E-ISSN: 1659-2859
Dossier especial
Volumen 99 (2) 2020: 1-8
Julio-Diciembre
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Una mirada del COVID-19 desde el lente feminista
COVID-19 from the Feminist Look
DOI 10.15517/rr.v99i2.42147
Alejandra Paniagua Bonilla
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Sede de Occidente, Universidad de Costa Rica / Presidenta de la seccional del sindicato del
Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), Costa Rica.
Fecha de recepción: 23 de mayo del 2020 Fecha de publicación: 4 de junio del 2020
Resumen
En el artículo presento mis reflexiones en torno el riesgo de reversión de los limitados avances
logrados en materia de igualdad de género que configura el COVID-19 y, su relación con la
impronta patriarcal y clasista del Estado. En él, se aclara el compromiso relativo del Estado con los
derechos humanos de las mujeres y, las particularidades que en el marco del COVID-19 esto
adquiere.
Finalizo concluyendo que el verdadero peligro para las mujeres reposa en la orientación de la
programática institucional y las políticas destinadas a la atención de la pandemia y, sobre en este
escenario de riesgo, mantener la mirada crítica colocada en el Estado y en sus políticas económicas
regresivas y de recorte fiscal, con la finalidad de resguardar el legado histórico de los movimientos
de mujeres y feministas y evitar que las fisuras patriarcales se ensanchen y los derechos de las
mujeres conquistados se diluyan.
Palabras clave: COVID-19, Derechos Humanos de las Mujeres, Políticas Sociales.
This article reflects on the risk of a reversal in the limited progress achieved regarding gender
equality that is configured by the COVID-19 pandemic, as well as its relationship with the
patriarchal and classist imprint of the State. It clarifies the relative commitment of the State to
women rights and the particularities that within the framework of COVID-19 this acquires.
It concludes discussing that the real danger for women lies in the orientation of the institutional
program and policies aimed at addressing the pandemic. Moreover, in this threatening scenario, a
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critical position on the State and its regressive economic policies and fiscal cuts should be
maintained in order to safeguard the historical legacy of women's and feminist movements and to
prevent patriarchal fissures from widening and conquered women's rights from being diluted.
Keywords: COVID-19, Women's Human Rights, Social Policies.
Introducción
En el marco de la crisis sanitaria hay un intenso debate sobre la responsabilidad del Estado de
atender las consecuencias sociales de la pandemia. Desde posturas diversas parece existir consenso
sobre el hecho de que esta respuesta no puede esperar y se deben urgir los fondos públicos para
ello. Asimismo, los organismos internacionales han insistido sobre la necesidad de integrar el lente
del género en el manejo de la crisis.
El COVID-19 arriba a un Estado debilitado. Su proceso de reconfiguración alentado por los
idearios del Neoliberalismo en Costa Rica lleva décadas. Antes de la llegada del Covid-19, sus
defensores insistían en la aplicación de medidas fiscales regresivas y en el recorte presupuestario
público como medidas para paliar la crisis económica y el llamado hueco fiscal. Desde mi punto
de vista, la igualdad de género pasará por redefiniciones en el marco de esta coyuntura.
En su más reciente informe, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD 2020)
advierte que el COVID-19 podría revertir los limitados avances que se han logrado en materia de
igualdad de género y derechos de las mujeres, pues las medidas de aislamiento social impuestas
han generado una importante desaceleración de la economía, hecho que impacta de manera
diferenciada en los ingresos y en el empleo de las mujeres.
Asimismo, el cierre de numerosos puestos de trabajo y el uso del teletrabajo obligaron a las
mujeres a retornar a sus hogares y con ello, se ha producido un aumento exponencial de la carga
de trabajo reproductivo y, la posibilidad de estas mujeres de vivir eventos de violencia en sus
hogares (PNUD 2020). A este grupo cabría agregar el importante número de mujeres que, antes
del COVID, laboraban en el sector informal de la economía y que hoy carecen de ingresos. De este
modo, si bien antes del COVID-19 la situación de las mujeres a nivel mundial reflejaba una
desigualdad estructural, las expresiones de ésta se profundizaron con la llegada de la pandemia.
Coincido con el hecho de que la crisis sanitaria configura un escenario de riesgo político para
las mujeres –no solo durante la crisis- también a futuro. Desde mi óptica, este riesgo tiene una
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dimensión coyuntural, relacionada con el manejo mismo de la crisis y la capacidad del Estado para
crear medidas que reflejen las circunstancias especiales de las mujeres y mantener a flote sus
compromisos políticos en la materia; y, un segundo aspecto de carácter estructural, vinculado con
la naturaleza del Estado y de sus políticas, como espacio amplio en el que detona la emergencia.
