La evolución del Programa «Ellas Hacen» como política social argentina con pretendido
enfoque de género
The evolution of the «Ellas Hacen» program as
an argentine social policy with a purported gender focus
Tatiana
Marisel Pizarro
Instituto
de Investigaciones Socioeconómicas (IISE)
Universidad
Nacional de San Juan
Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas
y
Técnicas (CONICET), San Juan, Argentina
tatianamariselpizarro@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-3701-5156
Fecha de recepción: 16 de diciembre del 2020
Fecha de aceptación: 7 de octubre del 2021
Cómo citar:
Pizarro,
Tatiana Marisel. 2022. La evolución del Programa
«Ellas Hacen» como política social argentina con pretendido enfoque de género.
Revista Reflexiones 101 (2). DOI
10.15517/rr.v101i2.45158
Resumen
Introducción: En 2013, se creó el Programa Ellas Hacen, cuyas
destinatarias eran mujeres que se encontraban en situación de vulnerabilidad
socioeconómica y/o eran víctimas de violencia de género. En 2018, este se
unificó junto a otras políticas en el Programa Hacemos Futuro.
Objetivo: El objetivo de este artículo es el de presentar la
evolución de la política social Ellas hacen, desde su creación en 2013 hasta su
unificación en el Programa Hacemos Futuro en 2018. De este modo, a través del
recorrido por dos gestiones gubernamentales distintas (Cristina Fernández –
Mauricio Macri), problematizamos en la manera en que se la define como una
medida con un pretendido enfoque de género, mientras que en el diseño y la
práctica de esta se omiten problemáticas vinculadas al mismo.
Metodología: Para cumplir con el propósito planteado, acoplamos
la mirada de los estudios de género a las políticas públicas. Las reflexiones
que constituyen a este artículo devienen de un análisis teórico-crítico del
programa mencionado.
Resultados: La llegada de Cambiemos como nueva gestión política
después de tres mandatos presidenciales kirchneristas, se constituye no sólo
como una nueva etapa, sino como un cambio de paradigma en lo referido a
políticas públicas con especial impacto en las mujeres. Con la transición del
Ellas Hacen al Hacemos Futuro se observa un retorno a visiones que comprenden
al empobrecimiento de las mujeres como individual y su solución está vinculada
con la focalización y la meritocracia. Las derivaciones en términos de diseño,
gestión e implementación de estos programas tuvieron implicancias negativas
sobre las mujeres.
Conclusión: Con este artículo damos cuenta de cómo el Estado
omite e infiere las particularidades de dicho grupo poblacional -las mujeres-
en este tipo de medidas, factor que conlleva a profundizar aún más en las
inequidades entre los géneros.
Palabras claves: Mujeres, Políticas sociales, Cuidado, Feminización
de la pobreza, Ellas Hacen.
Abstract
Introduction: In
2013, the Ellas Hacen Program was created, targeting women in situations of
socio-economic vulnerability and/or victims of gender-based violence. In 2018,
it was unified with other policies in the Hacemos Futuro Program.
Main objective: The objective of this article is to present the evolution of social
policy Ellas Hacen, from its creation in 2013 until its unification in the Hacemos
Futuro in 2018. In this way, through the journey through two different
governmental initiatives (Cristina Fernández - Mauricio Macri), we problematize
the way in which it is defined as a measure with a purported gender focus,
while in the design and practice of this, problems related to it are omitted.
Methodology: To
fulfill the stated purpose, we integrate the view of gender studies into public
policies. The reflections that constitute this article derive from a
theoretical-critical analysis of the program mentioned.
Results: The arrival of Cambiemos as a new political
administration after three Kirchner’s presidential mandates, is constituted not
only as a new stage, but as a paradigm shift in terms of public policies with
special impact on women. With the transition from Ellas Hacen to Hacemos
Futuro, we see a return to visions that include the impoverishment of women as
individuals, and their solution is linked to focalization and meritocracy. The
referrals in terms of the design, management and implementation of these
programs had negative implications for women.
Conclusion: With
this article we realized how the State omits and infers the particularities of
this population group -women- in this type of measures, a factor that leads to
further deepening gender inequities.
Keywords: Women, Social
politics, Care, Feminization of poverty, Ellas Hacen.
Introducción
El presente artículo pretende mostrar la evolución
del Plan Ellas Hacen (2013) hasta su unificación en el Programa Hacemos Futuro
(2018). Siendo el Programa Ellas Hacen una medida clave en la gestión de
Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015) y reformulada durante el gobierno de
Mauricio Macri (2015-2019), se considera de gran importancia que se analice la
evolución de esta política, con especial foco en las mujeres, tal como su
nombre lo indica. Con este recorrido, se pretende problematizar el modo en que
a la medida se la definió con una perspectiva de género y con el transcurso del
tiempo ese enfoque se desdibujó. Para cumplir
con este objetivo, se acopló la mirada de los estudios de género a las
políticas públicas, por lo que las reflexiones del artículo son el resultado de
un análisis teórico-crítico del programa ya mencionado.
Con esta perspectiva analítica resulta de gran
interés analizar y describir al Programa Ellas Hacen como una medida clave que
tuvo gran llegada a la población. Dicha medida gestada en Argentina durante la
década kirchnerista (2003 – 2015), momento histórico en el que se establecieron
distintas políticas sociales que se generaron sobre tres ejes: inclusión,
universalidad y solidaridad.
Ellas Hacen surgió como una forma de acompañar a las
mujeres en la conclusión de sus estudios primarios y secundarios, en el inicio
de estos en otros niveles, los terciarios o universitarios y, además, como una
manera de capacitarlas para formarse en oficios y crear cooperativas formarse
en oficios y crear cooperativas. En este sentido, resulta propicio analizar la
evolución de este programa en distintas gestiones gubernamentales y así poder
observar cómo repercutieron sus modificaciones en las principales
beneficiarias: mujeres en situaciones de vulnerabilidad social.
Al iniciar, el documento realiza una breve
enunciación sobre las características de las políticas públicas en
Latinoamérica y las particularidades de la ciudadanía de las mujeres en dicho
contexto. Luego, se presenta el Programa Ellas Hacen y sus aspectos principales:
desarrollo de la política, creación de cooperativas, dictado de talleres de
formación y las particularidades de las destinatarias. Finalmente, se muestran
los cambios más significativos en términos de perspectiva de género que la
política tuvo a partir del cambio de gestión gubernamental.
Políticas sociales en Latinoamérica
Con
esto, se crearon políticas de focalización, cuyo diseño, gestión e
implementación estuvieron centrados en aquellos grupos «vulnerables socialmente».
Este concepto es clave en este artículo y posee dos elementos explicativos; por
un lado, la incertidumbre económico-social con la que viven determinadas
familias y/o individuos en cuanto a sus condiciones de vida; por otro lado, por
aquellas estrategias que emplean esas personas para afrontar a esa situación
(Pizarro 2001)
En el caso de América Latina, se impulsaron los
Programas de Transferencias Condicionadas de Ingreso (PTCI) como la principal
forma de intervención de los gobiernos para atender a la población en situación
de pobreza, mediante la garantía de cierto nivel básico -en general mínimo- de
ingresos monetarios (Rodríguez Enríquez 2011). A raíz de los PTCI, el
paternalismo estatal determinó que la mejor forma de atenuar las situaciones de
pobreza era la de satisfacer las necesidades básicas de la población en
situación de vulnerabilidad socioeconómica a través de transferencias
monetarias focalizadas y condicionadas. En este sentido, se planteó la
necesidad de tener un enfoque operativo[1]
que facilitase la observación de políticas públicas (Subirats 2000).
