba
el pasado de lucha antiimperialista y que ubicaba su origen en la colonia. No obstante,
esto condujo a que el concepto de revolución se asentara en una aporía democrática: si
la revolución es entendida como “necesaria”, entonces el orden surgido se toma como el
único legítimo. Esto aun cuando toda democracia, como insiste Rosanvallon (2009), debe
basarse en la contingencia del poder, es decir, la posibilidad de cambios en la opinión de
los ciudadanos, de que haya alternancia, de reconocer el conicto como constitutivo.
Por esta razón, el discurso político del sandinismo tropezó con una aporía funda-
cional: quiso construir una democracia basada en la participación del pueblo, pero al mismo
tiempo negó la posibilidad de que ese “pueblo” no quisiera lo que el FSLN representaba.
En ese sentido, se abrió un espacio para la participación dirigida, vigilada y tutelada. Así,
la noción del “pueblo armado como soberano” puede entenderse como un lenguaje polí-
tico que contribuyó a fundar un imaginario político excluyente de la nación nicaragüense.
Al identicar la soberanía con la unidad revolucionaria y la defensa armada del proceso,
este lenguaje produjo un marco simbólico que restringía la pertenencia nacional (o la no
pertenencia) de los sujetos alineados (o no alineados) con el proyecto sandinista.
En esto se resume el planteamiento de Koselleck (2004): los conceptos políticos
como revolución son inherentemente polémicos, porque se usan para debatir, para crear
identidades narrativas y para negar al otro. Como lo ha propuesto Fernández (2014),
las revoluciones son un laboratorio para desarrollar “tradiciones electivas”. Es decir, los
actores colectivos —como el FSLN— seleccionan ciertos personajes, momentos históricos
y textos canónicos que los ayudan a construir identidades narrativas, corrientes históricas
y trayectorias de larga duración para reconocerse a sí mismos y legitimar sus proyectos.
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El concepto de revolución del sandinismo venía cargado con la signatura
de un tiempo nuevo. En ese sentido, el espacio de experiencias se llenó con las
tradiciones de lucha anticolonial del siglo XVI, de las luchas antiimperialista de
Sandino en la década de 1930, de la Revolución cubana y de la memoria de las
dictaduras militares latinoamericanas. Por su parte, el horizonte de expectativas se
proyectó en la promesa de una nación redimida, de una democracia auténtica y parti-
cipativa, y en la superación denitiva del pasado oligárquico y dependiente, tanto
en Nicaragua como en todo América Latina.
De esta manera, el lenguaje político sandinista no solo constituyó un intento
por recongurar la comprensión del tiempo histórico, sino que construyó la revo-
lución bajo una lógica de aceleración que colapsó la distancia entre experien-
cias y expectativas. Por ello, el futuro dejó de ser concebido como un horizonte
abierto, ya que su realización se estaba ejecutando en el presente. Esto tuvo efectos
autoritarios, porque el acortamiento del horizonte de expectativas (producto de
la supresión de la distancia temporal) implicó también la cancelación de lo polí-
tico. Ya no hay un “todavía no” o un porvenir abierto a la deliberación, solo queda
una “verdad histórica” realizada o en realización.
Por esta razón, es posible explicar por qué el modelo sandinista
osciló —desde sus inicios— entre formas autoritarias y concesiones democráticas,
sin lograr resolver del todo esta contradicción. Asimismo, esto tuvo efectos prácticos
ya que el diseño de las instituciones del Estado sandinista captó esta racionalidad de
la revolución como única fuente de legitimidad, lo que propició la rápida concen-
tración del poder en el ejecutivo por sobre los demás (Ferrero, 2015). En suma, el
estudio de los lenguajes y de los conceptos ayudó a comprender lo político y a iden-
ticar las aporías de la democracia sobre las que se basó la revolución sandinista.
Visto desde una perspectiva de mediana o larga duración, los análisis de este tipo
pueden ayudar a comprender la actual deriva autoritaria en Nicaragua.
NOTAS
1 Este trabajo es el resultado de una investigación realizada en el curso Historia crítica del pen-
samiento sandinista, impartido en el Posgrado en Historia de la Universidad de Costa Rica por
el Dr. Werner Mackenbach. Agradezco al Posgrado y al Dr. Mackenbach por los comentarios
aportados a las versiones preliminares de este trabajo.
2 Tal es el caso de Nicaragua, pero también de Guatemala entre 1978 y 1979, y El Salvador
entre 1979 y 1980.
3 De acuerdo con Fernández (1995), estas fuerzas eran capaces de movilizar las reivindicaciones
por la igualdad social y la solidaridad en un contexto regional de ajuste estructural y profundi-
zación de las desigualdades.
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