Sentimiento libertad: singularidades
de una experiencia cooperativa que busca derribar los muros carcelarios
Feeling of
freedom: singularities of a cooperative experience that seeks to tear down
prison walls
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Analía Otero, aotero14@gmail.com 1
Yael
Barrera,
yaelbarrera@gmail.com2
Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina (Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales/Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Argentina.1 Universidad
Nacional de Buenos Aires. Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina.2 |
Resumen Introducción
La emergencia penitenciaria,
declarada en Argentina en 2019 como corolario del aumento de la población
encarcelada, deja en evidencia la prevalencia del despliegue de mecanismos
punitivos por sobre aquellos que buscan la inclusión sociolaboral de personas
que atraviesan y atravesaron contextos de encierro. Objetivo Ante esta compleja trama y como un
camino alternativo al encierro carcelario, estudiamos una cooperativa de
trabajo que nuclea tanto a personas detenidas y liberadas como a familiares y
a otros vínculos próximos. Método El material base del análisis
surge en el marco de una investigación aún en curso. En este artículo trabajamos
desde una perspectiva metodológica cualitativa, realizando entrevistas semi
estructuradas y un estudio de caso para lo que tomamos la experiencia de esta
cooperativa de trabajo. Siguiendo a Yacuzzi, «los casos son particularmente
válidos cuando se presentan preguntas del tipo "cómo" o "por
qué", cuando el investigador tiene poco control sobre los
acontecimientos y cuando el tema es contemporáneo» (2005, 4). Resultados Del análisis surge que esta
cooperativa de trabajo para personas que transitaron contextos de encierro,
es activa en el acompañamiento intra-extra muros carcelarios, pre y post
encierro y en múltiples áreas que debe enfrentar esta particular población.
Nuestra intención radica en analizar en qué medida la cooperativa se
constituye como una alternativa al encierro carcelario y cuáles son los
complejos contornos que configuran estas experiencias. Conclusiones La universidad pública ha
constituido un apoyo en su inicio y consolidación. Mientras que la normativa
vigente (Ley N°20.377, Art. 64) restringe la participación de las personas
con antecedentes penales en cooperativas de trabajo. Palabras Clave: Sistema penal, Cooperativa de
trabajo, Personas detenidas, Personas liberadas, Familiares. |
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Fecha de recepción: 15 de
octubre del 2020 Fecha de aceptación: 18 de
agosto del 2021 Cómo citar: Otero,
Analía y Yael Barrera. 2022. Sentimiento libertad: singularidades de una
experiencia cooperativa que busca derribar los muros carcelarios. Revista
Reflexiones 101 (1). DOI 10.15517/rr.v101i1.44230 |
Abstract Introduction The penitentiary emergency, declared
in Argentina in 2019 as a corollary of the increase in the incarcerated
population, shows the prevalence of the deployment of punitive mechanisms
over those who seek the socio-labor inclusion of people who go through and
went through confinement contexts. Objective Faced with this complex plot and as
an alternative path to prison confinement, we studied a work cooperative that
brings together both detained and released people as well as family members
and other close ties. Method The base material for the analysis
arises in the framework of an investigation that is still ongoing. In this
article we work from a qualitative methodological perspective, conducting
semi-structured interviews and a case study for which we take the experience
of this work cooperative. Following Yacuzzi, "cases are particularly
valid when 'how' or 'why' questions arise, when the researcher has little
control over events, and when the topic is contemporary" (2005, 4). Results From the analysis it appears that
this work cooperative for people who went through confinement contexts, is
active in the accompaniment of intra-extra prison walls, pre and post
confinement and in multiple areas that this particular population must face.
Our intention is to analyze to what extent the cooperative is constituted as
an alternative to prison confinement and what are the complex contours that
configure these experiences. Conclusions The public university has provided
support in its beginning and consolidation. While current regulations (Law
No. 20,377, Art. 64) restrict the participation of people with criminal
records in work cooperatives. Keywords: Penal system, Work cooperative,
Detained persons, Released people, Relatives. |
Introducción
De
acuerdo con los datos oficiales del Sistema Nacional de Estadísticas sobre
Ejecución de la Pena (SNEEP), desde el año 2002 la población encarcelada ha
aumentado de manera constante, registrándose un crecimiento exponencial a
partir de 2015[1].
Esta tendencia creciente, a la vez que nos habla de un aumento de la punibilidad;
es decir, que hay más personas presas, tiene como corolario que en el año 2019
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, por medio de la
Resolución N° 184/2019, declaren una emergencia penitenciaria por el término de
3 años, hechos que nos habilitan para hablar de una situación crítica en las
cárceles en Argentina. En consecuencia, identificamos que en la actualidad el
despliegue de mecanismos punitivos se constituye como la estrategia que
prevalece por sobre aquellas que buscan la promoción de la inclusión sociolaboral
de personas que tienen antecedentes penales. Como hemos afirmado en artículos
anteriores, asumimos un posicionamiento crítico y evitamos utilizar el prefijo
«re», «ya que en esta línea argumentativa el sistema penal punitivo no busca
resocializar a través de la ejecución de la pena, por el contrario, tiene por
función ocuparse de la administración del encierro y el castigo» (Otero y
Barrera 2021, 12).
En
Argentina, como desarrollaremos más adelante, la cárcel funciona como lugar de
encierro y castigo, seleccionando preferentemente a varones jóvenes argentinos
de sectores populares. Además, quienes transitan contextos de encierro salen en
peores condiciones de las que ingresan y el portar con antecedentes penales
condiciona enormemente su acceso al mundo laboral.
