El
conflicto social por la administración del acueducto municipal en Heredia
(1973-1975)
The social conflict for the administration of the municipal aqueduct in
Heredia (1973-1975)
Diego Montero Hernández
Escuela de Antropología,
Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica
https://orcid.org/0000-0003-0398-9873
Fecha
de recepción: 25 de junio del 2021
Fecha
de aceptación: 14 de noviembre del 2021
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Resumen
Introducción. Este artículo aporta insumos en la generación de conocimiento en
torno a las conflictividades por recursos naturales en Costa Rica, colocándose
en la línea de investigación que ha abordado la relación compleja entre el
Estado Benefactor y la ciudadanía en la segunda mitad del siglo XX.
Objetivo. Se propone
identificar los principales acontecimientos sociales y políticos que se
generaron en la provincia de Heredia a raíz de la administración del acueducto
entre el Concejo Municipal y el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados
a mediados de la década de 1970.
Método. Se utilizó una
metodología cualitativa basada en el análisis de fuentes documentales primarias
de prensa escrita y actas de la Municipalidad de Heredia entre 1973 y 1975.
Resultados. Entre 1973 y 1975
aconteció en la provincia de Heredia una de las conflictividades más reacias en
esa década contra el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados,
resultado de una serie de causas: infraestructurales (malas condiciones físicas
en la red de distribución del acueducto), administrativas (incapacidad técnica
de la municipalidad para garantizar el servicio de agua potable), y político-sociales
(apertura de oportunidades políticas dentro de un ciclo de protesta contra el
SNAA y desarrollo de un marco de acción colectiva).
Conclusiones.
Este caso de estudio muestra que en medio de la época de bonanza del Estado
Benefactor hubo resistencias localistas por parte de distintos actores sociales
en la disputa por el control de recursos naturales ante instituciones públicas
centralistas como el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados.
Palabras Claves: Gobierno municipal, Agua, Gestión de los recursos
hídricos, Movimiento social, Participación comunitaria.
Abstract Introduction. This article provides inputs in the generation of knowledge about conflicts on natural resources in Costa Rica, continuing the field of research that has addressed the complex relationship between Costa Rican citizens and its Welfare State in the second half of the 20th century.
Objective. To identify the main social and political events that were generated in the province of Heredia as a result of the administration of the aqueduct between Heredia Municipal Council and National Service of Aqueducts and Sewers in the mid-1970s.
Method. It was used a qualitative methodology based on the analysis of primary sources, such as newspapers and Heredia Municipal Council´s minutes, between 1973 and 1975.
Results. Between 1973 and 1975 one of the decade’s fiercest conflicts against the National Service of Aqueducts and Sewers occurred in Heredia, as a result of some causes: infrastructural (poor physical conditions in the aqueduct distribution network), administrative (technical inability of the Municipality to guarantee drinking water service), and political-social (opening of political opportunities within a cycle of protest against the SNAA and development of a framework for collective action).
Conclusions. This case study shows local resistances samples in the struggle for natural resources control among various social actors and public institutions, such as National Service of Aqueducts and Sewers, in the midst of boom years of the Costa Rican Welfare State.
Keywords: Municipal government,
Water, Water resources management, Social
movements, Community participation.
Muchos defectos tenemos los
heredianos,
pero hay una virtud que nos une a todos
y nos distingue donde quiera
que estamos:
un apego cerrado y
entusiasta a todo lo que es nuestro.
Luis Dobles Segreda, 1949.
Introducción
A nivel de discusión pública, ha
existido en los últimos años en Costa Rica una preocupación generalizada sobre
el futuro del recurso hídrico, debido a distintas causas como la
sobreexplotación acuífera, la contaminación de cuencas y nacientes, la
explosión demográfica y urbana. La descoordinación institucional, ambigüedad
jurídica y negligencia administrativa por parte de las instituciones del Estado
costarricense se ha traducido en una incapacidad de proveer y asegurar el
derecho al acceso de agua potable a todas las comunidades del país, quienes han
llevado a cabo distintas formas de protesta ante los entes responsables (Fallas
y Agüero 2014).
Ello ha avivado nuevas aproximaciones
sobre diversas conflictividades ambientales, algunas de ellas con perspectiva
histórica (Alpízar 2019; Cañada 2019), como se pretende desarrollar en este
documento. Al recuperar los
principales acontecimientos sociales y políticos que se generaron en Heredia a
raíz del traspaso del acueducto municipal al Servicio Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (SNAA) en el periodo de 1973 a 1975, esta
investigación se coloca dentro de una línea analítica que estudia
las tensiones generadas en la relación entre el Estado Benefactor y la
ciudadanía costarricense en la segunda mitad del siglo XX (Alvarenga 2009).
En
una primera parte se explicitan los referentes teóricos y metodológicos
utilizados. Seguidamente, se hace un
resumen del contexto nacional de la época en cuanto al rechazo que existía
desde distintas comunidades y municipalidades hacia la creación y posterior
gestión del SNAA, lo cual permite comprender mejor el caso herediano, al
insertarlo en una dimensión mayor que el ámbito meramente local.
Profundizando
en el caso de estudio, se muestran los antecedentes del conflicto al intentar
traspasar la administración del acueducto municipal al SNAA y se detallaron los
momentos más álgidos de contienda, describiendo las discusiones a lo interno
del Concejo Municipal, el rol del movimiento social herediano, así como las
respuestas institucionales del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa para mediar
en el conflicto. Finalmente, se hace un balance analítico del caso a la luz de
los elementos teóricos sobre los conflictos ambientales y los movimientos
sociales.
Metodología
Para efectos de
este trabajo se hizo uso de una metodología cualitativa, utilizando como
fuentes primarias las actas del Concejo Municipal de Heredia de los años de
1974 a 1975. También, se utilizaron las notas de periódicos del semanario
Libertad publicadas entre 1974 y 1975, así como, La Nación, La República,
Excelsior y La Prensa Libre para los meses de febrero a mayo del año 1975,
debido a la notoriedad que en esos momentos adquirió la conflictividad a nivel nacional
en los medios de comunicación.
