Dossier especial Jornada de Estudios
en Chambéry, Francia, 2021: 1-21 Julio-Diciembre
DOI 10.15517/rr.v0i0.43872
Dos catástrofes entre doscientas mil: evolución de la violencia política en
Centroamérica (1980-2016)
Two Catastrophes out of Two Hundred Thousand: The Evolution of the Political
Violence in Central America (1980-2016)
Raphaël Roché,
raphael.roche@univ-st-
etienne.fr
1
1
Université Jean-Monnet,
Saint-Étienne, Francia
Resumen
Introducción
Este artículo plantea la evolución de los mecanismos de
la violencia política contra las periodistas y activistas en
el Triángulo Norte centroamericano en los últimos
cuarenta años.
Objetivo
Pretendemos analizar, a través del estudio de dos
asesinatos, cómo evolucionan los actores que ejercen
este tipo de violencia política, el modo operatorio que
escogen o el móvil que «justifica» estos homicidios
contra miembros de la esfera mediática.
Método
Procederemos a comparar la desaparición de la
periodista Irma Flaquer durante el conflicto armado
interno guatemalteco en 1980 y el asesinato de la
activista indígena y medioambientalista Berta Cáceres,
en Honduras, durante el 2016.
Resultados y conclusión
El estudio pone en evidencia las consecuencias del
proceso de democratización y pacificación que conoció
el Triángulo Norte tras largos conflictos armados
internos. Sin embargo, esta ola democrática es más que
imperfecta, por estar acompañada de un debilitamiento
de los Estados como agente represor principal, ya que
son las empresas quienes los sustituyen. La opinión
pública también cobra protagonismo, con una mayor
cobertura mediática de los conflictos sociales y
medioambientales.
Palabras clave: Guatemala, Honduras, Guerra Fría,
Ecología, Desapariciones.
Fecha de recepción:
29 de setiembre del 2020
Fecha de aceptación:
5 de mayo del 2021
Dossier especial Jornada de Estudios
en Chambéry, Francia, 2021: 1-21 Julio-Diciembre
DOI 10.15517/rr.v0i0.43872
Cómo citar:
Roché, Raphaël. 2021. Dos
catástrofes entre doscientas mil:
evolución de la violencia política
en Centroamérica (1980-2016).
Revista Reflexiones Dossier
especial Jornada de Estudios en
Chambéry, Francia. DOI
10.15517/rr.v0i0.43872
Abstract
Introduction
This article examines the evolution of the mechanisms
that configure political violence against women
journalists and activists in the Central American
Northern Triangle over the last forty years.
Objective
We will study through these two examples how the
agents that carry out that kind of political violence do
evolve, as well as the crime modus operandi and the
motive that justify these assassinations against members
of the media sphere.
Method
We will compare two cases, the first one being the
disappearing of Guatemalan journalist Irma Flaquer
during the Civil War in 1980 and the second one being
the assassination of indigenous and environmentalist
Berta Cáceres in Honduras in 2016.
Results and Conclusion
This work shows that during that period, the Northern
Triangle went through a process of democratization and
pacification following long civil wars. Nevertheless,
this trend is more than imperfect, since it goes along
with a weakening of the States that have been replaced
by private companies as the main repression agent. The
public opinion weighs in as well thanks to a more
substantial media cover focused on social and
environmental conflicts.
Key Words: Guatemala, Honduras, Cold War,
Ecology, Disappearances.
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Introducción
«La muerte de un hombre es una catástrofe.
La muerte de cien mil hombres es una estadística
1
»
Kurt Tucholsky (1932, 149)
La violencia, así como el asesinato, que es su máximo exponente, han formado
parte de la vida del istmo centroamericano durante la segunda mitad del siglo XX,
especialmente en el Triángulo Norte, compuesto por Guatemala, El Salvador y Honduras.
Si bien esta violencia afecta a todos los sectores de la sociedad, las personas periodistas
son uno de sus blancos privilegiados por ser el espejo en el que un país se refleja. El
objetivo de este artículo es entender cómo ha evolucionado la violencia política infligida
a las periodistas y activistas de la zona entre el periodo de la Guerra Fría y el periodo
actual, es decir, unas dos décadas después del final de los regímenes militares y de la
llegada al poder de civiles por medio de elecciones democráticas.
Aunque el análisis cuantitativo de las estadísticas es imprescindible para entender
el fenómeno de la violencia en su profundidad, debe ser completado por uno cualitativo
de casos individuales para dar rostro a dichas estadísticas. Tal es el propósito de este
trabajo: estudiar y comparar la situación de dos mujeres periodistas o activistas
procedentes de dos países distintos y asesinadas en un intervalo de treinta y seis años. De
este modo, pretendemos comparar ambos casos cual geólogo que indaga las diferencias
entre dos épocas centrándose en un testigo de hielo.
Nuestra primera etapa consiste en esbozar las características generales del tipo de
violencia política que nos interesa en este trabajo, esto antes de presentar los dos casos
expuestos. El primer ejemplo es el de la periodista guatemalteca Irma Flaquer Azurdia
(1938-1980), desaparecida en el contexto del conflicto armado interno. El segundo es el
de la indígena sindicalista y ecologista hondureña Berta Isabel Cáceres Flores (1971-
2016), asesinada por oponerse a un proyecto de presa hidroeléctrica. Tras presentar la
trayectoria política de cada una de estas dos mujeres, las circunstancias que llevaron a su
desaparición, así como sus consecuencias judiciales, políticas y mediáticas, analizaremos
de qué manera se transformó la violencia política a través de ambos casos en el Triángulo
Norte centroamericano.
Acerca de la violencia política en el Triángulo Norte centroamericano
Eduardo Galeano (2020) afirma que el término «violencia» cubre realidades muy
dispares que podríamos dividir en dos. En primer lugar, la violencia indirecta (estructural
o sistémica), la cual se apoya en elementos sociales, económicos, o culturales; y, en
segundo lugar, la violencia directa, que corresponde con el sentido más comúnmente
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«Der Tod eines Menschen: das ist eine Katastrophe. Hunderttausend Tote: das ist eine Statistik! »
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empleado de la palabra. De hecho, la Organización Mundial de la Salud define la
violencia como «[e]l uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de
amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause
o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos
del desarrollo o privaciones» (OMS 2002, 3). A su vez, si el perímetro de la violencia
cambia según las sociedades y las épocas, su forma más radical; es decir, el homicidio, es
considerado desde la Antigüedad griega como uno de los crímenes más graves, lo cual ya
se encuentra entre los más tratados en el libro IX del tratado de las leyes de Platón (1999),
dedicado al derecho criminal.
