E-ISSN: 1659-2859
Volumen 98 Número Especial 2019
Julio-Diciembre
DOI 10.15517/rr.v98i0.36994
Buenas prácticas en la atención, prevención y sanción de la trata de personas
Good Practices in the Attention, Prevention and Prosecution of Human Trafficking
Adriana Rodríguez Fernández1
Patricia Ramos Con2
1Escuela de Psicología/ Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, Universidad de Costa Rica, Costa Rica,
adriana.rodriguezfernandez@ucr.ac.cr
2Centro
de Investigación en Estudios de la Mujer, Universidad de Costa Rica /
Oficina de Equidad de Género, Instituto Tecnológico de Costa Rica,
Costa Rica,
patricia.ramos@ucr.ac.cr
Fecha de recepción: 22 de abril de 2019 Fecha de aceptación: 17 de octubre de 2019
Resumen
La
trata de personas ha sido reconocida como una severa violación a los
derechos humanos y un asunto de justicia social. Esta manifestación de
violencia ha alcanzado una magnitud significativa en Costa Rica, siendo
atravesada además por una direccionalidad de género, lo que implica que
suele afectar principalmente a las mujeres por su condición de
género. Este trabajo recopila los resultados
más relevantes de una investigación sobre la respuesta institucional en
el ámbito de la prevención, atención y sanción de la trata de personas,
realizada en el periodo 2016-2018 en el Centro de Investigación en
Estudios de la Mujer. El estudio fue de carácter
cualitativo-descriptivo y se basa en la perspectiva de personas
funcionarias de instituciones estatales con competencia en el abordaje
de esta problemática. Su objetivo principal fue la identificación de
las buenas prácticas y los retos pendientes en el combate de la trata
de personas. Los resultados del estudio evidencian que, pese a los
avances en la materia, la dinámica particular de la trata de
personas suscita una serie complejidades
referidas a su abordaje. Aunque se identifican buenas prácticas
referidas a la detección e intervención especializada de personas
víctimas, elementos como la prevención primaria, el acceso a la
justicia, el monitoreo y evaluación de las acciones institucionales
persisten entre los grandes desafíos. Se
pretende que este trabajo se sume a los aportes hacia la producción de
conocimiento crítico y comprometido con el ejercicio pleno del derecho
de las mujeres a vivir libres de violencia.
Palabras clave: Derechos humanos, violencia basada en género, tráfico y explotación humana, respuesta institucional, estrategias de abordaje.
Abstract
Human
trafficking and people smuggling are severe violations of human rights
and a matter of social justice. This manifestation of violence has
reached a significant magnitude in Costa Rica, being traversed by
gender directionality, meaning that it affects mainly women. This
article gathers the most relevant results from a «Centro de
Investigación en Estudios de la Mujer» investigation about the
institutional response towards the prevention, attention, and
prosecution of human trafficking and people smuggling from 2017 to
2018. It
was a qualitative-descriptive research study based on the perspective
of state institutions’ employees involved in this problem approach. Its
main objective was the identification of good practices and remaining
challenges for people smuggling eradication. The results demonstrated
that beside the progress in the matter, the particular dynamic of human
trafficking implies a complex approach. Although, good practices
regarding the detection and specialized intervention of human victims
are identified, challenges such as primary intervention, access to
justice, monitoring, and evaluation of the institutional actions,
persist. This article pretends to be a contribution for the production
of critical knowledge committed to the full exercise of the women right
to live free of violence.
Keywords: Human rights, gender violence, human trafficking, institutional response, approach strategies.
Introducción
Desde
el año 2013, el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer ha
sostenido la iniciativa de incorporar la trata de personas en su agenda
investigativa a través del proyecto Apoyo a la investigación, seguimiento y análisis de la atención brindada a las víctimas de trata en Costa Rica, lo
cual responde no solo a su pertinencia como fenómeno social, sino
también al escaso alcance que esta ha tenido en la investigación
académica a nivel nacional (Rodríguez Fernández y Ramos Con 2018).
Dicho proyecto se propuso profundizar en distintas dimensiones
de la problemática, con la aspiración de brindar un aporte en la
producción de conocimiento científico relativo al quehacer
interinstitucional frente a la trata de personas en el país, para así
identificar los desafíos actuales en su prevención, atención y sanción.
En ese sentido, se reconoce el importante papel que las universidades
públicas tienen, no solo en la generación de conocimiento crítico, sino
en el seguimiento y la vigilancia de la respuesta del Estado en el
ámbito de los derechos humanos.
Estudios
previos han planteado la necesidad de sistematizar las lecciones
aprendidas y las buenas prácticas en el abordaje de la trata de
personas en Costa Rica; ejercicio que a la vez permita emitir
recomendaciones de mejora dirigidas al aparato político-estatal
(Rodríguez Fernández y Ramos Con 2018).
El
presente artículo expone los principales resultados del proyecto de
investigación desarrollado en el periodo 2016-2018. Dicho estudio
exploró la perspectiva del personal institucional en cuanto a los
principales aciertos y desaciertos en la respuesta estatal mediante la
entrevista a 14 representantes de instituciones que abordan la trata de
personas, y el desarrollo de un grupo focal. Si bien no se enfatizó en
un fin específico de la trata de personas, los resultados del estudio
permiten dar cuenta que la trata con fines de explotación sexual sigue
ocupando un lugar fundamental en la demanda de casos que enfrenta la
institucionalidad. Es por ello que seguidamente se reflexionará sobre
el nexo entre género, violencia y trata de personas.
Violencia contra las mujeres y trata de personas
A partir de la ratificación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer «Convención Belem do Pará», el
Estado de Costa Rica adquirió una serie de compromisos en el combate de
todas las manifestaciones de violencia basada en género, tanto en el
plano privado como público. Es sabido que dicho instrumento
internacional marca una pauta en la definición y comprensión técnico
jurídica de la violencia contra las mujeres, ampliando el ámbito de
acción del Estado al reconocer que es violencia contra las mujeres
también aquella «que
tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y
que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de
personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de
trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de
salud o cualquier otro lugar»
(Ley n.º 7499 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer, artículo 2, inciso b.)
