Economía
Popular: estrategias de supervivencia y políticas públicas en Villavicencio –
Colombia (2012-2018)
Popular Economy: livelihoods and public policies in Villavicencio-Colombia
(2012-2018)
Jenny Paola
Cervera Quintero
Fundación para el Empoderamiento y Fortalecimiento
de las Capacidades Humanas (Fundación EMFOCAH)
(Fundación
EMFOCAH, Bogotá D.C., Colombia)
https://orcid.org/0000-0003-1255-7503
Fecha de
recepción: 6 de junio del 2021
Fecha de
aceptación: 15 de diciembre del 2021
Cómo citar: Cervera Quintero, Jenny Paola. 2023.
Economía Popular: estrategias de supervivencia y políticas públicas en
Villavicencio – Colombia (2012-2018). Revista
Reflexiones. 102 (1). DOI 10.15517/rr.v102i1.47219
Resumen
Introducción: En el año 2018, la economía informal fue la fuente de trabajo de más de la mitad de la población ocupada en la ciudad de Villavicencio, un cuarto de la población estaba en condición de pobreza y a su vez un cuarto de la población estaba registrado como víctima del conflicto armado. Por estas condiciones, un grupo de personas se decidieron por las ventas informales como alternativa al desempleo.
Objetivo: Este artículo tiene como objetivo analizar las estrategias de supervivencia de vendedoras y vendedores informales en Villavicencio para lograr la reproducción de su vida y la de sus familias frente a las políticas sociales nacionales en el período 2010-2018.
Método y técnica: Se seleccionó la metodología cualitativa desde el enfoque del configuracionismo latinoamericano, se observaron las políticas sociales que los gobiernos nacionales desarrollaron y que alcanzaron a esta población. Se desarrolló un estudio de caso con entrevistas a profundidad a un total de 12 personas dedicadas a las ventas informales en Villavicencio.
Resultados: Se identificaron las estrategias de supervivencia de este grupo poblacional desde las dimensiones económica, financiera, social, y de relación con el Estado, visibilizando desde su punto de vista la interpretación de la realidad y el papel del gobierno nacional frente a su problemática.
Conclusión: Esta investigación aporta a la comprensión de la economía popular, específicamente en las estrategias desarrolladas por vendedoras y vendedores informales a partir de la necesidad de reproducir su vida y la de sus familias frente a un contexto de desempleo y exclusión. Sus realidades, en muchos casos son cercanas al conflicto armado y a la falta de atención pública que se limita a los derechos en educación y salud; la histórica falta de confianza en el Estado colombiano producida por la corrupción y el abandono.
Palabras clave: Sector informal, Necesidades sociales, Elaboración de políticas, Esfuerzo propio, Pobreza.
Abstract
Introduction: In
Villavicencio city in 2018, the population had the Informal economy as the
income source for the middle of the population, one quarter of the population
were in poverty, and in turn, one quarter were registered as victims of the
armed conflict. In this condition, a huge group of people dedicated themselves
to street sales as an alternative to unemployment and thus achieve their
livelihood.
Objective: This article
aims to analyze the livelihoods of street vendors in Villavicencio to achieve
the reproduction of their life in the face of national social policies in the
period 2010-2018.
Method and technique: The
qualitative methodology was selected from the Latin American Configuration ism
approach and the social policies that the national governments developed and
that reached this population was observed. A case study was developed with
in-depth interviews with a population of 12 people dedicated to street vendors
in Villavicencio.
Results: The
livelihoods of this population were identified from the economic, financial,
social dimensions, and concerning the State, making visible from their point of
view, the interpretation of reality and the role of the national government in
the face of its problems.
Conclusion: This
research contributes to the understanding of the popular economy, the living
conditions of street vendors and vendors, and the urgent need to know their
context for the development of social policies related to this huge and
heterogeneous population group.
Keywords: Informal sector, Social needs, Policy making, Self-help,
Poverty.
Introducción
Posiblemente, la primera vez que se habló sobre Economía Popular (EP) fue en 1992 cuando José Luis Coraggio la definió como: «el conjunto de actividades económicas (en el sentido de producir bienes y servicios o de requerir recursos escasos) desarrolladas por agentes individuales o colectivos cuya reproducción depende de la continuada realización de su fondo de trabajo propio» (Coraggio 1995, 120). Posteriormente, Aníbal Quijano la conceptualizó como: «un numeroso, diverso, heterogéneo conjunto de modalidades de producir y consumir bienes materiales y servicios, más o menos diferenciables de la organización empresarial predominante en el capitalismo contemporáneo» (Quijano 1998, 30). Estas dos definiciones tomadas para este artículo permiten posicionar a sus protagonistas como trabajadoras y trabajadores.
Millones de colombianas y colombianos que trabajan en la EP no tienen derecho a jubilación, vivienda propia y tienen dificultades con su derecho a la salud, como consecuencia de una barrera económica generada por los gobiernos, que transforma los derechos sociales en servicios que las personas deben cubrir de acuerdo con su capacidad adquisitiva. Para mitigar en alguna medida los efectos de esta mercantilización de derechos, Colombia se basa en programas de transferencia condicionada para poblaciones vulnerables (Otalvaro 2016).