Como fuentes secundarias, se utilizaron
dos trabajos recopilatorios sobre la conflictividad en cuestión. En primer
lugar, un texto de Jamil Reston (1975), quien se encargó de describir este
acontecimiento desde la perspectiva de administración pública y el derecho
municipal. En segundo lugar, una publicación de la Empresa de Servicios
Públicos de Heredia (ESPH) (2003), donde se hace una mención con poca profundidad al contexto social en que
se dio la problemática del agua, ya que su principal objetivo era señalar la
trayectoria histórica de la institución en el suministro de los servicios de
agua y electricidad a la población herediana.
Para el análisis de datos se
creó una tabla en la cual se fueron colocando los acontecimientos más
relevantes de la conflictividad por mes y día. Seguidamente, se incluyeron los
actores sociales principales de los hechos y las palabras clave de los
discursos enunciados por aquellos.
Aproximaciones teóricas
La investigación encuentra
referentes teóricos en las aproximaciones que intentan delimitar la manera de
entender las conflictividades ambientales. Se parte del postulado básico que «no puede existir
conflicto ambiental sin dimensión social» (Fontaine
2004, 506). O sea, se debe evidenciar el componente social en cualquier
conflictividad ecológica, que en muchos casos se encuentra mediado por un
movimiento social.
Dentro de las
diferenciaciones que se han hecho entre los distintos tipos de conflictividad
ambiental se encuentra el planteamiento de López (2011), para quien los
conflictos ambientales son aquellos donde exista la alteración de un recurso
natural dado, sea renovable o no, por ejemplo, a través de un proceso de
erosión, deforestación y contaminación. Mientras que los conflictos por los
recursos se caracterizan por la disputa en relación a la posesión de un recurso
dado, es decir, «lo
fundamental es la posesión y/o utilización del recurso, lo cual genera disputas
entre los actores interesados»
(López 2011, 9).
En otra
clasificación, Folchi (2001) distingue entre conflictos ambientales y
conflictos de contenido ambiental. En los primeros la naturaleza aparece como
un bien en sí mismo, mientras que los conflictos de contenido ambiental se
producen cuando se tensiona la estabilidad histórica entre una comunidad y su
hábitat, «esto
ocurre como consecuencia de la acción de algún agente extraño que altera o
pretende alterar las relaciones preexistentes entre una comunidad y su ambiente» (Folchi 2001, 91).
Por otro lado, de
acuerdo con Munck (1995), bajo el concepto de movimiento social se engloban los
tipos de acción colectiva orientados hacia el cambio, a lo que debe agregarse
que como agrupación de personas comparten objetivos, solidaridad e identidad
común. Para Tarrow (1997), un movimiento social tiene a su disposición cuatro
recursos externos e internos: 1) la estructura de oportunidades políticas, que
se refiere a dimensiones del entorno político «que ofrecen incentivos
para que la gente participe en acciones colectivas al afectar a sus expectativas
de éxito o fracaso» (Tarrow
1997, 155); 2) el repertorio de acción colectiva, vista
como aquellos tipos básicos de violencia, disrupción y convención que tiene a
su disposición los movimientos y que han sido transmitidos históricamente; 3) la
estructura organizativa, es decir, cómo se coordina a lo interno del
movimiento, la relación entre figuras de liderazgo y las bases simpatizantes; y
4) los marcos de acción colectiva, que son los procesos de alineamiento de
marcos de significado que potencien la identificación de personas con el
movimiento, así como la situación problemática, los culpables y las soluciones (Chihu
2021).
El
contexto nacional de rechazo hacia el SNAA
La creación del SNAA
Luego
de la Guerra Civil del 48, previo a la creación del SNAA, ya existían indicios
de la tensa relación que se tejía entre una herencia localista y un empuje
centralista que promovían los nuevos sectores políticos en el poder en relación
a la gestión del servicio de agua potable en Costa Rica.
La
normativa en cuanto a la administración municipal del agua se puede rastrear
desde la legislación del año 1884 cuando se emitió la primera ley de aguas en
la coyuntura de las reformas liberales (Alvarado 2003). Esta regencia se
mantuvo en la Ley N.º 272 del año 1942, que señalaba: «las aguas de las
cañerías actuales para el abastecimiento de poblaciones continuarán
administradas por las respectivas municipalidades o Juntas encargadas como lo
están al presente» (Ley de Aguas, artículo 41, sección III). También, con la
promulgación de la Ley N.º 1634 del año 1953, se
ratificaba que las municipalidades continuarían teniendo a su cargo «la
administración plena de los sistemas de abastecimiento de aguas potables que
estén bajo su competencia» (Ley General de Agua Potable, articulo 5).
En
ambas legislaciones se dejaba claro que las municipalidades seguirían siendo
las administradoras hasta tanto el Poder Ejecutivo no decretara la
nacionalización del servicio, o en caso de que dichos entes locales no estuviesen
técnica y administrativamente capacitados para efectuar trabajos de reparaciones
o extensiones por sí mismas (Morales 2012).
A
finales de la década de 1950, se presentaron tres proyectos de ley tendientes a
suplantar la administración local del agua por una nacional, encontrándose
actores políticos que formaban parte del Partido Liberación Nacional, y de
otros sectores más conservadores, como el Partido Unión Nacional y el Partido
Republicano. Lo que demuestra la existencia de «un consenso básico con respecto
a… un nuevo modelo de Estado, caracterizado por la industrialización,
centralización y equilibrio social» (Morales 2012, 64-67).
Finalmente,
en abril de 1961, con Mario Echandi Jiménez como presidente de la república, se
creó el SNAA mediante la Ley N.º 2726. A partir de este momento se centralizó el
servicio de agua potable, sustituyendo a los dos ministerios involucrados y a
las municipalidades en las funciones antes encomendadas con respecto a este
servicio (Alpízar 2012).
Las oposiciones locales
Una
vez que surgió esta nueva institución, las voces de protesta desde distintos
actores no se hicieron esperar. Hubo dos actores claves en cuanto al rechazo al
SNAA: las juntas progresistas locales y las municipalidades.
Desde
el proceso de discusión parlamentaria las autoridades municipales habían
mostrado preocupación ante la eminente creación del nuevo ente administrador y
la pérdida de sus funciones en el servicio de agua. Se llegó a conocer que la
Municipalidad de Heredia envió dos notificaciones posicionándose en contra
(Morales 2012). Mientras que las juntas progresistas fueron las encargadas de
llevar la batuta de lucha contra el SNAA, contando en muchos casos con el apoyo
de distintas autoridades municipales (Alvarenga 2009).