La trata de mujeres parte de una violencia basada en la diferencia sexual, provocada
por la discriminación de género y la subordinación histórica de las
mujeres (Castro y Pastor 2010). Si bien la trata de personas afecta
también a víctimas masculinas, se ha reconocido en su dimensión,
magnitud e impacto una direccionalidad de género. Datos del Informe Global sobre Trata de Personas, publicado en el 2018 por la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), estima
que, en 24 000 casos registrados en 142 países, la mayoría de las
víctimas son mujeres y niñas: 49% mujeres adultas, 21% hombres adultos,
23% niñas y 7% niños. Dicho informe constata que, del total de los
casos, la trata para fines de explotación sexual representa un 59% (UNODC 2018). Concretamente
en Costa Rica, durante el periodo 2011-2017, se contabilizaron un total
de 95 personas víctimas de trata, una gran mayoría (86%) de las mismas
fueron mujeres (Rodríguez Fernández y Ramos Con 2018).
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), las
investigaciones y las experiencias institucionales documentadas en la
región tienden a confirmar que mujeres de todas las edades representan
la mayoría de los casos documentados: aproximadamente el 80% de las
víctimas de trata son mujeres y niñas, siendo la explotación sexual y
laboral las formas más frecuentes.
Es esta entonces una expresión más del poder y control que se ejerce
sobre el cuerpo y la vida de las mujeres, la cual está anclada al
proceso histórico de apropiación de la capacidad sexual y reproductiva
y que ha sido estructurante al origen y mantenimiento del sistema
patriarcal. La trata despoja a las personas de su condición de
humanidad, reduciéndolas a una mercancía. No obstante, en el caso de
las mujeres esta representa una exacerbación de su cosificación, la
explotación multiplicada de sus cuerpos como objetos de consumo: «una
forma de violencia extrema contra las mujeres» (OIM 2012, 51).
Ana Carcedo retoma el concepto de continuum de violencia
planteado por Liz Kelly (OIM 2012) para entender que en la vida de las
mujeres se pueden ejercer diferentes formas de violencia, esto en
distintos ámbitos y momentos; perpetradas por actores
individuales o colectivos diversos. Según explica, ese continuum
se expresa con claridad cuando una mujer, niña o adolescente es
atrapada por las redes de trata, con la posibilidad de que la violencia
haya estado presente en su vida antes de su captación, traslado y
explotación en la trata de personas, e incluso, se manifieste posterior
a su salida: «Un análisis de la trata de personas en sus diferentes
etapas permite identificar con mayor claridad la forma en que la
discriminación y la violencia se encuentran presentes en las vivencias
de las mujeres víctimas y sobrevivientes de la trata. En el continuum
de la violencia ejercida contra las mujeres a nivel privado y público,
éstas se vuelven objeto de la trata como una experiencia extrema de la
violencia ejercida contra el género femenino» (OIM 2012,53).
De igual forma, las mujeres pueden experimentar la discriminación de
género y la violencia institucional en la ruta crítica de atención y
acceso a la justicia. Sobre esto Castro y Pastor (2010) afirman que
frente al sistema judicial las personas víctimas de trata se encuentran
en mayor condición de desventaja, pero en el caso específico de las
víctimas femeninas, «La
problemática de falta de acceso a la justicia para las mujeres víctimas
tiene su base en criterios de discriminación en la aplicación de las
leyes, en las dificultades históricas que enfrentan las mujeres frente
al poder que ejercen los hombres sobre ellas» (Castro y Pastor 2010, 17)
Dimensionar
la trata de personas como una manifestación de la violencia contra las
mujeres tiene implicaciones importantes, tanto para la comprensión de
su dinámica como para pensar en los abordajes posibles. Aunque desde el
planteamiento de esta investigación se enfocó el fenómeno de la trata a
nivel general –asumiendo también la existencia de víctimas masculinas–,
no deja de reconocerse que esta es una problemática atravesada por la
condición de género, una expresión de violencia que, según la evidencia
estadística, afecta mayormente a las mujeres. Siendo esta entonces la
principal realidad que enfrenta las instituciones.
Metodología
La
investigación realizada, de alcance descriptivo y enfoque cualitativo,
se aproxima a la respuesta institucional frente a la trata de personas,
abordando tres preguntas generales: ¿qué aciertos o buenas prácticas se
identifican en el abordaje institucional de la trata de personas?; ¿qué
desaciertos o limitaciones se presentan en la respuesta institucional
frente a la trata de personas?; y ¿cuáles son las principales lecciones
aprendidas en materia de prevención, atención y sanción sobre la trata
de personas desde la perspectiva institucional?
La
investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva
interpretativa, dirigida a comprender el significado de las acciones de
los seres humanos y sus instituciones, tal y como afirman Hernández et
al. (2010, 9) «Su propósito consiste en reconstruir la realidad, tal como la observan los actores de un sistema social previamente definido». De
esta forma, la preocupación de las investigadoras se centra
primordialmente en la construcción de sentido desde las personas
involucradas, sin pretender una generalización de la información
obtenida; sino más bien situarla desde sus propios significados,
perspectivas y experiencias. Según Ellsberg y Heise (2007), la
investigación realizada se puede catalogar como evaluativa, en tanto su
fin está dirigido a determinar el impacto o éxito de las intervenciones
que, en materia de trata de personas, se realizan por parte de las
instituciones competentes.
En
una primera fase, se llevó a cabo una entrevista semiestructurada a
personas que cumplieran con los siguientes criterios: a) laborar en una
institución u organización con responsabilidad directa en el abordaje
de la trata de personas, b) contar con competencias
específicas relacionadas a la atención, sanción o prevención de la
trata y c) participar voluntariamente de la entrevista. En un segundo
momento, con el fin de ampliar los alcances iniciales de la
investigación, se entrevistó a representantes del Equipo de Respuesta
Inmediata (ERI) a cargo de la acreditación y atención a personas
víctimas de trata en el país, según lo estipulado en la legislación
respectiva. En total fueron entrevistadas 14 personas funcionarias,
según se detalla en la Tabla 1.
Tabla 1. Detalle del total de entrevistas realizadas
Número de entrevista
|
Institución/ organización
|
Área
|
1
|
Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo-Scalabrinianas
|
No especifica
|
2
|
Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)
|
Proyecto Institucional de Equidad de Género
|
3
|
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
|
Departamento de protección al Trabajador
|
4
|
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
|
Oficina Nacional
|
5
|
Dirección General de Migración y Extranjería
|
Gestión de Tráfico y Trata de Personas
Secretaría Técnica de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas
|
6
|
Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
|
Área de Violencia
|
7
|
Ministerio Público
|
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito
|
8
|
Ministerio de Seguridad Pública
|
Programa de Violencia Doméstica
|
9
|
Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
|
Delegación de la Mujer
|
10
|
Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
|
Departamento de Atención Inmediata
|
11
|
Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
|
Delegación de la Mujer
|
12
|
Dirección General de Migración y Extranjería
|
Gestión de Tráfico y Trata de Personas
|
13
|
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
|
Área de Bienestar Familiar
|
14
|
Ministerio Público
|
Fiscalía Especializada de Trata y Tráfico
|
Fuente: elaboración propia
En la última fase del estudio, se incluyó un grupo focal con representantes de distintas instituciones y
organizaciones de la sociedad civil que participan en la atención a
personas víctimas de trata. De acuerdo con Ellsberg y Heise (2007), en
la investigación sobre violencia contra las mujeres, los grupos focales
son un recurso técnico eficaz para recopilar percepciones sobre el área
de interés, explorar prácticas y evaluar intervenciones.