En el contexto de la formación y del desempeño de las sociedades humanas, la
violencia adquiere frecuentemente un motivo o un alcance político. Lo político se
relaciona de manera muy estrecha con la conquista y el ejercicio del poder, que descansa
a su vez sobre el uso de la fuerza física. Esto constituye, según Norberto Bobbio (1989),
la condición necesaria, pero no suficiente, de la existencia del poder político. En las
sociedades contemporáneas, el Estado representa el poseedor del «derecho exclusivo de
usar la fuerza sobre un territorio» (108-109).
Ahora bien, el área de estudio de este trabajo es el Triángulo Norte centroamericano,
que constituye un espacio bastante homogéneo. De esta manera, Guatemala, El Salvador
y Honduras comparten los mismos desafíos económicos, sociales y demográficos. Los
tres están dentro de los cinco países hispanoamericanos con el nivel de PIB per cápita
más bajo y son focos de emigración masiva, como lo ilustra el caso de las caravanas de
migrantes que caminan hacia EE.UU. en busca de un porvenir más próspero y seguro
(Cheatham 2019).
Asimismo, los tres Estados comparten una historia política muy similar, desde el
periodo colonial —al formar parte de la Capitanía General de Guatemala y posteriormente
de la República Federal de Centro América— hasta la actualidad, con la presencia de
dictaduras militares y una transición hacia regímenes liderados por civiles en las últimas
dos décadas del siglo XX. En la historia centroamericana reciente, la violencia política ha
sido ejercida por grupos distintos, como las guerrillas, las maras, etc. Sin embargo, la
principal expresión de violencia política en la región es la represión por parte de varios
organismos asociados con el Estado, como lo demuestra la Comisión para el
Esclarecimiento Histórico (1999c) en el informe «Memoria del silencio» para Guatemala,
ya que les atribuye el 93 % de las violaciones de derechos humanos y de los hechos de
violencia entre 1962 y 1996. Si bien la situación de los otros dos países del triángulo
centroamericano no es idéntica a la guatemalteca, también se caracterizan por tensiones
sociales muy fuertes y el predominio de regímenes militares hasta la década de los
ochenta, ya sea en un contexto de guerra civil como en El Salvador o sin guerra civil
como en Honduras (Torres Rivas 1993).
Cabe resaltar que la represión política apunta de manera más apremiante a
determinados sectores de la población que se oponen de una manera u otra al «orden
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establecido». En la historia contemporánea del Triángulo Norte, podemos citar la
población indígena, la izquierda política, el sindicalismo o la comunidad periodística. Los
dos casos que vamos a estudiar a continuación están en la confluencia de estas categorías,
ya que Irma Flaquer era una periodista simpatizante con la causa indígena, y Berta
Cáceres era una sindicalista medioambientalista e indígena. Las dos personas asesinadas
eran mujeres, pero no analizaremos, en este trabajo, ambos casos desde el punto de vista
de los estudios de género, sino desde el de la historia política. Hemos escogido estas dos
mujeres porque cada una de ellas nos parece representativa de la represión política del
Triángulo Norte de la época en la que perdieron su vida. Ambos asesinatos son dos
catástrofes que queremos rescatar para representar mejor a las miles de víctimas que
forman una estadística.
La desaparición de Irma Flaquer (1980)
«Si quieres protestar por la dignidad de los seres humanos,
en este país te llaman comunista
2
»
(Méndez Doninelli 2010, en «Lo que otros callan»).
Irma Flaquer nace en 1938 en el seno de una familia privilegiada, de madre
estadounidense de origen cubano y de padre español, aunque ambos con vínculos en
Guatemala. Su biógrafa June Erlick (2004)
3
indica que durante su niñez vive en varios
países latinoamericanos, como México o Venezuela. A los dieciséis años se traslada a
Guatemala, unos meses antes del golpe de Estado de 1954 que derroca al presidente
Jacobo Árbenz Guzmán y acaba con un experimento democrático, los «diez años de
primavera». Este golpe se lleva a cabo con el apoyo activo de la CIA, que veía una
amenaza comunista en la política de Árbenz —particularmente en la reforma agraria
frustrada de 1952— y en algunos de sus aliados. Tal amenaza es una de las causas del
conflicto armado interno, ya que después de 1954 varios presidentes militares se suceden
en el poder, mientras que parte de los defensores del régimen de Árbenz pasa
paulatinamente a la resistencia armada (Comisión para el Esclarecimiento Histórico
1999a).
Flaquer se casa con un joven capitalino de buena familia, lo que contribuye a
introducirla en los círculos de la élite social guatemalteca. A lo largo de su carrera
periodística trabaja para publicaciones muy distintas, pero la mayor parte de su labor se
condensa en una crónica que crea de joven y nunca cambiará de título, a pesar de cambiar
varias veces de periódico: Lo que otros callan.
Estrena esta crónica en el semanal de la arquidiócesis de Guatemala Ya en 1958,
antes de trasladarla el año siguiente a un diario nacional, La Hora. El director y fundador
de este periódico, Clemente Marroquín Rojas, desempeña un papel de primer plano en la
2
Cita de Flaquer, entrevistada por un periodista estadounidense.
3
Toda la información biográfica acerca de Irma Flaquer se extrae de esta fuente.
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vida política guatemalteca de la época. En Lo que otros callan, Flaquer se interesa en las
poblaciones marginadas, especialmente en las mujeres y la comunidad indígena. Busca
entender la estructura del poder en Guatemala y para ello se acerca a los principales
líderes políticos del país. Por ejemplo, tiene buena relación con el presidente militar
Miguel Ydígoras Fuentes (1958-1963) y aprovecha los recursos materiales de la
presidencia para viajar hasta los pueblos más aislados del interior de Guatemala. Sin
embargo, en su crónica, Flaquer denuncia el hecho de que el presidente no respete sus
promesas sociales y se enfrenta a dictadores de otros países centroamericanos como
Somoza en Nicaragua.
