E-ISSN: 1659-2859
Volumen 98 Número Especial 2019
Julio-Diciembre
DOI 10.15517/rr.v98i0.36994

Buenas prácticas en la atención, prevención y sanción de la trata de personas

Good Practices in the Attention, Prevention and Prosecution of Human Trafficking

Adriana Rodríguez Fernández¹

Patricia Ramos Con²

¹Escuela de Psicología/ Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, Universidad de Costa Rica, Costa Rica,  adriana.rodriguezfernandez@ucr.ac.cr

²Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, Universidad de Costa Rica / Oficina de Equidad de Género, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica,  patricia.ramos@ucr.ac.cr 

Fecha de recepción: 22 de abril de 2019          Fecha de aceptación: 17 de octubre de 2019

Resumen 

La trata de personas ha sido reconocida como una severa violación a los derechos humanos y un asunto de justicia social. Esta manifestación de violencia ha alcanzado una magnitud significativa en Costa Rica, siendo atravesada además por una direccionalidad de género, lo que implica que suele afectar principalmente a las mujeres por su condición de género. Este trabajo recopila los resultados más relevantes de una investigación sobre la respuesta institucional en el ámbito de la prevención, atención y sanción de la trata de personas, realizada en el periodo 2016-2018 en el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer. El estudio fue de carácter cualitativo-descriptivo y se basa en la perspectiva de personas funcionarias de instituciones estatales con competencia en el abordaje de esta problemática. Su objetivo principal fue la identificación de las buenas prácticas y los retos pendientes en el combate de la trata de personas. Los resultados del estudio evidencian que, pese a los avances en la materia, la dinámica particular de la trata de personas suscita una serie complejidades referidas a su abordaje. Aunque se identifican buenas prácticas referidas a la detección e intervención especializada de personas víctimas, elementos como la prevención primaria, el acceso a la justicia, el monitoreo y evaluación de las acciones institucionales persisten entre los grandes desafíos. Se pretende que este trabajo se sume a los aportes hacia la producción de conocimiento crítico y comprometido con el ejercicio pleno del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.

Palabras clave: Derechos humanos, violencia basada en género, tráfico y explotación humana, respuesta institucional, estrategias de abordaje.

Abstract

Human trafficking and people smuggling are severe violations of human rights and a matter of social justice. This manifestation of violence has reached a significant magnitude in Costa Rica, being traversed by gender directionality, meaning that it affects mainly women. This article gathers the most relevant results from a «Centro de Investigación en Estudios de la Mujer» investigation about the institutional response towards the prevention, attention, and prosecution of human trafficking and people smuggling from 2017 to 2018. It was a qualitative-descriptive research study based on the perspective of state institutions’ employees involved in this problem approach. Its main objective was the identification of good practices and remaining challenges for people smuggling eradication. The results demonstrated that beside the progress in the matter, the particular dynamic of human trafficking implies a complex approach. Although, good practices regarding the detection and specialized intervention of human victims are identified, challenges such as primary intervention, access to justice, monitoring, and evaluation of the institutional actions, persist. This article pretends to be a contribution for the production of critical knowledge committed to the full exercise of the women right to live free of violence. 

Keywords: Human rights, gender violence, human trafficking, institutional response, approach strategies.