En Latinoamérica, la orientación que tuvieron las
políticas sociales desarrolladas en el último cuarto del siglo XX y el primero
del siglo XXI muestra la focalización en determinados grupos sociales como
única estrategia posible para alcanzar progresivamente la universalización de
la satisfacción de las necesidades básicas (Franco 1996). Con la implementación
de estas medidas se impulsó una especie de «metamorfosis de la práctica estatal» que pretendía la existencia de un equilibrio
fiscal, una merma del gasto público y, con esto, mostrar una eficacia en la
gestión.
Lo anterior se debió a que en los años en los que se
hicieron reformas estructurales pro mercado mutaron drásticamente las maneras
de organización y funcionamiento de orden estatal (Acuña 2011). Lo que hizo que
entraran en juego organismos multilaterales con recomendaciones que, más allá
de la contextualización físico-temporal situada, propusieron modificaciones en
las estructuras estatales[2]
y de las políticas sociales implementadas o a implementar.
En relación con esto, en Argentina, durante el
gobierno de Eduardo Duhalde (2002), se instituyó el Plan Jefes y Jefas de
Hogares desocupados, cuyo fin era el de cumplir con el Derecho Familiar de
Inclusión Social. El público objetivo de esta medida fue, tal como su nombre lo
indica, las personas jefas de hogares, desocupados/as, con hijos o hijas
menores de 18 años o discapacitados/as.
En la gestión de Néstor Kirchner (2003-2007), en
2005, se instituyó como reemplazo de ese plan al Programa Familias por la
Inclusión Social, con el propósito de contribuir con el desarrollo de las
personas menores de edad tanto en el sistema educativo como en el sanitario; de
este modo, a través de esta medida se buscó evitar situaciones de exclusión en
todas aquellas familias[3]
que se encontrasen en condiciones de vulnerabilidad social. En el artículo 1 de
la norma 825/2005 se establece que «El
Programa Familias por la Inclusión Social tiene como objetivo fundamental
promover la protección e integración social de las familias en situación de
vulnerabilidad y/o riesgo social, desde la salud, la educación y el desarrollo
de capacidades, posibilitando el ejercicio de sus derechos básicos, en el marco
del Plan Nacional Familias» (Resolución
del Ministerio de Desarrollo Social 2005)
Como complemento, el Programa Emergencia Alimentaria
(PEA) para la población en contextos frágiles con grados de riesgo en el
sostenimiento de su subsistencia, disponía la provisión de alimentos y otros
productos que permitiesen atender necesidades básicas. En este contexto, se
implementó también el Programa Emergencia Sanitaria (PES), mediante el cual se
garantiza la provisión de medicamentos y diversos insumos de uso asistencial y
hospitalario; al igual que el abastecimiento de medicamentos genéricos para la
atención primaria de la salud (Bertranou 2011).
En general, estos Programas de Transferencias
Condicionadas de Ingreso (PTCI) pusieron el foco en el bienestar de niños y
niñas, por lo que las receptoras del beneficio fueron las mujeres de estos
hogares, ya que se presumía que son ellas las que velan por la prosperidad de
sus hijos e hijas. En este punto es imprescindible subrayar que el hecho de que
estos programas tuvieron como destinatarias a las mujeres no los transformaba
en políticas con perspectiva de género.
Respecto a esto, es preciso aclarar dos aspectos:
por un lado, en este artículo se adopta la noción de perspectiva de género
propuesta por Marta Lamas (1999) al entender que es aquella que implica
reconocer que una cosa es la diferencia sexual y otra cosa son las
atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se
construyen tomando como referencia a esa diferencia sexual. Todas las
sociedades estructuran su vida y construyen su cultura en torno a la diferencia
sexual. Esta diferencia anatómica se interpreta como una diferencia sustantiva
que marcará el destino de las personas. En relación con esta noción, un punto
importante por mencionar es que los PTCI no toman en consideración aspectos
naturalizados como la distribución desigual del trabajo de cuidado y no
remunerado por el género. Al contrario, cuando se les otorga la titularidad a
las mujeres, esta suele ser concedida en su carácter de cuidadora, sin que se
incluyan en los componentes del programa aspectos que permitan o promuevan una
redistribución del trabajo remunerado y no remunerado en el interior de los
hogares. En definitiva, hay una ausencia de mecanismos de participación de la
voz de las personas beneficiarias y de identificación y atención de las
demandas específicas de las mujeres.
El otro aspecto por aclarar es que para que exista
una formulación de políticas públicas con perspectiva de género es preciso que
se produzca un «estudio-diagnóstico de género que, al
identificar y describir la situación y características del objeto de estudio y
transformación en cuestión, tome en consideración las diferencias entre mujeres
y hombres, y en un plano causal, analizando los factores que generan
desigualdades y evaluando la factibilidad de modificarlas. Consecuentemente, a
partir de estudios de esta naturaleza puede avanzarse en la elaboración de
propuestas de acción que procuren modificar las desigualdades de género que
hayan sido detectadas»
(Rodríguez y Bueno Sánchez 2006, 20).
En tal sentido, es interesante observar cómo estas
diferencias construidas y jerarquizadas socialmente permiten presentar
relaciones de género en las que tanto hombres como mujeres establecen propias
identidades genéricas; situación que se repite cuando se hace la distinción
entre lo público y lo privado[4],
lo femenino y lo masculino. Por esto, es importante realizar un análisis que
amplíe la visión de lo político[5],
al enmarcar aspectos que aborden temas que se ubican dentro de aquello que es
invisible, privado e íntimo.
Entre el ser y no ser de la ciudadanía de las
mujeres
En pleno siglo XXI, las diferencias existentes entre
las realidades de los varones y las mujeres siguen siendo lacerantes en
términos de inequidad[6].
La desigualdad puede observarse en distintos ámbitos: los escasos puestos de
liderazgos ocupados por mujeres[7],
los menores registros de la presencia femenina en el mercado de trabajo formal
directamente relacionados con la llamada feminización de la pobreza[8],
etcétera. Esta situación también se traslada a la esfera privada del hogar, en
la que la desigualdad está enraizada en la distribución inequitativa de las
tareas domésticas y de cuidado, arraigadas en estructuras que señalan que son
responsabilidad de las mujeres, solo por su género.
La condición social de la mujer en la actualidad es
resultado del modelo patriarcal imperante, que le asigna aún un perfil
obligatorio por su naturaleza femenina con una serie de actividades de cuidado
de los miembros del grupo. Este trabajo no remunerado parece estar bajo un
manto de invisibilidad en el reconocimiento del ámbito económico por la
concepción errónea de solo pertenecer al carácter privado de las relaciones
familiares (Antonopoulos et al 2007).