Este artículo muestra un estudio de caso en la ciudad de Villavicencio, Colombia, a partir de las estrategias de personas trabajadoras de la EP por falta de oportunidades en el mercado formal. Esta ciudad tiene aproximadamente 500.000 habitantes, es catalogada como la puerta de entrada a las regiones naturales de la Orinoquía y Amazonía y se encuentra a dos horas de Bogotá. Por estas condiciones es una de las ciudades con mayor recepción de víctimas del conflicto armado, en el 2018 se registró un censo de más de 99.000 personas que corresponde con el 20% de su población.
La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), desarrollada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para el trimestre de enero – marzo de 2018 indicó que la población Ocupada Informal (OI) en Villavicencio fue de 58.1%. A su vez, el 19.5% de sus habitantes estaban en condiciones de pobreza y 4.5% de pobreza extrema. Esto indica que cien mil personas no alcanzaron a comprar su canasta básica de bienes (alimentarios y no alimentarios) y, dentro de este grupo, 22 mil quinientas no adquirieron la canasta alimentaria básica (DANE 2019).
Con este estudio se espera comprender la EP en Villavicencio con estas preguntas: ¿cómo se relacionaron las estrategias de supervivencia que desarrollan las personas trabajadoras de la EP (vendedoras y vendedores informales) en Villavicencio con las políticas sociales nacionales que los alcanzaron en el arco de tiempo (2012-18)?, ¿cuáles son las políticas sociales del gobierno nacional que cobijaron a la población trabajadora de la EP en Villavicencio?, ¿cuáles son las actividades económicas que realizaron las personas trabajadoras de la EP en Villavicencio? Se planteó como objetivo general: analizar la relación de las estrategias de supervivencia de las personas trabajadoras de la EP en Villavicencio con las políticas sociales nacionales de los años (2012-2018) que los alcanzan.
Este artículo se divide en cinco partes: la introducción, en donde se muestra el contexto y propósito; el enfoque teórico, que contiene los conceptos de EP, políticas públicas, sociales y estrategias de supervivencia sobre los cuales se basa la investigación; la metodología abordada y el porqué de su selección, las principales políticas sociales que alcanzan a personas trabajadoras de la EP en el país en el arco de tiempo (2012-18); las estrategias de supervivencia identificadas en el trabajo de campo y su análisis y, finalmente, las conclusiones obtenidas.
Enfoque Teórico
Economías alternativas y Economía Popular (EP)
De acuerdo con Barcena y Prado (2015), las economías alternativas son un conjunto heterogéneo de enfoques que incluyen a los evolucionistas e institucionalistas, a la escuela de la regulación, a los marxistas y radicales y a los post-keynesianos. Facilita el análisis crítico a los efectos de la aplicación de la economía de mercado sobre los países, la atención de las diferentes crisis generadas, sus efectos en los gobiernos e institucionalidades endebles, en el desarrollo de políticas públicas y sus efectos en la población.
De allí surgen los siguientes elementos del análisis crítico abordados
desde las economías alternativas: «a) La incapacidad para asegurar la plena
ocupación y crear empleos dignos como norma. b) La tendencia a generar una
distribución arbitraria y desigual de los ingresos y la riqueza. c) La
propensión a la fragilidad financiera y la inestabilidad» (Pérez Caldentey
2015, 36).
Para Polanyi (2007), existe una falacia en la economía del mercado que transforma los tres factores de la producción (trabajo, tierra y dinero) en mercancías, lo que hace posible la concepción del mercado como prioridad en la sociedad, ya que esta se rige y se regula por sí misma, es juez y parte. Espera y somete a las sociedades a un comportamiento basado únicamente en incentivos. Así, toda la mercancía que se produce está destinada para la venta y existe mercado para todo tipo de bienes y servicios, incluyendo el trabajo, la tierra y el dinero con los siguientes nombres: «precios de mercancías, salario, renta e interés» (122).
Para Ozveren (2005), la interpretación de las economías alternativas en un contexto de libre mercado presenta inconvenientes debido a la globalización del liberalismo, pues esta visión tiene como fin la maximización de la ganancia bajo principios de egoísmo e individualismo. Coraggio (1995) retoma a Polanyi y explica la EP como alternativa a las consecuencias del modelo capitalista. Asimismo, indica que la reproducción social de las personas trabajadoras de la EP implica mucho más que lograr la base material de la vida, pues va en pro de la defensa de la dignidad humana y asimismo de las sociedades.
Las personas trabajadoras de la EP constituyen un grupo diverso, heterogéneo, de difícil estudio debido a la multiplicidad de sus oficios, saberes y condiciones sociohistóricas. De ser posible, trabajarían en empleos formales, pero dado que la fuerza de trabajo se ha convertido en una mercancía más deben buscar sustento por cuenta propia, pues el sistema no genera suficiente empleo para emplear toda la fuerza laboral disponible, disminuyendo los costos salariales. El trabajo es una fuerza regida por una de las leyes del mercado: «un exceso de oferta hace caer el precio, en este caso, el salario» (Agostino 2016, 220).
