Argentina Trabaja: análisis territorial desde la
Economía Social y Solidaria en Mendoza
Argentina Works: territorial analysis
from the Social and Solidarity Economy in Mendoza
Heliana Gómez Carrizo
Universidad Nacional de La Rioja. La
Rioja, Argentina
https://orcid.org/0000-0003-2236-4545
Eliana Ortubia Diaz
Instituto de Investigaciones Socio
Económicas,
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad
de San Juan //
Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
San Juan, Argentina
https://orcid.org/0000-0002-1909-3177
Fecha de
recepción: 9 de marzo del 2021
Fecha de
aceptación: 11 de noviembre del 2021
Cómo
citar:
Gómez Carrizo, Heliana, y Eliana Ortubia Diaz. 2022.
Argentina Trabaja: análisis territorial desde la
Economía Social y Solidaria en Mendoza.
Revista Reflexiones 101 (2). DOI 10.15517/rr.v101i2.45869
Resumen
Introducción:
A partir del año 2003,
en Argentina se desarrollaron un conjunto de políticas con eje en la Economía
Social y Solidaria. En particular, la política social Argentina Trabaja tuvo un amplio desarrollo en todo el país.
Objetivo:
El propósito del trabajo
es describir y analizar la aplicación territorial de los programas incluidos en
la política social Argentina Trabaja
en la provincia de Mendoza durante los años 2010-2015, con base en
los principios socioeconómicos de la Economía
Social y Solidaria y la integración social del trabajo.
Método:
La metodología utilizada
ha sido de tipo cualitativa, con un diseño exploratorio- descriptivo. Los
instrumentos utilizados fueron el análisis documental de informes técnicos
publicados por el Gobierno nacional, entrevistas a referentes del
Ministerio de Desarrollo Social de Nación en Mendoza y organizaciones
alcanzadas por la política Argentina
Trabaja en diferentes territorios de la provincia.
Resultados:
La aplicación
territorial de la política Argentina
Trabaja en Mendoza se concentró en la región metropolitana. Los principios
socio-económicos de Economía Social y Solidaria que priorizan los programas
implementados son la producción social y la circulación. En torno a la
integración social del trabajo, presentan diversidad en los estadios de
integración y las dimensiones a la que contribuyen.
Conclusiones:
La política Argentina Trabaja fue una apuesta
relevante para abordar la problemática del desempleo, sin embargo quedó a mitad
de camino, ya que la concepción de Economía Social y Solidaria predominante era
asistencial y focalizada. En Mendoza, reprodujo la concentración territorial en
la región metropolitana.
Palabras claves: Políticas públicas, Principios socio-económicos,
Autogestión, Organizaciones
territoriales, Estado.
Abstract
Introduction:
From 2003, Argentina
developed a set of policies centered on the Social and Solidarity Economy. In
particular, the social policy Argentina
Works had a broad development throughout the country.
Objective:
The purpose of the paper
is to describe and analyze the territorial application of the programs included
in the social policy Argentina Works
in the province of Mendoza during the years 2010-2015, based on the
socioeconomic principles of the Social and Solidarity Economy and the social
integration of the work.
Method:
The methodology used has
been qualitative, with an exploratory-descriptive design. The instruments used
were the documentary analysis of technical reports published by the national
government and interviews with referents of the Ministry of Social Development
of the Nation in Mendoza and organizations reached by the Argentina works policy, in different territories of the province.
Results:
The territorial
application of the Argentina works en
Mendoza policy was concentrated in the metropolitan region. The socio-economic
principles of Social and Solidarity Economy in particular that prioritize the
implemented programs are social production and circulation. Regarding the
social integration of work, they present diversity in the integration stages
and the dimensions to which they contribute.
Conclusions:
The Argentina Works policy was a relevant bet to tackle the problem of
unemployment, it was halfway there, since the predominant conception of Social
and Solidarity Economy was welfare and focused. In Mendoza, it reproduced the
territorial concentration in the metropolitan region.
Keywords: Public policies, Socio-economic
principles, Self-management, Territorial organizations, State.
Introducción
A partir del S. XXI, en Argentina se
da una proliferación de estrategias de Economía Social, diferentes a las
tradicionales (cooperativas, mutuales y sindicatos). Emerge una nueva manera de
pensar la Economía Social (ES), denominada Economía Social y Solidaria (ESyS),
la cual contempla nuevas modalidades asociativas que se despliegan en los
territorios. Se produce una crítica a la ES tradicional, por su adaptación a
las reglas de la economía de mercado y el debilitamiento de sus principios fundantes.
Luego de la crisis económica, social
y política del año 2001, el gobierno electo en el año 2003 en el país, con la
presidencia de Néstor Kirchner «asume como política de Estado la generación y
defensa del empleo digno, considerando como nuevo escenario las políticas
sociales como estrategia central para combatir la pobreza» (Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación 2010). De esta manera, el Estado comienza a
visibilizar y realizar diversas acciones destinadas a la promoción de la ESyS
como una forma de subsanar las consecuencias económicas y sociales del modelo
neoliberal vigente durante los años noventa.
En esa dirección, el Gobierno
nacional establece una serie de acciones desde el Ministerio de Desarrollo
Social (MDS). En el año 2003, presenta el Plan Nacional de Desarrollo Local y
Economía Social «Manos a la Obra», el cual promovía emprendimientos asociativos
destinados a la venta de bienes y servicios en el mercado. En el año 2006, crea
la Comisión Nacional de Microcréditos (CO. NA. MI) encargada de la
implementación de la Ley Nº 26.117 de «Promoción del Microcrédito para el
desarrollo de la Economía Social».
En el año 2007, asume la presidencia
la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, y en 2009, se presenta el Programa de
Ingreso Social con Trabajo[1] el
cual dio «centralidad a las transferencias monetarias» individuales (Hoop 2018,
115) en la creación de puestos de trabajo a través de la conformación de
cooperativas. Dichas entidades fueron creadas con el objetivo de realizar
tareas vinculadas a la construcción de viviendas, centros comunitarios, mejoras
en espacios públicos, escuelas, entre otros lugares comunitarios.
En el año 2010, se reconfiguró el
Plan «Manos a la Obra» y, a través de la Resolución 2476/2010 - MDS, comenzó a
implementarse el Plan Argentina Trabaja. Cabe
aclarar que, en este trabajo, se concibe a dicho plan como una política social
porque, por un lado, el mismo Gobierno nacional lo denominó de esa forma; por
otro, se desarrolló dentro del ámbito de dependencia de desarrollo social y,
desde allí, se fomentó la ESyS con una visión centrada la generación de trabajo
para sectores social y económicamente vulnerados.
En ese sentido, el presente artículo tiene por
objetivo describir la aplicación territorial de los programas de la política
social Argentina Trabaja en la
provincia de Mendoza. El análisis indaga sobre la promoción de los principios
socioeconómicos de la ESyS y el tipo de integración social del trabajo que
prioriza. Este último aspecto, se consideró por el objetivo que el Gobierno
nacional se propuso en torno a la generación de trabajo digno, a través de una
política de economía social y solidaria.