Asumiendo
una perspectiva crítica de la teoría de la pena, identificamos un espacio
vacante en materia de políticas orientadas a promover la inclusión sociolaboral
de las personas con antecedentes penales. Como detallaremos, poco se ha
explorado aún sobre el impacto que el encierro de una persona cercana genera en
sus familias y en el entorno más próximo; en consecuencia, el escenario en el
que nos posicionamos identifica la supremacía de la respuesta estatal punitiva
por sobre la social como mecanismo de resolución de los problemas
sociales.
Como una respuesta alternativa, aquí
abordaremos la experiencia de una cooperativa que expresa la construcción de un
camino viable a partir de un trabajo colectivo entre personas ex detenidas,
familiares y otros vínculos próximos. Asimismo, entendemos estas prácticas como
experiencias colectivas que delinean un horizonte conformado con base en
relaciones de confianza, colaboración y solidaridad, cuyas estrategias
productivas, financieras y laborales no responden prioritariamente a la
acumulación de capital, como en una empresa convencional, sino en lo que
refiere al bienestar de las personas asociadas y a los aportes al entorno
comunitario y ambiental (Otero y Barrera 2020).
Nos
centramos en la Cooperativa Esquina Libertad, una asociación autogestionada que
tiene sus inicios en el año 2010, pero formalmente obtiene su personería
jurídica durante el 2012. Se trata de un proyecto que a lo largo de los años se
fue ampliando sustantivamente en cuanto a la cantidad de participantes,
actividades y propuestas. Propuestas que hoy implican no solo actividades
productivas, sino que abarcan también un conjunto de actividades (como
capacitaciones, talleres, charlas) y distintas áreas de acompañamiento tanto a
personas detenidas y ex detenidas como a sus familiares y vinculaciones más
cercanas.
Como
veremos, por sus propios contornos, esta experiencia muestra un modo de atender
el problema en su integralidad y en su multidimensionalidad, ya que nuclea a
las personas privadas de su libertad, a las liberadas, a sus familiares y a su
entorno más próximo. De la misma manera, a través de la organización de
acciones colectivas y cooperativas, se aborda el fenómeno de la cuestión penal
en sus múltiples manifestaciones, entendiéndolo como un proceso complejo que
requiere intervenciones y tratamientos específicos. En breves trazos, esta
experiencia cooperativa incluye las trayectorias intra y extramuros carcelarios;
a su vez que incluye a familiares dando cuenta de una mirada más holística que
transciende las cuestiones que exceden lo laboral. Como veremos, las
actividades que realizan los asociados a la cooperativa superan los temas
estrictamente relacionados con el trabajo, y como sucede en otros casos de
experiencias similares, «involucran la discusión de temas más amplios
relacionados con el sistema penitenciario y las consecuencias colaterales del
castigo.» (Vegh Weis y Sosa 2020).
A
lo largo del artículo, en primer lugar, revisaremos la situación de la
población carcelaria, incluyendo dimensiones que tienen que ver con la inclusión
social, educativa y laboral. A su vez se mostrarán panorámicamente los ribetes
de las problemáticas existentes. En segundo lugar, describiremos el caso de la
citada cooperativa; proponemos así profundizar el análisis en el
entrecruzamiento de la temática carcelaria y la construcción de un espacio
cooperativo que va delineado su identidad colectiva. Por último, planteamos unas
breves conclusiones en torno al tema y señalamos los principales desafíos que
presenta.
Contextos de encierro, una alarma de situaciones en
desmejora
Es
conocido que en la situación crítica del Sistema Penitenciario del país se
cuentan dos problemas estructurales de peso: la sobrepoblación y el
hacinamiento carcelario. Lejos de ser novedosas, se trata de problemáticas de
larga data. En este sentido, el Sistema Nacional de Estadísticas sobre
Ejecución de la Pena (SNEEP) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación viene advirtiendo desde el año 2002, en los censos anuales sobre la
población penitenciaria que hubo un crecimiento relativamente en esta. Sin
embargo, a partir del 2015, a consecuencia de la «tercera ola neoliberal» (García
Delgado y Gradín 2017)[2] en
nuestro país, el incremento fue exponencial, lo que agravó las condiciones de
detención y los problemas derivados de la sobrepoblación carcelaria. Esto
condicionó la vigencia de los derechos humanos en las cárceles del país.
Al
respecto de lo anterior, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN),
en sus informes anuales, viene dando cuenta del deterioro en las condiciones
materiales de habitabilidad, los bajos niveles de alimentación, higiene y
salubridad, así como las dificultades de accesibilidad a los derechos sociales,
económicos y culturales de las personas presas. Este organismo señala la
existencia de muertes bajo vigilancia estatal, de casos de malos tratos y
torturas y del aislamiento individual como forma de castigo.
Ante
la gravedad del escenario, es claro que la pandemia deja en evidencia, otra
vez, que la cárcel es parte de la sociedad, ya que un brote dentro las mismas
tendría consecuencias inmediatas a nivel de salud pública. La PPN puso de
manifiesto en su informe de 2019 la grave situación de sobrepoblación y
emergencia en que se debe enfrentar la pandemia, afirmando que «las cárceles
constituyen uno de los lugares de mayor riesgo por concentrar una gran cantidad
de población en espacios cerrados y en condiciones deficientes de salubridad e
higiene, con situaciones de hacinamiento extremas» (PPN 2019a, 11). Dicho
informe lo considera un asunto de salud pública, ya que, si en estas graves
condiciones se desata un brote, sería crítico y tendría implicancias no solo para
las personas detenidas, sino también para el personal del servicio
penitenciario y para las personas que visitan los penales, así como para la
sociedad en su conjunto. No obstante, a raíz de la pandemia «en la Argentina se
asumió que la solución debía ser judicial, correspondiendo a los distintos
jueces y tribunales revisar la prisión preventiva o las condenas a penas de
prisión de las personas privadas de libertad en situación de mayor riesgo y
sustituir el encierro carcelario por arresto domiciliario en casos de delitos
menores no violentos» (PPN 2019a, 14). La opción fue el tratamiento individual
de la cuestión y la resolución judicial «caso por caso», sin desarrollar una
política orientada a reducir los niveles generales de población detenida (como
fue el caso de Chile, por ejemplo).