A partir de la ratificación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer «Convención Belem do Pará», el Estado de Costa Rica adquirió una serie de compromisos en el combate de todas las manifestaciones de violencia basada en género, tanto en el plano privado como público. Es sabido que dicho instrumento internacional marca una pauta en la definición y comprensión técnico jurídica de la violencia contra las mujeres, ampliando el ámbito de acción del Estado al reconocer que es violencia contra las mujeres también aquella «que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar» (Ley n.º 7499 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, artículo 2, inciso b.)
La trata de mujeres parte de una violencia basada en la diferencia sexual,  provocada por la discriminación de género y la subordinación histórica de las mujeres (Castro y Pastor 2010). Si bien la trata de personas afecta también a víctimas masculinas, se ha reconocido en su dimensión, magnitud e impacto una direccionalidad de género. Datos del Informe Global sobre Trata de Personas, publicado en el 2018 por la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), estima que, en  24 000 casos registrados en 142 países, la mayoría de las víctimas son mujeres y niñas: 49% mujeres adultas, 21% hombres adultos, 23% niñas y 7% niños. Dicho informe constata que, del total de los casos, la trata para fines de explotación sexual representa un 59% (UNODC 2018). Concretamente en Costa Rica, durante el periodo 2011-2017, se contabilizaron un total de 95 personas víctimas de trata, una gran mayoría (86%) de las mismas fueron mujeres (Rodríguez Fernández y Ramos Con 2018).
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), las investigaciones y las experiencias institucionales documentadas en la región tienden a confirmar que mujeres de todas las edades representan la mayoría de los casos documentados: aproximadamente el 80% de las víctimas de trata son mujeres y niñas, siendo la explotación sexual y laboral las formas más frecuentes.
Es esta entonces una expresión más del poder y control que se ejerce sobre el cuerpo y la vida de las mujeres, la cual está anclada al proceso histórico de apropiación de la capacidad sexual y reproductiva y que ha sido estructurante al origen y mantenimiento del sistema patriarcal. La trata despoja a las personas de su condición de humanidad, reduciéndolas a una mercancía. No obstante, en el caso de las mujeres esta representa una exacerbación de su cosificación, la explotación multiplicada de sus cuerpos como objetos de consumo: «una forma de violencia extrema contra las mujeres» (OIM 2012, 51).
Ana Carcedo retoma el concepto de continuum de violencia planteado por Liz Kelly (OIM 2012) para entender que en la vida de las mujeres se pueden ejercer diferentes formas de violencia, esto en distintos ámbitos y momentos;  perpetradas por actores individuales o colectivos diversos. Según explica, ese continuum se expresa con claridad cuando una mujer, niña o adolescente es atrapada por las redes de trata, con la posibilidad de que la violencia haya estado presente en su vida antes de su captación, traslado y explotación en la trata de personas, e incluso, se manifieste posterior a su salida: «Un análisis de la trata de personas en sus diferentes etapas permite identificar con mayor claridad la forma en que la discriminación y la violencia se encuentran presentes en las vivencias de las mujeres víctimas y sobrevivientes de la trata. En el continuum de la violencia ejercida contra las mujeres a nivel privado y público, éstas se vuelven objeto de la trata como una experien­cia extrema de la violencia ejercida contra el género femenino» (OIM 2012,53).
De igual forma, las mujeres pueden experimentar la discriminación de género y la violencia institucional en la ruta crítica de atención y acceso a la justicia. Sobre esto Castro y Pastor (2010) afirman que frente al sistema judicial las personas víctimas de trata se encuentran en mayor condición de desventaja, pero en el caso específico de las víctimas femeninas, «La problemática de falta de acceso a la justicia para las mujeres víctimas tiene su base en criterios de discriminación en la aplicación de las leyes, en las dificultades históricas que enfrentan las mujeres frente al poder que ejercen los hombres sobre ellas» (Castro y Pastor 2010, 17)

Tabla 1. Detalle del total de entrevistas realizadas

Presentación de resultados

Partiendo del enfoque de la investigación, se presentan a continuación las valoraciones de las personas participantes en torno al quehacer institucional frente a la trata de personas. Es importante aclarar que no necesariamente representan la posición de las instituciones a nivel general, ni la de sus autoridades. Cabe agregar que todas las entrevistas realizadas fueron de carácter confidencial y los nombres de las personas entrevistadas se han ocultado por mutuo acuerdo.

«ella llegó al Instituto Mixto de Ayuda Social e hizo una solicitud de asistencia económica y cuando le contó a la persona de su relato, de su historia de vida, de por qué ella estaba en esa situación, la persona inmediatamente nos contactó (…) la hemos podido atender y finalmente este caso terminó en una sentencia, que son pocos los casos que terminan en sentencias en donde incluso ella sirvió como testigo del proceso, pero yo creo que el éxito de este caso no solamente tiene que ver con ella y con las herramientas personales y el proceso de atención, es que hay una parte activa de otras instituciones».