Cabe aclarar que, en realidad, estas dimensiones están interrelacionadas y que la separación
obedece solo para efectos de mi ruta analítica.
Las desigualdades preexistentes, agravadas por la pandemia, pueden profundizarse aún más si
la respuesta estatal se centra en la atención de la inmediatez de la crisis a través de la adopción de
medidas de alivio económico focalizadas, paliativas y de corto alcance. Deseo aclarar que no
comulgo con la idea de que el carácter focalizado y asistencialista de la política social sea un hecho
nuevo introducido por la pandemia, pues existe un nutrido acervo de evidencia dentro de las
ciencias sociales que permite fundamentar el giro de la política social bajo los ideales neoliberales
mucho antes de la llegada del virus (Guerra 2015; Bustelo Graffigna 2008). No obstante, sí creo
que la vocación asistencialista de la política es mucho más peligrosa en el contexto de la pandemia
puesto que no solo se inscribe sobre una desigualdad preexistente, sino que la agrava de manera
significativa.
Me gustaría, antes de avanzar en el análisis concreto, aclarar algunas cuestiones teóricas que
me parece son necesarias para comprender la reflexión planteada:
En primer lugar, coincido con la idea de Hirsch (2001, 169) del Estado como una expresión
particular de la forma política capitalista: «En la sociedad capitalista el Estado no es ni el
instrumento creado conscientemente de la clase dominante ni la encarnación de una “voluntad
popular” democrática, ni tampoco un sujeto que actúa con autonomía. Es más bien una relación
social entre individuos, grupos y clases». Tal y como se desprende de la cita, la unidad del Estado
es relativa.
Entendido de este modo, esta superestructura es arena de luchas de fuerzas sociales que pugnan
por su hegemonía. De este modo, su accionar se disuelve en instancias relativamente autónomas
que compiten y se enfrentan entre sí: «El hecho de que el Estado sea un entramado de relaciones
sociales y de clases contradictorias se expresa en la diversidad de sus componentes. No es una
unidad organizativa cerrada, sino que se disgrega permanentemente en instancias relativamente
autónomas que compiten entre sí, hasta se combaten con frecuencia, y que cada una establece sus
propias relaciones sociales y de clase» (Hirsch 2001, 170).
En segundo lugar, en el Estado se expresa una impronta patriarcal. El Patriarcado opera como
un sistema de dominación universal e histórico asentado sobre una ideología de la diferencia
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sexual. Este crea y recrea relaciones de jerarquía y subordinación entre hombres y mujeres y en
interrelación con el liberalismo, escinde la realidad en dos esferas -pública y privada- y excluye a
las mujeres de la participación en el mundo de lo público (Fríes Montejo y Matus Monleón
1999). Por lo tanto, la dominación, explotación y subordinación de las mujeres es estructural al
orden social. Sus causas están inmersas en normas y símbolos reproducidos sistemáticamente en
las más importantes instituciones económicas, políticas y culturales; lo que da pie a grandes y
profundas desigualdades e injusticias para las mujeres (Young 1990). En síntesis, al ser el Estado
una instancia capitalista y patriarcal expresa en sus relaciones sociales estas contradicciones.
Aclaradas estas cuestiones teóricas, considero que el compromiso del Estado con los derechos
humanos de las mujeres y la igualdad entre los géneros es relativo. Y que, en el marco del COVID-
19, las fisuras del Estado patriarcal son proclives a ensancharse. Pues, con rapidez los mecanismos
patriarcales hacen un llamado para que las mujeres asumamos el costo de la crisis. Asimismo, el
carácter de clase del Estado y sus propias contradicciones internas esbozan respuestas estatales
«focalizadas, sectorizadas, fragmentadas, atomizadas, formalistas, abstraídas de contenidos
(político económico) concretos» (Guerra 2000, 18-19).
Sin embargo, desde mi óptica, hay algunos matices en la forma como el Estado pone en escena
esta respuesta focalizada: hace uso de un falso dilema aparencial. Este dilema tensiona la urgencia
de atender a las familias afectadas por la crisis sanitaria a través de la provisión de transferencias
monetarias y la reserva y asignación de recursos para mantener a flote los compromisos adquiridos
por el Estado con las mujeres y sus derechos; como si la inversión de recursos en acciones
estratégicas y en la prevención fuese un lujo que -en tiempos de pandemia- el Estado no puede
permitirse y debe recortar o disponer para otros fines.