Vendedoras y vendedores informales
Las
personas vendedoras informales son el grupo más visible de la EP. Para la
autora este grupo se define como: el grupo de
trabajadoras y trabajadores de la Economía Popular que se encuentra en las
calles ofreciendo diferentes bienes y servicios, con ingresos precarios,
variables y, debido a las condiciones, sujeto a la incertidumbre diaria,
expuesto a riesgos físicos, ambientales y sociales, perseguido por las
instituciones en una pugna por el espacio público y la tributación,
invisibilizado en el reconocimiento de sus derechos sociales y, a su vez,
instrumentalizado para ampliar las cifras de población ocupada.
Debido a la
heterogeneidad del grupo poblacional, no ha sido fácil hallar conceptos
académicos sobre ventas o vendedores/as informales. En el marco de la
investigación, se traen dos referencias afines al respecto: la primera de la
Oficina Internacional del Trabajo y la segunda de la ONG Women in Informal
Employment (WIEGO), quienes a nivel mundial apoyan organizaciones de
trabajadoras de la economía popular:
La venta
ambulante varía en cuanto a la escala, la hora, el lugar, la remuneración, la
mano de obra y los tipos de artículos que se venden y los servicios que se
prestan. Puede ser una ocupación de tiempo completo, de tiempo parcial,
estacional o transitorio. La puede llevar a cabo una sola persona o puede ser
una franquicia de una empresa de venta ambulante más grande. Puede ser una
estrategia de supervivencia o parte de una actividad comercial importante. Por consiguiente,
los ingresos de las personas vendedoras ambulantes varían ampliamente (Oficina
Internacional del Trabajo 2020).
En todo el
mundo, una gran y tal vez creciente participación del trabajo informal opera en
las calles de la ciudad, en las aceras y en otros espacios públicos donde se
vende de todo, desde frutas y vegetales frescos hasta equipos electrónicos. En
términos generales, las vendedoras y vendedores informales son aquellas
personas que venden bienes y servicios en los espacios públicos (WIEGO (Women
in Informal Employment) 2020).
Estas dos
definiciones agrupan significaciones parecidas entre sí que, aunque globales,
difieren en cuanto a su naturaleza y alcance, para las dos en común se obtiene:
la heterogeneidad del grupo, productos a vender, horarios, lugares, la catalogación
de informalidad en su actividad económica y el uso de la calle, del espacio
público como plaza para el desarrollo de su actividad económica.
Para
explorar el autoconcepto de personas vendedoras informales, se trae a colación
el numeral 4 del «Manifiesto de los Sectores Populares», el cual fue leído por
un grupo de ellas y ellos en la tertulia del 15 de junio de 2015 en el Grupo
Socioeconomía Instituciones y Desarrollo (GSEID) [1] de la Universidad
Nacional de Colombia a cargo de Cesar Giraldo: «CUATRO: para garantizar nuestra
supervivencia y la de nuestras familias hemos tenido que trabajar en el espacio
público y en nuestros propios hogares, en un país en el que no existe la
garantía al derecho al trabajo digno» (Trabajadores de la Economía Popular 2015,
4). E indican que debido a la dificultad de su empleabilidad, han decidido
tomarse la calle para ejercer su derecho al trabajo y luchar para alcanzar una
vida digna.
De acuerdo
con el artículo 3ro de la Ley 1988 de 2019[2], la población objetivo de este artículo es
considerada como vendedora informal estacionaria, cuya definición es: «personas
que para ofrecer sus bienes o servicios se establecen de manera permanente en
un lugar determinado del espacio público, previamente definido por la
respectiva autoridad municipal o distrital, mediante la utilización de kioscos,
toldos, vitrinas, casetas o elementos similares»
Estrategias de supervivencia
José
Sanchez Parga (1984) define a las estrategias de supervivencia como un juego de
adaptaciones que llevan a cabo las personas y sus comunidades para sobrevivir y
reproducirse. Así, constituyen un «sistema de comportamientos y prácticas productivas y
sociales para asegurar las condiciones de existencia que permiten no solo la
reproducción simple de un grupo, sino también de sus características
particulares que constituyen su integridad y cohesión sociales» (Sanchez 1984,
9). Lo anterior incluye territorio y circunstancias históricas como unidades de
análisis sobre las estrategias de cada grupo poblacional.
Como
herramienta de análisis, Leopoldo Bartolomé (1984) usa el término de
estrategias de supervivencia en un estudio desarrollado con familias
matrifocales en la ciudad de Corrientes en Argentina, así las define como el
sistema de relaciones sociales que generan redes mutuas de asistencia que
conforman a la economía informal o intersticial, movilizada por el
aprovechamiento de recursos sociales e instrumentada a través del principio de
reciprocidad. Alicia Gutiérrez (2007) se valió de las estrategias de
supervivencia como categoría de análisis en un estudio de caso, esto para la
comprensión de la realidad de habitantes de campamentos precarios en la ciudad
de Córdoba, a partir de historias de vida, en donde se retrata el paso generacional de treinta
familias en barrios carenciados.
Así, las
estrategias de supervivencia son mecanismos que desarrollan las comunidades
vulnerables para el desarrollo de su vida y el de sus familias, valiéndose de
los elementos que el contexto social, político y económico brinda, ya sea por
vías de derecho (a partir de transferencias condicionadas, vinculación laboral
informal, acceso público a derechos, entre otros) o por vías de hecho (posesión
ilegal de tierras, aprovechamiento del espacio público, redes de comercio con
actores no formales, entre otros).