Con
la nueva institución la población ya no contaba con la misma capacidad de
incidir y reclamar por el servicio de agua que recibían al quedar en manos de
una entidad burocrática que hallaban muy lejos de su cotidianidad local. Precisamente,
el carácter localista en las demandas de las comunidades, es lo que en palabras
de Alvarenga (2009), fue una de las causas de que no se pudiera gestar una
organización a un nivel más amplio que agrupara a todas ellas. Sin embargo,
como se abordará más adelante, en medio del conflicto herediano fue posible observar
un intento de organización nacional contra el SNAA.
La conflictividad por el
acueducto municipal
El
traspaso del acueducto
Para el año de 1973, cuando se hizo
el censo de población, la ciudad de Heredia contaba con veintidós mil
setecientos habitantes, el doble que tenía a mitad de siglo (Meléndez 2001). La
expansión urbana tomaba cada vez más fuerza en el área central del país, debido
en parte a la llamada migración centrípeta (Hall 1984), lo que trajo consigo
que los otrora campos dedicados al agro, en especial al café, dieran paso a amplias
zonas urbanas.
Para ese momento, el SNAA identificó
que el acueducto herediano presentaba serias deficiencias en distintos
aspectos. Por ejemplo, las captaciones de las fuentes y los tanques de
almacenamiento se encontraban en muy malas condiciones; las líneas de
conducción databan de mucho tiempo, por lo que eran insuficientes para
abastecer a una población que había crecido más del doble desde que fueron
instaladas. Las condiciones anteriores repercutían de manera especial en la
calidad del agua que brindaba el gobierno local, tal y como lo revelaron los
exámenes técnicos del Ministerio de Salud que la establecían como no potable y
peligrosa para salud (Meléndez 2001).
Para octubre de 1973 el Concejo
Municipal herediano acordó por unanimidad adherirse al plan de emergencia que
establecía que en caso de que se traspasara la administración del acueducto
debía ser al SNAA. Conforme transcurrieron los meses y mientras se estaba a la
espera de la firma de la resolución del Concejo, se convocó a un cabildo
abierto para discutir el asunto del traspaso, pero en las fuentes consultadas
no se pudo conocer si este finalmente se realizó. No fue hasta abril del año
1974 que se firmó el acuerdo, el cual indicaba que el traspaso del acueducto iba
a hacerse efectivo a partir del primer día de enero del 1975.
Como se verá, dicho traspaso no iba a
ser tan sencillo, ya que algunas personas estaban dispuestas a llegar hasta las
últimas consecuencias con tal de evitarlo. Motivadas, en parte, por el cambio
en la integración de miembros del Concejo Municipal a partir del primero de
mayo de 1974, producto de las elecciones municipales cuatrianuales.
Aun así, estudiantes del colegio
nocturno de Heredia, agrupados en el autodenominado Comité Pro-Agua Potable,
realizaron una manifestación y acudieron a una sesión del Concejo para entregar
una carta con las demandas que hacían en relación al problema del agua. Con
ello pretendían hacer presión para que se diera el traspaso del acueducto al
SNAA. Afirmaron que poseían análisis de laboratorio que arrojaron resultados
alarmantes sobre la calidad del agua que recibían los usuarios (Libertad,
22 de junio de 1974).
El intento de creación de la JASAH
La oposición al traspaso del
acueducto creció al amparo, principalmente, de un sector del nuevo gabinete del
Concejo Municipal, comandada por el regidor Rodríguez (presidente municipal) y
el regidor Salas (vicepresidente municipal), nombrados en las elecciones a
inicios de 1974, como se mencionó anteriormente.
Como una última alternativa para que
la municipalidad continuara administrando el servicio, dos miembros del Concejo
prepararon una moción, con el fin de que se creara la Junta Administrativa del
Servicio de Acueducto de Heredia (JASAH), la cual se iba a encargar en plena
autonomía de manejar el patrimonio municipal «tal y como el pueblo de
Heredia lo quiere y lo ha sostenido durante la «lucha
de la resistencia» que hoy parece llegar a su fin
pacíficamente» (Actas Concejo
Municipal de Heredia 10 de diciembre de 1974).
Las personas adeptas quedaron juramentadas en la sesión municipal siguiente, y
estuvo integrada por cuatro personas que representaban a la ciudadanía y una
más representante de la municipalidad (Actas Concejo Municipal de Heredia, 13 de diciembre de 1974).
El SNAA intentó apelar la medida, pero el Concejo Municipal la rechazó. Inclusive,
el regidor Salas acusó que dicha institución quería conectar un ramal de la
cañería de la provincia para llevar agua a San José, por lo que debía
prohibírseles los permisos para los trabajos en caminos locales (Actas Concejo Municipal de Heredia, 20 de diciembre
de 1974).
A inicios de 1975 la Contraloría
General de la República (CGR) declaró nulo el acuerdo de creación de la JASAH, alegando
que para que la junta pueda operar con recursos públicos ocupa de una ley de la
Asamblea Legislativa (Actas
Concejo Municipal de Heredia, 3 de enero de 1975).
Esto provocó que el regidor Salas protestara enérgicamente, desconfiando de la
CGR y su subdirector, manifestando que a pesar de «ser herediano, considero
y estoy casi seguro que está enmarcado dentro del diez por ciento que está a
favor del SNAA» (Actas
Concejo Municipal de Heredia, 7 de enero de 1975).
Ese dictamen de la Contraloría provocó
que el SNAA comenzara la administración del acueducto, tal y como se tenía
proyectado para el 1 de enero. Si bien algunos miembros del Concejo se resignaron
a aceptarlo, otros aún se aferraban a la idea de evitar a toda costa que tal
entidad operara en el cantón, lo que vino a marcar una línea divisora a lo
interno de la entidad municipal, que se intensificó durante los meses
siguientes.