1. La participación de representantes institucionales con poder de decisión.
2. La inclusión de personas prestadoras de servicios legales y de atención primaria en el ERI.
3. La delimitación de procedimientos internos para la toma de decisiones y acciones vinculadas. 
4. La incorporación de los enfoques de género, poder y derechos humanos como referentes teórico-comprensivos. 
5. La discusión y valoración de distintas perspectivas y posiciones en torno a la casuística. 
6. El aprovechamiento de recursos tecnológicos para agilizar las comunicaciones concernientes a la atención de urgencia.
7. La especialización de la atención a las víctimas y la movilización de recursos materiales para garantizar la permanencia de las mismas en los procesos de reintegración. 
8. La posibilidad de que la acreditación no esté sujeta al proceso judicial; sino, por el contrario, que la persona víctima pueda ejercer su derecho a decidir al respecto. 
9. La entrevista conjunta por parte de las instancias involucradas a fin de evitar la revictimización de las personas atendidas. 
10. La realización de las entrevistas a personas víctimas en lugares que garanticen condiciones de seguridad, confidencialidad y comodidad. 

De acuerdo con el personal institucional, en los últimos años la capacidad de respuesta del Estado ha ido mejorando. Cuestiones como la emisión de documentos migratorios, la ayuda económica temporal, el traslado geográfico, entre otras; se considera que cumplen con una mayor agilidad. En ese sentido, se vislumbra como buena práctica la inmediatez, o bien, la pronta respuesta en la atención. Las situaciones de trata son catalogadas y abordadas como casos de emergencia, lo que implica la movilización inmediata para su valoración y la disponibilidad del personal en horas no hábiles. Se retoman acá dos experiencias relacionadas:  

«Se identificó el caso y de una vez se coordina, se traslada a la delegación. Tenía como uno o dos días de no comer, entonces ya ahí le suplieron de sus necesidades y se pusieron de acuerdo según como establece el protocolo (…) fue una buena experiencia, sentía que hubo una buena articulación, por lo menos los compañeros que estuvimos ahí sí supimos manejar el caso»

«cuando ya se sabe que hay una operación detrás de un allanamiento, lo que se sabe es más o menos la cantidad de víctimas que podría haber, y nosotros nos preparamos desde mucho tiempo antes, es toda una logística, nos movilizamos en vehículos, personal de protección que necesitemos, insumos como frazadas, medicamentos, ropa, etc. Y se ajusta la logística para el lugar, hotel, local, al que vayamos a ubicar. Entonces, en muchos casos nos llega así, que nosotros mismos asistimos al allanamiento, se extrae a las personas del sitio de cautiverio y se atiende el caso a partir de ahí»