El estudio se realiza en la
provincia de Mendoza, la cuarta jurisdicción más poblada de Argentina, que se
caracteriza por tener en la trama económica social un gran número de
experiencias asociativas y que, desde el año 2009, las mismas organizaciones de
la ESyS local impulsaron la Ley Provincial Nº 8.435 «Creación del Programa de
Promoción de la Economía Social y Solidaria», que rige desde el año 2012.
El artículo se encuentra estructurado de la siguiente manera: en la
primera parte, se presenta la perspectiva teórica- metodológica que permite el
análisis y abordaje de la política social Argentina
Trabaja; en la segunda, se presenta una descripción de los programas de la
política social y se analizan dos dimensiones, una vinculada a los principios
socioeconómicos de la ESyS y la otra al grado de integración social del trabajo
que promocionan para luego presentar la implementación de los mismos en
Mendoza. Finalmente, se presentan las conclusiones.
Perspectiva
teórica-
Conceptualización de la
Economía Social y Solidaria
La Economía Social (ES) tiene sus
orígenes a fines del s. XIX, ligados a los movimientos de las personas trabajadoras
que reclamaban mejores condiciones laborales dentro de un régimen de
acumulación capitalista. Con el paso de los años, este tipo de economía comenzó
a crecer y a despegar del sentido original de sus comienzos, adquiriendo
diversos significados y nuevas prácticas. El término ES quedó fijado a
modalidades organizativas tradicionales: cooperativas, mutuales, asociaciones.
Entre las acepciones más utilizadas a nivel mundial, se encuentran la economía
solidaria o de la solidaridad, economía popular, economía para la vida y
economía social y solidaria; sin embargo, todas tienen como fin la reproducción
de la vida[2].
En este artículo, se utilizará el
término Economía Social y Solidaria, debido a que es una de las concepciones
con mayor consenso a nivel de América Latina (Coraggio 2007; 2011; Hintze
2010). Además, reconoce el despliegue de múltiples modalidades organizativas,
según funciones y/o necesidades colectivas y comunitarias, independiente de las
formas legales que adquieran. Así, la ESyS se define como:
Un modo de hacer economía,
organizando de manera asociada y cooperativa la producción, distribución,
circulación y consumo de bienes y servicios no en base al motivo de lucro
privado sino a la resolución de las necesidades, buscando condiciones de vida
de alta calidad para todos los que en ella participan, sus familiares y
comunidades, en colaboración con otras comunidades para resolver las
necesidades materiales a la vez que estableciendo lazos sociales fraternales y
solidarios, asumiendo con responsabilidad el manejo de los recursos naturales y
el respeto a las generaciones futuras, consolidando vínculos sociales armónicos
y duraderos entre comunidades, sin explotación del trabajo ajeno (Coraggio
2007, 31).
Este modo de hacer economía no es
una abstracción teórica, sino una forma diferente de organizar económicamente
el territorio, desde una visión holística y relacional, en el que el territorio
se define no solo en su dimensión material - como soporte y proveedor de
recursos para la satisfacción de necesidades-, sino también, como una construcción socio-histórica, económica y
cultural resultado de la acción social. La ESyS es una forma económica que
aplica principios socioeconómicos en pos de la reproducción de la vida y no la
reproducción del capital. Por ello, el trabajo es considerado como un
integrador social - no como un factor de la producción- y el motor principal
para la satisfacción de necesidades en sociedad.
El trabajo asociativo como integrador social en la ESyS
El trabajo se considera una
actividad clave en la vida del ser humano, tanto para el desarrollo de sus
capacidades personales como para el de su familia y su comunidad. Desde la ESyS
se concibe al trabajo como sostén de esta economía, siendo a su vez un integrador
social.
Se entiende a la integración social
como el sentido de pertenencia a un modo colectivo, sea una sociedad,
comunidad, institución. Existen dos dimensiones de la integración social, según
Castel (1991) citado en Levín (2000, 121), «La integración material se vincula
a la posibilidad de acceder a los bienes y servicios de consumo (inserción
ocupacional) y la integración simbólica a la posibilidad de participar y
compartir el proceso de gestación y asimilación de valores sociales (inserción relacional)».
La dimensión material y simbólica en muchas ocasiones no se da simultáneamente,
por lo que se produce un quiebre en la integración social. Por ello, según el
nivel de acceso a esas dimensiones Levín[3]
(2015) las clasifica en:
a)
Integración plena: trabajo
formal, salario digno, protecciones sociales, asociatividad sindical u otra.
b)
Vulnerabilidad:
situación de riesgo social, trabajo precario, salario insuficiente, ausencia de
protección social, carencia de derechos sindicales.
c)
Desafiliación: pérdida
de pertenencia colectiva, carencia de trabajo, carencia de ingresos económicos,
carencia de protecciones sociales, ausencia de lazos asociativos, fragilidad y
riesgo en lazos familiares.
En el caso
de la ESyS, se considera que la dimensión simbólica de la integración social se
da a través del trabajo asociativo y la autogestión. El modelo asociativo de
trabajo[4] es
una opción concreta de sustento y de reapropiación de esta actividad, se
cuestiona, de forma práctica, la imprescindibilidad de los jefes y se reconoce como actividad y medio dignificante
y propio del ser humano. Además, este trabajo incluye otros propósitos: «Las
relaciones laborales están organizadas para la realización de un objeto social
decidido por los propios miembros, en su doble calidad de prestadores de
trabajo y de asociados. Aun cuando este contrato entre pares conforma un tipo
de sociedad cuyo marco de funcionamiento se establece legalmente, las
relaciones de trabajo están determinadas por la sola voluntad de los
trabajadores asociados» (Vuotto 2009, 104).
La autogestión es definida como «la
actividad de producción de bienes y servicios desarrollada y dirigida por los
trabajadores, siendo ellos mismos a la vez poseedores de los medios de
producción y responsables colectivamente de todas las decisiones» (Vázquez
2014, 205-206), implica no solo un aspecto económico, sino político, en tanto los trabajadores se
constituyen en sujetos activos y partícipes de la toma de decisiones de
su producción, del espacio en donde producen a través de instancias
democráticas.
Los principios socio-económicos de la ESyS
Los principios socio-económicos[5] de
la ESyS permiten comprender el metabolismo del proceso económico y comprenden
las etapas de producción social, distribución social, redistribución,
circulación y consumo. Primero, el principio de producción social comprende
todos los aspectos que integran la lógica de producción. Se entiende por
producción a la fabricación o elaboración de un producto y/o servicio mediante
el trabajo. Este principio cuenta con cuatro características principales:
1- El modo de cooperación o asociación es de manera voluntaria,
es decir qué miembros se asocian sin una imposición u obligación, también puede
ser de manera mixta con iniciativa de terceros (Estado u otra organización,
etc.) y la voluntad de quienes
la integran.
2- La posesión y uso de los medios de producción pertenecen
a las personas trabajadoras.