Finalmente
se realizó una transcripción y sistematización de la información
recolectada, la cual fue analizada mediante la técnica de análisis de
contenido, enfatizando en los principales desafíos vinculados al accionar estatal.
Presentación de resultados
Partiendo del enfoque de la investigación, se presentan a continuación las valoraciones de las personas participantes
en torno al quehacer institucional frente a la trata de personas. Es
importante aclarar que no necesariamente representan la posición de las
instituciones a nivel general, ni la de sus autoridades. Cabe agregar
que todas las entrevistas realizadas fueron de carácter confidencial y
los nombres de las personas entrevistadas se han ocultado por mutuo
acuerdo.
Buenas prácticas en el abordaje institucional
Para efectos de la investigación, se comprende como «buena práctica» aquella
acción que ha demostrado ser efectiva, constituyéndose en un acierto a
nivel institucional. Según Claramunt et al. (2009), la definición de
buenas prácticas se refiere a cualquier experiencia que funciona total
o parcialmente para resolver una problemática y que tiene implicaciones
prácticas en otras situaciones o contextos. En el marco de este
estudio, por «buena práctica» se
entenderá la acción, estrategia o procedimiento que ha demostrado un
impacto positivo en la prevención, atención y sanción de la trata de
personas, la cual es susceptible de ser reproducida en otros
espacios.
Para iniciar la exploración al respecto, la entrevista dirigida al personal institucional planteó la interrogante: ¿cómo
valora el resultado e impacto de las acciones desarrolladas contra la
trata de personas por parte de su institución? En términos generales,
buena parte de las personas entrevistadas refirieron una valoración
positiva con respecto al accionar de su institución. Pero, al mismo
tiempo, todas estas coinciden en que el impacto real de las acciones de
cara a dicha problemática es de muy difícil medición. Particularmente
en materia de prevención y atención, se enfatiza en la ausencia de
criterios claros para la medición de impacto, no existiendo aún un
sistema o modelo definido, ni tampoco herramientas para tal fin. Pese a
ello, las personas entrevistadas reconocen aciertos importantes en la
respuesta del Estado, haciendo énfasis sobre todo en los procesos de
atención a víctimas
Como
punto de partida, desde la perspectiva de la mayoría del personal
entrevistado, se considera que la trata de personas dejó de ser un «tema aislado» o sujeto a la voluntad del gobierno de turno. Tal y como afirma una persona entrevistada: «Se
ha avanzado porque es un tema que está en el colectivo de las
instituciones, es un tema que hace cuatro años no se hablaba». Se
reconoce entonces, como logro, la inclusión de esta problemática en la
agenda misma del Estado. En ese sentido, se considera fundamental la aprobación de la Ley nº 9095 Contra la Trata de Personas en el año 2012. Coincidentemente se identifica la creación y consolidación de la Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas
[1] (CONATT) y el Equipo de Respuesta Inmediata
[2] (ERI)
como buenas prácticas y, a su vez, el establecimiento de un fondo que
destine recursos económicos para solventar los gastos administrativos y
operativos para la prevención, investigación, detección y persecución
del delito
[3].
A
nivel general, se identifica como una buena práctica la coordinación
interinstitucional en el seno de la CONATT y la articulación de
acciones conjuntas entre distintas instancias. Al respecto, se resalta
la agilidad en la comunicación entre el personal institucional, la
amplitud de convocatoria que tiene la Coalición, la conformación de
comisiones específicas y el compromiso institucional en la
participación de las mismas. Tal como se planteó en una de las
entrevistas: «el
éxito de Costa Rica es la articulación (…) La coordinación a través del
abordaje del ERI que tenemos creo que es nuestra mayor fortaleza y la
CONATT como tal».
Resulta
claro que una sola institución no cuenta con todos los recursos
necesarios para el abordaje de la trata. Incluso las personas
entrevistadas señalan que algunas instancias no cuentan con un
presupuesto específico para este fin. De ahí que sea indispensable una
coordinación interinstitucional desde los distintos niveles (protección
y seguridad, justicia, salud, bienestar social) que permita la
articulación de respuestas, en función de la diversidad de necesidades,
así como la definición conjunta de la mejor ruta según la casuística
presentada.
El
compromiso institucional de cara a la problemática ha implicado
también, como una buena práctica, la creación de instancias
especializadas a lo interno de algunas instituciones particulares. Por
ejemplo, en el caso de la Dirección General de Migración y Extranjería,
el origen del Equipo para Situaciones Migratorias Especiales (ESME).
De la mano con lo anterior, se señaló como buena práctica la
labor de acompañamiento institucional que brindan diversos Organismos
Internacionales, la cual se traduce en el apoyo a la creación de
normativa, política pública y procedimientos específicos para el
abordaje de la trata de personas en el país. Para
algunas de las personas entrevistadas, ha resultado fundamental,
además, el apoyo económico que brindan dichos organismos para cubrir
necesidades específicas de las personas víctimas, quienes implican una
inversión de tipo material que las instituciones no siempre pueden
cubrir, como lo es el costo de la repatriación.
Otra
buena práctica institucional recurrente en el discurso de las personas
entrevistadas, se refiere a la capacitación especializada del personal
competente. Dichos procesos se orientan a mejorar sobre todo la
respuesta que se brinda a las personas víctimas de la trata, según lo
describe una de las personas entrevistadas: «que
se entienda que es un tema que debe trabajarse de forma diferente, que
no podemos hacerlo como se hace con todos los casos, porque con las
especificidades y vulnerabilidades de las víctimas tenemos que tener
más cuidado».Para las personas entrevistadas,
la capacitación especializada de quienes prestan servicios a personas
en condiciones de vulnerabilidad y/o víctimas de trata favorece la
detección temprana de casos, una mayor concientización y compromiso en
el personal y el fortalecimiento de agentes multiplicadores dentro de
las mismas instituciones. De manera que la capacitación del personal se
reconoce como un aspecto clave en el mejoramiento de la respuesta
interinstitucional. Esto se ejemplifica en el relato sobre un
caso:
«ella
llegó al Instituto Mixto de Ayuda Social e hizo una solicitud de
asistencia económica y cuando le contó a la persona de su relato, de su
historia de vida, de por qué ella estaba en esa situación, la persona
inmediatamente nos contactó (…) la hemos podido atender y finalmente
este caso terminó en una sentencia, que son pocos los casos que
terminan en sentencias en donde incluso ella sirvió como testigo del
proceso, pero yo creo que el éxito de este caso no solamente tiene que
ver con ella y con las herramientas personales y el proceso de
atención, es que hay una parte activa de otras instituciones».