Según muestra el último relato, la preparación previa al proceso de protección o «rescate» se incluye dentro de las buenas prácticas en el eje de atención. La experiencia institucional acumulada en los últimos años ha permitido reconocer las necesidades de las personas víctimas en el momento de un allanamiento, con el fin de garantizar los recursos necesarios para una protección más oportuna de las mismas.
Asimismo, en la atención se plantea como buena práctica la contención emocional y la atención psicológica especializada hacia las personas víctimas de trata, por parte de profesionales en psicología. También se visualiza como un acierto la dedicación de tiempo para explicarle a la persona víctima su participación y derechos en el proceso judicial, las implicaciones legales, el mecanismo de las audiencias y los posibles resultados de dicho proceso, tal como afirma una persona entrevistada: «eso obviamente empodera a la víctima, le da seguridad y obviamente que le da tranquilidad, eso es uno de los principales aciertos o buenas prácticas».
Se precisa como otra buena práctica el acompañamiento psicológico durante las distintas etapas que comprende el proceso judicial: la denuncia, la investigación judicial, la etapa preliminar, la etapa de juicio, la posible apelación y la ejecución de una sentencia. Dicho acompañamiento se considera fundamental: «En ese caso atendimos todas sus necesidades básicas, les brindamos contención emocional, los acompañamos en todo el proceso, declararon en el proceso, se logró una condena y finalmente les ayudamos en el tema migratorio, unos decidieron regresar a su país, otros decidieron continuar su viaje hacia EEUU, ninguno se quedó»
En el ámbito de la atención, se plantea que un acierto ha sido el aprovechamiento de la experiencia y las lecciones aprendidas en materia de atención de mujeres víctimas de violencia, que desde esta perspectiva han favorecido la intervención con personas víctimas de trata en general, dando prioridad a la reducción de riesgos y al manejo del trauma a través de un acompañamiento que contempla distintos niveles: legal, psicológico y social.
Por otra parte, en el eje de prevención, según lo indicado por las personas entrevistadas, se registra una menor cantidad de buenas prácticas. Al respecto el principal acierto se ubica en el desarrollo de estrategias de sensibilización dirigidas a población nacional y extranjera ubicadas en comunidades consideradas de «alto riesgo»; de la mano con la articulación interinstitucional para cumplir con dicha tarea. Se refiere que este tipo de estrategias ha contemplado la capacitación de liderazgos comunitarios con el fin de favorecer tanto la detección temprana de posibles situaciones de trata como la activación de la denuncia. No obstante, al parecer ha existido menos reflexión sobre los alcances y el impacto de estos procesos de sensibilización y capacitación en materia de trata ya que, según lo señalado, no existen herramientas ni mecanismos definidos para valorar el impacto de dichas acciones.
También, en el ámbito de la prevención, la producción de conocimiento en materia de trata de personas a través de la investigación, la elaboración de recursos pedagógicos y toda serie de material didáctico accesible a diversas poblaciones, se identifican dentro de las buenas prácticas institucionales.
Si bien la mayoría de las instancias representadas en las entrevistas encaminan iniciativas dirigidas a la prevención, críticamente se analiza que estas últimas guardan mayor relación con la información sobre la trata de personas y la promoción de los derechos humanos de las personas afectadas. Sin embargo, no se reconocen acciones tendientes a combatir directamente los factores estructurales que suscitan dicha problemática.
Seguidamente la Tabla 2 sintetiza las buenas prácticas institucionales desarrolladas en este apartado.

Tabla 2. Síntesis buenas prácticas identificadas en el abordaje institucional de la trata de personas

Fuente: elaboración propia

Limitaciones y desaciertos en el abordaje institucional 

1. La reubicación de las personas víctimas sobrevivientes en lugares no adecuados: Si bien se detectaron algunas divergencias entre el personal entrevistado con respecto a cuál es el lugar más idóneo para ubicar a las personas atendidas ante la carencia de un albergue especializado, la mayoría coincide que su ubicación en lugares que no reúnan todas las condiciones de seguridad necesarias ha sido una acción institucional inadecuada que debe ser superada. 
2. La no valoración adecuada del estado emocional de las personas víctimas detectadas: Según se refiere, en algunos casos se han encaminado respuestas institucionales a necesidades particulares de las personas víctimas sin realizar una valoración integral de su estado emocional. Por ejemplo, se señala que en ocasiones existe presión institucional por la inclusión laboral de las mismas, sin una valoración previa de la afectación sufrida durante su cautiverio y explotación; requiriendo aún la atención psicológica y apoyo económico, pues no están listas para insertarse al ámbito laboral. 
3. La centralización de las capacitaciones al personal: Se menciona que usualmente los recursos se destinan a instancias del Área Metropolitana, lo que dificulta el acceso del personal que labora en zonas rurales.   
4. La no definición de indicadores de impacto de la atención: Se señala, como una de las principales debilidades del modelo de atención vigente, la ausencia de un sistema de medición del impacto de las intervenciones que permita orientar la evaluación por parte de las instancias responsables. 
5. La falta de seguimiento a las personas sobrevivientes: De manera insistente se señala el vacío que implica el no contar con estrategias dirigidas al seguimiento de los procesos de reintegración, reasentamiento y repatriación de las personas víctimas de trata. Esto indudablemente repercute en la no valoración del impacto de las intervenciones. 
6. La ausencia de estadísticas claras: Según algunas personas entrevistadas, existe confusión con respecto a las estadísticas que permitan determinar en concreto cuántas personas víctimas atiende cada institución, evitando los riesgos de subregistro y sobreregistro.
7. Las debilidades en la garantía del ejercicio del derecho a la información de las personas víctimas: En contradicción con lo señalado en las buenas prácticas de la atención, algunas personas entrevistadas consideraron que, si bien esta constituye una acción que se ejecuta, no existe un proceso bien regulado mediante el cual se le informe adecuadamente a todas las personas atendidas cuáles son sus derechos como sobreviviente de trata.
8. La no inclusión de la diversidad: Se considera que existen debilidades en la respuesta institucional a poblaciones cultural y sexualmente diversas, por ejemplo, las personas transgénero.
9. El retroceso en la persecución del delito: Para algunas de las personas entrevistadas, ha habido un retroceso importante en la persecución del delito, lo cual se evidencia en una disminución en el número de sentencias condenatorias en los últimos años. Entre los factores relacionados se mencionan la falta de capacitación especializada a jueces y fiscales, la redacción actual del delito de trata de personas (artículo 172 del Código Penal) y su restringida interpretación judicial; así como el alto costo de las investigaciones judiciales sobre trata de personas, dada la propia naturaleza del delito y el poco personal destinado a tal fin. 