Tomando
en cuenta las características de la población encarcelada del país, las
estadísticas indican una destacada presencia de varones jóvenes entre 18 y 35
años, argentinos con un bajo nivel de escolarización. El Sistema Nacional de
Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) mostró que «el 95% de los
detenidos eran varones, el 94% eran argentinos, el 67% tenía estudios primarios
o inferiores al momento de ingresar al establecimiento y el 60% tenía menos de
35 años de edad» (2018, 20). En cuanto a la situación laboral, al momento de
ingreso al penal señalan[3] que
un 43% declaró estar desocupado, un 39% tenía trabajo a tiempo parcial, y solo
el 18% a tiempo completo. Si se observa el nivel educativo alcanzado antes de
entrar a prisión, 9 de cada 10 personas detenidas contaban con un bajo nivel de
escolarización, siguiendo la misma fuente: «Esta es una clave de lectura
imprescindible para identificar los focos de persecución penal en el país, que
a grandes rasgos se concentra en varones, argentinos, jóvenes y de bajos
recursos» (PPN 2019a, 27).
Desde
el espacio académico, distintos autores y autoras han analizado las
características de la población carcelaria latinoamericana, quienes afirman que
los contornos de este proceso de selectividad penal y la focalización complejos
(Del Olmo 2002, Daroqui 2012, Krombauer 2015, Viegas Barriga 2012). Incluso se
ha sostenido que este proceso se sustenta en una cadena punitiva que enlaza
eslabones claves: el policial, el judicial y el custodial (Daroqui y otros
2012). Teniendo en cuenta la selectividad del sistema penal, en anteriores
trabajos (Otero y Barrera 2020) hemos desarrollado cuestiones vinculadas al
proceso de estigmatización que afecta a los varones jóvenes de sectores
populares, entendiendo que el tránsito por una institución total como la cárcel
impacta directamente en aquellos en situación de vulnerabilidad socio penal.
El
impacto disruptivo que el encierro genera invade su vida cotidiana y produce un
quiebre en sus trayectorias sociales y en la conformación de redes de
sociabilidad; asimismo, empeora las condiciones en las que se encontraban antes
del encierro y condiciona sus oportunidades de acceso al mundo laboral. A estas
trayectorias no solo las atraviesa el encierro, sino también el riesgo permanente
de ser captados por el sistema penal y constituir parte de la «clientela del
encierro». Sumado a ello, «una función característica que asume la cárcel en la
actualidad es que se ocupa, casi exclusivamente, de administrar el encierro y
el castigo, lo que produce un profundo deterioro en las condiciones de
vulnerabilidad que los jóvenes tenían antes de su encierro» (Otero y Barrera
2020, 106).
Más
allá de estas menciones y continuando con el reporte en lo que refiere al
acceso a la educación, el informe de la PPN de 2018 da cuenta de las dificultades
administrativas que obstaculizan el acceso e impiden la continuidad de las
trayectorias educativas de las personas en contexto de encierro. El informe más
reciente de la PPN verificó que las dificultades para concretar la cantidad de
días de clases anuales y su correspondiente carga horaria, guardan relación no
solo con la falta de cupos educativos, sino también con que estas dificultades
suceden «como práctica regular» (2019a, 353). Sin embargo, se destaca el papel de
preponderante de los Centros Universitarios que funcionan en diferentes
establecimientos penitenciarios, los que promueven el acceso a la educación
universitaria y experiencias como la que analizamos en este artículo.
En
lo que respecta al mundo laboral dentro de la cárcel, tanto en lo que refiere a
un trabajo remunerado como a espacios de formación o capacitación, los informes
indican que la situación ha empeorado en los últimos años, no solo por el
incremento poblacional, sino también por un drástico recorte presupuestario en
materia laboral. Es más, las causas que enumera la PPN (2019) son: un recorte
presupuestal del 50% para gastos de peculio (sueldos)[4]; nula generación de nuevos
trabajos; restricción de cupos laborales y reducción del salario, (redujeron la
cantidad de horas de trabajo y en consecuencia el salario). En cuanto a la
incorporación a actividades de formación para el mundo del trabajo, el informe
de la SNEEP (2018) arroja datos alarmantes: durante el 2018 el 78 % de la
población detenida no participó en ningún programa de capacitación laboral y el
52% no participó en ningún programa educativo (formal o informal).
Así
las cosas, la PPN en su informe más reciente indica la necesidad de «elevación
de los niveles de ocupación laboral intramuros; apunta que esas relaciones de
trabajo sean en oficios formativos y productivos, y se desarrollen en
cumplimiento de la legislación laboral y de seguridad social. La crisis que ha
transitado el Sistema Penitenciario Federal (SPF) durante el 2019 ha
reactualizado varias de esas aristas. Las acciones judiciales más relevantes en
materia laboral avanzan a pasos demorados en el reconocimiento de las personas
detenidas a una remuneración justa, respeto de sus licencias laborales y demás
institutos protectorios del derecho del trabajo» (2019a, 358).