Amenazas y agresiones en el Concejo Municipal
Luego del intento de la JASAH, otra
de las medidas que utilizó la oposición fue la propuesta de un censo entre los
usuarios para conocer su opinión en torno a la administración del acueducto por
parte del SNAA. En paralelo se propuso nuevamente organizar un cabildo para que
fuese la ciudadanía quien tomara la decisión final sobre ese asunto (Actas
Concejo Municipal de Heredia, 28 de enero de 1975).
El regidor Chaverri proponía, al
contrario, dialogar con el SNAA, mientras criticaba al presidente y
vicepresidente municipal por obstaculizar el alcance de una solución efectiva. Del
mismo modo, el regidor Arias, otro de los ediles que tomaron el camino de
aceptar la administración del SNAA, indicó que la celebración del cabildo era «una perfecta
charlatanería y una burla al pueblo que ha creído en algunas personas. Es
lamentable que el pueblo sea engañado y persuadido de hacer un movimiento
público sobre una cosa que ya es ley» (La Prensa Libre, 11 de febrero de
1975). Además, Chaverri y Arias se pronunciaron en contra de una demanda que acordó
interponer el gobierno local contra el SNAA por la supuesta apropiación de
mercadería, materiales y utensilios de propiedad municipal (La Prensa Libre,
4 de febrero de 1975).
Para esos momentos la situación había
adquirido tintes más agresivos en cuanto a los grupos vecinales que se oponían
al traspaso. El regidor Arias afirmaba que cuando ellos propusieron derogar el
cabildo, «estallaron
los chiflidos, los insultos, no se podía hablar. Todo ello ante la mirada de un
presidente municipal gustoso de lo que sucedía… nos pide que retiremos la
moción o que, si no, él la retira» (La Prensa Libre, 12 de febrero de
1975). Además, agregaba que habían «sido amenazados, insultados y
ridiculizados. Muchas veces hemos tenido que pedir el auxilio de la fuerza
pública para poder salir del recinto municipal ante el peligro de ser agredidos
por las turbas» (La Prensa Libre, 11 de febrero de 1975).
Según informó la prensa, eso no
impidió que cuatro regidores fueron heridos por unas treinta personas:
«El
Ing. Olman Cordero, sufrió una agresión en el ojo izquierdo y rostro. El Lic.
Danilo Chaverri, también fue perseguido y tuvo que refugiarse en su vehículo.
Juan Victoriano Víquez, otro miembro del Concejo, fue bañado con tomates, y
todo esto sucedió porque aparentemente estas personas se manifestaron a favor
del traspaso» (La Prensa Libre, 11 de febrero de 1975).
Probablemente a raíz de esos hechos,
para la sesión del 21 de febrero varios policías, «debidamente equipados con
bombas de gases lacrimógenos, máscaras y batones antimotines» (La Prensa
Libre, 22 de febrero de 1975), se hicieron presentes en el palacio
municipal para evitar agresiones. Antes de terminar dicha sesión se logró
aprobar una moción del presidente y vicepresidente municipal, la cual exigía que
los y las funcionarias del SNAA debían retirarse de Heredia por los
acontecimientos violentos que estaban sucediendo; achacándoles la
responsabilidad de «la
sangre y los daños materiales que eventualmente puedan ocurrir» (Actas Concejo
Municipal de Heredia, 21 de febrero de 1975).
Por otro lado, el SNAA daba muestras
de seguir luchando por la administración del acueducto. En efecto, denunciaron
a la municipalidad ante el Ministerio de Salud por las acciones que hacía para
paliar la escasez de agua, que implicaron la interconexión de la cañería de un
tanque con aguas industriales provenientes de fincas cafetaleras, lo que podía
provocar un grave peligro de epidemia. Además, utilizaron la prensa para
informar a la ciudadanía herediana que la municipalidad no podía cobrar por el
servicio de agua, dado que el SNAA era la única institución legitimada para
ello (La Prensa Libre, 1 de abril de 1975).
Intensificación del conflicto
Según se describe en las fuentes
consultadas, la tensión en la ciudad aumentaba cada vez más debido a la
oposición al SNAA. Por ejemplo, se relata que alrededor de quinientas personas
hicieron un bloqueo de vehículos en la entrada de Heredia desde la mañana y por
varias horas para manifestarse en contra del traspaso (Reston 1975).
Los y las vecinas alteraban las
válvulas sin autorización y colocaban letreros en las casas y carros con la
consigna de «SNAA
no». Un manifestante en una sesión municipal pedía al pueblo herediano defender
el acueducto, pidiéndole a la municipalidad que actuara o dejase «al pueblo actuar en
debida forma echando al SNAA fuera de Heredia, pues la paciencia franciscana se
está agotando… con tal de que este acueducto siga siendo propiedad de los
heredianos» (Actas Concejo Municipal de Heredia, 11 de marzo de 1975).
Según la prensa, en las afueras del
edificio municipal también se daban llamados a la violencia: «Heredia en 1975 se había
convertido en un circo. Por fuera del edificio municipal, se reunía una turba a
gritar consignas y mostrar pancartas contra el SNAA. A los regidores les daba
miedo salir y ser agredidos nuevamente. Heredia se encontraba literalmente «en
pie de guerra». La gente joven hacía fiesta frente al Palacio Municipal» (La
Prensa Libre, 18 de abril de 1975).
Uno de los aspectos que más
sobresalen en esta coyuntura fue el papel que se le atribuía a la juventud en
los actos de violencia. En una referencia al colectivo estudiantil de la recién
fundada Universidad Nacional (UNA), se afirmaba que estos «gritaban que tiraran a
los regidores por la ventana. A los fotógrafos de prensa los perseguían porque
decían que eran pagados por el SNAA» (La Prensa Libre, 18 de abril de
1975).
Un ejemplo de la magnitud que
adquiría la conflictividad fueron las llamadas que afirmaba recibir la comandancia
de policía en horas de la madrugada con amenazas de secuestros y colocación de
bombas (ESPH 2003). Es probable que por esta razón el mismo comandante a cargo de
Heredia emitió un comunicado a la ciudadanía herediana, aclarando su deseo de
que «la
tranquilidad característica de nuestra provincia no sea rota en ningún momento.
Espero confiado de que la ciudadanía herediana sabrá imponer su cordura en
momentos y en situaciones en que la violencia quiera salir a relucir… demostremos
que Heredia sigue siendo la cuna de la cultura costarricense» (La Prensa
Libre, 12 de abril de 1975).