Lecciones aprendidas en el combate contra la trata de personas 

Se entiende por lección aprendida un conjunto de experiencias -ya sea positivas o negativas-, que pueden traducirse en reflexiones y/o aprendizajes relevantes. A continuación, se destacan las lecciones aprendidas más significativas desde la perspectiva de las personas funcionarias entrevistadas.

1. La trata de personas como una realidad en Costa Rica: Se registra como lección aprendida el reconocer que la trata de personas en Costa Rica es un problema real, cuyas víctimas tienen necesidades particulares y considerando que en muchos casos son personas extranjeras sin redes de apoyo en el país. De esta forma, dicho aprendizaje se vincula a la importancia de investigar las costumbres y tradiciones en otros contextos culturales. Se agrega a ello la importancia de posicionar en la población costarricense la trata como un delito que debe ser denunciado.  
2. La trata de personas es un fenómeno social: Esto implica reconocer que, por la naturaleza de su dinámica, las redes de trata se especializan en mantener a las víctimas en condiciones de clandestinidad e impunidad; lo cual implica, a su vez, mejorar los mecanismos para la identificación y detección institucional de personas víctimas. 
3. Las víctimas merecen un trato digno: La experiencia institucional respalda la necesidad de comprender que las personas atrapadas en la trata de personas sufrieron graves violaciones a su dignidad e integridad, y por ende es exigible una atención institucional respetuosa y garante de su autonomía.
4. Abordar a la persona víctima desde la denuncia puede revictimizarla: Se plantea como riesgosa la intervención cuyo único fin es la persecución del delito. Según se señala, es usual que instituciones judiciales incurran en la revictimización cuando la única prioridad es una sanción condenatoria. Se indica que resulta necesario suscitar una reflexión crítica acerca de cuáles son los aspectos éticos que deben orientar la gestión institucional y a quién se debe beneficiar: si a la persona sujeta de derechos o al proceso judicial. 
5. La trata debe abordarse de forma integral y articulada: Según se ha plasmado, una atención integral e integrada, desde las diferentes instituciones estatales y organizaciones de la sociedad civil, resulta vital para garantizar una respuesta eficaz y de protección a las personas sobrevivientes de trata.
6. Debe socializarse la atención de casos: Es necesario dar a conocer las estrategias y alcances de la atención directa a personas afectadas por la trata, con el fin intercambiar experiencias exitosas y aprendizajes al respecto. 
7. La necesidad de un abordaje inter y transdisciplinario: Dada la dinámica particular de la trata de personas y su impacto a nivel integral, su abordaje debe constituir una multiplicidad de disciplinas que consideren las competencias profesionales específicas y comunes.
8. Importancia de no asumir riesgos personales: No debe subestimarse la existencia del crimen organizado a nivel nacional y transnacional, así como los riesgos asociados. Por lo que es importante tomar medidas de seguridad para evitar riesgos potenciales a nivel personal. Un ejemplo es proteger la identidad de las personas a cargo de los procesos de atención. 
9. No basta lo normativo, debe trabajarse lo conceptual y el enfoque: Si bien es importante crear legislación, políticas y procedimientos, también deben trabajarse los referentes teórico-conceptuales sobre la trata de personas, los enfoques comprensivos y el eje actitudinal a través de la sensibilización de las personas prestadoras de servicios, esto de manera sostenida en el tiempo. Al respecto se señala que, pese a la delimitación de las obligaciones y los principios éticos que deben orientar la respuesta institucional, se denotan diferencias en cómo se comprende la trata de personas, las cuales muchas veces disfrazan prejuicios personales. Por ejemplo, una persona entrevistada señala que si un representante institucional piensa que las mujeres son responsables porque provocan la violencia sexual, a la hora de tomar las decisiones sobre protección y asistencia de una víctima de trata esa valoración subyace. Como reflexión se posiciona que el personal institucional no está exento de poseer creencias y actitudes contrarias al enfoque de derechos humanos, razón por la cual es menester impulsar la formación al respecto.
10. Reconocer la dimensión de la acreditación: Implica comprender que, quien se está acreditando como víctima de trata, enfrenta una situación compleja que necesita ser atendida de inmediato, siendo la persona el centro de la intervención.
11. Hay que reinventar los procesos de investigación judicial: La complejidad que ha adquirido la trata de personas obliga a especializar los procesos de investigación judicial, con el fin de lograr alcanzar una justicia pronta y cumplida. 