A propósito de esto, es oportuno preguntar y
analizar cómo las identidades de género y la interpretación de estas son aún
las determinantes en la construcción social y discursiva tanto en aspectos
culturales, económicos y políticos, como en el caso de su inclusión en las
políticas sociales. En otras palabras, la transformación de esta situación
depende de la desnaturalización de lo público-privado que rige también en estas
políticas (Phillips 1998).
Alcanzar la igualdad involucra el desmitificar los
constructos discursivos que pregonan a los varones como los únicos capaces de
resolver asuntos políticos; por lo que, es preciso no solo erradicar estas
naturalizaciones, sino que las mismas políticas tengan entre sus objetivos
dispositivos que lo realicen (Nott y Kylie 2000). Para esto, es preciso
mencionar la transversalización de género como mecanismo que permite acometer
contra las desigualdades políticas, económicas y sociales que tienen como
factor de influencia a los géneros. Esto conllevaría a que el Estado ponga el
foco en los procesos de creación y aplicación de las políticas sociales desde
una perspectiva de género.
La llamada ciudadanía de las mujeres ha sido
desarrollada en contraposición al concepto universal de ciudadanía planteado
por varones y para ellos mismos, y que excluye a las mujeres. Por décadas, han
sido las distintas agrupaciones feministas las que se han opuesto y luchado
contra las inequidades que sufren las mujeres ante la necesidad de ganar más
derechos y espacios dentro de un sistema patriarcal, la Conferencia Mundial sobre
Población y Desarrollo, la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer son ejemplos
claves de las exposiciones sobre esta situación.
En esta línea, la politóloga Mary Dietz (2001)
plantea que el eje de los cuestionamientos de las feministas debe estar focalizado
en quién y cómo se toman las decisiones, en interpelar y comprender a la
ciudadanía como un bien en sí mismo y como un proceso continuo en el que es
casi imperativa la incorporación activa de la mujer en el mundo público. Esta
última, aunque escasa y a fuerza de leyes de cupo[9]
en el caso del ámbito político, ha permitido que muchas constituciones
latinoamericanas incluyeran la diversidad junto con la igualdad legal, real,
social y de género (Bareiro y Soto 2016).
En este sentido, esta particularidad que otorga la
igualdad debe ser tomada con cautela. La ausencia implícita de ésta en el mito
de las oportunidades equitativas deja ver aquellos supuestos que niegan la
realidad de las inequidades relacionadas a la discriminación sexual, los
estereotipos y la subordinación de las mujeres (Dietz 2001). En relación con
esto, es posible observar que la Estrategia de Montevideo para la
Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo
Sostenible hacia 2030 (2016) de la CEPA, plantea que el ejercicio pleno de la
ciudadanía femenina estará dado no solo cuando las mujeres se incorporen
activamente a la denominada vida pública, sino cuando puedan contribuir como
ciudadanas de pleno derecho. Esto podrá lograrse una vez que las distintas
formas de representación política postulen una concepción de desarrollo que
incluya a lo privado y no soslaye las diferencias de género.
Tal como expresa la filósofa feminista Nancy Fraser
(1997), el Estado en su papel de intérprete de necesidades da por sentado ciertas
significaciones del rol de los agentes en la reproducción social y asumen lo
justo y adecuado para ellos. En esta línea, se puede hacer alusión a lo que Rania
Antonopoulos y Francisco Cos-Montiel –con su interpretación sociopolítica del
desarrollo como proceso cultural, político y económico- analizan esta situación
desde la perspectiva de las desigualdades entre mujeres y hombres derivadas de
la división sexual del trabajo. Respecto a estas, plantean que no son
cuestionadas, sino que se las comprende como resultado de una organización
natural de las funciones sociales. De hecho, exponen que las políticas sociales
son formuladas de acuerdo con el modelo de familia nuclear, en el que la mujer
toma un rol pasivo dentro de ese desarrollo, debido a que no se la ve más allá
de su papel reproductivo y de cuidadora (Antonopoulos et al. 2007).
Ante este análisis, María Elena Valenzuela y Claudia
Mora (2009) presentan a la mujer como un sujeto que convive –o sobrevive-
dentro de una pobreza cualitativa y cuantitativa distinta a la de los hombres.
Es que aún, a principios del siglo XXI, los Estados latinoamericanos siguen
siendo caracterizados por su naturaleza patriarcal –según la extensión de la
noción beauvariana[10]
de este-. Es por esto por lo que se señala al Estado como una institución que
(re)produce múltiples dominaciones y discriminaciones de las sociedades
latinoamericanas, en especial, aquellas referidas al género (Bareiro 1997).
El Estado es la institución que cuenta con el poder
para que la sociedad cumpla lo que disponen sus dirigentes. Históricamente,
bajo sus diversas formas, han sido las mujeres quienes han estado en
situaciones de subordinación, en las que el poder era ejercido sobre ellas. En
este punto es en el que radica la desigualdad mencionada, en la existencia de
privilegios que los hombres tienen en la sociedad y el Estado; en otras
palabras, en la comunidad política (Bareiro 1997).
Al respecto, la antropóloga María Carolina Feitó
(2004) plantea que, si se hace un paralelismo entre «una determinada concepción
de la historia de la humanidad, de las relaciones entre hombre y la naturaleza,
asumiendo al mismo tiempo un modelo implícito de sociedad considerado como
universalmente válido y deseable, se puede inferir que muy lejos está la mujer
de alcanzar eso que es válido y deseable» (p. 5). En otras palabras, esa
ciudadanía plena. En conjunción a esto, el concepto de ciudadanía refiere al
derecho que tienen las sociedades de intervenir en el poder político y, en
simultáneo, a ser intervenidas (Bareiro 1997).
En este sentido, es preciso traer a colación la
postura de la feminista Chandra Mohanty, respecto al modo en que es construida
la mujer como un compuesto cultural e ideológico mediante distintos discursos
de representación sobre cómo son las mujeres reales –con sus propias
historias-. Es en este punto en el que la autora pone especial énfasis en
aquellos discursos que «colonizan de forma discursiva las heterogeneidades
materiales e históricas de las vidas de las mujeres en el Tercer Mundo» (Mohanty 2008, 11). Aun así, es importante que en lo
relacionado al ámbito laboral se tenga en consideración que «incrementar la
participación laboral no debería, sin embargo, ocurrir a todo costo, ni
especialmente a costo de las propias mujeres o de las nuevas generaciones.
Promover la participación laboral femenina supone reorganizar el orden social,
especialmente cuando este no ha sido estructurado considerando la participación
laboral femenina» (Cardenas Tomažič y Hein 2018, 167).
Acerca del programa Ellas Hacen
Durante la
primera gestión presidencial de Cristina Fernández, a través del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación se creó el Programa Ingreso Social con trabajo Argentina
Trabaja, bajo la Resolución 2476-2010. En el artículo 5 se especifica que la marca
registrada Argentina Trabaja es de uso común a los programas del Plan Nacional
de Desarrollo local y economía social Manos a la obra. Este se implementó a
partir de 2009.