3- La relación que se establece entre el trabajo y la
naturaleza está basada en un intercambio equilibrado de energía, sin considerar
al trabajo como un factor de la producción.
4- El destino de la producción puede ser de manera mercantil
simple y colectiva, como así también ser producción para autoconsumo y
mercantil al mismo tiempo.
Segundo, el principio de distribución social, se encuentra
en todas las sociedades y comprende las distintas instancias de reparto o distribución
de los bienes entre sus miembros. Específicamente, a las formas sociales
instituidas de apropiación primaria de la riqueza producida (previa a toda
redistribución) y vinculada con el principio de producción. En la ESyS, la
distribución social puede
realizarse con base en la apropiación colectiva o apropiación mixta,
siempre y cuando se establezca un acuerdo, donde prevalezca la reciprocidad y
la solidaridad democrática en la toma de decisiones, la distribución de tareas
y redistribución equitativa del ingreso. El fin último es mantener la cohesión
social y evitar el enriquecimiento de algunos sectores, basándose en el
criterio de equidad social.
Tercero, el principio de
circulación, hace referencia al flujo circular de los bienes y servicios en sociedad;
se realiza a través del intercambio de bienes y servicios, pero dentro de la
lógica del comercio justo, con tasas fijas consensuadas entre las partes o
consideradas coherentes en relación al principio de producción, y se evita el
agregado de valor por parte de intermediarios. Algunas de las formas de
comercio son: redes de comercio justo, ferias populares, mercados sociales,
locales propios, entre otras.
Cuarto, el principio de consumo, se
refiere al consumo responsable, con conciencia de sustentabilidad (opuesto al
consumismo), promoción del conocimiento sobre las condiciones en que se
elaboran los productos que se consumen, que los mismos sean de calidad y en un
comercio justo. Estos principios socioeconómicos permiten un análisis de las
experiencias de ESyS, son categorías que se pueden observar en el desarrollo e
implementación de la política social Argentina
Trabaja. A la vez, considerar al trabajo como sostén de la ESyS permite
observar el nivel de integración social que promueve cada programa, y la
identificación de su dimensión material y simbólica.
Estado,
Gobierno y políticas públicas
El Estado es considerado como el
principal aparato de dominación de las sociedades capitalistas, el mismo está
atravesado por los intereses de clases y en él se condensan las relaciones de
fuerzas existentes en cada momento histórico. En tal sentido, se reconoce que
las cuestiones problematizadas tienen una historia, están atravesada por
intereses de diferentes actores y sectores sociales, y las respuestas desde el
Estado se relacionan con las disputas existentes.
Cada gestión de Gobierno plasma el
deber ser del Estado, pero la misma depende plenamente de la dirección político
ideológica que conduce sus acciones u omisiones frente a la organización
económica, política, social y física del territorio. De esta forma, las
políticas públicas son entendidas como «el conjunto de acciones y omisiones que
expresan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con
una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores
en la sociedad civil» (Oszlak y O’Donnell 1995, 112-113).
En el caso de Argentina, las intervenciones del Estado, en materia
de políticas públicas destinadas a la ESyS a partir del año 2003, se enmarcaron
en la tipología de políticas sociales. En este sentido, Danani (2004, 11)
define las políticas sociales como «aquellas específicas intervenciones
sociales del Estado que se orientan directamente a las condiciones de vida y de
reproducción de la vida de distintos sectores y grupos sociales, y que lo hacen
operando especialmente en el momento de la distribución secundaria del
ingreso». Un claro ejemplo fue la creación del Plan Nacional de Desarrollo
Local y Economía Social «Manos a la Obra»; en esa línea, Ciolli sostiene que
«se trató de una política social no contributiva[6]
destinada a financiar y apoyar en su desarrollo técnico a emprendimientos
productivos desarrollados por población de bajos ingresos o proyectos para
iniciar actividades de este tipo, a través de la provisión de herramientas,
equipamiento, insumos y otras inversiones necesarias» (2015, 25).
En el mismo sentido, Hintze menciona que estas acciones del
Estado solo «constituyen una forma más de apoyo a sectores vulnerables
excluidos del mercado de trabajo (formal o informal), en el marco de políticas
sociales asistenciales, generalmente con escasos recursos presupuestarios y de
gestión» (2010, 18).
Agrega que hacen faltan políticas sociales destinadas a la ESyS que trasciendan
la asistencia a los sectores vulnerables e incorporen procesos de innovación,
como propone Coraggio (2004), citado en Hintze (2007, 11):
El tipo de gestión que se considera deseable para políticas
de este nuevo tipo se caracteriza -por lo menos- por los siguientes atributos:
flexibilidad (en oposición a burocrático, lento, procedimentalmente complejo
para los actores sociales); participación; integralidad (en oposición a las
intervenciones públicas fragmentarias de las políticas sociales típicas que
desagregan la atención de necesidades en un conjunto de «ventanillas» a las
cuales se debe acudir para resolver los problemas); articulación
intersectorial, entre distintos ministerios y entre políticas de promoción de
la Economía Social y Solidaria y de provisión de servicios públicos (salud,
educación, vivienda, infraestructura, cuidado del medio ambiente).
Los puntos teóricos expuestos brindan las categorías
analíticas para el estudio de la política social Argentina Trabaja. La metodología aplicada se encuentra dentro de
la lógica cualitativa, con un diseño de tipo exploratorio descriptivo. Las
principales fuentes utilizadas fueron, por un lado, de tipo secundarias: el
análisis documental de informes técnicos y publicaciones del Gobierno nacional
y análisis de base de datos proporcionada por entes gubernamentales de la
provincia de Mendoza. Por otro lado, las fuentes de información primarias
empleadas fueron entrevistas semi-estructuradas y entrevistas en profundidad a
informantes claves, tales como: referentes del Centro De Referencia del MDS de
la Nación en Mendoza, personas participantes de organizaciones sociales, y
personas que participaron de diferentes programas de la política Argentina Trabaja en algunos
departamentos de la provincia de Mendoza.
La política social Argentina Trabaja: su aplicación en la
provincia de Mendoza
La política social Argentina Trabaja comenzó a
implementarse en el año 2010 como una readecuación del Plan Manos a la Obra mediante la Resolución
2476/2010 - MDS. Desde sus inicios fue denominada por el Gobierno nacional como
una política de Economía Social y Desarrollo Local y estaba conformada por 10
programas que se desplegaron en todo el territorio argentino (véase Tabla 1). El
Ministerio de Desarrollo Social sostenía que «la política social era parte de
la política económica, y [que] se desplegaba en todo el territorio nacional un
plan de Economía Social, que desde el fomento y fortalecimiento de las
cooperativas, emprendimientos productivos y talleres familiares, facilitaba el
acceso al trabajo» (MDS 2010, 12).