Principales retos y desafíos en la respuesta institucional 

De acuerdo con la información obtenida en las entrevistas y el grupo focal con personal institucional, se resume como los principales desafíos: 

1. La continuidad en el fortalecimiento de estrategias para la articulación interinstitucional e intersectorial.
2. El seguimiento a la capacitación y sensibilización del personal que labora en la investigación judicial y la sanción de la trata, ampliando la cobertura a nivel geográfico.
3. La sensibilización del personal institucional con respecto las diversidades culturales y sexuales, con el fin de garantizar un abordaje inclusivo y respetuoso de los derechos humanos de esta población.
4. La creación de un albergue especializado para víctimas de trata que garantice no solo la seguridad y protección de las personas víctimas, sino además una respuesta adecuada y efectiva a sus necesidades.
5. El fortalecimiento a la persecución del delito y el aumento de sentencias condenatorias en el ámbito judicial. En tal dirección se sugiere no solo dotar de personal a la fiscalía especializada en trata de personas, sino una mayor amplitud en la interpretación judicial del tipo penal de trata de personas.
6. La comprensión real de la persona sujeta de derechos como centro de la intervención, lo cual significa reconocer que la persona atendida no está para cumplir los requerimientos de las instituciones, sino que las instituciones deben accionar en función de las necesidades de las personas. Sobre esto se señala el reto de no supeditar las medidas de protección a la participación de la persona sobreviviente de trata en el proceso judicial.
7. El reto del «caso por caso», o bien, el reconocimiento de las diferencias individuales en lo que concierne al daño e impacto de la trata de personas en sus diversas formas de explotación. 
8. El fortalecimiento de los esfuerzos institucionales encaminados a mejorar la relación de las víctimas de trata con el proceso penal y minimizar el riesgo de revictimización. 
9. Con respecto al proceso de acreditación a personas víctimas de trata, se señalan retos tales como: la sostenibilidad y permanencia de la representación institucional capacitada; la garantía del desembolso inmediato de fondos para subsanar necesidades básicas urgentes que se presentan en las personas sobrevivientes de trata, posterior a su acreditación; el respaldo del procedimiento de acreditación mediante una política pública que garantice, de forma ágil, los derechos de las personas víctimas.
10. El apoyo a las personas sobrevivientes en la reconstrucción de un proyecto de vida digno, lo cual se vincula directamente con el monitoreo a los procesos específicos de reintegración, reasentamiento o repatriación. Al respecto, debe prevalecer un análisis de género acerca de las limitaciones estructurales que enfrentan las mujeres para acceder a la autonomía e independencia económica. En este punto se suma el reto de contar con alternativas para garantizar el derecho a la reunificación familiar de las personas víctimas de trata, incorporando un seguimiento a nivel individual, familiar y comunitario. 
11. El diseño de un sistema de medición de impacto de la intervención que incorpore elementos como la efectividad, la oportunidad y la calidez de la atención desde la perspectiva de las personas atendidas.
12. La sistematización e intercambio permanente de las buenas prácticas e intervenciones exitosas a nivel institucional.

Conclusiones  

Referencias

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