Sin embargo, posteriormente dejaba
entrever que no iban a seguir permitiendo actos de violencia: «Debo dejar claro que, con
las facultades legales que se me han otorgado y en cumplimiento del servicio de
protección que me ha sido encargado garantizo a la ciudadanía herediana el
mantenimiento del orden público y de la seguridad física de las personas a
costa de cualquier sacrificio» (La Prensa Libre, 12 de abril de 1975).
La preocupación por el «orden social» también se
presentaba en las organizaciones comunales. Por ejemplo, la Asociación de
Desarrollo Integral de Barreal le solicitó a la magistratura del Tribunal
Supremo de Elecciones que intervinieran en la situación, específicamente en la
protección de quienes estaban a favor del SNAA: «El presidente y
vicepresidente municipal, con lenguaje demagógico e irresponsable y con fines
que no se definen alientan a la masa despersonalizada para que irrespeten las
leyes del país, agredan a los estimables Regidores que responsablemente
difieren del modo de pensar de ellos… Así las cosas, el desorden y la anti ley
reinan en el Concejo. En la calle el matonismo y la violencia contra propios y
visitantes, toda secuela del ejemplo que emana del ayuntamiento» (La Prensa
Libre, 17 de abril de 1975).
En efecto, los miembros del Concejo
Municipal referidos habían dejado de asistir a las sesiones dadas las amenazas
y agresiones de las que habían sido objeto. Ante estas ausencias, el presidente
municipal les retiró la credencial a una regidora y a un regidor sin la autorización
oficial del Tribunal Supremo de Elecciones. Así lo señaló a la prensa uno de
los ediles afectados: «Se
han mandado a imprimir libretos difamatorios contra mi persona, que fueron
repartidos en muchos hogares de Heredia; que se instigó repetidamente a la
violencia hasta que produjeron lesiones a varios regidores y a mí me tiraron
gradas abajo por las escaleras del edificio municipal, mientras salvaje y
cobardemente me daban de puntapiés. Mientras esto sucedía el presidente
municipal rehusaba el auxilio de la fuerza pública para mantener el orden» (La
Nación, 22 de abril de 1975).
Bajo este panorama, un ciudadano denostó
los actos de violencia que ocurrían indicando que no era «posible seguir ignorando
el problema que un grupo de exaltados de la Ciudad de Heredia, dirigidos por un
termocéfalo, ha creado… El localismo estrecho no puede imponerse a la visión
total de un servicio» (La Prensa Libre, 18 de abril de 1975).
Intervención del Poder Ejecutivo y la Asamblea
Legislativa
Para ese momento la situación
conflictiva había escalado a un nivel en el que fue necesaria la intervención
del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. De esta última se pronunciaron
tres representantes de la provincia herediana, quienes señalaron que estaban
unidos para todo aquello que «signifique
el bienestar, progreso, desarrollo y tranquilidad de nuestra provincia…
Consideramos que se impone de inmediato que la paz y la tranquilidad vuelvan al
seno de nuestra Corporación Municipal» (La Nación, 23 de abril de 1975).
El llamado Comité Cívico de Heredia
comenzó a jugar un rol protagónico en la mediación de conflicto, esto se ve reflejado
en la carta que el presidente de la república, Daniel Oduber Quirós, le envió
al presidente de dicho Comité, en la que se propuso por primera vez la
integración de una comisión técnica, financiera y política que estudiara el
problema, la cual podía ser coordinada por tres representantes legislativos
heredianos (La República, 20 de abril de 1975).
En días posteriores a lo interno del
Concejo Municipal se decidió integrar una comisión para que se reuniera con
Oduber Quirós, la cual estuvo conformada por el presidente municipal, el
presbítero herediano y otro miembro del Concejo (La Prensa Libre, 23 de
abril de 1975). En dicha reunión estuvo presente el ministro de seguridad,
Mario Charpantier Gamboa, quien manifestó que el problema del acueducto debía
mantenerse alejado de la dinámica política interna por la elección municipal
venidera (La República, 23 de abril de 1975). Efectivamente, para esos
días ya se contemplaba cual iba a ser el panorama político para el cambio de
gabinete municipal del 1 de mayo, ya que la incertidumbre se daba en relación a
la ausencia a las sesiones de algunos regidores que, como se ha visto, habían
sido víctimas de amenazas y agresiones.
El Concejo Municipal aprobó enviar
una nota al presidente Oduber Quirós para manifestarle que estaban de acuerdo
con la medida, reconociendo el papel que había cumplido el Comité Cívico de
Heredia en la búsqueda de soluciones (La Nación, 28 de abril de 1975). A
pesar de eso, el regidor Salas había acusado días antes que los miembros que
presidían el Comité eran pagados por el SNAA para manifestarse a favor del
traspaso del acueducto (Actas Concejo Municipal de Heredia, 22 de abril de
1975).
Con la mediación del Poder Ejecutivo
y la Asamblea Legislativa parecía se llegaba a una solución de la conflictividad.
El Partido Vanguardia Popular (PVP), de corriente izquierdista, se pronunció
con un pliego de garantías a favor de una salida intermedia, indicando que era
necesario «que
los que se oponen al traspaso, al igual que los personeros del SNAA, poniendo
los pies en el suelo y los intereses del pueblo por encima de su vanidad
personal, se dispongan al dialogo y al acuerdo» (Libertad, 26 de abril
de 1975).
Apoyo para el movimiento contra el SNAA
Por otro lado, en las acciones
contenciosas de los grupos vecinales opositores aún parecía existir la
convicción de que el SNAA no iba a tomar posesión del acueducto. Lo cual
coincidía con la lucha de otras comunidades a lo largo del país. Por ejemplo, a
mediados de abril de 1975 se informaba de un cabildo abierto en el cantón de Acosta
de San José, donde personas participantes atacaron al SNAA por el deficiente
servicio que prestaba a la población. En el cantón de Grecia de Alajuela, un
comité pro defensa de las cañerías preparaba una manifestación contra el
servicio brindado por la misma entidad (La Nación, 16 de abril de 1975).