Ante
este panorama desolador un dato significativo es que el incremento de la
población encarcelada no fue acompañado «de un aumento proporcional de las
prestaciones en los diferentes sectores de alojamiento (sanitarios, teléfonos,
etc.). Tampoco se incrementa la oferta educativa y laboral, ni la cantidad de
profesionales de las distintas áreas para la asistencia de las personas presas»
(PPN 2019a, 50). El mismo informe indica que las acciones que se implementaron
para contener el crecimiento fueron improvisadas, como el reemplazo de camas
simples por dobles en las celdas individuales; la construcción de alojamiento
en espacios destinados para otros fines, como gimnasios, salas de visita, etc. Todo
esto corrobora el asidero de sostener la situación crítica del sistema
penitenciario argentino.
Trabajo intra y extramuros, baches y pendientes
En cuanto a las dificultades que condicionan el acceso al mundo
del trabajo de las personas con antecedentes penales, la Procuración sostiene
que uno de los factores determinantes es la falta de acceso al seguro de
desempleo de quienes recuperan su libertad ambulatoria y estaban trabajando en
prisión. Afirma que, «si la relación laboral
dentro de la cárcel estuviera regulada conforme la Ley de Contratos de Trabajo,
las formas mediante las cuales se extingue la relación deberían ser las que
dicha ley determina. La recuperación de la libertad podría equipararse,
entonces, al cese de la relación laboral y por consecuencia deberían acceder a
la cobertura de la seguridad social. Debido a que esto no sucede, la pérdida
inmediata del trabajo repercute en las condiciones de egreso.» (PPN 2018, 319). Este hecho, sumado a que los antecedentes
figuran durante diez años en el registro penal, profundiza aún más la situación
desventajosa que deben enfrentar las personas ex detenidas, cara al mundo del
trabajo. Es claro que las personas detenidas que trabajan dentro de las prisiones
se encuentran en una situación más desventajosa y gozan de menos derechos que
el resto de las y los trabajadores, situación que se intensifica y adquiere una
profundidad aún más extrema con el egreso de la cárcel.
En relación al trabajo intra y extramuros, la PPN reconoce la
organización colectiva y autogestiva del trabajo como un recurso sumamente
valioso para ampliar las oportunidades laborales de las personas con
antecedentes penales, a la vez que refiere como problema la falta de políticas
específicas que promuevan las cooperativas como proyectos posibles de inclusión
al mundo del trabajo. En este sentido, y como parte de las recomendaciones que
efectúa el organismo, se emitió la Recomendación Nº 880/18, la cual sugiere, a
los miembros del Senado de la Nación el tratamiento urgente de la modificación
del artículo 64 de la Ley de Cooperativas (Ley N°
20337), la cual prohíbe a las personas
condenadas por delitos comunes integrar el consejo directivo de la cooperativa.
Si bien hasta el momento existen dos proyectos de ley presentados para
tratar esta modificación, aún no están vigentes, puesto que la modificación de este artículo implica suprimir esas restricciones, reconocer derechos y eliminar los efectos
estigmatizantes del encarcelamiento.
Entre los baches existentes también se encuentra
aún pendiente la reglamentación e implementación de la Ley de Cupos Laborales para Liberados (Ley N°14301). Esta
ley provincial reconoce las dificultades de acceso al ámbito laboral de la
población con antecedentes penales y propone una serie de herramientas para
promover su inclusión, tanto en el sector público como privado, aunque, hasta
el momento, ningún municipio adhirió al régimen de la ley. Estas cuestiones
dejan en evidencia el espacio vacante en materia de políticas sociales de
accesibilidad de las personas que atravesaron contextos de encierro a un puesto
laboral.
Por
otra parte, la PPN implementa una línea estratégica de abordaje territorial
para promover la inclusión laboral de ex detenidos y detenidas a cooperativas,
buscando generar redes y encuentros con las cooperativas de los barrios. Esta
tarea que se impulsa desde el organismo busca «generar un espacio de
intercambio, asesoramiento y promoción de derechos entre la PPN y las personas
que recuperaron la libertad, integrando también a otros familiares de
detenidos, como parte del colectivo que se ve afectado por el encarcelamiento.»
(2018, 322). Esto ha propiciado el estudio de la cuestión penal como un tema público
ya que atañe a la sociedad en su conjunto. No obstante, ante los baches y
vacíos que incluyan acciones estatales directas en cuanto a políticas post
penitenciarias que acompañen y promuevan la integración social y productiva de
las personas liberadas, las cooperativas de trabajo, surgen desde las mismas
personas afectadas y ofrecen caminos que resultan un puente sumamente valioso ante
la problemática.
En
esta última dirección, diversos autores y autoras han señalado y analizado las
posibilidades que despiertan tanto los métodos asociativos como, en particular,
el modelo de organización basado en los valores, criterios y principios
cooperativos a la hora de instituirse como un canal posible en el complejo
proceso de integración social y productiva en el medio libre (Krombauer 2015,
García 2017, Otero y Barrera 2020). Múltiples experiencias como la aquí analizada
resultan ejemplos que lo ilustran.
Lo familiar y lo vincular, temas indispensables
Es
oportuno considerar ahora cómo y cuál es el impacto que el encierro tiene a
nivel familiar y vincular, terreno poco explorado y del que contamos con escasa
información. No obstante, hay algunas experiencias que sirven para reflexionar
sobre los impactos que genera el encierro de una o un integrante del grupo
familiar; también nos preguntamos cómo se modifica la organización de la vida
cotidiana de la familia y de los niños, niñas y adolescentes, así como sobre
las diferentes manifestaciones que puede presentar tan compleja problemática.