Estuvo compuesto por diversos programas que tenían
como eje el desarrollar la economía social y ahondar en estrategias
territoriales. Dentro de este, en 2013, durante la segunda gestión presidencial
de Cristina Fernández, se gesta el Programa Ellas hacen. En marzo de 2013 se
incorpora al Programa Ingreso Social con Trabajo bajo la Resolución 3182/2009
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Ellas Hacen fue una política con pretendido enfoque
de género, pensada para aquellas mujeres que se encontrasen en situación de
vulnerabilidad socioeconómica y/o eran víctimas de violencia de género. Hasta
2015, las beneficiarias de Ellas Hacen eran 78.377[11].
Un punto para destacar es que el Argentina Trabaja
se implementó a través de gobiernos municipales y de organizaciones sociales,
mientras que el Ellas Hacen se gestionó a través del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, lo que permitió que la medida tuviese un carácter más
federal. Tal como lo explica Pacífico (2019), el lanzamiento de Ellas Hacen caracteriza
a una época de Argentina en la que las mujeres se volvieron las principales
destinatarias de programas como administradoras de beneficios para los sectores
considerados vulnerables socioeconómicamente.
De
acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social (2015), según los criterios de
selección, la población destinataria correspondía a mujeres jefas de hogar con
tres o más hijos/as menores de 18 años a cargo, desocupadas, que atravesasen
situaciones de violencia. Por un lado, resulta interesante observar cómo la
representación de la «desocupación»
excluye al trabajo de cuidado y reproductivo de las
mujeres, dejando en claro que desde el Estado no hay un reconocimiento del rol
activo de las mujeres en la sociedad. De hecho, esta invisibilización conllevó
a diversas tensiones en sus realidades, ya que las beneficiarias del programa
se vieron obligadas a darle una solución a una potencial tercerización de las
actividades que realizaban ellas mismas al interior de los hogares (Guerrero,
Guerrero y Zangaro 2018).
Por
otro lado, en este aspecto, puede observarse que los criterios para acceder al
programa también se establecieron en torno a la maternidad. No obstante, en el
caso que la mujer aspirante al beneficio no tuviese hijos/as, pero sí fuese
víctima de violencia, podía ser exceptuada de este requisito, pero debía contar
con un informe social emitido desde el Consejo Nacional de Mujeres; es decir,
la maternidad era un factor importante en el otorgamiento del beneficio. En
cuanto al ingreso monetario es clave aclarar que este era de carácter
individual y otorgado en función de las asistencias a las capacitaciones y la
conformación de cooperativas.
El
objetivo era alcanzar a cien mil mujeres de distintas partes del país -se
inscribieron 98.876-, aunque fue la provincia de Buenos Aires la que tuvo mayor
cantidad de inscriptas con un 56,4% del total. A su vez, el Ministerio de
Desarrollo Social (2015) destaca que el 83% de las beneficiarias se encontraban
en edad reproductiva al pertenecer a un rango etario 18 a 39 años. Cabe
mencionar que una de las características de esta población es su alto índice de
desocupación. Esto se refleja en los datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, al momento de realizarse la primera inscripción en el
programa durante el segundo trimestre de 2013, el índice de desocupación de
mujeres menores de 29 años correspondía a un 17,4%, mientras que en el caso de
los varones era de un 13,1%.
Tal
como lo afirma Isola Zorrozúa «la población objeto efectivamente conforma “el
núcleo duro de la vulnerabilidad y exclusión sociocupacional” (2019, 132).
Finalmente, según datos del Ministerio de Desarrollo Social, «al programa EH
ingresaron a nivel nacional 98.876 mujeres, de las cuales el 13,5% tiene hijas
e hijos discapacitados, el 20% declaró situaciones de violencia de género en la
preinscripción, y más del 50% tiene entre 30 y 39 años. Además, el 89,9% de
estas mujeres no ha completado la educación formal y solo el 2,5% ha finalizado
estudios secundarios» (2019, 134).
Además, el programa estuvo destinado a la creación
de cooperativas por parte de mujeres, con el objetivo de mejorar las
condiciones urbanas de los barrios en los que residían. De este modo, a través
de esta política, se propuso favorecer tanto a las beneficiarias como a los/as
demás habitantes de los asentamientos en los que las mujeres focalizaban su
labor, al poder cumplir con el derecho a una vivienda digna[12]
para todos y todas.
En relación con esto, el trabajo realizado por las
beneficiarias de Ellas Hacen abarcaba desde el reacondicionamiento de lugares
públicos -pintura de plazas, limpieza y arreglo de veredas, mantenimiento de
espacios verdes, etcétera- hasta construcciones de hogares y su mantenimiento.
Para hacerlo, las mujeres debían capacitarse en diversos oficios y asistir a
talleres de economía social, de perspectiva de género, y otros más que les
permitiesen alcanzar una mirada empoderada, además tenían la posibilidad de
terminar sus estudios mediante el Programa FinEs[13].
En este aspecto, cabe aclarar que, al momento de la inscripción,
aproximadamente un 20,1% de las mujeres beneficiarias no había culminado su
educación en el Nivel Primario y un 87,9% no finalizó el Nivel Secundario (Ministerio
de Desarrollo Social 2015).
A través del programa Ellas Hacen, mediante un pago
mensual con prestaciones básicas[14]
como obra social y la realización de registros contributivos a través de un
monotributo social[15],
las mujeres pudieron acceder a la economía formal. Mediante este programa, se buscó la generación
de empleo a través de organizaciones asociativas -cooperativas- fomentadas y
avaladas por el Gobierno, la conclusión educativa a través del programa FinEs[16]
y la asistencia en situaciones de violencia de género (Rodríguez Enríquez y
Pautassi 2014).
Aquellas beneficiarias del programa percibían los
mismos «incentivos de inclusión social» que los/as titulares del Programa
Ingreso Social con trabajo-Argentina Trabaja (Arcidiácono y Bermúdez 2018a). Para
contextualizar mejor, es útil contrastar el monto del beneficio con el costo de
la canasta básica; esta comparación permite indicar la línea de pobreza del
momento. En diciembre del 2016, el beneficio correspondía a $4.030 (41,86
dólares estadounidenses, aproximadamente), un monto similar a la canasta básica
de ese mes que ascendía a $4.257 (44,11 dólares, aproximadamente).
Con Ellas hacen, se pretendía que las mujeres
pudiesen fortalecer su autoestima y su autonomía económica a través del estudio
y del trabajo en organizaciones asociativas, espacio en el que se generaba
compañerismo con mujeres que vivieron situaciones similares, así como la
posibilidad de conciliar las tareas reproductivas de su hogar con las
actividades previstas por el programa.
Mujeres cooperativizadas
El Programa Ellas Hacen introdujo el concepto de cooperativas como un factor totalmente novedoso en las políticas destinadas a mujeres. La medida propuso la creación de cooperativas por parte de las beneficiarias como posibilidad de un trabajo autogestivo futuro. Para esto, se les brindaba distintas capacitaciones vinculadas a oficios y a la culminación de niveles educativos incompletos. De este modo, ya no solo se debía cumplir con ciertos requisitos para la obtención de los beneficios como en los PTCI, sino que se proponía una transferencia de ingresos por la realización de trabajos y obtención de capacitaciones.
Como se mencionó previamente, el Ellas Hacen se
gestó en el interior del Programa Ingreso Social con trabajo Argentina Trabaja.