De
acuerdo con lo descrito, un mayor conocimiento y formación en torno a
la dinámica particular de la trata de personas a nivel del personal
institucional, se ha traducido en una detección más oportuna de las
personas víctimas en el país
[4].
Según lo expresa una participante: «a mayor capacitación, mejor
detección». Al respecto se expresa: «Ha sido muy bueno que la gente
tenga capacitación e información porque desde la institución se han
hecho denuncias que han resultado ser víctimas de trata; personas con
esa sospecha, que antes no tenían, llamaron a las autoridades y sí se
pudieron hacer algunas denuncias, especialmente en Quepos, se
denunciaron dos casos separadamente, por funcionarios diferentes y
resultaron ser víctimas de trata en ambos casos».
Según
se describe, constituye un acierto mantener de forma permanente los
procesos de capacitación, pues esto permite mantener informado y
sensibilizado al personal institucional. A esto se agrega que la
sensibilización ha permitido, no solo mejorar las competencias para la
participación en investigaciones y operativos judiciales, sino que ha
propiciado un cambio de enfoque en el personal que
puede percibirse en cuestiones tan sencillas, como el uso de la
terminología correcta para hacer referencia a la trata de personas y
los tipos penales asociados
[5].
Según lo planteado en las entrevistas, ha sido un avance significativo que en el país la atención a víctimas responde al marco normativo vigente y a lineamientos ya establecidos
[6]. En esta línea, y adentrándose al eje de atención, se reconoce como buena práctica el diseño
y la aprobación de distintos protocolos para la detección, atención y
protección a personas víctimas de trata. De acuerdo a la valoración del
personal entrevistado, la creación de protocolos facilita la tarea de
detección y permite canalizar de manera más efectiva hacia dónde debe
orientarse la atención. No obstante, se considera que más allá del
protocolo, es realmente la articulación interinstitucional la vía para
dar respuesta a las necesidades que presenten las personas
sobrevivientes de trata. En cuanto a esto se apunta: «… eso
es la experiencia más exitosa que vamos a tener, porque al estandarizar
el tratamiento de estas personas y la ruta de acceso a los servicios,
vamos a evitar mucho más ese pasar por un lado y por otro y pedir ayuda
a un servicio, que se sabe que es obligación de la institución brindar».Es
claro entonces que, desde la perspectiva de representantes
institucionales, ha sido un acierto el involucramiento de diversos
sectores y de distintas entidades colaboradoras de la sociedad civil en
la definición de estas rutas y mecanismos para la actuación
interinstitucional.
En el eje de atención se distingue como acierto el mecanismo de acreditación de víctimas de trata
[7];
el cual, en la mayoría de los casos detectados, permite activar la ruta
de atención establecida. Es decir, el Estado articula una respuesta en
pro del bienestar de las personas víctimas. Cabe agregar que en el
pasado no existía un procedimiento para tal fin; la emergencia de este
mecanismo formal fue producto de un aprendizaje práctico en el seno de
la CONATT. El proceso de acreditación permite regularizar la condición
migratoria de las personas extranjeras y acceder a la plataforma de
servicios disponibles, esto de acuerdo con lo estipulado en la
normativa. Dicha acreditación confiere un respaldo jurídico tendiente a
obtener protección y seguridad por parte de las instituciones
estatales. Sin embargo, supone una tarea compleja, pues la trata de
personas es un fenómeno social que no puede explicarse solamente a
partir de una definición jurídica.
Particularmente en el proceso de acreditación se identificaron algunos aciertos institucionales:
- La participación de representantes institucionales con poder de decisión.
- La inclusión de personas prestadoras de servicios legales y de atención primaria en el ERI.
- La delimitación de procedimientos internos para la toma de decisiones y acciones vinculadas.
- La incorporación de los enfoques de género, poder y derechos humanos como referentes teórico-comprensivos.
- La discusión y valoración de distintas perspectivas y posiciones en torno a la casuística.
- El aprovechamiento de recursos tecnológicos para agilizar las comunicaciones concernientes a la atención de urgencia.
- La
especialización de la atención a las víctimas y la movilización de
recursos materiales para garantizar la permanencia de las mismas en los
procesos de reintegración.
- La
posibilidad de que la acreditación no esté sujeta al proceso judicial;
sino, por el contrario, que la persona víctima pueda ejercer su derecho
a decidir al respecto.
- La
entrevista conjunta por parte de las instancias involucradas a fin de
evitar la revictimización de las personas atendidas.
- La realización
de las entrevistas a personas víctimas en lugares que garanticen
condiciones de seguridad, confidencialidad y comodidad.
De acuerdo con el personal institucional, en los últimos años la
capacidad de respuesta del Estado ha ido mejorando. Cuestiones como la
emisión de documentos migratorios, la ayuda económica temporal, el
traslado geográfico, entre otras; se considera que cumplen con una
mayor agilidad. En ese sentido, se vislumbra como buena
práctica la inmediatez, o bien, la pronta respuesta en la atención. Las
situaciones de trata son catalogadas y abordadas como casos de
emergencia, lo que implica la movilización inmediata para su valoración
y la disponibilidad del personal en horas no hábiles. Se retoman acá dos experiencias relacionadas:
«Se
identificó el caso y de una vez se coordina, se traslada a la
delegación. Tenía como uno o dos días de no comer, entonces ya ahí le
suplieron de sus necesidades y se pusieron de acuerdo según como
establece el protocolo (…) fue una buena experiencia, sentía que hubo
una buena articulación, por lo menos los compañeros que estuvimos ahí
sí supimos manejar el caso»
«cuando ya se sabe que
hay una operación detrás de un allanamiento, lo que se sabe es más o
menos la cantidad de víctimas que podría haber, y nosotros nos
preparamos desde mucho tiempo antes, es toda una logística, nos
movilizamos en vehículos, personal de protección que necesitemos,
insumos como frazadas, medicamentos, ropa, etc. Y se ajusta la
logística para el lugar, hotel, local, al que vayamos a ubicar.