Guatemala, al igual que el resto del istmo centroamericano, es un país
especialmente marcado por la Guerra Fría. Lo indican acontecimientos como el golpe de
Estado de 1954 y la lucha antinsurgente del régimen militar hasta los años noventa.
Asimismo, esto se confirma con eventos más anecdóticos como un decreto presidencial
(1955) que instaura todos los años un «día del anticomunismo».
La política del poder ejecutivo hacia la prensa mantiene toques paternalistas en esos
años. El régimen finge respetar la libertad de prensa, pero corrompe a todo el personal
editor y periodístico más influyente. No obstante, este sabe recurrir a otros métodos
cuando no es suficiente el soborno, como sucede en 1960. Flaquer, tras criticar la
represión policial, es vapuleada en la calle por una sindicalista pro gobierno que la deja
inconsciente. Además, el director Marroquín Rojas le rechaza artículos por considerarlos
demasiado críticos respecto al gobierno y le aconseja que abandone el periodismo político
tras su agresión, lo que demuestra que la censura periodística dispone de ramificaciones
internas.
El año 1960 es clave por ser inmediatamente posterior a la Revolución cubana y a
la radicalización de la lucha contra el comunismo por parte de los gobiernos militares
latinoamericanos apoyados por Estados Unidos. En Guatemala es también el año de un
golpe de Estado fracasado, cuyos protagonistas se implican en la formación de grupos
guerrilleros unos años más tarde. Efectivamente, el poder guatemalteco reprime a
sindicalistas y a quiénes estén vinculados con el régimen democrático de 1944-1954 y
toma medidas jurídicas. (Comisión para el Esclarecimiento Histórico 1999a). Así, a
principios de 1961, el Congreso promulga una «ley para la defensa de las instituciones
democráticas» que condena a las personas comunistas —o supuestamente comunistas—
a penas de cárcel.
En consecuencia, el régimen militar se endurece y adapta sus políticas represivas.
Esta situación desemboca en el arresto generalizado de docentes, periodistas y
sindicalistas. En aquel entonces, Flaquer decide rechazar el soborno del gobierno, por lo
que recibe amenazas y críticas severas de periodistas de otras publicaciones afines al
poder. Asimismo, a partir de 1961, la política gubernamental hacia la prensa cambia y se
instaura un sistema de censura previa, más característico de las dictaduras militares. Al
igual que cualquier periodista, Flaquer se adapta a esta evolución usando estratagemas,
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como colocar las palabras más polémicas en medio de sus artículos para que el aparato
censor no las leyera.
Dos años más tarde, en 1963, un golpe de Estado derroca al militar Ydígoras
Fuentes e instala en el poder otro régimen militar encabezado por Enrique Peralta Azurdia
(1963-1966). Esto acelera la militarización del Estado e inaugura un «régimen militar
contrainsurgente» (Comisión para el Esclarecimiento Histórico 1999a, 130-31). Flaquer
publica entonces una crónica en la que exhorta al ejército a convocar elecciones para
entregar el poder pacíficamente a un presidente civil. Poco tiempo después, unos hombres
a bordo de un coche ametrallan la sede de La Hora, en un contexto de asaltos cada vez
más frecuentes a periodistas en el espacio público. Por consiguiente, se debilita
considerablemente la libertad de prensa y cualquier acción considerada como subversiva
está en manos de la justicia militar.
Esto provoca que Flaquer empiece a militar en las filas del Partido Revolucionario,
que defiende la vuelta al poder de civiles y presenta una posición políticamente centrista.
En realidad, el poder militar se da cuenta de que necesita fortalecer la legitimidad
democrática del gobierno, o al menos su apariencia de legitimidad de cara a las elecciones
que se celebran al final del mandato de Peralta Azurdia. Lo democrático de las elecciones
de 1966 es muy relativo, ya que la administración impide que varios candidatos se
presenten; además, el proceso está marcado por el asesinato del candidato del Partido
Revolucionario, Mario Méndez Montenegro, apoyado por Flaquer. A este lo sustituye su
hermano Julio César, que tiene como candidato a vicepresidente al director de La Hora,
Clemente Marroquín Rojas.
Esta plataforma civil gana las elecciones presidenciales, lo cual suscita la esperanza
de volver a abrir el episodio de la primavera democrática y el temor, por parte del ejército,
de perder parte de sus prerrogativas. Sin embargo, el ejército logra asegurar su mando y
da por terminadas las esperanzas democráticas de militantes como Flaquer. Lo hace al
imponer un acuerdo secreto al presidente electo, en el que este último se compromete a
conservar la autonomía considerable de las fuerzas armadas y a dejarles el control total
de la lucha «contrainsurgente» (Comisión para el Esclarecimiento Histórico 1999a).
Flaquer trabaja para el nuevo presidente, pero pronto se siente decepcionada con
las promesas que el gobierno no puede sacar adelante. La violencia política sigue
escalando en la ciudad de Guatemala, entre las bombas de la guerrilla y los arrestos
arbitrarios que encarga la fuerza militar, dirigida por el general Carlos Manuel Arana
Osorio, quien alimenta ambiciones presidenciales. En tal contexto, la periodista decide
arremeter contra la represión militar y el general Arana. Su mentor, y entonces
vicepresidente de la república, Marroquín Rojas, le sugiere que deje definitivamente el
periodismo político, y alega que el hecho de escribir contra personas e instituciones
militares tan poderosas va a causar, tarde o temprano, represalias contra su persona y La
Hora. A este respecto, el temor de Marroquín Rojas es más que fundado, dado que el 7
de agosto de 1969, poco tiempo después de su encuentro con Flaquer, estalla una bomba
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en el coche de la periodista, quien resulta gravemente herida. Tras varios días en coma,
se restablece poco a poco y tiene que sufrir numerosas operaciones quirúrgicas. El
atentado, que casi termina con su vida, suscita una repercusión relativamente importante
gracias a su fama. Parte de la comunidad periodística lamenta también que la violencia
afecte incluso a una mujer
4
.
Este asesinato fallido cambia la trayectoria de su vida y la incita a redactar varios
textos narrativos de corte poético que dedica a los actores de la violencia cotidiana que
asolan su país. Primero dedica un poema a quien intentó asesinarla, y luego otro al militar
que mató a su hermano, e insiste en la extracción social pobre de los ejecutores de la
represión. En el texto «La bomba», recuerda dicho atentado:
Subí a mi automóvil deportivo. Mientras me dirigía a mi casa, pensaba que no me
caería mal entrar a un gimnasio. Algunas horas en estos superficiales quehaceres, me
ayudarían a pensar menos en el dolor de mis compatriotas.