Para reflexionar sobre el tema, retomamos algunos informes presentados por La
Asociación Civil de Familiares de Detendidos (ACIFaD)[5], una de las pocas
organizaciones de familiares de detenidos, así como también la investigación
que ha publicado recientemente la PPN: «Más allá de la prisión: Paternidades,
maternidades e infancias atravesadas por el encierro» (2019b), en conjunto con
esa Asociación de Familiares.
De
acuerdo con esa publicación, hay cuestiones recurrentes respecto de lo que
implica atravesar la experiencia del encarcelamiento. En principio «una de las
principales repercusiones de la cárcel en la vida de las personas privadas de
libertad se relaciona con los obstáculos que se les presentan para el
sostenimiento de sus vínculos familiares. A la separación forzada de las
personas privadas de su libertad y sus seres queridos a partir de la detención,
se le añaden otras afectaciones propias de la gestión del encierro.» (PPN 2019b,
388).
Esta
experiencia atraviesa sus vidas modificándolas completamente y en el informe de
la PPN la asemejan a la vivencia del duelo, en donde se afirma que «el impacto
que la cárcel tiene sobre sus vidas no sólo recae sobre la persona privada de
libertad, sino también sobre su entorno familiar, especialmente si se trata de
niños, niñas y adolescentes» (PPN 2018, 316). Otro aspecto recurrente, es que
con las situaciones de encierro y tras la detención de una o uno de sus
miembros, se acentúa el empobrecimiento de las familias, incrementándose la
vulnerabilidad social de los hogares. La reducción de ingresos aportados por la
persona detenida y el aumento de gastos que implica el juicio y el contacto con
las visitas al penal provoca nuevas carencias al interior de los hogares[6].
Es
interesante lo que señala el informe, se anota que «existe una tensión
permanente entre la necesidad y el deseo de mantener el contacto» (PPN 2018,
317), ya que quienes visitan a sus familiares en prisión no solo deben
atravesar situaciones degradantes y violentas, sino que la cárcel es casi el
único lugar de encuentro posible. A pesar del contexto adverso, la misma
investigación revela que las personas detenidas y sus familiares desarrollan
estrategias para sostener sus vínculos afectivos a pesar de la cárcel y «da
cuenta de la dimensión que cobra en estos contextos el encuentro, la
comunicación telefónica y el trabajo, en tanto les permite resistir a un
escenario hostil e incluso superar algunos obstáculos con estrategias de
solidaridad entre pares» (PPN 2018, 319). Uno de los mayores problemas de la
privación de la libertad es que estas cuestiones están invisibilizadas; en este
sentido, ACIFaD, como organización de familiares de detenidos, contempla entre
sus objetivos el impacto del encierro en las familias, y señala la necesidad de
«visibilizar lo que sucede y promover políticas públicas que den respuestas de
manera integral a la compleja problemática del encierro y su impacto en las
familias.» (ACIFaD, s.f.)
Entonces,
una problemática sobre la que la PPN y ACIFaD vienen investigando
versa sobre los impactos que el encierro tiene sobre las y los familiares de
las personas presas donde, según señalan, faltan políticas públicas
específicas. Así, podemos pensar que la cárcel
se configura con un impacto negativo y condicionante en la trayectoria de la
persona que atraviesa el encierro, pero también es innegable que alcanza a sus
familias. Desde allí también se gestan espacios donde existen respuestas
posibles desde la organización colectiva que nuclea a personas detenidas, ex
detenidas y familiares, como es el ejemplo aquí retomado.
Entendemos que el encarcelamiento es
una situación traumática que genera transformaciones profundas en todos los
niveles: el subjetivo, familiar, social y económico. Asimismo, como vimos, las
personas que trabajan estando detenidas gozan de menos derechos, y cuando
recuperan su libertad su situación se torna aún más extrema, viendo
condicionadas sus oportunidades de acceso al ámbito laboral. También señalamos
que desde el Estado faltan políticas que acompañen la integración sociolaboral
de las personas liberadas. No obstante, aparece aquí el «capital vincular», sin
el cual las personas detenidas no podrían tener la oportunidad de acceso al
mundo cooperativo, ya que quienes tienen antecedentes penales no la pueden integrar,
pero sí sus familiares. Y es en el espacio comunitario, en el territorio, donde
aparecen experiencias que dan respuesta a las problemáticas derivadas del
encierro. Como vimos, la conformación de redes colectivas, basadas en vínculos
de confianza y solidaridad, posibilitan la construcción de prácticas y sentidos
que permiten la inclusión sociolaboral de personas que transitan y transitaron
contextos de encierro.
Esquina Libertad, entre acciones colectivas y cooperativas
Esquina Libertad, creada por
personas detenidas y que da trabajo a personas liberadas y sus familias, se
construye como una historia de posibilidad ante un contexto para nada
alentador. Cuenta ya con una década, nace formalmente en el 2010 y fue
constituida inicialmente por un total de 15 personas, entre las que había
detenidos (algunos cursando las carreras de Administración de Empresas y
Derecho); algunas pocas personas familiares, y participantes del Centro
Universitario de Devoto (CUD). Este centro universitario funciona en un penal
destinado solamente a población masculina.