Entonces, en muchos casos nos llega así, que nosotros mismos asistimos
al allanamiento, se extrae a las personas del sitio de cautiverio y se
atiende el caso a partir de ahí»
Según muestra el último relato, la preparación previa al proceso de protección o «rescate» se
incluye dentro de las buenas prácticas en el eje de atención. La
experiencia institucional acumulada en los últimos años ha permitido
reconocer las necesidades de las personas víctimas en el momento de un
allanamiento, con el fin de garantizar los recursos necesarios para una
protección más oportuna de las mismas.
Asimismo, en la atención se plantea como buena práctica la contención
emocional y la atención psicológica especializada hacia las personas
víctimas de trata, por parte de profesionales en psicología. También se
visualiza como un acierto la dedicación de tiempo para explicarle a la
persona víctima su participación y derechos en el proceso judicial, las
implicaciones legales, el mecanismo de las audiencias y los posibles
resultados de dicho proceso, tal como afirma una persona
entrevistada: «eso
obviamente empodera a la víctima, le da seguridad y obviamente que le
da tranquilidad, eso es uno de los principales aciertos o buenas
prácticas».
Se precisa como otra buena práctica el acompañamiento psicológico
durante las distintas etapas que comprende el proceso judicial: la
denuncia, la investigación judicial, la etapa preliminar,
la etapa de juicio, la posible apelación y la ejecución de una
sentencia. Dicho acompañamiento se considera fundamental: «En
ese caso atendimos todas sus necesidades básicas, les brindamos
contención emocional, los acompañamos en todo el proceso, declararon en
el proceso, se logró una condena y finalmente les ayudamos en el tema
migratorio, unos decidieron regresar a su país, otros decidieron
continuar su viaje hacia EEUU, ninguno se quedó»
En el ámbito de la atención, se plantea que un acierto ha sido el aprovechamiento de
la experiencia y las lecciones aprendidas en materia de atención de
mujeres víctimas de violencia, que desde esta perspectiva han
favorecido la intervención con personas víctimas de trata en general,
dando prioridad a la reducción de riesgos y al manejo del trauma a
través de un acompañamiento que contempla distintos niveles: legal,
psicológico y social.
Por otra parte, en el eje de prevención, según lo indicado por las
personas entrevistadas, se registra una menor cantidad de buenas
prácticas. Al respecto el principal acierto se ubica en el desarrollo
de estrategias de sensibilización dirigidas a población nacional y
extranjera ubicadas en comunidades consideradas de «alto riesgo»; de la
mano con la articulación interinstitucional para cumplir con dicha
tarea. Se refiere que este tipo de estrategias ha contemplado la
capacitación de liderazgos comunitarios con el fin de favorecer tanto
la detección temprana de posibles situaciones de trata como la
activación de la denuncia. No obstante, al parecer ha existido menos
reflexión sobre los alcances y el impacto de estos procesos de
sensibilización y capacitación en materia de trata ya que, según lo
señalado, no existen herramientas ni mecanismos definidos para valorar
el impacto de dichas acciones.
También, en el ámbito de la prevención, la producción de conocimiento en
materia de trata de personas a través de la investigación, la
elaboración de recursos pedagógicos y toda serie de material didáctico
accesible a diversas poblaciones, se identifican dentro de las buenas
prácticas institucionales.
Si bien la mayoría de las instancias representadas en las entrevistas
encaminan iniciativas dirigidas a la prevención, críticamente se
analiza que estas últimas guardan mayor relación con la información
sobre la trata de personas y la promoción de los derechos humanos de
las personas afectadas. Sin embargo, no se reconocen acciones
tendientes a combatir directamente los factores estructurales que
suscitan dicha problemática.
Seguidamente la Tabla 2 sintetiza las buenas prácticas institucionales desarrolladas en este apartado.
Tabla 2. Síntesis buenas prácticas identificadas en el abordaje institucional de la trata de personas
Síntesis buenas prácticas identificadas en el abordaje institucional de la trata de persona
|
- Creación y consolidación de la CONATT y el ERI.
- Establecimiento de un fondo económico para apoyar los procesos de prevención y atención de la trata de personas.
- Coordinación y articulación interinstitucional e intersectorial en el marco de la CONATT.
- Creación de instancias especializadas en trata de personas.
- Capacitación
especializada permanente del personal institucional, enfatizando en
personal de inspección laboral y operadores de líneas de emergencia 911.
- Diseño y aprobación de distintos protocolos para la detección, atención y protección a personas víctimas de trata.
- Inmediatez en la respuesta de atención.
- Preparación previa al momento de rescate de personas víctimas de trata.- Contención emocional de las personas víctimas atendidas.
- Información a personas sobrevivientes de trata durante el proceso judicial.
- Acompañamiento psicológico en la ruta crítica judicial.
- Producción de conocimiento y recursos pedagógicos en la materia.
|
Fuente: elaboración propia
Limitaciones y desaciertos en el abordaje institucional
Esta
sección rescata las dificultades que, desde la perspectiva del personal
entrevistado, afectan el quehacer institucional. A su vez se incluyen los
principales desaciertos, entendidos como aquellas acciones
institucionales que han demostrado poca o nula efectividad en el
abordaje de la trata de personas.
Casi
todas las personas entrevistadas refirieron a la insuficiencia de los
recursos humanos y financieros como una de las limitaciones más
sustanciales. En ello se enfatiza la necesidad de mayores recursos para
trabajar acciones de prevención, financiar el desplazamiento en las
comunidades más alejadas del país y contar con más personal disponible
para la atención de personas víctimas. De manera general se advierte
que el personal es limitado para cubrir todos los compromisos y
responsabilidades que conlleva el abordaje de la problemática. Unido a
esto, se menciona que, en algunas ocasiones, la burocracia dificulta la
ejecución de los fondos públicos disponibles para el financiamiento de
iniciativas.
En
cuanto al recurso humano disponible, se señalan como factores
limitantes la frecuente rotación del personal en las instituciones
públicas, así como la carencia de personal con dominio de otros idiomas
y conocimiento de otras culturas ajenas a Latinoamérica. Tal y como se
ha señalado en estudios previos, constituye una importante dificultad
la falta de intérpretes y el alto costo para su localización en el
tiempo requerido. Sobre esto, la investigación nacional desarrollada
por Rodríguez y Rojas (2011) plantea la misma limitación acerca de la
ausencia de intérpretes en diversos idiomas para atender de manera
oportuna las necesidades de las personas víctimas.