Políticas públicas y sociales
En este
artículo se retoma el concepto que Alicia Naveda (2011) desarrolla sobre las
políticas públicas. Para esto, Naveda trae el término gramsciano de «Hegemonía»
que asemeja un ‘equilibrio’ producido tras una alianza desigual entre
dominadores y dominados. Como ejemplo, «los intereses económicos de los
poseedores de los medios de producción (a escala planetaria en esta etapa de la
expansión capitalista) organizan la ideología dominante (históricamente
orgánica) alrededor de las ideas de desarrollo, libertad, justicia, igualdad» (110)
como bases de la construcción ideológica de la hegemonía, mientras que su
materialización se logra a partir de la creación e implementación de políticas
públicas por parte del aparato estatal.
Cesar
Giraldo (2010) conceptualiza a la política social como una construcción de
formas organizacionales que mercantilizan la protección social de la ciudadanía
frente a los riesgos, de manera tal que ya no son agentes de derecho, sino
clientes. Los gobiernos en Colombia parten de una visión de la economía
neoclásica, toda vez que su enfoque está primado por el comportamiento
individual del homo economicus en su necesidad de maximizar la utilidad de sus
acciones e instrumentalizar sus acciones en pro de la satisfacción de sus
necesidades (Giraldo 2018). Esto quiere decir que las políticas sociales están
destinadas a paliar las necesidades de aquellas personas que por su
vulnerabilidad socioeconómica no pueden proveerse a sí mismas ni a su grupo
familiar de salud, pensiones, educación, entre otros.
Metodología
Para
abordar el objetivo de investigación se seleccionó el diseño metodológico de
Maxwell para garantizar la coherencia, armonía y validez del estudio en
relación con la pregunta de investigación y los componentes de metas, marco
teórico, métodos y propósitos (Rodríguez 2016). El fenómeno de la EP se abordó desde
la metodología del configuracionismo latinoamericano, así la recuperación de la
realidad es un espacio de creación de sentido, de manera científica, con
componentes objetivos y subjetivos como unidades de análisis (De la Garza
Toledo 2012).
De esta
manera, la pregunta se analizó bajo la percepción de la relación estructura-
subjetividad– interacción, para hacer distinción entre cultura y subjetividad,
entendiendo que la cultura es una construcción específica de cada momento
histórico, estructura y las condiciones de un grupo social y que estas crean
usos, costumbres y significados que puede variar entre fenómenos sociales de la
misma naturaleza. De acuerdo con el autor, «reconstruir la totalidad es
reconstruir las configuraciones pertinentes con sus componentes objetivos y
subjetivos» (De la Garza Toledo 2012, 255).
Y desde
allí la explicación de que un hecho histórico se hace a través de las acciones
de los sujetos y sus concepciones, a la vez que la reconstrucción de conceptos
subordinados a ese momento histórico. El configuracionismo latinoamericano
permite estas interacciones, reconstrucciones y diferentes estrategias para
configurar y comprender la realidad, bajo la línea de hermenéutica marxista que
ve en la historia la materia prima para la creación de teoría (De la Garza
Toledo 2012). Para la observación se escogió el estudio de caso, teniendo en
cuenta que se elige un fenómeno, se delimita en el tiempo y espacio de actores,
relaciones e instituciones sociales donde se busca dar cuenta de determinada
particularidad.
Como
técnica de recolección de datos primarios se desarrollaron entrevistas, con el
objetivo de registrar historias para comprender el fenómeno de la EP a partir
de sus vivencias, disposición y disponibilidad. Esto requiere de varios
encuentros entre quien entrevista y quien es entrevistado, con el fin de
comprender sus perspectivas, experiencias y opiniones desde su propio lenguaje.
En esta técnica, la propia persona investigadora es considerada como
instrumento de investigación y se requiere de la generación de empatía entre sujeto
entrevistador y entrevistados, esto con el fin de lograr mayor confianza en la
conversación y por ende mayor riqueza en la obtención de información (Taylor y
Bogdan 1992).
Dentro de
las fuentes consultadas para la obtención de información secundaria se utilizó revisión
bibliográfica sobre la temática, consulta de organismos oficiales e
instituciones gubernamentales que desarrollan políticas afines a personas
trabajadoras de la EP. Las unidades de análisis seleccionadas para este estudio
de caso son vendedoras y vendedores informales, su selección se dio a partir de
una indagación previa entre la comunidad educativa de la Corporación
Universitaria Minuto de Dios en Villavicencio. Desde este primer acercamiento,
a partir de la técnica de «bola de nieve» se llegó a 12 personas vendedoras informales.
Con el fin
de desarrollar una caracterización sociodemográfica de las y los participantes,
se planteó el desarrollo de una batería de preguntas para conocer su grupo
etario, nivel de escolaridad, género, ubicación geográfica y el rol ocupado en
su familia, actividad económica, estrategias políticas, económicas, en relación
con el estado financiero y social.