El punto clave de esta medida fue la formación de cooperativas laborales creadas
con el aval del Estado. Estas debían centrarse en el mejoramiento de
infraestructura elemental de municipios y comunas por parte de las mujeres
beneficiarias del programa que habitaba la zona. En este sentido, el programa
se gestaba diferencialmente según el área de acción, ya que, en muchos casos, este
resultaba ser una herramienta para mermar los índices de desocupación e
informalidad (Arcidiácono y Bermúdez 2018b). Además, se sumaba la posibilidad
de brindarles a las beneficiarias herramientas de contención psicológica (se
dictaban talleres cuyo eje era la problemática) y laboral (se fomentaba la
formación de capacidades humanas y sociales). Este punto es fundamental, ya que se presentó a
la política como una medida singular que tomaba en cuenta las realidades de las
mujeres en vulnerabilidad; pero, en simultáneo, no se les brindó soluciones
ante la imposibilidad de conciliar la conformación de la cooperativa y las
responsabilidades en el ámbito privado del hogar. De esta manera, por un lado,
se les otorgaba capacitación en diversos oficios, en economía social y la
posibilidad de culminar con sus estudios; mientras que, por el otro lado, se
perpetuaban las desigualdades al existir y/o prevalecer una distribución
inequitativa de las labores de cuidado y reproductivas en los hogares, provocando
una sobrecarga laboral y de responsabilidades naturalizadas por el género.
Es fundamental resaltar este aspecto, ya que el
cuarto objetivo del Programa proponía la formación en cooperativismo y
asociatividad en economía social, esto permitía comprender la importancia de
las organizaciones autogestionadas en términos de género. Caracciolo Basco y
Foti (2010) explican que la economía social tiene características autogestivas
que brindan oportunidades a las mujeres para empoderarse, intervenir y decidir
en espacios públicos. Este aspecto lo resalta la economía social y solidaria al
reconocer la contribución a la realidad económica de la sociedad que aporta el
trabajo de cuidado y reproductivo que realizan las mujeres.
Así, este tipo de organización creada en torno a la
economía social no solo es beneficiaria para sus trabajadores/as, sino que
también pretende visibilizar el valor económico del trabajo que efectúan las
mujeres en el hogar. A pesar de esto, estos aspectos positivos no se encuentran
especificados en los documentos del programa Ellas Hacen, como tampoco se
reconoce explícitamente la labor reproductiva de las mujeres beneficiarias de
la política, a pesar de estar planteado el programa bajo el enfoque de la
economía social.
En este sentido, hay investigaciones que demostraron
que la participación de las mujeres en la creación de cooperativas es
beneficiosa al poder capacitarse para participar en el mercado laboral formal,
teniendo además la posibilidad de conciliar este trabajo con sus labores de
cuidado, debido a que la formación y organización está dada en función de las
circunstancias de cada una de las integrantes con relación a sus
particularidades autogestivas (OIT-PNUD 2009). Este punto es clave debido a los
altos índices de desocupación femenina -sin mencionar la subocupación o la
presencia en el mercado laboral a través de la informalidad- que, a su vez, les
ocasiona dificultades para ingresar al sistema de seguridad social.
Los datos preliminares obtenidos por el Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación acerca de la primera fase del Ellas Hacen
detallan que, en el contexto del Programa Ingreso Social con Trabajo, la
participación de las mujeres ha sido levemente mayor que la de los hombres, con
un 54,25% por parte de las beneficiarias y un 45,75 los varones. A través de las capacitaciones en liderazgo y
economía social, el programa procuró el quiebre con algunos preceptos
instaurados como estereotipos masculinos en relación con los campos laborales
en los que se pueden desempeñar las mujeres. Con estos cambios intrínsecos de
la política se intentó generar una mutación en las estructuras socioculturales
que determinan tareas específicas en función al género. De hecho, las
capacitaciones brindadas abarcaban desde aspectos básicos de economía social
hasta herramientas para defenderse ante situaciones de violencia de género.
Otro dato que destaca el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación (2015) es que el 97% de las beneficiarias del programa
declara sentirse con mayor autonomía económica y ser más independiente
socialmente a partir de su incorporación al Ellas Hacen. Ante esto, también es
importante subrayar que no se aclara el destino real del monto percibido, ya
sea para la satisfacción de requerimientos familiares, beneficios de sus
hijos/as y necesidades personales.
Espacios de formación
La asistencia a los ciclos de formación era
obligatoria por parte de las mujeres beneficiarias del programa. Cada taller
era financiado por el Estado nacional y trataba de conservar la estructura de
la educación formal, efectuándose mediante el Plan FinEs. Este estuvo destinado
no solo a las beneficiarias del Ellas Hacen, sino a toda aquella persona
-jóvenes y personas adultas sin límite de edad- que desease culminar sus
estudios y que no pudo hacerlo por diversas razones.
El taller consistía en el dictado semanal -dos veces
por semana- de materias de contenidos básicos del sistema curricular educativo
nacional, formación que variaba según el nivel que se tuviese, con la
posibilidad de su extensión hasta por seis años. Además, en el caso del Ellas
Hacen, a las mujeres se les brindó contenidos referidos a los ejes inherentes
del cooperativismo. De este modo, el propósito no era solo inculcar lo pautado
en cada cátedra, sino también el presentar al conocimiento como herramienta de
cambio; es decir, saberes que les permitan modificar sus realidades.
De hecho, se instauró el Programa Promotores para el
Cambio Social, mediante el cual se pretendía fomentar la organización y la
intervención para el desarrollo de políticas de corte comunitario implementadas
por el Ministerio de Desarrollo Social en las distintas comunas. En este
sentido, a las cooperativistas que recién se inician en este campo se les
brindó a través de este programa «la posibilidad de acompañamiento a través de
asistencia técnica y contable para el aumento de sus capacidades como
cooperativa de trabajo vinculada a servicios de construcción; considerando esta
fase como orientada a generar mayores condiciones para alcanzar la meta de
autogestión en el mercado laboral» (Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación 2014).
Frente a lo que se expresa en el apartado anterior,
el Ellas Hacen pretendía romper los estereotipos de género con la creación de
cooperativas por parte de mujeres, pero la medida solo manifestó esta ruptura
en el desarrollo de las capacitaciones, no en el diseño del programa, ya que no
tuvo en cuenta las singularidades de la división desigual del trabajo
reproductivo en los hogares. Otro punto para señalar es que, en referencia al
tipo de capacitaciones seleccionadas por las mujeres, la mayor parte de las
beneficiarias del Ellas Hacen optaba por aquellas relacionadas al cuidado y
tareas feminizadas -atención a adultos mayores, diseño de indumentaria,
servicios de limpieza, cocina, entre otros- (Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación 2014). Aun así, más allá del tipo de contenidos seleccionados, lo que
se pretendió fue capacitar a las mujeres para facilitar su inclusión al mercado
laboral y la posibilidad de gestar un autoempleo.
De hecho, tal como lo manifiesta el Ministerio de
Desarrollo de la Nación (2014, 29), «la experiencia nos ha mostrado la sinergia
de la formación integral para la superación de situaciones de vulnerabilidad
extrema y el empoderamiento que ello genera, como ciudadanas en un mundo de
derechos y responsabilidades en las cuales poder desplegar sus capacidades. Lo
hasta aquí expuesto ha permitido delimitar una línea estratégica específica
para la inclusión de mujeres en situación de extrema vulnerabilidad socio
ocupacional, la cual será reconocida como ELLAS HACEN».