Por
otra parte, persiste la limitación que representa la falta de un
albergue especializado para personas víctimas de trata en el país
[8],
a fin de sustituir el uso de hoteles o centros privados que, según se
considera, en ocasiones terminan convirtiéndose en «nuevos encierros».
Se advierte entonces que dicho albergue debería tener las condiciones
necesarias para no reproducir el encierro del que fueron objeto las
personas víctimas sobrevivientes.
De manera contundente se señala la ausencia de un sistema de seguimiento en la atención: falta una
estrategia definida que permita el monitoreo de las víctimas, así como
la cantidad y calidad de las intervenciones desarrolladas. En relación
con esto, se puntualiza la ausencia
de un mecanismo para la medición del impacto de la atención y la
efectividad de la protección brindada a las personas víctimas, el cual
incluya indicadores de verificación que sean manejados por todas las
instancias que intervienen en dichos procesos.
Otra
de las limitaciones que persisten en la atención directa tiene que ver
con la reintegración de las personas víctimas, esto debido a la falta
de recursos y a la ausencia de un dispositivo de seguimiento para la
reconstrucción de sus proyectos de vida. Según se describe, luego de
que las víctimas son acreditadas y protegidas, se presentan
dificultades para monitorear el estado real de su situación.
Pese
a que la articulación interinstitucional fue apuntada como una buena
práctica en el abordaje institucional, algunas personas entrevistadas
problematizaron como limitaciones las diferencias en torno al enfoque
comprensivo de la trata de personas y las tensiones en cuanto a los
fines del abordaje institucional. Es decir, se considera que no todas
las personas e instancias que participan en la atención parten de un
enfoque de derechos humanos. Describe una funcionaria entrevistada: «Si
pienso que a las mujeres por ejemplo que están en comercio sexual hay
que ´rescatarlas´, ya ahí yo tengo un enfoque sobre cómo me aproximo,
si yo pienso que es un tema de derechos humanos y que lo que a mi cubre
es un marco interpretativo amplio de derechos humanos, ya yo ahí me
coloco desde otro lugar, entonces ahí hay una lectura política de la
trata que es compleja, el problema sigue siendo de enfoques»
En
la misma línea, se planeta que, en ocasiones, los procesos de
acreditación y atención directa a víctimas se ven atravesados por
tensiones relacionadas con las prioridades o fines institucionales. De
manera que para algunas instancias lo más importante será el proceso
judicial del caso concreto y la persecución del delito; mientras que
para otras será el bienestar de la persona víctima. Situación
que se complica con el hecho de que no todas las personas
sobrevivientes de trata están en condiciones de colaborar y participar
en las distintas etapas de un proceso judicial.
Por
último, la dilación de los procesos administrativos y judiciales
posteriores a la acreditación de las personas víctimas, representa otra
de las principales limitaciones.
Finalmente,
las entrevistas realizadas permitieron reconocer algunos desaciertos en
el abordaje institucional desde la perspectiva de las personas
participantes, entre los cuales se enumeran los siguientes:
- La reubicación de las personas víctimas sobrevivientes en lugares no adecuados:
Si bien se detectaron algunas divergencias entre el personal
entrevistado con respecto a cuál es el lugar más idóneo para ubicar a
las personas atendidas ante la carencia de un albergue especializado,
la mayoría coincide que su ubicación en lugares que no reúnan todas las
condiciones de seguridad necesarias ha sido una acción institucional
inadecuada que debe ser superada.
- La no valoración adecuada del estado emocional de las personas víctimas detectadas: Según
se refiere, en algunos casos se han encaminado respuestas
institucionales a necesidades particulares de las personas víctimas sin
realizar una valoración integral de su estado emocional. Por
ejemplo, se señala que en ocasiones existe presión institucional por la
inclusión laboral de las mismas, sin una valoración previa de la
afectación sufrida durante su cautiverio y explotación; requiriendo aún
la atención psicológica y apoyo económico, pues no están listas para
insertarse al ámbito laboral.
- La centralización de las capacitaciones al personal: Se
menciona que usualmente los recursos se destinan a instancias del Área
Metropolitana, lo que dificulta el acceso del personal que labora en
zonas rurales.
- La no definición de indicadores de impacto de la atención: Se
señala, como una de las principales debilidades del modelo de atención
vigente, la ausencia de un sistema de medición del impacto de las
intervenciones que permita orientar la evaluación por parte de las
instancias responsables.
- La falta de seguimiento a las personas sobrevivientes: De
manera insistente se señala el vacío que implica el no contar con
estrategias dirigidas al seguimiento de los procesos de reintegración,
reasentamiento y repatriación de las personas víctimas de trata. Esto
indudablemente repercute en la no valoración del impacto de las
intervenciones.
- La ausencia de estadísticas claras: Según
algunas personas entrevistadas, existe confusión con respecto a las
estadísticas que permitan determinar en concreto cuántas personas
víctimas atiende cada institución, evitando los riesgos de subregistro
y sobreregistro.
- Las debilidades en la garantía del ejercicio del derecho a la
información de las personas víctimas: En contradicción
con lo señalado en las buenas prácticas de la atención, algunas
personas entrevistadas consideraron que, si bien esta constituye una
acción que se ejecuta, no existe un proceso bien regulado mediante el
cual se le informe adecuadamente a todas las personas atendidas cuáles
son sus derechos como sobreviviente de trata.
- La no inclusión de la diversidad:
Se considera que existen debilidades en la respuesta institucional a
poblaciones cultural y sexualmente diversas, por ejemplo, las personas
transgénero.
- El retroceso en la persecución del delito: Para algunas de las personas entrevistadas, ha habido
un retroceso importante en la persecución del delito, lo cual se
evidencia en una disminución en el número de sentencias condenatorias
en los últimos años. Entre los factores relacionados se mencionan la
falta de capacitación especializada a jueces y fiscales, la redacción
actual del delito de trata de personas (artículo 172 del Código Penal)
y su restringida interpretación judicial; así como el alto costo de las
investigaciones judiciales sobre trata de personas, dada la propia
naturaleza del delito y el poco personal destinado a tal fin.
Lecciones aprendidas en el combate contra la trata de personas
Se entiende por lección aprendida un conjunto de experiencias -ya sea
positivas o negativas-, que pueden traducirse en reflexiones y/o
aprendizajes relevantes. A continuación, se destacan las lecciones
aprendidas más significativas desde la perspectiva de las personas
funcionarias entrevistadas.