Tabla
1. Programas de la política social Argentina Trabaja, período 2010- 2015.
|
Programas de la política Argentina Trabaja |
|
1-
Proyectos socioproductivos «Manos a la Obra» |
|
2-
Microcréditos |
|
3-
Ingreso social con trabajo |
|
4- Ellas
hacen |
|
5-
Argentina trabaja, enseña y aprende |
|
6-
Monotributo social |
|
7-
Compremos lo nuestro |
|
8- Emprendedores de nuestra tierra |
|
9- Marca
colectiva «una identidad para nuestra economía social» |
|
10-
Responsabilidad social |
Fuente:
Elaboración propia, con base
en información del MDS de la Nación.
Los programas se articulaban entre
sí y se implementaron a nivel provincial y municipal en todo el país. Su
objetivo era generar empleo digno y genuino a las poblaciones vulneradas y excluidas del
mercado formal de trabajo. A su vez, esta política contaba con la sanción de
algunas leyes nacionales[7] que
respaldaron la institucionalidad de los programas.
A continuación, se presenta una
breve descripción de los programas, una caracterización según los principios
socioeconómicos de la ESyS, el grado de integración social del trabajo que
fomentan y una descripción de la implementación en la provincia de Mendoza.
Programa
Proyectos socio-productivos Manos a la
Obra y Programa Microcréditos
El programa Proyectos socio-productivos Manos a la Obra tenía como objetivo la
entrega de subsidios no reintegrables de montos elevados para la adquisición de
insumos y/o equipamiento, con el fin de promover las actividades productivas de
la economía social. Las
personas destinatarias eran quienes tenían un emprendimiento productivo
o de servicios de manera asociativa y/o familiar, las cooperativas de trabajo,
las empresas recuperadas, los organismos gubernamentales, las organizaciones no
gubernamentales y las organizaciones de los pueblos originarios.
Por su parte, el Programa Nacional de Microcréditos
estaba vigente con anterioridad a la política Argentina Trabaja. En el año 2006, se creó por Ley Nacional N°
26.117 la CO.NA.MI, que era el órgano encargado de la implementación de dicho
programa en todo el país. El
objetivo del mismo era la promoción del microcrédito para el desarrollo de la
economía social, a través de pequeños créditos que se otorgaban a modo de
préstamo, con una baja tasa de interés (hasta el 6 % anual) y estaba destinado
a personas que necesitaban insumos y maquinarias para sus emprendimientos y que
no podían acceder a créditos bancarios tradicionales. A diferencia del programa
Manos a la obra, el monto era menor,
no superaba los 12 salarios mínimos vital y móvil. La forma de implementación
era a través de tres modalidades:
●
Consorcios de gestión local:
organización de administración de fondos de microcrédito que se conformaban
entre el Estado provincial y/o municipal y las organizaciones de la sociedad
civil. Estos consorcios no ejecutaban directamente los microcréditos, sino que
lo hacían a través de organizaciones locales.
●
Redes de gestión local-territorial:
conformadas por organizaciones sociales constituidas como Instituciones de
Microcrédito para trabajar a nivel nacional y/o regional, con el objetivo de
fortalecer la ESyS.
●
Banco Popular de la Buena Fe:
integrado por una organización administradora regional (organización social con
trayectoria y personería jurídica), la cual descentralizaba los fondos a las
organizaciones locales.
Las tres modalidades contaban con
una organización administradora y/o regional que tenía las funciones de
capacitar, asesorar y monitorear a 10 organizaciones locales, aproximadamente.
Cada modalidad tenía formas metodológicas de trabajo diferentes para determinar
el acceso de las personas a los microcréditos, por ejemplo, mediante grupos
solidarios, bancos comunales, microcrédito rural, microcrédito para personas en
situación de encierro, individuales, para la mejora del hábitat, entre otras.
A su vez, las organizaciones
administradoras y locales recibían financiamiento para la implementación del
programa. Los fondos se dividían, por un lado, en un monto para el pago de
becas al personal asesor y/o
promotor de microcrédito; por otro, en los gastos de funcionamiento y
equipamiento; y, finalmente, en el monto para otorgar microcréditos. Este
financiamiento era rendido en su totalidad con comprobantes fiscales, al igual
que la entrega de los microcréditos.
Cabe destacar que ambos programas
tienen vigencia desde antes de 2010 y se observa que contribuyen al principio
de producción social porque tienen como línea de acción la realización de
transferencias económicas para proyectos de la ESyS, esto con un criterio de
asociatividad y solidaridad. En el caso del programa Manos a la Obra, se destinaba para proyectos asociativos o
familiares, y en el Banco Popular de la
Buena Fe el microcrédito se adquiría al ser parte de un grupo solidario.
En relación a la integración social,
se observa que no tienen el mismo nivel de integración. Por un lado, los destinatarios y destinatarias
son diferentes, mientras el primer programa persigue una integración
plena en tanto contribuye a consolidar procesos de trabajo que ya tenían una
trayectoria y contaban con algún nivel de registro legal (personería jurídica, matrícula
cooperativa); en el segundo programa la población destinataria estaba en una
situación de vulnerabilidad social y los microcréditos individuales con
garantía solidaria buscaban ser un espacio de acompañamiento para el desarrollo
de micro emprendimientos de la ESyS. Por otro lado, los montos de las
transferencias monetarias otorgadas a cada proyecto marcan una diferencia que
evidencia una priorización para emprendimientos con una trayectoria de trabajo,
y que cuentan con un marco legal de funcionamiento.
Aplicación de los programas Manos a la Obra y Microcréditos
en Mendoza
Estos programas se implementaron en
Mendoza, a través del Centro de Referencia (CDR) del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación. El programa Manos a
la Obra se enfocó en el otorgamiento de subsidios a las empresas
recuperadas por sus trabajadores y trabajadoras (ERT) de Mendoza, a saber:
1) Cerámica Cuyo, productora de ladrillos huecos.
2) Gráficos Asociados, destinada a servicios de imprenta.
3) Capdeville Turismo y Recreación, cooperativa de servicios
turísticos.
4) Frigorífico La Lagunita.
5) Oeste Argentino, cooperativa destinada a elaboración de
conservas.
6) Curtidores de Mendoza, cuya actividad es el curtido de
cuero.
Se otorgaron «subsidios de 300 mil
pesos, hasta el máximo que hemos dado uno de 1.2 millones el año pasado a la
curtiembre de Maipú que permitió comprar una máquina que les permite mejorar el
semiterminado del cuero» (Referente del área de economía social en el CDR de
Mendoza, comunicación personal). Además, ante la imposibilidad financiera de
comprar maquinaria nueva se permitió que el dinero fuera destinado a la
reparación o adaptación de máquinas existentes.
En cuanto al programa de Microcrédito, la única modalidad que se
implementó, de las tres mencionadas, fue el Banco
Popular de la Buena Fe, a través de las organizaciones administradoras y
las ejecutoras. En el caso del consorcio de gestión local se intentó la
implementación pero no pudo lograrse por cambios en el Gobierno provincial o en
la oficina local del MDS, así lo manifestaba el referente del CDR: «Mendoza ha
tenido un problema, primero muchos cambios gubernamentales, empezó arrancando
en la gestión de Cobos (...); no nunca arrancó bien, después en la gestión de
Jaque tuvo cambios en el Ministerio también, entonces esos cambios han afectado
mucho, cada dos años ha venido cambiando el Ministro de Desarrollo Social y de
alguna manera quien precedía el consorcio tenía que ver con esa línea, y eso
también ha ido influyendo, entonces no ha permitido un desarrollo con actores»
(Referente del área de economía social en el CDR de Mendoza, comunicación
personal).