No podía continuar así: escribiendo, pensando, llorando, mientras mi depresión
aumentaba. Se crecía también mi agresividad. Cada asesinato era un acicate a mi
virulencia. Imposible callar. Imposible contener la indignación que yo externaba en
forma de artículos periodísticos. […]
Fue entonces que sucedió. No sé cómo. De repente. La cabeza me había estallado.
No oía nada. Vi rojo. Probablemente tenía el rostro cubierto por mi sangre. Por un
momento pensé que me habían dado un tiro en la cabeza (Flaquer 2010, 21-22).
La convalecencia posterior al atentado supone para Flaquer un parón profesional de
casi un año y medio. Al finalizar este periodo, retoma su crónica en otro periódico, La
Nación, en un momento en el que el contexto nacional se tensa cada vez más: la violencia
política se intensifica en la capital y la censura se hace más severa, ya que incluso se
prohíbe mencionar algunos movimientos extranjeros que el gobierno considera
«subversivos». El arresto de periodistas se generaliza con la presidencia del ambicioso
militar Carlos Arana Osorio (1970-1974), que ha alcanzado su objetivo presidencial. Este
fortalece la política anti insurgente y casi consigue terminar con las guerrillas (Comisión
para el Esclarecimiento Histórico 1999a).
A Arana Osorio le sucede Kjell Laugerud García (1974-1978), candidato del
expresidente. Laugerud García, a pesar de haber sido elegido de manera fraudulenta,
intenta gobernar como si fuera un presidente civil y se vislumbra una ligera debilitación
del autoritarismo del Estado, como lo demuestra, por ejemplo, el final de la censura.
Flaquer percibe otra señal positiva: se nombra a Donald Álvarez Ruiz, un civil que no
4
Son los términos de la prensa de la época. Conviene destacar el aspecto social de esta conmoción, que se
explica por el hecho de que Flaquer era una mujer joven de la elite capitalina. Un sentimiento parecido
surge tras el asesinato de la ex reina de belleza Rogelia Cruz, en 1968. Sin embargo, se habla poco de las
mujeres indígenas masacradas con sus familiares lejos de la capital.
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está involucrado en los casos de violencia institucional de la época, como ministro de
gobernación. Esta evolución corresponde con la presidencia estadounidense de Jimmy
Carter (1977-1981), quien privilegia con empeño los derechos humanos por encima de la
lucha anticomunista. No obstante, la situación de la sociedad civil es paradójica, puesto
que este discurso coincide con una continuación de la guerra sucia —asesinatos y
desapariciones— por parte de los paramilitares.
El final de los años setenta se traduce, sin embargo, en un repunte de las violencias
e inaugura el periodo más violento del largo conflicto armado interno guatemalteco. En
1978 un acontecimiento abre simbólicamente esta fase, dado que tiene lugar un
enfrentamiento entre indígenas rurales y las autoridades locales en el pueblo de Panzós,
situado en el departamento de Alta Verapaz, con una población mayoritariamente maya
q’eqchi’
5
. Este episodio pasa a la historia como la «masacre de Panzós», ya que las
autoridades ametrallan a decenas de personas (Comisión para el Esclarecimiento
Histórico 1999b)
6
. Flaquer cubre este acontecimiento en un artículo en el que usa
explícitamente el término «genocidio», además de aclarar la relación entre la identidad
indígena de las víctimas y la razón de su muerte
7
.
Poco tiempo después de esta masacre, llega al poder el último presidente que
Flaquer conoce en su vida, Romeo Lucás García (1978-1982), un militar elegido por
fraude. Este decide añadir a la política anti insurgente una dimensión de lucha sin piedad
contra los movimientos sociales que aparecen en el país, tanto en la ciudad como en el
campo (Comisión para el Esclarecimiento Histórico 1999a).
En 1980 otra matanza va a tener aún mayores repercusiones debido a sus
ramificaciones a nivel internacional: la quema de la embajada de España tras ser tomada
por un grupo de sindicalistas mayas en busca de apoyos internacionales. Flaquer cubre el
asalto y graba un audio que permite reconstituir sus etapas. Empieza por el sonido de una
voz con acento español, que pide a los soldados que rodean la embajada que se vayan.
Esto sucede justo antes de que empiecen las explosiones, los gritos y el incendio, del que
el embajador Máximo Cajal sale vivo, a diferencia de las treinta y siete personas que
mueren ese día, o en los sucesivos, a causa del asalto (Comisión para el Esclarecimiento
Histórico 1999b).
La fase de máxima violencia del conflicto armado interno guatemalteco presenta
características singulares, como el hecho de no restablecer la censura. No obstante, el
número de asesinatos o desapariciones alcanza el récord de quinientas setenta y tres
personas durante los primeros seis meses del año 1980. A nivel internacional, esta política
5
Un 93 % de la población, según el censo general de población de 1973.
6
Cincuenta y tres manifestantes mueren y cuarenta y siete salen heridos de esta masacre.
7
Flaquer decide entonces unirse a un grupo guerrillero, las FAR (Fuerzas Armadas Rebeldes). Está en
contacto con un único interlocutor hasta que este es asesinado. Después de su muerte, nadie de la guerrilla
se pone en contacto con ella. Si bien el compromiso de Flaquer es real, parece que tuvo un papel más que
limitado en las actividades guerrilleras.
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del terror se ve fortalecida por dos sucesos. Por un lado, el conflicto interno nicaragüense
evoluciona a favor del sandinismo y, por otro, Ronald Reagan, que destacará por su
anticomunismo radical, accede a la Casa Blanca. La presión del aparato represor llega a
un nivel inaudito, dado que, además de los secuestros y asesinatos, prosperan las
amenazas directas, indirectas o los listados de opositores publicados por grupos
paramilitares como el Ejército Secreto Anticomunista. Asimismo, los periódicos silencian
a menudo las masacres que tienen lugar en partes remotas del país, por miedo a posibles
pérdidas de ingresos publicitarios o retorsiones por parte del poder.