Políticas sociales para personas trabajadoras de la EP (vendedoras y
vendedores informales) en el período 2012-18
Dada la
condición de vulnerabilidad socioeconómica de vendedoras y vendedores informales,
estas personas han sido cobijadas por políticas sociales focalizadas a grupos
poblacionales en condición de pobreza o pobreza extrema. Más no se encontraron
políticas sociales diseñadas exclusivamente para población ocupada informal. El
período analizado tuvo como presidente a Juan Manuel Santos en dos gobiernos
(2010-2014 y 2014-2018), en los cuales se desarrollaron las siguientes acciones:
Programa de
atención a primera infancia, en el cual se priorizó la atención integral de
niñas y niños de 0 a 5 años junto a las madres gestantes, así la protección
pasó de brindarse exclusivamente a sectores vulnerables para garantizarla de
manera universal (Congreso de la República de Colombia, 2011). En cuanto al derecho
a la educación, en el artículo 140 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) de
2010 se menciona la gratuidad en educación primaria y secundaria llegando al
97% del grupo poblacional (Ministerio de Educación, 2018). Para la educación
superior, el Gobierno propuso un sistema de beca denominado «Ser Pilo Paga», con
el cual se amplió la cobertura de 37% a 53% en el período analizado (Ministerio
de Educación 2018).
En el
derecho a la salud, la Ley Estatutaria 1751 de 2015 «Por medio de la cual se
regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones»
(Congreso de la República, 2015), el principio a la equidad hace referencia a
mejorar la salud de las personas de escasos recursos, grupos vulnerables y de
los sujetos de especial protección. En este grupo están: «niños, niñas,
adolescentes, mujeres en estado de embarazo, desplazados, víctimas de violencia
y del conflicto armado, población adulta mayor, personas que sufren
enfermedades huérfanas y personas en condición de discapacidad». Congreso de la
República, (2015). Así, en el artículo 24, se habla la garantía de la
disponibilidad de la salud en zonas marginadas o de baja densidad poblacional,
indicando que la extensión de la red pública hospitalaria no depende de la
rentabilidad económica, sino social
En el Programa
«Transferencia condicionada Más Familias en Acción (MFA) », generado desde el
año 2000, los gobiernos colombianos han desarrollado un programa de
transferencias monetarias condicionadas para las familias con Niños, Niñas y
Adolescentes NNA en situación de pobreza. Al inicio, este programa estuvo
dirigido a municipios con menos de 100 mil habitantes. En 2007 se amplió a municipios con más de 100 mil habitantes y
en el 2012 el programa pasó a ser de cobertura nacional a través de la Ley 1532
(Medellín y Sánchez Prada 2015).
De acuerdo
al artículo 2 del PND, este programa tiene como objetivo complementar el
ingreso y mejorar la salud y la educación de NNA en situación de
vulnerabilidad. En el artículo 4 se habla de beneficiarios, familias en
situación de pobreza, desplazamiento o indígenas. Como condición para la
recepción de este ingreso, se exige que los NNA no estén en condición de
desescolarización, explotación laboral, desnutrición, maltrato físico, sexual,
abandono o negligencia, condiciones que son controladas por el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Los pagos son recibidos por las
mujeres líderes del hogar cada dos meses a través del sistema financiero
(Congreso de la República 2012).
El Programa
destinado a la protección social (Beneficios Económicos Periódicos - BEPS),
generado a partir del artículo 172 del PND «Prosperidad para Todos», trata
sobre un «esquema operativo y financiero que posibilite la vinculación de
trabajadores informales a los sistemas generales de pensiones y de riesgos
profesionales » (Congreso de la República de Colombia 2011). Se habla de «conceder
beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo mensual legal
vigente a personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones
requeridas para tener derecho a una pensión », el monto recibido será máximo
del 85% del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) (Ministerio de Trabajo
2013).
La atención
a la población víctima del desplazamiento forzado por la violencia fue parte
vital de la agenda de Gobierno de Juan Manuel Santos y sin lugar a dudas obligó
al aparato estatal a atender esta población, la cual fue escondida, minimizada,
discriminada de manera sistemática por los gobiernos anteriores hasta lograr
paulatinamente la vergonzosa cifra de 7.816.500 personas desplazadas internas,
220.000 muertos (80% de personas civiles desarmadas), 25.107 de personas
desaparecidas, 27.000 secuestros, 1754 víctimas de violencia sexual, 1892
masacres. Cifras que datan desde 1981 a 2012 (Centro Nacional de Memoria
Histórica 2013).
El papel de
las políticas sociales se enfocó en reconocer el conflicto, a las víctimas y a
garantizar sus derechos. La Ley 1448 de 2011 conocida como la Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras fue aprobada por las mayorías en el Congreso al segundo
intento de su presentación. Este proyecto inició un proceso de dignificación
para millones de personas, empezando con el pago de una altísima deuda
histórica. Dichas acciones son de vital importancia para la población vendedora
ambulante del país, puesto que esta población es mayoritariamente víctima del
conflicto armado.