El no funcionamiento del consorcio
en Mendoza denota la dificultad de gestionar, planificar y ejecutar un programa
entre tres sectores: Estado provincial y municipal, las organizaciones de la
sociedad civil y el sector privado; sobre todo, cuando quien debe presidir ese
consorcio es el sector estatal. En cambio, la modalidad del Banco Popular de la Buena Fe se
desarrolló a través de 23 organizaciones administradoras de microcrédito que
trabajaban con organizaciones ejecutoras/locales ubicadas en diferentes zonas
de la provincia.
Para conocer con más detalle la
implementación del Banco Popular, se
entrevistó a una de las organizaciones que implementó el programa: Fundación
COLOBA, ubicada en el departamento de Godoy Cruz. En el año 2009, comenzó
siendo una organización administradora con cinco organizaciones ejecutoras, y
en 2012 contaban con cinco
personas promotoras que cobraban una beca de 230 dólares[8]
mensuales para realizar el armado de grupos de personas emprendedoras y el asesoramiento en la
realización de las carpetas de proyectos. La modalidad que se utilizaba era una
garantía solidaria en donde quienes emprendían eran garantes responsables por
la devolución del microcrédito adquirido.
Este programa se implementó hasta el
año 2014 en todo el país. Fundación COLOBA no volvió a recibir de CO.NA.MI un
nuevo fondo, a pesar de haber presentado en tiempo y forma las rendiciones.
Cuando se realizó la entrevista estaba sin funcionar el programa, sin embargo,
la integrante de la Fundación expresó la importancia del mismo: «mucha gente
pudo salir adelante con el Banquito[9], les
sirvió para comprar materia prima» (Voluntaria en la administración de la
Fundación COLOBA, comunicación personal).
En la aplicación del programa Manos a la Obra y Microcréditos en Mendoza, se evidencia que los destinatarios y
destinatarias de la ESyS que son incluidos en cada programa son muy diferentes. Por un lado,
Empresas Recuperadas por sus Trabajadores (ERT), que ante la pérdida de la fuente de trabajo,
conformaron cooperativas de trabajo o servicios para obtener la posesión y uso
de los medios de producción de la empresa fallida y preservar el trabajo. Estas
empresas beneficiadas por el programa estaban produciendo con algunas
dificultades en el momento que recibieron el subsidio y el Manos a la Obra significó un aporte para consolidarse. Por otro
lado, el Microcrédito del Banco Popular
de la Buena Fe estuvo destinado a emprendimientos individuales y
familiares, que tenían como característica común que el destino de la
producción era mercantil simple y de autoconsumo familiar. Esto significa que
se trataba de proyectos de emprendimientos, dentro del estadio de
vulnerabilidad del trabajo.
La territorialización de estos dos
programas permite ver que la región metropolitana[10]
de Mendoza es la que presenta mayor cobertura. En relación al programa de Microcrédito, el 70% de las
organizaciones administradoras se encuentran en esta región, luego sigue con un
13% la región del Valle de Uco, 9% se ubican en la región noreste y un 4% en
las regiones sur y este, respectivamente. En cuanto a la cobertura por
organizaciones ejecutoras, se repite el mismo patrón.
En relación al programa Manos a la Obra, que ha tenido como
principales destinatarias a las empresas recuperadas, está concentrado en la
región metropolitana debido a que no hay experiencias por fuera de dicha
región.
Programa Ingreso social con trabajo, Programa Ellas Hacen, y Programa Argentina trabaja, enseña y aprende
El programa Ingreso Social con Trabajo
surge en el año 2009 (Resolución 3182/2009 - MDS) como una herramienta para la
inclusión de las personas en situación de alta vulnerabilidad socio
ocupacional. Proponía conformar cooperativas de trabajo destinadas a ejecutar
obras de infraestructura en las comunidades: instalaciones de redes y cañerías
para la provisión de agua, electricidad, albañilería, acondicionamiento de
lugares públicos o recuperación de espacios verdes. Aquellas personas incluidas
en este programa recibían una capacitación para asociarse y un ingreso
económico fijo y mensual. Eso sí, quienes gozaban de este beneficio no debían contar con
ningún ingreso formal ni percibir otro programa social.
En 2013, dentro del programa Ingreso Social con Trabajo se lanzó una
línea de financiamiento específica para mujeres denominado Ellas Hacen. La
Resolución 2176/2013, en su artículo 2°, establece «como objetivo primordial de
la presente norma, la inclusión social de mujeres Jefas de Hogar monoparentales
desocupadas, que perciban la Asignación Universal por Hijo, preferentemente con
tres o más hijos a cargo, menores de 18 años o discapacitados, o que sufran
violencia de género, que vivan en barrios emergentes de extrema vulnerabilidad,
que estén dispuestas a realizar en primer término, actividades de capacitación
y terminalidad educativa de carácter obligatorio, que las habilite a realizar
mejoras barriales y mejorar su calidad de vida» (MDS 2013). La incorporación de
las mujeres con estas características específicas al programa Ingreso Social con Trabajo, significó un paso en cuanto a la
perspectiva de género que comenzaba a aparecer en la política pública para
abordar una problemática particular vinculado al nivel educativo y
participación de las mujeres en el mercado de trabajo.
El programa Argentina trabaja, enseña y aprende se crea en el año 2010 como iniciativa articulada entre los
Ministerios de Educación y Desarrollo Social de la Nación, luego de obtener
como resultado que el 80 % de los y las cooperativistas entre 18 y 28 años que
integraban el programa Ingreso Social con
Trabajo no tenían sus estudios primarios y/o secundarios finalizados (MDS
2010). Ante esto, el objetivo del programa fue fomentar que las personas
alcanzadas por estas políticas finalizaran sus estudios primarios, secundarios
y/o accedieran a la alfabetización en sus propios barrios. Promovía dos
instancias de aprendizaje: la instrucción y el apoyo a través de profesores y la construcción de saberes
entre quienes participaban (MDS 2010, 2).
En síntesis, se puede identificar
que el programa Ingreso Social con
Trabajo y Ellas Hacen contribuyen al principio de producción social. Esto
se observa porque, por un lado, contribuye a la conformación de cooperativas
como una forma de trabajo que es distinta a la relación salarial y que promueve
así la participación de sujetos en las decisiones productivas. Por otro lado,
también por el hecho de otorgar una transferencia monetaria que diera una ayuda
concreta para la población desempleada y que, a la vez, pretenda contribuir a
la consolidación de este tipo de cooperativas. Se apuesta al trabajo asociativo
bajo la forma de cooperativa contribuyendo al principio de distribución social,
esto en relación con la apropiación colectiva al establecer un acuerdo
recíproco y solidario.