La situación de Flaquer se complica aún más después de comunicársele que tiene
que dejar de trabajar para el periódico La Nación, y que está directamente amenazada de
asesinato. Entonces, su amigo, el ministro de Gobernación Donald Álvarez, pide a su
exmarido que la convenza de huir del país cuanto antes: «si se queda yo no puedo hacer
nada por ella, el grupo que decidió su eliminación física está totalmente fuera de mi
control» (Comisión para el Esclarecimiento Histórico 1999b, 155).
Flaquer decide no abandonar su apartamento durante meses ante la intensificación
de las amenazas. Su desconfianza está justificada, ya que cuando sale acompañada de su
hijo en coche, el 16 de octubre de 1980, varios vehículos la detienen y la secuestran. A
partir de este momento, no se tiene ninguna información fiable acerca de sus últimos
momentos. Se desconoce si fue asesinada poco tiempo después, si fue torturada o incluso
violada. Su hijo Fernando es ingresado en el hospital y muere el mismo día (Comisión
para el Esclarecimiento Histórico 1999b).
El asesinato de Flaquer es uno de tantos. En los años 1979 y 1980, tres mil
desapariciones forzadas ocurren de un modo operatorio comparable. Sin embargo, el
protagonismo de la periodista en el panorama nacional estremece a colectivos de
periodistas o estudiantes, que piden que se identifique y castigue a las personas autoras
de su crimen. Varios familiares, como su exmarido, buscan investigar su desaparición,
pero reciben amenazas.
En 1996, tras los acuerdos de paz, Flaquer es una de las doscientas mil víctimas del
conflicto armado interno guatemalteco. No obstante, su estatus de figura pública permite
abrir una investigación organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP 2020).
Esta apunta a una participación más que probable de las altas autoridades del Estado. La
existencia misma de Flaquer, aunque privada de su columna, representa una amenaza para
el poder ejecutivo. Hay que esperar el año 2009 y la llegada al poder de un presidente
sociodemócrata, Álvaro Colom, para que el Estado reconozca de manera oficial su
responsabilidad en la ejecución de Irma Flaquer (Noticias 2009).
El asesinato de Berta Cáceres (2016)
Berta Cáceres no es periodista en el sentido tradicional de la palabra, pero sí tiene
un perfil mediático que refleja el desarrollo de los nuevos medios de comunicación. Nace
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en 1973, en una familia modesta de La Esperanza (Honduras), ciudad de
aproximadamente veinte mil habitantes, ubicada cerca de la frontera con El Salvador. Su
biógrafa, Nina Lakhani (2020)
8
, resalta que su madre tiene un papel importante en su
formación, al ejercer un trabajo social y militar en las filas del Partido Liberal. Cáceres
crece en el mismo ambiente de Guerra Fría que vivió Flaquer en carne propia, siendo su
madre acusada de procomunista. Ella misma se une a la guerrilla en los últimos años de
la guerra civil salvadoreña.
En el caso de Honduras, la transición de un régimen militar a un régimen civil
sucede unos años antes que en los demás países del Triángulo Norte centroamericano
9
(Lehoucq 2013). Después de este cambio, los años noventa constituyen para el país, al
igual que para gran parte del subcontinente latinoamericano, un fuerte periodo de
liberalización, cuyos objetivos son abrir el mercado interior y reducir el déficit público.
Al mismo tiempo, Honduras conoce una situación social alarmante que aún hoy
persiste, ya que la mayor parte de la población tiene un nivel de vida inferior al umbral
de pobreza y solo una niña de cada cinco está escolarizada. (CEPAL 2020). Además, el
país destaca, junto con Brasil, por ser uno de los más desiguales del continente americano,
con una tasa de pobreza de más del 66 %. En las ciudades, la violencia de las maras
aterroriza a la gran mayoría de la población. En el campo, la repartición de la tierra es
sumamente desigual, dado que el 1 % de las personas agricultoras más privilegiados
posee la cuarta parte de las tierras cultivables del país, mientras que el 70 % más pobre
se reparte el 10 % de estas tierras (Lakhani 2020).
El compromiso político de Cáceres sigue el cambio principal que conoce
Latinoamérica tras el final de la Guerra Fría y los procesos de paz: el despertar de las
luchas indígenas de los años noventa. Al contrario de sus padres, ella se considera
miembro del pueblo indígena lenca, el más numeroso de Honduras. Por eso, en marzo de
1993, funda con otras personas jóvenes el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras), cuyas reivindicaciones son a la vez
socioeconómicas, identitarias y ecológicas, centradas en torno a la población lenca y a su
defensa frente a las políticas del Estado hondureño. Dispone de varias emisoras de radio
y un portal de noticias en línea (COPINH 2019).
El movimiento se desarrolla rápidamente con ayuda del contexto internacional, ya
que en 1992 se otorga el premio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú, a la vez que la
ONU declara 1993 como el año internacional de las poblaciones indígenas del mundo.
Además, el 1 de enero de 1994, el movimiento zapatista se subleva en Chiapas. Ese
mismo año, el COPINH decide llevar a cabo una acción que permita visibilizar una lista
de reivindicaciones al organizar una marcha desde el oeste de Honduras hasta Tegucigalpa.
8
Toda la información biográfica acerca de Berta Cáceres se extrae de esta fuente.
9
Los primeros presidentes civiles de estos países son Marco Vinicio Cerezo Arévalo (1986) para
Guatemala y José Napoléon Duarte (1984) para El Salvador.
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Estas abarcan no solo medidas materiales como la construcción de escuelas, clínicas,
carreteras, sino también medidas de corte jurídico y simbólico, como la recuperación y la
protección de los territorios tradicionalmente indígenas.
Dicha marcha consigue varios logros. Uno de ellos es la ratificación por parte de
Honduras del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, texto jurídico
precursor que protege los territorios de las poblaciones indígenas. Efectivamente, este
acuerdo impone que cualquier venta o explotación de tales territorios se haga con su
«consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa» (OIT 1989,
art. 16.2).
Cabe precisar hasta este periodo, como en el caso guatemalteco, la población
indígena es invisible, pero por razones distintas. En efecto, mientras que Guatemala basa
su identidad nacional en el componente «ladino»; es decir, no indígena, Honduras se
construye en torno a la ficción de una nación únicamente mestiza, en la que las
poblaciones iniciales, ya sean europeas, indígenas o africanas, se habrían fundido
totalmente en un crisol (Soto Quirós y Díaz Arias 2007).