Del mismo modo, la Asociación de Estudiantes Universitarios Sancarleños le
envió una nota al Concejo Municipal de Heredia en la cual explicaban que se
habían «visto
obligados, por el deber de ciudadanos concientes [sic], a dirigirnos a
vuestra honorable Corporación Municipal, para llevar hasta ustedes nuestro
mensaje de solidaridad en su lucha contra el SNAA» (Actas Concejo Municipal de
Heredia, 15 de abril de 1975).
El apoyo que la oposición herediana
al SNAA recibió de parte de otras organizaciones comunales fue tal que se
acordó realizar una concentración conjunta en esta ciudad para el 27 de abril
de 1975 (véase Figura 1). Con el objetivo de «fijar objetivos, métodos,
sistemas y la posible financiación que garantice hacer realidad este movimiento»
(Libertad, 26 de abril de 1975).
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Figura
1. Manifestantes anti-SNAA en concentración
en la provincia de Heredia. 1975
Fuente: La Prensa Libre, 28 de abril de 1975, 2.
Según se informó, asistieron cerca de
dos mil personas que se congregaron al costado del parque central, con
representantes de todos los cantones de Heredia, de los comités de lucha de Acosta,
Escazú, Tibás, Santa Ana, Grecia Naranjo, Ciudad Quesada, Atenas, Pérez
Zeledón, Turrialba, Limón y una comitiva de la Asociación Nacional de Juntas
Progresistas (La Prensa Libre, 28 de abril de 1975). Por ejemplo, una
representante de
Naranjo «enfatizó su posición diciendo que “si no
se defiende el agua de Heredia con serenidad, habrá que hacerlo a puñetazos y
valientemente”. Claudio Barrantes, de Santa Ana, expresó que “los malos hijos
que quieran entregar el acueducto al AyA[1],
deberían incluso ser borrados de las listas de actas de nacimiento de Heredia,
porque no merecen ser hijos de la ciudad”. Pidió apoyo a los comités presentes
para asistir a la sesión del 1 de mayo en Heredia» (Excelsior, 28 de
abril de 1975).
Además, uno de los oradores en la
concentración fue el regidor Rodríguez, en ese entonces todavía presidente
municipal, quien recordó la oposición herediana que hubo once años atrás cuando
se impidió por primera vez que el SNAA tomara el acueducto municipal. Terminó
señalando que esa institución era «el flagelo más grande que existe en Costa
Rica» (Excelsior, 28 de
abril de 1975).
El incidente en La Delfina
La prensa había estado informando en ese
momento que, anudado a los acontecimientos de los grupos vecinales opositores
al traspaso, en la ciudad herediana se habían reportado muchos casos de robos y
asaltos. Un lugareño describió la situación manifestando que se sentía «en el
ambiente de la ciudad un clima de zozobra y de intranquilidad, pues amagos de
violencia ya iniciados en pequeños sucesos, se anuncian en forma más
tormentosa» (La Nación, 29 de abril de 1975).
El estado de tensión que se vivía en la
ciudad de Heredia en aquella ocasión tuvo como consecuencia el siguiente
suceso: para la tarde del 29 de abril de 1975 dos patrullas de la Guardia Civil
se hicieron presente a una finca conocida como La Delfina, porque se recibió una
llamada anónima alertando sobre un grupo de jóvenes que se encontraban en las
inmediaciones, al parecer consumiendo marihuana (Excelsior, 30 de abril
de 1975). De acuerdo con la versión policial, al acercarse al terreno los
oficiales fueron recibidos con disparos, a los cuales respondieron con el uso
de metralletas y fusiles, matando a dos jóvenes en el lugar -como se puede
observar en la Figura 2- e hiriendo a otros tres; uno de los cuales murió en el
hospital al día siguiente (La Prensa Libre, 30 de abril de 1975).
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Figura
2. Personas ayudando a cargar los cuerpos de
los jóvenes asesinados en la finca La Delfina de Heredia. 1975
Fuente: Excelsior, 30 de abril de 1975, 4.
Días después algunas personas
mostraron su repudio por esta acción policial. Por ejemplo, un ciudadano afirmó
a la prensa que «como abogado, pero sobre todo como costarricense, protesto vehementemente,
de la masacre de Heredia» (La Nación, 4 de mayo de 1975). Otro manifestó
que «es repudiable que en un país democrático […] las autoridades que han
recibido instrucciones sociales y militares procedan como lo hicieron en
Heredia» (La Nación, 12 de mayo de 1975). Mientras tanto, el PVP se protestó
que tres de sus dirigentes fueron detenidos de manera arbitraria cuando
distribuían un pronunciamiento del partido exigiendo que se iniciara una
investigación sobre los hechos ocurridos en La Delfina (Libertad, 17 de
mayo de 1975).
Más allá de las distintas versiones
sobre lo acontecido, lo que interesa es mostrar la relación que tuvo este
suceso con el ambiente de tensión que existía a raíz del traspaso por el
acueducto. Por ejemplo, algunas personas pensaron, en primera instancia, que la
balacera era producto de la conflictividad; «que los ánimos que se han venido
caldeando por el movimiento contra el SNAA habían estallado en violencia» (La
Prensa Libre, 30 de abril de 1975). Una vecina recordó, décadas después,
que en ese instante «se escucharon sirenas de ambulancias y patrullas muy cerca
de la casa y mi madre pensó que se debía a los problemas del acueducto» (ESPH
2003).
Disturbios en la elección municipal
Las conversaciones que había
mantenido el presidente de la república con la municipalidad y el Comité Cívico
de Heredia, y la anuencia a apoyar la creación de la comisión de alto nivel,
habían generado la sensación de que el conflicto entre las partes involucradas se
había resuelto. Según Oduber Quirós, «todo trascurrirá normalmente el próximo
primero de mayo» (La Nación, 29 de abril de 1975), fecha programada para
la elección del nuevo directorio del Concejo Municipal. Sin embargo, los hechos
siguientes mostraron que no fue así.
Desde tempranas horas de la mañana del
1 de mayo de 1975 se encontraban grupos vecinales congregados alrededor del
parque central con pancartas en contra del SNAA, esperando la sesión municipal.