¿El Programa Ellas Hacen fue una medida con
perspectiva de género?
Una vez que avanzó la capacitación -ésta era
continua-, las mujeres debían iniciar con el proceso de formación de la
cooperativa propiamente dicha. Ya con los conocimientos asimilados, debían diseñar
un proyecto en función de las necesidades que su comuna requiriese. Para esto,
las integrantes de la cooperativa en formación debían vivir en un rango próximo
o, en el caso de que su proyecto tuviese un objetivo específico – servicios de
comida, diseño de indumentaria, etcétera- podían no cumplir con el requisito de
proximidad territorial. Una vez que terminasen con el armado de la cooperativa,
cada una de ellas recibía un kit de materiales para echar a andar la misma, en
muchos casos, quienes las capacitaban continuaban supervisando las actividades.
Tal como se mencionó previamente, el Ellas Hacen se
encontraba enmarcado en el Programa Argentina Trabaja, por lo que el monto de
dinero recibido era similar al resto del personal beneficiario. Además, se
establecía un rígido control en el cumplimiento de la asistencia y del trabajo
durante la totalidad de la jornada. Este aspecto es interesante, ya que puede
observarse que no se tuvieron en cuenta las particularidades de las mujeres que
eran madres o tenían personas a su cargo, por lo que no podían ausentarse de
las capacitaciones por los imprevistos que suelen ocurrir ante las tareas
reproductivas y de cuidado.
Tal como se mencionó a lo largo del artículo, otro
punto a tener en consideración es que muchas de las mujeres del programa eran
víctimas de violencia de género, por lo que tampoco podía suponerse la
existencia del cuidado por parte de los progenitores de sus hijos/as. Lo que
ocasionaba que estas mujeres desarrollasen distintos mecanismos para cumplir
con las exigencias del programa o bien, no cumplirlas en su totalidad, lo que
ocasionaba que no pudiesen cobrar el ítem de presentismo o productividad -de
$800- y solo se valían del monto básico. En este sentido, ante la
naturalización de la relación del programa con la dualidad mujer-maternidad, se
observó el desarrollo de estilos de crianza mediante redes de cuidado
familiares que permitían cumplir con lo demandado por el programa para el cobro
del beneficio (Sciortino 2018).
El Estado, a pesar de resaltar que dicha política
tiene una perspectiva de género, se puede observar que, en el diseño del
programa, no la dejó asentada. De hecho, la modificación respecto al Argentina
Trabaja fue solo designar como público objetivo a mujeres en situación de
vulnerabilidad social y/o económica o que hayan atravesado por episodios de
violencia de género. De esta manera, no se tuvieron en cuenta las
particularidades de este grupo poblacional, solo se concertó como una medida
que sirvió como herramienta para la inserción laboral con eje en la solidaridad
colectiva, a través de la formación de cooperativas comunitarias.
Además, otro punto para tener en cuenta es que estas
agrupaciones laborales no se diferenciaban de otras en función de sus
requisitos para su funcionamiento como tales. Es decir,
se les exigía a mujeres -que en muchos casos no habían terminado un
ciclo básico de formación- el cumplimiento de una tramitación que requiere algo
más que una capacitación en principios de cooperativismo, lo que implicaba un esfuerzo mayor por parte de las
beneficiarias del Ellas Hacen y más aún si se pretendía que esta iniciativa
fuese sostenible en el tiempo.
En este sentido, es oportuno señalar que las
condicionalidades impuestas por el programa se encontraban relacionadas con la
promoción de la autonomía de las destinatarias, pero los requisitos tenían
carácter punitivo. En otras palabras, ¿es posible promover la independencia de
las beneficiarias y establecer condicionantes excluyentes para formar parte del
plan?
Este aspecto es relevante si se toma en cuenta que
las mujeres beneficiarias del programa debían cumplir veinte horas semanales
entre capacitaciones, asistencia a establecimientos educativos para su
conclusión educativa, el desarrollo de las actividades que involucraban a las
cooperativas, etcétera. Como puede inferirse, las condicionalidades estaban
vinculadas a aspectos relacionados con el espacio público y/o el trabajo
productivo.
A su vez, el programa parecía alejarse de los
modelos tradicionales y maternalistas impuestos por los PTCI, esto al proponer en
el artículo 4° de la resolución de su creación (de)construir estereotipos de
género a través de las capacitaciones en oficios y la formación en perspectiva
de género en derechos de la mujer, la niñez y la familia. Sin embargo, al
conservarse el carácter punitivo de los PTCI ante el incumplimiento de los
requerimientos exigidos, aspecto característico de este tipo de programas, las
beneficiarias se veían condicionadas a crear estrategias que les permitiesen conciliar
las tareas reproductivas y de cuidado con las veinte horas de trabajo y
capacitaciones que les demandaba el programa.
Tal como lo afirma Rodríguez Enríquez (2011), la
carga de trabajo de las mujeres incrementa con su inclusión a este tipo de
programas, ya que hay una sobrecarga de tiempo en las beneficiarias que deben
cumplir con lo que se estipula en el plan, mientras se refuerza el rol de
cuidadora por la tradicional división sexual del trabajo, que se mantiene
estática debido a que no se establecen mecanismos para un potencial cambio de esta.
Al respecto, según datos presentados por el Ministerio de Desarrollo Social
(2015), el 93,4% de las mujeres acreedoras del Ellas Hacen declararon que les
fue posible reorganizar el trabajo reproductivo y de cuidado en sus hogares, a
pesar de que desde el programa no se estipuló ningún mecanismo de ayuda para
que esto fuese posible.
Otro aspecto para tener en consideración es lo
referido a la formación, ya que en sí misma no tenía la capacidad de disminuir
las discriminaciones presentes en el mercado laboral, debido a que para esto es
imperioso que se creen políticas específicas relacionadas a la conciliación y a
la justa distribución de las tareas reproductivas y de cuidado.
Del Ellas Hacen a Hacemos futuro
En
2015, con el inicio de la gestión de Cambiemos[17],
se «pausaron» aquellas políticas que tuvieran al cooperativismo como eje, así
como a cualquier tipo de actividad comunitaria respaldada por el Estado. Es
importante mencionar que, al finalizar la gestión de Cristina Fernández en
diciembre de 2015, 81.151 mujeres se encontraban trabajando en aproximadamente
2.900 cooperativas.
Con
el cambio de la gestión, el programa pasa a denominarse «Ellas hacen – Nuevo
enfoque», cuyo propósito principal se redujo solo a brindar facilidades para
finalizar los estudios primarios o secundarios, según correspondiese. Es así
como se renombra al Ellas Hacen como subprograma Hacemos futuro juntas, cuyo
primer objetivo es «Establecer la estrategia y las herramientas necesarias para
la implementación de la línea programa Ellas Hacen» (Resolución del Ministerio
de Desarrollo Social N°
1274 -E, Anexo V, 2017), pero sin determinar objetivos propios[18]
que fomenten una perspectiva de género desarrolladora y superadora a la
política antecesora[19].