La década de los años 2000 corresponde con una voluntad de las élites políticas
estadounidenses e hispanoamericanas de extender el libre comercio e iniciar la
construcción de infraestructuras integradas. Se trata de los objetivos respectivos del
proyecto de tratado del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que nunca verá
la luz, y del entonces Plan Puebla Panamá, luego conocido bajo el nombre de Plan de
Integración y Desarrollo de Mesoamérica. El objetivo alegado de estas medidas es
combatir la pobreza abriendo el «atrasado» mercado centroamericano al comercio
internacional. Comprende la construcción de autopistas, canales secos o puertos, al
mismo tiempo que el desarrollo de la capacidad energética de la zona, con la construcción
de presas hidroeléctricas y oleoductos para conectar las redes eléctricas desde Canadá
hasta Colombia. Lo que se presenta en su día como una manera de llevar el desarrollo
económico a una región «atrasada» es percibido tanto por Cáceres como por
medioambientalistas y activistas como un peligro para los pueblos indígenas y los lencas.
De hecho, tales iniciativas apuntan sobre todo a la explotación de los recursos naturales
centroamericanos por el mercado global (Lakhani 2020).
Como muchos países latinoamericanos, Honduras participa en el giro a la izquierda
durante la misma década de los dos mil con la elección de Manuel Zelaya, miembro del
Partido Liberal, en enero de 2006. Su mandato empieza con anuncios simbólicos como el
final de la minería a cielo abierto, un programa de reforestación y de apoyo a las empresas
pequeñas. Lleva también a cabo medidas sociales, como subir el sueldo mínimo un 60 %.
Desde su llegada al poder, el gobierno estadounidense desconfía de Zelaya por su relativa
cercanía con líderes hispanoamericanos de izquierda radical como Hugo Chávez o los
hermanos Castro (Lakhani 2020). Su corto mandato presenta un balance contrastado, ya
que destaca por progresos sociales –con un alza de casi 10 % del salario mínimo– pero
con un incremento drástico de la violencia social. En tres años, la tasa de homicidios se
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duplica y alcanza los sesenta y seis asesinatos por cada cien mil habitantes
10
(IUDPAS
2020).
En el año 2009 Zelaya quiere someter a votación un referéndum sobre una reforma
constitucional, no contemplada por la propia constitución. Esta decisión provoca que los
poderes judiciales, legislativos y el ejército unan fuerzas en contra del presidente. El día
28 de junio, dichos sectores dan un golpe de Estado y lo expulsan del territorio nacional.
El presidente del Congreso, Roberto Micheletti, también miembro del Partido Liberal, es
nombrado presidente interino de la república (Rodríguez 2013). Aunque Berta Cáceres
no forme parte de los apoyos incondicionales de Zelaya
11
, sí se manifiesta en contra del
golpe, que una parte importante de la comunidad internacional también critica, pero
finalmente tolera tras la organización rápida de elecciones generales.
En realidad, observamos una inflexión clara de la política hondureña después del
28 de junio de 2009 con la concesión de numerosas tierras comunitarias indígenas o
afrodescendientes a empresas privadas, así como el disparo de proyectos de desarrollo de
infraestructuras nocivas para el medio ambiente. De este modo, el congreso hondureño
otorga ciento noventa y siete concesiones mineras en los ocho años que siguen el golpe
—frente a las sesenta y cuatro en los ocho años anteriores— y llega a autorizar cuarenta
proyectos de presas hidroeléctricas durante una sola sesión nocturna en septiembre de
2010, sin debate o estudio de impacto medioambiental propiamente dicho. Uno de esos
proyectos estructurales concebidos o modificados tras el golpe es el de la presa
hidroeléctrica Agua Zarca (Lakhani 2020).
Durante los últimos años de vida de Cáceres, su militancia política se asocia
especialmente con la oposición a este proyecto, iniciado en 2011 en el río Gualcarque por
la empresa DESA (Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima). En general, la opacidad
de la política hondureña supone una dificultad para establecer las concesiones o los
contratos detrás de este tipo de proyectos. Sin embargo, parte de la labor de Cáceres
consistió en esclarecer que se creó la entidad DESA únicamente para ejecutar el proyecto
de presa Agua Zarca. Su presidente, David Castillo, es egresado de la academia militar
estadounidense de West Point e ingeniero ejecutivo de la ENEE, la compañía eléctrica
estatal de Honduras.
Tal proyecto se desarrolla junto con la empresa china Sinohydro en tierras que
dependen de la comunidad lenca. El Gualcarque es un río sagrado para dicho pueblo, que
lo explota de diversas maneras, ya sea como fuente de agua potable o para fines de pesca
o irrigación. El inicio de las obras sin el «consentimiento dado libremente y con pleno
conocimiento de causa» mencionado anteriormente contraviene el convenio 169 de la
10
La tasa de homicidios era de 46,2 por cien mil habitantes en 2006, año de la llegada de Zelaya al poder.
Esta cifra conoció su nivel más alto en 2012 (85,5 por 100 000). En 2018, bajó a 40,3 por 100 000.
11
Cáceres es candidata a vicepresidenta en 2009, elegida por el Bloque Popular en un intento de romper
con el bipartidismo que rige la vida política del país.
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Organización Internacional del Trabajo que ratificó el Estado hondureño (OIT 1989,
art. 16.2).
Asimismo, se deciden varias ampliaciones del proyecto sin consultar con el
congreso nacional y sin tener en cuenta un estudio de riesgo medioambiental que alerte
acerca de los daños que la presa supondría para la zona (Lakhani 2020). La compañía
DESA empieza a comprar las tierras necesarias con ayuda de una familia pudiente de la
región que actúa como intermediaria en el momento de adquirir tierras de campesinos
pobres. Se trata incluso de tierras comunales indígenas que no se pueden enajenar
legalmente. No obstante, el sistema jurídico hondureño es laxo y corruptible: uno puede
obtener con relativa facilidad el título de propiedad de una parcela que no posee
legalmente (Lakhani 2020).