Un cordón policial había cercado la entrada al palacio municipal, con el fin de
evitar posibles agresiones a los miembros del Concejo Municipal que habían
mostrado apoyo al SNAA, quienes ingresaron por la parte de atrás del edificio.
Al ser la hora de inicio, el regidor
Rodríguez -como presidente municipal aún en cargo- se negó a abrir la sesión,
alegando que lo haría una vez se quitara el cerco policial y se permitiera el
ingreso de personas al salón. Algunos miembros le solicitaron al regidor Salas
-en función de vicepresidente- que se encargara de hacerlo, pero este también se
negó, alegando que «no
estábamos en Cuba ni en Nicaragua» (La Nación, 2 de mayo de 1975). Como
medida alternativa para iniciar el procedimiento, se propuso escoger al edil
con mayor edad para que asumiera la sesión y se realizara la votación.
Luego de que se procediera de ese
modo, los regidores Rodríguez y Salas hicieron abandono del salón alegando que la
votación era ilegal; acompañados de tres regidores suplentes, quienes rompieron
las boletas de votación a manera de protesta. Según señaló la prensa, en ese
instante varias piedras fueron lanzadas desde afuera, quebrando algunas
ventanas del inmueble. Por lo que se acordó levantar la sesión y que los
miembros restantes del Concejo Municipal se mantuviesen dentro del edificio
para evitar posibles agresiones (La Nación, 2 de mayo de 1975).
En las inmediaciones exteriores del
palacio municipal, la policía fue replegada para contener a las personas
manifestantes. Después de un intento de agresión hacia el ministro de seguridad
Charpantier Gamboa, quien se apersonó al sitio, se ordenó a los oficiales que
se replegaran y lanzaran gases lacrimógenos a los y las manifestantes, tal y
como se aprecia en la Figura 3.
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Figura
3. Disturbios en las afueras del palacio
municipal de Heredia. 1975
Fuente: Excelsior, 2 de mayo de 1975, 6.
En adelante, comenzó lo que los
medios de comunicación denominaron una «batalla campal» en el
centro de Heredia, donde las personas manifestantes bloquearon las calles, lanzando
piedras y demás objetos contundentes a la policía (véase Figura 4).
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Figura
4. Enfrentamiento entre personas
manifestantes y la policía en el centro de Heredia. 1975
Fuente: Excelsior, 2 de mayo de 1975, 7.
Algunos comercios fueron saqueados,
mientras otras personas se apoderaban de mercadería de los tramos del mercado
central (Excelsior, 2 de mayo de 1975). Inclusive, se tuvo
que detener el funeral de uno de los jóvenes que murieron asesinados en el
incidente de la finca La Delfina. Según el testimonio de una participante «No podíamos salir de la
iglesia, porque por toda la ciudad había disturbios, muchos policías y lanzamiento
de gases lacrimógenos… La gente con palos, piedras y mecates estaba furiosa…
estaba histérica, todo era un caos, unos corrían, otros lloraban, fue terrible
la confusión» (ESPH 2003, 38).
Una estudiante afirmó que nunca había
visto «una
expresión de militarismo como esta… El lanzamiento de poco más o menos diez
piedras no ameritaba esto, pelotones de la guardia por todos lados» (Excelsior, 2 de mayo de 1975). Un diario recreaba la escena de la siguiente
manera: «Mujeres
desmayadas. Niños llorando. Padres de familia insultando a la policía porque
estaban tirando los gases… El Presbítero Miguel Benavides intentaba en vano
calmar los ánimos» (La República, 2 de mayo de 1975). En horas de la tarde, cuando se informó que
pudo controlarse la situación y no hubo más disturbios durante el resto del día,
se contabilizó un saldo de tres heridos, catorce afectados por los gases lacrimógenos
y veinticinco detenidos, uno de los cuales fue el regidor Salas (Reston 1975).
En la tarde noche del día siguiente
el Concejo Municipal intentó sesionar nuevamente. Según el coronel de policía
se recibió información que «miembros
del hampa de San José se habían trasladado a Heredia para provocar motines y
saqueos» (Excelsior, 3 de mayo de 1975). Precisamente,
otro contingente de personas se presentó en las afueras del edificio municipal
para volver a protestar, lanzando piedras en el sitio, por lo que la policía
detuvo a cuatro personas más al final de la jornada.
Fin de la conflictividad
Luego de los acontecimientos descritos,
las fuentes consultadas no reportaron otros disturbios similares en los días
siguientes. Se escogió un nuevo directorio en el Concejo Municipal que intentó
mantener el acuerdo de creación de una comisión de alto nivel que decidiría el
futuro de la administración de acueducto. Efectivamente, la comisión quedó
integrada por el nuevo presidente municipal -regidor Arias-, un miembro del
Comité Cívico de Heredia, el presidente ejecutivo del SNAA, un delegado del
Poder Ejecutivo, dos representantes de la ciudadanía herediana y el rector de
la UNA, Benjamín Núñez Vargas (ESPH 2003).
El Concejo Municipal solicitó que
fuera la antigua Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal la que
se hiciese cargo temporalmente del acueducto mientras se dictaminaba la
decisión final, en tanto esta gozaba de prestigio dentro de la comunidad
herediana y contaba con experiencia en la administración de servicios públicos
(Reston 1975). En las semanas siguientes, la comisión de alto nivel hizo
público su informe de la situación del servicio de agua en los meses
anteriores. Entre otros aspectos manifestaron que en esa coyuntura «se organizaron grupos de
vecinos que operaban las válvulas a diestra y siniestra, sin ningún criterio
técnico… la situación fue sumamente critica mientras se lograba restablecer el
control sobre la red, y se eliminaban desvíos del agua que iba a la ciudad, que
personas inescrupulosas habían realizado en la zona alta del acueducto. Es
lógico que durante este período mucha gente llegara a estar al borde de la
desesperación» (Reston, 1975).
La administración se mantuvo de esa
manera por el resto de ese año, hasta que a principios de 1976 comenzó a
germinar la idea de integrar el servicio de electricidad y agua potable en una
sola empresa de servicios públicos que formara parte de la municipalidad, pero
a la vez tuviera autonomía en sus decisiones y autofinanciación con un
patrimonio propio. Es así como en marzo de ese año, en un acto público masivo,
el presidente de la república firmó la Ley N.º 5889, creando la Empresa de
Servicios Públicos de Heredia (ESPH 2003). Acuerdo que logró poner fin en ese
momento a la conflictividad arrastrada por varios años y cuya administración
del servicio de agua potable en la ciudad pervive hasta el día de hoy.