Luego, a inicios de
febrero de 2018, a través de la Resolución N°96/2018 del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, el Plan Argentina Trabaja, Ellas Hacen y Desde
el Barrio se unificaron en el Programa Hacemos Futuro. Este
nuevo programa estuvo a cargo de la Subsecretaría de Políticas Integradoras de
la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación[20].
De
este modo, se establece como objetivo general del programa «empoderar a las
personas o poblaciones en riesgo o situación de vulnerabilidad social, que
promuevan su progresiva autonomía económica a través de la terminalidad
educativa y cursos y prácticas de formación integral que potencien sus
posibilidades de inserción laboral e integración social» (Resolución del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación, N°96, Art. 2, 2018).
Más allá del cambio de denominación y de su unificación con otros programas,
las modificaciones también abarcaron las capacitaciones brindadas a las
personas beneficiarias. Ya no se les capacitaba colectivamente en oficios o
formación de cooperativas, sino que los contenidos tomaron un carácter
individualista, con influencias de la «autoayuda» y tips de autosuperación.
El
percibimiento del beneficio estaba condicionado a una actualización
cuatrimestral de los datos en los que se describía si se había cumplido con la
asistencia a las capacitaciones y con los niveles educativos faltantes[21].
En caso de incumplir con las actualizaciones, el Ministerio de Salud y
Desarrollo Social le suspendía el percibimiento del subsidio a su titular.
Otro
aspecto incompatible con el programa era el de insertarse en el mercado formal
como empleado/a y no declararlo. El informar sobre el cambio de la situación
laboral de quien se beneficiaba era clave, ya que se mantenía su permanencia en
el programa durante el primer año de la relación laboral, aunque se suspendía
el incentivo monetario en caso de que el sueldo fuese mayor al salario mínimo,
vital y móvil.
El
19 de febrero de 2019, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social actualizó
nuevamente los lineamientos del Programa Hacemos Futuro, al establecerse un
incremento en la cantidad de horas de capacitación -quienes se encontraban
realizando el Nivel Primario o Secundario, debían acreditar 300 horas- y la
incorporación de un control de salud anual. Este último punto causó molestia en
el personal titular, ya que muchas de estas personas no contaban con la
posibilidad económica de realizarse los estudios requeridos debido a que no
tenían obra social y, por entonces, se le había dado de baja al 15% de los
monotributos sociales del país -que permitían el acceso a una obra social-
(Dirección de Gestión de Políticas Públicas 2019).
En
este sentido, es necesario subrayar que en la Ley Nacional de Presupuesto de
2019 se hizo un recorte del 42% -en comparación del presupuesto de 2018- de los
programas que tenían a las mujeres como beneficiarias. De este presupuesto, el
60,6% del total es destinado al Hacemos Futuro que, si se compara con el 2015 o
2018, corresponde a un recorte de la mitad del presupuesto que se había sido
destinado en esos años. En 2019, el programa recibió $3.659 millones, siendo
que en 2018 se le había asignado $4.841 millones, lo que representa un 24%
menos en términos nominales (ELA 2019).
En
lo referido a los procesos de capacitación, el Hacemos Futuro difiere del Ellas
Hacen, ya que el objetivo principal del nuevo programa era la finalización de
los estudios formales, debido a que se consideraba a este factor como uno de
los principales inconvenientes para ingresar al mercado laboral. De este modo,
se disipa el eje del Ellas Hacen, en el que se brindaba capacitación en lo
relativo a los derechos de la mujer, se incitaba a conclusión de los estudios y
se capacitaba en economía social para la formación de cooperativas. Este punto no es menor, ya que de las cien
mil mujeres que formaron parte del Ellas Hacen, el 25% había realizado
denuncias por violencia de género, sin obtener respuesta alguna (ELA 2019).
Este programa fue creado para ser una herramienta contra la violencia por
motivos de género, ya que se pretendió que las mujeres pudieran adquirir
autonomía económica y la posibilidad de dejar el hogar en el que sufrían
situaciones de violencia.
En
lo referido a los espacios de formación, se resalta que en la Ley de
Presupuesto Nacional de 2019 se hizo un ajuste del 35,4% en lo asignado para la
Capacitación para el desarrollo integral de la Mujer y se redujo un 36,7% de lo
destinado a las escuelas populares de Formación de Género en comparación a
2018.
De
este modo, ya no solo se desdibujó ese pretendido enfoque de género que tenía
el Programa Ellas Hacen, sino que con esta unificación de políticas se
invisibilizó por completo a la mujer, sus particularidades y la posibilidad de
salir de contextos de violencia física y psicológica. En tanto, el Programa
Hacemos Futuro expresa la transferencia de ingreso como un subsidio personal
por capacitación, que, a su vez, permite el acceso al Monotributo Social y
seguro (Arcidiácono y Bermúdez 2018a).
Al
dar por finalizado al Programa Ellas Hacen se continuó con la lógica patriarcal
en la que las mujeres son invisibilizadas a través de la generalización,
mediante la que se pretende encuadrarlas en requisitos que no tienen en
consideración las singularidades del cuidado y tareas reproductivas que ellas
realizan, entre otros factores. De hecho, son estas «singularidades» las que
las ha mantenido alejadas -muchas veces, excluidas- del mercado laboral y de un
posible acceso al sistema de seguridad social.
Consideraciones finales
El
Programa Ellas Hacen permitió poner en discusión el papel de las mujeres por parte
del Estado, al vérselas solo como madres y cuidadoras, pero sin tomar en cuenta
las desigualdades que estos roles conllevan. Esta política surgió como
respuesta a la presencia intermitente de las mujeres en el mercado laboral
formal, la subocupación femenina, las situaciones de pobreza en hogares en los
que, en muchos casos, el trabajo precarizado de la mujer era el único sustento.
De
este modo, el Ellas Hacen permitió la formación de capital humano a través de
la terminalidad educativa y la formación en oficios que en un futuro les
permitiría proyectar la creación de cooperativas de trabajo autogestionadas por
las beneficiarias. A pesar de las buenas intenciones del programa,
podemos considerar que, aun teniendo el apoyo estatal, les resultaba muy
dificultoso a las mujeres ser autogestoras sin tener la formación densa y
definida que este tipo de proyectos requiere.
Otro
aspecto para tener en cuenta es que se les exigía a sus beneficiarias el
cumplimiento de ítems como presentismo y/o producción, sin considerarse factores
como el cuidado de personas a su cargo.
Esta
es una gran falla por parte del Estado argentino, que carece de servicios de
cuidado gratuitos para madres que deseen desempeñarse laboralmente y no pueden
hacerlo por no tener esta posibilidad. El Programa Ellas Hacen hubiese sido una
política con enfoque de género si este tipo de servicio hubiese estado
planteado en el diseño de la medida, ya que es un punto clave para lograr el
desarrollo de la autonomía femenina.
En
definitiva, el Programa Ellas Hacen fue una política icónica en Argentina, que
dejó en manifiesto la mirada patriarcal que el Estado tuvo en su diseño y
desarrollo, a pesar de presentarse como una medida con perspectiva de género.