Sirva de ejemplo de esta tendencia el acuerdo
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tomado por la Junta directiva del Instituto
Nacional de las Mujeres (INAMU, en adelante) de trasladar recursos asignados a su presupuesto al
fondo de atención de la emergencia sanitaria. Cabe precisar que mi interés no es extrapolar este
acto administrativo a la órbita general del Estado, pues mi comprensión teórica de este y de sus
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En sesión del 06 de mayo del 2020 la Junta Directiva de esta institución acuerda el traslado de 4000 millones de
colones del presupuesto institucional a las arcas comunes del Estado para el financiamiento del plan Proteger (principal
estrategia del ejecutivo para atender la crisis mediante transferencia monetarias). El 20 de mayo del 2020, el acuerdo
es revocado debido a la presión del sindicato institucional y las organizaciones feministas, así como de los informes
administrativos que dan cuenta de la gravedad de la decisión tomada y de su impacto en la capacidad institucional para
continuar atendiendo sus labores sustantivas ante un inminente desfinanciamiento del Fondo de Asignaciones
Familiares (FODESAF), única fuente de ingreso del presupuesto institucional. La institución asume la rectoría de la
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres en Costa Rica (2018-2030) y del Plan Nacional
de Atención de la Violencia (2017-2032) y brinda servicios especializados y albergue a mujeres víctimas de violencia.
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políticas constriñe una ruta argumentativa de este tipo. Sin embargo, me parece un hecho
emblemático; pues si el propio mecanismo destinado para la tutela y la defensa de los derechos
humanos cae en el juego de este falso dilema, es previsible que otras instancias reorienten su agenda
y programática con base en esta misma ilusión.
Ahora bien, la tonalidad que adquiere el discurso estatal expresa una impronta patriarcal, pero
también neoliberal:
a) El juicio patriarcal sobrevive en los discursos de género desplazados al ámbito discursivo
social y estatal: la identidad monolítica de las mujeres en tanto que madres y su función
social como cuidadora resurge. El discurso moralizante demanda la entrega de los recursos
dispuestos para las mujeres, en aras del difuso “bien común” y del cuido de los afectados
por la crisis sanitaria, so pena de poner en riesgo la sostenibilidad misma de las políticas de
género.
b) El fundamento neoliberal esgrime una serie de tecnicismos jurídicos y gerenciales. En este
sentido, comparto con Bustelo Graffigna (2008, 18) su visión sobre la gestión de la política
neoliberal como un mecanismo antipolítico que evade «entrar en las luchas para quebrar un
orden de dominación». Bajo el amparo de esta lógica gerencial las decisiones
gubernamentales se encubren de una presunta neutralidad, transparencia y buen gobierno
y, de este modo, ocultan su verdadera racionalidad económica: la negativa del Estado de
crear cargas impositivas justas que permitan una política social robustecida.
Sobre este último punto, debe recordarse que la crisis del COVID 19 y, particularmente, las
acciones gubernamentales emprendidas en este escenario se suman a un proceso paulatino de
reducción del gasto público y el desmantelamiento de la intervención del Estado mediante los
programas sociales.
En nuestro país -al igual que en otros países de la región- se institucionalizó el discurso de los
derechos humanos y, de forma paralela, dio inició el proceso desmantelamiento del Estado de
Bienestar (Magistris 2011), provocando el debilitamiento del tejido institucional y una
reorientación de las políticas sociales. De tal modo los asuntos de género ingresaron en la agenda
pública en la década de los noventa de la mano de las reformas del Estado. Como he indicado, la
pandemia aportó a esta dinámica de reforma un estado de shock e inmediatez sumamente peligroso,
que parece profundizar la reorientación del rumbo de la política social a pasos acelerados.
Ahora bien, para levantar este velo y superar este falso dilema basta con retornar a las
estadísticas, pues lo factual es que, antes del virus, las mujeres y las niñas engrosaban las filas de
la pobreza y morían producto de la violencia machista, por lo tanto, del debilitamiento y
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reorientación de la política social serán éstas las más afectadas: «En América Latina y el Caribe
(…) el índice de feminidad de los hogares en situación de pobreza ascendía a 105 mujeres por cada
100 hombres; en 2017 este valor se ubicaba en 113 mujeres por cada 100 hombres. Por su parte, la
pobreza extrema de las mujeres también aumentó en el mismo período, pasando de 108 mujeres
por cada 100 hombres en 2002 a 116 mujeres por cada 100 hombres en 2017» (CEPAL 2019,
citado por PNUD 2020).
Es importante recordar que las decisiones gubernamentales no constituyen un hecho inocuo o
una acción neutral y desprovista de contenido ideológico o político; por el contrario, revelan la
voluntad del Estado y de sus prioridades. Y en el caso de las mujeres, me es difícil no levantar
suspicacias sobre los peligros que acechan sus derechos, más allá de los efectos mismos de la crisis
por el COVID-19. Maxime si se considera que la antesala de esta crisis sanitaria se caracterizó por
la prevalencia de discursos contrarios a la igualdad y los derechos humanos de las mujeres y la
aplicación de reformas fiscales regresivas que impactan de manera diferenciada en las mujeres. En
este sentido, recuérdese los ataques que, en el marco de la crisis, se han dado a las pensiones
alimenticias.