Como en otros proyectos infraestructurales de gran envergadura, el Estado
militariza la zona en mayo de 2013, por lo cual reprime con más intensidad la oposición
a la presa liderada por el COPINH, que asocia las reivindicaciones medioambientales con
las etnoculturales (Homand 2016). Esto supone la radicalización del conflicto cuando el
COPINH decide ralentizar las obras bloqueando la carretera que permite transportar los
materiales de construcción. Asimismo, se da publicidad a este conflicto gracias a los
medios de comunicación comunitarios y opositores, tanto a nivel nacional como
internacional. Tres directivos del COPINH, entre los que destaca Cáceres, son
condenados a penas de cárcel tras la quema de maquinaria pesada de la empresa DESA.
Dicha compañía instrumentaliza el caso para desacreditar la oposición a la presa.
Asimismo, el ejército despliega en la zona a militares formados en técnicas de
contrainsurgencia para defender la propiedad de DESA. El 15 de julio, es decir, después
de ciento seis días de bloqueo de la carretera, unas doscientas personas opositoras al
proyecto logran pasar a la zona de obras de la compañía para exigir negociaciones. Este
acto supone el apaleamiento de militantes, amenazas de muerte hacia la cúpula
organizadora y el asesinato de un activista (Lakhani 2020).
La fama internacional de Cáceres crece considerablemente en 2015 cuando obtiene
el premio medioambiental Goldman
12
(The Goldman Environmental Foundation 2020).
Tal premio le da una tribuna para visibilizar la situación hondureña a nivel internacional,
en general, y el caso de la presa hidroeléctrica de Agua Zarca, en particular. En su discurso
de entrega del premio, Cáceres hace énfasis en dicho tema, al asociar argumentos
medioambientales e indigenistas:
El Río Gualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente
amenazados. Debemos acudir. La Madre Tierra militarizada, cercada, envenenada,
donde se violan sistemáticamente los derechos elementales, nos exige actuar.
12
La gente considera este premio el “Nobel” del medioambientalismo. Se otorga a seis personas por año,
cada una representando un continente (África, Asia, Europa, Islas y naciones insulares, América del
Norte, América Central y América del Sur).
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Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por
la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de
la tierra y los espíritus.
Dedico este premio a todas las rebeldías, a mi madre, al Pueblo Lenca, a Río Blanco
y a las y los mártires por la defensa de los bienes naturales (Cáceres 2015, en
«Discurso…»).
Esta notoriedad internacional acelera la presión y las amenazas tanto a Cáceres
como al COPINH. Durante los primeros meses del año 2016, miembros de DESA la
amenazan o la persiguen en sus desplazamientos. En una entrevista concedida el 3 de
marzo de 2016 a la radio comunitaria del COPINH sobre el proyecto Agua Zarca, la
activista insiste en la importancia de la producción energética de cara al respeto de los
derechos indígenas y al capitalismo como sistema. Su asesinato ocurre esa misma noche,
mientras se encuentra en su domicilio con el sociólogo mexicano Gustavo Castro. Este
solamente sale herido, a pesar de recibir varios impactos de bala, lo que le convierte en el
principal testigo del crimen.
Pocos días después del asesinato, el presidente de DESA convoca una reunión de
urgencia, al tratarse de una crisis para la empresa. Busca sobre todo cuidar la relación con
el cuerpo financiero internacional que cuidan su reputación social. En realidad, DESA es
para muchas personas la organización detrás de la autoría intelectual del crimen. Dicho
asesinato provoca manifestaciones en la región y en Tegucigalpa por parte de
comunidades indígenas y asociaciones ambientalistas, reagrupadas bajo el lema «Berta
vive» (Lakhani 2020). También la ONU y el presidente hondureño Juan Orlando
Hernández lamentan oficialmente lo sucedido (Univisión Noticias 2016).
A principios de mayo, la policía hondureña detiene a cuatro sospechosos, entre los
cuales destaca un exjefe de seguridad de la empresa DESA. Se publican varios
testimonios afirmando que Cáceres figuraba en una lista de personas que debían ser
asesinadas, elaborada por el ejército hondureño, lo cual da más amplitud a la red de
instituciones posiblemente implicadas en el homicidio (Lakhani 2016). Al cabo de unos
meses, los supuestos autores intelectuales son detenidos. Al parecer, están vinculados con
el ejército y con DESA, pero queda claro que ellos mismos obedecieron a personas de
mayor rango. Un año después del asesinato, la policía detiene a ocho personas, de las
cuales tres son exmilitares. Es necesario esperar un año más para que se arreste al
presidente de DESA, David Castillo. Esta decisión se explica probablemente por la
presión nacional e internacional que afronta el Estado hondureño
13
(Lakhani 2016). En el
mismo año 2018, se juzga por primera vez a un exalcalde de la zona de Agua Zarca por
13
Miembros del Congreso estadounidense abogan entonces por la suspensión de la considerable ayuda
que el gobierno da a Honduras.
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no haber respetado el convenio 169 de la OIT, lo que ilustra la repercusión de la muerte
de Cáceres en la causa por la que luchaba (Lakhani 2020).
A finales de 2018 se abre un juicio con ocho acusados, entre los que se encuentran
dirigentes de DESA y veteranos de los ejércitos estadounidense y hondureño. Después de
algunas complicaciones jurídicas
14
, siete de los ocho acusados son declarados culpables
y el juzgado declara responsable a la empresa DESA en diciembre de 2019. En ese
momento se condena a seis acusados a penas de más de treinta años de cárcel (COPINH
2020). A principios de mayo de 2021, el juicio contra David Castillo por asesinato está
teniendo lugar en Tegucigalpa (COPINH 2021). Conforme la investigación del crimen
avanza, el aparato financiero internacional decide abandonar el proyecto hidroeléctrico
Agua Zarca, que se suspende sine die (Lakhani 2017).
Como en el caso de Irma Flaquer, el ejemplo de Berta Cáceres es uno de los que
más interés ha suscitado a nivel mediático e internacional. Sin embargo, está lejos de ser
el único, ya que ciento veintitrés personas activistas medioambientalistas fueron
asesinadas de 2009 a 2017. El 90 % de estos asesinatos no ha sido aún resuelto. Esta cifra
convierte a Honduras en el país más peligroso para los medioambientalistas. Ahora bien,
en los tres países del Triángulo Norte centroamericano se asesina a quienes se oponen a
macroproyectos y periodistas que cubren estas manifestaciones (Global Witness 2019).