- La trata de personas como una realidad en Costa Rica: Se
registra como lección aprendida el reconocer que la trata de personas
en Costa Rica es un problema real, cuyas víctimas tienen necesidades
particulares y considerando que en muchos casos son personas
extranjeras sin redes de apoyo en el país. De esta forma, dicho
aprendizaje se vincula a la importancia de investigar las costumbres y
tradiciones en otros contextos culturales. Se agrega a ello la
importancia de posicionar en la población costarricense la trata como
un delito que debe ser denunciado.
- La trata de personas es un fenómeno social: Esto implica reconocer que, por la naturaleza de su dinámica, las redes de trata se especializan en mantener a las víctimas
en condiciones de clandestinidad e impunidad; lo cual implica, a su
vez, mejorar los mecanismos para la identificación y detección
institucional de personas víctimas.
- Las víctimas merecen un trato digno: La
experiencia institucional respalda la necesidad de comprender que las
personas atrapadas en la trata de personas sufrieron graves violaciones
a su dignidad e integridad, y por ende es exigible una atención
institucional respetuosa y garante de su autonomía.
- Abordar a la persona víctima desde la denuncia puede revictimizarla: Se
plantea como riesgosa la intervención cuyo único fin es la persecución
del delito. Según se señala, es usual que instituciones judiciales
incurran en la revictimización cuando la única prioridad es una sanción
condenatoria. Se indica que resulta necesario suscitar una reflexión
crítica acerca de cuáles son los aspectos éticos que deben orientar la
gestión institucional y a quién se debe beneficiar: si a la persona
sujeta de derechos o al proceso judicial.
- La trata debe abordarse de forma integral y articulada: Según
se ha plasmado, una atención integral e integrada, desde las diferentes
instituciones estatales y organizaciones de la sociedad civil, resulta
vital para garantizar una respuesta eficaz y de protección a las
personas sobrevivientes de trata.
- Debe socializarse la atención de casos: Es
necesario dar a conocer las estrategias y alcances de la atención
directa a personas afectadas por la trata, con el fin intercambiar
experiencias exitosas y aprendizajes al respecto.
- La necesidad de un abordaje inter y transdisciplinario:
Dada la dinámica particular de la trata de personas y su impacto a
nivel integral, su abordaje debe constituir una multiplicidad de
disciplinas que consideren las competencias profesionales específicas y
comunes.
- Importancia de no asumir riesgos personales: No debe subestimarse la
existencia del crimen organizado a nivel nacional y transnacional, así
como los riesgos asociados. Por lo que es importante tomar medidas de
seguridad para evitar riesgos potenciales a nivel personal. Un ejemplo
es proteger la identidad de las personas a cargo de los procesos de
atención.
- No basta lo normativo, debe trabajarse lo conceptual y el enfoque: Si
bien es importante crear legislación, políticas y procedimientos,
también deben trabajarse los referentes teórico-conceptuales sobre la
trata de personas, los enfoques comprensivos y el eje actitudinal a
través de la sensibilización de las personas prestadoras de servicios,
esto de manera sostenida en el tiempo. Al respecto se señala que, pese
a la delimitación de las obligaciones y los principios éticos que deben
orientar la respuesta institucional, se denotan diferencias en cómo se
comprende la trata de personas, las cuales muchas veces disfrazan
prejuicios personales. Por ejemplo, una persona entrevistada señala que
si un representante institucional piensa que las mujeres son
responsables porque provocan la violencia sexual, a la hora de tomar
las decisiones sobre protección y asistencia de una víctima de trata
esa valoración subyace. Como reflexión se posiciona que el personal
institucional no está exento de poseer creencias y actitudes contrarias
al enfoque de derechos humanos, razón por la cual es menester impulsar
la formación al respecto.
- Reconocer la dimensión de la acreditación: Implica
comprender que, quien se está acreditando como víctima de trata,
enfrenta una situación compleja que necesita ser atendida de inmediato,
siendo la persona el centro de la intervención.
- Hay que reinventar los procesos de investigación judicial: La complejidad que
ha adquirido la trata de personas obliga a especializar los procesos de
investigación judicial, con el fin de lograr alcanzar una justicia
pronta y cumplida.
Principales retos y desafíos en la respuesta institucional
De acuerdo con la información obtenida en las entrevistas y el grupo
focal con personal institucional, se resume como los principales
desafíos:
- La continuidad en el fortalecimiento de estrategias para la articulación interinstitucional e intersectorial.
- El seguimiento a la capacitación
y sensibilización del personal que labora en la investigación judicial
y la sanción de la trata, ampliando la cobertura a nivel geográfico.
- La
sensibilización del personal institucional con respecto las
diversidades culturales y sexuales, con el fin de garantizar un
abordaje inclusivo y respetuoso de los derechos humanos de esta
población.
- La
creación de un albergue especializado para víctimas de trata que
garantice no solo la seguridad y protección de las personas víctimas,
sino además una respuesta adecuada y efectiva a sus necesidades.
- El
fortalecimiento a la persecución del delito y el aumento de sentencias
condenatorias en el ámbito judicial. En tal dirección se sugiere no
solo dotar de personal a la fiscalía especializada en trata de
personas, sino una mayor amplitud en la interpretación judicial del
tipo penal de trata de personas.
- La
comprensión real de la persona sujeta de derechos como centro de la
intervención, lo cual significa reconocer que la persona atendida no
está para cumplir los requerimientos de las instituciones, sino que las
instituciones deben accionar en función de las necesidades de las
personas. Sobre esto se señala el reto de no supeditar las medidas de
protección a la participación de la persona sobreviviente de trata en
el proceso judicial.
- El reto del «caso por caso»,
o bien, el reconocimiento de las diferencias individuales en lo que
concierne al daño e impacto de la trata de personas en sus diversas
formas de explotación.
- El
fortalecimiento de los esfuerzos institucionales encaminados a mejorar
la relación de las víctimas de trata con el proceso penal y minimizar
el riesgo de revictimización.
- Con
respecto al proceso de acreditación a personas víctimas de trata, se
señalan retos tales como: la sostenibilidad y permanencia de la
representación institucional capacitada; la garantía del desembolso
inmediato de fondos para subsanar necesidades básicas urgentes que se
presentan en las personas sobrevivientes de trata, posterior a su
acreditación; el respaldo del procedimiento de acreditación mediante
una política pública que garantice, de forma ágil, los derechos de las
personas víctimas.
- El
apoyo a las personas sobrevivientes en la reconstrucción de un proyecto
de vida digno, lo cual se vincula directamente con el monitoreo a los
procesos específicos de reintegración, reasentamiento o repatriación.