No dudo al afirmar que después del COVID-19 serán necesarias políticas sociales y programas
sociales específicos para las mujeres, en tanto la crisis augura magnitudes dolorosas. Algunas
expertas inclusive advierten sobre el posible retorno masivo de las mujeres al ámbito privado tras
la pérdida significativa de empleos, lo cual afianza la división sexual del trabajo y configura el
escenario idóneo para la prevalencia de la violencia machista y la trata de personas.
De cara a este escenario sombrío y, de continuar por la ruta actual, me pregunto: ¿estará
preparado el Estado para atender la oleada de demandas de las mujeres post-pandemia? ¿Cuáles
programas sobrevivirán ante el desfinanciamiento de los fondos públicos y qué impacto tendrán
los recortes aplicados para las mujeres, principalmente para las más empobrecidas? ¿Qué pasará
con los avances en materia de derechos humanos de las mujeres en el seno de una institucionalidad
debilitada? ¿Emergerá, tras la crisis sanitaria, una crisis de derechos humanos de las mujeres? Me
parece que estas preguntas, en el contexto de incertidumbre actual, aún no tienen una respuesta
definitiva, sin embargo, creo importante reflexionar sobre ellas.
Las medidas económicas y de recorte fiscal sin duda alguna pondrán en vilo los avances
conquistados en materia de derechos humanos de las mujeres. Por ejemplo, en Costa Rica, las
políticas de equidad e igualdad de género y de no violencia, dependen de los recursos provistos por
el Fondo de Asignaciones Familiares (FODESAF) hoy en riesgo de desfinanciamiento parcial por
la pandemia. Por ello a mis interrogantes previas se suman nuevas: ¿cómo podrá el Estado,
mermado en sus capacidades, atender la crisis de los cuidados y crear políticas que avancen hacia
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la corresponsabilidad? ¿Con qué recursos presupuestarios contará para atender la violencia
machista? ¿Cuáles serán las medidas qué este implantará para estabilizar la economía y qué
implicaciones tendrán estas para las mujeres y para las políticas sociales? ¿Cuáles nuevas formas
de generar ganancias probará el capital y cómo afectarán a las mujeres? De la respuesta a estas
interrogantes y muchas otras que surjan de la procesualidad del manejo de la crisis, dependerá la
dignidad, el acceso a la justicia, la igualdad y, la vida misma de las mujeres.
A manera de cierre, las reflexiones puntuadas, me llevan a concluir que el verdadero peligro
para las mujeres no se esconde en el ADN del virus, sino en la orientación de la programática
institucional y las políticas destinadas a la atención de la pandemia, es decir en la naturaleza
patriarcal y clasista del Estado y, que la llegada del virus parece magnificar.
Es aún temprano para conocer cuál será el desenlace que tendrá esta crisis, no obstante, la
historia y los datos preliminares me permiten inferir que de continuar la respuesta estatal
transitando por la ruta del neoliberalismo, es esperable un escenario poco favorable para las
mujeres -principalmente para las mujeres empobrecidas- y para sus derechos, como he insistido;
tanto por la profundización de la desigualdad preexistente como por el debilitamiento del Estado y
de su capacidad para construir por la vía de la política social, una sociedad basada
fundamentalmente en formas más igualitarias de organización social.
Un resultado menos ruinoso dependerá de la capacidad de los movimientos sociales para
pugnar con el Estado y colocar sus demandas ante él. De este modo, la tarea histórica será mantener
la mirada crítica colocada en el Estado y en sus políticas económicas regresivas y de recorte fiscal
con la finalidad de resguardar el legado histórico de los movimientos de mujeres y feministas y
evitar que las fisuras patriarcales se ensanchen y los derechos de las mujeres conquistados se
diluyan.
En este sentido reconozco el valor del movimiento feminista como sujeto histórico con la
capacidad para pugnar con las fuerzas políticas y económicas conservadoras que utilizan la crisis
sanitaria como una cortina de humo, para avanzar y consolidar un modelo económico cada vez más
desigual y excluyente para las mujeres. Creo además que los sindicatos y quienes engrosamos sus
filas tenemos la responsabilidad histórica de sumarnos a la lucha por la defensa de los derechos
humanos de las mujeres, vindicando el carácter de género y de clase de nuestras luchas
compartidas, con la finalidad de desanudar el hilo conductor que se entreteje en torno a la opresión
femenina.
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