Es clave, entonces, poder reconocer las perspectivas con las que se rigen
las agendas políticas de los gobiernos para observar las prioridades y las
acciones que se establecen en los planes de acción gubernamentales. Esto
permitirá comprender los diseños de las políticas públicas y relacionarlos con
el contexto sociopolítico en el que se desarrolla.
Es
claro que el Estado aún no comprende las esencialidades del enfoque de género
en las políticas sociales. Estas van mucho más allá de incluir a las mujeres en
la denominación de los programas, implica observar sus vulnerabilidades, acompañarlas
y visibilizarlas. Solo así se podrán modificar las situaciones de desigualdad,
que muchas veces también son reproducidas por el mismo Estado.
Contribución
de las personas autoras:
Este artículo recupera en parte los resultados de la investigación posdoctoral
de la autora.
Apoyo
financiero: Esta
investigación ha sido financiada mediante la beca posdoctoral otorgada por el
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina
(CONICET).
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[1] De este enfoque se
desprendan ocho componentes claves: la
solución de un problema público (la política surge para resolver una demanda
social reconocida políticamente como un problema gubernamental), la existencia de
grupos-objetivo en el origen del problema (se busca modificar u orientar la
conducta de grupos sociales cuyo comportamiento origina el problema que se
pretende resolver), una coherencia institucional (requiere que las decisiones y
acciones que se lleven a cabo estén relacionadas entre sí), la existencia de
diversas decisiones y actividades que constituyen un conjunto de acciones que
van más allá de la mera decisión única y específica, un programa de
intervenciones (en el que el conjunto de acciones deba incluir decisiones
concretas que refieran a la actuación a implementar), el papel clave de los
actores públicos (en el que el conjunto de acciones y decisiones solo se
consideran políticas sociales cuando quienes las emprenden o toman son actores
públicos) y, finalmente, una naturaleza más o menos obligatoria de las
decisiones y actividades, debido a que las formas de acción son tanto
coercitivas como incentivadoras (Subirats 2000).
[2] Para observar y
analizar estos cambios también es preciso tomar en consideración elementos como
el Estado -en cuanto a sus competencias-, la acción -en relación con la
intención de ser un acto específico- y la intervención -su capacidad de actuar
con el objetivo de cambiar el estado de las cosas dentro de una sociedad-
(Acuña 2011).
[3] Respecto a esto, Bertranou (2011) explica que el IDH -Índice de Desarrollo
Humano- permitía otorgar subsidios –sujetos a contraprestaciones familiares en
salud y escolaridad– a familias en situación de pobreza con hijos e hijas
menores de 19 años y también a embarazadas que no reciban ayuda económica del
Estado ni asignaciones familiares.
[4] «La división
público-privado es una dimensión clave en la conceptualización de las
principales estructuras que contribuyen a mantener y reproducir la desigualdad
de género, tales como la organización del trabajo, la intimidad y la
ciudadanía. Estas estructuras interconectadas están formadas por normas,
valores, instituciones y organizaciones que reproducen la desigualdad de género
en cada una de estas tres esferas» (Verloo y Lombardo 2007, 28).
[5] Esta afirmación se basa
en la postura de Kate Millet, que plantea en su obra Política sexual (1969) que
«lo personal es político», al referirse a la política como un cúmulo de
estrategias que también pretenden mantener un sistema de dominación patriarcal
en ámbitos «privados» como la familia y la sexualidad. Asimismo, eso personal
alude a movilizar a las mujeres en colectivo al trasladar lo privado al ámbito
de lo público, un interés en términos de luchas.
[6] En referencia a esto,
Marcela Lagarde señala que «el mundo contemporáneo se caracteriza por una
organización social de géneros y por una cultura sexista que expresa y recrea
la opresión de las mujeres y de todas las personas que son diferentes del
paradigma social, cultural y político de lo masculino. Se caracteriza,
asimismo, por un sistema político, público y privado, de dominio de hombres
sobre mujeres» (1996, 410)
[7] En la Argentina, la
participación de las mujeres en las cúpulas empresariales es del 15% (Perfil
2019).
[8] En el primer semestre de 2018, el 37% de las personas de la población urbana cubierta por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de Argentina vivían en hogares donde se identifica a una mujer como la jefa de hogar. Sin embargo, esas personas representaban casi 41% en los hogares que se encontraban debajo de la línea de pobreza. El porcentaje de personas debajo de la línea de pobreza en hogares con jefa mujer era de casi 30% mientras que en los hogares donde se identifica a un hombre como jefe ese porcentaje era de alrededor de 26% (González Rozada 2019).
[9] Argentina ha sido un
país pionero en la sanción de una ley de cupo femenino como medida de acción
afirmativa para asegurar la representación de las mujeres en el Congreso de la
Nación. En 1991 la Ley 24.012 estableció un piso mínimo de representación de
mujeres en las listas partidarias para los cargos Legislativos Nacionales. Las
mismas debían estar compuestas de al menos un 30% de mujeres. El día 22 de
noviembre de 2017 el Congreso Nacional avanzó hacia la sanción de la Ley de
Paridad de Género para las listas de cargos electivos y partidarios (Ley
27.412). De acuerdo con la nueva ley, a partir de las elecciones para la
renovación parcial de ambas cámaras en 2019, las listas legislativas deberán
contener un 50% de candidatas mujeres de forma intercalada (Del Cogliano y
Degiustti 2018).
[10] Se
hace alusión a la falacia androcéntrica presentada por Simone de
Beauvoir, que refiere a todas aquellas construcciones mentales creadas en la
civilización occidental, las cuales no pueden ser corregidas añadiendo a
las mujeres. La frase de Beauvoir «No se
nace mujer, se llega a serlo», hace referencia a las dificultades que
atraviesan las mujeres en este sistema.
[11]
Jefatura de Gabinete de Ministros. Memoria detallada del estado de la Nación
2016. Buenos Aires: Jefatura de Gabinete de Ministros. Presidencia de la
Nación, 2016.
[12] Derecho detallado en el
Artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina y numerosos tratados
internacionales.
[13] Plan destinado a
jóvenes y personas adultas que deseen completar la educación primaria y
secundaria.
[14] Además, a las
cooperativistas se les brindan equipamientos según la labor que realizan y
seguros de vida personales y ante tercero, a modo de prevención de alguna
eventualidad. El monto correspondiente corre por parte del programa.
[15] Es una categoría tributaria
permanente, creada con el objeto de facilitar y promover la incorporación a la
economía formal de aquellas personas en situación de vulnerabilidad que han
estado históricamente excluidas de los sistemas impositivos y de los circuitos
económicos.
[16] Resolución N° 2176/13.
[17] Cambiemos es un partido
político argentino inscrito para competir en las elecciones nacionales del año
2015. Bajo este nombre se realizó una coalición entre la Unión Cívica Radical,
Coalición Cívica Ari, entre otros. Mauricio Macri fue quien presidía el partido
y quien ganó las elecciones del periodo 2015-2019.
[18] Resolución 1274-E/2017
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, República Argentina,
2017.
[19] Resolución N°2176/13
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, República Argentina, 2017.
[20] Resolución de
la Secretaría de Economía Social N° 151, Art. 2, República Argentina, 2018.
[21] La acreditación se realizaba mediante un Formulario de Terminalidad Educativa, el cual estaba firmado y sellado por la institución correspondiente.