Las vendedoras y los vendedores informales responden
En el
desarrollo de las entrevistas a profundidad se contactaron 12 personas, quienes
compartieron sus experiencias como vendedoras y vendedores informales
estacionarios. Para proteger su identidad cada quien escogió un nombre ficticio:
Alicia, Beatriz, Ana, Julia y Helenita Vargas, Jhon Alexander, Wally, Juan, Don
Luis, Pedro y Andrés García, y Nino Bravo; 5 mujeres y 7 hombres. Respecto a su
nivel de escolaridad, 7 de estas personas no terminaron estudios primarios: las
5 mujeres entrevistadas y 2 de los hombres; 3 estudiaron educación secundaria,
1 estudiante de administración de empresas y 2 de ellos son licenciados en
educación (migrantes provenientes de Venezuela).
En cuanto a
su grupo etario, se entrevistaron a 10 personas en edad productiva (4 mujeres y
6 hombres) y dos adultos mayores (una mujer y un hombre). En referencia al rol
ocupado en la familia, solo un entrevistado no tiene personas a cargo, las once
restantes desarrollan rol de cuidado y provisión (indistinto al género). De
acuerdo con su actividad económica, Alicia y Beatriz son vendedoras de medias y
joyas, mientras que el resto de la población entrevistada comercializan
alimentos: café negro (tintos), cigarrillos, jugos de naranja, arepas y
empanadas, principalmente, Don Luis vende aguacates. Llevan más de cinco años
en su actividad económica, salvo Wally, Pedro y Andrés, quienes indicaron que
iniciaron su oficio meses atrás.
Las entrevistas se desarrollaron en torno a
las siguientes dimensiones para identificar sus estrategias de supervivencia y
su respuesta al Estado colombiano:
Condiciones
de desarrollo de la actividad económica: en donde se consultó acerca del equipo
utilizado, cuántas horas tiene su jornada laboral, motivación y rutas de
migración.
Los equipos
utilizados en la venta informal estacionaria son de bajo costo. En el sector de
las comidas, las personas inician con termos, sombrillas, mesas y se van
equipando con elementos más especializados de acuerdo con lo que decidan vender
(exprimidor de naranjas, parrilla, vitrina, carreta, entre otros). Las personas
que venden medias y joyas utilizan pequeños paneles en donde exhiben la
mercancía para su venta. Su jornada laboral va de acuerdo con los horarios en
los cuales venden más. Según las respuestas brindadas, este horario siempre
excede las ocho horas diarias, así como también incluye fines de semana, puesto
que el día que ellas y ellos no salen a vender tampoco reciben ingresos.
En cuanto a
la motivación, las personas entrevistadas eligieron esta actividad debido a las
dificultades para encontrar un trabajo formal en Colombia, ya que se exige un
grado de educación media superior (bachillerato) hasta para ejercer los oficios
más simples. Así de manera natural la mayoría de los relatos inician con una
persona joven que decidió empezar con las ventas ambulantes y al pasar los años
continúan en esta actividad; así como también está la persona que perdió su
empleo y al no lograr emplearse nuevamente, recurre a las ventas informales.
Otro caso es el de las ventas informales como fuente de ingreso al llegar a un
nuevo país mientras se encuentra una posición formal.
«Yo nunca
pensaba vender arepas porque siempre pensaba comprar mi propio taller y ponerme
a soldar, pero en algún momento me fui a vivir con alguien que vive por el lado
del Kirpas, y yo veía que una señora vendía café y arepas en la esquina, vendía
harto.» (Alexander, comunicación personal).
En cuanto a
las rutas de migración, cada historia refleja un conjunto de decisiones y
acciones desarrolladas a partir de las condiciones de vida de cada una de las
personas entrevistadas, su contexto social, económico, histórico y cultural. La
migración es una de ellas, hay una suerte de nomadismo en las vendedoras y
vendedores informales
Por
ejemplo, la ruta de Helenita Vargas empieza en Anapoima Cundinamarca, en donde
nace y se conoce con su esposo (Nino Bravo), luego se van a vivir a Bogotá D.C.
y allí combinan las ventas ambulantes en ese territorio con la ida a ferias que
se desarrollaron en diferentes ciudades y municipios del país. En esa época,
Helenita viajaba sola y su esposo se quedaba en Bogotá vendiendo y cuidando a
sus hijas. Ella viajó a sitios lejanos como los municipios de Timana, Neiva y
Pitalito en el departamento del Huila, Mariquita en el Tolima, Villanueva en el
Casanare, Medina en Cundinamarca, entre otros.
Adicional a
esto, el conflicto interno colombiano es una razón por las que las personas
migran como estrategia de supervivencia frente a amenazas latentes contra su vida
e integridad física. El desplazamiento forzado es un flagelo latente que ha
causado más de ocho millones de víctimas en el país, dejándoles totalmente
vulnerables y expuestos a la pobreza extrema, además de los daños físicos y
psicológicos, el desmembramiento de las familias y la normalización de la
sociopata como sentido común para lograr el despojo de tierras en favor de unos
pocos
«Paola: ¿y
por qué se vino de La Hormiga?
J: por
amenazas, me amenazaron porque allá es zona de solo paracos, porque yo
trabajaba de noche entonces malinterpretaban, si uno le vendía al ejercito
entonces uno era cómplice, si le vendía a los ‘ya sabe quién’ también que les colaboraba,
entonces me metieron una notificación por debajo de la puerta diciéndome que me
daban tres días para irme o sino me llevaban a mis tres hijos, entonces me tocó
dejar todo botado y arranqué » (Julia, comunicación personal).