Cabe destacar que la cárcel de
Devoto es una de las que más alternativas de estudio ofrece y Esquina Libertad
se gestó en este Centro Universitario, donde funciona el programa UBA XXII, dependiente de
la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), que lleva la universidad a los
establecimientos del SPF. La presencia y vinculación con las actividades de
extensión universitaria cobra un papel sustantivo en experiencias de trabajos
autogestivos y la conformación de unidades productivas que incluyen personas ex
detenidas (Romero 2017). No obstante, en rigor, la imprenta fue creada por
fuera de los talleres que ofrece el SPF a través del Ente de Cooperación Técnica y Financiera (ENCOPE). Su conformación es
resultado de un proceso de encuentro entre el adentro y el afuera de la cárcel,
una intersección que enfrenta múltiples desafíos a superar. Como mencionamos
anteriormente, los obstáculos legales de la normativa argentina derivan en que
la presidencia de la cooperativa no pueda encontrarse a cargo de personas que
tengan antecedentes penales, lo que implicó un primer planteo, reclamo y
denuncia por la arbitrariedad de la norma:
Nosotros
éramos estudiantes del Centro universitario de Devoto donde empezamos a generar
mayores vínculos con la sociedad (…) Fue a partir de ahí que conocimos a los
compañeres que vinieron a darnos talleres de radio y ahí conocí a mi compañera,
a partir de los talleres empezamos a hacernos preguntas a interpelarnos porque
estábamos ahí, con que finalidad estábamos ahí, como alimentábamos y cuan
funcionales éramos respecto a todo lo que nos estaba atravesando en el contexto
de encierro, fue a partir de ahí que nos surge la necesidad de generar un proyecto
de vida más concreto, empezarlo cuanto antes mejor. Y, fue así como empezamos
primero a generar un grupo de laburo, un grupo horizontal en el que todos
podemos opinar y ponerle nuestra propia impronta como colectivo a las cosas que
hacemos teniendo muy en cuenta que lo que principalmente genera el contexto de
encierro es la dependencia y un montón de dificultades al salir que son muy
difíciles de superarlas a nivel individual y nos fuimos convenciendo en el
transcurso y en el tránsito de que la salida es colectiva (Ale Cooperativa
Esquina Libertad, 2020).
Así las cosas, esta experiencia
colectiva trasciende los muros carcelarios y se constituye en una estrategia de
inclusión intra y extramuros. Por un lado, la experiencia tiene sus inicios
dentro de la cárcel (en el centro universitario), pero trasciende el territorio
del encierro, alcanzando el espacio extramuros. Por otro lado, el apoyo de
familiares se torna imprescindible para acceder a la organización cooperativa,
ya que si tienen antecedentes penales no la pueden integrar.
La idea de base se construye a
partir de dar forma a un proyecto de salida laboral que pudieran iniciar
estando en la cárcel, pero que se continuará afuera; es decir, que desde sus
inicios se entiende bajo la propuesta de una perspectiva de inserción social y
productiva, intra y extramuros, que a la vez tiene una composición mixta,
personas detenidas, liberadas y familiares, pues se pensó tanto en un espacio
de trabajo como en una red de contención que permitiera una inserción socio
productiva sostenida en el tiempo. Con base en esos pilares, emprenden una
cooperativa autogestionada, en la cual comienzan con el diseño de unos primeros
cuadernos de materiales reciclados de los que encontraban en la cárcel, como
restos de ropa y revistas; que luego son vendidos por familiares en distintas
ferias. Con las primeras ventas, reunieron un capital inicial para la
adquisición de algunos insumos para seguir produciendo:
el proyecto fue siempre pensarlo integralmente, pensarlo
siempre en la igualdad de uno con el otro y en ese sentido ir dejando atrás las
prácticas del individualismo al que estamos tan acostumbrados y pasar a
instancias colectivas y fueron surgiendo necesidades de generar más cantidad de
asambleas, de generar mayor calidad de la asambleas en función de que en las
asambleas se puedan decir labins cosas y que en ese sentido podamos ser
sinceros los unos con los otros que es una cuestión fundamental para generar un
proyecto autogestivo y colectivo (Ale Cooperativa Esquina Libertad, 2020).
Resta decir aquí que «un grupo de
profesores, entre los que estaba Estela Cammarota, acompañaron al proyecto
desde su inicio y también ayudaron a gestionar un programa UBANEX[7] con el que financiaron la
compra de la primera impresora.» (Bin 2019, párr.6). Otros trabajos destacan la
relevancia que pueden cobrar espacios que median entre la institución
penitenciaria y el medio social. Espacios entre la prisión y la sociedad que
propician herramientas y permiten el desarrollo de hábitos y prácticas sociales
fundamentales para su vida fuera de la cárcel; en otras latitudes estas tareas
se entienden a cargo de profesionales (García Jiménez y Lorente García 2016).
No obstante, ante los vacíos existentes, el mismo desarrollo de esta
cooperativa da cuenta que el espacio productivo generado a través de su
constitución rebasa con creces los asuntos vinculados a lo laboral.
Cooperativa Libertad está conformada
por 35 personas en total -entre personas detenidas, liberadas y familiares-,
con un promedio de edad de 30 años que trabajan en el área productiva y dando
talleres; 10 viven del trabajo de la cooperativa que distribuye ingresos que
rondan el salario mínimo, vital y móvil. En cuanto a la producción, la encuadernación
es un área fuerte dentro de la cooperativa y los trabajos administrativos de
producción y capacitación se siguen haciendo dentro y fuera de la cárcel.
Producen desde copias anilladas, tarjetas y carteles hasta impresiones de libros
cosidos o binder (pegados), también estampan tazas y telas, y hacen serigrafía
sobre tela y papel. Quienes visitan las ferias, otras cooperativas de trabajo y
la promoción en distintas redes sociales resultan las principales fuentes de la
clientela.
Desde el 2014 hasta hace apenas unos
meses atrás, la cooperativa se instala en el edificio de la Mutual Sentimiento[8]. Es durante este periodo que
comienzan a desarrollarse las áreas de salud, niñez y género, entre otras que buscan
acompañar a las familias y las personas detenidas, así poder asesorarlas sobre
las mejores formas de transitar el tiempo de encierro, impulsando a que
realicen capacitaciones y que trabajen. En paralelo la cooperativa va creciendo
e incorporando más personas.