Se observa que los Programas Ingreso Social con Trabajo, Ellas Hacen y Argentina Trabaja, enseña y
aprende contribuyen a la integración plena poniendo de relieve la
dimensión simbólica vinculada a la inserción relacional, a través de un trabajo
cooperativo y promoviendo el derecho a la educación y la autonomía de las
mujeres que atravesaban una situación de violencia por razones de género.
Ingreso Social con
Trabajo
- Ellas Hacen: aplicación territorial
en Mendoza
Los programas Ingreso Social con Trabajo y Ellas
Hacen se ejecutaron en Mendoza
sin participación del CDR[11]. Se
aplicaron articuladamente entre el MDS de Nación y los municipios de San Martín
y Capital (Zona Oeste), únicos departamentos de la provincia en los que se
implementaron. En la investigación se estableció únicamente contacto con la
cooperativa «Las Guapas» de San Martín, ya que se encontraban en actividad en
el momento del trabajo de campo, mientras que en el departamento de Capital no
se encontró el programa Ellas Hacen
activo.
Desde el Gobierno municipal de San
Martín, se promovió la conformación de una cooperativa que se llamó «Las
Guapas» para desarrollar el programa Ellas
Hacen. La misma obtuvo
personería jurídica en el año 2014 y certificación nacional del INAES
(Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) y estaba compuesta por
33 mujeres.
La difusión territorial del programa
se hizo en el mes de junio del año 2013 y las seleccionadas fueron las mujeres
que no tenían trabajo, con un nivel educativo bajo, mayor cantidad de hijos e
hijas y quienes habían atravesado una situación de violencia de género: «Acá en
el Ellas Hacen somos mujeres con más
de tres hijos o un hijo discapacitado, ellas a través del «Plan Fines» terminan
la primaria o la secundaria, te obligan a ir a la escuela, pero yo ya había
terminado el secundario» (Integrante de Las Guapas, comunicación personal).
En relación a la forma de
funcionamiento del programa, la entrevistada comentó: «se supone que tenemos
que formar una empresa, somos monotributistas sociales el mismo gobierno nos
paga la obra social y la pensión, recibimos los $2.600 pesos por mes
depositados en el Banco Nación (…) Ellos mismos nos pagan el monotributo, no
tenemos facturero, no firmamos nada. Ahora hemos firmado un contrato por un año
más. Argentina trabaja [programa ingreso social con trabajo] se maneja de la
misma manera solo que a ellos los mandan a limpiar barrios o esas cosas»
(Integrante de Las Guapas, comunicación personal).
El trabajo principal que realizaban desde la cooperativa era la prestación
de servicios como ayudantes de celadoras en escuelas y la producción textil.
Esta actividad la realizaban en la casa de una de las participantes de la
cooperativa y con una máquina de coser de una de ellas. En el caso de la
entrevistada y siete compañeras más les designaron el CENS (Centro de Educación
de Nivel Secundario para jóvenes y adultos) de la Escuela Lépez, donde debían
cumplir nueve horas semanales en tres días, es decir tres horas de trabajo por
día. Se les pagaba el sueldo mes a mes, tenían vacaciones acordes con la
institución educativa y obra social para su familia. Este programa era compatible con la
Asignación Universal por Hijo.
La entrevistada resaltó como
positivo del programa acceder y tener un trabajo que le permite contar con
aportes jubilatorios y obra social para sus hijas e hijos: «Yo tenía la
asignación universal cuando mi marido se quedó sin trabajo, yo trabajé toda mi
vida en negro, desde que estoy en el Ellas
Hacen tengo aportes jubilatorios hace dos años». Entre los aspectos negativos, menciona que: «en la escuela
que estoy prestando el servicio soy como pasante, lo bueno sería que me quedara
trabajando, eso es lo injusto, cobro menos de la mitad que un celador y hago
las mismas tareas». (Integrante de Las Guapas, comunicación personal).
En relación
a su aplicación territorial, se observa que estos programas tuvieron un alcance
acotado a determinados departamentos. En el momento de la investigación se
identificó Capital y San Martín, sin embargo, se han encontrado investigaciones
de otras autoras[12] que
han indagado sobre la implementación del programa Ellas Hacen en el departamento de Las Heras.
Programa Monotributo social
El programa de Monotributo Social[13]
es un régimen opcional, simplificado y diferencial, creado en el año 2009 y que
continúa vigente en la actualidad (2020), como categoría permanente bajo la Ley
Nacional N° 26.565. Está destinado a las personas emprendedoras individuales y
asociadas de la economía social. Su objetivo es el fomento del acceso al
sistema formal que permite emitir facturas, acceder a las prestaciones de obras
sociales e ingresar al sistema previsional. También, a través de este programa
se puede acceder a ser proveedores del Estado, mediante la inscripción en el
Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social.
Este programa es compatible con la
Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo para la Protección
Social y las pensiones no contributivas a madres de siete o más hijos/as, y
está destinado, principalmente, a quienes tienen una actividad económica
independiente, proyectos productivos de hasta tres integrantes y que forman
parte de una cooperativa de trabajo con un mínimo de seis personas asociadas.
El monto que pagan cubre el 50% de la obra social y la exención de aportes
jubilatorios, debido a que el Estado lo subsidia y se computa como período
trabajado (no aportado) para la obtención de una jubilación mínima en el
futuro. En caso de que se quisiera incorporar a la familia a la obra social el
monto a abonar sería el mismo por cada integrante.
Por las características del programa
y las posibilidades que ofrece se observa que contribuye al principio de
circulación. El Monotributo permite
ampliar el alcance del intercambio de bienes y servicios, ya que permite la
facturación de los proyectos productivos, aunque dicha comercialización no
necesariamente se realice desde una perspectiva de comercio justo.
En relación a la integración social
del trabajo, se observa que el programa contribuye en dos dimensiones: un
material, vinculada a la inserción ocupacional de las personas; y otra
simbólica, vinculada a la inserción relacional, que habilita el ser parte
activa de los procesos sociales. En tal sentido, se puede decir que el Monotributo Social apunta a una
integración plena de las personas que pasan a ser reconocidas por el sistema
previsional y de obras sociales.
El Monotributo Social
en la provincia de Mendoza
El programa de Monotributo Social en Mendoza se implementó a través del Centro de
Referencia del MDS de Nación, el cual tenía un referente designado que se
encargaba de la realización del trámite, oficiando de nexo entre quienes emprenden, los
municipios y Nación. Este referente era responsable de enviar el formulario
completo al MDS de la Nación para que luego llegarán las credenciales. No se
obtuvieron datos de cantidad de inscriptos por lo que no se pudo analizar el
alcance territorial del programa, pero sí los beneficios y funcionamiento del
mismo.
En la provincia, este programa
permitió la exención del pago de ingresos brutos y ser parte de un registro de
efectores de la economía social para participar en ferias locales. La forma en
que funcionaba el aporte era el siguiente: «Lo que está pagando es un 50% del
valor de la obra social, el aporte está subsidiado, y el acceso es a la
jubilación a la mínima, o sea porque no lo está pagando, lo está subsidiando
directamente el Estado, está aportando más que nada a la obra social» (Referente
del área de economía social en el CDR de Mendoza, comunicación personal).