Balance del conflicto
Luego de
haber descrito este caso de estudio, es pertinente puntualizar algunos aspectos
analíticos a modo de balance. Primeramente,
es posible afirmar que la conflictividad herediana tuvo
las características de los conflictos por recursos (López 2011) y de contenido
ambiental (Folchi, 2001), en tanto el punto de quiebre fue la posesión del
recurso hídrico, donde un agente externo, en este caso el SNAA, pretendía
alterar las relaciones históricas preexistentes entre la comunidad herediana y
su acueducto. Como fue expuesto a través de las fuentes, un sector de la
ciudadanía externó su preocupación ante la pérdida de incidencia local sobre
las decisiones de lo que consideraban sus propios recursos.
Ahora bien, para encontrar los
motivos por las cuales se generó este conflicto por el recurso hídrico entre
tales actores sociales se deben explorar varias causas. Por un lado, hubo
condiciones infraestructurales de deterioro del acueducto municipal, el cual no
cumplía con una alta demanda del servicio de agua, producto de un crecimiento
sostenido del proceso de metropolización. Este era el resultado de una
progresiva transformación en el eje de acumulación en la Gran Área
Metropolitana, pasando de renta agrícola -cafetales- a una renta urbana -viviendas
y comercios- (Pérez y Alvarado, s. f.). Emparejado a ello, hubo condiciones
técnico-administrativas que la Municipalidad de Heredia no pudo solventar
dentro de la tecnificación del servicio de agua potable; algo que fue
reconocido por los mismos actores en distintos momentos.
No
obstante, es de mayor interés describir en profundidad otros dos recursos que se
mencionaron páginas atrás, siguiendo con el planteamiento de Tarrow (1997): la
estructura de oportunidades políticas y los marcos de acción colectiva. Como se
pudo plasmar en la contextualización, la creación del SNAA provocó una reacción
de oposición que se mantuvo por varios años, gestado por juntas progresistas
locales y las mismas municipalidades. Siguiendo a Tarrow (1997), para el
momento de la conflictividad herediana había un ciclo de protesta abierto en
contra de las acciones que venía ejecutando el SNAA, que se vio reflejado en
las articulaciones que distintas comunidades habían estado tejiendo y tienen su
punto culminante en la concentración realizada en Heredia en 1975. Sobre todo, el
movimiento herediano en contra del SNAA encontró una oportunidad política para
sus fines cuando, en la elección cuatrianual del Concejo Municipal, dos de sus
aliados políticos quedaron en los puestos más importantes de este espacio de
representación (presidente y vicepresidente municipal), quienes estaban
dispuestos, según sus palabras, a llegar hasta las últimas consecuencias con
tal de no permitir el traspaso del acueducto de la municipalidad.
Sin embargo,
también fue evidente que hubo aliados políticos del bando a favor del traspaso,
lo que evidencia la inestabilidad de los alineamientos políticos que,
finalmente, repercutieron en la decisión final de buscar una medida
conciliatoria a través de la creación de la ESPH.
Con
respecto a los marcos de acción colectiva, el movimiento herediano construyó su
marco de diagnóstico (qué está mal) y de motivos (por qué es necesaria la
movilización) a partir de la percepción del SNAA como una institución externa a
la comunidad a la cual se culpaba de la precaria situación en el acceso del
agua en ese momento, y de querer llevarse el agua herediana. Su marco de pronóstico
(qué se debe hacer) consistía, por tanto, en evitar por distintas vías que el
acueducto municipal pasara a manos de esta institución central. Según Chihu
(2021), todo este proceso de enmarcado de todo movimiento social construye
identidades a lo interno. Si bien las fuentes no permitieron profundizar en este
proceso, si fue posible ver como el movimiento legitimó su lucha a través de la
identidad del «ser herediano»,
llegando inclusive a asociar a personas que apoyaban el traspaso como traidores
de la comunidad.
Conclusiones
La investigación efectuada mostró las
características sociales y políticas que adquirió la conflictividad por el
traspaso de la administración del acueducto entre el Concejo Municipal de
Heredia y el SNAA. La cual se enmarcó dentro de un contexto nacional más amplio
de rechazo por parte de varios grupos comunitarios hacia aquella institución estatal,
la cual percibían como centralizadora, técnica y burocrática.
Al seguir una línea de investigación
sobre la relación entre Estado Benefactor y ciudadanía después de la Guerra
Civil del 48, se identifica como en esta época de crecimiento del aparato
estatal hubo muestras de resistencia y disputa por parte de distintos actores
sociales a nivel nacional. Quizás, la institución que en ese contexto más
evidenció esa disputa con el localismo fue el SNAA, quien tuvo que enfrentar
las oposiciones a que administraran el servicio de agua y alcantarillado. Así, con
este artículo se aportó un caso nuevo de estudio en esta corriente de análisis.
Estos acontecimientos que se
detallaron en este artículo no habían recibido atención a la hora de rastrear
las conflictividades del agua en Costa Rica. O, en el mejor de los casos, había
sido tratado de manera superficial en trabajos de corte histórico. El análisis
estuvo atravesado por nociones que ha trabajado la teoría de movilización de
recursos de los movimientos sociales, prestando atención a cómo la acción
colectiva se configuró a partir de aprovechar oportunidades políticas dentro de
un ciclo de protesta contra el SNAA, y cómo alinearon sus marcos de
interpretación para alcanzar sus fines, lo cual finalmente se dio, y se produjo
la creación de la ESPH como acción alternativa.
Por último, se considera que la
aproximación histórica a la conflictividad herediana por el agua permite contar
con una mejor comprensión de las posibles consecuencias del manejo inadecuado
de recursos naturales, rescatando algunas lecciones prácticas de cara a las
problemáticas socioambientales del presente y la búsqueda de soluciones
efectivas a largo plazo.
Apoyo financiero:
esta investigación fue autogestionada, no cuenta con
apoyo financiero de ninguna institución.
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