En cuanto a
su relación con el Estado colombiano, se encontraron varios temas importantes a
tratar. El primero de ellos correspondiente al conflicto interno, en el cual Beatriz,
Alicia, Nino Bravo, Helenita Vargas,
Julia y Ana indicaron ser víctimas y del grupo, solo Helenita Vargas y Nino Bravo son reconocidos y
reparados por el Estado con una vivienda propia y una transferencia de capital
para su actividad económica, aun así, en su relato se conocen las dificultades
del proceso y la amenaza latente que tienen de la terminación de las
transferencias que actualmente reciben. Beatriz es reconocida como víctima,
pero en su relato indica no haber recibido la reparación correspondiente.
«Alicia:
allá en Mesetas casi me quedo sin mi hija menor, a los 3 años mi niña
cruzó la calle al frente de la casa en medio de un fuego cruzado entre las
FARC-EP y el Ejército yo salí corriendo detrás de ella, un guerrillero nos
agarró y nos metió a la casa, me toco devolverme a Villavicencio con todos mis
hijos pequeños » (Alicia, comunicación personal).
La percepción
del Estado indicada por las vendedoras y vendedores informales es negativa.
Ellas y ellos no confían en el Estado colombiano, intentan no relacionarse
políticamente con nadie, pues tienen mucha desconfianza con lo que puede
suceder, su estrategia es en este caso el rechazo a la política, así evitan
‘deber’ favores. El clientelismo, la corrupción, la política paramilitar y
narcotraficante y los demás flagelos que acompañan al país impactan de manera fuerte
y abierta la percepción de la política y las políticas para los y las vendedoras
ambulantes: «Digo yo no sean hipócritas, con mercaditos por un barriecito que
yo vivía y yo si le dije a ese señor (Alan Jara) no compre a la gente con una
papa un arroz y suben allá y siguen robando. » (Julia, comunicación personal).
«No, a mí no me gusta la política, yo no les creo, eso le prometen a uno pero
no cumplen, ahorita lo saludan a uno y luego se pierden. Primero es de abrazo y
palmadita en la espalda » (Alexander, comunicación personal).
La
población entrevistada indicó que los únicos programas de política social que
efectivamente funcionan para su condición son aquellos relacionados con la
salud para las familias y la educación gratuita para NNA, no mencionan avance
en otras áreas. Salvo Nino Bravo y Helenita Vargas, quienes son atendidos
dentro de los programas para población víctima del conflicto, ningún otro está
incluido pese a contar con las condiciones requeridas, como se relató
anteriormente. Reconocen las dificultades para hacer parte de algunos programas
sociales, por lo cual prefieren alejarse de esta posibilidad. Saben que buscar
algún padrino político que les permita el ingreso les acarreará una disminución
de sus libertades, una suerte de ‘deuda de favores’ a cambio de su vinculación
y en el peor de los casos, sufrir de amenazas o hasta la muerte en caso de
negarse o denunciar.
Estrategias
financieras: las personas entrevistadas indican que hacen ‘cadenas’ que
corresponde a un tipo de ahorro informal, préstamos en cooperativas e intentan
no recurrir a usureros que se aprovechan de la falta de bancarización de este
grupo poblacional para cobrar intereses extraordinarios.
Estrategias comunitarias: estas personas
trabajan con su familia como trabajadores y trabajadoras no remuneradas debido
a que no pueden pagar salarios, así, el ingreso que obtienen es para el
sustento del grupo familiar y la reproducción del negocio, en muchas ocasiones
sin poder generar excedentes para el ahorro o la inversión. Esto se ve en los
relatos de Alicia y Beatriz, las cuales son hermanas; Andrés y Pedro García,
quienes son primos; y Helenita Vargas y Nino Bravo, quienes por su hija se
establecieron un tiempo en Caño Jabón; en el relato de Juan Pablo, en donde su
madre le ayuda a ingresar como calibrador de ruta; en el Dde Alexander, al empezar
el negocio con su pareja; en el de Wally, al iniciar su actividad con aportes
de su familia; y, finnalmente, en el de Julia y Ana, cuyos hijos están allí
cuando no están estudiando.
En Colombia
existen grandes problemas de confianza debido al conflicto armado, lo que
fractura las relaciones de asociatividad entre vendedoras y vendedores
informales. Fruto de esto son las cifras de confianza en las otras personas: «mientras
los chinos confían en el 65% de las personas que conocen y los nórdicos en el
75%, los colombianos solo confiamos en el 5%»
Las políticas
sociales del período 2012-18 resaltan el discurso hegemónico que pretende
paliar la pobreza y mejorar de manera casi exclusiva las condiciones de vida de
las personas que se encuentran en carencias extremas. Como aspecto a destacar,
se encuentra el Acuerdo de Paz con las (Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia – Ejército Popular) FARC- EP y las implicaciones positivas que esto
llevó a la población colombiana. Las políticas garantizadas para personas en
vulnerabilidad socioeconómicas (educación y salud para el régimen subsidiado)
tuvieron éxito pues la población accedió de manera oportuna a las mismas. Lo
anterior contrario a los demás programas que se convierten en focos de
clientelismo y corrupción, debido a la territorialidad parcial y compartida
aprovechada por actores al margen de la ley con beneplácito de los gobiernos y
a la inestabilidad política y social de las instituciones ocasionada por las
fisuras que trae consigo la corrupción y la sociopatía inmersa en la clase
política colombiana.