Programas
Compremos lo nuestro, Emprendedores de nuestra tierra y Marca Colectiva
El programa Compremos lo nuestro pertenecía a la Subsecretaría de
Comercialización de la ESyS del MDS, y estaba destinado a generar espacios de
comercialización como mercados federales y ferias permanentes en todo el país.
Además, se capacitaba a las personas emprendedoras para incrementar el valor
agregado a sus productos, insertarse en nuevos canales de ventas, y conformar
redes colaborativas de trabajo y de comercio regional (MDS 2009).
El programa Emprendedores de nuestra
tierra estaba destinado a impulsar y promocionar el trabajo de artistas,
artesanos y artesanas, y
pequeñas producciones que expresan la identidad cultural argentina, a
través de la participación en ferias, exposiciones, desfiles y eventos masivos
nacionales e internacionales. Asimismo, se promovieron alianzas con empresas y
organismos públicos para compras a gran escala y alianzas estratégicas para
exportar a otros países de la región y del mundo. Su implementación era a
través de la subsecretaría de Responsabilidad Social del MDS.
El programa de Marca Colectiva «una identidad para nuestra economía social» fue
creado por la Ley Nacional N° 26.355 en el año 2008. El mismo buscaba la
identificación de productos y servicios a través de un signo distintivo común y
público para los productos de la Economía Social, en el marco del comercio
justo y solidario.
Los tres programas fomentaban los
principios de circulación y consumo, pero difieren en sus destinatarios:
mientras los programas Compremos lo
nuestro y Marca Colectiva van enfocados específicamente a
potenciar el consumo de productos de emprendimientos de la ESyS; el programa de
Emprendedores de nuestra tierra va
destinado a productos con identidad territorial, sin importar que sean
elaboradas por trabajadores/as de la ESyS.
Se observa que estos programas
apuntan a una integración plena de las personas, sobre todo en relación a la
dimensión simbólica, en tanto cada programa permite el reconocimiento a escala
nacional e internacional de las producciones locales, y también, en el caso de Marca Colectiva, se trabaja en la
construcción de una marca-identidad que distinga los productos o servicios que
ofrecen los emprendimientos incluidos en el programa.
Aplicación de los programas
Compremos lo nuestro, Emprendedores de nuestra tierra y Marca Colectiva en
Mendoza
En Mendoza, el Centro De Referencia
del MDS funcionó como articulador de estos programas que fomentaban,
principalmente, la comercialización a nivel nacional y/o internacional de los
productos con identidad territorial, y de la ESyS. Así lo manifestaba el entrevistado del CDR: «Son
como iniciativas de ferias... también de construcción de ferias, una vez nos
invitaron a la feria de Emprendedores de
Nuestra Tierra y se hacía un desfile en un hotel de San Luis y de acá nos
pidieron emprendedores de calzado de Mendoza, viajaron vinculados al cuero, más
de calzado de mujer y carteras. Entonces por ahí te piden, depende el perfil de
la feria, se busca a veces un lugar top, o con un presentador famoso, y se
convocan emprendimientos en ese rubro, son políticas que tiene el Ministerio,
son políticas nacionales» (Referente del área de economía social en el CDR de
Mendoza, comunicación personal).
El programa Marca Colectiva también
pudo implementarse en Mendoza. A través del Centro de Referencia se gestionaron
tres marcas: Minchequeo Cueros Marroquinería en Guaymallén, Huellas del Vino
Vinos y Bebidas - Asociación de elaboradores de Vinos Caseros de Lavalle; y
Ludóticos (antes se llamaba Jugarte) Asociación de Jugueteros Artesanales de
Mendoza en Capital. Sin embargo, Ludóticos no figura en el catálogo de
emprendimientos 2015 de Marca Colectiva publicado por el MDS de la Nación,
mientras figuran siete marcas provinciales más, en otros departamentos:
●
Manos Nobles Alimentos / indumentaria
/ Servicios- San Rafael.
●
La Malargüina Alimentos- Malargüe.
●
Aprossar Alimentos / Vinos y
Bebidas, Asociación de Pequeños Productores de San Rafael- San Rafael.
●
Brujas Escoberas, Perfumería y
limpieza- Guaymallén.
●
Corralitos Zona Gourmet Alimentos-
Guaymallén.
●
El Patio de Babushka Alimentos /
Vinos y Bebidas / Productos Regionales / Servicios Bowen, Gral. Alvear.
●
La Rañatela Servicios / Estampas,
Cooperativa de Trabajo Reñatela Ltda.- Maipú.
Esto indica que en total, en la
provincia, para el año 2015, había 10 Marcas
Colectivas registradas a nivel nacional con el apoyo de este programa. Las
ventajas que les ofrecía formar parte del programa eran que: «Les da identidad,
reconocimiento, que alguien no te use la marca por no haberla registrado, las
marcas, las mayoría de las marcas de las organizaciones son marcas de fantasía,
marcas que no están registradas, y al no estar registradas se es parte de la
vulnerabilidad y de la informalidad en que la economía social se encontraba y
todavía persiste» (Referente del área de economía social en el CDR de Mendoza,
comunicación personal).
La obtención de la marca fue un
aporte a emprendimientos que ya contaban con antigüedad en el desarrollo de su
actividad económica y eran parte del sistema tributario. Territorialmente, el
50% de las marcas pertenecen a la región metropolitana, el 40% a la región sur
y el 10% a la región noreste (véase Tabla 2 y Figura 1).
Tabla
2. Síntesis de distribución de
cobertura de los programas sociales aplicados en Mendoza por regiones.
|
Nivel
de cobertura de la política social Argentina
Trabaja en la provincia de Mendoza |
|||||
|
Regiones |
Banco
popular de la buena fe |
Manos
a la obra |
Marca
colectiva |
Ellas
Hacen |
Responsabilidad
Social |
|
Metropolitana |
70% |
100% |
50% |
50% |
50% |
|
Noreste |
9% |
0% |
10% |
0% |
0% |
|
Este |
4% |
0% |
0% |
50% |
50% |
|
Sur |
4% |
0% |
40% |
0% |
0% |
|
Valle de Uco |
13% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
Total |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
Fuente:
Elaboración propia, con base en los datos obtenidos en la investigación.
Fuente:
Elaboración propia, con base en los datos obtenidos en la investigación. Año
2018.
Estos programas que promueven el
principio de circulación y consumo están destinados a proyectos ya
consolidados, de carácter artesanal, de cultura identitaria, de larga
trayectoria, y el Centro
De R
Programa Responsabilidad Social
El programa de Responsabilidad Social no se podría identificar dentro de ninguno
de los principios, ni como una forma de ESyS. Sin embargo, se presenta como una
forma de articulación entre actores territoriales de diferentes sectores de la
sociedad, sobre todo como una forma de redistribución social y responsabilidad
del sector empresarial. En tal sentido, en clave de desarrollo territorial, la
propuesta es relevante para proponer vinculaciones económicas más justas entre
sectores que deseen ser parte de un proceso económico social basado en
principios cooperativos, solidarios y sustentables.
