migrantes, se propone hablar de las personas migrantes como ciudadanos más allá y en contra
de los derechos de ciudadanía (Mezzadra 2005, 50).
Esta perspectiva de la autonomía propone estar atentos a las especificas demandas
subjetivas de ciudadanía que expresan los movimientos migratorios, en tanto movimientos
sociales (Mezzadra 2005, 94). Como se señaló, no supone limitar las demandas de las personas
migrantes al acceso a la ciudadanía, ya que, a diferencia de los Estudios de Ciudadanía, la
autonomía no reduce el abordaje de las luchas migrantes a aquellas que buscan el
reconocimiento de derechos por parte del Estado, sino que amplía la mirada y contempla
aquellas luchas que se despliegan más allá del reconocimiento estatal. Sin embargo, se entiende
que para las personas migrantes lo jurídico es fundamental, por eso sus luchas tratan de imaginar
nuevas formas de pertenencia y de derechos que prefiguren una manera de inclusión que valore
la diferencia a partir de una base de igualdad y libertad. Para este enfoque se vuelve
problemático articular y proyectar las luchas migrantes solo a partir de la diferencia, debido a
que implicaría mantener la exclusión y la clandestinidad como única base de subjetivación
posible. En otras palabras, la inclusión no es entendida como sinónimo de integración, sino más
bien implica pensar, alrededor de prácticas sociales concretas, al mismo tiempo la igualdad, la
libertad y la no integración (Mezzadra 2005, 28-29).
Para Mezzadra esto contiene un desafío fundamental para la tradición jurídica moderna,
debido a que los elementos de subjetivación que surgen de las experiencias de luchas migrantes
tienden a resistir los modos de inclusión de la ciudadanía, forzándolos, hasta poner en tensión
el espacio mismo desde el que dicha inclusión es predicada. Así, las luchas migrantes derivan
en un cuestionamiento de los discursos sobre la ciudadanía, pero, junto con ese
cuestionamiento, se percibe una pugna por ampliar esa noción (2005, 27). La crítica a la
integración no exige una renuncia a las demandas por derechos y justicia, sino implica que estas
deben ser trazadas más allá de las garantías de la ciudadanía y deben dirigirse hacia el desarrollo
de instituciones y prácticas de ciudadanía que no están vinculadas a la lógica de integración y
dominación del Estado-nación (Bojadžijev y Karakayali 2010, 5 y 8).
Una segunda postura dentro de la mirada de la autonomía, en cambio, considera que la
ciudadanía es un concepto limitado cuando se presenta como umbral de la práctica política y
del análisis de las luchas migrantes, debido a que ponen el foco en aquellas protestas,
movilizaciones, resistencias y estrategias de las personas migrantes que exceden y se niegan a
ser parte de una política de ciudadanía. Esta postura no niega que la ciudadanía sea importante
para aquellas luchas que tienen como objetivo la ampliación de derechos, ya que se entiende
que no es lo mismo ser una persona migrante regular que un irregularizada. Tampoco se niega
que la ciudadanía sea susceptible de una revisión crítica, teniendo en cuenta que se encuentre
en constante estado de cambio, a raíz de las luchas que se libran entre la autonomía de las
diversas estrategias de libertad humana y entre los intentos del Estado y el capital para
subordinarlas y sujetarlas. Sin embargo, consideran que, en la medida que la ciudadanía se
institucionaliza, es fijada como cristalización y registro arqueológico de las luchas sociales
precisamente porque se las contiene dentro del Estado, lo que genera que las energías
insurgentes, las prácticas creativas y de libertad de las luchas migrantes sean domesticadas (De
Genova 2007, 442). Para estos autores, más que confiar en las promesases igualitarias de la