Al respecto, debe prevalecer un análisis de género acerca de las
limitaciones estructurales que enfrentan las mujeres para acceder a la
autonomía e independencia económica. En este punto se suma el reto de
contar con alternativas para garantizar el derecho a la reunificación
familiar de las personas víctimas de trata, incorporando un seguimiento
a nivel individual, familiar y comunitario.
- El
diseño de un sistema de medición de impacto de la intervención que
incorpore elementos como la efectividad, la oportunidad y la calidez de
la atención desde la perspectiva de las personas atendidas.
- La sistematización e intercambio permanente de las buenas prácticas e intervenciones exitosas a nivel institucional.
Conclusiones
Se
ha evidenciado que la trata de personas ha venido ocupando un eje
importante en la agenda y el accionar de las instituciones del Estado y
organizaciones no gubernamentales. Avances concretos están relacionados
con la aprobación de un marco normativo que no solo sanciona el delito,
sino que da un salto cualitativo en materia de atención a víctimas,
direccionando el quehacer interinstitucional. No obstante, esta no
representa una tarea fácil, tal como se ha dejado claro a lo largo de
esta investigación. La dinámica particular de la trata de personas
suscita una serie de retos y complejidades referidos a su abordaje.
Los
hallazgos de esta investigación sugieren fortalecer el compromiso de
las distintas instancias, a fin de garantizar una atención oportuna y
respetuosa de la dignidad humana de las personas que han sido objeto de
trata, cumpliendo la restitución del ejercicio de todos sus derechos
humanos. Al respecto, se señalan avances importantes en cuanto a la
definición y fortalecimiento de estrategias de detección e intervención
especializada, pero persisten vacíos a nivel del seguimiento a las
personas rescatadas y atendidas. Según se ha insistido, resulta
fundamental establecer un sistema de seguimiento y monitoreo que
permita valorar técnicamente el impacto de las acciones desarrolladas.
Sin
duda los resultados expuestos sugieren un estudio a profundidad de los
factores que influyen en la ruta de la investigación judicial y el
proceso penal. Resulta necesario hacer una discusión amplia y profunda
de la redacción del delito penal de trata de personas, esto a la luz de
los convenios internacionales; así como implementar las reformas
legales que resulten necesarias para garantizar una sanción efectiva.
En este sentido, el acceso a una justicia pronta y cumplida sigue
siendo una deuda pendiente en materia de trata de personas.
Como
aspecto esencial, se reconoce la debilidad a nivel de prevención
primaria de la trata de personas, entendida como la reducción de los
factores estructurales que promueven la vulnerabilidad de las personas
frente a la trata, siendo este un eje prácticamente ausente. Es decir,
la lucha contra la trata debe avocarse a la disminución y eliminación
de estas condiciones: empobrecimiento, exclusión social,
flexibilización y desregulación laboral en ciertos sectores
productivos, tolerancia hacia la explotación laboral, entre otros.
Frente
a las diversas visiones expresadas a lo largo de la investigación y las
tensiones que marcan espacios de coordinación intersectorial e
interinstitucional, quizás uno de los principales retos que señala este
estudio radica en recolocar a la persona víctima como centro del
abordaje por parte del Estado, humanizando esa ruta crítica.
Referencias
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a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. Lecciones aprendidas y
buenas prácticas desarrolladas en los servicios de salud de cuatro
países de América Latina: Bolivia, Brasil, Costa Rica y México. Nicaragua: IPAS.
Ellsberg, Mary y Lori Heise. 2007. Investigando la violencia contra las mujeres. Nicaragua: Organización Mundial de la Salud y Program for Appropriate Techonology in Health (PATH).
Hernández, Roberto, Carlos Fernández y Pilar Baptista. 2010. Metodología de la investigación. 5. ed. México: McGrawHill/ Interamericana Editores.
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Ley
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la mujer «Convención Belem do Pará». (La Gaceta, 28 de junio de 1995).
Acceso: 20 de abril de 2019.
http://www.ciem.ucr.ac.cr/IMG/pdf/ley-7499.pdf
Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 2012. La trata de mujeres: una manifestación de la violencia contra las mujeres. Costa Rica: OIM.
Rodríguez
Fernández, Adriana y Patricia Ramos Con. 2018. «Entre lo oculto y lo
silenciado: la trata de personas en Costa Rica y sus desafíos para la
investigación académica». Revista Espiga 17, (35): 18-30. http://dx.doi.org/10.22458/ re.v17i35.1803.
Rodríguez Fernández, Adriana y Alberto Rojas Rojas. 2011. Trata de personas con fines de explotación laboral en Centroamérica. Costa Rica: Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
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https://www.unodc.org/documents/lpobrazil//Topics_TIP/Publicacoes/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf
[1] De acuerdo con el artículo 9 de la Ley nº 9095 Contra la Trata de Personas, constituye
la instancia responsable de promover la formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas para la prevención y
atención de la trata de personas.
[2] Según el artículo 19 de la Ley nº 9095 Contra la Trata de Personas, se
trata de un órgano interinstitucional especializado para la activación
de medidas de atención primaria dirigidas a personas víctimas de
trata.
[3] Artículo 53 de la Ley nº 9095 Contra la Trata de Personas.
[4] Con
relación a la detección de la trata, se vislumbra además como buena
práctica la referencia a la línea de emergencia 911, donde se cuenta
con personal capacitado que ha logrado identificar y valorar, de manera
adecuada, este tipo de situaciones; realizando la referencia
institucional correspondiente.
[5] Por
ejemplo, el uso de trata de personas en lugar de «trata de blancas»,
explotación sexual comercial en lugar de «prostitución infantil», o
trata con fines de explotación sexual en lugar de prostitución forzada
en los casos que así lo amerita.
[6] Al respecto, la Ley nº 9095 Contra la Trata de Personas, en el Capítulo VIII, incluye las disposiciones relativas a la atención y protección para las personas víctimas.
[7] Este
consiste en un proceso de valoración técnica en el que, bajo criterios
específicos y siguiendo los indicadores de trata de personas y su
fundamento teórico, se determina si la persona es o no víctima, tomando
como base el artículo 172 del Código Penal y los elementos
constitutivos de la trata: captación, traslado y explotación. Se
contemplan otros elementos tales como: características de
vulnerabilidad, mecanismos de control y sometimiento, valoración de
riesgos, entre otros.
[8] Limitación también señalada en el estudio desarrollado por Rodríguez y Rojas (2011)
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