Aplicación del programa Responsabilidad
Social en Mendoza
El programa
de Responsabilidad Social se aplicaba en la provincia desde el Gobierno
nacional, cabe destacar que Mendoza cuenta con una Ley provincial Nº 8.488 de
responsabilidad social empresarial a partir del año 2012, entrando en vigencia
a partir de su reglamentación en el año 2014. Con base en el reporte de Sustentabilidad 2014 (MDS
2014) se identificaron tres
experiencias en relación con la ESyS en Mendoza: 1) Puntos limpios -
América recicla, se instalaron dos puntos en la Ciudad de Mendoza; 2) Xinca
sustentable, impacto social y ambiental; 3) Mejoras productivas y compras
inclusivas, en el departamento San Martín.
En el análisis de la política social
Argentina Trabaja en Mendoza se
observa que de los 10 programas de dicha política solo se implementaron de
forma continua y con seguimiento los cinco programas que están cartografiados
más el Monotributo Social. Los mismos
se aplicaron en conjunto con diferentes actores territoriales, el Centro de
Referencia del MDS de Nación y los municipios. Sin embargo, en los programas Compremos lo Nuestro y Emprendedores de Nuestra Tierra, el CDR
actuaba como articulador entre
quienes emprendían y las demandas para ferias o eventos que solicitaban
desde Nación. Asimismo, la mayoría de los programas se aplicaron en la región
metropolitana de Mendoza.
Conclusiones
La implementación de la política
social Argentina Trabaja en la
provincia de Mendoza presenta una fuerte concentración de los programas en la
región Metropolitana. Dicha concentración no contribuye a una perspectiva de
ESyS como una forma de organizar económicamente el territorio a partir de la
aplicación de los principios socio-económicos, sino que queda fragmentada en la
aplicación de cada programa con una concepción de ESyS para los sectores
vulnerados.
En relación al tipo de trabajo que
generan los programas a través de la conformación de cooperativas, siguen
vigentes las nociones de empleo y trabajo asalariado, pero sin el pleno acceso
a todos los derechos de un trabajo en el estadio de integración plena, como se
observó en el caso de Cooperativa Las Guapas. Sin embargo, el programa que se
acerca a una ESyS con fuerte integración simbólica, a través del trabajo
asociativo, es el Programa Manos a la
Obra, que acompañó y otorgó subsidios a proyectos productivos de las
empresas recuperadas de Mendoza.
Cada programa tiene un perfil de
destinatario/a que se caracteriza, en términos generales, por estar en
condición de vulnerabilidad social y económica. En el caso del programa de Microcrédito, un pequeño préstamo a
personas emprendedoras de manera individual; en el caso del Monotributo Social, una forma de incluir
a estos sectores al sistema tributario y previsional dentro de una lógica de
mercado que desconoce la realidad del sector.
En este sentido, la implementación
de esta política nos permite identificar que existe una concepción de política
social asistencial y subsidiaria. Si bien se menciona que está destinada a la
generación de empleo y trabajo autogestivo, los programas que promueven los
principios de producción y distribución social, se siguen destinando a los
sectores que quedan excluidos del mercado de trabajo.
En resumen,
si bien la política Argentina Trabaja
fue una apuesta relevante para abordar la problemática del desempleo, quedó a
medio camino, ya que la concepción de ESyS predominante era asistencial y
focalizada. Es fundamental que se promueva una integración e inclusión plena
que incorpore un abordaje territorial de las acciones políticas; es decir, que
se genere una articulación entre los actores territoriales existente en los
lugares en donde los sujetos de derechos de estas políticas transitan, habitan
y construyen su otra economía posible.
Contribución de las personas autoras: Este artículo recupera, por una parte, los resultados de la investigación
doctoral de Heliana Gómez Carrizo (2019) y, por otra, la investigación doctoral
en curso de Eliana Ortubia Diaz. Es importante destacar que el presente
artículo ha sido elaborado en manera conjunta tanto en la sistematización
teórica como en el análisis de la información producida.
Apoyo financiero: Esta investigación ha sido financiada mediante becas doctorales
otorgadas por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET) de Argentina.
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[1] Resolución 3182/09 Ministerio de
Desarrollo Social. Disponible: http://digesto.desarrollosocial.gob.ar/2017/normaTexto.php?Id=247&organismo=Ministerio%20de%20Desarrollo%20Social
[2] La reproducción de la vida engloba
no solo el sustento material, sino también el modo en cómo se producen las
ideas en la sociedad. Prevalece la racionalidad reproductiva, el desarrollo
basado en la equidad y el bienestar de toda la sociedad (Gómez Carrizo 2019).
[3] Levín, S. Clasificación otorgada por
la Doctora y profesora del curso de posgrado Política social en Argentina, de
la Maestría en política y planificación social de la Facultad de Ciencias
políticas y sociales, Universidad Nacional de Cuyo. Año 2015.
[4]Este modelo asociativo posee fuertes orígenes en el
socialismo utópico del siglo XIX, dando lugar a experiencias concretas de las
cuales surgieron el sindicalismo, las cooperativas, las mutualidades y, más
ampliamente, la economía social (Vuotto 2009).
[5] Se utiliza como base la clasificación creada por Coraggio
(2011), en donde utiliza los términos de principios éticos y principios
económicos para explicar la organización social de la economía.
[6] Las políticas sociales no contributivas son aquellas cuyo
financiamiento no está vinculado a los aportes de la persona beneficiaria y/o empleador/a –que en
Argentina implican el trabajo asalariado formal-, pero la selección de estas
personas beneficiarias está determinada por criterios establecidos ad
hoc (Ciolli 2015).
[7] Ley N° 26.117 Promoción del
Microcrédito para la economía social (2006); Ley N° 26.355 Marcas colectivas
(2008); Ley N° 26.565 Régimen simplificado para pequeños contribuyentes o
Monotributo Social (2009).
[8] Precio del dólar al 31 de diciembre de 2009: 1 dólar =
3,81424 peso argentino. Disponible en: https://www1.oanda.com/lang/es/currency/converter/
[9] Banquito era la forma en que coloquialmente se conocía al Banco Popular de la Buena Fe.
[10] Conformada por los departamentos de
Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras y Maipú y Luján de Cuyo.
[11] El programa Ingreso Social con Trabajo se implementaba directamente entre el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y los municipios, sin vinculación
del CDR Mendoza, por lo que no se consiguieron datos en el momento del trabajo
de campo, por ello se focalizó el análisis en el programa Ellas Hacen.
[12]
Grissi, Liliana e Inés Quinteros. 2015. «Programa
Ellas Hacen». Ponencia presentada en las II Jornadas de Sociología.
Balances y desafíos de una década larga (2001-2015): aportes y debates desde la
Sociología, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, 27- 28 de agosto.
[13] Se tramita en la Dirección Nacional
de Fomento del Monotributo Social y en las provincias en los centros de
referencia.