Cooperativa Esquina Libertad, una experiencia en
su singularidad
Como decíamos inicialmente, esta es una experiencia cuya
singularidad convoca a la reflexión y alienta una mirada que escapa a cualquier
visión clásica y convencional, los que permite un acercamiento más integral a
la cuestión penal. Promueve una alternativa que surge desde
abajo, conformada al calor de la búsqueda de oportunidades laborales para
quienes transitaron contextos de encierro, y también para sus familias. Una
experiencia de personas detenidas, liberadas y sus familiares se activa en el
adentro y en el afuera, lo que hace que no se asienta en rígidas fronteras,
sino antes bien en el acompañamiento intra - extramuros, como el trabajo pre –
pos encierro.
Esta experiencia autogestionada combina un espacio laboral tanto
para personas detenidas como para familiares, la cual conforma una red de
contención y acción que desde sus mismas raíces nace como un proyecto de
trabajo pre y pos libertad, primero considerando la creación de espacios de
capacitación, para luego construir lo que se transformó en un espacio de
trabajo colectivo que generó fuentes laborales, asumiendo la cuestión laboral
como uno de los tantos aspectos a atender desde antes de salir de la cárcel.
Sin embargo, entendemos que las trayectorias intra y extramuros no
aluden aquí meramente a una cuestión de espacialidad, más bien refieren a una
comprensión más abarcadora de la cuestión penal como parte de un proceso, que
en su mismo devenir
incluye instancias que pueden suceder adentro
o afuera de la cárcel, pero que, ineludiblemente, requieren atención. En este sentido, el intra-extra muros supone ser parte de
un proyecto que mira, reconoce y actúa apuntando a la integralidad, asumiendo
la problemática del encierro y sus
consecuencias en el afuera; es decir, se requiere de un enfoque multidimensional de la problemática, que
contemple la integralidad en las propuestas. Integral porque cubre distintos
aspectos de las problemáticas derivadas de las situaciones traumáticas
vinculadas, no solo al encierro, sino también a las consecuencias derivadas del
tránsito por una institución total como la cárcel. Pero, tampoco se trata de
una mirada enfocada solamente hacia el sujeto que se encuentra en situación de
encierro, sino que comprende sus vínculos familiares y próximos. Dicha mirada
sobre distintos niveles del fenómeno de la cuestión penal expresa la
consideración de un fenómeno social en su complejidad.
Recordemos aquí que la ley prevé
trabajar en un momento de pre libertad para acompañar, prestando especial
atención a lo laboral, en ese proceso. No obstante, la realidad demuestra que
hay un claro abandono del fin resocializador de la pena y que la cárcel es un
lugar de encierro y castigo, donde las personas salen en peores condiciones de
las que ingresaron. Como observa el informe de la PPN, las vinculaciones
familiares y los lazos afectivos se sostienen a pesar de la cárcel, es por allí
por donde entendemos que tiene lugar una respuesta de inclusión laboral, en ese
capital hay espacio para una respuesta colectiva que acompañe la integración
productiva y social.
Es en el espacio comunitario, en el
territorio, donde aparecen experiencias que dan respuesta a la problemática del
encierro a través de la conformación de redes colectivas que posibilitan la
construcción de oportunidades de otras prácticas y sentidos. Y, en las
prácticas mismas de Esquina Libertad, la mirada integral se encarna en que las
acciones emprendidas trascienden las mismas tareas cotidianas del trabajo productivo
(en lo que sea las acciones de la gráfica, la imprenta y la serigrafía.) para
acompañar a familiares y personas detenidas.
Esta cooperativa es una creación
genuina que surge «desde abajo» con la impronta de personas que han transitado
por la institución carcelaria, así como de lazos próximos que las han
acompañado y se han visto afectados de múltiples modos por esta situación de
encierro. Como experiencia más o menos directa, «la cuestión penal» ha
atravesado sus vidas, calando de lleno, marcando no solo una huella sino más
bien una profunda irrupción. La espacialidad carcelaria con sus lógicas marca a
quienes cumplen una condena, luego de la cual nuevamente estarán en «libertad».
Este paso no será neutral para sus familias, parejas y vinculaciones próximas,
quienes también, de diferentes modos, enfrentarán los derroteros que conlleva
el encierro.
Libertad, hoy …
Hoy
por hoy las acciones de la cooperativa abarcan el complejo proceso de transitar
el encierro y lo que implica ser una persona detenida y ex detenida. Esta
mirada del fenómeno, que ya estaba presente en la gestación de la cooperativa,
tiene su eco en la materialización de la creación de diferentes áreas: salud,
jurídica, de niñez, género, comunicación, entre otras. Áreas que de a poco se
fueron incorporando como parte de las acciones y actividades que se llevan a
cabo en la cooperativa, que incluyen a las personas socias y constituyen
espacios de consulta abiertos para todas las personas detenidas, familiares y quienes
necesiten asesoramiento y se acerquen a participar. En este sentido, encierro y
«libertad» forman un todo continuo ante el cual la cooperativa genera espacios
que se van ajustando a las experiencias que encontraron y encuentran quienes
son protagonistas del camino.
Es
una cooperativa de trabajo que, como otras de su mismo estilo, nace ante la
falta de políticas públicas inclusivas a la hora de atender la inclusión de las
personas que estuvieron contextos de encierro, así como también a la hora de
buscar una oportunidad de trabajo entre quienes portan el estigma carcelario. Esta
fue una propuesta que progresivamente se fue consolidando, y que tenía como
primer fin lograr la personería jurídica de una Cooperativa de Trabajo y
robustecerse como organización destinada a intervenir en los múltiples aspectos
entrelazados que van surgiendo al calor de su propia población destinataria.