Las
estrategias de supervivencia que se encontraron a lo largo de esta
investigación indican las dificultades que la población vendedora informal vive
en Villavicencio como consecuencia de la falta de políticas sociales nacionales
y municipales enfocadas a sus necesidades. El Estado colombiano ha desarrollado
una serie de programas destinados a paliar la pobreza y pobreza extrema de la
población con magros resultados. Por el contrario, han sido severos con esta
población al impedirles su derecho al trabajo a raíz de su uso del espacio
público para dicho fin, esto a partir de medidas policivas que atentan contra
los derechos de esta población.
Por lo
anterior, entre las estrategias de supervivencia y las políticas sociales
existe un paralelismo. Ellas y ellos desarrollan acciones para lograr su
supervivencia y la de su grupo familiar sin esperar la protección de un Estado
garante de derechos. Esto como consecuencia de un país con endebles políticas
públicas, debido a la territorialidad compartida con actores al margen de la
ley y la operación de los mismos con el beneplácito de los gobiernos, así como
también de la institucionalidad frágil que se corroe por la corrupción y por
ende se relaciona de errada manera con la población a partir de prácticas de clientelismo,
abuso de autoridad y negligencia.
En cuanto a
su actividad económica, el grupo vende comida en las calles, debido a que el
nivel de inversión requerido es muy bajo, los medios de producción son de fácil
acceso y se puede trabajar con mano de obra propia y del grupo familiar,
razones por las que se convierte en una estrategia económica viable. La
motivación principal que llevó a la población a iniciar su trabajo ambulante es
la imposibilidad de obtener un empleo formal asociada a la falta de
oportunidades por su contexto socioeconómico.
Algunas de
las personas participantes son víctimas del conflicto armado, para quienes las ventas
informales en Villavicencio son su opción de supervivencia. Para millones de
personas víctimas de conflicto armado es más seguro vender en las calles que
habitar sus parcelas. Consecuencia de un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI)
recurrente, por gobiernos endebles que no garantizan los derechos fundamentales
de esta población.
Las
estrategias económicas que representan las acciones para obtener mayor
beneficio de su actividad laboral, para este caso, el horario y la extensa
jornada, corresponden a la necesidad de autoexplotación que el sistema les
exige para lograr su supervivencia, así como la estabilidad en el oficio y en
la zona que eligen para establecerse. En promedio, las personas entrevistadas
llevan más de 5 años ofreciendo los mismos bienes y servicios. La estrategia en
relación con el Estado y la política consiste en ‘invisibilizarse’ como
consecuencia de la falta de confianza que la población tiene hacia las
instituciones y los gobiernos.
En las
estrategias de financiamiento, el grupo poblacional entrevistado se financia
con recursos propios en la medida de lo posible. Esto conlleva a la ventaja de
no tener pasivos y a la desventaja de tener un negocio que, aunque estable en
los recursos que genera y en su permanencia, no genera rendimientos mayores ni
crecimiento. No tienen fácil acceso a préstamos bancarios ni a programas
públicos de inyección de capital.
Entre las
estrategias comunitarias se destacan las estrategias de solidaridad en las
cuales sus vecinas y vecinos se convierten en compañeros de trabajo y así entre
todos forman redes de apoyo. Las estrategias de supervivencia frente a las
políticas del Estado son mecanismos de resistencia que desarrolla la población
ante las dificultades a las cuales están sometidos en su diario vivir. Se
destacan la estabilidad que este grupo de personas tienen en su actividad
económica y en el lugar que eligieron para asentarse, la previa migración como
estrategia para encontrar mejores condiciones para ellas, ellos y sus familias,
la valoración de la educación universitaria para sus hijas e hijos como un
logro a cumplir, el auto respeto y la solidaridad entre las y los trabajadores
de la zona.
Tal como muestra
este artículo, es imperioso que el Gobierno nacional escuche a la población vendedora
ambulante, reconozca su actividad económica, la legalidad de la misma, el
aporte que brinda al PIB del país, la armonización de los derechos al trabajo y
al espacio público a través de vías concertadas junto con la población y no a
través de acciones policivas que acervan el miedo de la población y la
desconfianza hacia las instituciones.
Contribución
de las personas autoras: Autoría de Jenny Paola Cervera Quintero en el marco de la investigación
para recibir el título de doctora en Administración y Política Pública de la
Universidad Nacional de Córdoba.
Apoyo
financiero: Recursos
propios y los brindados por la Fundación EMFOCAH.
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[1] Tertulias a cargo del
GSEID con el fin de discutir sobre sus líneas de investigación, para esa fecha
se invitó especialmente a líderes de la economía popular en la ciudad de Bogotá
D.C. para leer este manifiesto, el cual fue creación conjunta entre estas personas
y el profesor Cesar Giraldo.
[2] «Por
la cual se establecen los lineamientos para la formulación, implementación y
evaluación de una política pública de los vendedores informales y se dictan
otras disposiciones.» (Congreso
de la República 2019).