Conclusiones
La comparación entre los casos de Irma Flaquer y Berta Cáceres permite ilustrar y
entender la evolución de la violencia homicida en el Triángulo Norte centroamericano,
que se relaciona directamente con la mutación política y socioeconómica que trajeron los
últimos cuarenta años. Esta perspectiva microhistórica solo puede ser parcial al comparar
dos acontecimientos entre miles de casos similares en cuarenta años en tres países
distintos. Sin embargo, compartimos la opinión del historiador Georges Duby (1986)
cuando asemeja el acontecimiento histórico a la espuma del mar, es decir, a una burbuja
que estalla en la superficie del agua, pero que se origina en las profundas mutaciones de
una sociedad que a continuación describiremos.
Las dictaduras militares de Guatemala, Honduras y el Salvador desaparecieron en
los años ochenta y los Estados se dotaron de instituciones democráticas, a la vez que se
integraron en diversas instituciones internacionales. Por consiguiente, dichos Estados
reconocen constitucionalmente la libertad de expresión, de manifestación, la libertad de
prensa, la división de los poderes; y reivindica una justicia independiente, aunque la
realidad de los países del Triángulo Norte está lejos de esta legislación. A esta ola de
democratización le sigue la ola de liberalización de los años noventa, la cual trastornó la
14
El primer juzgado se ve desautorizado tras encubrir parte de sus indagaciones.
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sociedad y la economía con la meta de abrir el subcontinente a los capitales liberados por
la globalización.
Desde un punto de vista histórico y geopolítico, estos cambios coinciden con el
final de la Guerra Fría, el derrumbe del bloque soviético y, por consiguiente, con el
debilitamiento relativo del anticomunismo, en cuyo nombre numerosos crímenes se
cometieron, como el de Flaquer. Ella misma se lo pregunta durante una entrevista,
retomamos y adaptamos las últimas palabras de Madame Roland, una aristócrata francesa
guillotinada en 1793 durante el Terror revolucionario: «Anticomunismo, ¿cuántos
crímenes se cometieron en tu nombre?» (Erlick 2004, 275). Los actores de la represión
han evolucionado desde 1980, dado que las fuerzas coercitivas del Estado —ejército,
policía, servicios secretos— quedaron relegadas y parecen haber tenido en el caso de
Cáceres un papel secundario, por no decir indirecto. En realidad, los asesinos de Cáceres
trabajaban para una empresa privada, pero sí fueron formados por los ejércitos
estadounidense y hondureño.
Asimismo, la evolución del modo operatorio es evidente. Por una parte,
secuestraron a Flaquer en pleno día y en medio de la calle, mientras estaba con su hijo,
en una operación que requirió importantes recursos logísticos, a saber, varios vehículos y
numerosos agentes que vigilaban el domicilio. El terror es público, aspira a corregir la
libertad de expresión de una mujer que se atrevió a criticar el poder militar y al efímero
presidente Lucas García. Unos meses más tarde, este será derrocado y sustituido por el
también militar Efraín Ríos Montt a través de un golpe de Estado; cabe señalar que el
número de víctimas bajo el régimen de Ríos Montt es el más elevado del conflicto interno
guatemalteco. Además, Ríos Montt es el único jefe de Estado guatemalteco declarado
culpable de genocidio
15
(El País 2013). Por otra parte, el asesinato de Cáceres fue
ejecutado por sicarios, tan comunes en todas las ciudades de Honduras y en el resto del
Triángulo Norte centroamericano.
La liberalización política de la región tiene consecuencias económicas y criminales
inesperadas, como la subcontratación de los asesinatos por parte de las empresas, al igual
que las otras actividades económicas que no constituyen su actividad principal. De este
modo, dichos subcontratistas aplican el modelo económico de empresas digitales como
Uber y ofrecen su servicio hasta el domicilio del «cliente». Al mismo tiempo, estos
intermediarios sirven para tratar de disociar formalmente a los sicarios y a los autores del
crimen, lo que a menudo funciona, si se toma en cuenta la omnipresencia de la violencia
social, los medios y los recursos limitados del poder judicial.
Entre ambos asesinatos también evoluciona el móvil, de acuerdo con la evolución
de los actores. Efectivamente, este pasa del plano político al plano económico, pero el
crimen todavía se ejecuta en nombre de cierta concepción del interés público. En los años
ochenta criticar a un dictador podía poner en tela de juicio la estabilidad del régimen,
15
La sentencia fue posteriormente anulada.
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mientras que en el año 2010 la oposición a un proyecto de presa hidroeléctrica, presentada
como una fuente de energía limpia y renovable, se asimila a un rechazo del desarrollo
para un país, con todas las ambigüedades del concepto.
Por último, aunque la corrupción sigue muy presente, el Estado ya no cuenta con
los recursos para asumir o incluso encubrir un asesinato, sobre todo cuando las opiniones
nacionales e internacionales denuncian públicamente el suceso, situación clara en el caso
de Cáceres. Aunque intentó ralentizar el progreso del caso, la justicia hondureña juzgó y
condenó a las personas autoras materiales e intelectuales del homicidio. Sin embargo, este
ejemplo constituye una excepción, ya que la norma sigue siendo no investigar los
asesinatos del país.
En este contexto, y de cara a la problemática que nos interesa en este artículo; es
decir, el tema de la violencia contra periodistas y activistas, se precisa subrayar el desfase
existente entre la legislación de un país que puede presentar una apariencia absolutamente
democrática y la praxis política del alto funcionariado del Estado. La misma Cáceres se
preguntaba sobre la democracia al afirmar que:
La democracia es una palabra traída, que se ha aplicado por mucho tiempo y para
diversas cosas, y tenemos cuidado con eso, porque ¿bajo qué concepto se define la
democracia?, ¿la democracia del Norte?, ¿la gringa?, ¿la europea?, ¿la de la ONU?,
¿la del BM-FMI y demás hierbas? Son quienes han querido que aceptemos que son
los únicos autorizados para definirla, imponerla y “aplicarla”. Nosotros queremos
practicar la que bajo nuestros conceptos entendemos, y así nos esforzamos por
aplicarla, con horizontalidad, transparencia, con capacidad de crítica, reflexión y
debate (Homand 2016, 125).
Apoyo financiero: Apoyaron esta investigación la Université de Tours, la
Université Jean-Monnet de Saint-Étienne y el laboratorio ECLLA. Quisiera
agradecer a las personas editoras, en particular a Julio Zarate Ramírez y Carlos Tous
González.
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