La dinámica
laboral-productiva se tiñe de las problemáticas que enfrentan intra y extramuros;
pre y pos encierro, tanto quienes lo
atraviesan como sus familiares y lazos cercanos. De aquí que la creación de las
áreas responda a los problemas comunes relacionados con el sistema
penitenciario y los debates en torno a cómo enfrentarlos en lo cotidiano; así
como también incluyen otras tantas derivadas de las consecuencias colaterales
propias del contexto de encierro y de «los efectos colaterales del castigo».
Sin embargo, en función
del relato de los fundadores vemos que hay un «plus», «hay algo más». Vemos que
apuntan a comprender a la persona en su singularidad, lo que implica la
integralidad de la persona en cuanto a sus vinculaciones y el impacto que la
cárcel tiene en lo subjetivo, en lo laboral, en lo educativo, aunque también en
todo lo que desde la singularidad aporta a la red colectiva cada una de las personas
que la integran. Quizás allí resida una fortaleza que posibilita que aún en
momentos de extrema incertidumbre como la actual se crea en que: «la respuesta está
en las bases de la solidaridad y del trabajo colectivo», así se apuesta por una construcción social y del trabajo
más justa e inclusiva para todos y todas, una forma de trabajo, horizontal,
colectiva, legítima, inclusiva y equitativa.
Resta decir que se trata de una experiencia en desarrollo que desde su propia
construcción deja entrever características distintivas que le otorgan un sello
particular al conjunto de sus actividades y protagonistas.
Creo
que lo más enriquecedor que tiene el proyecto es la singularidad de cada
compañero que se sumó a la cooperativa siempre sumándolos desde un espacio en
el que se puedan reactivar sus conocimientos, sus formas, su impronta y sumarla
a lo que es lo colectivo. En ese sentido, hay una diversidad desde una señora
de la villa hasta un compañero que le gusta cantar. Tomar en cuenta la
diversidad y lo específico que tiene cada uno, es lo que hace más rico a esta
experiencia y esa es una característica fundamental, que va acompañada de
entender que no hace falta cooptar, ni aparatear ninguna personalidad, ni nada
sino más bien incentivar y motivar a los compañeros ya que cada uno tiene sus
propios conocimientos (Ale Cooperativa Esquina Libertad 2020).
Por
último, destacamos el aporte de la Universidad Pública y su importancia en la
conformación de estas experiencias cooperativas. Los intercambios producidos en
espacios de este tipo resultan un recurso fundamental para la conformación de
la cooperativa, y también posibilitan la gestión de los recursos materiales necesarios
para llevar adelante las actividades, así como un acompañamiento válido para su
consolidación. A a través de este intercambio se
ha podido avanzar sobre la dificultad jurídica a la cual se enfrentan las
personas detenidas, ya que hasta la fecha la Ley de Cooperativas restringe la
participación de las personas con antecedentes penales en cooperativas de
trabajo, hecho que implicó, en este caso, que la cooperativa sea presidida por familiares.
Por otra parte, nos preguntamos por qué después de tantos años continúa vigente
este bache que restringe la accesibilidad al mundo del trabajo de las personas
que estuvieron o están en la cárcel.
Conclusiones
El estado crítico del sistema carcelario en combinación con
la profunda crisis socioeconómica actual y la amenaza de la extensión
amplificada del desempleo pospandemia, es una de las tantas piezas de un
collage confuso y desalentador, ante el cual la visualización de experiencias
de construcción colectiva como la aquí analizada permiten abrir un giro
reflexivo. En lugar de desafiar la situación individualmente, la cooperativa de
trabajo es una apuesta por mancomunar esfuerzos, apelar a la construcción de
lazos colectivos y brindar oportunidades de trabajo.
Entendemos que en múltiples sentidos una de las cuestiones
que muestra esta experiencia, como de otros tantos ejemplos de cooperativas de
trabajo surgidas en el país con personas privadas de su libertad, tiene un
doble propósito: denunciar la lógica carcelaria y visibilizar la falta de
intervenciones que posibiliten una efectiva inclusión socio-productiva. El
desarrollo de una organización colectiva resulta un puente de herramientas y
prácticas para generar apuestas posibles, aún ante un contexto sumamente
complejo y desfavorable para quienes transitan y transitaron el sistema carcelario.
Como parte de la lucha que vienen
impulsando distintas organizaciones, entre las que se encuentra la Cooperativa
Libertad, recientemente hemos presenciado gestos auspiciosos de organismos
estatales como el Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social (INAES) respecto al reconocimiento y reivindicación del papel
sustantivo de las experiencias de inserción con trabajadores cooperativistas en
contexto de encierro y liberados en el país. Esperamos que sea el inicio para
reforzar acciones y políticas orientadas a atender la postergada y crítica situación
en la que se encuentran estas personas, así como de derribar los obstáculos
restrictivos para el desarrollo de experiencias cooperativas similares a las
del caso aquí analizado.
Apoyo
financiero: Analía Otero, lleva adelante el
proyecto de investigación titulado: «Jóvenes y cooperativismo. Caminos en
construcción. Otras miradas de lo posible, experiencias cooperativas recientes
en el contexto argentino (2019 – 2021)» como
miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina (Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales/Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Vale mencionar que el material base del análisis de este artículo surge en el
marco de esa investigación aún en curso.
Contribución:
Las
contribuciones de ambas autoras se distribuyeron de forma equitativa en cuanto
al análisis, construcción, discusión y revisión del artículo. Vale aclarar que
la autora Analía Otero es la responsable del proyecto de investigación y se
encargó de realizar el trabajo de campo.
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